En portada: Campesinos de la cooperativa El Chile dentro de la recuperación de tierras que mantienen desde enero del 2023. Foto: Santiago Navarro F
Región norte de Honduras, en las entrañas del Valle de Aguán, hombres fuertemente armados y vinculados al crimen organizado emplean una serie de estrategias de hostigamiento hacia campesinos que han recuperado las tierras de sus ancestros y que estaban en manos de empresas de la industria de la palma aceitera.
Mientras las fuerzas del orden fungen como meros espectadores, la violencia arrecia, dejando como saldo el asesinato de tres activistas, más de 160 familias desplazadas y cientos de personas viviendo en refugios temporales. Diversas organizaciones alzan la voz desde Europa y responsabilizan a varias empresas.
El escenario de violencia se desencadenó desde finales de 2024, donde figura la Corporación Dinant, productora de aceite de palma, como la principal demandante de las tierras que, arguye, son de “su propiedad”.
Las acusaciones contra Dinant no son nuevas. La empresa ha estado en el centro de controversias durante más de una década. Ha sido acusada de tener una vinculación con actos de violencia, asesinatos y amenazas hacia líderes campesinos y defensores de los derechos humanos. Organizaciones internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han denunciado estos abusos, pero las medidas concretas por parte del gobierno de Honduras, bajo la administración de Xiomara Castro, siguen siendo insuficientes.
En portada: Para las tareas de vigilancia en comunidades, el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampíscuenta con el grupo de control socioambiental Charip.
El Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampís (GTANW) denuncia el intento, por parte de la empresa estatal Petroperú y el Gobierno Regional de Loreto, de imponer la explotación de un lote petrolero en su territorio.
En las últimas semanas, el gobierno regional y la Petroperú organizaron reuniones en comunidades amazónicas, con el fin de convencerles de participar en una consulta previa para la ejecución del lote 64 del oleoducto, comprendido en el proyecto Situche.
El GTANW, que reúne a 85 comunidades y representa a 16.000 personas, ya posee un historial de lucha contra las operaciones del oleoducto norperuano, una muestra del desastre ambiental, social y cultural causado por la actividad petrolera en la Amazonía.
Esta infraestructura cruza los territorios de siete pueblos indígenas, afectando en su trayecto a 95 comunidades nativas, desde la Amazonía hasta la costa norte peruana.
Entre 1997 y 2023, el oleoducto norperuano registró 139 derrames, de las 1.462 emergencias reportadas por instituciones públicas en este período, según un informe del Grupo de Trabajo de Impactos de Hidrocarburos de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
PUELMAPU ARGENTINA: Cobertura Especial sobre los incendios y la represión al pueblo Mapuche en El Bolsón. Detenciones, allanamientos, y criminalización de los pueblos que luchan por la vida, el territorio y la esperanza. Fuente: FM Quimunche, FM Alas en Bolsón y la Red enfoques.
OAXACA Y GUERRERO: Platicando con el Observatorio Memoria y Libertad sobre las y los presos políticos en la región mexicana. La injusta prisión de dos profesores indígenas de San José Independencia en Oaxaca y el caso de Kenia Hernández, mujer indígena presa de la 4T por protestar junto a su comunidad en el Estado de Guerrero. Fuentes: Observatorio Memoria y Libertad | Presos políticos de San Jose Independencia | Libertad para Kenia
Texto: Radio Zapatista | Fotos: Teia dos Povos | Videos: Teia dos Povos y Radio Zapatista
Mientras alrededor del mundo el odio, la intolerancia y la imposición del mundo único se propagan como un virus, en Brasil miles de personas se reúnen en la VIII Jornada de Agroecología de Bahía, organizada por la Teia dos Povos (Tejido o Red de los Pueblos), una gran alianza negra, indígena y de abajo del campo y la ciudad, para reflexionar sobre el estado de nuestro mundo, continuar construyendo autonomías y celebrar la gran pluralidad de formas de ser, vivir, resistir y crear vida al margen del capital y del Estado.
La Teia dos Povos nació en 2012 ante la comprensión de que ni los pueblos indígenas, ni los pueblos afrodescendientes, ni los pueblos campesinos, ni los sin tierra, ni las luchas urbanas de abajo podrán enfrentar por sí solos el despojo y la violencia de un sistema cada vez más voraz. Fue así que se empezó a construir esa gran articulación de movimientos sociales autonomistas de abajo y a la izquierda en el campo y la ciudad, que hoy incluye un gran número de núcleos en diez estados del país.
La Teia dos Povos se organiza en núcleos de base —territorios donde se construye y defiende la autonomía— vinculados en red por medio de eslabones de la red —organizaciones, colectivos e individuos sin un territorio propio, que sirven de apoyo y vinculación entre los diferentes núcleos—. Cada dos años, la Jornada de Agroecología reúne miles de miembros de pueblos indígenas, afros y de abajo del campo y la ciudad para seguir construyendo esa gran articulación de autonomías.
Esta VIII Jornada se realizó por primera vez en la ciudad de Salvador, Bahía: la ciudad más negra de Brasil, con una población de alrededor de 80% afrodescendiente, con una rica cultura derivada de siglos de resistencia en un contexto de racismo sistémico y de represión por parte de las fuerzas policiales, que en Bahía son las más mortales del país, como denunció Thiago Torres durante la Jornada. Con el tema “Alianza del campo y la ciudad por el combate al hambre y a la pobreza”, la VIII Jornada reunió a varios miles de personas de diversos estados de Brasil del 29 de enero al 2 de febrero de 2025.
