La discriminación, racismo y exclusión que sufren los pueblos originarios en América Latina por un contexto político y social ‘convulso’, violan los derechos y propician victimización individual y colectiva, por medio de la tortura, penas crueles, inhumanas o degradantes.

El estudio “¡Pues es tortura!”, promovido y coordinado por la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), rescata las vivencias y conocimientos de las personas que integran el Grupo de Trabajo Pueblos Indígenas y Tortura en América Latina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Guatemala, México y Nicaragua.

En los últimos años se multiplicaron los intentos en todo el continente de controlar la tierra, el territorio y a la propia población indígena en pro de la implementación de megaproyectos de desarrollo turístico, hidroeléctricos o extractivos y en detrimento de sus derechos fundamentales.

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La tortura generalmente aparece ligada a otras formas de violencia, como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria y la violencia sexual con base en el género, para mencionar algunas.

“Efectivamente, con este informe se ha podido demostrar cómo la tortura tiene un impacto más allá de lo individual y afecta colectivamente la identidad, la cultura y el ámbito político-organizativo de los pueblos y comunidades”.

Este estudio se enfocó en tres variables: la persistencia del racismo institucional y estructural como “caldo de cultivo” que ha permitido y potenciado que se cometan actos de tortura y malos tratos en total impunidad; las violencias sociales, políticas y económicas a través de la militarización, el endurecimiento de las políticas de seguridad nacional y las leyes anti-terroristas, que vulneran cotidianamente los derechos de los pueblos indígenas; y la violencia en torno a la tierra y el territorio que se manifiesta en el despojo histórico y la usurpación de sus territorios ancestrales.

En América Latina habitan 58,2 millones de personas indígenas, lo que representa el 10% del total poblacional; las mujeres representan el 50,8% de la población total, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) con datos de 2018.

Por ello, analizaron el contexto de los siete países donde los pueblos originarios enfrentan tortura por despojo de tierras; protesta social; la criminalización, la estigmatización y las amenazas contra los líderes y las lideresas indígenas; en el contexto de detención o cárcel y a través de actos de violencia sexual y con base al género, en especial en contra de las mujeres indígenas.

Despojo 

El estudio da cuenta que el despojo de tierras y bienes puede representar tortura o malos tratos y señalan a autoridades estatales y grupos criminales armados como responsables.

“En estos casos, los Estados incumplen generalmente con sus obligaciones de protección conforme al principio de debida diligencia. Este despojo se da en muchas ocasiones para permitir que empresas y megaproyectos se instalen en territorios indígenas sin consulta previa, primando los intereses económicos y comerciales”.

Estas estrategias provocan desplazamientos, violencia, intimidación y uso excesivo de la fuerza. A su vez afectan a los pueblos originarios en su colectivo, tanto en el ejercicio de sus derechos a la tierra y el territorio como en su cosmovisión, espiritualidad y reproducción social y cultural.

Las mujeres también se enfrentan a altos índices de violencia sexual, a la que se le agrega la tortura que el agresor o los agresores efectúan en el contexto de la detención a través de golpes en partes sensibles del cuerpo de las mujeres, manoseos, desnudez forzada y violencia sexual.

A esto se le suma la represión estatal a partir de la tortura y malos tratos por la protesta social vinculada en América Latina a la defensa de la tierra, el territorio y el medio ambiente, que ha dejado numerosas personas muertas y heridas a lo largo y ancho de todo el continente.

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El caso de la criminalización, estigmatización y detención de defensores de derechos humanos indígenas se repite en todos los países de la región latinoamericana. La investigación registró el encarcelamiento de 12 personas con denuncias falsas y persecución laboral que muchas veces han terminado en actos de tortura física y psicológica mientras están privados de libertad.

“La cárcel se presenta como un entorno torturante que, en sí misma, afecta de manera específica a las personas indígenas, no solo por las deficientes condiciones de detención, pero también por la falta de consideración de los elementos específicos que respeten al máximo posible sus tradiciones y cosmovisión en el marco de la privación de libertad”.

Discriminación

La región cuenta con una gran diversidad lingüística y cultural, con 424 lenguas distintas (incluyendo castellano, portugués, francés e inglés) de las cuales 107 (el 24,5%) son idiomas transfronterizos que se utilizan en dos o más países. Al mismo tiempo, es la región con mayores desigualdades en el mundo, según CEPAL.

Y son, precisamente, los Estados latinoamericanos que enfrentan a altos índices de discriminación por razones de género, etnia, lengua y clase que dificultan más el acceso a la justicia.

“La clasificación social en ‘razas’, algunas de ellas ‘superiores’ a otras”, remonta al periodo colonial y fue heredada en los procesos de independencia y/o consolidación de los Estados-nación con el propósito de imponerse políticamente, homogeneizar culturas (y en ocasiones erradicarlas) y despojar a los pueblos originarios de sus territorios”.

En América Latina el racismo, profundamente enraizado en los sistemas judiciales, políticos y sociales, permiten las violaciones a la prohibición absoluta de la tortura y otros malos tratos en el caso de los pueblos indígenas.

Por ello, tienen un impacto grave en la vida individual y colectiva de los pueblos indígenas. La investigación del Grupo de Trabajo y Frayba señala que en Guatemala se forjó un modelo que racializó al sujeto “indio”, despojándolo de su condición de sujeto de derecho, el cual debía ser “civilizado o civilizada” para su integración a la sociedad en general y para ser considerado “ciudadano” o “ciudadana”.

Nada contrario de lo que sucede en Bolivia, donde el proceso histórico de construcción del Estado se caracterizó por la dominación de la minoría mestiza-criolla y la exclusión de los indígenas del aparato estatal.

A pesar de que la Constitución de 1991 reconoció los derechos colectivos de los pueblos indígenas como fundamentales en Colombia, no existe una transformación real de las precarias condiciones de vida de los pueblos indígenas, como tampoco la superación de la desigualdad.

Mientras, en Nicaragua, los pueblos indígenas del Pacífico, el centro y el norte resisten los procesos de dominación y de asimilación cultural forzada, impuestos desde la colonización española por el Estado nacional, y que tienen como común denominador su invisibilización, la negación de sus identidades, tradiciones e historia.

En el caso de las poblaciones indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe –cuya extensión constituye la mitad del territorio nacional nicaragüense-, son objeto en la actualidad de una violenta colonización interna.

En México se repite el mismo patrón con un limitado reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, particularmente en lo relativo a la autonomía y libre determinación, presentan una continuidad temporal en lo relativo a la discriminación estructural que existe desde la época colonial.

En este contexto, la tortura en la cárcel, por ejemplo, “se caracterizan por la fabricación de confesiones o declaraciones autoinculpatorias, a través de tortura, aprovechándose de la marginación, pobreza y del desconocimiento del castellano por parte de las personas indígenas detenidas”.

“El racismo sigue profundamente enraizado en la cultura latinoamericana, permeando sus sociedades de manera estructural, lo que se ha reproducido a través de sus diversos sistemas económicos, políticos, sociales y jurídicos y ha traído consigo la marginación, exclusión e invisibilización política y social de los pueblos originarios”.

Esto sin descartar que, en AL, el 6% de las personas no cuentan con una vivienda, y aunque la tasa de alfabetización de la población entre 15 y 24 años de edad es del 98,2%, un 8% de la población total no sabe leer ni escribir. El acceso al agua y al saneamiento aún no es universal: el 7% de la población no tiene acceso al agua potable (más de 45 millones de personas) y el 12% carece de saneamiento adecuado.

Leyes

En general, los derechos de las personas indígenas son reconocidos, pero no materializados en casi todas las Constituciones latinoamericanas.

En México, para que el despojo de los territorios ancestrales se lleve a cabo, la militarización juega un papel fundamental; y ha sido una de las problemáticas que ha desatado mayor preocupación en derechos humanos.

“Una guerra directa entre cárteles de la droga y el gobierno federal ha traído consigo asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados de miles de personas en el marco de esta estrategia”.

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Por ello, organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT), han expresado la preocupación de la seguridad pública recaiga en las autoridades militares.

Entre 2018 y 2019, Chile y Argentina endurecieron las políticas de seguridad nacional. Por un lado, en Argentina se consideró como un problema de soberanía nacional la existencia del pueblo Mapuche, aumentando el hostigamiento y la criminalización contra el ejercicio de los derechos culturales.

El informe tiene registro de la creación de comandos especiales para combatir la resistencia Mapuche que incrementan la violencia estatal, las detenciones arbitrarias, los montajes judiciales, las privaciones arbitrarias de la libertad, el espionaje, las desapariciones forzadas, la tortura, el uso desproporcionado de la fuerza y los asesinatos.

El pueblo Mapuche en Chile también enfrenta un Estado que aplica de manera discriminatoria la Ley Antiterrorista, criminalizando la protesta social del pueblo originario y somete a largos periodos de prisión preventiva a varios de sus líderes y lideresas.

En este tenor son comunes la falsificación y el ocultamiento de pruebas ante los tribunales para condenar a dirigentes y autoridades tradicionales, y se han realizado muchos operativos policiales violando las normas internacionales y nacionales que regulan el uso de la fuerza.

