Hace dos años, el 16 de diciembre de 2016, los ejidatarios de Tila, cansados de un siglo de atropellos, decidieron tomar el rumbo de sus vidas en sus manos y expulsaron al Ayuntamiento, impuesto ilegalmente en su territorio desde mediados del siglo XX, recuperando las 130 hectáreas que durante décadas el gobierno municipal les trató de arrebatar.

Desde entonces, el ejido de Tila se ha vuelto ejemplo de lo que es posible hacer cuando el pueblo se organiza. Desde hace dos años, el pueblo organiza su guardia comunitaria y la delincuenca, antes solapada por el ayuntamiento, disminuyó visiblemente; se organiza la recolección de basura con contribuciones de la propia población; se instauró un sistema de justicia propia; se administran todos los servicios; se organizan festividades. Y en todo esto, la máxima autoridad es la Asamblea. Así, Tila ha demostrado que sí es posible crear un gobierno donde “el pueblo manda y el gobierno obedece”.

(Para un recuento de la larga lucha del ejido Tila y la construcción de su autonomía, ve nuestro reportaje: ¿Cómo es un pueblo libre? Primer aniversario de la autonomía de Tila.)

Es por eso que la visita del Concejo Indígena de Gobierno a Tila es tan significativa. “Queremos decirles que los admiramos, que los respetamos”, dijo el concejal Hernán. “Éste es el sueño que desde nuestras comunidades hemos venido soñando. Que un día como éste el pueblo de México se despierte (…) Que los pueblos tengan su libre autodeterminación, que sean los pueblos quienes nos mandemos.”

“Para el Congreso Nacional Indígena y el Concejo Indígena de Gobierno”, dijo Marichuy, “hoy es un día importante en la memoria de los pueblos originarios de este país, ésa que se hace soñando y luchando por el fin de la guerra de exterminio y el inicio de una nueva conciencia.”

En Tila la memoria está muy viva, es lo que da fundamento al caminar, lo que orienta la dirección de los pasos por venir. Es por eso que hay un tal respeto por los abuelos, quienes lucharon durante décadas contra el despojo. Fue en la década de 1920 que los abuelos iniciaron una lucha épica que no se olvida. Durante 37 años viajaron una y otra vez a Tuxtla Gutiérrez, a cuatro o cinco días a pie, cargando su pozol y tostadas, para solicitar la regularización de sus tierras como ejido. Una odisea difícil de imaginar pero que está grabada en la memoria del pueblo de Tila, y que resultó finalmente en una Resolución Presidencial que reconoció la propiedad ejidal de las 5,405 hectáreas, de las que habían sido despojados por finqueros extranjeros desde los tiempos de Porfirio Díaz.

“Nosotros estamos caminando con la compañera María de Jesús”, dijo la concejala Antonia, “para llevar la voz de los abuelos, porque los grandes, los de arriba, nos querían acabar. Pero no nos acabaron. Quedó nuestras raíces (…) Nos quisieron acabar pero nunca nos van a acabar. Vamos a florecer, van a salir las hojas que cortaron; las ramas que mataron, van a volver a retoñar.”

“Saludamos a los abuelos porque nosotros sí sabemos respetarlos”, dijo el concejal Hernán.

A mediados del siglo XX los mestizos se apoderaron del Ayuntamiento. El gobierno, que antes se regía por usos y costumbres, pasó al régimen de partidos políticos. Empezó a cobrar impuestos por la tierra y a apropiarse de los bienes y servicios, antes administrados por la asamblea ejidal. Pero no sólo eso: durante los años más duros de la política contrainsurgente después del levantamiento zapatista, el Ayuntamiento sirvió como base de coordinación de los grupos paramilitares, en particular “Paz y Justicia”, uno de los más violentos de la década de 1990 en Chiapas.

Es por todo eso que el pueblo se levantó hace dos años y expulsó por su propia cuenta al Ayuntamiento de su territorio, a pesar de las grandes presiones y amenazas en su contra.

En su visita a Tila, Marichuy hizo un análisis de la relación entre violencia paramilitar y narcoparamilitar (la misma violencia que sufren ahora los pueblos de Chalchihuitán y Chenalhó en Los Altos de Chiapas) y la violencia militar, y criticó duramente la recién aprobada Ley de Seguridad Interior (lee sus palabras completas aquí).

Para violentarnos, la ocupación militar se apoya con paramilitares y sicarios. Si pedimos seguridad y ayuda nos mandan más militares y el número de presos por defender sus derechos, muertos y desaparecidos aumenta de inmediato.

A esa agresión política, económica, militar, paramilitar y narcoparamilitar en nuestra contra que cada día genera despojo, miedo, terror y luto, le llamamos guerra, la misma que ahora con su ley de “seguridad interior” pretenden extender a todo el país.

