Las comuneras y comuneros de El Rebollero, Rio Minas y Paraje los Arquitos nos mantenemos en alerta áxima. Este sábado alrededor de las 10 de la mañana, 2 vehículos de la Guardia Nacional, acompañadas de personas vestidas de civil, hicieron acto de presencia en los límites de San Pablo Cuatro Venados, principalmente, en el río de nuestras comunidades de El Rebollero y Paraje los Arquitos, posteriormente se mantuvieron en la zona que conocemos como “La Mesa”. Desde días atrás hemos denunciado que las autoridades municipales y agrarias de Cuilapám de Guerrero han llegado a un supuesto acuerdo con instancias del gobierno de Oaxaca para recurrir a la Guardia Nacional y tomar el control de nuestro territorio, para que se pueda dar paso a la explotación de las concesiones mineras que hay en nuestras tierras.
El 12 de julio del 2021 la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (SEGEGO), a través de la Junta de Conciliación Agraria en coordinación con el representante de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca (Segob), José Carlos Fuentes Ordaz; el responsable de Acciones de Derechos Humanos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Juan de Dios Ortiz Concha, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y personal de la Procuraduría Agraria, de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, sostuvieron una mesa de diálogo con las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero. En este encuentro, el presidente de la Junta de Conciliación Agraria, Rodrigo Jarquín Santos, ha dado instrucciones al secretario general de gobierno, Francisco Javier García López, para “atender y dar puntual seguimiento a las problemáticas que se presentan en las comunidades por límites de tierras”.
En ese encuentro, el representante de la Segob, advirtió que, junto a la Secretaría de Seguridad Pública, se “daría puntual seguimiento en coordinación con la Guardia Nacional a la problemática que manifiestan las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero”, quienes afirman que estamos en su territorio y que nosotros somos invasores. Hacemos saber que no hay información en nuestras comunidades del acuerdo del gobierno del Estado y Culiapam. Así como tampoco hay información de un supuesto acuerdo económico al que han llegado las autoridades de Cuilapám y Cuatro Venados por la supuesta problemática de límites de tierras.
Dejamos claro que quienes habitamos en estas comunidades no hemos generado ningún conflicto. Siempre hemos vivido aquí. En todo caso, si hay un conflicto, es porque las propias autoridades, tanto de Cuatro Venados, como de Cuilapám, lo han provocado, al llegar a ciertos acuerdos por debajo de la mesa sin consulta y sin información hacia las comunidades afectadas, en este caso, nuestras comunidades.
La presciencia de la Guardia Nacional, acompañados de personas de Cuilapám no es la primera. También han intentado intimidarnos con la presidencia del ejército, como sucedió en 2020, cuando un vehículo se internó en nuestras comunidades e intimidó a varios de los integrantes de nuestra comunidad. Les quitaron sus teléfonos, los revisaron y borraron las fotos que habían tomado de ellos. También ya hemos denunciado que el 5 de julio un helicóptero de color rojo sobrevoló y aterrizó en nuestro territorio, días después fuimos atacados.
Llega Radio la Vándala a Medios Libres Cali, una radio que busca contar desde las voces del territorio, los procesos y las diferentes luchas. Una radio que invita a pensar y reflexionar sobre diversos temas que nos han acontecido durante estos casi 3 meses de estallido social, ¡casi 3 meses de Paro Nacional! Radio la Vándala nace desde la necesidad de adentrarnos con profundidad en temas más precisos y delicados, durante estas jornadas de movilización y resistencia, la idea es compartir reflexiones, opiniones y mensajes en formato radiofónico para construir y tejer otras miradas y panoramas de la misma lucha. En esta ocasión, el tema con que abre esta radio es las desapariciones forzadas, con nuestro programa titulado “Sonando contra el olvido”, se trata un homenaje a todas las víctimas de desaparición forzada que ha dejado la guerra y el mal gobierno de este país y que ha dejado este gran Paro Nacional, no pararemos de sonar hasta a qué aparezcan, porque se les llevaron con vida y les queremos en casa, en familia y con vida. Esto es ¡Radio la Vándala, la radio de la banda!:
París, Francia. 22 de julio de 2022.– Hoy, en muchas ciudades europeas, decenas de grupos de anfitriones del Viaje por la Vida incrementaron por todos los medios posibles nuevas acciones de presión política hacia el gobierno de Francia para que autorice la llegada y la libre circulación de las zapatistas en Slumil K’axjemk’op (tierras insumisas). Desde el martes pasado, diferentes redes europeas de militantes que pertenecen a una gran cantidad de colectivos y organizaciones políticas, sindicales y culturales, con artistas, estudiantes y profesores que no tomaron vacaciones ni descanso, junto a jóvenes, niñas y niños para activarse en pintar mantas y pancartas y concentrarse frente a los consulados franceses en las principales ciudades de su país, así como protestar frente a las embajadas de la diplomacia de E. Macron en la mayor parte de las capitales del llamado viejo continente.