Ancestralidad viva
Los pueblos resisten y construyen otras realidades a partir de su propia visión de mundo, diferente y opuesta a la impuesta por el capitalismo, y de su conexión con una ancestralidad que es el fundamento de dicha visión. Así, entre las reflexiones y denuncias de las diversas violencias sufridas por los diferentes pueblos reunidos, la celebración de la ancestralidad está siempre presente. Es por eso que la inauguración de la Jornada el 29 de enero inició con un ritual de apertura de los pueblos indígenas y otro de los pueblos negros:
Se trata de una espiritualidad nunca desvinculada de lo político, una espiritualidad que da sentido a la lucha por la vida y por el cuidado de los territorios, en su dimensión sagrada tan diferente del pensamiento utilitario capitalista. Una espiritualidad que celebra la vida con alegría, con los orixás, inquices y voduns africanos y los encantados indígenas y otras entidades danzando, celebrando, luchando, resistiendo y reexistiendo entre los vivos.
Este viernes 7 de febrero 2025, la Corte Suprema de Justicia de Honduras confirmó la sentencia a 30 años de prisión contra Sergio Rodríguez Orellana, uno de los autores del asesinato de la ambientalista lenca Berta Cáceres ocurrido en marzo de 2016.
Rodríguez se desempeñó como gerente ambiental y social de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), la cual buscó imponer el proyecto Agua Zarca, que consistía en una hidroeléctrica en el río Gualcarque, afluente sagrado de la población lenca. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), el cual coordinaba Cáceres, mantuvo una férrea oposición al proyecto y detuvo su construcción.
En un comunicado tras la difusión de la sentencia, el Copinh sostuvo que Rodríguez es parte de una estructura criminal que aterrorizó a la comunidad lenca de Río Blanco, desde el año 2013, con la intención de imponer la hidroeléctrica Agua Zarca en beneficio económico de la familia Atala Zablah, la mayor promotora de DESA a través de la empresa “Inversiones Las Jacarandas”.
Tras la confirmación de esta sentencia, en total han sido condenadas ocho personas por su participación en el homicidio de Cáceres. Seis de ellas como autores materiales, así como Roberto David Castillo Mejía, en el grado de autoría material intermedia y, ahora, contra Rodríguez Orellana como autor por inducción, es decir, aquél que no comete el delito, pero quien induce o instiga para que sea cometido.
“Su rol, disfrazado de gerente ambiental y social, era el de infiltrar, enemistar y agredir a la comunidad lenca y de vigilar e identificar los liderazgos como objetivo de ataque de la empresa criminal de los Atala”, enfatiza el Copinh, organización que exige sean investigados diversos miembros de la familia Atala involucrados con la promoción del proyecto Agua Zarca.
En portada: Familias campesinas de la Cooperativa Tranvío fueron desplazadas violentamente por grupos criminales vinculados a la agroindustria.
Desde el pasado lunes (27) arrecia la violencia contra el movimiento campesino del Bajo Aguán, al norte de Honduras, departamento de Colón. Hombres equipados con armas de grueso calibre, vinculados al grupo criminal “Los Cachos”, han emprendido una serie de ataques contra las recuperaciones de tierras que mantienen las cooperativas de Tranvío, Camarones y El Chile, ubicadas en la comunidad Quebrada de Arena, a escasos kilómetros de la ciudad de Tocoa.
A pesar de la presencia de elementos de fuerzas de seguridad hondureños, el movimiento campesino sostiene que éstos no accionan para frenar los intentos de desalojos violentos por parte de los criminales. “Hemos denunciado el riesgo que corren ante la secretaria de Seguridad, la Policía Nacional, el Ministerio Público y la secretaria de Derechos Humanos de forma constante, sin embargo, no hay respuesta contundente”, denunciaron este lunes (27) a través de comunicado de la Plataforma Agraria del Aguán.
Campesinos heridos durante el ataque del grupo armado “Los Cachos”.
Tras el ataque armado del lunes (27), que duró al menos 12 horas y dejó un saldo de 150 familias desplazadas de la Cooperativa Tranvío, además de heridos, la mañana de este miércoles (29) se reporta un nuevo ataque. Ésta vez contra familias campesinas de la Cooperativa El Chile. Acorde al periodista Jared Olson, durante la agresión de esta mañana se registra, al menos, un herido.Registro de los ataques contra campesinos de la Cooperativa El Chile durante la mañana del miércoles 29 de enero, 2025.
La cooperativa El Chile, colindante con las cooperativas Tranvío y Camarones, alberga a 246 familias campesinas, quienes desde hace dos años recuperaron 486 hectáreas de tierra de manos de la Corporación Dinant, empresa productora de palma aceitera, para dar espacio a la siembra de alimentos. La Plataforma y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) denuncian que los grupos criminales que atacan al movimiento campesino actúan al servicio de la agroindustrial Dinant.
Acorde a la Plataforma, durante el ataque del lunes (27), campesinos socios de la Cooperativa Tranvío observaron a un vehículo perteneciente a Dinant transportando a hombres armados cerca de las tierras de la Cooperativa Camarones. Cabe destacar que el grupo “Los Cachos” es el mismo señalado por haber desalojado violentamente a familias campesinas de la Cooperativa Camarones el pasado 24 de diciembre del 2024. “Desde este momento el grupo armado mantiene control de la cooperativa”, señala la Plataforma mediante comunicado tras los ataques.
Por lo menos desde hace dos años, la Plataforma Agraria y COPA han denunciado que la corporación Dinant contrató al grupo criminal “Los Cachos” para atacar a líderes campesinos y miembros de las cooperativas. Ahora, incluso señalan la participación de ex miembros de Fuerzas Especiales del Ejército colombiano por su colusión con la empresa agroindustrial para perseguir a los líderes campesinos.
Al cierre de esta edición, medios locales informan que, mientras las autoridades policiales se encuentran en la comunidad de Quebrada de Arena, continúan los ataques contra la Cooperativa El Chile donde se registra la quema de casas de campesinos.
