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Posicionamiento a un año de la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia.

Ciudad de México, a 15 de enero de 2024

El domingo 15 de enero de 2023, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado defensor de derechos humanos y el profesor Antonio Díaz Valencia, líder social de la comunidad indígena de Aquila, Michoacán, fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban en las inmediaciones de Cerro de Ortega, región que limita las entidades federativas de Michoacán y Colima, luego de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde entonces no se sabe nada más de ellos y sus seres queridos continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

Previo a su desaparición, Ricardo y Antonio sostenían la defensa legal de la comunidad de Aquila, exigían que se garantizara la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, perteneciente a la empresa Ternium, la cual, ha sido señalada como un factor de división y fragmentación del tejido social al interior de la comunidad. Meses atrás, Antonio Díaz y Ricardo Lagunes alertaron a las autoridades estatales y federales acerca de una serie de amenazas recibidas en su contra, así como de otros integrantes de la comunidad, solicitando su intervención para mediar los conflictos y evitar la escalada de la violencia en la región, sin embargo, fueron ignoradas por las autoridades.

La reacción de mecanismos internacionales, la respuesta del Estado y la propuesta de expertos independientes

La noticia sobre la desaparición de Ricardo y Antonio provocó una reacción inmediata por parte de organismos internacionales. El Comité contra las Desapariciones Forzada de Naciones Unidas (CED) emitió las Acciones Urgentes exigiendo una búsqueda e investigación integral, estratégica y coordinada. De la misma manera, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió medidas cautelares en las que solicitó la búsqueda inmediata de Ricardo y Antonio. Además, los procedimientos especiales de Naciones Unidas emitieron un llamamiento urgente enviando comunicaciones no solo a México, sino además a la empresa Ternium, a los Estados de Luxemburgo y Argentina, remarcando el deber de debida diligencia que los estándares internacionales exigen en torno al desarrollo minero por empresas privadas.

Derivado de las medidas emitidas por el CED y la CIDH, se han convocado a numerosas reuniones con diversas autoridades, incluidas Mesas de Alto nivel en seguimiento a estas decisiones internacionales, celebradas en los meses de mayo y octubre, estando encabezadas por la Secretaría de Gobernación, con la presencia de distintas autoridades de investigación y búsqueda, y la mediación de la CIDH y Naciones Unidas. A pesar de contar con un plan de búsqueda integral con análisis de contexto tanto en la investigación como en la búsqueda, las familias continúan sin tener respuestas concretas respecto de los hallazgos forenses, por lo que  la obligación de buscar e investigar sigue pendiente de cumplimiento.

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Asunto: Situación de violencia en la región fronteriza de Chiapas con Guatemala

Estimados Señores y Señoras,

Reciban un cordial saludo del Movimiento Sueco para la Reconciliación – SweFOR y del Servicio Internacional para La Paz (SIPAZ).

SweFOR es una organización sueca de carácter ecuménico creada en el 1919 que lleva más de 20 años de presencia en el Estado de Chiapas. El objetivo de SweFOR en México es brindar acompañamiento integral a personas defensoras de derechos humanos con el fin de procurar garantía de protección a su trabajo.

SIPAZ, como organización internacional sin fines de lucro con presencia permanente en México desde 1995, trabaja para la disuasión y prevención de la violencia socio-política, la transformación positiva de los conflictos y el respeto de los derechos humanos en Chiapas y, de forma puntual, en Oaxaca y Guerrero.

Nos dirigimos a ustedes con el fin de expresar nuestra preocupación por la situación de violencia armada que se extiende en la región fronteriza del estado de Chiapas con Guatemala desde el año 2021 y por  su impacto sobre la población civil y las personas defensoras de derechos humanos.