Mientras en México aún falta la entrega de más de 60 pasaportes a delegadas y delegados que saldrán pronto a escuchar la palabra de quienes les mandaron cartas de invitación, en Europa centenas de colectivos y organizaciones están a la espera de recibir a la flota aérea rebelde. Por ejemplo, hoy las embajadas galas en Berlín, Alemania, en Estocolmo, Suecia, y en Copenhague, Dinamarca, han sido el teatro de protestas vigorosas para obtener a la brevedad la autorización de la Fuerza Aérea Zapatista (FAZ) para entrar y circular libremente en una cuarentena de países europeos. Mañana viernes, estas protestas se extenderán en Ámsterdam y La Haya, Países Bajos, y en Barcelona, Cataluña, en aras de presionar aún más al gobierno de Francia.
20 de Julio: un grito de 211 años (Fotos y reporte Vía Medios Libres Cali)
Cali 20 de Julio 2021.- Para sanar es preciso comprender. Comprender este país es muy difícil y por eso las familias que siempre han tenido el poder compran canales de tv, noticieros y universidades, para confundir al pueblo. Para vendarle los ojos.
Ayer en Cali, se desarrollaron marchas desde distintos puntos de resistencia hacia la Loma de la Dignidad, transcurrieron en completa paz, sin un vidrio roto, sin un solo desmán. La gente marchante llegó en paz a la Loma y en la Loma se conmemoraron estos 211 años de grito y resistencia con arte y cultura, también en paz, de la mano de la música, la poesía, la olla y la esperanza. En la Loma estaban reunidxs, en paz, familias, niñas, niños, mascotas, abuelas, abuelos, pequeños negocios, vecinas y vecinos de Libertadores y zonas aledañas a la Loma; estaban reunidxs con el regocijo que brinda la dignidad.
A eso de las 4 pm y al unísono en varias ciudades del país, los gobiernos atacaron, con nueva tecnología, nuevas leyes asesinas, ¡pero la misma sed de jóvenes! Decimos los gobiernos, porque acá todos dan la orden: el gobierno nacional, el gobierno departamental y el gobierno local tienen sangre en sus manos.
Los ataques se extendieron hasta altas horas de la noche, afectando también al Paso Del Aguante, Biblio Comunitaria Nicolás Guerrero, Puerto Resistencia y la Loma de la Dignidad. Se reportan más de 30 personas detenidas, varias heridas y una persona asesinada.
Compartimos momentos de la jornada del 20 de julio en Cali, en el punto de La Loma de la Dignidad.
Si lucha es lo que quieren, ¡VAN A TENER LUCHA, GOBIERNOS MACABROS!
*20 de Julio: jornada de terror contra los jóvenes de Cali (Texto de Felipe Martínez para PeriódicoDesdeAbajo):
Un nuevo día de terror fue lo vivido en Cali el pasado 20 de julio, donde el poder nuevamente mostró sus dientes en forma de paramilitarismo urbano e implementó un tratamiento de guerra contra la protesta social, dejando un saldo de un joven asesinado en el barrio Alcázares y varios heridos en la ciudad, evidenciando una y otra vez el terrorismo de Estado que se impone en Colombia como norma.
La jornada de movilización en la ciudad se llevó a cabo desde horas de la mañana. Alrededor de cinco movilizaciones salieron desde diversos puntos de la ciudad y tenían como sitio de llegada la antigua Loma de la cruz hoy rebautizada Loma de la dignidad, en donde se desarrollaría un evento cultural con múltiples presentaciones musicales y artísticas.
En el escenario había participación de jóvenes, niños y niñas, adultos mayores, mascotas y una diversidad de ciudadanía que festejaría este 20 de julio de una manera inédita, donde el militarismo no sería el principal protagonista, sino que la alegría popular se tomaría la calle en un gran festejo. Sin embargo, todo el evento fue transformado en caos producto de la incursión paramilitar y policial que arremetió contra la población.
Una fuente cercana a desdeabajo nos narró la situación de la siguiente manera: “Desde que salimos del “Paso del aguante” veníamos muy contentos, festejando, habíamos coordinado hasta que el Transito prestara apoyo, ellos iban cerrando las vías por dónde íbamos a pasar, solo se cerraban momentáneamente mientras nos movilizábamos. Cuando íbamos llegando a la Loma, en el puente de la quinta con 10, había una olla comunitaria, allí había niños, mascotas, adultos mayores y llegaron varios drones. De un momento a otro los muchachos empezaron a avisar que sobre la 10 había mucha policía y sobre la cuarta venían bajando unos seis muchachos como si fueran primera línea junto al Esmad, ellos nos empezaron a disparar con armas de fuego, entonces nos tocó tirarnos al piso y luego salir a correr porque al mismo tiempo empezaron a tirarnos gases, ahí se nos empezó a asfixiar la gente, todos los niños y ancianos tuvieron que respirar estos gases, que puedo decirte han sido unos de los peores que nos han tirado en todas las manifestaciones”.
El periodista José Alberto Tejada, director del Canal 2, denunció lo ocurrido en la noche del mismo día, donde comentó: “la jornada del 20 de julio, como se preveía ha sido una jornada criminal por parte del Estado colombiano, por parte del gobierno colombiano a tres niveles: el central, regional y local (…) hoy viendo el acto criminal que me tocó presenciar en la Loma de la dignidad, donde fueron vilmente atacados, cantidad de muchachos y muchachas y personas de la comunidad que estaban allí esperando desde antes del mediodía a las manifestaciones que venían de varios lugares de la ciudad a aglutinarse en este punto emblemático de Cali, para hacer una gran fiesta (…) civiles de nuevo, entremezclados con la policía disparando a matar, disparándole a la comunidad. Hoy usaron de nuevo la maquina Venom” (1).
