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La Zarzamora

Niños mapuche hospitalizados tras ser baleados por desconocidos en Collipulli

La Comunidad Autónoma Huañaco Millao de Ercilla, mediante un comunicado público denuncia que durante la tarde del día miércoles 18 de Noviembre, dos niños de 14 y 15 años de edad fueron víctimas de un ataque armado perpetrado por desconocidos, dejándolos en estado grave, ambos conectados a ventilador mecánico.

Los hechos indicados como violencia racista se enmarcan dentro de un contexto de recuperación territorial del cual dicha comunidad y los jóvenes formaban parte.

A continuación compartimos el comunicado de la Comunidad Huañaco Millao, donde dan a conocer públicamente la compleja situación que enfrentan en estos duros momentos.

Pu peñi, pu lamngen

Queremos dar a conocer un hecho muy grave que sucedió el día de ayer Miércoles  18 de noviembre aňo en curso en la ciudad de Collipulli.

Alrededor de las 19:00 horas 2  integrantes de nuestra comunidad fueron emboscados  y baleados por un grupo de desconocidos en Collipulli sin provocación alguna. Ambos menores de edad (14 -15) Producto de lo sucedido hoy se encuentran hospitalizado en hospital de Angol muy grave conectados a ventilador mecánico ambos peñi.  La situación esta complicada.

Nuestra comunidad repudia tajantemente estos hechos de violencia racista y acción cobarde de parte de estos sujetos. Ambos peñi se encuentran gravemente heridos  y antes cualquier hecho que pueda  suceder con ellos debido a su gravedad estaremos informando.

Mencionar también que la comunidad lleva un proceso de recuperación territorial donde también ellos participan activamente.

La comunidad se encuentra muy afectada por lo sucedido y desde ya haremos lo posible en aclarar este lamentable hecho y dar con los responsables de estos dos peñi jóvenes que lamentablemente están entre la vida y la muerte.

Esperando que chawgenechen les de el newen que necesitan para salir de esto.

No queremos más peňi asesinado.

COMUNIDAD AUTONOMA HUAŇACO MILLAO, ERCILLA.

En horas de la tarde la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche extendió tambien un comunicado ante los hechos, evidenciando además que ambos menores son los mismos que el año 2017 habian sido hostigados por fuerzas policiales, siendo desnudados y amenazados mientras caminaban por su territorio siendo aún pequeños.

Los nuevos ataques suceden mientras tanto ellos, comos sus familiares y comunidad se encuentran en espera de la preparación del juicio oral.

A continuación compartimos integro el comunicado de la red por la defensa de la infancia mapuche.

Contra el racismo, máxima solidaridad

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Avispa Midia

Perú: tras intensas movilizaciones y brutal represión, renuncia gobierno de facto

Por Ángel Huerta

Después de que el pasado 20 de noviembre el Congreso peruano impusiera a Manuel Merino como Presidente, miles de personas salieron a las calles en todo el país.

La indignación, el enojo y la incertidumbre ante una clase política sin representación popular y una pandemia que ha golpeado duramente al país sudamericano (pese a las duras restricciones impuestas por el gobierno de Martin Vizcarra), provocaron el hartazgo de  miles, quienes colmaron calles, avenidas y plazas durante los días posteriores a la imposición de lo que han llamado un golpe de Estado.

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Frente a esta situación, el nuevo gobierno no dudo en reprimir a los miles de manifestantes mediante el exceso de violencia por parte de la Policía Nacional del Perú.

Ante las protestas, balas como respuesta

Foto de Juan Zapata/Wayka.pe

Durante la marcha nacional, realizada el 14 de Noviembre en contra de la imposición de Manuel Merino y la mayoría del Congreso, la brutal represión policíaca resultó en el asesinato de Jack Bryan Pintado Sánchez, de 22 años, y Jordan Inti Sotelo Camargo, de 24 años, debido a múltiples y graves lesiones ocasionadas por proyectiles de armas de fuego utilizadas por la policía.

Según reporta el Ministerio de Salud del Perú a través del Centro de Operaciones de Emergencia Salud, “un total de 107 ciudadanos fueron atendidos por distintos tipos de lesiones producidas durante la movilización social. De ellos, 73 han sido dados de alta y 34 aún se encuentran hospitalizados”.

Por otro lado, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que hay personas desaparecidas y por ello lanzó una campaña para que la ciudadanía pueda reportar si sus familiares o conocidos no han regresado de las movilizaciones. En una lista actualizada en tiempo real La CNDH  informó al cierre de esta edición que no se ubicaban a cuatro personas de una lista de más de 60. Además, el organismo informó que “se ha tomado conocimiento de la agresión sexual a dos jóvenes mujeres detenidas en una imprenta la noche del 14 de noviembre. Las jóvenes denunciaron haber sido agredidas sexualmente, hecho que debe ser investigado en forma exhaustiva. Conocemos que han existido detenciones ilegales, arbitrarias por parte de la policía”.

Ante estas graves acusaciones, organizaciones de Derechos Humanos formalizaron una denuncia penal ante el Ministerio Público y dirigido a la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos contra Manuel Merino; el primer ministro del Gobierno de transición, Ántero Flores-Aráoz; el exministro de facto, Gastón Rodríguez; el General Jorge Luis Cayas Medina, Jefe de Región Policial Lima, y contra Orlando Velasco Mujica, Director General de la Policía Nacional, y contra todos los que resulten responsables por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y lesiones graves perpetrados contra los manifestantes.

El documento también menciona que Manuel Merino, antes de tomar juramento a los nueve ministros el 11 de noviembre, llamó por teléfono al ex ministro del interior Cesar Gentile, solicitando que endureciera la represión y sofocara las protestas.

Entre los afectados se señala en el documento a Jack Brian Pintado Sanchez, Jordan Inti Sotelo Camargo (fallecidos) y Luis Alejandro Aguilar Rodríguez (26) Percy Pérez Shaquiama (26), Rubén Guevara (27). También mencionan a Alonso Balbuena Bellantin, Ernesto Benavides Raez,Rene Jenrry Ccaqui Crisostomo, José Manuel Romero Rivas, José Miguel Hidalgo Rodríguez. Roberto Muñoz Torres, Alonso Vhro Ucea, Alfonso Balbuena Bellatín y otros aún por identificar.

Golpe de Estado

Foto de Juan Zapata/Wayka.pe

En entrevista para Avispa Midia, la periodista Roxana Loarte de Wayka.pe comenta: “Este golpe de Estado ha sido promovido por varias bancadas de partidos que tiene intereses no solo políticos sino económicos, en relación a leyes que están por aprobarse, a acopamientos de instituciones del Estado como el Tribunal Constitucional,  en síntesis este ha sido una contienda entre dos poderes del Estado, el  ejecutivo y el legislativo, es una contienda dentro de los grupos de la derecha. Martín  Vizcarra que ha sido presidente vacado se le está investigando, también tiene investigaciones en la Fiscalía por corrupción en gestiones anteriores que él ha ocupado en un gobierno regional que tuvo anteriormente”.

“En el parlamento existe más de 60 congresistas, 68 exactamente, que tienen investigaciones en la fiscalía abiertas por casos no solo de corrupción sino también por otros hechos. Entonces la ciudadanía se indigna frente este panorama no solo de corrupción sino de estabilidad de incertidumbre y prácticamente en una crisis de institucionalidad  y de una democracia debilitada, también se suma las repercusiones de la pandemia”, señala Loarte.

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Este domingo 15 de noviembre, Merino renunció a la Presidencia de la República y también dimitieron todos los miembros de la Mesa Directiva del Congreso. Ahora, una mayoría del pleno del Congreso debe elegir a una nueva entre las listas que presenten los partidos. La Junta de Portavoces del Congreso convocó a una sesión del Pleno para el mismo domingo a las cuatro de la tarde.

Después de varias horas de sesión, con miles de ciudadanos en las calles, los diputados votaron sobre una lista única propuesta para conformar la nueva Mesa Directiva, que estaba encabezada por la diputada Rocío Silva Santisteban, congresista feminista que no voto por la vacancia de Martin Vizcarra. Sin embargo, no logró sumar los 60 votos necesarios para ser aprobada, por lo que los grupos parlamentarios reanudaron las negociaciones en busca de una nueva fórmula.