Desde el año 2021, el estado de Chiapas se encuentra asolado por una disputa entre grupos de la delincuencia organizada que se ha recrudecido de manera particularmente violenta en la región de la frontera con Guatemala, que comprende municipios de la Meseta Comiteca – Tojolabal y de la Sierra Mariscal. Según información reportada por organizaciones con acceso a la región afectada, esta confrontación está impactando fuertemente a la población civil, a través de actos de desaparición forzada, tortura, reclutamiento forzado, explotación sexual, extorsión y desplazamiento y otras estrategias de control de la población

Desde SweFOR, este panorama de violencia nos preocupa por el estado de indefensión en que se encuentra la población civil, pero también por la situación de las personas defensoras de derechos humanos. Hemos recibido información procedente de la zona fronteriza de Chiapas  con Guatemala de casos de asesinato, tortura y desaparición de personas defensoras que ejercían actividades de defensa – denunciando la vulneración de los derechos de la población civil, o negándose a sostener uno o el otro contendiente -, y cuya perpetración parece tener propósitos ejemplarizantes. Ello ha llevado a diversas personas defensoras de derechos humanos a buscar refugio lejos de sus comunidades de origen y a suspender sus actividades de defensa de los derechos humanos.

Entre las personas defensoras que han sido objeto de violencia en la zona fronteriza se cuentan defensores comunitarios, servidores de la Iglesia Católica, autoridades comunitarias y funcionarios públicos.

Nos inquieta que, según las organizaciones presentes en la región,  este escenario se estaría desarrollando  ante la inacción de las autoridades, siendo la militarización de todo el estado la única respuesta, sin efecto consistente para frenar la violencia.

Cabe resaltar que Chiapas es uno de los estados más militarizados del país, contando en junio de 2022 con el despliegue de un total de 17 mil 160 elementos de la SEDENA y de la Guardia Nacional, según datos de la SEDENA.

El aumento exponencial de la violencia y las omisiones del Estado están resultando en el cierre completo del espacio de acción para la defensa de los derechos humanos, y nos preocupa que ante ello no se estén implementando mecanismos de protección.

Por la extrema alarma que debería suscitar la situación descrita, llamamos a las autoridades nacionales y a las instancias internacionales que actúen con celeridad para poner fin a la situación de violencia en la zona de la frontera entre Chiapas y Guatemala, y a la protección y garantía de los derechos de la población, incluyendo las personas defensoras de derechos humanos..

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Cerca de 50 abogados sudafricanos, liderados por el jurista Wikus Van Rensburg, están preparando una demanda legal contra los gobiernos de Estados Unidos y Reino Unido, acusándolos de complicidad en los crímenes de guerra ejecutados por Israel hacia Palestina. La iniciativa busca procesar a los coautores de los delitos mediante tribunales civiles y cuenta con la colaboración de abogados estadounidenses y británicos.

En declaraciones a la agencia Anadolu, Van Rensburg argumenta que Estados Unidos debe rendir cuentas por las infracciones cometidas en la región, destacando la importancia de este proceso. Compara la situación con lo ocurrido en Irak, señalando que, a pesar de los crímenes cometidos, Washington no fue responsabilizado debido a la falta de atención adecuada sobre el tema. Afirmó que, actualmente, Estados Unidos está gastando recursos para permitir que Israel continúe sus ataques en Gaza, instando a poner fin a esta situación.

La acción legal surge tras las audiencias por genocidio en la Franja de Gaza presentadas por Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Van Rensburg ve este caso como un ejemplo para su demanda y espera que, si la CIJ falla a favor de Sudáfrica, Estados Unidos pueda enfrentar sanciones incluso si no acepta el veredicto. Destaca que el fallo fortalecerá el caso contra la administración de Joe Biden, actual presidente de los Estados Unidos (EEUU).

El grupo de abogados ha escrito cartas abiertas a los líderes de EEUU y Reino Unido, recordándoles su responsabilidad en estos crímenes de guerra. Van Rensburg subraya que Sudáfrica ha presentado argumentos sólidos en La Haya y expresa confianza en llevar a cabo el proceso legal en el extranjero trabajando en conjunto.

Esta iniciativa refleja la creciente preocupación internacional por la rendición de cuentas en conflictos armados y destaca la búsqueda de justicia para las víctimas de crímenes de guerra en Palestina.