En portada: Asamblea informativa realizada en Celestún el pasado 15 de julio. Foto de Equipo Indignación
Pueblos mayas de Kinchil, Celestún y San Fernando participaron en distintas asambleas informativas como parte de un proceso de autoconsulta que efectúan para decidir si aceptan o no la operación de granjas porcícolas en sus territorios.
Estas reuniones fueron realizadas los pasados 15 y 16 de julio y se enmarcan en una convocatoria realizada por Consejos mayas “para ejercer el derecho al consentimiento previo de la libre autodeterminación”.
Tras la realización de las asambleas, la autoconsulta pasará a la fase consultiva, a realizarse de manera simultánea en los tres pueblos mayas el próximo domingo (25).
“Ya es hora que el Estado empiece a tomarnos en serio, no somos pueblos de la historia, somos pueblos vivos y el Estado tiene que respetar nuestro derecho a manifestar nuestra decisión como pueblo, por eso le decimos, que nunca más sin nuestro permiso”, enfatizaron organizaciones indígenas mayas mediante convocatoria titulada “Aquí manda el pueblo”.
Entre los convocantes se encuentran los Consejos Mayas del Poniente Chik’in Ja’ – Kinchil y Chik’in Ja’ – Celestún, así como el Colectivo de atención comunitaria U yutzil kaj. Además, cuentan con el acompañamiento de Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, A.C. para la observación de derechos humanos.
Nosotras y nosotros, como pueblos Na Savi, Me’pháá, Nahua, Ñamnkue y afromexicanos, que nos organizamos en el Consejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y que
pertenecemos al CNI y CIG, siguiendo sus pasos de lucha que se hicieron públicos el 1o de enero
de 1994, a más de 27 años, les decimos hermanos, hermanas, hermanoas zapatistas, que seguimos con ustedes.
Sabedores de los dolores que causa ver a nuestro pueblo morir en manos de los malos gobiernos,
les queremos decir que suscribimos su comunicado en el que anuncian una nueva iniciativa nacional para abrir un frente de lucha por la Vida o como se llame, en nuestro país. Les decimos que nos mantenemos organizados, en resistencia y atentos a su palabra.
Respecto a la iniciativa nacional que arrancará con la “CONSULTA Popular” del 1 de agosto, y a responder “Sí” a la pregunta sobre si se debe o no hacer algo para cumplir con el derecho a la verdad y la justicia de quienes han sido víctimas por acciones y omisiones del Estado Mexicano, bien sabemos que lo importante es todo lo que siga de ella, pues efectivamente, a los poderosos “les aterra que las víctimas recuperen sus demandas del uso ruin y perverso que la ultraderecha hace de su dolor”. Entendemos que “hay que entrarle, no viendo hacia arriba, sino mirando a las víctimas”, como de por sí es el modo de quienes desde el corazón resisten a la muerte que el capitalismo impone. Hay que convertir la consulta en una consulta “extemporanea”, en inoportuna, inconveniente, impropia, como de por sí somos para los poderosos.
Es por lo anterior que nosotros y nosotras, como comunidades del CIPOG-EZ integrantes del CNI y CIG, llamamos al pueblo de Guerrero, a las comunidades y organizaciones sociales:
A salir el 1o de agosto a participar y decir “SÍ” en la llamada “Consulta Popular”, que para nosotros y nosotras es decir “SÍ» a la Verdad y Justicia para las Víctimas, por todos los daños y agravios que como pueblos originarios hemos recibido históricamente y que los malos gobiernos se empeñan en negar y convertir así la consulta de los de arriba en “extemporánea”.
A estar atentos al llamado para la constitución del frente de lucha por la Vida o cómo se llame, pues sólo organizados podremos hacer frente a este sistema de muerte que nos desprecia y mata.
Porque las iniciativas que ustedes hermanos y hermanas zapatistas han impulsado, han generado organización y han alcanzado. para que hoy, a pesar del racismo del Estado mexicano, nuestros hermanos, hermanas y hermanoa del Escuadrón 421 y la Compañía Zapatista Aerotransportada que se prepara para partir, puedan viajar a la Europa de Abajo a llevar palabra, acción y saberes. Porque todo lo que han hecho, nos ha permitido a muchos pueblos y comunidades, resistir y soñar con ese mundo donde quepamos, donde podamos existir sin desprecio, sin represión, sin explotación ni despojo.
Hermanos, hermanoas, hermanas, zapatistas, no están solos, soloas, solas.