Para los gobiernos capitalistas que mandan en el mundo de arriba, los seres humanos pensando, actuando y organizándonos somos problemas de seguridad interior, ya no sólo los pueblos indígenas, sino todas las sociedades urbanas y campesinas. De ese tamaño es el descontento que los de arriba prevén porque de ese tamaño es la embestida que engendran.

Ante esto, el Concejo Indígena de Gobierno ha repetido una y otra vez que la única respuesta viable es la organización. Y con ella, la seguridad y la justicia autónomas. “Sólo de esa manera, haciendo que el pueblo mande y nuestras fuerzas de seguridad obedezcan, es que hemos podido acabar con el terrorismo de Estado y de las bandas de la delincuencia organizada.”

La montaña y costa de Guerrero, Cherán y Santa María Ostula en Michoacán, el ejido de Tila en Chiapas y desde luego las comunidades zapatistas… ejemplos de que otra justicia, otra seguridad y otro gobierno son posibles.

Muy significativamente, el Concejo Indígena de Gobierno, acompañado por las autoridades de Tila, hablaron desde un templete instalado en el llamado “Casino del Pueblo”, el antiguo edificio que servía de gobierno comunitario, a espaldas del ahora destruído Ayuntamiento, situado al lado opuesto de la plaza. Es el gobierno indígena, colectivo, horizontal, de abajo, que ejerce el “mandar obedeciendo”, renaciendo con la fuerza de la memoria y la organización.

Escucha los audios:

Disparan a comuneros de San Lorenzo de Azqueltán, Jalisco

El pasado 16 de diciembre la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán denunciaba una agresión armada  en contra de los comuneros Gabriel Aguilar Rojas y Noé Aguilar dos días atrás.

Nuevamente, pobladores de esta comunidad fueron objeto de acciones violentas por parte de aquellos a los que refieren como “ajenos a la comunidad” y que pretenden acabar con sus vidas para poder despojarles de su territorio.

En la denuncia señalan al responsable de los disparos que, por fortuna, no llegaron a herir a ninguno de los pobladores. También señalan la responsabilidad de las autoridades municipales por la falta de atención en la denuncia de los hechos y la promoción de proyectos ganaderos en la zona que estarían incitando a la invasión de los territorios comunales.

San Lorenzo de Azqueltán se encuentra junto al río del mismo nombre. Está habitada por tepehuanos o tepecanos, sus fundadores, y el pueblo Wixárika. Como parte de la Región Occidente del Congreso Nacional Indígena (CNI), esta comunidad fue sede en 2013 de una de sus asambleas. Poco antes declaraba su autonomía y nombraba a sus autoridades. Ello los ha fortalecido al vincularse con pueblos hermanos y recibir el apoyo de comunidades vecinas.

Su lucha agraria, al igual que la de muchos otros pueblos indígenas de México, es por el reconocimiento legal de un territorio que de por sí les es propio, por ser originario y comunal.Reconocidas 94 mil hectáreas por la Corona española (en base a título virreinal datado en 1777) y por autoridades agrarias (autentificaron el documento virreinal en 1954), su titulación quedó en suspenso, negando con ello la posesión como bien comunal a su pueblo. Años después se determinaría la restitución de 8 mil 336 hectáreas, pero tampoco este trámite concluiría.

Pero la cosa no quedó ahí. A la par, y en el contexto de una situación de no resolución, se conformaba un ejido con pequeños propietarios foráneos y algunas personas de adentro, tomando el nombre de la comunidad y apoderándose de unas tierras que, afirmaban los “supuestos” ejidatarios, el gobierno les había entregado.

Lo anterior lo relataba la comunidad en su intervención en la Cátedra Tata Juan Chávez en 2013:

“(…) el trámite es sobre la restitución de las tierras de las 94 mil hectáreas. En el año de 2007 se niega la restitución a la comunidad de San Lorenzo y pues se concede por la vía de dotación de ejido una superficie de 1,090 hectáreas a un pequeño grupo de supuestos ejidatarios. De ahí en adelante se viene promoviendo muy fuertemente eso de predios rústicos, la regularización de predios rústicos. Con estos  se sufre todavía más el despojo de la comunidad donde pues ya en realidad de tener una vasta extensión de tierra pues ya la gente no tiene ni para sembrar y pide prestado para sembrar” (Intervención de comunero de San Lorenzo Azqueltán; 17/08/2013).

Los comuneros denuncian esta usurpación y señalan que “ricos líderes”, “terratenientes”,“mestizos” o “ganaderos” han aprovechado para vender y/o rentar la tierra. Con ello, y a pesar de tratarse el ejido de una manera de asegurar la propiedad social de la tierra, ésta se está privatizando con fines mercantiles y de explotación de sus bienes naturales:

“En todos estos años, en lugar de reconocer nuestro territorio, los gobiernos en todos sus niveles realizan acciones para que caciques se adueñen de nuestras tierras y montes. Se inventan pequeñas propiedades y supuestos terrenos ejidales. Dan permisos para que destruyan nuestros lugares sagrados con proyectos de gobierno, les dan permisos de aprovechamiento forestal y hasta ganado para que los metan con violencia a terrenos en posesión de la comunidad” (Extracto de la última denuncia; 16/12/2017).