La o el titular de esta nueva Mesa Directiva asumiría automáticamente las funciones de la Presidencia de la República. El nuevo mandatario o mandataria asumiría la presidencia hasta julio de 2021, que es cuando deberá traspasar el poder a la persona que los peruanos elijan en las elecciones presidenciales convocadas para abril de ese año. Aunado a ello, este lunes 16 de noviembre aún se decidirá si fue o no constitucional la remoción de Martin Vizcarra.

Mientras tanto, Perú se encuentra en una de sus más fuertes crisis políticas y sociales, en un contexto de pandemia, con miles de muertos y frente a una crisis económica, el Congreso en su mayoría integrado por políticos de derecha, se niegan a soltar sus privilegios, con lo cual los más afectados en esta situación son las personas más vulnerables.

Con un sistema de salud a punto del colapso, las y los peruanos se enfrentan a un panorama desolador, aunque la victoria de haber expulsado el gobierno de facto ha llenado las calles de esperanza, sin duda las próximas elecciones del 2021 reflejarán este aprendizaje ante una clase política indolente y sorda.

Fotos por Juan Zapata de Wayka.pe

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El Turbión

La paradoja sueca antidrogas en Colombia

Por: Andrés Gómez – noviembre 12 de 2020

Las mujeres del pueblo Awá, originarias del pacífico amazónico colombiano, han vivido los rigores del conflicto armado y temen por el nuevo rumbo del gobierno: retomar la guerra contra las drogas, es decir militarización y la fumigación con glifosato, un veneno muy nocivo para el delicado ecosistema amazónico y para su salud.

Esta realidad está conectada a Suecia en dos vías: primero, respalda la lucha contra las drogas y la criminalización de toda la cadena productiva; y segundo, porque al mismo tiempo apoya el proceso de paz colombiano, lo que implica atacar el problema desde la judicialización a traficantes y aplicando programas de prevención de consumo y sustitución voluntaria de cultivos.

La paradoja sueca de apoyar la guerra y la paz en el país hoy se hace relevante. El premio a los defensores de derechos humanos, organizado por la Embajada de Suecia en Colombia y la Iglesia Sueca y Diakonia, ha nominado a varias personas líderes, entre ellas Claudia Jimena Paí, líder del pueblo Awá y quien nos habla de los nuevos conflictos que ha traído la guerra contra las drogas.

La coca en territorio

Claudia Jimena Pai, líder del pueblo Awá que tiene la investidura de Consejera de Mujer y Familia en la organización UNIPA, que representa a más de 20 mil indígenas Awá en Colombia, y recuerda que cuando era niña, antes de finales de la década de 1990, podía caminar tranquila en la selva:

Mi abuelo siempre [me mostró] los linderos (…) cazaban ratón de monte, miraba cómo estaban los animales (…) y yo iba contenta con mi canasto mientras él revisaba la trampa.

A finales del siglo, indica que las cosas cambiaron:

(…) antes usted podía ir caminando y metiendo la cabeza en cualquier riachuelo,  pero desde el año 1999 que llegó la tala de árboles, [y] en el 2.000 los cultivos de uso ilícito, empezaron las afectaciones.

Terminando el año 2.000, miles de personas del vecino departamento del Putumayo huían de la guerra contra las drogas que se materializaba en fumigaciones, bombardeos y militarización. Muchas personas encontraron refugio en el pacífico nariñense, y a pesar de ser una zona con un déficit en recursos básicos, decidieron asentarse y tomaron tierras para cultivar coca. Además, la guerrilla de las FARC-EP convirtió la zona en una retaguardia estratégica y empezó a intervenir la economía de esta droga a través de impuestos y normas de control social.

Para 2.001 el cultivo se expandió,  no solamente por los que huían de la guerra, sino por la necesidad de suplir recursos básicos, Martha García, la Consejera de Administración y Finanzas de la UNIPA lo recordó así:

Por una arroba de maíz [no pagan] más de $ 2, si usted saca a vender un racimo de plátano grande : $1.8, $ 2, la gallina, se levanta, se saca a vender al pueblo pero no le dan todo lo que le toco a usted para criar, si le dan $ 4 [o]  $ 5 [y] eso no es suficiente(…) al llegar el cultivo ilícito al territorio, la gente lo que miraba era que tenía un poquito más , de plata, porque lo que sembraba en el campo no les daba, es decir no faltaba la comida pero a veces querían comprar otras cosas, como ropa (…)

Cambio sociales en la comunidad

Los cambios sociales creados por el cultivo de coca y la guerra han hecho que la violencia contra las mujeres aumente. La violencia sexual se convirtió en un grave problema, las mujeres awa empezaron a alertar a las niñas sobre la presencia del Ejército Nacional y las FARC-EP, algo que Dalia Bolaños, mujer awa de 21 años que trabaja con la Consejería de Mujer y Familia recuerda: “mi abuelo, mi mamá, mis tíos, tías, [nos decían] que no nos debíamos acercar a ellos [ejército o guerrillas] porque ellos eran mala gente, incluso nos decían que nos podían violar”.

La vida se volvió peligrosa. Dalia recuerda que cuando niña no solo temía de todos los que tuvieran armas, también temía de la aviación colombiana:

mire que pasaban avionetas [y siempre nos decían] que nos metiéramos a la casa por lo que decían que eso era peligroso, que de pronto tiren una bomba, siempre era uno prevenido, o cuando iba uno caminando y salía de repente una avioneta o un helicóptero siempre nos quedábamos quieticos en el árbol.

La militarización por parte del ejército resultó en combates con las FARC-EP, minas antipersonales, confinamiento, asesinatos y masacres. Pero, una de las estrategias militares del Estado colombiano que más ha afectado a las mujeres han sido las fumigaciones con glifosato. Claudia lo recuerda como un tiempo en el que desaparecieron alimentos y plantas medicinales:

En 2004 [y] comienzos del 2005 [comenzaron] a fumigar y  fue bastante duro porque habían enfermedades de piel como dermatitis y [las]compañeras en embarazo [tuvieron] hijos con deformidades; algunas plantas tradicionales también desaparecieron, [y]productos del pan coger como  plátano,  chile,  maíz que es muy sensible para estos químicos, muchas frutas; también los pescados y todo el ecosistema [se afectó], la biodiversidad, los ríos, quebradas, los sitios sagrados (…), cuando vinieron las fumigaciones, con el señor Álvaro Uribe con el Plan Colombia, nos perjudicó mucho el buen vivir, y la convivencia con  la naturaleza

Dalia, una niña en ese tiempo, recuerda que esos años fueron de hambruna, enfermedad, muerte y desplazamiento:

(…) había mucha escasez, no teníamos qué comer, mi familia decía: nos toca salir hacía la costa para poder sobrevivir y buscar alimentos (…)  en esa época murieron las plantas que tenían sembrado maíz, entonces nos vimos muy afectados y las enfermedades, yo no sabía por qué nos enfermábamos y la desnutrición, en esa época murieron muchos niños, algunas familias salieron y se fueron a vivir a otro lado, eso fue lo  más duro para mí.

Pero el narcotráfico y la guerra no solo ha afectado a las mujeres awa por la destrucción ambiental, los daños a su soberanía alimentaria y la violencia sexual, ocasionada especialmente por las Fuerzas Militares. Los hombres Awa también han cambiado, como lo recuerda Claudia:

A los hombre ahora les importa la plata, el que más bebe, el que más tiene mujeres, ha influido el narcotráfico, la mafia, que nuestros jóvenes también se estén suicidando por problemas de reclutamiento, por problemas de pareja, el consumo de sustancias psicoactivas, el alcoholismo, el que piensen que el ser hombres es tener muchas cervezas o el pegar, entonces esto [nos] ha afectado mucho.