Advertencias, ignoradas
Testimonios de la Plataforma Agraria aseguran que, desde la noche del domingo (26), denunciaron a la Policía Nacional que el ataque a las cooperativas campesinas era inminente. Esto, debido a que observaron la movilización de personas mediante transportes acuáticos a través del río Aguán, además de percatarse del tránsito de vehículos sin placas y hombres armados frente a la casa del líder del grupo “Los Cachos”, Juan Carlos Lizama, en la comunidad de Quebrada de Arena.
Acorde a reportes de Redacción Regional, desde las 6 de la mañana del lunes (27), periodistas del medio atestiguaron disparos de ráfagas con armas de alto calibre, además de denuncias de heridos. A las 10 horas, se avistó otro grupo armado el cual, utilizando machetes y piedras, protagonizó otro ataque contra los campesinos. Por la tarde continuaron las agresiones lo que impidió que campesinos, civiles, policías y periodistas pudieran evacuar la zona debido a que se registraron bloqueos en las rutas de salida realizados por los grupos criminales.Campesinos de la Cooperativa Tranvía registraron los ataques armados del pasado lunes 27 de enero.
“Los sicarios lograron posicionarse en las instalaciones de una pollera propiedad de la Cooperativa Tranvio, de donde han aterrorizada a la comunidad con constantes ráfagas de disparos, mientras otro grupo armado tomó la carretera y así impidió el paso para evitar la libre locomoción”, confirmó la Plataforma Agraria sobre la permanencia del asedio, sin que los elementos de seguridad protegieran a más de 123 familias; 453 personas, entre ellas niños y niñas.
Familias campesinas de la Cooperativa Tranvío fueron desplazadas violentamente por grupos criminales vinculados a la agroindustria.
Además, se reportó el secuestro, durante tres horas, del campesino Cristian Baire y el ataque con arma de fuego contra Janier García, ambos socios de la Cooperativa Tranvío. “Cristian Baire fue liberado de una casa en la aldea Quebrada de Arena por la policía aproximadamente a las 10 de la mañana, pero sufrió torturas y una herida de bala en el pie, posteriormente fue hospitalizado, hasta el momento se encuentra fuera de peligro”, informó el movimiento campesino mediante redes sociales.
El martes (28), el Bufete Justicia para los Pueblos (BJP) que acompaña la lucha legal del movimiento campesino condenó el uso de la violencia “por parte de grupos armados paralelos, que operan bajo la fachada de grupos ganaderos, y en particular al grupo armado ‘Los Cachos’ que opera en la zona con total impunidad”.
El BJP aseveró que estas acciones “benefician directamente a la Corporación Dinant y sus aliados empresariales. Las acciones incluyen el uso ilegal de armas de alto calibre para crear un ambiente de terror y desalojar ilegal y extrajudicialmente a familias campesinas”, declararon mediante posicionamiento público.
También señalaron que resulta inaceptable que, a más de un mes del desplazamiento violento de la Cooperativa Camarones, el Estado de Honduras aún no ha brindado garantías básicas de seguridad a las familias campesinas que viven en completa vulnerabilidad y bajo ataque.
“Condenamos que la difamación y el uso de la violencia forman parte de una campaña más global para dividir y crear conflictos en las comunidades con el fin de despojar tierras y sumar beneficios económicos para la familia Facussé, tanto para sus empresas agroindustriales como para sus intereses mineros. No pasa desapercibido que estas mismas estrategias se han utilizado contra las cooperativas campesinas de Gregorio Chávez, Santa Rosa del Aguan, Panamá y en la comunidad La Ceibita, respectivamente”, acusaron.
Solidaridad
Desde los primeros reportes de ataques armados, diversas organizaciones hondureñas e internacionales se han posicionado para condenar la violencia contra las cooperativas agrarias y elevar la denuncia a nivel nacioanl e internacional sobre los intentos de desalojo de las tierras campesinas del Aguán.
“Este ataque es solo un reflejo de la constante criminalización y persecución que sufren las comunidades del Bajo Aguán, quienes luchan por defender sus derechos territoriales y la tierra”, aseguró la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos mediante pronunciamiento público.
Por su parte, la Asociación de Cooperación Internacional (Espacio ACI), constituida por 35 ONG Internacionales con presencia y trabajo en Honduras, aseveró que, durante una gira internacional de solidaridad con el Aguán, realizada la semana del 20 al 24 de enero de 2025, fueron alertadas sobre la gravedad del riesgo que los líderes de La Plataforma Agraria y de las Cooperativas Campesinas sufren como amenazas a muerte, ataques a sus familias, y la prohibición de circular en la zona de Quebrada de Arena.
Frente a esta situación, recordaron al Estado de Honduras el cumplimiento del convenio, firmado en febrero de 2022, entre el movimiento campesino y el gobierno, el cual incluye como uno de sus compromisos la conformación de la Comisión Tripartita bajo la coordinación del Instituto Nacional Agrario (INA), en el marco de la Comisión de Seguridad Agraria. “En este sentido, reiteramos nuestra solicitud de acción directa y coordinada de dicha instancia para garantizar una respuesta integral y efectiva que permita abordar las causas del conflicto y prevenir nuevos actos de violencia en la región”, señalaron las organizaciones internacionales.
En tanto, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH) manifiestó preocupación por los recientes hechos violentos contra el movimiento campesino en el Bajo Aguán e hizo un llamado al gobierno de Honduras para “abordar las causas estructurales que subyacen a la histórica conflictividad en la zona, mediante la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad del Bajo Aguán”.
