Ejido Las Flores, Municipio de Chicomuselo, Chiapas. 21 de diciembre de 2019.

COMUNICADO

A LOS TRES NIVELES DE GOBIERNO
A LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS
A LOS ORGANIZACIONES Y MOVIMIENTOS EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO
A LAS DISTINTAS DENOMINACIONES RELIGIOSAS
A LAS PERSONAS DE BUENA VOLUNTAD.

En el marco de la celebración de la fiesta del maíz y la conmemoración de nuestros hermanos y hermanas mártires de Acteal, en Chenalhó, la Parroquia San Pedro y San Pablo de Chicomuselo, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, con el acompañamiento de organizaciones sociales, movimientos, defensores de derechos humanos y observadores internacionales de España y Suecia, nos congregamos el día de hoy para compartir las diferentes experiencias de resistencia que nuestros pueblos han emprendido para defendernos de los programas y proyectos que el gobierno federal en coordinación con los estados y municipios pretenden imponer a través de consultas simuladas como lo indicó el Alto comisionado para las Naciones Unidas de la ONU, ante la consulta realizada por el gobierno federal en días pasados sobre el tren maya porque no cumplió con los criterios establecidos en tratados internacionales como es el convenio 169 de OIT.

Desde nuestras comunidades vemos con tristeza y molestia la realidad que se nos impone desde esta administración federal que pretendía ser el gobierno de la esperanza, del cambio y de la justicia, hoy solo constatamos una política similar a los anteriores gobernantes, programas dependientes que solo dividen, proyectos y megaproyectos que solo benefician a los intereses de los grandes inversionistas, al pueblo solo le dejan pobreza, división, contaminación, despojo de la tierra y muerte. Los proyectos extractivos siguen en la mira de las empresas multinacionales, como la minería, frackin e hidrocarburos, aun cuando padecemos una crisis climática a nivel mundial, de ahí nuestro rechazo total al llamado proyecto del tren maya.

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EN EJIDO SAN SEBASTIÁN BACHAJON ADHERENTES A LA SEXTA DECLARACIÓN DE LA SELVA LACANDONA. CHIAPAS, MÉXICO. A 20 DE DICIEMBRE 2019.

A la Comandancia General Comité Clandestino Revolucionario Indígena del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A las Juntas de Buen Gobierno
Al Congreso Nacional Indígena
A l@s adherentes a la Sexta Declaración de México y el Mundo
A los medios de comunicación
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
Al Movimiento de Justicia por el Barrio de Nueva York
Al pueblo de México y el mundo

Jmololabex ants winiketik icha spatil a wotanik ta pisilik machatik nokol skoltabel te lum kinalik te yuun ta skuenta te nokol spojbel te chopol ajwalil.

Compañeros y compañeras reciban un saludo combativo para sus organizaciones y pueblos en resistencia de parte de los adherentes a la Sexta Declaración del ejido San Sebastián Bachajón.

En este medio, damos a conocer y aclarar de una información que recibió los adherentes de una fuente confiable en relación al acompañamiento de san Sebastián Bachajón.

En san Sebastián, los que se adhirieron a la sexta en 2006 y 2007, los que participaron desde un principio cuando levantamos la voz contra los megaproyectos, algunos ya no participan con nosotros por las represalias y amenazas del estado, luego de que en 2011 fueran detenidos 117 de nuestros compañeros y autoridades autónomas.

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• • Investigar y sancionar a responsables del delito de Tortura y otras violaciones a derechos humanos cometidas a Pueblos Originarios en Chiapas.

Este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) documentó la situación jurídica de Juan de la Cruz Ruiz (Juan), perteneciente al pueblo indígena maya tsotsil, quien estuvo preso del 28 de febrero de 2007 al 09 de diciembre de 2019, acusado de un delito que no cometió. Su declaración fue obtenida bajo Tortura, no contó con traductor ni con abogado que conociera su lengua y cultura. El juicio fue seguido a pesar de carecer de pruebas directas que demostrarán su responsabilidad.