Atentamente: CONSEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO – EMILIANO ZAPATA
París, 21 de julio 2021. Sindicalistas y colectivas de abajo y a la izquierda invitaron a 177 zapatistas y pidieron al gobierno francés que permitiera a la Fuerza Aérea Zapatista ingresar al territorio nacional. El propósito de este encuentro es intercambiar acerca de experiencias de los movimientos sociales en ambos lados del Atlántico. Llamaron a una semana de movilizaciones frente a los consulados franceses y las 44 embajadas en las capitales del continente renombrado Slumil K’ajxemk’op (tierra insumisa) por la compañeroa Marijosé, cuando el Escuadrón 421 desembarcó en las costas gallegas hace un mes.
Concentración en París jueves 22 de julio a las 17:30 hrs.
La compañera Esmeralda de la Asamblea catalana de suport a la Gira Zapatista abrió la conferencia de prensa. Declaró que, según los comunicados publicados en Enlace Zapatista, la delegación rebelde planea aterrizar en París próximamente. Explica que “no viene a hacer negocios, ni para hacer turismo”. “Ellas empiezan un viaje por la vida para encontrarse con otras personas como ellas”. La coordinación de la región parisina de Le Voyage pour la Vie anunció, además de manifestaciones en diferentes países (ver nota de ayer en Pozol.org), una gran concentración fuera del ministerio de gobernación encabezado por G. Darmanin, un hombre político conservador que está al mando de la policía nacional.
La escritora y cineasta franco-chilena Carmen Castillo, quien realizó en 1995 con Tessa Brisac el documental La véridique légende du Sous-commandant Marcos, envió un mensaje de apoyo y avisó a la prensa internacional y a los medios libres que ella se encuentra disponible para explicar por qué firmó la carta. Cerca de mil personas, colectivos, asociaciones, sindicatos y partidos europeos solicitaron al gobierno de Macron que no se oponga a la entrada de la Fuerza Aérea Zapatista en el espacio nacional del país galo. Tambien, Véronique Marchesseau de la Confédération Paysanne (Vía Campesina-Francia), ganadera de vacas lecheras en Bretaña, afirmó en la conferencia de prensa que su organización espera recibir pronto a las zapatistas. “Pedimos al gobierno dejar entrar todos los zapatistas en el territorio para que podamos intercambiar y construir una sociedad más justa e igualitaria y mejor para todes”.
Indígenas zapotecas pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados denuncian que el gobierno del estado de Oaxaca está preparando la represión y despojo de su territorio con el uso de la Guardia Nacional.
Alertan que éste ha sido un acuerdo que se ha firmado con instancias de gobierno, las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero, vecinos de esta comunidad. “El objetivo es tomar el control de estás tierras para explotar tres concesiones mineras, apoderarse del agua y el bosque”, aseveran.
Este 20 de junio, los comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, se trasladaron a la ciudad de Oaxaca con sus pancartas y mapas donde han ubicado las concesiones mineras.
Rueda de prensa realizada por comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados. 20 julio, 2021.
“Desmentimos el posicionamiento de las autoridades de Cuilápam de Guerrero, en contubernio con las autoridades de San Pablo Cuatro Venados, que más de una vez nos han tachado de paracaidistas. Nuestros documentos demuestran lo contrario”, denunciaron mediante rueda de prensa en la cual algunos mostraron su credencial de elector y también las actas de posesión de sus tierras.
De acuerdo con estas comunidades, éste ha sido el motivo por el cual han sido atacados en diversas ocasiones, como sucedió el 19 de mayo del 2019, cuando las autoridades de Cuilápam: Pedro Pérez Rojas, Erick Carrasco Vázquez, Maura Silva Fernández y el ex diputado Flavio Sosa Villavicencio, advirtieron que, si el gobierno estatal no aplicaba la ley contra los supuestos invasores, se suscitaría un baño de sangre. “Esto fue una amenaza, porque fuimos atacados brutalmente el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Destruyeron nuestras viviendas, quemaron nuestras cosechas y se robaron lo que pudieron”, sostuvieron los campesinos.
Además, agregaron los campesinos, que, tras estos ataques, “se hicieron las denuncias correspondientes ante la fiscalía y se abrieron seis carpetas de investigación” contra los agresores, en este caso, hacia las autoridades del municipio vecino. Pese a ello, hasta el momento no han sabido qué ocurrió con esta investigación.
Por el contrario, Magdiel Hernández Caballero, representante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, señaló que se “emitieron medidas cautelares para la protección de la comunidad de Cuilápam de Guerrero” con la denuncia de ataques de los supuestos invasores.
Tras estos supuestos ataques “que ha sufrido la comunidad de Cuilápam”, los comuneros en resistencia afirman que desde el día 5 de julio denunciaron el sobrevuelo y aterrizaje de un helicóptero de color rojo y un día después fueron atacados.
“Alrededor de 15 camionetas se internaron en el bosque y gente que los acompañaba nos comenzó́ a disparar. Hecho que también denunciamos mediante un comunicado”.
Los comuneros de estas localidades advierten que se ve venir un nuevo ataque con las declaraciones del gobierno de Oaxaca, pues no se ponen de acuerdo “si hay un problema de límites de tierra o si somos invasores”.
Rueda de prensa realizada por comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados. 20 julio, 2021.
Las declaraciones oficiales del representante de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, José Carlos Fuentes Ordaz, es que dará seguimiento, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, “a la problemática que manifiestan las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam”.