En Colombia, la población ha vivido un largo conflicto armado que data de la década de los años 50; sus causas inician en la desigualdad en el acceso a las tierras y en la inequidad social y económica.

A esto se le agrega la dinámica del paramilitarismo que, aunado al narcotráfico, con el pretexto de la lucha contrainsurgente, es responsable de graves masacres y desplazamiento forzado como estrategia para el despojo de tierras.

El caso nicaragüense tiene antecedentes de décadas de abuso y discriminación, agravados con el desmantelamiento de la institucionalidad democrática y que se agudizaron con la llegada al poder en 2007 del presidente Daniel Ortega, bajo cuyo gobierno se cometieron los primeros abusos en áreas rurales contra campesinos e indígenas por parte el Ejército.

Mientras, los pueblos indígenas en Guatemala han pasado por épocas históricas que han marcado su existencia, condición y situación de desarrollo social, económico y político. Como ejemplo el periodo del conflicto armado interno de 1960-1996 cuando se cometieron graves violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales que llegaron a ser calificados como genocidio por los tribunales.

“A ello se añadieron masacres, torturas, desapariciones forzadas, actos de esclavitud y violencia sexual cometidos por y desde el Estado”.

Protección 

La falta de investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes (TCID) provocan daños inmateriales, morales o psicológicos, en lo individual y colectivo a los pueblos originarios.

Las recomendaciones de la investigación justamente parten de este racismo que se propaga desde el poder, ante la urgencia de que se aplique el marco internacional y nacional de prevención y erradicación de la tortura y otros malos tratos desde una perspectiva colectiva, diferenciada y cultural, que proteja y prevenga la violencia contra los pueblos indígenas.

El Grupo de Trabajo y Frayba emiten recomendaciones específicas para los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas y del Sistema Interamericano, los Estados individualmente considerados, y al movimiento de derechos humanos contra la tortura, en específico al Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT).

En ellas piden tipificar a nivel nacional la tortura y los malos tratos de acuerdo con los estándares internacionales y particularmente incluyendo el motivo de la discriminación como uno de los propósitos básicos de la definición de tortura. Asimismo, garantizar que en todos los espacios y mecanismos anti-tortura haya una pluralidad de voces y de experiencias y representación de jóvenes, mujeres y hombres.

Las organizaciones solicitan una elaboración de observaciones generales o informes de fondo a nivel de las Naciones Unidas y el Sistema Interamericano sobre las particularidades de la tortura en los pueblos indígenas, analizando las obligaciones de los Estados de garantizar la prevención, protección y reparación por los actos de tortura desde un enfoque colectivo, diferenciado y cultural.

Al movimiento de derechos humanos contra la tortura y los malos tratos, recomiendan fomentar la formación de personas indígenas en el conocimiento del derecho a nivel nacional y del derecho internacional de los derechos humanos.

El estudio de 120 páginas documenta que la tortura contra los pueblos indígenas ha sido una práctica generalizada en América Latina, utilizada no solo en contextos de conflicto armado sino de manera permanente, en correspondencia con intereses individuales, particulares o privados (por ejemplo, de empresas naciones y transnacionales).

“Los pueblos indígenas la perciben como una forma de exterminio y extinción de sus pueblos. De tal manera, los pueblos indígenas vienen vivenciando importantes formas de tortura a causa de sus luchas por consolidar su propio proyecto político y de desarrollo, cuya fuente principal es el territorio. Y es en torno al territorio que actúan intereses estatales, ilegales y transnacionales, poniendo en alto riesgo la vida y la pervivencia de muchos pueblos indígenas”.

“Fue una embestida por parte del Instituto Nacional de Migración [INM] y la Guardiana Nacional, gritaban: ¡violencia, violencia!”, relató Luis García Villagrán, defensor de los derechos humanos y acompañante del viacrucis migrante que el pasado viernes (1) salió de Tapachula, Chiapas.

El 18 de marzo cerraron las oficinas de regulación migratoria del INM después de un disturbio y destrozos provocados por las mismos migrantes que hace meses esperan una respuesta a sus trámites en Tapachula, frontera sur de México, una ciudad que no conocen, sin empleo ni acceso a derechos básicos. Además enfrentan discriminación desde las redes sociales, hasta en las aceras de las calles.

El tenor obligó a los extranjeros a organizarse para salir en grupo hacia a la frontera norte de México, previo a la Semana Santa. Antes de partir, junto a defensores de derechos humanos, hicieron pública la solicitud de diálogo con las autoridades migratorias; y directamente al Comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez. Pero no hubo retroalimentación.

En esta petición buscaban que se respetara la minuta que representantes federales signaron en diciembre de 2021 y que los compromete a respetar los derechos humanos de personas con necesidades de protección internacional.

Salida

Con alrededor de 700 amparos interpuestos ante un juez federal, acompañados por organizaciones de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, como Luis García Villagrán, el viernes 1 de abril el ‘viacrucis migrante’ se puso en marcha.

Las personas originarias de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Honduras caminaron 18 kilómetros, precedidos por una cruz blanca de madera y la bandera de Venezuela. En el camino ya habían logrado pasar un muro de las fuerzas federales en el paso a desnivel conocido como Viva México.

Pero en el cruce del poblado Álvaro Obregón, la Guardia Nacional con equipo antimotines se desplegó otra vez, para frenar el objetivo del éxodo.

Con la misma cruz de madera y al grito repetido de ¡libertad!, el éxodo se abrió paso entre la valla de escudos, cuerpos humanos, macanas y gases que hirieron al menos a 30 personas, entre ellos varios menores de edad.

En la persecución, muchos dejaron tirados objetos personales y mochilas completas. Al menos 90 personas fueron detenidas y trasladadas a estaciones migratorias en Oaxaca, mientras otras corrieron entre la maleza para esconderse de los uniformados, “hay personas desaparecidas y familias separadas”, aseguró Luis García Villagrán.

El operativo fue coordinado personalmente por la delegada del INM en Chiapas, Paola López Rodas, agregó Villagrán. “Una mujer de Venezuela de tres meses de embarazo estuvo con complicaciones; mucha gente dañada en este intento de detención y criminalización”.

Las más de 20 organizaciones que integran el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos, en el Sureste Mexicano, evidenciaron que el operativo migratorio se realizó con violencia, con el uso de gases lacrimógenos, la detención de personas y el hostigamiento e intento de detención de defensores de derechos humanos.

Durante el despliegue militar, el grupo del viacrucis corrió y se resguardó en la parroquia de Álvaro Obregón, donde recibieron atención médica por parte de Protección Civil. Durante dos días se refugiaron en ese espacio.

Feligreses y habitantes de la comunidad les proporcionaron alimentación. Por otro lado, medios locales publicaron declaraciones del obispo de Tapachula, Jaime Calderón Calderón, en las que desacredita el viacrucis y a los defensores acompañantes de la causa.

“El obispo crispa más la atención y el odio que hay en contra de la población migrante. Nosotros estamos solicitando diálogo desde antes de salir”, añadió Villagrán cuando recordó las violencias que enfrentan en “la ciudad cárcel”, como llaman los migrantes a Tapachula.

Estos repetidos actos de violencia por parte de las fuerzas federales se ejercieron, según el defensor, a pesar de las medidas cautelares que les otorgó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos antes de iniciar la travesía.

Ciudad cárcel

Las personas en contexto de movilidad humana acamparon por varios meses en el Parque Bicentenario de Tapachula. En un tubo de agua se aseaban todos y la niñez dormía en el piso. “Son condiciones infrahumanas”, explicó Villagrán.

Después de varias semanas de protestas contra la administración del INM, el 11 de marzo, cerca de 800 personas lograron hacerse visibles en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita a Tapachula.

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Para callar sus voces les entregaron visas humanitarias en Ciudad Hidalgo, razón que motivó a más personas a exigir también la regulación migratoria para poder salir de Chiapas. Pero sin la presencia de López Obrador, no hubo respuesta y la desesperación desencadenó nuevas protestas y reclamos entre migrantes.

El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano alertó, entonces, sobre la falta de transparencia en las promesas de regularizar a la población migrantes. “Estos conflictos son resultado de las acciones de las autoridades”, y sumó que, de esta manera, se promueve un trato diferenciado entre nacionalidades que generan tensión entre los grupos.

De raíz

Alrededor de las 15h de este domingo (3), el Instituto Nacional de Migración emitió un comunicado de prensa, que difundió en redes sociales, para llamar al éxodo de migrantes a no autolesionarse, “ni a convertirse en rehenes de intereses de terceros”.

Migración señaló a los defensores de promover acciones que dañan la integridad física y psicológica de los extranjeros, en referencia a la protesta en la que de nueva cuenta se costuraron los labios y a la huelga de hambre que iniciaron en la comunidad Álvaro Obregón, donde fueron reprimidos por las fuerzas federales.

La situación colocó rápidamente a Chiapas a la vista del mundo y la respuesta del INM tampoco demoró. Dos horas más tarde, de la publicación de su comunicado, llegó a un acuerdo con el grupo de migrantes.