“Las cooperativas han sido víctimas de al menos dos muertes violentas por arma de fuego, desplazamiento forzado de al menos 150 familias, así como múltiples actos de intimidación y amenazas. La información recibida por la Oficina releva que los presuntos responsables de estos hechos serían estructuras del crimen organizado, que estarían generando una fuerte escalada de violencia en la zona, lo que representa un riesgo inminente para la vida de las comunidades campesinas”, alertó.
Las comunidades campesinas de los andes de Lima se organizan ante la aprobación de minería aurífera en el nevado Llongote, donde nace el río Yauyos-Cañete.
Esta cuenca recorre dos provincias agrícolas de la capital del Perú, Cañete (a 100 kilómetros al sur de Lima metropolitana) y Yauyos (a 220 kilómetros al suroeste de Lima metropolitana).
Yauyos se localiza en la sierra limeña, en la vertiente occidental de la Cordillera de los Andes. En sus alturas se encuentra la reserva paisajística Nor Yauyos Cochas, apreciada por la belleza de sus lagunas. Las poblaciones temen que este ecosistema sea contaminado.
En Catahuasi, distrito de la provincia Yauyos, este domingo 19 de enero representantes de algunas de las 60 comunidades campesinas provinciales discutieron la creación de un frente de defensa que se posicione contra la explotación de oro en el nevado Llongote, ubicado a 13 kilómetros del centro de Yauyos.Nobel Rodríguez Parra, presidente de la comunidad campesina Huangáscar, durante asamblea de comunidades el 19 de enero, en Catahuasi
Las autoridades comunales coinciden en proteger la cabecera de cuenca y la vida de sus valles, donde se cultivan variedades de frutas que se distribuyen en la capital. La ganadería ovina y de camélidos -en las pampas más altas- es la otra actividad económica vital en la provincia. En su parte baja, el caudal riega el territorio de Cañete, provincia de alta producción de frutas para la agroexportación.
“Hemos decidido activar nuestras rondas campesinas, no dejaremos que pase la minería, que ingresen a nuestras tierras, no vamos a dejar que se posesionen. Sabemos que las empresas mineras van a atacar, intentarán dividirnos, comprarnos, atacarnos, estamos preparados para defender el agua con nuestra vida”, expresó el presidente de la comunidad campesina Huangáscar, Nobel Rodríguez Parra.
Comunidades campesinas en abandono
Un mensaje repetido por los comuneros es el olvido por parte del gobierno central, la falta de infraestructura y servicios básicos en comparación con otras provincias de Lima y localidades del país.
En Yauyos hay más de 60 comunidades campesinas en cuyos orígenes convergen culturas ancestrales andinas, como la kauki, aimara y quechua.
“¿Cómo en una cabecera de cuenca se va a permitir una concesión minera? Las comunidades campesinas de Yauyos, como las de toda Lima, se encuentran abandonadas. Para solucionar los problemas ambientales debemos empezar por solucionar la situación de las comunidades”, señala el economista Juan Romero, dirigente de la provincia de la sierra limeña.
El nevado de Llongote se ubica en el área de la comunidad Santo Domingo. En la Ley de Comunidades Campesinas se establece como prioridad que el Estado reconozca un área de extensión a las poblaciones campesinas ancestrales. Sin embargo, en Yauyos no están registradas formalmente sus tierras comunitarias ni sus juntas directivas.
A su vez, el concejo de cuenca del río Yauyos-Cañete no está en funcionamiento, advierten desde las comunidades yauyinas. De acuerdo a la Ley de Recursos Hídricos, las operaciones mineras que autoriza la Autoridad Nacional del Agua (ANA) deben contar con el visto bueno de estos organismos, conformados por instituciones, grupos técnicos y la sociedad civil.
“Las comunidades campesinas son las llamadas a prevalecer la identidad ancestral que tienen los pueblos milenarios”, añade Romero. En comunidades de Yauyos aún se conservan dos lenguas originarias que se resisten a desaparecer: el jaqaru, hablado por menos de 500 personas; y el kauki, hablado por alrededor de 150 personas, según la Base de Datos de Pueblos Originarios del Ministerio de Cultura.
Extractivismo en la provincia
El 25% del territorio de Yauyos había sido concesionado a mineras hasta el año 2016, de acuerdo a un reporte de Cooperacción.
En la asamblea de las comunidades campesinas, el relato recurrente en torno al avance de la minería apunta a la corrupción de autoridades de las instituciones públicas; al convencimiento de poblaciones campesinas a cambio de favores, como obras e infraestructura; y al soborno de comuneros en forma de bienes y dinero.
Cuando representantes del proyecto Gloria, en diciembre pasado, intentaron convencer a la población de que apruebe la licencia social para la exploración de oro en las montañas, se realizó la primera protesta contra la actividad minera, autorizada en 2020 por el Gobierno Regional de Lima.
La Dirección Regional de Energía y Minas, mediante la resolución 53-2020, otorgó a la empresa nacional Los Chunchos S.A.C. la concesión de más de 130 hectáreas en las alturas de la cadena montañosa. Todavía no está autorizada la fase de exploración y tampoco se ha realizado aún la licencia ambiental.
La compañía, considerada de fondos pequeños y medianos, ya cuenta con otras dos operaciones mineras en 1890 hectáreas de la provincia, para las que el Ministerio de Energía autorizó en 2011 actividades de explotación subterránea. Se teme que una posible extracción de oro en el nevado atraiga a grandes capitales mineros y se derive en un desastre ambiental.
La posición de algunos comuneros ante la gran minería es favorable “si es responsable”. Para el caso del nevado Llongote, es unánime la postura de no aprobar la licencia social, que no es una figura legal, pero resulta determinante para la ejecución de proyectos mineros. En la práctica funciona como el permiso de las comunidades, garantiza que no habrá conflictos sociales.