Marta García, la Consejera de Administración y Finanzas, también recuerda con tristeza los cambios

Los hombres cambiaron, algunos dejaron a sus mujeres porque tenían plata, iban al pueblo y miraban mujeres y se fueron, independientemente de los hijos que tengan, incluso algunos sacaron [a sus parejas] de donde habían vivido y llevaban a la otra mujer, cosa que esa mujer se quedaba volando sin saber a dónde ir, le tocó ir con sus hijos por allá a trabajar, , los hombres  se desordenaron, no todos, pero si en su mayoría, incluso [hubo] enfermedades de transmisión sexual porque algunos hombres [iban a] prostíbulos  y después vinieron a estar con sus mujeres.

Sustitución voluntaria

Claudia Pai, quien considera que se debe optar por otras alternativas a la militar y en la que se incluya la “consulta previa con pueblos indígenas”, tal como lo exige el Convenio  Número  169  de  la  OIT.

Para Marta García, de volver a la fumigación se repetiría la historia, el pueblo Awá enfermaría, no tendría comida, y las personas con ahorros los gastaban en alimentos que antes producían. Cree, que la guerra contra las drogas no es una solución y pone como ejemplo el proceso de paz:

Yo diría que la mejor solución sería [el] diálogo, porque cuando estuvo el presidente Santos, hubo unos acuerdos que llegaron y yo digo que dialogando se pueden solucionar las cosas

Su posición va acorde a lo pactado en el acuerdo de paz entre las FARC-EP y el Estado Colombiano con la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS).

En 2020, según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC), entidad que supervisa la efectividad del PNIS, “casi 100.000 familias vinculadas en 56 municipios de 14 departamentos erradicaron 40.506 hectáreas, un nivel de cumplimiento de 95%. Además, el nivel de resiembra solo alcanzó 0.4%”. Demostrándose que son las estrategias de sustitución las que logran un cambio, ya que nunca la fumigación había conseguido dicha reducción.

Sin embargo, a pesar del éxito del PNIS, este programa fue suspendido y el Estado colombiano en febrero de 2020 detuvo el funcionamiento de UNDOC. Así, el diálogo y la sustitución no parecen ser la ruta que ha escogido el gobierno de Duque.

Enfrentando el exterminio

Aunque el PNIS constituye una política de avanzada, el pueblo Awá no había hecho parte del Programa porque no hubo proceso de consulta previa y las disidencias de las antiguas FARC-EP ejercen presión para que las comunidades no lo acepten.  Sin duda la situación del pueblo originario es dramática, y la guerra contra las drogas solo la agrava: como lo reconoció en 2011 la Corte Constitucional al declarar que el Pueblo Awá “se encuentra en peligro de exterminio físico y cultural”.

Claudia Paí, indica que para que no se consume el genocidio contra su pueblo, su identidad como mujer awa ofrece formar de pervivir y crear:

Lo que podemos dar [las mujeres awa] al mundo es decirles que estamos en defensa de nuestros derechos pero también de la madre naturaleza que ya se está quejando y ella sabe y tiene su momento y que si no miramos a nuestra naturaleza, van a llegar  momentos muy duros y afectaciones [como] el cambio climático, como mujeres tenemos que aportarle a la parte ambiental en defensa de nuestro Katsa su, nuestro territorio y la naturaleza.

La pregunta para Suecia es: va a apoyar la vía del presidente de Colombia Iván Duque, con el respaldo del gobierno estadounidense, con la militarización y la fumigación, o  cuestionará la efectividad de esa estrategia que ha demostrado ser ineficaz.

Siendo un país que aboga por el dialogo y con una agenda feminista, debería considerar la opinión de Dalia, Marta y Claudia y la experiencia de Colombia con el PNIS y tener en cuenta que la reducción de producción de coca es posible, siempre y cuando se cuente con la experiencia y participación de las comunidades, especialmente de los pueblos originarios.

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Radio 8 de Octubre Comunicación y Rebeldía

COSTA RICA: En una semana, tres casos judiciales contra comunicadorxs independientes y el derecho a la comunicación

Durante esta segunda semana del mes de noviembre del 2020, tres comunicadorxs independientes y el director del Canal Universitario fueron llevados a juicio por ejercer su derecho a la comunicación: un derecho fundamental en cualquier tipo de democracia

Estamos en Costa Rica, una de las fincas del istmo centroamericano que ha sido mercadeada como el “paraíso” verde de paz y democracia, construida sobre falsedades y negaciones históricas: esta imagen es la que suelen tener lxs extranjerxs que no confunden Costa Rica con Puerto Rico. Esa imagen también es la que suele tener una buena parte de las personas que habitan en este pedacito de tierra, independientemente de las -muy marcadas- clases sociales a la que pertenezcan y que se separan cada vez más.

Y es que ya casi son 200 años de que esta imagen idílica se construye como una verdad en la mente de todxs lxs niñxs y adolescentes que cursamos la educación formal en este territorio, y a la que seguiremos expuestxs el resto de nuestras vidas cada vez que le echemos un vistazo a las noticias de los medios de paga de los grandes empresarios y a los medios de paga de políticos que difunden en sus notas disfrazadas de oposición… O a la vorágine de ¿información? instantánea que circula por redes sociales, que se presentan -falsamente-como democráticas también.

Pero quizás, usted vea y/o viva la otra Costa Rica. Si logra sortear toda esa exposición de imágenes, mitos y supuestas verdades que se imponen en la educación formal comprendiendo que aquello fue un adoctrinamiento civilizatorio –colonial y capitalista, válganos la redundancia-, y que sirvió para mantener estáticos a los pueblos… Esperando -ó esperanzadx-… Siempre rezando para que los políticos procuren una vida mejor para la sociedad después de las elecciones, como dicen los libros de Estudios Sociales y Cívica de primaria, que es lo que supuestamente ocurre después de salir a votar cada 4 años.

Con ese mito de identidad nacional, blanca, culta y casi europea, basada en el exterminio cultural de nuestros pueblos originarios, el despojo de tierras al campesinado, y la negación de la desigualdad social es que los herederos de la colonia se han sostenido en el poder durante varias décadas.

La realidad en la que nos encontramos ni siquiera respeta sus propias falacias de democracia liberal, que venden en discursos y campañas, con la que se jesusea más de unx en este país.

Durante esta segunda semana del mes de noviembre del 2020, tres comunicadorxs independientes y el director del Canal Universitario fueron llevados a juicio por ejercer su derecho a la comunicación: un derecho fundamental en cualquier tipo de democracia formal institucionalizada, o institucionalizante, y también en cualquier otro tipo de democracia, entendidas como procesos continuos e inacabables, igual que la revolución.

Audiencia contra Stella Chinchilla

La primera en acudir al citatorio del Poder Judicial fue Stella Chinchilla, una reconocida comunicadora independiente que acumula bastantes años de darle cobertura a las manifestaciones populares y acciones callejeras, que tiene diversos canales de comunicación, y que forma parte de la Comisión de Derechos Humanos de la organización Centro de Amigos para la Paz.

Ella fue detenida el 29 de octubre del 2020 cuando se encontraba transmitiendo en vivo el inicio de un mitin que se iba a realizar en una carretera nacional, en el marco de las protestas contra el acuerdo del gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En ese momento, llegaron decenas de policías a interceptar a lxs manifestantes para identificarles y generar listas con números de identificación y nombres, en un Estado que cada vez más, se acerca a un Estado policial, todo esto por orden de alto mando, bajo falsos supuestos, que más tarde quedarían en evidencia.

El resultado de la intervención de la policía fueron tres personas detenidas, una de ellas fue Stella Chinchilla, mientras transmitía. Las tres personas fueron liberadas, dos de ellas con un parte policial; mientras que a Chinchilla se le abrió un caso por flagrancia, y se le citó para el pasado martes 10 de noviembre del 2020, en los Tribunales del cantón central de la provincia de Cartago.

A Stella Chinchilla se le acusó de resistencia al arresto y obstrucción de la labor policial, agrediendo y pateando a oficiales de la Fuerza Pública. Aunque en un primer momento, se le acusó de otros delitos.

En esa audiencia, todos los cargos contra Chinchilla fueron desestimados por no contar con evidencias que respaldara las supuestas agresiones que había cometido la comunicadora contra los policía, que reflejan una peligrosa tendencia de la policía a mentir y montar falsos casos, para reprimir y criminalizar como sucede, por ejemplo, en Chile con los Carabineros.