Alemania defiende a Israel

Mientras tanto Alemania ha resaltado su apoyo a Israel, rechazando la acusación de “genocidio” que viene realizando en la Franja de Gaza. El portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, anunció la intención de intervenir como tercera parte en el proceso, generando divisiones en la comunidad internacional.

Esta declaración de apoyo a Israel fue recibida con entusiasmo por el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, quien expresó su agradecimiento al canciller alemán, Olaf Scholz. No obstante, la presidencia de Namibia condenó la posición de Alemania, recordando el genocidio cometido por colonizadores alemanes en Namibia a principios del siglo XX.

Namibia expresó su consternación y cuestionó la autoridad moral de Alemania al recordarle que este Estado fue responsable del genocidio de los pueblos Herero y Nama en Namibia, ocurrido entre 1904 y 1908, donde los colonizadores alemanes asesinaron de entre 34 mil y 110 mil personas de estos pueblos nativos.

Berlín acabó reconociendo en 2021 lo ocurrido como un genocidio, pidió disculpas y ofreció una indemnización de 1,100 millones de euros a los descendientes.

La Presidencia de Namibia considera que Alemania, al respaldar a Israel, carece de autoridad moral para declarar su compromiso con la Convención de Naciones Unidas contra el Genocidio. Hace referencia a las muertes violentas de más 23 mil palestinos en bombardeos israelíes y acusa a Alemania de respaldar un “holocausto y genocidio” en Gaza.

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Testimonio en audio de un poblador del ejido de Nueva América, Chicomuselo:
(Descarga aquí)  

La mañana de este martes 16 de enero, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional ingresaron con violencia a varias comunidades del municipio de Chicomuselo, resultando en el desplazamiento forzado de cientos de familias, según denunció en un comunicado la Sociedad Civil de Chicomuselo (ver abajo).

Desde hace dos años, estas comunidades se encuentran en el fuego cruzado de una guerra feroz entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, que se disputan la región fronteriza con Guatemala. Miles de personas han huído, perdiendo todas sus pertenencias, ante la violencia y el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado.

Ante eso, las fuerzas armadas han sido omisas, permitiendo enfrentamientos como el ocurrido el 4 de enero, que duró más de siete horas y en el que murieron unas 20 personas. En la región hay bloqueos permanentes de la delincuencia organizada, secuestros, cobros de piso y de paso, asesinatos y reclutamiento forzado sistemático, ante la inacción de las fuerzas armadas, que sin embargo violentan a la población.

En ese contexto, quienes permanecen en la región se han organizado para resguardar sus comunidades, impidiendo el paso tanto al crimen organizado como a las fuerzas armadas, cuya complicidad es evidente.

Ante la llegada del Ejército y la Guardia Nacional, los pobladores pidieron que se retiraran e intentaron dialogar, explicando las razones. La respuesta fue la violencia, con gases lacrimógenos, piedras, golpes y, según un testigo, la detención de por lo menos dos personas, cuyo paradero se desconoce. Al entrar en las comunidades, los militares destruyeron las pertenencias de los pobladores.

Las familias huyeron como pudieron, dejando todo atrás, llevando a los enfermos en carretillas, caminando por las montañas hacia la presa La Angostura. Sin embargo, allá los lancheros también huyeron, por lo que la gente quedó atrapada a la orilla de la presa sin tener a dónde ir.

A continuación, el comunicado de la Sociedad Civil del Pueblo de Chicomuselo, y más abajo, el comunicado del Movimiento en Defensa de la Vida y del Territorio (MODEVITE).

Chicomuselo, Chiapas a 16 de Enero 2024.

COMUNICADO URGENTE
NUESTROS PUEBLOS NO SON CAMPO DE BATALLA
¡ALTO A LA VIOLENCIA!