Los indígenas pertenecientes a San Pablo Cuatro Venados agregan que se están violentando una serie de derechos con las concesiones mineras y con estas acciones, “como los derechos: a la información, a la participación, a la seguridad, al libre albedrío, a la justicia, a la autodeterminación, a nuestro territorio y como indígenas que somos, están violentando acuerdos y convenios que el Estado Mexicano ha suscrito, como el Convenio 169 de la OIT, y el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Publica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como “Acuerdo de Escazú”.
Al final de la conferencia de prensa señalaron al gobierno del estado de Oaxaca, al gobierno federal y a las autoridades de los municipios de Cuilápam y Cuatro Venados como responsables de lo que les pueda suceder como comunidad.
Por Paolina Albani y Carlos Choc. Con información de Elmer Ponce y Nelton Rivera. Edición Héctor Silva / Prensa Comunitaria
En portada: Río Salinas, Sayaxché Petén. Comunidad Pico de Oro. Foto de Nelton Rivera
La fuerte lluvia azota la lancha en la que viajan cinco hombres de mediana edad esta tarde-noche de noviembre de 2020. Intentan llegar al caserío Pico de Oro, una comunidad guatemalteca cerca de la frontera con México, en el selvático departamento de Petén. Los hombres y la lancha pierden el rumbo: la tormenta ha desbordado el río por el que navegan, el Salinas, y no encuentran la orilla. El Salinas, hoy, se extiende unos 500 metros fuera de su cauce en ambas orillas, la guatemalteca y la mexicana.
Después de bregar con las aguas por un buen rato, los hombres logran llegar. Nada está como lo dejaron. Todo está en silencio. Desde la lancha y, en medio de la noche, solo alcanzan a ver las siluetas de los techos de paja y lámina de la escuela comunitaria y de la iglesia. Lo demás está bajo el agua. En menos de 24 horas, la tormenta Eta ha cambiado las vidas de los cinco hombres y de otras 17 familias. Esta es la primera de dos inundaciones: el agua no se retirará de aquí en tres meses.
Pico de Oro es una comunidad de parcelarios que existe desde 1975, habitada por 22 familias. Las primeras se instalaron en la década de los ochenta, atraídas por la fertilidad de la tierra. Cuarenta y seis años después, la comunidad vive sin agua potable, energía eléctrica, teléfonos, tiendas o centros de comercio al alcance. Allí viven y cosechan los productos que venden en los poblados cercanos.
A escasos metros de la comunidad inician los cultivos de palma de aceite de Tikindustrias, S.A., una sociedad anónima fundada en 2004, y se extienden 527 hectáreas a la redonda. Es como si las comunidades estuviesen rodeadas por 380 campos de fútbol. La empresa ha comprado las tierras circundantes a varios comunitarios y ha vedado el paso a los parcelarios que permanecen en el lugar. Sin el permiso de Tikindustrias, nadie puede entrar o salir por tierra: la comunidad ha quedado encerrada por el río y por la plantación.
La solución que los pobladores proponen es sencilla: construir una carretera que les permita conectarse con el mundo. El problema es que las tierras de los palmeros son las únicas disponibles para hacer el proyecto. Un rotundo no ha sido su respuesta. La empresa les ha hecho una contrapropuesta: dar el derecho de paso a cambio de vender sus tierras.
Centro de la comunidad Pico de Oro. Sayaxché Petén. Foto Nelton Rivera
En la madrugada del 18 de noviembre de 2020, César Martínez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE) de Pico de Oro, sale de su vivienda. En ese momento, el río Salinas está calmado y su cauce corre a unos 10 metros de su casa, como normalmente lo hace, pese a que ha llovido ininterrumpidamente por más de 30 días.
Camina bajo la lluvia para tomar una lancha hacia el pueblo “Lo Veremos”, a una hora de distancia de la comunidad. Allí toma un picop que lo lleva hasta el municipio de Sayaxché en un viaje que puede tomar entre 40 minutos o dos horas, dependiendo del estado de la carretera.
Martínez tiene una reunión con la Municipalidad de Sayaxché, a la que pertenece Pico de Oro y con Tikindustrias, que las autoridades han insistido en llamar una “mesa de diálogo”. Esta es la tercera vez en dos años que los comunitarios intentan introducir la idea de un proyecto para una carretera. La espera se ha alargado más de un año por la pandemia de COVID-19.
Más de doce horas después, César Martínez regresa a la comunidad acompañado de los otros miembros del COCODE y encuentra todo lo que conoce bajo de agua. Salta de la lancha hacia la única ventana del segundo nivel de su casa de madera. Baja lentamente los pies y patea el agua mientras camina por la habitación. A pocos pasos está su familia, que ha reunido todo lo que tiene sobre las camas para evitar que se moje. Él, su esposa, padre e hijos, en total 10 personas, permanecerán 22 días encerrados en las dos únicas habitaciones secas.
Los días pasan y la lluvia no para. La inundación aumenta y el agua los alcanza. “Como el río iba creciendo… solamente por una ventana sacamos unos costales de maíz, ya cuando le estaba llegando el agua. Un concuño mío me hizo favor de llevarlos a un montículo, para que no se me fueran a mojar”, cuenta César Martínez. La tormenta ha sido despiadada; cubre los montículos y quienes han llevado allí sus pertenencias para salvarlas las han perdido.