Stella Chinchilla, comunicadora independiente. Foto: Stella Chinchilla– Bitácora de movimientos sociales de Costa Rica

Es importante mencionar, que días antes de que se le detuviera, Chinchilla registró y difundió ampliamente la presencia de policías infiltrados en las acciones callejeras contra el acuerdo con el FMI; horas antes de ese registro, también logró capturar con su cámara actitudes sospechosas entre unos policías y un fotógrafo de uno de los principales medios corporativos y formadores de opinión pública del país, en las que todo parecía indicar que este fotógrafo les facilitaba imágenes de lxs manifestantes para identificar personas claves, lo que nuevamente refleja una peligrosa alianza entre el poder y medios corporativos para criminalizar la protesta.

Cuestionado político demanda por difamación y delitos contra el honor a estudiante, al director del canal de televisión universitario y a la universidad pública que tutela ese canal

El pasado 26 de febrero del 2020, la producción del espacio Suave Un Toque recibió la notificación de demanda por difamación y delitos contra el honor en contra de Claudia Campos, estudiante de Derecho y una de las expresentadoras del programa. programa. La demanda fue interpuesta por Juan Diego Castro, exministro de Seguridad, ex ministro de Justicia y excandidato presidencial para las elecciones presidenciales del 2018, y cuestionadísimo político tradicional de larga data.

La demanda ocurre después de que, en el año 2017, el espacio dedicara una parte de un episodio a evidenciar los múltiples hechos cuestionables en los que ha incurrido este nefasto personaje de la política nacional y que han sido divulgados en medios comerciales: no sólo en su desempeño como funcionario público, sino también en hechos de su vida personal, que ponían en evidencia la megalomanía de este personaje político.

Claudia Campos, expresentadora de Suave Un Toque durante el episodio por el cual Juan Diego Castro (en el recuadro) demandó al espacio. Foto: Suave Un Toque

Este espacio de comunicación independiente utiliza la sátira y la comedia como recursos para difundir sus contenidos, y en el año 2017, era transmitido por Canal UCR, el canal de televisión de la Universidad Costa Rica –una de las principales universidades públicas del país.

Por esa razón, este político también incluyó en su demanda al Director del canal, Marlon Mora, y a la Universidad de Costa Rica.

En días recientes, Claudia denunció que dos personas sin identificarse andaban repartiendo volantes por su comunidad, difamándola a ella y a su abogado, en una clara acción de intimidación.

El juicio inició el pasado 11 de noviembre del 2020, y se extendería hasta el 13 de noviembre del 2020 en los Tribunales de Goicoechea, en la provincia de San José.

Sin embargo, el día 12 de noviembre, Juan Diego Castro, quién es abogado y en medio del juicio decidió retirar a sus representantes legales para defenderse él mismo, provocó un alboroto y profirió una serie de insultos y argumentaciones contra el abogado defensor de la joven demandada, desnudando una rencilla personal que tenía con este.

El espectáculo de este político –recordado por su autoritarismo y matonismo- concluyó con el grito: “(…) no le pego un tiro porque yo creo en Dios, pendejo” contra el abogado defensor, y con un supuesto “subidón de azúcar”.
El juicio fue suspendido y se reanudará el próximo lunes 16 de noviembre del 2020.

Comunicador de medio independiente de Cañas acusado de atentado y obstrucción de la vía pública

El pasado 8 de octubre del 2020, en medio de los bloqueos y protestas contra el acuerdo con el FMI, la comunidad de Cañas, en Guanacaste, al norte de este territorio, vivió uno de los episodios más represivos que se vivieron durante esas semanas de protesta permanente.

La represión contra la comunidad ocurrió en un momento que las vías no estaban bloqueadas, el principal argumento del Estado para reprimir los cierres de ruta, pues desde el año 2002, los cierres de calle sin autorización, se incluyeron como delito en el Código Penal.

Durante poco más de dos horas, la brutalidad policial se encargó de intoxicar al pueblo con gases lacrimógeno, incluso en zonas donde lo que habían eran barrios dónde las familias estaban dentro de sus casas y no estaban participando de la manifestación: hasta allí llegó le represión, dentro de las casas, donde incluso le facturaron el brazo a una joven dentro de su hogar.

Ese día, 21 personas resultaron detenidas por los antimotines, incluyendo al comunicador independiente Roberto Jara, del medio Cañas Informa TV 24/7 que se encontraba transmitiendo en vivo toda la represión de los cuerpos policiales.

Como un dato importante de señalar es que cuando inició la represión en Cañas, un medio corporativo se encontraba en el sitio transmitiendo en vivo para televisión nacional en horario estelar hasta que, pocos minutos después, la cámara del medio de paga se apagó, y el noticiero pasó a “otras noticias”.

Jara estuvo retenido por 30 horas bajo la falsa acusación de atentado y obstrucción de la vía pública; al dejarlo en libertad, le impusieron varias medidas cautelares.

Foto: Facebook del comunicador

El día 13 de noviembre del 2020, Roberto Jara acudió a los Tribunales de Liberia en Guanacaste para apelar las medidas cautelares que se le han impuesto; según relata Jara, estas medidas son: no acercarse a menos de 500 mts a una manifestación, ni participar de ellas como periodista comunicador.

Y sobre ello queremos destacar, que parte de la medidas cautelares, por parte del sistema judicial, fue no permitir su trabajo de comunicación e información: es decir, en la democracia costarricense, se le prohíbe a un comunicador, comunicar con plena libertad.

Sin embargo, el Tribunal dejó en firme estas medidas por los próximos tres meses, porque «según» el juez, no afectan su condición económica porque le dicen que puede ir a informar a 500 mts de lejanía.

Tiempos represivos, tiempos neoliberales, como cualquier otro territorio de Abya Yala

Es evidente que los cuerpos policiales y la estructura de seguridad del Estado de Costa Rica se están militarizando y especializando de una manera acelerada. No es casualidad, que los cuerpos de seguridad del Estado reciban entrenamiento y “cooperación” de recursos y equipamiento del Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos, así como también se han se han generado alianzas con los cuerpos de seguridad de Colombia, Chile e Israel.

Cuerpos especiales de la Fuerza Pública de Costa Rica representando al país en la competencia de ejercicios militares Fuerzas Comando patrocinado por el Comando Sur en el 2015. La participación de Costa Rica en estas competencias ha sido constante; el año pasado, la competencia se realizó en Chile y Costa Rica también envió su Unidad Especial a la competencia. Foto: The Costa Rica Star

Tampoco es casualidad que en este gobierno “del cambio” se haya creado una oficina de espionaje en total secreto llamada Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), estructura paralela a la ya existente Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), por la que están siendo investigados el Presidente y varios de sus funcionarios, en estos días.

Tampoco es casualidad que en Costa Rica, que paralelo a está avnace represivo, nos enfrentamos a una nueva ola extractvista, dónde no sólo se plantea la pesca de arrastre como una forma de “generación de recursos”, sino que también ya hay varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que pretenden levantar la moratoria a la minería de cielo abierto y la exploración de petróleo.

Tampoco es casualidad la crisis fiscal en la que se encuentra el Estado, muy propia y común en los ciclos de reacomodo capitalista, y que como siempre, los tecnócratas neoliberales plantean acuerdos leoninos con organismos financieros internacionales y/o pasarle la factura al pueblo aumentando el costo de vida por medio de más impuestos, sin tocar a los grandes empresarios y corporaciones.

Tampoco es casualidad que los pueblos originarios sigan negados, y que en este gobierno se asesinaran a dos dirigentes indígenas impunemente, sin que haya nadie detenido ni procesado por estos casos, mientras los finqueros y sus matones siguen libres.

Tampoco es casualidad que se proteja con ferocidad la propiedad privada, y las familias campesinas que han decidido tomar tierras de terratenientes en años recientes, o han sido desalojadxs con violencia policial y con presencia de guardas de seguridad privada, o han sido engañadas por el Estado.

Ante este panorama, el mismo de cualquier geografía en dónde se asienta el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado, la comunicación popular, libre, alternativa o como se nos llame, resultamos vitales para generar procesos de conciencia y organización popular, pero empiezan a callar nuestras voces: Costa Rica no es un paraíso de paz y democracia, es un territorio donde se aplastan las voces disidentes y se reprime a quienes cuestionen esta realidad.