Hacemos un llamado urgente a la comunidad internacional para que volteen su mirada a nuestros pueblos sufrientes, no solo por la violencia del crimen organizado, ahora por el ataque de las fuerza armadas, quienes se están violentando a la sociedad civil que ha decidido resguardar sus pueblos por la creciente violencia y enfrentamientos entre cárteles.

Hoy, 16 de enero de 2024, cientos de familias, mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos de diversas comunidades ubicadas en la franja de la presa: Nueva América, Corona del Rosal, Benito Juárez del municipio de Chicomuselo, Chejel y Puerto Rico del municipio de Socoltenango y Nuevo Resplandor del municipio de la Concordia, Chiapas, se encuentran huyendo por el ingreso de las fuerzas armadas: Ejército y Guardia Nacional, quienes se están violentando a la sociedad civil que resguarda la vida de sus comunidades tras un enfrentamiento que se dio el día de ayer, 15 de enero, entre cárteles, alrededor de las 9:00 pm. por esta región. Las fuerzas armadas acusan a la sociedad civil de ser parte de un grupo criminal e irrumpieron en el ejido de Nueva América, quitando las cercas con las que se habían asegurado para evitar el ingreso de los cárteles. Tiraron gases lacrimógenos y amenazaron a la población, señalando que a algunos los tenían ubicados.

La gente de estos ejidos, que evitaban el paso al Ejército y a la Guardia Nacional, pidieron el diálogo con las fuerzas armadas para explicarles por qué habían cercado, pero éstos se negaron a dialogar y los violentaron. La población se pregunta por qué no resguardan los lugares donde se encuentran los grupos criminales y liberan las carreteras que mantienen bloqueadas desde hace más de dos años, pero sí entran a las comunidades donde la gente está organizada para cuidar sus ejidos.

Actualmente se reportan ejidos con migración forzada a causa del miedo y del terror de la violencia que se está viviendo: Rizo de Oro, Guadalupe Maravillas, Perlas del Grijalva, Resplandor, Retiro y San Isidro del municipio de la Concordia. Puerto Rico y Chejel del municipio de Socoltenengo. Julio Sabines, Benito Juárez, Nueva América, Corona del Rosal, Pablo L. Sidar, Raizal, Madero, Nueva Morelia, Limonar, La Lucha, La Unión, San Francisco, La Pinta, San Ignacio, Sabinalito, Las Flores, San Antonio Ocotal, 20 de Noviembre, Piedra Labrada, Lázaro Cárdenas, y la cabecera municipal de Chicomuselo.

La población se cuestiona por qué las fuerzas armadas permitieron el desalojo de varias comunidades por parte de los grupos criminales y mantienen secuestrado al pueblo y a ellos nos les dicen nada. Por qué violentan a las comunidades en resistencia. Se ha perdido la confianza en los elementos del Ejército y de la Guardia Nacional del 101 batallón de infantería ubicado en el municipio de Chicomuselo, porque hasta ahora solo actúan contra la población que resguarda sus comunidades y pide diálogo y no contra los que desalojan, asesinan y secuestran a los pueblos, como en el caso de la cabecera municipal de Chicomumselo, Comalapa, Siltpec y Amatenango, donde hay retenes permanentes con cassetas de los grupos criminales que revisan celulares, mochilas, cobrando el derecho del paso y de piso, controlan los precios y los tiempos de las cosechas de los campesinos.

SOCIEDAD CIVIL DEL PUEBLO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS.

Ocosingo Chiapas a 16 de enero de 2024

COMUNICADO URGENTE
Justicia y Seguridad para Chicomuselo

Con una enorme indignación, como coordinación del MODEVITE queremos manifestarnos ante el comunicado urgente de Chicomuselo enviado el día de hoy en el que se narra el ataque de las fuerzas armadas, quienes violentaron a la población en el ejido Nueva América, con gases lacrimógenos y amenazas, lo cual ha ocasionado miedo, desconfianza y la huida de familias enteras.

Es inconcebible que los elementos de seguridad del 101 batallón de infantería actúe violentamente contra la población que meses atrás ha denunciado abiertamente la presencia de células delictivas y que hasta el momento no se ha resuelto el problema de raíz.