Se han interpuesto varias demandas (tanto para reconocimiento como para la restitución de tierras)  y exigido la salida de los “invasores” de la tierra comunal. Aunque la comunidad decidiese en asamblea no pelear por las hectáreas “otorgadas” en régimen de ejido, sí lo hacen por 38 mil  como bienes comunales.

En su última denuncia exigen que se investigue y sancione el ataque armado, que se frene la venta/renta de tierras afuera de los límites del deslinde ejidal  y que la autoridad municipal deje de promocionar proyectos que favorezcan la invasión y agresión a comuneros.

A continuación audios en donde se hace denuncia y síntesis de la problemática agraria:

Fuentes:

Agresión armada en contra de la comunidad Wixárika y Tepehuana de San Lorenzo Azqueltán

http://www.proceso.com.mx/358696/san-lorenzo-azqueltan-historias-de-desprecio-y-despojo

Comunicado de la Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán

Fotografía portada: fuente CNI ( Mapa Espejos de la Resistencia)

¿Qué siente un niño al irse muriendo de frío?

Al parecer, depende. Si se trata de un estadounidense (blanco), un europeo o un miembro de las élites privilegiadas de nuestra nación, la mera pregunta provoca indecible horror. No así si se trata de un niño (o un adulto mayor) indígena, pobre entre los más pobres, agonizando bajo los árboles en la montaña en noches a temperaturas bajo cero, protegido de la intemperie por un pedazo de plástico y, quizás, la única cobija que el gobierno “generosamente” aportó a cada familia desplazada.

Desde hace más de un mes, 6 mil personas están desplazadas de sus hogares. Perdieron sus tierras, sus casas, sus pertenencias, sus cosechas, sus animales… todo. Salieron con la ropa del cuerpo ante las amenazas de un grupo armado de Chenalhó, coordinado por la alcaldesa de ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), con la aparente complicidad del gobernador Manuel Velasco Coello.

(Ver Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? para una explicación de los orígenes del conflicto y Crisis humanitaria y complicidad del Estado – Chalchihuitán y Chenalhó para un reporte sobre la situación de los desplazados.)

A pesar de que varios medios de comunicación nacionales han dado cobertura a la tragedia, hay un silencio inexplicable en los medios internacionales y una inacción por parte de los gobiernos estatal y federal que demuestra un profundo desprecio por la vida de los pueblos orginarios.

El pasado 13 de diciembre el Tribunal Unitario Agrario (TUA), después de años de inacción, finalmente “resolvió” el conflicto territorial que la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria provocó hace más de cuatro décadas, al desconocer los acuerdos comunitarios entre Chenalhó y Chalchihuitán y otorgar a este último tierras que previamente había dotado a Chenalhó. El fallo del TUA ahora desconoce la dotación de tierras a Chalchihuitán en 1975 y se las da a Chenalhó.

(Ver el comunicado conjunto de varias organizaciones de la sociedad civil sobre el fallo del TUA: Impunidad y violencia en los Altos de Chiapas.)

Algunos medios de comunicación celebraron irreflexivamente la supuesta “paz” que ahora gozarán los pueblos tsotsiles de la región. Sin embargo, las autoridades de Chalchihuitán anunciaron que los desplazados no regresarán a sus hogares por falta de condiciones de seguridad y que impugnarán la decisión del TUA.

Independientemente de cómo se resuelva el conflicto agrario, sorprende que los gobiernos estatal y federal den por concluído el conflicto con ese fallo. Miles de personas continúan desplazadas en condiciones infrahumanas sin recibir ayuda apropiada, y la indemnización ofrecida por el gobierno por la pérdida de las tierras, casas, pertenencias, cosechas y animales, es irrisoria. Quince millones de pesos para 5 mil desplazados de Chalchihuitán son 3 mil pesos por persona, por haber perdido todo lo que tenían, por haber sufrido lo que están sufriendo, y por el trauma permanente a niños que luchan por sobrevivir con miedo, hambre y frío. Tres mil pesos por persona, mientras el sueldo promedio mensual de un gobernador es de 93 mil pesos (eso sin contar los millonarios lucros derivados de la corrupción institucionalizada). Y no se requiere mucha matemática para entender que 300 casas para 5 mil personas significa que 17 personas tendrían que vivir en una sola casa.