Históricamente ha sido así, basta revisar un poco de historia no oficial. Y por eso, poco se sabe de la “idílica” Costa Rica.

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Grieta para Armar

México: esto sucede cuando se tumba selva en el territorio maya

Robin A. Canul Suarez / Mongabay

Hopelchén, Campeche, destaca por ser uno de los municipios con las más altas tasas de deforestación a nivel nacional. Grandes extensiones de terrenos que hace unos años albergaban parte de la selva maya, ahora son habitadas por cultivos agroindustriales.

Hace tiempo que los apicultores de la región ya alertaban sobre algunas de las consecuencias de la deforestación que avanza en su territorio. Este año, en el que varias tormentas tropicales y huracanes golpearon al sureste de México, quedó en evidencia la vulnerabilidad de un territorio que pierde sus reservas forestales.

Hace ya poco más de diez años, Leidy Pech y sus compañeras mayas ya lo alertaban. En el municipio de Hopelchén, en Campeche, al sur de México, la deforestación avanzaba sin control, grandes extensiones de la Selva Maya se transformaban en inmensos campos de cultivo. La agroindustria, decían, estaba cambiando el rostro de sus comunidades y del monte. Eso que ellas denunciaron hace una década, aún continúa.

Leidy Pech, sus compañeras mayas y alrededor de 16 000 familias de toda la Península de Yucatán, se dedican a la apicultura; actividad que depende de que la selva esté en pie y en buen estado de conservación.

La mayoría de los productores de miel tienen colmenas de la abeja más conocida, la Apis mellifera, pero Leidy Pech y sus compañeras se empeñaron en rescatar las prácticas ancestrales de producción de miel y en conservar a una abeja nativa, que no tiene aguijón y que realiza sus colmenas al interior de troncos huecos. A esa abeja la ciencia la llama Melipona beecheii, para los mayas es la Xunáan Kab, “la dama de la miel”.


Leidy Pech produce miel con abejas nativas que forman sus colmenas en troncos huecos. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Hace poco más de diez años, Leidy Pech y las mujeres mayas de las comunidades del municipio de Hopelchén comenzaron a ver cómo se iban quedando sin pedazos de selva, cómo sus abejas morían por los plaguicidas, cómo al “tirar el monte” se perdían flores endémicas que son el alimento de las cerca de 200 abejas nativas que los científicos han identificado tan solo en la Península de Yucatán y cómo al abrir grandes campos de cultivo también se modificaban los sistemas hidrológicos de la región.

Fue por ello que, junto con otras iniciativas —la Organización Muuch Kambal y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes—, no han cesado en denunciar el avance de la deforestación en la Península de Yucatán, sus consecuencias y la impunidad que ha permitido que se cambie el uso de suelo.

De acuerdo con datos de la plataforma Global Forest Watch, entre 2001 y 2019, tan solo el municipio de Hopelchén perdió 186 000 hectáreas de cobertura arbórea, lo que equivale a una disminución del 20% de lo que se tenía en el 2000.

El doctor Edward Allan Ellis, del Centro de Investigaciones Tropicales de la Universidad Veracruzana y quien ha realizado varios estudios sobre deforestación en la Península de Yucatán, señala que en Hopelchén, la tasa de deforestación es cinco veces más alta que el promedio nacional.


Hopelchén, Campeche. Desmonte y quema de la selva en ‎abril‎ de ‎2016; el lugar es hoy parte del campo menonita Las Flores, donde se siembra soya. Foto: Franz López.

Vulnerables a tormentas y huracanes

En las primeras semanas de noviembre, los medios de comunicación mostraron las imágenes de las inundaciones y destrozos causados por el huracán Eta en lugares como Tabasco y Chiapas, al sureste de México; así como en Guatemala, Nicaragua y Honduras. Territorios donde la selva y los manglares también han perdido terreno.

Meses antes, a principios de junio, en el estado de Campeche llovió como hace años no se recordaba. Durante cinco días se registró la mitad de las lluvias que, en promedio, cae durante un año en la región, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua). No fue un huracán, sino dos tormentas tropicales con vientos de baja intensidad —Amanda y Cristóbal— las que causaron todo un cisma y mostraron la vulnerabilidad de un territorio que pierde su cubierta forestal.

Leidy Pech cuenta cómo la lluvia se estacionó durante cinco días: “El 4 de junio se inundó mi comunidad Ich Ek y casi todas las comunidades de Hopelchén. Vimos cómo el nivel del agua iba creciendo y no paraba. Desde los huracanes Opal y Roxana (que fueron de categoría 4 y se registraron en 1995) no habíamos tenido inundaciones de esta magnitud”.


En el municipio de Hopelchén, 93% de las colmenas sufrieron daños durante las inundaciones. Foto: Robin A. Canul Suarez.

De acuerdo con una evaluación de daños realizada por organizaciones civiles y colectivos de apicultores y campesinos agroecológicos, las tormentas causaron daños a más de 120 comunidades de la Península de Yucatán. En Campeche, donde la producción de miel es una de las principales actividades económicas, se afectaron 93% de las colmenas, 28% de ellas se perdieron. El territorio más golpeado fue el municipio de Hopelchén, donde 22 poblados registraron graves inundaciones y, por lo menos, 3500 familias resultaron afectadas.

Las carreteras se convirtieron en ríos; algo inusual en la Península de Yucatán, un territorio que, por su formación geológica, solo tiene corrientes de agua subterránea. Comunidades como San Juan Bautista Sahcabchén, a 19 kilómetros de la cabecera municipal, quedaron incomunicadas por más de ocho días. En la zona se miraban los cadáveres de animales; también los restos de los cajones de madera que habían funcionado como colmenas.


Durante las inundaciones se miraban los cadáveres de animales flotando en los lagos que se formaron en zonas deforestadas. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Sahcabchén es una comunidad que está rodeada de tierras deforestadas para transformarlas en zonas de cultivo. A su alrededor, por ejemplo, está el campo menonita Santa Fe. La tormenta transformó ese lugar en una gran lago; así se mantuvo por más de tres meses.

Al igual que Sahcabchén, el poblado de Xcalot Akal está rodeado por terrenos deforestadas, tienen como su vecino al campo menonita Santa Rosa. “El agua vino del campo menonita. El agua empezó a subir y apenas y pudimos resguardarnos en los lugares más altos del pueblo”, recuerda Adriana Cauich, quien vive en Xcalot Akal.

Álvaro Mena es integrante de la organización indígena y campesina Ka Kuxtal Much’ Meyaj. Durante los días de la emergencia, él y otros pobladores de Hopelchén recorrieron la región y revisaron imágenes satelitales para documentar los daños. Fue así que identificaron que los lugares donde se deforestó, y que ahora son campos de monocultivos o áreas ganaderas, las inundaciones fueron más intensas. Entre estas áreas sobresalen los campos menonitas de Santa Fe, Nuevo Progreso y Nuevo Durango; así como el Valle de Paal Pool, en la comunidad de Chunchintok.

“Las grandes deforestaciones de la selva y las zonas costeras ha generado un gran impacto en todo el territorio de la Península de Yucatán: contaminación de suelos, de agua, pérdida de biodiversidad… Al no tener ecosistemas sanos, no tenemos las barreras naturales ante los impactos de tormentas y huracanes”, explica la doctora en geografía y maestra en ingeniería ambiental Yameli Aguilar Duarte, del Instituto Nacional de Investigaciones Forenses Agrícolas y Pecuarias (INIFAP).


Campo menonita Santa Fe, Hopelchén, Campeche.Permaneció inundado por más de tres meses. En noviembre aún persistían encharcamientos significativos. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Tumbar selva para la agroindustria

El municipio de Hopelchén —así como toda la Península de Yucatán— alberga parte de la Selva Maya, la cual se extiende desde el sureste de México hasta Belice y el norte de Guatemala y es considerada como el segundo macizo de selva tropical más grande en el continente.

Perder cobertura forestal de la Selva Maya no es algo menor: se reduce el territorio donde habitan especies consideradas en riesgo de extinción como el jaguar o el tapir; se afecta la diversidad de especies —por ejemplo, de polinizadores como las abejas—, se pierden reservas forestales que contribuyen a mitigar el cambio climático.

