Por Avispa

Por Aldo Santiago

Bayer, una de las mayores empresas farmacéuticas del mundo y dueña de la corporación de biotecnología Monsanto, presionó a las autoridades mexicanas para cancelar la prohibición del glifosato en dicho país. La prohibición fue establecida por un decreto del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, el 31 de diciembre de 2020.

La presión fue develada por una serie de correos electrónicos que involucran a la empresa y representantes de CropLife America (asociación comercial de fabricantes de pesticidas en los EEUU, financiada por Bayer). Los mensajes expuestos pertenecen a la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés).

Los fabricantes trabajaron junto a funcionarios mexicanos y estadounidenses con el objetivo de revertir la prohibición del pesticida en México. Además, los mensajes involucran a diversas instituciones del gobierno estadounidense como el Departamento de Agricultura y la Agencia de Protección del Medio Ambiente en conversaciones con CropLife America.

En las comunicaciones se destaca la preocupación por la negativa de México a importar glifosato. Con fecha del 13 de enero 2020, uno de los mensajes de la USTR señala que funcionarios del gobierno mexicano son vistos como “activistas manifiestamente contrarios a la biotecnología”, por lo cual el rechazo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) a los permisos de importación de glifosato es realizado “sin una clara justificación científica”.

Un mensaje enviado 10 días después enfatizaba que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), organismo mexicano encargado en el procedimiento de aprobación de los productos biotecnológicos agrícolas, se estaba convirtiendo en un “gran problema de tiempo”. Este señalamiento se debía a que la COFREPIS no atendió solicitudes de autorización de los productos biotecnológicos desde mayo del 2018.

Para la USTR, esta demora se traducía en un problema mayor dado que México representa un enorme mercado para las exportaciones de maíz estadounidense, cuyo valor en 2018 alcanzó los 3,100 millones de dólares, mientras que solo para el periodo entre enero y septiembre del 2019, implicó una transferencia de 2,100 millones de dólares.

“Es poco probable que las empresas estadounidenses comercialicen productos de biotecnología agrícola hasta que sean aprobados en México”, contextualizaron los mensajes de la USTR. Considerando que el 90% de la producción de maíz en los EEUU es transgénico, la prohibición a estos productos representaría una enorme caída en las ganancias del sector agroindustrial de este país.

Salud en riesgo

Desde 2019, Bayer ha enfrentado demandas legales de residentes de los EEUU, quienes acusan que la exposición al glifosato les ha provocado linfomas no Hodgkin, un tipo de cáncer de la médula ósea. Por ello, la farmacéutica ha negociado un acuerdo de hasta 11,000 millones de dólares para apaciguar las acusaciones en su contra.

Ver también ⇒ Se derrumba Bayer tras fallo judicial en caso de cáncer, son más de 11 mil denuncias

El glifosato es el componente principal del herbicida Roundup, producto patentado por Monsanto en la década de los setenta, comercializado en la actualidad por distintos fabricantes y asociado a la siembra de cultivos transgénicos.

En marzo de 2015, la Organización Mundial de la Salud declaró que la sustancia es probablemente cancerígena para el ser humano. Para junio del mismo año, el glifosato fue incluido como plaguicida altamente peligroso por la Red Internacional de Acción contra los Plaguicidas.

Por citar algunos ejemplos, países como Sri Lanka han prohibido su uso después que un estudio lo relacionó con enfermedades renales; Francia anunció el retiro gradual de productos de glifosato y desde 2017 en California se cataloga a la sustancia como producto cancerígeno.

Sin embargo, en México no solo el glifosato está permitido. De acuerdo a la investigación “Los plaguicidas altamente peligrosos en México”, un total de 140 ingredientes activos de plaguicidas presentes en más de 3,000 productos para uso agrícola (insecticidas, herbicidas, fungicidas y fumigantes) se comercializan sin ninguna restricción en el país norteamericano pese ser considerados perjudiciales para la salud, lo que ha llevado a su prohibición en distintos lugares del mundo.