Pero sorprende aún más que en ningún momento los gobiernos estatal y federal hayan considerado problemático que un grupo terrorista criminal, armado, solapado y abiertamente a servicio de una funcionaria pública, destruya carreteras, asesine impunemente, aterrorice a la población, desplace a 6 mil personas, robe y destruya sus propiedades y provoque la muerte de cuatro niños menores de 4 años y cinco adultos mayores, utilizando en todo esto armas de uso exclusivo del ejército. Y si usamos el término “terrorista” no lo hacemos por amarillismo. La definición de “terrorismo” en el Diccionario de la Real Academia es: “Actuación criminal de bandas organizadas, que, reiteradamente y por lo común de modo indiscriminado, pretende crear alarma social con fines políticos”. Nada más exacto para describir la actuación del grupo armado de Chenalhó.

Lo que esto demuestra es lo que ya sabemos: En México, el crimen está a servicio del Estado, y el Estado a servicio del crimen.

Mientras eso, los legisladores aprueban la nueva Ley de Seguridad Interior, que da plenos poderes al ejército para reprimir a la población mexicana, y las modificaciones a la fracción I del artículo 1916 Código Civil Federal, que dice (sí, no es broma) que “en la reparación del daño moral se considere el hecho ilícito de quien comunique, a través de cualquier medio tradicional o electrónico, un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causar deshonra, descrédito, perjuicio o exponer al desprecio de alguien“.

La conclusión es clara: Despojo institucionalizado; operación coordinada entre el Estado y el crimen organizado para asegurar dicho despojo; represión y criminalización a las protestas y resistencias.

Mientras eso, miles de personas siguen sufriendo ante la indiferencia general. Compartimos aquí algunos testimonios de mujeres desplazadas:

Y nos seguimos preguntando: ¿Qué siente un niño, o un adulto mayor, al irse muriendo de frío?

Éstos son los fallecidos, a ellas y ellos les rendimos aquí humilde homenaje:

• Maura Pérez Luna – 1 año
• Adriana de Jesús Pérez Pérez – 2 años
• Niña de nombre y edad no divulgados.
• Niño recién nacido – 3 días de edad (nombre no divulgado)
• Domingo Girón Luna – 70 años
• Martín Girón Rodríguez – 80 años
• María Domínguez Gómez – 57 años
• Marcelino Gómez (edad no divulgada)
• Otro adulto mayor (nombre y edad no divulgados)
• Samuel Luna – asesinado el 18 de octubre mientras trabajaba su parcela.

Además, el joven Raymundo Pérez Luna, de 18 años de edad, intentó suicidarse el 3 de diciembre bebiendo herbicida. Hace 2 años, Raymundo perdió a su hermano Salvador, asesinado por un grupo armado debido al mismo conflicto agrario. Ahora, los constantes disparos de armas y el ambiente de terror que se vive en su comunidad lo llevaron a intentar poner fin a su vida.

Mientras niños y adultos mayores morían de frío y miedo y un joven intentaba suicidarse, el gobernador Manuel Velasco Coello estaba muy ocupado acompañando a José Antonio Meade Kuribreña en el arranque de su precampaña presidencial por el PRI y el PVEM. Éste último, que en definitiva no se pregunta qué siente un niño al irse muriendo de frío, declaró en Tuxtla Gutiérrez que “Sin importar cuántos frentes vengan, no nos dará frío”, en alusión a la coalición PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, explicitando inconscientemente el desprecio de la clase política hacia quienes sí sienten frío, y mucho.

Oxolotán es un pequeño y antiguo poblado construído a un lado del río homónimo, en la sierra sur de Tabasco, cerca de la frontera con Chiapas. En 2007, lluvias históricas causaron inundaciones en toda la región; una de las poblaciones entonces afectada fue Oxolotán, al desbordarse el río. Diez años atrás, en noviembre de ese año, llegaron a ese poblado víveres producidos y transportados por bases de apoyo zapatistas de la Zona Norte de Chiapas, quienes tuvieron que cargarlos en la espalda durante horas en algunos trechos porque los caminos estaban destruídos. Humilde pero significativa solidaridad, al tiempo que los pobladores lamentaban el abandono del gobierno ante el desastre. Semillas de dignidad.

Ahora, diez años después, tras un largo caminar, llegaron a este poblado el Concejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy. De nuevo a plantar semillas.

Fueron pocos los que asistieron al evento. Pero para las concejalas y concejales y Marichuy, no son las grandes masas las que interesan si en ellas no florece la semilla de la resistencia y la rebeldía. “No importa que sen pocos”, dijo el concejal Hernán Calvo, del Municipio Autónomo San Pedro Michoacán, Caracol de La Realidad. “No importa que sea uno, que sean dos, que sean tres. Por ese uno venimos, por esos dos, por esos tres. Que su corazón no se ponga triste porque las resistencias así inician. Tiene que iniciar uno, luego echar semillas para que después se haga una gran plantación.”