En Hopelchén, la pérdida de selva tiene una larga historia, pero se ha intensificado en la última década.

Durante casi diez años (1972-1983), México tuvo un Programa Nacional del Desmonte cuyo objetivo era tumbar selva para impulsar la agricultura. Fue también a través de un programa de gobierno —recuerdan los habitantes de Chunchintok— cuando se deforestó el Valle de Paal Pool.


Una de las primeras áreas deforestadas en Hopelchén para la agroindustria fue el Valle de Paal Poll. Foto: Cuauhtémoc Moreno.

Guillermo León, quien vive en Chunchintok, menciona que en la década de los setenta se hizo el cambio de uso de suelo de tierras ejidales —al menos 12 500 hectáreas— para sembrar arroz; “aunque daba la producción, los que la manejaban decían que no les alcanzaba para pagar el crédito”.

Indalecio Canul Uc, de la misma comunidad, comenta que el programa gubernamental que impulsó la transformación del Valle de Paal Pool duró tres años y solo se utilizaron 5000 hectáreas de las más de 12 500 deforestadas. Hoy esos terrenos son utilizados como áreas ganaderas y en cada temporada de lluvias se llenan de agua.

A partir de la década de los años ochenta, nuevas áreas comenzaron a ser deforestadas en la zona. Eso se dio a partir de la llegada de comunidades menonitas —dedicados a la agricultura a gran escala— provenientes de Durango y Chihuahua que se instalaron, sobre todo, en Campeche y, en especial, en los municipios de Hopelchén y Hecelchakán.


Zonas deforestadas en Sahcabchén, municipio de Hopelchén, Campeche, para instalar campos de cultivo. Foto: Everardo Chablé

En el estudio “Impulsores de deforestación y percepción de cambios de uso de suelo en paisajes ganaderos en tres municipios de Campeche, México”, la investigadora Hanna Rae Warren señala que “los menonitas pueden ser vistos como importantes agentes de deforestación; altamente efectivos en el cambio de uso del suelo a usos mecanizados”.

Para su estudio, Rae Warren entrevistó a investigadores forestales quienes destacaron que “la eliminación de la cobertura (forestal) con mecanización suele ser permanente, extensiva y se trabajan los suelos hasta el punto de su degradación”.


Los campos de cultivo menonitas se han extendido por el municipio de Hopelchén, en Campeche. Durante las tormentas de principios de junio, fueron los terrenos que más se inundaron. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Hopelchén: un foco rojo de deforestación

El doctor Edward Allan Ellis ha dedicado varios de sus estudios científicos a estudiar las causas de la deforestación en la Península de Yucatán en los últimos 20 años. Su trabajo lo ha llevado a identificar dos “focos rojos” de deforestación en la Península: Hopelchén, en Campeche; y Bacalar, en Quintana Roo.

En el caso Hopelchén, el investigador documentó que entre 1986 y 2015 se registró una pérdida de 46 000 hectáreas de cobertura forestal; el 75 % ocurrió entre 2005 y 2015. “Después de 2005, se dispara”, señala el científico, quien menciona que esa nueva deforestación afecta, sobre todo, las zonas de transición entre la selva baja y la selva alta.

De acuerdo con datos de la plataforma Global Forest Watch, tan solo en 2017 se perdieron 23 000 hectáreas de cobertura forestal en el municipio de Hopelchén; en 2018 fueron poco más 8000 hectáreas y en 2019 alrededor de 9800 hectáreas.

Ellis no duda en señalar que esa deforestación “está relacionada con la expansión de la agricultura comercial mecanizada”. El investigador recuerda cuando fue testigo, a principios de la década del 2000, de cómo empezó la deforestación de alrededor de 5000 hectáreas de selva maya, para transformarlas en el campo menonita Nuevo Durango. “Fue impresionante. Cuando llegamos ahí, apenas habían hecho esa deforestación masiva, recién habían quemado… Hoy ya está todo eso deforestado”.

A Ellis no le sorprende que los lugares deforestados en Hopelchén sean ahora los más vulnerables a inundaciones. Además de que se tumbó la selva, apunta el investigador, se quitó la capacidad de filtración del suelo. Esto provocará —advierte— que estos lugares se sigan inundando cuando se presenten tormentas o huracanes.


En el mapa se muestra el avance de la deforestación en Hopelchén, Campeche, entre 2001-2018.

Modificación de los sistemas hidrológicos

Si algo caracteriza a la Península de Yucatán, explica la doctora Yameli Aguilar Duarte, es su sistema geológico de aguas subterráneas, así como sus diferentes tipos de suelos, los cuales son muy vulnerables a cualquier cambio.

En el caso de Hopelchén, la expansión de la agroindustria no solo ha provocado deforestación, también se han modificado los sistemas hidrológicos de la zona.

La ingeniera agrícola e investigadora Irma Gómez trabaja con la organización Muuch Kambal, de la cual forma parte Leidy Pech y las mujeres mayas que impulsan la agroecología y la apícultura; ellas han realizado un monitoreo sobre los cambios que está sufriendo el territorio forestal de Hopelchén.


En los campos de cultivos agroindustriales se han construido pozos de extracción y de absorción que han alterado los sistemas hidrológicos de la región. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Irma Gómez explica que gracias a ese monitoreo se ha documentado cómo la transformación de la selva en extensas parcelas para la agricultura tecnificada, “ha modificado los flujos naturales del agua”.

La ingeniera agrícola explica que en las grandes extensiones de parcelas se nivelaron los terrenos, se construyeron drenes y se perforaron pozos de absorción para que, en la época de lluvia, no se formen encharcamientos que afecten los monocultivos de soya, sorgo o maíz híbrido; “son pozos directos que tienen como 100 metros de profundidad; son desagües por donde se manda el agua residual, cargada de plaguicidas, al manto freático”.

Esos pozos no sirvieron de nada durante los días de las tormentas; los extensos terrenos agrícolas y ganaderos se inundaron, se transformaron en lagos y así permanecieron, en algunos casos, hasta por un mes.


Los campos agrícolas y ganaderos instalados donde antes había selva, se transformaron en lagunas durante varias semanas. Foto: Robin A. Canul Suarez.

Cambios de suelo, sin permiso

Desde 2012, comunidades mayas de Hopelchén y otros municipios de Campeche y Yucatán se organizaron para denunciar la siembra de soya transgénica. Incluso, lograron que un juez revocara el permiso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) otorgó para sembrar organismos genéticamente modificados en la región. Pese a ello, la soya transgénica sigue sembrándose en Hopelchén, de acuerdo con el monitoreo realizado por los colectivos mayas.

Las comunidades no han desistido en su lucha. Es por ello que el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) solicitaron a la Semarnat, a través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, datos sobre las solicitudes y autorizaciones para cambio de uso de suelo en terrenos forestales en Hopelchén.

La Dirección General de Gestión Forestal y de Suelos de la Semarnat informó que, desde enero de 2009 hasta el primer semestre de 2020, solo existen dos permisos para cambio de uso de suelo en terrenos forestales, otorgados en 2016, para la instalación de líneas eléctricas de alta tensión para los tramos Hecelchakán-Hopelchén y Escárcega-Xpujil.


Deforestación y cambio de uso de suelo en Campeche. Foto: Everardo Chablé

Así que los cambios de uso de suelo de los terrenos en donde antes había selva y hoy solo hay campos agrícolas se realizaron sin respetar lo que marca la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. De acuerdo con el Código Penal Federal se debe establecer una pena de seis a nueve años de prisión, así como el pago de una multa, a quien “desmonte o destruya la vegetación natural o cambie el uso del suelo forestal”.

Las organizaciones Muuch Kambal y el colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes han denunciado, ante varias dependencias, la deforestación provocada por la expansión de la agricultura industrial en Hopelchén. Hasta ahora lo único que han visto es “una total impunidad”, resalta Irma Gómez.

Mongabay Latam solicitó entrevista con las autoridades de la Semarnat y con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pero no se tuvo respuesta.


Guillermo León, de la comunidad de Chunchintok, ha sido testigo del avance de la deforestación y sus consecuencias en Hopelchén. Foto: Robin A. Canul Suarez.