Al menos 600 personas en contexto de movilidad aceptaron y comenzaron ser trasladadas en autobuses de la comunidad Álvaro Obregón a Tabasco y Oaxaca, para que puedan avanzar sus trámites de regularización migratoria.

En la documentación del Centro de Dignificación Humana, se detectó la presencia de infiltrados dentro del grupo de migrantes, así como en medios de comunicación, que contribuyen a un contexto de tensión.

“El Estado mexicano no tiene ninguna intención de hacer las cosas conforme a la ley sino todo lo contrario y ha gastado mucho dinero en estas actividades; por ello es responsable de lo que pueda ocurrirnos”, dijo VIllagrán.

Para el defensor, estas violencias que se ejercen son normalizadas por las mismas autoridades, que envía un mensaje erróneo a la sociedad, sin importar que se trate de un grupo vulnerable.

Los defensores de los derechos humanos coincidieron que, además de medidas inmediatas, se necesita mayor capacidad de atención del INM con base en el respeto de los derechos humanos y con conocimiento de leyes y acuerdos internacionales.

En el último comunicado del Colectivo Observación hizo un enérgico llamado para que las autoridades mexicanas detengan la violencia y los operativos. Asimismo, demandaron a la Secretaría de Gobernación, el INM y GN respeto y garantía de la integridad física y emocional de todas las personas que se desplazan.

Al mismo tiempo, las organizaciones pidieron al INM y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) dar debida respuesta a los procedimientos migratorios.

Avispa Midia se une al esfuerzo para difundir el trabajo de periodistas guatemaltecos en “The Store Project”, quienes investigaron las actividades ilegales de la mina de níquel que las empresas CGN y Pronico operan para la compañía ruso-suiza Solway en El Estor, Izabal. El resultado es una serie de reportajes elaborados a partir de una filtración recibida por Forbidden Stories, quien ha compartido los documentos con medios en todo el mundo para develar los secretos más oscuros de la mina.

^{Texto y fotos: The Store Project}

Dos militares guatemaltecos implementan tácticas de inteligencia en contra de los opositores de la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN-Pronico), ubicada en El Estor, Izabal. Desde sus oficinas, dirigen acciones de espionaje, seguimiento y criminalización en contra de líderes comunitarios, concejos ancestrales y la prensa local. Para este gigante minero, la difusión de rumores, la compra de líderes comunitarios, el financiamiento a la policía y la fabricación de pruebas falsas, es un cúmulo que forma parte del gran plan: mantener funcionando al proyecto Fénix.

El sol no es el único que se asoma por la ventana del periodista comunitario Juan Bautista Xol, a las 7:00 a.m. del 26 de octubre de 2021. Veintinueve policías acompañados por elementos del ejército y el Ministerio Público esperan afuera de su casa, ubicada en el barrio San Jorge, a 7 kilómetros del recinto minero de CGN-Pronico, en El Estor, para allanar la vivienda. Los agentes buscan armas o cualquier evidencia que pueda inculparlo de pertenecer al grupo de la resistencia Qʼeqchiʼ que impidió por más de 20 días el funcionamiento de la mina. En los siguientes minutos, lo localizan y lo fuerzan a sentarse en una silla. Xol no tiene permitido moverse. Tampoco hablar. Del otro lado de la habitación está su esposa, quien aterrada ante la escena de invasión de su hogar, observa cómo lo despojan de su gafete, chaleco de prensa y de su celular, mientras vuelcan el resto de sus pertenencias en el suelo. La policía lo retiene por algunas horas antes de retirarse. En los siguientes días, sus pasos, los de otros periodistas y los de las autoridades ancestrales serían observados y seguidos de cerca como parte de un plan para intimidarlos y/o criminalizarlos.

La intimidación ha estado ligada a la operación de la mina en El Estor desde siempre. Cada vez que la minera no ha podido reprimir a la resistencia de los comunitarios por su cuenta, ha utilizado al brazo armado del Estado, al ejército y a la policía, para reducirlos, atemorizarlos y hacerlos desistir de denunciar los abusos que han cometido en el territorio.

Las transmisiones en vivo y los reportes de Xol han sido parte clave para revelar al mundo lo que ocurre en El Estor. A raíz de esto, su rostro ha sido difundido en redes sociales y ha sido señalado de haber participado en las protestas y de promover la violencia, cuando desarrollaba su labor periodística.

El allanamiento en la casa del periodista comunitario, ocurrido durante el estado de sitio que el presidente Alejandro Giammattei decretó a finales de 2021 en favor de la mina, es solo una pequeña muestra de la influencia y poder que tiene dentro y fuera del territorio, y sobre las autoridades del Gobierno Central y Municipal. La mina ha sido, entre otras cosas, capaz de articular una mayor presencia policial para resguardar sus intereses.

La Policía Nacional Civil (PNC), de hecho, ha recibido donativos regulares de la mina, al menos desde 2015, y las empresas mineras han planificado junto a “altos jefes” policiales operativos de desalojos de comunidades, según documentos revisados para esta investigación.

Dos abogados guatemaltecos consultados por The Store Project coincidieron en que no es ilegal que la mina realice donaciones a diferentes instituciones del Estado, pero sí es antiético que lo hagan en el marco del ejercicio de violencia en favor de una parte involucrada, e incluso eso podría configurar un delito como el cohecho.

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Durante el estado de Sitio decretado por el Ejecutivo el 24 de octubre de 2021, tras jornadas en las que la policía y el ejército disolvieron de forma violenta la protesta pacífica de comunidades Q’eqchi’ contra la mina, la participación de 700 militares y más de 500 policías. Su presencia sirvió para ejecutar 40 allanamientos y 90 órdenes de captura, pero también para instalar puestos de control y registro en todo el municipio, especialmente, en las rutas de movilización de la compañía. Los agentes de la fuerza pública también llevaron a cabo rondas de vigilancia en los barrios de El Estor, que los vecinos catalogaron como asedio y que tendría el objetivo de instalar el terror en las comunidades. Durante el estado de sitio, tras la dispersión de la resistencia, CGN-Pronico desarrolló una consulta comunitaria sin tomar en cuenta a más de 94 comunidades afectadas por la mina, con el propósito de devolver la “legitimidad” al proyecto que ha operado de manera irregular desde 2005.

El acoso que han denunciado de forma pública Xol, otros periodistas comunitarios, organizaciones sociales y la resistencia antiminera en contra de la empresa es el resultado de una serie de planes que ha puesto en marcha la compañía para asegurarse el control total de El Estor y la libre explotación de los recursos naturales.

En el 2005, la mina Fénix empezó a operar en el municipio luego de que el Gobierno de Oscar Berger le otorgara un permiso para extraer níquel y otros minerales. Desde su llegada al territorio, la comunidad Qʼeqchiʼ ha señalado las anomalías que los dueños del proyecto, antes canadienses y ahora rusos, han cometido, como la omisión de un estudio de impacto ambiental, de acuerdo con declaraciones del abogado ambientalista Rafael Maldonado en agosto de 2021, y de una consulta comunitaria de vecinos, requisitos contemplados en la ley guatemalteca previo a la operación de cualquier proyecto extractivo.

Sin embargo, la mina ha conseguido el beneplácito de los Gobiernos de Álvaro Colom, Otto Pérez Molina, Jimmy Morales, Alejandro Maldonado y, de manera más reciente, de Alejandro Giammattei, quien ha defendido la “legalidad” del proyecto.

Los actuales dueños de la mina, la firma rusa Solway Investment Group, filial de la Compañía Guatemalteca de Níquel, CGN-Pronico, saben bien que El Estor es tierra de nadie. En este municipio del caribe continental de cara al Océano Atlántico, la única autoridad a la vista son los mineros y ellos lo saben.

En 2018, un grupo de amparistas -pescadores y autoridades indígenas- demandó al Estado de Guatemala por permitir a la mina operar desde 2005 sin haber realizado una consulta previa a las comunidades Q’eqchi’ afectadas, de acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En 2019, la Corte de Constitucionalidad falló a favor de los solicitantes y ordenó el cierre de la mina. Resolución que reiteró en 2020, cuando el Ministerio de Energía y Minas (MEM) comunicó a CGN que debía dejar de operar. El proyecto Fénix, sin embargo, continúo como si nada.

Y es que los mineros se han asegurado una cuota de impunidad para mantener el funcionamiento del proyecto, al mismo tiempo que desarrollan tácticas contrainsurgentes que pasan por el espionaje, el perfilamiento y la criminalización de personajes clave como los pescadores, los integrantes de los Consejos Comunitarios Maya Qʼeqchiʼ, las organizaciones de derechos humanos y la prensa local, con el objetivo de dividirlos y evitar que se fortalezcan.

En esta historia develamos algunos de los hallazgos más relevantes surgidos de la filtración de más de 8 millones de documentos que explican cómo opera el gigante minero, dando paso a la segunda entrega de Green Blood llamada: “Mining Secrets” (Secretos Mineros). Una investigación colaborativa coordinada por Forbidden Stories en la que participan 65 periodistas, de 20 medios y de 15 países del mundo.