“Es el momento de quitar la venda de nuestros ojos”, dijo la concejala Irma, del Municipio Autónomo 17 de Noviembre, Caracol de Morelia. Es el momento de dejar de creer en las promesas de los partidos, es el momento de dejar de vender las tierras y las riquezas por migajas que resuelven ahora y nos despojan después, es el momento de organizarse, dijeron todos de una u otra forma. “Si hubiera llegado algún político con despensas”, dijo la concejala Guadalupe Vázquez de Acteal, “con refrescos, con tortas, con gorras, con playeras, estaría lleno el parque aquí. Nosotros no vamos por eso. No estamos por el poder porque no lo queremos; el poder de ellos es nuestra destrucción”. “Nosotros no traemos regalos, no traemos nada”, dijo el concejal Hernán Calvo. “Simplemente venimos a dejar el regalo más grande: la palabra, la meditación, la organización.”

Tanto él como la concejala Guadalupe se dirigieron a los policías municipales presentes que tomaban fotos del evento que, por pequeño que fuera, al parecer no deja de preocupar al poder. “Ojalá estuvieran aquí para servir a su pueblo”, dijo Guadalupe, “que es quienes les pagan para trabajar. Ojalá vean a su pueblo, vean su sufrimiento”. “Qué bueno que nos escuchan los hermanos de la policía municipal”, dijo Hernán. “Queremos compartirles que los apreciamos, que los queremos, que los llevamos en el corazón porque son nuestros hermanos.” Y lanzaron un mensaje de unidad.

“Hemos recorrido el país y hemos escuchado que nuestros hermanos y hermanas están sufriendo”, dijo Marichuy. En este caminar por el país, los dolores de abajo se van desenterrando y con ellos se va dibujando un paisaje de despojo, de atropello, de violencia, de humillación y de muerte. El caminar del Concejo Indígena de Gobierno, explicó, es para escuchar esos sufrimientos y para compartir la palabra: tejer, con la materia de esos dolores pero también con las prácticas ancestrales de la colectividad, la organización para, juntos, construir otro país. “Así como las plantitas, que primero es la semilla, luego va creciendo y luego dando fruto, así tenemos que crear algo desde abajo, porque nadie va a venir a resolver nuestros problemas.”

Escucha los audios:

Chapultenango es una pequeña población en la región zoque de la zona norte de Chiapas, cerca del volcán Chichonal, donde el gobierno federal pretende instalar una geotérmica en el cráter, contrariando la voluntad de los pueblos. En esta región se pretende también concesionar 84 mil 500 hectáreas para la apertura de 11 pozos petroleros y diversos proyectos mineros, lo cual afectaría gravemente la sobrevivencia y la forma de vida de los pueblos zoques de la región.

Ante la amenaza de despojo y desplazamiento, los pueblos decidieron organizarse, y en asamblea acordaron integrarse formalmente al Congreso Nacional Indígena y nombrar una concejala y un concejal para formar parte del Concejo Indígena de Gobierno.

Aquí, a Chapultenango, llegó dicho Concejo y su vocera Marichuy este 14 de diciembre, para escuchar y compartir la propuesta organizativa de los pueblos. Y aquí, a pesar de las amenazas, que hicieron que varios compañeros no pudieran asistir, y el corte de la señal de internet antes, durante y después del evento, se escucharon las palabras de concejalas y concejales y de Marichuy, así como del Pueblo Creyente Zoque y del Comité por la defensa del agua, que denunciaron los intentos de despojo que sufren los pueblos zoques del norte de Chiapas.

El concejal Fortino, zoque migrante en Guadalajara, explicó que en esa ciudad los migrantes zoques también se organizan. Después procedió a dar un resumen del recorrido del Congreso Nacional Indígena estos 20 años y la conformación del Concejo Indígena de Gobierno el año pasado, ante el despojo que sufren los pueblos indígenas a lo largo y ancho del país. Y aclaró que no se trata de una propuesta electoral. “Lo que quieren los pueblos es ejercer el poder que de por sí tenemos. Juntar las resistencias de todo el país para enfrentar el sistema de muerte.”

Lo mismo dijo Guadalupe Vázquez, concejala tsotsil de Los Altos de Chiapas y sobreviviente de la masacre de Acteal. “Estamos aquí porque estamos hartas de tanta injusticia, tanta represión, tantas muertes, tantas desapariciones. No queremos la silla presidencial porque nos ha destruido, nos ha matado, nos ha desaparecido, nos ha explotado, nos ha quitado todas nuestras riquezas, nuestras tradiciones, nuestras culturas.” Hizo énfasis en la urgencia de organizarse porque, de no hacerlo “nuestros hijos serán esclavizados… y nadie quiere ver a sus hijos esclavos. No queremos ver un futuro peor que el que estamos viviendo nosotros. Mañana nuestros hijos van a decir: gracias a mis padres, a mis abuelos, hoy tengo tierra, no soy esclavo”.