En junio pasado, la Alianza Maya por las Abejas Kaabnaloón —integrada por apicultores de la Península de Yucatán— envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde señalan: “Por miles de años, las y los mayas hemos tenido diferentes prácticas ecológicamente correctas, prácticas que ahora se encuentran amenazadas por los modelos del ‘progreso’ económico y social promovidos por los gobiernos y las empresas que le sirven al capital para asegurar su acceso a nuestros bienes naturales y a la mano de obra barata”. Ante ese escenario solicitan replantear esos esquemas, para garantizar la conservación del patrimonio natural y cultural.

Leidy Pech señala que las tormentas que inundaron sus comunidades les recordaron, una vez más, las consecuencias de tumbar el monte. “Esto que nos pasó tiene un origen: la deforestación. Toda esa forma en que han cambiado el uso de suelo, la forma en que han modificado el territorio nos ha dejado en una situación de riesgo. Estos eventos naturales van a continuar, no los podemos evitar. Pero sí podemos reflexionar sobre lo que ha pasado en nuestro territorio”.

Así como Leidy Pech y sus compañeras mayas se han aferrado a conservar las técnicas ancestrales de producción de miel, también están empeñadas en defender esa selva maya que aún resiste, un ecosistema que es vital para la existencia de las comunidades indígenas que viven de la apicultura, pero también para especies como el jaguar o las abejas.

* Imagen principal: La deforestación del Valle de Paal Pool, en Hopelchén, se realizó en la década de los setenta como consecuencia de programas gubernamentales para la siembra de arroz; el ecosistema nunca se recuperó. Foto: Cuauhtémoc Moreno.

https://es.mongabay.com/2020/11/mexico-esto-sucede-cuando-se-tumba-selva-en-el-territorio-maya/

radio
Red Ya Basta Netz Alemania

Desde Alemania, carta de solidaridad con los pueblos zapatistas

A la Junta del Buen Gobierno de Patria Nueva, Chiapas Zapatista.
A las Bases des Apoyo.
Al EZLN.
Al CNI-CIG.
A la Sexta Nacional e Internacional.
A las Redes de Resistencia y Rebeldía.

¡Alto a La Guerra contra las Comunidades Zapatistas en Chiapas, México!
¡Alto a la Guerra contra los Pueblos Originarios!

¡Compañer@s Zapatistas – No están sol@s!

Desde Alemania les mandamos —con todo nuestro corazón— unos abrazos fuertes de solidaridad!

  • Condenamos a y protestamos enérgicamente contra los ataques armados permanentes contra las Bases des Apoyo del EZLN en Moisés Gandhi – por parte de la ORCAO (Organización de Cafeticultores de Ococingo).
  • Protestamos enérgicamente contra el secuestro y la tortura del Compañero bases de apoyo FÉLIX LÓPEZ HERNÁNDEZ del anexo San Isidro, comunidad Moisés Gandhi – por parte de los paramilitares de la ORCAO.
  • ¡Exigimos enérgicamente su liberación inmediata!

¡Libertad para el Compañero FELIX LÓPEZ HERNÁNDEZ!
¡Alto a la Guerra Contrainsurgente contra el EZLN!

Red Ya Basta Netz Alemania.
11 de noviembre de 2020.

radio

Félix López Hernández, base de apoyo secuestrado por la ORCAO, está libre

radio
Europa Zapatista

Festival de cine zapatista en Alemania (20-12 de noviembre)

Que bailen los Corazones – Dass die Herzen tanzen

Bienvenid@s, Compañer@s, a la Otra Europa!

Video-trailer aquí: https://www.youtube.com/watch?v=UznHQ20EGZI&feature=emb_logo

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4. FESTIVAL DE CINE ZAPATISTA

»… Que bailen los Corazones – Dass die Herzen tanzen …«

20 de Noviembre y 21 de Noviembre

Espacio del Mundo – Es decir: Virtual
 
Inicio: 11 a.m. CST / 6 p.m. MEZ

Por la Vida – Zapatistas recorrerán los 5 Continentes

»Sexto.- Y esto hemos decidido: Que es tiempo de nuevo para que bailen los corazones,

y que no sean ni su música ni sus pasos, los del lamento y la resignación.

Que diversas delegaciones zapatistas, hombres, mujeres y otroas del color de nuestra tierra,

saldremos a recorrer el mundo, caminaremos o navegaremos hasta suelos, mares y cielos remotos,

buscando no la diferencia, no la superioridad, no la afrenta, mucho menos el perdón y la lástima.

Iremos a encontrar lo que nos hace iguales.«

(EZLN 5.10.2020)

Más Información: https://tresgatas.blackblogs.org/aktuelles/4-festival-de-cine-zapatista/

Desde Alemania: Salud y saludos a todoas – con mucho corazón!

radio
Organización Mundial contra la tortura

México: Ataques contra personas defensoras de la tierra y el territorio del Pueblo Maya Tseltal de Chilón y hostigamiento contra integrantes del Frayba

LLAMADO URGENTE – EL OBSERVATORIO

MEX 005 / 1020 / OBS 112

Detención arbitraria / Criminalización / Malos Tratos

Restricción al derecho de expresión y reunión /

Uso excesivo de la fuerza

México

21 de octubre de 2020

 

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la FIDH, solicita su intervención urgente ante la siguiente situación en México.

 

Descripción de la situación:

 

El Observatorio ha recibido con grave preocupación información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, A. C. (Frayba) sobre los ataques contra personas defensoras de la tierra y el territorio del Pueblo Maya Tseltal de Chilón (Estado de Chiapas) incluyendo la detención arbitraria, los malos tratos y la criminalización contra los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano. Además, se produjo un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza para reprimir una manifestación pacífica que dejó un saldo de 13 personas heridas, así como distintos actos de hostigamiento, amenazas e intimidaciones contra integrantes del Frayba cuando acompañaban a las víctimas de estos hechos, obstaculizando su derecho al debido proceso y garantías procesales.

 

Según la información recibida, el 15 de octubre de 2020, en horas de la mañana, se había convocado una movilización pacífica por parte del ejido -propiedad rural de uso colectivo- San Sebastián Bachajón en el municipio de Chilón (Chiapas) en contra de la construcción de una base de la Guardia Nacional en su territorio. Este ejido solicitó también el apoyo y la solidaridad de otro ejido en el mismo municipio, San Jerónimo Bachajón y el acompañamiento como observadores de los abogados y defensores del Frayba. Entre las 10:00 y las 11:00 horas, un operativo de alrededor de 300 miembros de la Policía Estatal, Municipal, Sectorial y de la Guardia Nacional reprimieron la manifestación dirigiendo fuertes ataques y golpes contra las personas concentradas en el lugar.

 

Los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, presentes en la manifestación, fueron detenidos de manera arbitraria, golpeados, puestos a disposición del Ministerio Público y acusados del delito de motín. Durante el desalojo de la manifestación y las detenciones, la Secretaría de Seguridad Pública también decomisó vehículos y otros efectos personales como teléfonos móviles de 5 de los manifestantes, incluido los del Sr. José Luis Gutiérrez.

 

El 16 de octubre y antes de que venciese el plazo legal de 48 horas establecido por el nuevo sistema de justicia penal mexicano, por el cual un Juez de Control debía decidir si los detenidos, los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, quedaban en libertad o eran vinculados a un proceso judicial, ambos detenidos fueron trasladados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (Cerss) Nº 16, en Ocosingo, Estado de Chiapas.

 

En la misma fecha se convocó a una audiencia de control en la que estaban presentes abogados defensores del Frayba, representando los derechos de los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano. Sin embargo, durante la audiencia, el Secretario de Acuerdos del Juzgado, les negó el acceso a la información del procedimiento, y se les intimidó con presencia policial en la sala. Finalmente, el Secretario de Acuerdos decidió cancelar la audiencia y solicitó el traslado de los acusados al Juzgado de Control de Cintapala, adjunto al Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados número 14, “El Amate”. El 17 de octubre de 2020, a las 13:50 se llevó a cabo una audiencia donde el Juez de Control decretó como legal la detención y mantuvo en prisión preventiva a los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, en “El Amate”, donde se encuentran actualmente. El 22 de octubre de 2020 a las 11:00 horas, está convocada nueva audiencia donde se decidirá si se vincula a los imputados a un proceso o se les deja en libertad.