Basta de criminalizar a la sociedad civil organizada

Basta de la omisión al grito de dolor del pueblo de Chicomuselo

Basta de la ineptitud e ineficacia de las autoridades correspondientes para
resolver esta situación que es ya más que urgente

Exigimos solución inmediata a esta violencia suscitada por parte de las fuerzas
armadas.

Exigimos seguridad y diálogo con las comunidades organizadas.

Por un Chicomuselo en paz y libre de violencia

Coordinación General
MOVIMIENTO EN DEFENSA DE LA VIDA Y EL TERRITORIO

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Como parte de las protestas por la desaparición de los defensores, familiares y amigos se concentraron fuera de la Procuraduría Agraria el 27 de enero de 2023. Foto: Oliver Méndez/ObturadorMX}

El pasado lunes (15) se cumplió un año de la desaparición forzada del abogado defensor de derechos humanos, Ricardo Arturo Lagunes Gasca, y del profesor y líder de la comunidad indígena de San Miguel de Aquila, Antonio Díaz Valencia. Ambos sostenían la defensa legal de la población nahua, ubicada en la región Sierra Costa de Michoacán, para garantizar la elección libre de sus autoridades comunales y el cumplimiento de los acuerdos con la minera Las Encinas, propiedad de la empresa Ternium.

Lagunes y Díaz fueron víctimas de desaparición forzada cuando se trasladaban entre los límites de Michoacán y Colima, después de haber participado en una asamblea comunitaria. Desde aquel momento no se tiene información de su paradero y sus familiares continúan exigiendo su búsqueda y presentación con vida.

El crimen ocurrió a pesar de que, meses atrás, Díaz y Lagunes habían alertado a las autoridades, tanto estatales como federales, sobre una serie de amenazas contra ellos y otras personas de la comunidad indígena. Desde hacía tiempo, los pobladores nahuas señalaban a la minera, que extrae uno de los principales yacimientos de hierro en México, como un factor de división y fragmentación social al interior de la comunidad.

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De las mujeres organizadas de Santa María Guienagati ante la violencia feminicida ocurrida el primero de enero de 2024.

Santa María Guienagati, Tehuantepec, Oaxaca. A 15 de enero del 2023.

Al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador,

Al Gobernador del Estado de Oaxaca, Salomón Jara Cruz,

Al titular de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla,

A la titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, Elisa Zepeda Lagunas,

A la Autoridad Municipal de Santa María Guienagati

A la sociedad civil en general:

Las mujeres de Santa María Guienagati nos manifestamos en contra de la violencia de género que afecta a las mujeres de cualquier edad y en cualquier territorio de este país, especialmente la feminicida, que acaba con la vida de las mujeres, dejando una herida muy honda en las víctimas indirectas.

El pasado 1° de enero, asesinaron con violencia a Julia, una mujer mixe de la tercera edad, avecindada desde hace 28 años en nuestra comunidad. El feminicidio de nuestra compañera también nos lastimó a todas las mujeres, significó un cambio drástico en nuestras actividades diarias, en la rutina y en nuestras relaciones con las demás personas. El dolor por una pérdida que no tiene explicación, el miedo y la inseguridad se han apoderado de nuestro día a día: caminar, dormir y hacer cualquier actividad solas, implica un alto grado de riesgo para nuestras vidas.

Oaxaca es el segundo estado del país con las cifras más altas en feminicidios. Tan solo en lo que va del año se contabilizan al menos 5 casos de feminicidio en el estado, entre ellas Julia.

Es por eso que tomamos este espacio para exigir a las autoridades federales, estatales y municipales que, en el marco de su competencia, esclarezcan el feminicidio de nuestra compañera Julia, intervengan para reconstruir el tejido social de nuestra comunidad e implementen medidas de no repetición, para que nunca más se cometa un crimen tan atroz en nuestro territorio.