“Como a las 7:00 de la noche empezó una gritazón de la gente que vivía en los lugares donde no había lanchas y no se podían trasladar. Gritaban para que los salvaran. Mucha gente perdió sus animales, sus casas. -La tormenta- se las llevó con todo. Las familias solo se quedaron con la ropa que tenían encima. Fue duro”, cuenta Dorita Estrada, una de las vecinas. “Muchos dicen que hasta lloraron porque perdieron todo. Esperamos que no vuelva otra igual”, agrega.
Las inundaciones no son una novedad para Pico de Oro. Su ubicación geográfica los ha predispuesto a que cada 3 o 4 años ocurra un evento similar, pero el último que había dejado sus casas completamente inundadas fue la tormenta Mitch, en 1998. Desde entonces, las crecidas del río, y de un arroyo llamado San Román, han logrado ser controladas y las pérdidas han sido mínimas debido a su corta duración.
En 23 años, no había pasado nada igual al Mitch. Hasta ahora.
Cesar Martínez. Presidente de la Comunidad Pico de Oro. Foto: Nelton Rivera
“Se perdieron la mayor parte de las cosechas. Perdí siete toneles de frijol, 50 sacos de maíz y abono en bulto. Mucho se perdió. Camas, roperos. Fue de volada. Nos quedamos perdidos en esta desgracia. Menos de vidas. Allí no hubo pérdidas, pero sí de cosas. Estamos y fuimos olvidados”, dice Felipe Estrada Marroquín, uno de los propietarios de las parcelas en Pico de Oro y Secretario del COCODE del lugar.
Apenas un mes después de la inundación, las 22 familias han dejado atrás el albergue improvisado por la Iglesia Benemérito de las Américas, ubicada en el lado mexicano y han regresado a sus casas. El agua todavía no se ha retirado completamente y las personas han tenido que caminar a lo largo de la comunidad con medio cuerpo sumergido.
Felipe Estrada cuenta que regresaron para cuidar sus cosas, pero algunos encontraron que no tenían a dónde regresar; la corriente ha ladeado las construcciones más débiles.
“La motocicleta, mi hijo la puso sobre unas tablas. Le puso unos trozos debajo y se dio vuelta. Allí pasó la inundación. El agua había subido como dos metros o metro y medio. Cuando se escuchó que la segunda inundación sería más grande, entonces conseguí que un amigo me hiciera un viaje hacia Zaragoza, un lugar alto donde no hay inundaciones. Allí mandé a mi familia, a una iglesia evangélica de un pastor que es amigo mío. Allí estuvieron durante la segunda tormenta. Me quedé solito cuidando mi casa porque como dice el dicho: ‘unos con la pena y otros con la repepena”. Porque hay gente que viene de otro lugar en lanchitas y se llevan las cosas de valor. Entonces uno cuida lo poquito que tiene”, comenta César Martínez.
Diálogo de sordos con los palmeros
Pico de Oro es, en realidad, una isla en la tierra. Está limitada al oeste por el río Salinas, como se llama ahí la porción del caudal que viene de la presa Chixoy, en Alta Verapaz, que luego se convierte en el Usumacinta y está rodeado por los demás flancos, por 520 hectáreas de palma de aceite, propiedad de Tikindustrias, que cultiva del lado de Guatemala desde hace 17 años.
La finca en la que la empresa estaba asentada incrementó su extensión original en los últimos cinco años y ahora es 22 veces más grande, según la última actualización de la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles (DICABI) del Ministerio de Finanzas, en 2019. De acuerdo a datos de Grepalma, en Guatemala hay 180 mil 612 hectáreas cultivadas con palma de aceite. De ellas, 16 mil 479 hectáreas han sido deforestadas para dar espacio al cultivo.
Todo el comercio y movilidad de quienes aquí viven tiene que ser por agua, porque Tikindustrias no permite a los pobladores utilizar sus terrenos. Eso, en tiempos de tormentas e inundación, puede ser una condena.
Este escenario motivó a que el día de la primera inundación, César Martínez y su comitiva viajaran a Sayaxché para plantear la construcción de la carretera, pero la industria se negó. Pese a la emergencia que ocurriría horas después de aquella reunión, los comunitarios eligieron no solicitar la ayuda de los palmeros con el paso por sus tierras y prefirieron evacuar por lancha con ayuda de las autoridades mexicanas.
La relación entre los comunitarios de Pico de Oro y Tikindustrias se tornó problemática cuando los parcelarios se negaron a vender sus tierras y, más aún, desde que los palmeros se enteraron de las intenciones de la comunidad por construir un camino.
Plantaciones de Palma de aceite. Foto Nelton Rivera
Meses antes, había ocurrido este intercambio con un representante de los palmeros, según contó el presidente de Pico de Oro: “Si alguien pasa por allí y alguien aparece muerto, no vayan a culpar a la palma porque la palma no es responsable de nada”, les dijo un representante de la empresa. Como autoridades, sospechamos y tuvimos miedo. En la comunidad nadie pasa por ese camino”, cuenta César Martínez.