 

El Observatorio condena la obstaculización de la defensa de los derechos humanos por parte del Frayba, violando su derecho a defender derechos humanos. El Observatorio destaca que dicha restricción a la labor de Frayba se enmarca en un contexto en el que se han producido una serie de actos de intimidación y amenazas dirigidas contra integrantes de Frayba, así como a las organizaciones y pueblos indígenas que acompaña, desde noviembre de 2019 por su trabajo en la defensa de los derechos humanos[1].

 

El Observatorio condena asimismo la detención arbitraria de los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano, en un contexto de criminalización y crecientes restricciones a la libertad de expresión y de manifestación y protesta social en México, especialmente para desarticular las reivindicaciones de los pueblos indígenas y de los movimientos en defensa de la tierra y territorio. Por todo lo anterior, el Observatorio insta a las autoridades de Chiapas y de México a liberar inmediata e incondicionalmente a los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano y a investigar de manera efectiva todos los ataques denunciados en este Llamado Urgente.

 

 

Acción solicitada:

 

Por favor, escriban a las autoridades de México urgiéndolas a:

 

 

  1. Adoptar de manera inmediata las medidas apropiadas para garantizar la vida, la seguridad e integridad física y psicológica de los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano;

 

  1. Liberar de manera inmediata e incondicional a los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano;

 

  • Poner fin a todo tipo de ataques y hostigamiento, incluido a nivel judicial, y abstenerse del uso indebido del derecho penal contra los Sres. José Luis Gutiérrez Hernández y César Hernández Feliciano y contra todas las personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos en México, respetando su derecho al debido proceso;

 

  1. Poner fin a todo tipo de ataques a la seguridad e integridad física y psíquica en contra de todas las personas del Pueblo Maya Tseltal que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, reunión y a la manifestación pacífica por la defensa del derecho a la tierra y territorio; respetando sus derechos como pueblo indígena, ejercidos de conformidad con el derecho internacional

 

  1. Investigar el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas policiales en la movilización pacífica del 15 de octubre de 2020

 

  1. Tomar medidas urgentes para garantizar que ni el Frayba ni otras organizaciones de derechos humanos enfrenten restricciones indebidas en su derecho a documentar violaciones de derechos humanos, particularmente en el contexto de personas privadas de libertad;

 

  • Incluir como tema central en la agenda de derechos humanos del gobierno federal el establecimiento de una política integral de garantías para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos en México, con amplia participación de la sociedad civil;

 

  1. Asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente al artículo 1, 5.a y 12.2;

 

  1. De manera general, garantizar el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales en todo el país, de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos ratificadas por México.

Direcciones:

  • Sr. Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Twitter: @lopezobrador_
  • Dra. Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación. E-mail: secretario@segob.gob.mx,
  • Sr. Alejandro Encinas Rodríguez, Subsecretario de Derechos Humanos y Población, Secretaría de Gobernación (SEGOB). E-mail: ajencinas@segob.gob.mx
  • Sr. Marcelo Ebrard Casaubon, Secretario De Relaciones Exteriores. E-mail: canciller@sre.gob.mx
  • Sra. Martha Delgado Peralta, Subsecretaria Para Asuntos Multilaterales Y Derechos Humanos, Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). E-mail: mdelgadop@sre.gob.mx
  • Sra. María del Rosario Piedra Ibarra, Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). E-mail: presidente@cndh.org.mx/ correo@cndh.org.mx
  • Sr. Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador del Estado de Chiapas. E-mail: secparticular@chiapas.gob.mx
  • Sr. Ismael Brito Mazariegos, Secretario General de Gobierno en Chiapas. E-mail: secretariaparticular.sgg@gmail.com/ secretariaparticular.sgg@gmail.com
  • Sr. Juan José Zepeda Bermúdez, Presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas. E-mail: presidencia@cedh-chiapas.org
  • Sra. Embajadora Socorro Flores Liera, Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra. E-mail: / sflores@sre.gob.mx
  • Sr. Embajador Mauricio Escanero Figueroa, Misión de México ante la Unión Europea y Embajada de México ante el Reino de Bélgica y el Ducado de Luxemburgo. E-mail: embamex@embamex.eu / hacosta@sre.gob.mx
  • Sr. Embajador Jorge Lomónaco, Misión Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos. E-mail: mexico.oea@sre.gob.mx / jlomonaco@sre.gob.mx

 

Por favor, escriban también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.

 

***

 

Ginebra-París, 21 de octubre de 2020

 

Agradecemos que nos informen sobre cualquier acción emprendida, citando el código de este llamado en su respuesta.

 

El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (el Observatorio) es un programa creado en 1997 por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la FIDH y tiene por objetivo intervenir para prevenir o remediar situaciones concretas de represión contra los defensores y defensoras de los derechos humanos. OMCT y FIDH son ambos miembros de ProtectDefenders.eu, el Mecanismo de la Unión Europea para Defensores de Derechos Humanos implementado por sociedad civil internacional.

 

Para contactar al Observatorio, comuníquese con la Línea de Urgencia:

radio
Avispa Midia

Palestino preso por Israel está al borde de la muerte tras 86 días de huelga de hambre

Tras 86 días de huelga de hambre abierta, el palestino Maher Al Akhras, de 49 años de edad, se encuentra internado en el Hospital Kaplan de Israel y, muestra un estado grave de salud. Sus familiares y activistas por la liberación de presos políticos palestinos temen por su vida.

Akhras fue detenido el 27 de julio en el distrito de Yenín (norte de Cisjordania) por el denominado Servicio de Seguridad Interior (Shin Bet), el cual opera en los territorios ocupados. Shin Bet acusa al preso Akhras de pertenecer a la Yihad Islámica, aunque las autoridades israelitas no han presentado las pruebas correspondientes.

De acuerdo con la abogada del preso, Ahlan Haddad, su “estado de salud se ha deteriorado gravemente a consecuencia del prolongado ayuno”.

Por su parte, las autoridades israelíes le han ofrecido liberarlo, asevera la abogada Haddad, solo “si pone fin a la protesta y acepta seguir internado hasta el 26 de noviembre”, cuando vence el primer periodo de detención administrativa, que es automáticamente renovable.

Esta propuesta ofrecida por Jackie Goodall, directora de la Alianza Irlanda-Israel de Listowel, es porque Akhras representa una “amenaza significativa para la seguridad de Israel”, pero solo hasta el 25 de noviembre, después de lo cual ya no es una amenaza.

Más de 850 mil palestinos han pisado las prisiones de Israel durante más de medio siglo de ocupación en Gaza, Cisjordania y Jerusalén del Este. Esto representa un 40% de los hombres adultos; casi una quinta parte de la población de Palestina.

La detención administrativa que aplica Israel permite recluir a un sospechoso por largos períodos, aun sin las pruebas correspondientes. Esta medida puede ser renovada cada seis meses. Tras el caso de Akhras, actualmente hay por lo menos 350 palestinos recluidos por una detención administrativa, incluso, dos menores de edad. La mayoría de los presos son acusados por Shin Bet de pertenecer a la Yihad Islámica, ha denunciado la ONG Alerta de B’Tselem. Hoy, esta ONG ha alertado que Akhra está “a punto de morir”.

“Su visión y audición se están deteriorando rápidamente y se queja de fuertes dolores en el pecho. Según el consenso médico internacional sobre las huelgas de hambre, Al Akhras puede morir cualquier día”, alertaron hoy ONG´s locales defensoras de los derechos humanos, quienes pidieron su liberación.

Por otra parte, el asesor de medios de la Autoridad Palestina para Asuntos de los Prisioneros, Hassan Abd Rabbo, anunció que realizan esfuerzos en todos los niveles posibles, desde el Comité Internacional de la Cruz Roja, el Comisionado de Derechos Humanos, la Organización Mundial de la Salud, así como otros organismos internacionales y parlamentarios del mundo, para exigir la liberación inmediata de Maher Al-Akhras.

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