El Frayba expuso a las autoridades estatales el análisis jurídico que evidencia las violaciones al debido proceso y las garantías judiciales. Tanto en las declaraciones ministerial y preparatoria Juan detalló la situación de Tortura sin que las autoridades ministeriales y judicial iniciaran una investigación por este delito.

La detención de Juan y su proceso penal, se realizaron sin cumplir con las garantías del Artículo 8 de la Convención Americana sobre de Derechos Humanos, lo cual ha tenido graves consecuencias socioeconómicas para él y su familia, ha repercutido en sus ingresos, en la educación de sus hijos, la salud, la alimentación, entre otros. Además se vulneró el derecho de las personas indígenas a que se tomen en cuenta sus usos y costumbres al momento de integrar una averiguación previa o al ser juzgados, ser asistido por un traductor, por un defensor que conozca de su cultura y a que el agente del Ministerio Público o el Juez, tomen en consideración su pertenencia a un pueblo originario.

Como consecuencia de lo anterior, Juan fue sentenciado a 25 años de prisión por el delito de homicidio calificado y 5 años por el delito de extorsión, sumando una cantidad de 30 años. De los cuales pasó casi 13 años en privación arbitraria de su libertad.

Es importante mencionar que la discrecionalidad de la administración de justicia tiene límites, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. En el caso de Juan hubo vulneración del principio pro persona, progresividad, universalidad e interdependencia de los derechos humanos que todas y cada una de las autoridades están obligadas a respetar.

Además, desde el 11 de febrero de 2016, la Mesa de Reconciliación determinó la libertad de Juan por encontrar violaciones graves a sus derechos humanos, cuadernillo 387/MR/2012, firmada por Rutilio Escandón Cadenas en ese entonces como Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia, Juan Oscar Trinidad Palacios ex presidente de la CEDH, entre otros funcionarios. La Subsecretaria de Ejecución de Sentencias y Medidas de Seguridad no cumplió con la recomendación y Juan tuvo que acudir al recurso del amparo para que las autoridades reconocieran sus decisión.

Juan obtuvo su libertad el pasado 9 de diciembre de 2019, mediante resolución del cuadernillo 278/MR-2/2019, la Mesa de Reconciliación le otorgó el beneficio de sentencia suspendida.

Por lo anterior exigimos:

Investigar y llevar ante la justicia a los servidores o funcionarios públicos que por acción u omisión cometieron delitos como la Tortura en agravio de Juan de la Cruz Ruiz.

Obtener justa indemnización para Juan de la Cruz Ruiz y su familia tomando en cuenta el estándar internacional para la reparación de daños.

Que el Estado se pronuncie sin ambigüedades por la prohibición absoluta de la tortura y los malos tratos, cesando esta cotidiana, estructural y sistemática violación a los derechos humanos, especialmente de integrantes de Pueblos Originarios.

Agradecemos a las personas, colectivos, organizaciones, comunidades y los medios comunicación su solidaridad con la lucha digna de Juan de la Cruz Ruiz, de su familia, de las La Voz de Indígena en Resistencia, La Verdadera Voz del Amate, Viniketik en Resistencia y del Colectivo de Familiares de Presos en Lucha. Les seguimos convocando a impulsar la liberación de todas las personas que continúan privadas arbitrariamente de su libertad, hasta derribar los muros de la opresión.

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
A 13 de diciembre de 2019
Boletín No. 22

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.
12 de diciembre de 2019.
Acción Urgente No. 9

• Riesgo de escalamiento de la violencia en la región ante la omisión del gobierno de Chiapas.

El Centro de Derechos Indígenas A.C. (CEDIAC) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas A.C. (Frayba) documentaron el desplazamiento forzado de dos comunidades tseltales, integrantes del proceso organizativo de Gobiernos Comunitarios , en el municipio de Chilón, Chiapas, México.