Quienes quedan en Pico de Oro son los vecinos renuentes a vender sus tierras, porque saben lo que valen y no quieren aceptar los dos mil quetzales que la palma les ofrece por parcela, cada una mide aproximadamente 60 metros de ancho y 45 metros de largo.
“Aquí están los patrimonios. Es la vida completa. Si lo hacemos -irse- ¿a dónde vamos?, ¿Qué será de nosotros? Lo que le den a uno por el terreno no es nada. En cambio, el patrimonio es todo el tiempo. De eso vivimos. De eso comemos. Hemos luchado”, explica Felipe Estrada cuando responde a la posibilidad de buscar en otro lugar.
Quienes aquí viven saben que estar cerca del río tiene ventajas: el Salinas puede ponerse bravo, pero sigue dando vida a la comunidad. El río también los cuida.
“Si no lo tuviéramos estaríamos tronados. Ya nos hubieran sacado los de la palma. Han intentado, pero no pueden porque tenemos al río”, asegura Felipe Estrada.
“Es una bendición tener el río cerca. El agua no nos hace falta”, señala Dorita Estrada.
Las reuniones con los palmeros han sido infructuosas hasta ahora. Tikindustrias propuso a la comunidad tres alternativas que los dejan igualmente afectados: permitirles el paso de un solo vehículo, darles una lancha acuática para trasladar a las familias hasta la comunidad de Lo Veremos o vender sus terrenos y mudarse a un área más segura.
La municipalidad actúa como mediador en este proceso, pero pasa por alto ofrecer otras soluciones que favorezcan a Pico de Oro como: un nuevo lugar para vivir.
A mediados de mayo, las autoridades del COCODE propusieron justamente eso: que el Estado guatemalteco les compre una caballería que se encuentra a 3 kilómetros de distancia de la comunidad. Un terreno que es lo suficientemente amplio para dar cabida a las 22 familias y que se encuentra a una altura superior a su comunidad.
“Allí no habría necesidad de construir una calle porque ya hay una”, asegura Felipe Estrada.
La propuesta surgió en un momento de tensión en la comunidad, pues César Martínez decidió abandonar la presidencia del COCODE para dedicarse a su salud. Hace 10 años sufrió un accidente que lo dejó inconsciente por más de un mes y, desde entonces, sufre las secuelas. Algunos miembros de la comunidad tienen miedo de que este alejamiento sea producto de la influencia de Tikindustrias sobre su líder, pero él aseguró que no es así y que pretende regresar cuando se restablezca.
Pico de Oro, además, tiene otro problema: no es reconocido por la municipalidad como caserío y la falta de nombramiento legal representa un impedimento para que puedan gestionar cualquier proyecto como la instalación de la red de cableado eléctrico.
Tikindustrias sigue sin pronunciarse. Se les contactó a un número que aparece en el directorio de la Gremial de Palmicultores de Guatemala (Grepalma), a la que están asociados, pero al momento de llamar se identificaron con el nombre de otra empresa. La mujer que atendió la llamada proporcionó otro número de celular en donde respondería el responsable de Tikindustrias, pero en ese teléfono nunca atendieron la llamada.
Lo cierto es que la industria se ha vuelto hermética desde 2012, cuando la empresa productora de Palma de aceite, Reforestadora de Palmas de El Petén (REPSA) derramó Plaguicida Malatión en el río La Pasión y provocó el ecocidio de miles de peces, cangrejos, tortugas, entre otros animales marinos. A la empresa se le abrió un proceso legal, pero nunca llegó a nada.
A pesar de esto, la industria no necesitó abrirse para ser bien acogida por las autoridades guatemaltecas. El 18 de diciembre de 2019, el Ministerio de Ambiente le entregó un reconocimiento “por su compromiso y trayectoria en el manejo y conservación de la fauna silvestre reconocido públicamente”.
Comunidad Pico de Oro. Previo a la asamblea informativa. Foto Nelton Rivera
Tan lejos del Estado
Pico de Oro está mucho más cerca de sus vecinos mexicanos que del Estado guatemalteco, que nada hizo para atender la devastación que aquí dejaron las tormentas del año pasado.
Los pobladores de Pico de Oro se dedican a la siembra de maíz, frijol, ayote, chile y pepitoria. Son pocas las familias que tienen lanchas. La de César Martínez era una de ellas, pero la perdió con el paso de las tormentas Eta y Iota. Las lanchas, cayucos y ferris juegan un papel importante, no solo en el desarrollo económico de la comunidad, sino como única alternativa de transporte y comercio hacia los poblados vecinos.
El poblado solo cuenta con una escuela primaria en la que enseña un maestro mexicano y una iglesia evangélica que es el centro de la comunidad. Pico de Oro no tiene centro de salud, tiendas, servicio de agua potable o una conexión a la red de energía eléctrica nacional. Por eso, los pobladores acuden a México para ser atendidos por un médico, beben agua de un pozo comunitario y quienes tienen energía es gracias a unos paneles solares que les fueron donados años atrás.