El concejal José Jiménez, de Teopisca, hizo un breve resumen de la lucha de la ranchería San Francisco, ejemplo de organización y resistencia en la defensa de la tierra y el territorio.

Marichuy por su vez hizo un recuento del surgimiento del CNI en 1996 y del CIG 20 años después. “Vimos que ante los intentos organizativos había represión, encarcelados, muertos, desaparecidos. Y vimos que están de la mano el gobierno y el crimen organizado. Son ellos los que han metido temor en las comunidades ante los intentos organizativos; son ellos quienes han estado de la mano para llevarse nuestras riquezas, contaminar las aguas, despojarnos de las tierras.” Y explicó: “Los concejales son la semilla organizativa en cada región” y su papel es ir articulando las muchas luchas de los pueblos contra el despojo y la muerte. Se trata de una “propuesta para todo México, y en México estamos todos: hombres y mujeres, trabajadores del campo y la ciudad, maestros, doctores, artistas… todos”.

(Lee las palabras de Marichuy.)

Escucha los audios:

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. El pasado 9 y 10 de diciembre, diversas organizaciones realizaron una visita de observación y documentación de derechos humanos al municipio de Chalchihuitán, donde casi 6 mil indígenas tsotsiles se encuentran desplazados por un grupo armado de Chenalhó, cobijado y a servicio de la alcaldesa de ese municipio, Rosa Pérez Pérez, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), en una disputa territorial provocada por el gobierno federal hace cuatro décadas.

Los desplazados se encuentran en situación extrema de vulnerabilidad, la mitad viviendo a la intemperie en temperaturas que de noche descienden a bajo cero, y que ya cobraron la vida de tres niñas y un niño pequeños y dos adultos mayores. La otra mitad se encuentra hacinada en casas de parientes o amigos en la cabecera municipal de Chalchihuitán, donde hasta 40 familias se abrigan en una misma casa, en condiciones de creciente carencia alimenticia.

Chalchihuitán se encuentra sitiado. La carretera de acceso fue cortada con maquinaria pesada y no ha sido reestablecida, a pesar de las aseveraciones del gobierno de Chiapas, quien supuestamente habría acordado con el grupo armado el reestablecimiento de las vías de comunicación. Al mismo tiempo, el grupo armado sigue operando en esa área y quienes pasan a pie temen ser asesinados. Esto significa que, para llegar con ayuda humanitaria, es necesario recorrer un difícil camino de terracería, un recorrido de 9 horas desde San Cristóbal vía Simojovel (normalmente el trayecto se hace en poco más de una hora). Esto también ha afectado a los habitantes de la cabecera municipal y de muchas otras comunidades, pues el abastecimiento de alimentos se ha visto seriamente perjudicado y los precios de los alimentos básicos han aumentado de manera considerable.

La respuesta del gobierno ha sido un maquillaje y lo que los observadores califican como una burla. La “ayuda” del gobierno se ha limitado a alimentos chatarra, en principio destinados a los damnificados del sismo, que, además de ser insuficientes, enferman a los campesinos, que no están acostumbrados a esos alimentos… y una cobija por familia. Al mismo tiempo, el grupo armado, con vínculos conocidos con la alcaldesa Rosa Pérez y el PVEM, continúa operando con total impunidad.

Los observadores reportan enfermedades de las vías respiratorias y gastrointestinales, carencia de medicamentos y atención médica urgente y condiciones climatológicas extremas. También reportan un estado psicológico de miedo y estrés extremo, sobre todo en los niños, que sobreviven en condiciones inhumanas. “Niñas y niños tienen miedo de que los maten, sueñan que les disparan, duermen intranquilos; están tristes, su entorno ha cambiado de manera abrupta. Tienen dolor de estómago y cabeza por la ansiedad y estrés que provoca el desplazamiento”, dice el informe conjunto leído durante la conferencia de prensa. Hay niños recién nacidos e incluso algunos que nacieron ya en condiciones de desplazamiento. Se relató el caso de una mujer que, el mismo día que dio a luz a su bebé, tuvo que huir, con el bebé y otro niño en brazos.

Como es bien sabido, el problema lo ocasionó la ahora extinta Secretaría de la Reforma Agraria (SRA), al desconocer los acuerdos comunitarios existentes sobre los límites territoriales y repartir tierras conforme a una línea arbitraria que condujo a un conflicto agrario entre pueblos hermanos que otrora vivieron en perfecta armonía. Al mismo tiempo, el grupo armado es producto directo de la política de paramilitarización y contrainsurgencia plasmada en el Plan de Campaña Chiapas 1994, elaborado como respuesta al levantamiento zapatista, y que resultó en la Masacre de Acteal en 1997.

(Ve Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? para una explicación detallada de los orígenes del conflicto y la responsabilidad de los gobiernos local, estatal y federal.)