A las instancias de gobierno correspondientes les exigimos:

– A la autoridad municipal, su participación oportuna en la presentación de todas las evidencias, la no obstaculización de la investigación que las autoridades estatales llevan a cabo, así como tomar medidas inmediatas y eficaces para erradicar las violencias en nuestra comunidad.

– A la Fiscalía General del Estado de Oaxaca, que se investigue el feminicidio de Julia conforme a los protocolos y estándares que existen para la materia desde los enfoques intercultural y de género. No se debe ignorar que Santa María Guienagati es un municipio de poco más de 3 mil habitantes, donde convivimos con personas de distintos orígenes étnicos, como consecuencia de los desplazamientos sociales de las últimas décadas y tenemos un estilo de vida comunal.

-Que se cumplan las leyes nacionales y los acuerdos internacionales sobre el derecho de las mujeres a una vida sin violencia;

– A la Coordinación de Atención a los Derechos Humanos y la Secretaría de Mujeres de Oaxaca, les exigimos la intervención en la comunidad para que se puedan desarrollar procesos de resiliencia comunitaria, pues se ha generado un ambiente de dolor, incertidumbre y temor a permanecer solas en el espacio público e incluso el privado. Que realice una estrategia integral para trabajar con los problemas de alcoholismo y machismo. Recalcamos que los dolientes no sólo son los familiares y que hay un lazo comunitario, de amistad y solidaridad con Julia.

Con rabia e indignación señalamos que este no es el único feminicidio que ocurre en nuestra comunidad, con dolor recordamos a Marycruz, Faustina e Isidora, víctimas de la violencia feminicida que atraviesa nuestra comunidad. A pesar de estos casos, Santa María Guienagati no se incluye dentro de los municipios con alerta de género, lo cual invisibiliza la gravedad de la realidad que vivimos, por lo que llamamos a la sociedad civil a que nos mantengamos vigilantes de la respuesta de las autoridades, hasta que se logre justicia para Julia y regrese la tranquilidad en nuestra comunidad.

Por una vida libre, cese a la violencia en nuestra comunidad. Las mujeres y niñas tenemos el derecho a una vida digna.

¡Que ningun feminicidio quede impune!

¡Ni una asesinada más!

Atentamente:

Mujeres Organizadas de Santa María Guienagati

Apóyanos con tu firma y difusión

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El domingo 14 de enero de nuevo, como Acción Palestina Chiapas y con gente de buen corazón de San Cristóbal de Las Casas, hicimos nuestra primera acción del 2024 en solidaridad con el pueblo palestino. Compartimos pan, café y chocolate en frente de Starbucks, pedimos boicot a las empresas que apoyan al genocidio, y vinculamos el despojo de los pueblos indígenas en resistencia de Chiapas y Palestina. ¡Alto al genocidio ya!

#PalestinaLibre
#FreePalestine
#BoicotAStarbucks
#chiapas

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En el ejido Tila, este viernes, 12 de enero, a las 7:15 pm, miembros de un grupo narcoparamilitar conocido como Autodefensas KARMA asesinaron a Carmen López Lugo, ex presidente del consejo de vigilancia (2018-2021) y miembro del Congreso Nacional Indígena (CNI).

Este asesinato es una violencia más en una larga lista de agravios cometidos por este grupo delincuencial, que según los ejidatarios tiene vínculos con el ayuntamiento, con el grupo paramilitar Paz y Justicia y con otros grupos del crimen organizado.

Dicho grupo es liderado por la regidora plurinaminal del ayuntamiento municipal, Adelaida Martínez Parcero, y su hermano José Rodrigo Martínez Parcero, en coordinación con el supuesto comisariado Eduardo Gutiérrez Martínez, impuesto ilegalmente con falsificación de firmas, incluyendo las de ejidatarios ya fallecidos, como han denunciado los ejdiatarios repetidas veces.