Al respecto, autoridades municipales respaldan a las comunidades campesinas de su jurisdicción. La Municipalidad de Viñac, donde el Gobierno Regional de Lima ha concesionado 900 hectáreas para la extracción de minerales, se manifestó en contra del proyecto Gloria y pidió a la población no otorgar la licencia social.
A los yauyinos les genera más desconfianza que la concesión se haya aprobado en los primeros meses de la pandemia por coronavirus y la celeridad en la construcción de una carretera en la zona. Actualmente, la empresa ya trasladó maquinaria pesada a la zona
En este encuentro se acordó debatir la conformación de frentes de defensa zonales en una próxima reunión, debido a falta de representatividad. Las distancias entre los pueblos yauyinos complican la organización provincial.
“Lo importante aquí es que este frente de defensa sea conformado por las personas adecuadas, tienen que ser autoridades comunales comprometidas con la defensa de sus pueblos, que no se dejen comprar por las mineras”, resalta Antonio Lázaro, presidente del Comité de Gestión de la Carretera Qhapac Ñan, integrado por dirigentes de las regiones Lima, Junín y Huancavelica.
En portada: Desde la izquierda, Javier Milei, Luis Lacalle Pou, Ursula von der Leyen, Luiz Inácio Lula da Silva y Santiago Peña en la cumbre de Mercosur en Montevideo el viernes 6 de diciembre del 2024. Foto: Santiago Mazzarovich
Líderes de la Unión Europea (UE) y del Mercado Común del Sur (Mercosur) – formado por Brasil, Paraguay, Uruguay y Argentina – anunciaron en diciembre pasado durante la 65ª Cúpula de Jefes de Estado del Mercosur, en Montevideo, la conclusión de las negociaciones del acuerdo comercial entre las dos regiones, después de 25 años de negociaciones.
En 2019, durante el gobierno del brasileño ultraderechista Jair Bolsonaro, hubo un primer cierre de las negociaciones, pero con la llegada al poder de Luiz Inácio Lula de Silva, en 2023, las negociaciones fueron reabiertas, por solicitud del nuevo gobierno brasileño.
En líneas generales, el acuerdo concluido mantiene aspectos fundamentales que caracterizaron el texto base de 1999, señala el asesor de la Red Brasileña por la Integración de los Pueblos (Rebrip), Adhemar Minero, que ha acompañado el proceso desde su inicio, hace más de dos décadas. “Los países de América Latina seden sus riquezas minerales y agrícolas y reciben productos manufacturados de los europeos. Entonces la esencia del acuerdo es esta. La estructura es una estructura neocolonial”, sostiene el asesor para Avispa Mídia.
Además de esta lógica desigual que prevaleció en el cierre de las negociaciones, la investigadora del Transnational Institute (TNI), Luciana Ghiotto, apunta que fueron añadidos nuevos elementos para atender urgencias europeas como por ejemplo la política de transición energética impulsada por la Unión Europea, intensificada después de la pandemia.
En este sentido, el acuerdo garantiza la exportación de varios minerales críticos para la transición de la matriz tecnológica de la Unión Europea como níquel, cobre, aluminio y acero y flexibiliza la aplicación de impuestos a las exportaciones de estos minerales. “Si Brasil adoptara un impuesto a la exportación de estos productos, la tasa aplicable a la UE debería ser inferior a la aplicable a otros destinos, y tampoco debería superar el 25%”, sostiene el texto del acuerdo. Hoy el gobierno puede tributar exportaciones sin restricciones.
Cerca del 94% del total de oro importado por países de la Unión Europea, equivalentes a casi 16,5 millones de dólares, son de origen ilegal, según una investigación publicada por el Instituto Escolhas.
Brasil se perfila como uno de los principales productores de minerales críticos, tan es así que, su gobierno “anunció recientemente el lanzamiento del Fondo de Inversión en Minerales Estratégicos, que pretende recaudar más de 200 millones de dólares para promover nuevas empresas de minerales esenciales para la transición energética, la descarbonización y la producción sostenible de alimentos”, destaca el informe de la Agencia Internacional de Energía (AIE), llamado Perspectivas de la tecnología energética 2024.
Garantizar el acceso a los minerales críticos es esencial para el dominio del mercado de productos industrializados relacionados a las energías consideradas renovables y la producción de las baterías de iones de litio que se utilizan en los ordenadores portátiles, los teléfonos inteligentes y las tabletas, en los vehículos híbridos y eléctricos. Este mercado está siendo disputado principalmente entre Unión Europea, Estados Unidos y China.
De acuerdo con proyecciones de la AIE, para sostener la transición energética, en 2050 la demanda por el litio, por ejemplo, podría aumentar más de un 1500%, así como la demanda por níquel, cobalto y cobre.
La importancia de los minerales para Europa quedó evidente en el énfasis dado al sector en el corto discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,durante rueda de prensa que anunció el acuerdo. “El acuerdo facilitará la inversión europea en industrias estratégicas en todos los países del Mercosur, como es la minería sostenible, productos forestales sostenibles solo para mencionar algunos”, dijo.
En un informe, el Parlamento Europeo admite la vulnerabilidad europea por la “elevada dependencia” de materias primas estratégicas procedentes de países con los que la UE no está estratégicamente alineada, lo que representa alrededor de la mitad de estas importaciones. China, por ejemplo, suministra el 100% de los elementos de tierras raras y el 97 % del magnesio.
Los países europeos remarcan su preocupación en cuanto a la expansión de China. El país “está reforzando su dominio mundial en el ámbito de las tecnologías estratégicas y emergentes, aumentando continuamente su presencia en los mercados internacionales, aumentando continuamente su presencia en América Latina (y África)”, contextualiza el documento.