Un militar frente al departamento de relaciones comunitarias

En agosto de 2015, Maynor Giovani Álvarez Mai se convirtió en el gerente de Relaciones Comunitarias de Pronico. Álvarez, un hombre de 40 y tantos años, calvo, tez rojiza, de estatura media y que usa gafas de aros platinados de estilo aviador, es un militar retirado con el grado de mayor de infantería en el ejército de Guatemala, graduado en 1993 de Escuela Militar de Aviación.

Su contratación ocurre cuando la mina buscaba ampliar las tácticas de inteligencia y desarrollar “planes de contingencia en temas sociales” que, hasta ahora, han incluido ignorar el cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional para evitar el cierre de la planta procesadora de níquel por operar ilegalmente, montar estrategias de control, seguimiento, vigilancia, cooptación, criminalización y ataques hacia personas que la empresa considera opositoras y de “alto riesgo”.

En 2019, en medio de una manifestación afuera de la Corte de Constitucionalidad, que buscaba revocar la sentencia de suspensión, Maynor Álvarez resume en cuatro palabras el papel de los mineros en El Estor: “nosotros somos el Estado”.  Si la mina es el Estado, es uno “paralelo” que rige y hace cumplir su propia ley, de acuerdo con la evidencia que la filtración ha arrojado. Si bien es cierto que previo a su llegada, CGN-Pronico ya implementaba mecanismos de espionaje a través de informantes comunitarios, una acción que es penada de 5 a 10 años de prisión, y planes de “apaciguamiento” para mostrar el rostro amigable de la compañía a actores clave que podían ejercer influencia de afuera hacia dentro de las comunidades para así desbaratar cualquier resistencia en el desalojo de tierras, Álvarez las potenció y redirigió ese tipo de tácticas en contra de objetivos mayores que empezaban a incomodar a la mina.

En 2015, la compañía realiza un diagnóstico en donde identifica que los mineros han actuado de forma “reactiva” y que la nueva estrategia a seguir es aplicar la “inteligencia social”, la cual consiste en “dividir a los líderes” y “profundizar dentro de los grupos de oposición”, de acuerdo con la explicación de Roberto Zapeta, gerente de Seguridad General de Pronico.

En otras palabras, aniquilar a la resistencia con ayuda del espionaje de informantes. Todo esto para “evitar el incremento de bloqueos y usurpaciones”, según escribió Zapeta en un correo del 10 de diciembre de 2020, parte de los documentos filtrados. La tarea corresponde tanto a Relaciones Comunitarias como a la Gerencia de Seguridad de la mina.

Zapeta, quien tiene una maestría en “Altos Estudios Estratégicos con Especialidad en Seguridad y Defensa”, mantiene una relación directa con la Escuela de Inteligencia del Ejército, relación que Solway/CGN/Pronico justifican al decir que su gerente imparte “conferencias, a título personal, sobre su testimonio como víctima del conflicto armado interno” y, ahora, como promotor de la paz en Guatemala, de acuerdo con una carta enviada a Forbidden Stories a finales de febrero de 2022,.

Álvarez y su equipo también buscan bloqueos en las rutas que utiliza la mina, con ayuda de informantes que los previenen de las acciones antes de que sucedan elaborando “análisis críticos”, y siguen muy de cerca las manifestaciones de la disidencia con el objetivo de identificar a sus participantes y el nivel de peligrosidad de cada uno. A los líderes que tienen el nivel más alto de alerta, les implantan denuncias para desacreditarlos y que pierdan apoyo. Como es el caso de los líderes e integrantes de la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor (GPA) Cristóbal Pop, Eduardo Bin, Vicente Rax, Tomas Che, Jorge Xol, Marco Tulio Ical y Juan Eduardo Caal Suram.

Por ejemplo, el 11 de mayo de 2019, Marvin Méndez, de Pronico, coordina una entrevista a un grupo de 80 mujeres, algunas de ellas esposas de trabajadores de la empresa, quienes dicen haber sido víctimas de violencia por parte de los pescadores Cristóbal Pop y Eduardo Bin, durante una manifestación en mayo de 2017.

Méndez redacta un documento en donde detalla paso a paso el orden en que las mujeres contarán sus testimonios y las denuncias realizadas en el caso. En el texto es posible detectar que la intención era hacer preguntas que simularan a una conferencia de prensa para que pudiesen practicar sus respuestas de antemano. Entre las interrogantes, Méndez busca dejar en claro que la minera quiere quedar desvinculada del grupo de denunciantes, preguntando en varias ocasiones si CGN-Pronico ha estado detrás del apoyo o financiamiento recibido. Un aspecto que las interpeladas no aceptan, pero tampoco niegan al responder: “Estamos organizadas y gestionamos apoyo con diferentes instituciones para continuar en nuestro duro proceso en defensa de nuestros derechos”.

La relación de la compañía con las mujeres queda plasmada en otro documento de la filtración elaborado en septiembre de 2019, en el que se planifican jornadas de protesta para octubre y noviembre de ese año, con los empleados de la mina frente a la Corte de Constitucionalidad en Ciudad de Guatemala. Las mujeres están allí para desacreditar a los amparistas, especialmente, a los pescadores Pop y Bin, y para enviar un mensaje a grupos allegados a los magistrados de la corte que podrían incidir en la revocatoria de la sentencia.

En esa misma hoja de cálculo, creada por Humberto Matheus, director administrativo de Pronico, la minera plantea otras acciones como “indicadores de éxito”. Entre ellas están: Conseguir que el MEM presente un recurso ante la CC, la desacreditación de la resistencia antiminera alegando que el amparo que la corte concedió y que logró la suspensión de la empresa, fue elaborado con firmas falsas; así como el uso de netcenters y colaboraciones pactadas con el portal de noticias mineras miningworks.gt, para difundir esta información en internet y redes sociales.

De estas acciones estuvo a cargo Álvarez, Marvin Méndez, Ivan Camey, Humberto Matheus, Iryna Litviniuk, entre otros empleados de Relaciones Comunitarias y de la Gerencia de Seguridad.

De manera pública, la minera ha promovido la instalación de mesas de diálogo con las comunidades Qʼeqchiʼ opositoras, pero todo ha sido un espejismo. En un correo de fecha 1 de junio de 2020, enviado por Oscar Chávez Morales, de Relaciones Comunitarias, se demuestra que todo ha sido parte de una estrategia para entretener a la gente mientras les arman casos penales y/o los denuncian anónimamente ante Crime Stoppers.

“Nataly: por instrucciones de Marvin Méndez solicito tu apoyo para la presentación de denuncias anónimas. Nombres y apellidos, CUI, residencia y número telefónico.  Ingresar al sistema Crime Stoppers Guatemala y llenar la información requerida”, lee el correo. Crime Stoppers Guatemala es un portal del Gobierno, la Oficina de Drogas y Crimen de la ONU, Interpol y otras organizaciones, en las que las personas pueden realizar denuncias y compartir pruebas o pistas para la investigación de hechos delictivos.

A esto se suma al hecho que Méndez ha solicitado que se instalen cámaras de seguridad dentro de la colonia para “registro audiovisual de las reuniones y el registro visual de potenciales detractores”. Una estrategia de documentación útil para la mina ya que, anteriormente, el Ministerio Público (MP) ha acudido a CGN-Pronico para obtener información de los líderes denunciados.

Es así que la “inteligencia social” que Álvarez y Zapeta desarrollan desde Relaciones Comunitarias y la Gerencia de Seguridad, no son más que planes y estrategias militares que obedecen a una política similar a la contrainsurgente, en donde el objetivo es “prevenir, detectar y detener las actividades de los opositores” mediante el despojo y/o el silenciamiento.

Las comunidades de El Estor reconocen que las acciones de asedio, intimidación y criminalización que han sufrido en los últimos años por parte de CGN-Pronico, para desintegrar a la resistencia antiminera, son las mismas que aplicaron las fuerzas armadas durante el conflicto armado interno.

“Yo veo que el estado de Sitio es igual que la historia del conflicto armado interno. Porque llegan, de noche o de día, te agarran en la calle y te matan como a un animal. No he conocido a mi padre. Lo sacaron de la casa y hasta ahora no se sabe dónde está, si está vivo o muerto. Muchas de las mujeres sentimos miedo, no podemos salir. Nos dicen que tenemos paz, pero no es así. Vienen insultando, rompiendo y robando las cosas. La historia del ochenta es lo que se está repitiendo aquí”, refirió Olga Marina Ché, tesorera de la Gremial de Pescadores Artesanales e integrante del Consejo de Autoridades Ancestrales Q’eqchi´, el 6 de noviembre de 2021.

Doña Margarita, vecina Lote 8, habla del miedo que han vivido las mujeres en la resistencia: “nosotros -el Lote 8- participamos en la resistencia -octubre 2021-. Estábamos en nuestro derecho como pueblos indígenas, pero lo que han dejado los mineros son traumas y enfermedades. Desde esa fecha que nos corrieron de ahí, los helicópteros estaban sobrevolando y había presencia de muchos contingentes policiales. En el momento, no sentimos el trauma, pero ahora no me siento bien. Siempre estoy preocupada que algo me va a pasar. Mi cuerpo así me lo dice y no he estado bien. Tengo fiebre y dolor de cuerpo. Tuve mucho miedo cuando nos comentaron que a todos los que fuimos a apoyar a la resistencia antiminera nos tomaron fotografías y que serían denunciados. No salí en ningún lado durante un mes”.

