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Pueblos Unidos: Autoridad vinculada a empresas es responsable de detenciones violentas
Por Samantha Demby
En portada: Pese a la presencia de autoridades locales, personas agredieron físicamente a participantes de asamblea comunitaria convocada por el presidente municipal.
Los Pueblos Unidos de la Región Cholulteca y las Guardianas del Río Metlapanapa, junto con decenas de organizaciones y colectivos, denunciaron la detención arbitraria y actos de violencia en contra de defensores comunitarios, en el contesto de la lucha por defender el agua de la extracción y contaminación por parte de empresas multinacionales en esta región volcánica del estado de Puebla.
En la mañana del domingo (21), la policía municipal de Juan C. Bonilla, Puebla, detuvo a Alejandro Torres Chocolatl y Michel Torres, miembros de la Radio Comunitaria Zacatepec y de Pueblos Unidos. De acuerdo con el comunicado publicado por los Pueblos Unidos, la detención ocurrió cuando se salió de control la asamblea comunitaria convocada por el presidente municipal, el perredista José Cinto Bernal, con el fin de discutir la reapertura del registro Civil de Santa María Zacatepec.
Cabe recordar que la población cerró la alcaldía en febrero de 2020, para protestar en contra de la decisión de las autoridades comunitarias de permitir que las empresas vertieran residuos industriales tóxicos en el río Metlapanapa.
Pueblos Unidos denuncia que el edil acudió a la reunión con un grupo de choque, compuesto por “un gran número de personas que desde el principio no permitieron el diálogo respetuoso, interrumpiendo a los participantes que expresaban una opinión diferente, e intentado rebatar el micrófono de los participantes”.
Hubo un enfrentamiento físico durante la asamblea que tuvo como saldo varias personas golpeadas y heridas, de acuerdo con el comunicado. Pueblos Unidos señala que el presidente municipal, quien acaba de tomar posesión el 15 de octubre con la promesa de “estar del lado del pueblo”, no intentó controlar la violencia, sino que continuó la asamblea y reabrió la presidencia auxiliar “por la fuerza”.
La asamblea fue resultado de un acuerdo tomado entre Cinto Bernal y las Guardianas del Río Metlapanapa –organización que también participa en el frente de comunidades Pueblos Unidos, que lucha contra la empresa embotelladora Bonafont–, después de que el recién electo presidente municipal intentó abrir la Alcaldía Auxiliar sin consultar a la población.
El edil fue acompañado por personal del Ministerio Público, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento del Estado de Puebla (Ceas), aunque el asunto está fuera del ámbito de competencia de esta última, de acuerdo con la información recabada por Somos el Medio.
La Ceas, junto con las autoridades locales, apoyó a las empresas para que iniciaran la construcción de un sistema de drenaje que descargaría los desechos industriales en el río Metlapanapa, a pesar de que el proyecto carecía de permisos de la Conagua o la Semarnat, de acuerdo con funcionarios de las mismas dependencias. Las comunidades afectadas por el proyecto también denunciaron que el titular de la Comisión de Agua en ese momento, Alfredo Ávila Salazar, se desempeñó posteriormente como representante e ingeniero de la obra de drenaje.
Antes del mediodía, los defensores detenidos fueron liberados por las y los pobladores, quienes bloquearon el paso de la patrulla. Desde Altepelmecalli, la Casa de los Pueblos, el comunicador liberado, Alejandro Chocolatl, se pronunció: “Como Radio Comunitaria Zacatepec, estabamos dando transmisión…de todo este evento, y también no nos libramos de ser golpeados, de ser perseguidos, de ser humillados. Porque a mi me tiraron, me golpearon, me dieron de patadas en las costillas, que esto lo voy a denunciar en la Fiscalía”.
Pueblos Unidos agregó en su comunicado: “Sabemos, que las razones del presidente municipal José Cinto Bernal, para abrir la Presidencia Municipal son más profundas que la reapertura de un registro civil: es la venta de las tierras a las empresas, es la contaminación de todos los ríos, es extinguir la resistencia comunitaria”. Y continua: “Desde la Casa de los Pueblos les decimos a los gobiernos corruptos y vendidos: no nos vendemos, no claudicamos y no nos rendimos. Nuestra defensa por lo más sagrado, el agua y la vida, continuará”.
Chiapas: A un año de la devastación por Eta, familias zoques desplazadas continúan en el abandono
Por Sare Frabes
En portada: Derrumbe en la Esperanza tramo Rayón-Pantepec sepultó caminos que conectan con comunidades la Soledad, el Cacate y Zacatal. En el lugar fallecieron dos personas. Ante la inacción gubernamental, los habitantes se organizaron para remover los escombros. Foto: Centro de Lengua y Cultura Zoque
Los estragos tras el paso del huracán Eta entre octubre y noviembre del 2020, el cual afectó a millones de personas en el sur de México, Caribe y Centroamérica, aún se perciben en la situación de abandono que viven familias desplazadas de la región zoque, agravados por la indiferencia e inacción gubernamental.