Los observadores advierten que las condiciones actuales son muy similares a las existentes previo a la masacre de Acteal, que este 22 de diciembre cumple 20 años de impunidad, y cuya señal de continuidad más visible es este desplazamiento forzado de 6 mil personas, la mayoría mujeres y niños.

Escucha los audios de la conferencia de prensa aquí:

Ve también:

Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada? – Artículo de RZ analizando el conflicto.

Negligencia del Estado mexicano ante desplazamiento forzado – Pronunciamiento leído durante la conferencia de prensa.

Grave riesgo y crisis humanitaria en Chalchihuitán, Chiapas – Comunicado de la Campaña Popular contra la Violencia hacia las Mujeres y el Feminicidio en Chiapas

Grupos armados operan con aquiescencia del Estado mexicano en Los Altos de Chiapas – Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas

Programa de radio de “Frecuencia Mutante”, 9 de diciembre:

Parroquias de Chenalhó y Chalchihuitán realizan misa y peregrinación – Nota, fotos y audio

“Esta ley es un riesgo porque perpetúa un modelo de seguridad que es fallido,  regulariza las tareas de seguridad pública de un ejército que debiera intervenir de manera excepcional, por eso se convierte en un estado de excepción permanente porque las Fuerzas Armadas pueden intervenir con este marco jurídico prácticamente subordinando al poder civil, subordinando a las policías, dándole amplios poderes al Presidente de la República para hacer una declaratoria, eufemísticamente denominada como declaratoria de riesgo a la seguridad interior, que es en realidad un estado de excepción que justifica la participación de las Fuerzas Armadas” (Intervención en Conversatorio)

A finales de noviembre la Cámara de Diputados daba luz verde a  la denominada Ley de Seguridad Interior. Ante su posible aprobación (hoy) en el Senado de la República, organizaciones de derechos humanos y sociedad civil se han manifestado y advertido de las gravísimas consecuencias en caso de ratificación.

El pasado 9 de diciembre tuvo lugar en la plaza de la resistencia de San Cristóbal de las Casas un conversatorio sobre el tema. Ahí se señaló, entre otros puntos importantes, la ambigüedad en la definición de “seguridad interior” y la amplitud de acciones que pudieran considerarse como amenazas.

Asimismo, se mencionó que este “nuevo” paso en materia de seguridad lo que pretende es “regular lo excepcional”, es decir, crear un marco normativo a modo para proteger al gobierno, instituciones y su proyecto neoliberal en un país marcado por la violencia de Estado y ante una coyuntura electoral. Con ello y a partir de definiciones interesadas se facultaría –legalmente- a las Fuerzas Armadas de México a realizar labores que hasta ahora debieran ser exclusivas de organismos de seguridad pública (tales como detenciones o investigación).  Además sin observancia a estándares de derechos humanos y sin contar con mecanismos independientes de rendición de cuentas.

A continuación el audio completo del conversatorio (vía komanilel.org)

Para mayor información sobre la Ley de Seguridad Interior puede consultarse también:

https://frayba.org.mx/la-ley-de-seguridad-interior-contraviene-la-constitucion-y-da-continuidad-a-una-politica-de-seguridad-fallida-llamamos-al-senado-de-la-republica-a-no-aprobar-la-ley-de-seguridad-interior/

https://frayba.org.mx/ley-de-seguridad-interior-fortaleceria-logica-de-guerra-y-violencia/

http://centroprodh.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=2468:2017-10-25-18-21-51&catid=209:front-rokstories&lang=es

https://www.seguridadsinguerra.org/#block-7149

El pasado 7 de Diciembre, como respuesta frente a la grave situación de desplazamiento masivo que se vive en los municipios de Chenalhó y Chalchihuitán (Ver “Chalchihuitán y Chenalhó: ¿Una masacre anunciada?”), las parroquias de San Pedro Chenalhó y San Pablo Chalchihuitán realizaron misas para pedir la reconciliación entre sus pueblos hermanos, y así “terminar con el sufrimiento de los desplazados”. La parroquia de Chenalhó inició su peregrinación con una oración en Campo del Toro para más tarde acercarse a Las Limas, comunidad ubicada en el camino hacia Chalchihuitán.

“Según los ancianos, antes de 1973, cuando empezó este problema, los pueblos de Chenalhó y Chalchihuitán eran como hermanos. Sus santos patronos los apóstoles Pedro y Pablo se visitaban el día de su fiesta el  28 y 29 de Julio, y pableros y pedranos hacían fiestas juntos por varios días. Vamos a pedirles a los patronos Pedro y Pablo que nuestros pueblos vuelvan a ser hermanos” Extracto del comunicado de la parroquia San Pedro Apóstol, Chenalhó.