“Inteligencia” como “control social”

Para inicios de 2017, los pescadores del Lago de Izabal se habían convertido en una incomodidad constante para la mina, pues reclamaban que los mineros eran los principales responsables de la muerte de los peces y otras formas de vida acuática en el lago, que es su medio de subsistencia.

Es aquí cuando el departamento a cargo de Álvarez, que hasta entonces había priorizado el despojo de tierras de interés de la mina y el desalojo de las comunidades que las ocupan, empezó a perfilarlos.

Los pescadores se organizaron en abril de 2017 y conforman la Gremial de Pescadores Artesanales de El Estor (GPA).

Las organizaciones civiles y los concejos ancestrales, que cuentan con pescadores entre sus integrantes y son una forma de organización comunitaria Maya Q’eqchi’, además de periodistas locales que han seguido de cerca el desarrollo de los hechos, también pasaron a ser enemigos declarados de CGN-Pronico. Para desbaratar sus reclamos, los mineros optaron por criminalizarlos.

En un correo del 11 de mayo de 2017, el abogado de la mina Ivan Camey, bajo órdenes de Dmitry Kudryakov, presidente CGN-Pronico, solicitó los nombres completos, direcciones de domicilio, número de identificación y fotografías de los involucrados en las tomas de la carretera de El Estor, principal vía de suministro y liberación de la minera, para denunciarlos penalmente. Incluso refiere que es de interés de la mina contactar a los transportistas afectados por el cierre para animarlos a denunciar a los manifestantes.

Con esta información, el Departamento de Relaciones Comunitarias creó listas de actores clave entre las cuales incluyó a personas a favor y en contra del proyecto, junto a las tácticas disuasivas que debía utilizar para abordarlos. En algunas ocasiones, la estrategia se trató de buscar alianzas o colaboraciones para proyectos. En otros, el monitoreo y/o seguimiento por medio de informantes o infiltrados.

En las listas se encuentran miembros del Consejo de Alcaldes Indígenas, como Guadalupe Quinich; el líder de la comunidad Las Nubes (una zona que la minera busca explotar), Rodrigo Tot, y organizaciones civiles como la Fundación de Defensores de la Naturaleza.

En otro documento elaborado en marzo de 2018, Zapeta enlistó a los grupos de opositores según el nivel de riesgo, los vínculos de organización y persona, además de las amenazas que representaban para la empresa, como la posibilidad de que presentaran amparos que promovieran la realización de una consulta popular con resultados adversos para Solway, o bien, desprestigiar la actividad minera. Los pescadores, la Defensoría Q´eqchi´, medios de comunicación y periodistas locales, como Prensa Comunitaria y Radio Tultaka, y la Fundación Guillermo Toriello lideran las listas con el nivel más alto de riesgo.

La policía, la Municipalidad de El Estor, el Ministerio de Ambiente y otros más, fueron identificados como “soporte” de la minera. En un mapeo realizado en enero de 2019, la gerencia de seguridad clasifica al Centro de Acción Legal Ambiental y Social de Guatemala (CALAS), la Fundación Luis Augusto Turcios Lima y al Comité de Unidad Campesina (CUC) como “opositores mineros locales” que estarían “articulados por la Defensoría Q’eqchi’ para provocar crisis”.

A la mina le ha interesado llevar una bitácora de todas las manifestaciones, protestas y movilizaciones que ocurren en El Estor ya que piensan que tienen el potencial de perjudicarlos, aun si las actividades no tienen nada que ver con el proyecto extractivo.

Un “plan de reacción y seguridad” elaborado por Zapeta, buscaba ir más allá de registrar las actividades para identificar cuáles organizaciones apoyan a la Gremial de Pescadores y, así, impedir que consiguieran el apoyo para realizar nuevos bloqueos.

A raíz de este seguimiento y vigilancia, dos reportes del 11 de mayo y 7 de julio de 2017 identificaron a Eduardo Bin Poou, a Tomas Che Cucul, a Juan Eduardo Caal, de Sinaí, y a Cristóbal Pop Coc como los principales dirigentes de las protestas pacíficas por parte de los pescadores. En estos reportes aparecen sus nombres debajo de las fotografías de sus rostros e incluyen datos sensibles de identificación, lugar de residencia y actividades o hechos en los que fueron avizorados.

En los mismos reportes la empresa enlistó a algunos periodistas y a representantes de organizaciones sociales. Entre ellos está Jerson Morales Xitumul, a quien identifican como portavoz de los pescadores, Rolanda García y Santiago Botón, como reporteros de TeleSur; al periodista Carlos Ernesto Choc, como extrabajador municipal; Santiago Choc Cac, representante del sindicato de magisterio de El Estor; Mario Lobos, maestro de la Escuelas de Las Nubes; Angélica Choc, viuda de Adolfo Ich Chaman y lideresa del barrio La Unión, y Ernesto Rueda, párroco de la iglesia católica de San Pedro en El Estor, entre otros.

El conocimiento de la minera sobre las actividades de los pescadores ha traspasado el seguimiento e infiltración. En más de una ocasión, se tornó en espionaje al documentar o grabar sus diálogos con otras personas, relacionados a CGN-Pronico.

“(Los pescadores) se han reunido un promedio de cuatro veces después de los incidentes”, se lee en un reporte del 6 de septiembre de 2017 de la filtración, en donde la mina demuestra que está al tanto de las reuniones que han mantenido desde mayo y del contenido de las mismas. La recomendación de Relaciones Comunitarias y de la Gerencia de Seguridad fue “buscar cómo dividirlos”. En ocasiones, con intervención de la policía.

En el mismo documento, Zapeta escribió que se debe “armar una estrategia… para mantener tranquilo al grupo -de pescadores-. Mientras se define lo de las capturas” pues “el comisario presentará una solicitud ante sus superiores en la capital para aprobar el operativo”.

Otro de los ejemplos de espionaje es un informe del 10 de septiembre de 2017, también redactado por Zapeta, sobre una reunión que sostuvieron los pescadores con los madereros y leñadores de El Estor. De acuerdo con el documento, estuvieron presentes Eduardo Bin, Cristóbal Pop y Vicente Pop, además del periodista Jerson Xitumul. En la junta, los pescadores expresaron su preocupación por la situación en El Estor y su temor a ser detenidos el día que acudieran a una citación en el juzgado de Puerto Barrios. Por eso, se plantearon la posibilidad de tomar las instalaciones de CGN-Pronico como medida de presión.

La vigilancia sin descanso que Álvarez y Zapeta han comandado desde sus oficinas, para beneficio de la mina tiene un fin último: suprimir a la oposición a través de la criminalización y los líderes comunitarios siempre han sido quienes los objetivos principales de sus acciones. Una de las figuras más representativas de la resistencia antiminera, desde 2017 hasta la actualidad, ha sido Cristóbal Pop, presidente de la Gremial de Pescadores Artesanales.

Pop se ha enfrentado a CGN-Pronico desde ese día que el lago se tiño de rojo hasta la fecha, pasando por procesos legales de criminalización que han buscado desgastarlo con la suspensión de las audiencias judiciales. Eduardo Bin, vicepresidente de los pescadores, ha corrido con una suerte similar, pues ha sido detenido y liberado en repetidas ocasiones por la policía.

El espionaje ha llegado al punto de documentar las conversaciones de los pescadores en audios. Nadie ha estado a salvo de los oídos de la mina.

El 9 de septiembre 2018, realizaron el reporte de una nueva reunión entre los pescadores con varios archivos de audio en idioma Q’eqchi’ que fueron recibidos por Juan José Salazar, coordinador de Relaciones Comunitarias. En las palabras de Pop no había miedo sino más bien resignación ante la suspensión de una nueva audiencia, a petición de CGN-Pronico, pues el objetivo habría sido capturarlo y evitar que el juez escuchara el testimonio de una organización ambientalista a su favor.

Ese mismo año, el seguimiento contra Pop escaló a un nuevo nivel con el intento de secuestro. “El 20 de agosto -de 2018- , yo iba a una reunión. Apareció una camionetilla con 6 personas jóvenes, pero no tenían identificación. Me pararon, sacaron la pistola, dijeron que querían hablar conmigo. No sabía si eran o no policías, pero se fueron en contra mía. Con la persona que me acompañaba, tuvimos que forcejear y nos fuimos a los golpes. No lograron su objetivo, porque la comunidad, o sea, el barrio el Zapotillo me apoyó. Es así que no me lograron secuestrar. Cuando se pone la denuncia, dice el MP que no eran secuestradores sino que eran policías. Entonces, ¿por qué no llevaban identificación, chaleco o un carnet?”, contó Pop en una entrevista de 2021.

