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Denuncian al Estado mexicano por violaciones a los derechos de los pueblos
Pronunciamiento de la Sexta Asamblea General en Defensa de la Madre Tierra y Territorio. Temacapulín, Jalisco.
Guadalajara, 1 de septiembre 2016.- Las 94 luchas de todo el país que integran la Campaña Nacional en Defensa de la Madre Tierra y el Territorio se reunieron en su sexta Asamblea General en la comunidad de Temacapulin, Jalisco los días 27 y 28 de agosto donde solicitaron la cancelación definitiva de todos y cada uno de los proyectos de despojo y desarrollo que violentan a los pueblos. Desde el pasado 10 de abril que dio inicio la campaña, pueblos, organizaciones, músicos, artistas, académicos y activistas han realizado diversas actividades en las 10 regiones que la conforman como una respuesta a los proyectos de contaminación, explotación y destrucción de los bienes naturales.
En su sexta asamblea, la campaña se pronunció por la cancelación total y definitiva de todos los proyectos de despojo y desarrollo que violentan a los pueblos, el cese de violencia, la represión y la criminalización de las y los defensores del territorio e hicieron hincapié en los casos de la mina a cielo abierto de Peña Colorada, la represa Las Cruces en el Río San Pedro-Mezquital, la concesión para explotar una mina en Zacualpan, Colima, y el caso del pueblo Wixárica que exige la cancelación definitiva de todas las concesiones mineras existentes dentro del Área Natural Protegida del territorio sagrado Wirikuta.
Impactos de megaproyectos en Chiapas en informe al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos humanos de la ONU
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
5 de septiembre de 2016
Boletín No 17
Impactos de megaproyectos en Chiapas en informe al Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos humanos de la ONU
La responsabilidad de empresas y Estado mexicano en la violación a derechos humanos en comunidades y pueblos en Chiapas, forma parte de la información presentada al Grupo de Trabajo Sobre Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, (ONU) en el marco de la visita oficial del organismo internacional a México, del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.[1]
El Informe Empresas y Derechos Humanos, elaborado por una Coalición de más de 100 organizaciones, comunidades y redes de la Sociedad Civil, incluye la documentación del caso: Construcción de la represa hidroeléctrica Chicoasen II, proyecto que afecta a población, con raíces indígenas zoques, previamente desplazada y despojada de sus tierras ejidales en los años ochenta por la represa Manuel Moreno Torres, mejor conocida como Chicoasén I.
El Comité Ejidal de Ejidatarios Básicos y Posesionarios Avencidados del Ejido Chicoasen, en Chiapas (Comité Ejidal Chicoasen) informó a la ONU los abusos a derechos humanos: a la consulta previa e informada y culturalmente adecuada, a la información, a la tierra y el territorio, por parte de la Comisión Federal de Electricidad y las empresas Sinohydro Costa Rica, Omega Construcciones, Desarrollos y Construcciones Urbanas y Caabsa Infraestructura, como resultado de los avances del proyecto hidroeléctrico Chicoasen II, desde el año 2012.
La empresa Sinohydro Costa Rica, compañía matriz con sede en Beinjin, tiene antecedentes de violaciones a derechos humanos en Honduras, donde estuvo involucrada en el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras la denunció como responsable de una estrategia desarrollada también en Chicoasen: falsificar firmas, imponer comisariados ejidales, hostigar, agredir y amenazar a campesinas y compesinos en complicidad con autoridades locales. Cabe recordar que Bertha Cáceres, ambientalista, líder del COPINH, defensora de derechos humanos y ganadora del premio medio ambiental Goldman, fue asesinada en marzo del 2016 en el contexto de la lucha lenca contra las empresas, hecho que alertó de la grave situación de riesgo para las personas defensoras del territorio en América Latina.