De manera que, diversificar las importaciones europeas de materias primas estratégicas es “clave para dominar la transición limpia de la economía europea, mitigar los riesgos de la cadena de suministro”, sostiene el informe.
La diversificación de las importaciones de materias primas estratégicas también es uno de los objetivos clave de la Ley de Materias Primas Críticas de la UE, que entró en vigor en mayo de 2024. “Para 2030, no más del 65% del consumo anual de la UE de cada materia prima estratégica en cualquier fase pertinente de su transformación debe proceder de un único país”, dice el informe.
América Latina, en particular América del Sur, es principalmente rica en litio y cobre. Además, la región cuenta también con las mayores reservas de niobio, grafito natural, fluorita y elementos de tierras raras.
De acuerdo con un estudio de la Comisión Europea sobre minerales críticos, Brasil es, con más del 90%, el mayor proveedor mundial de niobio, un metal utilizado principalmente para la resistencia, flexibilidad y flexibilidad y ligereza. Además del litio, producido por Argentina, y teniendo Brasil reservas potenciales en el llamado Valle del Litio.
Una instalación de extracción de litio en el valle de Jequitinhonha, en el estado brasileño de Minas Gerais. El país podría albergar entre el 1% y el 8% de las reservas mundiales de litio, según distintas estimaciones. Foto: Gil Leonardi
A esto se suma que Brasil también apuntala en la exportación de otros metales. “Brasil es sólo un ejemplo potencial de socio estratégico para la Unión Europea en la cadena de valor del hierro y el acero”, advierte el informe de la AIE.
La región es considerada por la UE como estrategia. Su diplomacia ha trabajado en América Latina para establecer acuerdos en relación a los minerales estratégicos y el establecido entre el Mercosur y la UE es uno de ellos.
“Dado que Argentina y Brasil, en particular, son importantes productores de materias primas críticas, el acuerdo contribuirá a garantizar un suministro de eficiente, fiable y seguroy sostenible para la transición ecológica mundial, reduciendo o eliminando impuestos a la exportación y eliminando las restricciones y los monopolios a la exportación”, considera el informe del Parlamento Europeo.
Transición vía mercado
Uno de los pilares de la disputa por la economía mundial, en el marco de la transición energética propuesta por los países del norte, es el sector automovilístico. Entre las ventas totales de tecnologías a base de energías limpias destaca la producción de vehículos con motores eléctricos y sus baterías. El 65% del mercado global de tecnologías limpias está cubierto por la venta de coches eléctricos y baterías que vienen demandado de forma acelerada más minerales críticos, como reveló un reportaje de Avispa Mídia.
Así que Europa trató de garantizar su mercado en los países del Mercosur. El acuerdo prevé la eliminación progresiva de los aranceles en un período de 18 años para los carros eléctricos e híbridos europeos. En el caso de los vehículos a hidrógeno, la eliminación se dará progresivamente en un plazo de 25 años.
Además, se agrega la mano de obra barata en la región, motivo por el cual Brasil, así como México, se posiciona para establecer nuevas ensambladoras de automoviles europeos, estadounidenses, japonenes y chinos, puntualiza el informe de la AIE.
Más allá del discurso de sostenibilidad
Otro punto que vincula el acuerdo al Green Deal europeo, es decir el plan de descarbonización de las economías europeas, es el capítulo y anexos dedicados de Comercio y Desarrollo Sostenible, que establece criterios de “sostenibilidad”, como la restricción de las importaciones de productos del Mercosur cultivados en tierras deforestadas.
Los países que son parte del acuerdo también deben seguir el Acuerdo de París, adoptado en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, “con los países desarrollados asumiendo el liderazgo”, dice el acuerdo.
Además, la Unión Europea apoyará con 1,800 millones de euros la “transición ecológica y digital” en los países del Mercosur, como parte de la Global Gateway.
Durante el proceso de negociación Xiana Mendez, entonces secretaria de Estado de Comercio de España, sostuvo que el objetivo de la Unión Europea es “ayudar otros países a ser tan sostenibles cuanto nosotros”.
Pero lo que el acuerdo pone sobre la mesa va más allá del discurso ambientalmente responsable y la importación y exportación de productos. Está en juego la posibilidad de integración de cadenas de valor industriales “descarbonizadas”, lo que serviría a los objetivos europeos de ser la primera región del mundo climáticamente neutra hasta 2050.
Funcionarios del estado de Pará, norte de Brasil, inspeccionan una zona deforestada en la selva amazónica. Foto: Evaristo Sa
Analistas con corte liberal defienden que el acuerdo puede representar una oportunidad estratégica para esta integración.
Por ejemplo, Uruguay y Paraguay poseen matrices eléctricas consideradas prácticamente 100% verdes, mientras Brasil posee 85%, niveles muy superiores a los de la Unión Europa, que es de 39%. Para el profesor de economía y ex vice-presidente del sector privado del CAF (banco de desarrollo de América Latina y el Caribe), Jorge Arbache, “con esta matriz, la región es altamente atractiva para el powershoring, la estrategia empresarial de localización geográfica de la producción asociada a la disponibilidad de energía verde, segura, barata y abundante”, dijo en un artículo publicado en la página web del banco.
Destaca, por ejemplo, el posible impacto para la “descarbonización” de Europa, al acceder a “acero verde” producido con energía considerada limpia por países del Mercosur. “Con este conjunto único de atributos, el Mercosur puede producir bienes con mucho menos emisiones que Europa y con un time-to-market y estructura de costos sin comparación”, sostiene.
Además, enumera el especialista otros atractivos del Mercosur interesantes a la UE: los países del Mercosur tienen potencial de producción de hidrógeno verde a precios muy competitivos, es líder global en tecnologías, modelos de negocios y producción de biocombustibles, poseen agua dulce en abundancia, y muchos biomas y bosques con potencial para la bioeconomía, tierras fértiles disponibles, mucha biomasa e incomparable potencial para expandir el mercado de carbono.