Acoso y desinformación para la prensa

La prensa local, especialmente los reporteros de Prensa Comunitaria, Carlos Ernesto Choc, Jerson Xitumul y de manera más reciente, Juan Bautista Xol, han sido vigilados por la mina. Desde el inicio, los periodistas han denunciado ser objeto de persecución e intimidación de parte de CGN-Pronico. El escenario más evidente y también el más actual, es el estado de Sitio decretado por el Ejecutivo el 24 de octubre de 2021. Uno que Xol relata así:

“Cuando empecé documentar la resistencia los primeros días fue tranquilo, con él con el paso del tiempo empezaron a llegar las autoridades estatales. Yo trataba de tomarles entrevista a algún elemento de la policía y la Comisión Presidencial de Diálogo, pero se negaban. Lo que hacían era tomarme fotografías, pero en ningún momento pensé que iba a tener consecuencias después.

El 23 de octubre, ya circulaba una fotografía mía -en el internet-. La subió el director de Radio Sonora diciendo que yo estaba en la manifestación, que ya estaba portando una escopeta y estaba disparando en contra de los policías. Cosa que no fue así porque estaba dándole cobertura como periodista comunitario. Ahí empieza la persecución y la consecuencia de la documentación que hice durante más de veinte días”.

Varios documentos y correos de la filtración comprueban que el perfilamiento, el acoso y el espionaje, han perdurado por años. Sobre todo para Carlos Choc, quien ha persistido en documentar los hechos que involucran a la mina y a sus trabajadores.

Choc tiene casi 15 años de ser periodista comunitario y, en ese tiempo, ha dado cobertura a eventos vecinales como inauguraciones, desperfectos de los servicios públicos, nuevos proyectos, el desarrollo de las audiencias en los Juzgados de Izabal, manifestaciones y, todo lo que tenga que ver con los proyectos extractivos ubicados en El Estor, como el cultivo de palma africana y la mina de níquel.

En un documento de 2019, Crisantos Reyes, trabajador del de Relaciones Comunitarias, registra “información básica” de Choc y de Xitumul, quienes han dado cobertura a la contaminación del lago y la insistencia de los pescadores y las comunidades para obtener una respuesta gubernamental.

Al lado de sus fotografías, en donde se les ve utilizando el chaleco de los medios de comunicación para los que trabajan, aparece una lista de delitos que leen: “Violación a Derechos Humanos, libertad de emisión del pensamiento, censura en los medios de comunicación, intimidación por reportaje del lago de Izabal y amenaza contra periodista comunitaria”.

El 27 de mayo de 2017, en medio de la cobertura Choc documentó el asesinato del pescador Carlos Maas. Eso cambió su vida para siempre.

“En una manifestación el 27 de mayo de 2017, documenté también el asesinato de un pescador, Carlos Maas, a manos de la Policía Nacional Civil. Y a raíz de todo esto comienzan a amenazarme a través de llamadas telefónicas y luego con una persecución penal. En una orden de captura me imputan seis delitos. Desde ese momento, pues comienza un desplazamiento forzoso para mi vida, en donde tuve que abandonar a mis hijos, a mi familia, mi comunidad”, dijo el reportero.

Por esas fechas, Choc adquirió especial relevancia para el presidente de CGN-Pronico, Dmitry Kudryakov, tal y como lo refiere un correo de Ekaterina Komarova, trabajadora de la mina, fechado el 22 de agosto de 2017. En este, Komarova solicitó que Maynor Álvarez redacte una “nota informativa” sobre el reportero, a quien entonces la mina identificaba como vocero de los pescadores.

A partir de ese momento, el periodista comunitario fue observado y asediado. No solo sus movimientos sino su huella digital. Es decir, cada publicación que realiza en sus redes sociales y notas informativas. Todo ha sido sistematizado en diferentes documentos y presentaciones de Power Point.

Choc ha sido uno de los blancos persistentes de la mina porque ha visibilizado acciones como los desalojos en la reserva El Setal. Casi al mismo tiempo, la mina comienza a perfilar a Prensa Comunitaria y lo cataloga como un medio de izquierda, de acuerdo con varios correos de la filtración.

En agosto de 2017, CGN-Pronico denunció penalmente a Choc y lo señaló de haber participado en la retención de trabajadores de la minera entre el 3 y el 4 de mayo de 2017. Los delitos de la denuncia en su contra son: por detención ilegal, amenazas, daños, instigación a delinquir, asociación ilícita y reuniones y manifestaciones ilícitas.

En la incesante búsqueda de la mina por descifrar el carácter, los intereses y conexiones de Choc, el asedio también fue dirigido hacia su expareja e hijos. En un documento con fecha 29 de enero de 2019, un trabajador de la mina escribió un nuevo “análisis sobre Carlos Ernesto Choc” con fotografías del periodista, su expareja y nombre de la iglesia evangélica a la que asiste, además de sus pasatiempos.

En mayo, Relaciones Comunitarias redacta el “Informe de acontecimientos relevantes”, en donde aparece una cronología de las publicaciones del reportero desde el 13 de mayo de 2017 hasta el 11 de marzo de 2019. En el pie de nota, lee: “Antes de mayo 2017, no existían publicaciones relacionadas con nuestra empresa. Sus publicaciones con Prensa Comunitaria inician el 13 de mayo del 2017. El 18 de abril del 2018 actualiza su estado, indicando que trabaja para Prensa Comunitaria”.

No pasa mucho tiempo antes de que el periodista vuelva a surgir en el radar de la mina tras la publicación de la primera entrega del proyecto investigativo Green Blood, de Forbidden Stories, en el que colabora Choc. El 26 de junio de 2019, la compañía de níquel insiste en la criminalización del periodista para desprestigiarlo. En el mensaje,  el Departamento de Prensa de la Solway Group le compartió a Dan Bronstein, presidente de la Junta Directiva de Solway, un fragmento de una entrevista realizada a Choc por un medio de comunicación europeo, y se giran instrucciones para armar un caso penal en su contra que incluya un archivo “hecho desde cero”, con fotos borrosas importadas de Facebook y la denuncia de seis delitos, entre ellos: “asociación ilícita, reuniones y manifestaciones ilícitas e incitación a delinquir.

Esto sucede al mismo tiempo que Méndez elaboraba un nuevo “Informe de actividades de Carlos Ernesto Choc” en donde detalló las actividades del reportero, sus coberturas en las audiencias contra Bin y Pop, además de la cantidad de publicaciones que realizó a través de sus redes sociales.

Solway/CGN/Pronico fue consultada al respecto. La companía negó haber tomado fotografías y haber perfilado a los periodistas nacionales y europeos que han dado cobertura a los hechos que rodean a la mina.

Censura a la prensa internacional

La situación de El Estor tras la suspensión temporal de la mina, capta la atención de la prensa internacional en 2019, que visita el municipio al menos dos veces en menos de un año.

La mina se propone utilizar la denuncia del grupo de mujeres quienes acusan a los pescadores Pop y Bin de haberlas violentando en una manifestación de 2017, para distraer a los periodistas internacionales y restar relevancia a los hechos que se acumulan en contra de CGN-Pronico. En una hoja de cálculo elaborada por Marvin Méndez, entre enero y mayo de 2019, la compañía traza un plan para que los medios se enfoquen en los testimonios del grupo de mujeres. El objetivo es “dirigir la atención de la prensa ante la vulnerabilidad de los derechos de la mujer y evitar la vinculación con intereses de la empresa”.

En noviembre, se preparan para la segunda visita de los periodistas que buscan dar seguimiento a las denuncias de criminalización y la violación de derechos humanos de las comunidades Qʼeqchiʼ.

En un correo del 11 de noviembre, Iryna Litviniuk, de Pronico, escribe al abogado Ivan Camey que deben de preparar las preguntas y respuestas que creen que serán de interés para los periodistas o si no se les puede “salir de las la manos” la entrevista, con el caso de la explosión de una caldera que dejó cinco muertos en 2016 y la muerte de tres estudiantes universitarios, incidente que la mina trató de ocultar.

El plan que trazan para febrero de 2020 consiste en: difundir noticias falsas de la aceptación de la comunidad hacia la mina, crear temor en la prensa de ser abordados por los comunitarios a través de publicaciones locales que muestran que estaban inconformes con la visita y plantear una segunda demanda en contra de uno de los abogados de los amparistas, Aníbal Maquín, para “minimizar el impacto mediático negativo y limitar acceso de los periodistas a fuentes de información dentro de las comunidades”. Y de esta forma controlar la narrativa en los medios internacionales y no perder la cartera de comerciantes internacionales.

“La cara amigable de la mina”

Álvarez y el departamento de Relaciones Comunitarias también se han encargado de implementar la otra parte de la estrategia de control, una que consiste en mostrar el rostro amigable de la empresa. Para eso emplearon un plan de divulgación de temas ambientales, sociales y de la operación de la minera para contrarrestar las opiniones negativas en los tomadores de decisiones.

Este plan fue accionado en junio y julio de 2017, tras la contaminación del lago. Para ello, destinaron un presupuesto de Q175,374 (USD$22,775) que abarca el pago de medios escritos, radiales y televisivos.  Nuestro Diario, Prensa Libre, Guatevisión, Canal 3, Radio Manatí, Radio Norte, Radio Comunitaria Mega, Radio Cristiana Miel son algunos de los medios mencionados en el documento filtrado.