Escucha el comunicado completo de la parroquia de San Pedro Apóstol, Chenalhó:

Comunicado completo (texto) en komanilel.org

Para mayor información puede ver los videos tomados por el padre Marcelo Pérez Pérez, Párroco de Simojovel – 24 nov 2017-en los links siguientes:

Campamentos de desplazados Chalchihuitan, Chiapas 1/5 – CML

Campamentos de desplazados Chalchihuitan, Chiapas 2/5 – CML

Campamentos de desplazados Chalchihuitan, Chiapas 3/5 – CML

Campamentos de desplazados de Chalchihuitán 4/5 – CML

Campamentos de desplazados de Chalchihuitán 5/5 – CML

Foto: Frayba

“Estamos sufriendo mucho. Se quemó mi frijol y mi maíz, se quemó mi casa, ahí se quedó mi marranito, mis pollos. Ahora ya no tengo nada. Estamos sufriendo con mis hijos, estamos sufriendo mucho, estamos sufriendo de hambre.”

Estas son algunas de las palabras de una mujer tsotsil entrevistada por el padre Marcelo Pérez Pérez, párroco de Simojovel, Chiapas, a finales de noviembre. Ella tiene dos hijos pequeños y ahora no tiene casa, duermen en la montaña, donde en la noche la temperatura baja a veces a menos de cero grados. No tienen cobijas, no tienen alimentos. Perdieron todo, no saben qué hacer y viven con el miedo constante por los disparos de armas de alto calibre que se escuchan todos los días y todas las noches.

Como ella, casi 6 mil indígenas tsotsiles (5023 de Chalchihuitán y 950 de Chenalhó) sobreviven en las montañas de Los Altos de Chiapas en condiciones de extrema precariedad. Entre ellos, miles de niños y 114 mujeres embarazadas, algunas a punto de parir.

Todos ellos fueron expulsados de sus tierras por un grupo armado que, según denuncias de los propios desplazados y diversas organizaciones, cuenta con el apoyo y está al servicio de Rosa Pérez, la presidenta municipal de Chenalhó por el Partido Verde Ecologista (PVEM), impuesta por la fuerza hace tres años tras lo que sus opositores aseguran que fue un fraude electoral.

La violencia y el desplazamiento forzado tienen que ver con un conflicto agrario creado por el gobierno federal hace 45 años, pero que se detona en tiempos recientes por la muerte de Samuel Pérez Luna, campesino de Chalchihuitán, asesinado con ocho balazos por el grupo armado de Chenalhó mientras trabajaba una de sus parcelas el 18 de octubre de este año. Semanas después, entre el 12 y 13 de noviembre, el grupo armado sitia a Chalchihuitán, cierra todas las entradas, corta con maquinaria pesada la carretera que da acceso a la cabecera municipal, quema casas y milpas, amenaza a la población de asesinarla, la aterroriza con disparos de armas largas y provoca el desplazamiento forzado de miles de indígenas que vivían en la zona limítrofe entre ambos municipios.

Hoy, a mes y medio del inicio del desplazamiento forzado, y pesar de los llamados de la población y de organizaciones nacionales e internacionales, el gobierno finge actuar y no hace nada por solucionar las causas fundamentales del conflicto, de las que él mismo es responsable.

Raíces del conflicto agrario – Responsabilidad del gobierno federal

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Desde mayo de 2017 los pobladores de Cohuirimpo, Sonora, advirtieron excavaciones con la intención de construir una laguna de oxidación, que afectaría gravemente su territorio, en violación tanto de la legislación mexicana como el Convenio 169 de la OIT y otros acuerdos internacionales. A pesar de los diálogos con Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y otras dependencias públicas, los intentos de despojo continúan.

A continuación, la denuncia del Gobierno Indígena de Cohuirimpo (Fuente: CNI).

(Ve también: El pueblo de Cohuirimpo denuncia intimidaciones del CDI.)

El Recodo, Pueblo  de Cohuirimpo, Río Mayo, Sonora a 28 de noviembre de 2017.

MANIFIESTO

NO A LA LAGUNA DE OXIDACIÓN EN EL TERRITORIO YOREME MAYO DE COHUIRIMPO, SONORA

A finales del mes de mayo de este año los pobladores advirtieron excavaciones en el camino que une a las comunidades de Nachuquis y la Punta de la Laguna, no hubo anuncios, ni información por vía alguna, hasta que miembros del gobierno Tradicional, acompañados de un grupo de habitantes de la segunda comunidad ya mencionada, interrogaron a los encargados de las excavaciones, conociendo así, que se trataba de la introducción del drenaje. En ese momento, la obra se detuvo, solo para continuar 3 meses después, -en septiembre- ésta vez trazando la construcción de la laguna de oxidación en un predio de uso común de pastoreo perteneciente al territorio de Cohuirimpo y situado en las cercanías de la comunidad de Rancho Camargo, congregación integrante del citado Pueblo ancestral.

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