Para Arbache, el Mercosur se presenta al mundo como una fuente de soluciones para la descarbonización.
Próximos pasos
La firma del acuerdo aún no se da. Los textos deben pasar por una revisión jurídica por parte de los países miembros y deben ser traducidos a los idiomas oficiales de cada país.
El acuerdo también debe pasar por un proceso interno de aprobación, en el caso de Brasil involucra la aprobación del texto por el Congreso Nacional.
De acuerdo con Adhemar Minero, diversos países europeos manifestaron restricciones al acuerdo, como es el caso de Francia. “Puede ser que todavía se reabran estas pláticas de negociación, a partir de la oposición de algunos países de la Unión Europea”, evalúa.
Parte del discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen,durante el anunció del acuerdo, fue direccionado a los sectores económicos europeos que haciendo oposición al acuerdo. “Es una ganancia para Europa. 60 mil empresas están exportando al Mercosur, 30 mil son pequeñas y mediana empresas se benefician de aranceles reducidos, procesos aduaneros mas sencillos, y también acceso preferencial a materias primas fundamentales. Este acuerdo lleva a que las empresas europeas ahorren 4 mil millones de euros, a la vez que expanden nuestros mercados”, argumentó.
El acuerdo es compuesto por 20 capítulos, además de anexos, y trata de temas como Comercio de Bienes, Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Defensa, Comercial y Salvaguardias Bilaterales, Facilitación del Comercio, Comercio de Servicios, Compras Gubernamentales, Propiedad Intelectual, Política de Competencia, Empresas del Estado, Comercio y Desarrollo Sostenible, Transparencia y Solución de Controversias
El miércoles (8) se realizó la última audiencia del proceso de amparo contra el plan de extracción subterránea de cobre y zinc en el área del sistema hídrico de Marcapomacocha, en la región Junín, donde se capta el agua que abastece a más de 11 millones de personas en la capital del Perú, Lima, y la provincia del Callao.
Southern Peaks Mining (SPM), empresa formada en sociedad con el Global Natural Resource Investments, un fondo de inversión británico, es la responsable del proyecto que fue aprobado en 2016 por el Ministerio de Energía y Minas.
El sistema hídrico de Marcapomacocha, ubicado a 100 kilómetros de Lima, dentro del terreno de la comunidad campesina Santiago de Carampoma, consiste en un conjunto de 48 lagunas, bofedales y aguas subterráneas que, a través de un túnel, se trasvasan desde la cuenca del río Mantaro a la del río Rímac, que es el que provee de agua a la capital.
Foto: Camiper
La minera planea depositar relaves tóxicos en una zona altamente sísmica, a 500 metros de la entrada principal del túnel de captación.
Durante la temporada seca, el sistema hidráulico aporta el 62% del agua para las dos zonas metropolitanas más pobladas del Perú, de alto estrés hídrico. El país es el tercero más afectado por este problema en América Latina y el Caribe. Y Lima es la región peruana en mayor riesgo de crisis hídrica.
En el libro La mina Ariana y la amenaza al agua de Lima y Callao. Lecciones de un caso inaudito, editado por Cooperacción en 2023, se reportan 390 pasivos ambientales que ya generan contaminación en en la cuenca del río Rímac.
Omisión en estudio de impacto ambiental
El fallo del juez dirimente, a emitirse en los próximos días, dejará un precedente para la gestión minera en torno a las fuentes de agua.
En la anterior audiencia, en enero de 2023, una jueza del sexto juzgado constitucional de la Corte Superior de Lima ordenó la suspensión de Ariana y la realización de estudios hidrogeológicos.
Las partes demandantes del proceso señalan una omisión grave en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto: la falta de una evaluación profunda de los posibles efectos en el sistema hídrico
Por su parte, el Ministerio de Energía y Minas defiende la competencia de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para determinar la inocuidad del proyecto, sin embargo este organismo, en su evaluación inicial, no analizó el impacto en el sistema hídrico.
A pesar de que el propio Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) advierte los peligros de contaminación, el Ministerio de Energía y Minas ha obviado sus recomendaciones. Entre las observaciones, Sedapal indica que el uso de dinamita alteraría el cauce de las aguas.
Protesta en Lima contra proyecto Ariana. Fotos: Cooperacción.
Debido a que la minera cercó parte del área de influencia de Marcapomacocha, no se puede examinar los niveles de contaminación en las lagunas.
Si de beneficios económicos se trata, Sedapal, con el agua de este sistema hidráulico, ha generado mayores ingresos de los que estima el proyecto Ariana.
La industria del cobre es de las más cotizadas en el Perú, el segundo productor mundial de cobre, mineral de alta demanda para la transición energética en el norte global. Asimismo, en 2023 ocupó el segundo lugar en producción de zinc, empleado principalmente en el sector de la construcción.
Historial de contaminación
Southern Peaks Mining tiene antecedentes de falta de responsabilidad ambiental. Cuando fue propietaria de la mina Quiruvilca (región La Libertad), entre 2012 y 2015, el Organismo de Fiscalización Ambiental la sancionó por incumplimiento de acuerdos de manejo de aguas de drenaje de desmontes y relaves. Tras vender la operación minera en 2015, la zona fue declarada en emergencia ambiental debido a impactos graves en el río Moche.
La compañía opera en el Perú la mina Condestable, al sur de Lima, en la que produce 23,000 toneladas de cobre por año.
Con respecto a la mina Ariana, la empresa ha manifestado que las actualizaciones de los estudios que realizó serán presentados a las autoridades cuando lo requieran, “sin perjuicio de la continuidad o avance del proyecto”.