“Tuvimos la oportunidad de contactarnos con el Alcalde de Pico de Oro. Fuimos a supervisar la zona y cómo estaban de afectados. Nos comentaron que allí no estaba llegando ayuda. Los habitantes de esta comunidad estaban aislados en algunos lugares altos. Un día llegamos con unos hermanos de la iglesia”, relata Jesús Sánchez Hernández, pastor de una iglesia evangélica de la comunidad Benemérito de las Américas, un poblado mexicano ubicado a unos 30 kilómetros de distancia.
“Nos preocupó mucho Pico de Oro. Cuando pasaban dando ayuda -las autoridades mexicanas-, les pedían credenciales. Si tenían credenciales mexicanas les daban alguna despensa. Nosotros nos dimos a la tarea de llevarles ropa, despensas y agua potable. El gobierno de su país no les había proporcionado ninguna ayuda. Estaban tristes y preocupados porque cómo le iba a hacer para cuando regresaran. Ya no iban a tener nada”, refirió Jesús.
El pastor mexicano resume bien la actitud del Estado guatemalteco hacia los habitantes de Pico de Oro: “Las familias están confiando, están esperando, que sí les llegue alguna ayuda. Cuando menos sería bueno que supieran que existen estas comunidades. Para su gobierno no existen. Que sepan que están desolados y desatendidos. Ellos están resignados. Solo se enfocan en salir adelante”.
Así han vivido siempre, como una isla independiente. Las únicas veces que el Estado guatemalteco se ha hecho presente es en la época electoral. Después de las tormentas, los comunitarios mostraron su molestia por el abandono. Aseguraron que están hartos de los ofrecimientos de los políticos que los seducen con promesas proyectos y desarrollo, pero siempre los olvidan. Esta vez, dicen, ya no se dejarán engañar.
“Estábamos contentos porque había una bonita cosecha de maíz. Estábamos esperando que secara para poder cosechar y venderlo”, cuenta el presidente del COCODE. “Estábamos esperando a que bajara la lluvia, para poder tener un mejor precio y para que los maíces llegaran a punto. En eso se presentó la primera tormenta que fue la Eta. Lamentablemente, solo algunas personas lograron sacar los sacos de maíz para sustento. Unos nos quedamos sin maíz, sin gasto y mucho menos para sacar a la familia adelante”, añadió.
La respuesta del Estado no fue eficiente. El Ministerio de Agricultura y CONRED llegaron a la comunidad para registrar las pérdidas, llevar semillas y una que otra bolsa humanitaria, además de colchones. CONRED, específicamente, revisó la condición en la que las viviendas quedaron tras la inundación de tres meses e identificó que solo cuatro de ellas quedaron con daños severos y que podrían ser reconstruidas. Para el proyecto de reconstrucción el Gobierno ha dicho que destinará 385.8 millones de quetzales.
Las casas de Pico de Oro aparecen en el listado de las 2 mil 696 viviendas con daños severos que serían priorizadas para la reconstrucción, de acuerdo a información de CONRED. Falta saber si el Ministerio de Comunicaciones cumplirá con la reconstrucción en la comunidad, ya que cada familia deberá de llenar una serie de requisitos como tener título de propiedad y que el terreno esté en un área libre de riesgos, de acuerdo a lo indicado por Carlos Armendáriz, viceministro de vivienda. Además, los alcaldes de cada municipio deberán crear un expediente por cada comunidad para que el Gobierno proceda.
El modelo de las casas nuevas consistiría en dos habitaciones, un baño y un ambiente compartido para sala, comedor y cocina en un espacio de 32 metros cuadrados. Las viviendas serán construidas con block y lámina y cada una tendrá un costo de 35 mil quetzales. Las familias podrán elegir entre un terreno o una casa, pero la reubicación, en caso de elegir un terreno, dependerá de la disponibilidad de lotes y que estos sean evaluados como seguros, indicó Armendáriz.
Mientras tanto, en el Congreso se libra una batalla totalmente distinta, que también tiene que ver con lo que pasa en Pico de Oro. Esta batalla legislativa nada tiene que ver con la protección de las comunidades, sino de los recursos naturales y, enfrenta a los diputados conservadores y a los liberales. Los últimos proponen a través de la iniciativa 5843 que reformaría la Ley Forestal, que se prohíba la deforestación de hectáreas de bosque para sembrar palma de aceite sin contar con una licencia extendida por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) y, que quienes incumplan la normativa serían sancionados con prisión de cinco a diez años o con multas de medio millón a un millón de quetzales.
En Pico de Oro, el 90 % de los comunitarios permanecerá en la misma casa que las tormentas casi se llevaron. Eso sí las cuatro familias consiguen que sus viviendas sean reconstruidas por el Gobierno.
Comunidad Pico de Oro. Foto Nelton Rivera
La casa de César Martínez conserva un fuerte olor a lodo. En las paredes de madera todavía es visible la marca que el agua dejó como un recordatorio de lo vivido. Los pilares quedaron al descubierto, algunos de ellos están podridos y no podrán soportar el peso por mucho más tiempo. El resto de la estructura también está dañada. Su casa, que construyó con sus propias manos después del Mitch, no será una de las elegidas para ser reconstruida. Para esta comunidad, no hay desastre natural ni emergencia que haya valido para que el Estado solucione el encierro y abandono en el que viven por el Salinas y la industria palmera.