El ejido Tila tiene una larga historia de lucha por la tierra, en particular para recuperar 130 hectáreas, ilegalmente despojadas en la década de 1980, donde se encuentra el poblado de Tila y donde de manera inconstitucional se asentó el ayuntamiento municipal. Fue desde ese ayuntamiento que, en la década de 1990, se coordinaron las actividades paramilitares del violentísimo grupo Paz y Justicia, como parte de la estrategia de contrainsurgencia del Estado ante el levantamiento zapatista. Es esa una de las razones por las que los ejidatarios han luchado tanto por recuperar esas 130 hectáreas y expulsar al Ayuntamiento. En 2008, el juzgado primero le dio la razón a los ejidatarios y ordenó la restitución de las tierras. Sin embargo, el gobierno del estado recurrió a todo tipo de argucias para incumplir con la determinación.

Así, en diciembre de 2015, cansados de los atropellos a la justicia, los ejidatarios decidieron expulsar al ayuntamiento de sus tierras por su propia cuenta, iniciando así un proceso de autonomía en la práctica. Se estableció el autogobierno según los usos y costumbres, se adquirieron vehículos para la recolección de basura, se puso en práctica la justicia autónoma y demás áreas de la autonomía. Ese mismo mes, los ejdiatarios denunciaron la reactivación del grupo paramilitar Paz y Justicia por parte del presidente municipal Édgar Leopóldo Gómez Gutiérrez.

A pesar de que en septiembre de 2018 la Suprema Corte dictaminó la restitución de las tierras, el gobierno de Chiapas se ha rehusado a ejecutar la sentencia, recurriendo a una estrategia que combina imposición de autoridades ejidales espurias mediante falsificación de firmas, violencia directa por parte de grupos narcoparamilitares y una campaña de desinformación, de la mano del Comité Digna Ochoa, que culpa a las autoridades autónomas de la propia violencia cometida por dichos grupos, incluso acusándolos de pertenecer al EZLN. Es importante resaltar que dicho Comité Digna Ochoa ha sido vinculado tanto al grupo paramilitar Paz y Justicia como a los paramilitares de Santa Marta en Chenalhó, que durante años aterrorizaron a las comunidades de Aldama.

Desde hace ya varios años, el grupo delincuencial vinculado a los Martínez Parcero y al supuesto comisariado ejidal Eduardo Gutierrez Martínez ha realizado innumerbles agresiones, asesinatos, secuestros y destrucción de propiedad, como denunciado en un comunicado del pasado 23 de octubre de 2023, entre otros. En noviembre de ese año, el grupo Autodefensas KARMA atacó con armas de grueso calibre las casas del presidente del consejo de vigilancia y del ex comisariado ejidal, incendiando esta última, y posteriormente atacaron la casa ejidal. En el centro del poblado, muy al estilo del crimen organizado, colocaron una manta advirtiendo a los ejidatarios a abandonar el pueblo en un plazo de 12 horas.

Todas esas agresiones han sido denunciadas ante la Fiscalía del Estado y los tres niveles de gobierno, sin ningún resultado.

La violencia continúa. El día de ayer, mientras se realizaba la misa por el fallecimiento de Carmen López Lugo, tres personas fueron atacadas a tiros en una carnicería, falleciendo por lo menos una de ellas. Como siempre, en las redes sociales, se culpó a los ejidatarios autónomos, en consonancia con la campaña de desinformación.

La situación de violencia en el ejido Tila llega a niveles alarmantes en este inicio de año electoral, en el que los diferentes grupos del crimen organizado luchan por posicionarse en las diversas estructuras de gobierno. Mientras eso, los ejidatarios resisten con todo en contra. Cabe a la sociedad civil no caer en los juegos de desinformación y defender un proyecto de autonomía que ha sido ejemplo para toda la zona norte del estado de Chiapas, tan golpeada desde hace 30 años por la violencia paramilitar y, ahora, narcoparamilitar.

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La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, abogó en favor del activista. Dijo que debía ser liberado porque los cargos en su contra fueron fabricados en represalia por su activismo.