Hace un año, las tormentas provocaron afectaciones en 54 municipios del estado, equivalente a 43% del territorio chiapaneco, así como la muerte de 20 personas. Específicamente, los impactos del huracán en la región zoque, al norte de Chiapas, se registraron en los municipios de Francisco León, Ixtacomitán, Tapilula, Rayón, Ixhuatán, Pantepec, Chapultenango, Tecpatán y Solosuchiapa.
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De acuerdo a un estudio realizado por Tlalli: Colectivo para la Evaluación y Prevención de Riesgos Geológicos y el Centro de Lengua y Cultura Zoque de Chiapas, el huracán Eta arrojó un saldo de 95 puntos colapsados, lo que impactó en una superficie de 150 hectáreas donde ocurrieron tres deslizamientos masivos, provocando tres muertes, así como la destrucción de viviendas habitadas por 60 familias de tres comunidades zoques.
Devastación
Pese a la gravedad de la situación, en la actualidad las comunidades zoques continúan vulnerables, sobre todo ante el periodo de lluvias, las cuales aumentan el riesgo de las poblaciones.
“Llovió casi 15 días, sin parar noche y día y es lo que nos vino afectar”, refieren testimonios de las y los afectados recopilados en un audio reportaje elaborado por la Red de Comunicadoras y Comunidadores Boca de Polen. Sobre la devastación acontecida un año atrás, enfatizan la indiferencia gubernamental, pues las personas de las comunidades realizaron labores de rescate, mientras las iglesias y organizaciones sociales dirigieron centros de acopio y albergues, así como el mapeo de las poblaciones afectadas.
Las familias zoques afectadas pertenecen a las comunidades de San Vicente y Santa Cruz en Tapilula, San Antonio el Canelar en Rayón, Carmen Tonapac en Chapultenango y Candelaria en Francisco León.
Hasta la actualidad, familias de la comunidad de Canelar se encuentran en el abandono, desatendidas por los tres niveles de gobierno. Tras a las fuertes tormentas de noviembre del año pasado, los terrenos de Canelar comenzaron a agrietarse y ante el riesgo de hundimientos, 22 familias se desplazaron para evitar quedar sepultadas. Después de salir con pocas pertenencias, las familias habitaron durante meses un ex albergue en la cabecera municipal de Rayón, donde denunciaron la precariedad del lugar.
“Nosotros teníamos nuestra escuela, teníamos cancha, teníamos un lugar donde se almacenaba el agua, tanque, teníamos nuestra capilla”, rememora Don Tomás sobre la experiencia en la comunidad que antes habitaban decenas de familias. “Allá estábamos felices, teníamos todo y aquí no estamos en nuestra casa, de mi parte yo estoy triste”, relata el testimonio de un niño zoque desplazado.
En el ejido Nuevo Esquipulas Guayabal, también en el municipio de Rayón, los caminos quedaron destruidos. Múltiples parcelas de cultivo presentaron deslizamientos y en consecuencia se perdieron cosechas de maíz, frijol y calabaza de un total de 232 campesinos.
Por otra pare, 36 familias zoques pertenecientes al poblado de Candelaria continúan refugiadas en el ejido San José Maspac, municipio de Francisco León, luego de la destrucción de sus casas y la pérdida de sus parcelas y ganado.
En el ejido Carmen Tonapac, municipio de Chapultenango, 17 familias construyeron sus casas improvisadas con sus propios recursos. Mientras, en el ejido San Antonio Acambak, seis viviendas presentan afectaciones. En dicho poblado, la escuela secundaria colapsó y la estructura del puente se encuentra con el riesgo de también colapsar.
Debido a la omisión de los gobiernos local, estatal y federal las comunidades zoques se han organizado para visibilizar y denunciar la situación. Por ejemplo, en el caso de la comunidad de Canelar, las familias han solicitado una dotación de tres hectáreas de tierra para reconstruir su comunidad, pero su demanda no ha sido resuelta y mientras continúan viviendo en un terreno de una hectárea, el cual no cuenta con un plan de reconstrucción de viviendas ni de servicios básicos.
“La inacción de los tres niveles de gobierno evidencia una vez más el desprecio por parte de las autoridades hacia los pueblos indígenas del país”, señalan a través de una nota publicada por Radio Zapatista, mientras continúan denunciando la situación que a un año de la tormenta, aún sigue sin ser atendida.
Con información del Centro de Lengua y Cultura Zoque, Radio Zapatista y Boca de Polen