A lo interno de las comunidades, la estrategia se ha centrado en ofrecer dádivas para que los líderes comunitarios y los vecinos aprueben la operación de la mina y hablen a otros sobre los beneficios que han recibido. Las acciones y proyectos han incluido la reparación de escritorios, la construcción de carreteras, la repartición de víveres y agua potable para la primera parte de la pandemia del coronavirus, y la oferta de empleo. Entre los beneficiados de este último apartado, aparecen algunas personas sugeridas por la Municipalidad de El Estor.

Ante la interrogante ¿el presidente de Pronico, Dimitry Kudryakov, ofreció a los líderes de los Cocodes y a los opositores empleos, financiamento para proyectos comunitarios o alguna otra alternativa, para apoyar a la compañía?

Solway/CGN/Pronico respondió a finales de febrero de 2022, que “analiza las necesidades, expectativas con respecto a la empresa, las dificultades y perspectivas desde el punto de vista de las partes interesadas, y las cuestiones más relevantes que les preocupan”.

A pesar de los esfuerzos, CGN-Pronico no ha logrado contentar a quienes han aceptado sus donaciones. Uno de ellos es un vecino de la comunidad Las Nubes, quien prefirió omitir su nombre para esta publicación: “La empresa no paga bien. La empresa siempre daña a nuestra comunidad. No estamos satisfechos con que nos den trabajo por que siempre está perjudicando nuestro medioambiente y nuestro cultivo. Nos afecta por el humo que daña al cultivo, porque se cae más rápido. Rápido se mueren las plantaciones”.

Los mineros saben que mientras las personas acepten sus ofrecimientos, ellos no harán nada en su contra. Aun si ese fuese el escenario, la compañía cuenta con un plan de respaldo: pagar a la policía para “evitar el fortalecimiento de los grupos de presión”.

En varios correos y documentos de la filtración, CGN-Pronico destinó presupuestos mensuales de US$5 mil 250 dólares (cerca de Q40,425) para la alimentación de la policía y US$384.62 (cerca Q2,961) para cubrir los “imprevistos” de las instituciones públicas que “apoyan a la Gerencia de Seguridad”.  Es así como han mantenido y fortalecido la presencia de la policía en un municipio en donde las comunidades se han encargado de desalojar a las fuerzas de seguridad en más de una ocasión.

Las donaciones y presupuestos para la policía han sido negadas por Solway/CGN/Pronico. Sin embargo, han aceptado ser promotores de la Comisión Municipal de Prevención de la Violencia (Comupre) en el municipio, y dar “cobertura” al programa “Fortaleciendo a mi Comunidad”.

La influencia de la mina también se mide por sus influencias políticas, pues ha conseguido poner de su lado a los ministros de los diferentes Gobiernos. En una citación del 1 de junio de 2017, los ministerios de Ambiente, Gobernación y, Energía y Minas, los respaldaron y los liberaron de toda responsabilidad por la contaminación del lago. En cambio culparon a los pescadores de romper la mesa de diálogo con la empresa, antes de resolver el conflicto.

Por si fuera poco, cada año, la compañía ha repartido “presentes navideños” entre los funcionarios del Gobierno Central, Municipal y lo judicial. De acuerdo con un correo de noviembre de 2017, conforman la lista los ministerios del Ejecutivo en Izabal y la capital, el Ministerio Público y los juzgados, la policía, el ejército, los funcionarios de salud, y otros actores clave ubicados en El Estor, Livingston y Los Amates.

La entrega de regalos habría iniciado en 2014, tras la llegada de Solway Group a El Estor y la creación de Pronico, aunque la minera negó que se le otorgaran regalos a figuras que la ley prohíbe, como los jueces.

De acuerdo con la Ley de Probidad guatemalteca, los funcionarios (no específica cargos) tienen prohibido: “solicitar o aceptar directamente o por interpósita persona, dádivas, regalos, pago, honorarios o cualquier otro tipo de emolumentos adicionales a los que normalmente percibe por el desempeño de sus labores.”

Álvarez y el despojo de Las Nubes

Tras tres años como gerente de Relaciones Comunitarias, Maynor Álvarez abandonó el puesto en noviembre de 2018, pero continúa trabajando para la mina, de acuerdo con información de la filtración. Esta vez, con el encargo de coordinar el desalojo de “Las Nubes”, una comunidad localizada cerca de la propiedad de CGN-Pronico, pero también próxima al centro de El Estor.

Su participación se ha comprobado con una serie de vouchers de pago cancelados por la Fundación Raxché, una ONG que canaliza donaciones y provee a la minera para la realización de proyectos.

El plan de CGN-Pronico siempre ha sido quedarse las tierras de las comunidades Qʼeqchiʼ pues son de interés para la explotación, como es el caso de Setal, Semuy y Las Nubes.

El director general de CGN, Alexey Morín, aceptó en un correo de febrero de 2018, que el plan es conocer las coordenadas de “los territorios que les vamos a quitar a la aldea Las Nubes” en donde planearon perforar en los siguientes cuatro años.

Tras identificar a las personas dentro de las comunidades que ocupan tierras, a través de acciones de inteligencia, los mineros determinan si tienen vínculos con trabajadores de la empresa, como una manera condicionarlos.

Por ejemplo, en El Setal identificó que algunos de los líderes comunitarios que ocupaban las tierras eran: Ofelia Cruz y la familia Álvarez Jacinto. Posteriormente, identificó que Axel Alberto Álvarez Jacinto, trabajador en la planta de níquel, podría ser su pariente.

La mina también dio con los perfiles de redes sociales de los comunitarios que ocupan las tierras que les interesan y llevaron un registro exhaustivo de cada vehículo que ingresaba y los abastecía.

Ya que uno de los objetivos de la mina ha sido reasentar a las comunidades que han ocupado y continúan ocupando tierras de su interés, crearon programas como bonos de “desarrollo familiar”, un sistema de pagos mensuales con un valor de US$130 (Q1,000) para cada una de las 68 familias de Las Nubes. Un costo total de US$8,840 (Q68,068) mensuales. Solway/CGN/Pronico negaron que reubicar a los residentes de Las Nubes sea parte de sus planes, además de la creación y uso de listas de informantes dentro de las comunidades. También negaron haber coordinado con la policía el número de agentes presentes en los desalojos que han realizado en tierras de El Estor.

Pese a la respuesta de la mina, la gente tiene claro que quienes se niegan a abandonar sus tierras y cultivos a cambio de algún beneficio, debe enfrentarse a la brutalidad de la compañía, como es el caso del pescador German Choc: “Para dejar mal a los gremiales -de pescadores- buscaron los líderes de los mareros, de los pandilleros. Dijeron: les vamos a pagar, pero vayan a cerrar al otro lado -del camino-, y vayan a cobrar. A los camiones de la empresa los dejan pasar.  Nos querían dejar en mal cuando la empresa publica que están son las gremiales de pescadores las están cobrando. Lograron su objetivo porque el Gobernador y el Presidente mandaron bastantes policías antimotines, incluso soldados”.

En febrero de 2020, Relaciones Comunitarias elabora una estrategia para esparcir rumores en las comunidades que quieren desalojar. La mina busca generar tensión entre los comunitarios para dividirlos con tácticas de guerra psicológica en las que contempla difundir información falsa que señale que los líderes de la comunidad Las Nubes han contraído VIH-Sida por su “promiscuidad”. Además, planean el pago de sobornos para que un grupo de pandilleros de otro municipio, incendie los cultivos de cardamomo que pertenecen a los comunitarios.

Otro aspecto que la minera ha negado en su comunicación con el equipo de Forbidden Stories.

La estrategia que la minera ha implementado en estos años, es amplia y diversa, pero desacreditar a los comunitarios sigue siendo una de las alternativas más utilizadas por la empresa.

“A los cuatro días de haber empezado la resistencia -octubre 2021-, empiezan otras dos manifestaciones en Cobán, Alta Verapaz, y otra en Río Dulce, Izabal. Nos dimos cuenta que esas dos manifestaciones nuevas estaban a favor de la empresa CGN-Pronico. Estaban con carteles, con mantas, en donde mostraban su apoyo a la empresa. En otros carteles, exigían que se liberara el paso para los transportes pesados.  En ese caso, ellos empezaron a cobrar el paso a los vehículos. Cosa que utilizaron como una estrategia para poner en mal a la resistencia”, contó el periodista Juan Bautista Xol, criminalizado por la compañía.

En este rincón del mundo, nadie está a salvo de la ferocidad de la mina. Aun sin la intervención del Estado, la empresa cuenta con los medios y los alcances para elaborar y ejecutar planes que aseguren la continuidad del proyecto Fénix y la represión de la resistencia antiminera, que busca la liberación de un territorio golpeado y abatido por la complicidad del Estado de Guatemala con los intereses privados que buscan enriquecerse en las tierras ancestrales de los Maya Q’eqchi’, a costa de todo.

^{En portada: El pueblo Munduruku en rechazo a la construcción de las hidroeléctricas en el río Teles Pires, en la Amazonia brasileña. Foto de Fernanda Morais.}

La degradación de los bosques está acompañada de la discriminación contra los pueblos y una tendencia a la descriminalización de numerosas actividades empresariales destructivas.