El 06 de diciembre de 2019, aproximadamente a las 6:00 horas, un grupo civil armado de alrededor de 20 personas procedentes de la comunidad de Pechton Icotsilh’ atacó con armas de fuego a la población de San Antonio Patbaxil. El mismo grupo agresor desplazó a la población de la comunidad Carmen San José, entre el 20 y 25 de junio de 2018.

Son en total 40 familias, 190 personas aproximadamente, entre niños, niñas, mujeres, ancianos y hombres que se encuentran en comunidades vecinas, en la cabecera municipal y dispersas en las montañas, en su mayoría sin alimentos ni abrigo, cercadas por el grupo civil armado que impide su retorno con seguridad.

Tres comunidades más se encuentran en riesgo a su vida, seguridad e integridad: Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón y Santa Cruz en el municipio de Sitalá. Entre los hechos de agresiones el Frayba registró que el 09 de octubre de 2019, 9 personas regresaron a la comunidad de Carmen San José a ver sus domicilios, cuando a las 9:00 horas, aproximadamente un grupo de 7 personas les dispararon con armas de grueso calibre. La agresión duró 30 minutos aproximadamente. El 10 de octubre continuaron las detonaciones.

Desde el 15 de octubre de 2019, el Frayba informó a los gobiernos Estatal y Federal, la situación de violencia en la región de Chilón, especialmente del terror que vive la población por el cerco armado a comunidades. El Estado mexicano no ha realizado acciones inmediatas de ayuda humanitaria ni de protección y prevención para evitar siga escalando la crisis de derechos humanos en la entidad. Por las circunstancias de la actuación impune del grupo armado se presume vínculos con agentes estatales y municipales.

Por lo anterior exigimos:

• Garantizar la vida, seguridad e integridad personal de las 125 personas desplazadas de la comunidad Carmen San José y las 65 personas de la comunidad San Antonio Patbaxil.

• Evitar el desplazamiento forzado de las comunidades Juan Sabines Verapaz, Tzubute’el Santa Rosa, en el municipio de Chilón y Santa Cruz en el municipio de Sitalá.

• Aplicar los Principios Rectores de los Desplazamiento Forzados Internos de la Organización de las Naciones Unidad y de la Ley para la Prevención y Atención sobre los desplazamientos Internos en el Estado de Chiapas.

Solicitamos a las redes de solidaridad nacional e internacional firmen esta acción urgente y/o envíen llamamientos al Estado mexicano.

Firmar acción urgente en:

https://frayba.org.mx/desplazamiento-forzado-de-comunidades-tseltales-en-chilon/

Como parte del último módulo de nuestra Escuela de comunicación estratégica “Tierra y territorio” , realizaremos la Jornada “Tejer las Voces, Defender la Vida” el día viernes 6 de diciembre de 3 a 8 PM en el centro cultural El Rule, en la Ciudad de México. Incluirá talleres, conversatorios y la presentación del diagnóstico “El papel de la comunicación en la defensa del territorio en México”.

En junio, arrancó la primera edición de la Escuela, un proceso de formación que imaginamos entre La Sandía Digital A.C. y WITNESS, con la participación de compañeras y compañeros en defensa del territorio de 12 estados de la república mexicana. Dicho proyecto busca aportar a que los movimientos en defensa del territorio amplifiquen su capacidad de incidencia y posicionen sus proyectos de desarrollo alternativo en el debate social a través de la comunicación estratégica.

En el marco de la Jornada “Tejer las Voces, Defender la Vida”, compartiremos nuestras reflexiones y el trabajo colectivo que realizamos en el marco de la Escuela.

El evento es gratuito. Pueden apuntarse en Facebook aquí.

Para participar en los talleres, deben registrarse aquí ya que el cupo es limitado.

PROGRAMA:

Ante las declaraciones del presidente López Obrador el pasado domingo 24 de noviembre de 2019, en la ciudad de Tlapa, Gro., el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad CCTI, hace el siguiente posicionamiento público respecto a lo sucedido en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014:

1.-Un crimen de Estado se define como “aquellos delitos cometidos por agentes estatales o por particulares que actúan en complicidad o por tolerancia del Estado”, en particular el caso Ayotzinapa implica la participación de instituciones de seguridad pública municipal, estatal y federal, de las Fuerzas Armadas.