El juez Julio César Victoria Gómez condenó a 58 años y 4 meses de cárcel al indígena Versaín Velasco García, habitante de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo. Él y su familia fueron expulsados de la comunidad y luego acusados de diversos delitos, por personas vinculadas con el tráfico de personas y droga, que operan en la región.

15 de diciembre de 2021, Versaín fue víctima de un intento de linchamiento por parte de un grupo armado, junto con policías comunitarios y autoridades de Nueva Palestina. Su yerno Fredy Gómez Sántiz fue desaparecido durante la agresión; una de las mujeres de su familia sufrió abuso sexual.

Un día después, él y su familia, unas 34 personas, tuvieron que abandonar la comunidad para evitar ser asesinados. En la cabecera municipal de Ocosingo denunció ante la Fiscalía de Chiapas la agresión y desaparición de su yerno; en represalia, lo acusaron del homicidio de un policía.

A su hija Isaura Velasco, y a su esposa Antonia Aguilar Solorzano, las acusaron de robo con violencia agravado; ellas estuvieron encarceladas un año hasta que, por falta de pruebas, lograron su libertad.

Versaín se consideraba defensor de derechos humanos; la población acudía a él en busca de ayuda y asesoría cuando sufría un abuso de autoridad. Meses antes de su detención denunció la colusión que había entre autoridades locales y grupos dedicados al tráfico de personas y droga en la zona selva, donde se encuentra Nueva Palestina, la comunidad más grande de Ocosingo.

“Lo último que denunció mi padre fue que detuvieron a unos jóvenes y los tuvieron encerrados 12 días -en una cárcel que hay en Nueva Palestina-, sin agua y sin comida. Luego de eso se nos vinieron encima”, explicó Moctezuma Velasco, su hijo.

A dos años de su detención, el juez Julio César Victoria Gómez sostuvo una audiencia durante tres días, para dictar sentencia. Este viernes, Moctezuma Velasco explicó que en la misma se omitió considerar las pruebas de la agresión que sufrió Versaín y su familia, también se desestimó los testimonios a personas de la comunidad, y las irregularidades que hubo en la detención.

Este viernes por la tarde, el juez dijo que la sentencia contra Versaín Velasco era de 58 años y 4 meses de prisión. “No es justo todo esto, ¿para qué sirve entonces toda la supuesta justicia en la tierra. No es justo, no es justo que el estado esté a favor de estos asesinos y paramilitares”, dijo su hijo al saber la sentencia.

La familia Velasco actualmente se encuentra en situación de desplazamiento forzado. Sin embargo, ha denunciado formalmente las agresiones que ha sufrido. Hasta el momento han interpuesto tres denuncias: una en la Fiscalía de Justicia Indígena, por los intentos de homicidio, lesiones, amenazas, daños, y los que resulten; otra en la Unidad Especializada de Investigación del delito de Tortura, por la tortura sexual; y la tercera en la Fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, por la desaparición Forzada de Fredy Gómez Santíz. En ninguna se ha ejercido acción penal en contra de los probables responsables.

También han solicitado al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, sin que esta instancia haya sesionado para dar respuesta. Desde el ámbito internacional, el 01 de febrero de 2023 el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas requirió al Estado mexicano la Acción Urgente 1569/2023 por la desaparición forzada del indígena maya tseltal Fredy Gómez Sántiz. Tampoco ha habido una respuesta favorable.

El pasado lunes, dos días antes de la audiencia, La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, abogó a favor de Versaín Velasco. En sus redes sociales publicó una imagen de él con el siguiente mensaje: “Seguiré de cerca el juicio del defensor Versain Velasco García en Chiapas, México este lunes. Los cargos en su contra parecen falsos, fabricados en represalia por su trabajo en favor de los derechos humanos. Debe ser liberado”.

A continuación, el comunicado de prensa firmado por: Las cinco familias de Nueva Palestina Ocosingo, familiares de Versain Velasco García, Comité Chalchihuitle, de Desplazados Forzados de Chalchihuitán Chiapas, Comité de Solidaridad por la libertad y justicia para Versain Velasco y su Familia.
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