“Los gobiernos siguen promoviendo destructivos sistemas de colonización, y la ley, incluyendo la ley sobre los derechos a la tierra, sigue utilizándose como un arma para apropiarse de recursos relacionados con los bosques”, afirma el informe Cómo las políticas y las agencias sobre bosques promueven la destrucción sostenible.

El documento elaborado por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) hace hincapié en las alianzas entre empresas y Estados responsables por la deforestación, un problema que se agrava con el paso de los años.

Con ello aborda las principales causas subyacentes que vinculan al sistema capitalista-racista-patriarcal y el legado colonialista: desde la definición de bosque de la FAO hasta la biopiratería, entre el conservacionismo, acuerdos comerciales y el robo legalizado de tierras.

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De acuerdo al estudio de la WRM, en la década de los 80’s, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) formuló el Plan de Acción Forestal Tropical (TFAP, por su sigla en inglés) junto al Banco Mundial, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (ITTO).

Entre sus planes estaba la reforestación, denominación que usó como ‘eufemismo’ para expandir las plantaciones industriales de monocultivos de árboles. “El TFAP no sólo fracasó” tampoco abordó las causas tácitas de la destrucción de los bosques.

“Una de las principales razones de la fundación del WRM en 1986 fue cuestionar el falso entendimiento de las causas de la deforestación”.

En 1999 el proyecto colaborativo del WRM con el Foro Intergubernamental sobre Bosques (IFF) de las Naciones Unidas , documentó el proceso real de la degradación en 145 páginas bajo el título Abordar las causas subyacentes de la deforestación y la degradación de los bosques: casos de estudio, análisis y recomendaciones políticas.

“Lo que más sorprende” de la investigación, cita la WRM, es que la perspectiva continúa siendo pertinente en la actualidad, pues las causas identificadas no fueron abordadas verdaderamente, “hoy siguen siendo tan importantes como siempre”.

20 años después del primer estudio

El informe actual, está basado en las conclusiones de ese proyecto de 1999; y en 20 puntos, la organización explica que el contexto se agrava con la falta de reconocimiento adecuado de los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de otros defensores de los bosques.

En este tenor, el documento sostiene que la definición de bosque de la FAO se reduce a cualquier superficie cubierta de árboles, “con ello descarta otras formas de vida, así como la diversidad biológica, cíclica y cultural que define a un bosque en su permanente interconexión con las comunidades que dependen de él”.

Menciona el ejemplo de los agresivos programas estatales para instalar ‘desarrollo comercial’ en los espacios sagrados que son manifiestos desde India hasta Brasil: según cifras oficiales, en 2019 alcanzó su tasa más alta de deforestación en la Amazonia desde 2008.

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En general, a las causas se le suman los métodos militarizados para tomar el control de las zonas, por ello la agroindustria es considerada tan destructiva como lo era hace 20 años.

“Los grandes proyectos de desarrollo o infraestructura, como las represas, las carreteras y los sistemas de minería y extracción de petróleo, siguen causando estragos”. Asimismo, el empobrecimiento de los defensores de los bosques, los modelos de inversión, el endeudamiento, las políticas macroeconómicas, los flujos mundiales de mercancías y las relaciones comerciales.

“Más verdes” que el petróleo

“Irónicamente, lo que quizás las ha agravado más es la forma en que se han expandido y reinventado para resaltar nuevas dimensiones supuestamente ‘verdes’, ‘democráticas’ o ‘participativas’”, señala el estudio del WRM.

Como las plantaciones destructoras de bosques destinadas a la producción de aceite comestible, azúcar o celulosa y destinadas a la producción de “bioenergía” para el suministro de combustibles para electricidad, la aviación o las industrias automotrices.

“Se anuncian como ‘más verdes’ que el petróleo, el carbón o el gas. Debido a que se requieren enormes volúmenes de madera y otros materiales bióticos para generar la misma cantidad de energía que los combustibles fósiles, el impacto en los bosques es inmenso y creciente”.

El estudio del Movimiento Mundial por los Bosques considera que, en la actualidad, el control sobre las tierras de bosque está siendo centralizado no solo para facilitar la máxima producción de madera, minerales o energía hidroeléctrica, también para permitir el turismo de naturaleza o para avanzar en la “conservación de la naturaleza”.

Cita que muchas de las mismas instituciones colonialistas que fueron responsables del daño a los bosques causado por la conservación tradicional de “bosques sin gente” se están posicionando para entrar de nuevo, en alianza con nuevos intereses comerciales.

“Han proliferado nuevos sellos y procedimientos que ofrecen una imagen más verde o democrática a los viejos agentes de la deforestación. La burocracia de la certificación del siglo XX, conocida como el Consejo de Manejo Forestal (FSC, por su sigla en inglés) (establecido en 1993), anunciado como capaz de hacer que la extracción industrial de madera sea amigable con el medio ambiente, ahora ve numerosas iniciativas similares, como la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por su sigla en inglés) (2003)”.

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Al igual, otras organizaciones han desacreditado por completo a la RSPO, pero también hay una Mesa Redonda para la Soja Sostenible (2006); una Mesa Redonda para una Economía Cacaotera Sostenible (2007); una “Iniciativa para mejorar la caña de azúcar” llamada Bonsucro (2008), por mencionar algunas.

Mientras, “los esfuerzos post-2000 de los economistas ambientales para poner un precio a más y más aspectos de la naturaleza han tendido principalmente a reforzar la dinámica”, lo cual hace que los bosques sean intercambiables, descartables y compensables.

El informe hace mención de innumerables organismos destinados a “tranquilizar al público sobre las credenciales de conservación” de empresas trasnacionales como Unilever, Cargill, Walmart y Starbucks, que no interrumpen ni interfieren en la dinámica de destrucción.

“El Estado también ha aprendido a infiltrarse en las bases con otras formas nuevas que ayudan a perpetuar la deforestación. Mientras tanto, la industria de las compensaciones de carbono exhibe continuamente sus propias etiquetas que afirman que sus productos dañinos de hecho son benignos”, dice el WRM.

Las nuevas y muy publicitadas políticas de la “economía verde” tienden a funcionar de la misma manera destructiva que las viejas políticas “no verdes”.

Por otro lado, explica que intentan contener a los movimientos feministas mediante el establecimiento de “políticas de género”, pero tales medidas simplemente le dan un color diferente al patriarcado subyacente, agregado a la explotación de la mano de obra forestal.

A menudo, este panorama dificulta aún más las luchas de los pueblos locales contra los principales agentes de deforestación.

Décadas de negaciones

Las negociaciones internacionales sobre el clima no exploran cómo enfrentar la mecanización del trabajo humano basada en los combustibles fósiles, cita el WRM, tampoco analizan la relación entre la deforestación y la exploración de petróleo, carbón y gas. “De lo que actualmente dependen las ganancias de las empresas”.

Un ejemplo son los 25 años de negociaciones mundiales sobre el clima, mientras las emisiones de gases de efecto invernadero crecieron a un promedio de 1,6 por ciento anual entre 2008 y 2017 y “no hay señales de que hayan alcanzado el punto máximo”.

En 2017 alcanzaron el récord de 53,5 gigatoneladas de CO2 y sus equivalentes, más del doble de la cifra de 2000 que fue de 25 gigatoneladas.

En este contexto, científicos se sorprendieron recientemente al descubrir que en las próximas décadas, alrededor del 40 por ciento de las especies de insectos del mundo pueden extinguirse, amenazando por igual la agricultura y la regeneración de los bosques.

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De la misma forma que con el TFAP, en la actualidad la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) no tiene un plan para analizar o abordar los históricos agentes políticos y económicos de la extracción y el uso de combustibles fósiles. El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales, señala que la CMNUCC adoptó una metodología que oculta sistemáticamente las causas subyacentes de la deforestación y el cambio climático, “no hay señales de que esta tendencia cambie”.

El 3 de diciembre de 2019, la Comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo resolvió que debería haber objetivos de biodiversidad “jurídicamente vinculantes” a escala mundial y de la Unión Europea (UE) para garantizar que para 2030, el 30 por ciento de las áreas naturales estén conservadas y que se restauren el 30 por ciento de los ecosistemas degradados.

Pero, “una vez más, la resolución no fue acompañada de un análisis serio sobre lo que estaba causando la pérdida de biodiversidad, o lo que podría detener su pérdida”.

En 2021, una nueva iniciativa de la UE surgió de la misma forma, para una nueva norma con “reglas obligatorias” para garantizar que solo los productos libres de deforestación de ciertas cadenas de suministro ingresen al mercado europeo, “ambas propuestas simplemente respaldan un mayor crecimiento económico”.

“En los dos últimos años se ha realizado una increíble cantidad de reuniones de alto nivel así como innumerables declaraciones internacionales sobre la pérdida de bosques, que son muy similares. Por un lado, dan la voz de alarma sobre la crisis. Por otro lado, o no tienen ni idea al respecto o simplemente eligen ignorar las causas subyacentes de la deforestación y cómo abordarlas. Lo que hacen es seguir promoviendo tales causas. Las políticas resultantes no solo están condenadas al fracaso sino que fomentan aún más la deforestación”.