2.- La búsqueda justicia se ha caracterizado por actos que favorecen la impunidad. El GIEI y la OACNUDH-México documentaron la existencia de tortura a presuntos culpables. El Tribunal Superior de Justicia que desapareció videos del palacio de justicia de Iguala que forman parte del aparato de gobierno.

3.- La colusión de las cúpulas empresariales, de los empresarios turisteros de Guerrero, de los grandes medios corporativos de información (televisión, radio y periódicos) así como de jerarcas de las distintas iglesias que se sumaron a la criminalización y las campañas de odio en contra de los normalistas de Ayotzinapa y al “ya supérenlo” de Enrique Peña Nieto. Los medios de comunicación y las iglesias son parte del Estado.

4.- López Obrador como titular del poder ejecutivo es parte del Estado Mexicano, sin embargo, éste es mucho más amplio y complejo que el gobierno federal. Recordémosle, que cualquier desaparición forzada al ser un crimen de Estado, es una violación múltiple y continuada de varios derechos y, en tanto la persona siga desaparecida, la violación a derechos y el delito siguen produciéndose. De acuerdo al Principio de Continuidad establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos la responsabilidad de un crimen de Estado subsiste independientemente de los cambios de gobierno.

Recordemos que han pasado 5 años y el caso Ayotzinapa no se ha resuelto:
 No se ha informado sobre el paradero de los estudiantes.
 No hay detenidos ni juzgados por las ejecuciones arbitrarias de 6 personas ni los heridos de bala de esa noche.
 No hay personas juzgadas y sentenciadas por la desaparición forzada de los 43 normalistas.
 No han sido sancionados los delitos del orden común o federal, ni las graves violaciones a los derechos humanos cometidos el 26 de septiembre de 2014.
 Las medidas de Restitución, Satisfacción, No repetición, Rehabilitación integral y Compensación no existen para el conjunto de victimas.

Si en verdad López Obrador quiere diferenciarse de los gobiernos anteriores, que cumpla con el primer punto de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos -sentencia emitida exactamente hace 10 años- y ordene a las Fuerzas Armadas que diga dónde está Rosendo Radilla, desaparecido forzadamente por el ejército en 1974.

Exigimos al presidente López Obrador que encuentren a los 43 normalistas: enjuicie y sancione a los responsables de la desaparición forzada de los 43 de Ayotzinapa para que cese la impunidad.

El caso Ayotzinapa está impune.
Fue el Estado con Rosendo Radilla.
Es el Estado con Ayotzinapa.

Dado que hay delitos y violaciones a derechos humanos continuadas sigue siendo un crimen de Estado.

(Comunicado Vía Ké Huelga Radio)

COCHABAMBA — El día de ayer, 25 de noviembre, daba inicio la declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Ocurría en un escenario donde los cánticos de dos bandos enfrentados se solapaban, separados únicamente por una línea divisoria conformada por las fuerzas policiales. Se respiraba un ambiente antagónico: de un lado un grupo de personas con banderas blancas pero hostiles, de tez mayormente blanca, que gritan “¡Asesinos!” y “¡Narcotraficantes!”; del otro quienes reclaman por los muertos y heridos, las familias que han sido truncadas – en su mayor parte provenientes de la Zona Sur de la ciudad.

Sigue este enlace a Chaski Clandestina para escuchar:

Testimonio de una mujer acompañando a víctimas

Testimonio de una mujer de Valle Alto

Testimonio de una mujer en la vigilia de la CIDH

Los colectivos urbanos de música con raíz irrumpieron en esta jornada gris plomizo. El fantasma del separatismo, el espejismo de esas dos Bolivias enfrentadas, no pudo resistir el embate del sonido y el batir de las Whiphalas.