La empresa sostiene un mensaje de producción con energías limpias, de acuerdo a la llamada transición energética en los países de capitales extractivistas, a costa de zonas de sacrificio. La industria del cobre es la causa de dos de los conflictos socioambientales más violentos en el Perú: el del proyecto Tía María (región Arequipa) y el de la mina Las Bambas (Apurímac).
Lo inusual del caso del proyecto Ariana es que el posible impacto sea en la capital de un país donde la minería contamina y amenaza fuentes de agua en los territorios de las provincias, habituada a ver a distancia estos peligros.
En portada: Acto simbólico realizado en el Río Lempa, donde líderes comunitarios y miembros de la ADES bendijeron al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por la reanudación de la minería. Foto: Rodrigo Sura
Desde los primeros días de enero del 2025, comunidades del norte de El Salvador, acompañadas de iglesias, organizaciones sociales y colectivos ambientalistas, han realizado diferentes movilizaciones para rechazar la reciente reactivación de la minería metálica en el país centroamericano.
En una de las más recientes acciones, durante una rueda de prensa realizada este miércoles (15), habitantes de la comunidad de Santa Marta, departamento de Cabañas, alertaron a la población sobre los impactos sociales y ambientales que traerá consigo la reanudación de la minería en El Salvador. Por ello, convocaron a la defensa del agua, la salud y la vida, en el contexto de la publicación, el pasado 10 de enero, de la recientemente aprobada Ley General de Minería Metálica, la cual revierte la prohibición a dicha industria que existía desde el año 2017.
Pese a que el discurso oficial afirma que la nueva ley de minería contempla medidas para aprovechar de manera racional y sostenible los recursos minerales del país, tales como la prohibición del uso de mercurio, existen señalamientos que consideran a la nueva reglamentación como un peligro.
Acorde a Andrew McKinley, experto en temas de agua y minería de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), la baja concentración de minerales en el subsuelo salvadoreño hace inviable una extracción rentable y sostenible, además de las posibles afectaciones a millones de personas en zonas vulnerables.
Durante una intervención pública en diciembre pasado, McKinley detalló que, además de la sobre explotación de agua, la minería causará altos costos ambientales para el país. Esto debido a que, argumenta, para extraer suficiente oro para un anillo es necesario procesar más de 20 toneladas de roca y tierra. “Eso convertiría a El Salvador en la luna con sus cráteres por todos lados en un periodo muy corto”, aseveró el experto.
Por su parte, los habitantes de Santa Marta exigen revertir la nueva ley pues denuncian que el Ministerio del Medioambiente no realizó ningún estudio técnico que valide la derogación de la prohibición y la reactivación de la minería. Además, pese a que en la nueva normativa se establece que el Estado salvadoreño será el único responsable de la exploración, extracción y procesamiento de minerales metálicos, también se permite las asociaciones con empresas privadas en el esquema de cooperación público-privada.
Ante este escenario, las comunidades y organizaciones remarcaron el llamamiento para rechazar la industria extractiva al considerar que “la única forma de salvar al país de la minería metálica y librarnos del desastre que podrían provocar los proyectos extractivos es la resistencia ciudadana y popular”.
Resistencias
Mediante pronunciamiento conjunto compartido este miércoles (15), las organizaciones aseveran que la aprobación de la nueva ley minera se realizó ignorando el clamor de la mayoría de la población salvadoreña, la cual rechaza la minería metálica.
Para ello, señalan los datos de encuestas recientes realizadas por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la UCA. Indican que el 60% de la población piensa que el país no es apropiado para la minería; el 70% sabe que la explotación minera daña al medioambiente; el 91% dice que no trabajaría en una mina y el 95% considera peligroso vivir cerca de una mina.
Apenas el pasado sábado (11), en un acto simbólico realizado en el embalse Cerrón Grande del Río Lempa, líderes comunitarios y miembros de la ADES realizaron una bendición al cauce del afluente, exigiendo su protección frente a los riesgos de contaminación por las actividades mineras. En el lugar realizaron un homenaje a tres compañeros asesinados en 2009 en Sensuntepeque, en el contexto de la lucha contra la minera canadiense Pacific Rim.
Vidalina Morales, presidenta de ADES, destacó que el río Lempa, principal fuente hídrica del país, sería gravemente afectado por los proyectos extractivos. “Este río es sagrado y vital para miles de familias. La minería es una amenaza directa a nuestra vida y futuro”, sostuvo.
En este contexto, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana lanzó la campaña denominada “Sí a la Vida, NO a la Minería” la cual fue saludada por las counidades del norte de El Salvador. “Abrazamos el acompañamiento de la iglesia Católica y las iglesias históricas a la lucha de las comunidades primeramente amenazadas por estar en las zonas de potencial minero y que ya están siendo militarizadas”, agradecieron mediante comunicado.
El mismo sábado (11) reiteraron su exigencia para poner fin a la criminalización de líderes ambientales de la ADES. Éstos son Antonio Pacheco, Saúl Agustín Rivas, Alejandro Laínez, Pedro Antonio Rivas y Miguel Ángel Gámez. A pesar de haber sido absueltos durante octubre pasado, tras ser acusados por homicidio durante el conflicto armado en la década de los ochentas, aún permanecen bajo juicio debido a una apelación del sistema judicial salvadoreño.
Las iglesias históricas y colectivos sociales subrayan que esta criminalización busca desmovilizar la resistencia popular, pero aseguran que ha logrado lo contrario. “Nuestra voz ahora es más fuerte”, expresaron. Además, hicieron un llamado a la comunidad internacional y a organismos como la Organización de las Naciones Unidas y al sistema Interamericano de Derechos humanos para acompañar la lucha por la vida y los derechos humanos en El Salvador.