¿Prohibición?

A finales de noviembre del 2019, autoridades mexicanas rechazaron la importación de mil toneladas de glifosato provenientes de China.

“Ante las evidencias científicas que citan al glifosato como potencialmente tóxico para la salud humana y el medio ambiente, la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas de la Semarnat aplicó el principio precautorio para negar a un particular la autorización para importar mil toneladas de glifosato”, cita un boletín de prensa emitido por la secretaría del Estado mexicano.

En aquel momento, Stephanie Murphy, directora de asuntos gubernamentales y comercio internacional de Bayer en su sede de los EEUU, contactó a Leslie Yang de la USTR para conocer si existía la oportunidad de “discutir la situación más a fondo y entender si hay una oportunidad de compromiso dada la USMCA (también conocido como TMEC)”, en referencia a las obligaciones legales de México, dentro del marco de la renovación del tratado de libre comercio de Norteamérica, el cual entraría en vigor el 1 de julio del 2020.

“Al día de hoy, Bayer no ha sufrido ningún impacto en sus importaciones, pero esperamos que la Semarnat aplique los mismos criterios para denegar todos los permisos de glifosato en el futuro”, escribió Murphy en relación al peligro que representaba dicha política dado que México importa el 90% del glifosato de los EEUU.

Ante el riesgo para sus exportaciones, en el mismo mensaje, Murphy enfatizó el esfuerzo entre CropLife América, quien se había puesto en contacto con el Servicio de Agricultura en el Extranjero del Departamento de Agricultura de los EEUU (FAS, por sus siglas en inglés), el equipo de Bayer en México y la embajada de los EEUU en aquel país para revertir la prohibición del pesticida.

De acuerdo a una publicación del medio inglés The Guardian, durante los primeros meses del 2020, mientras la USTR reclamaba al gobierno mexicano por no contar con justificación científica para rechazar la importación del glifosato, Murphy contactó de nuevo a Yang con la preocupación de Bayer sobre los planes de que el gobierno mexicano efectuara un estudio para demostrar los peligros del pesticida.

Para marzo de aquel año, el presidente de CropLife, Chris Novak, realizó un llamado urgente a Robert Lighthizer, embajador del USTR, así como a los titulares del Departamento de Agricultura y la Agencia de Protección del Medio Ambiente de los EEUU.

“Creemos que es necesaria la intervención de los más altos niveles de gobierno en México para resolver el problema y reanudar la importación legal de productos pesticidas”, exigió Novak, para quien las políticas de prohibición del glifosato eran incompatibles con las obligaciones de México en el contexto del TMEC.

Antecedentes

En agosto del 2020, los funcionarios mexicanos de Semarnat, Víctor Toledo, y Sader (Secretaría de Agricultura), Víctor Villalobos, hicieron pública una disputa por la presentación de un anteproyecto para la eliminación gradual del glifosato en México.

De acuerdo a Toledo, el documento presentado por Villalobos, además de apócrifo, contradecía el objetivo del Grupo Intersecretarial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC, el cual integra funcionarios de seis secretarias de Estado) para implementar políticas que buscan mejorar la salud alimentaria, tales como la prohibición del glifosato y otras sustancias químicas tóxicas.

Villalobos ha sido acusado de mantener cercanía con el empresario de biotecnología y ex Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo Garza, quien a su vez fue señalado por Toledo como uno de los funcionarios mexicanos que le presionaron para revertir la prohibición de la sustancia tóxica.

El 5 de agosto, tras el señalamiento de Semarnat, en el que solicitaba una disculpa pública a la Sader por haber utilizado sin su consentimiento el nombre de su titular, se filtró a la prensa una grabación en la cual Toledo arremetía contra el autodenominado gobierno de la “cuarta transformación (4T)”.

Para el 31 de agosto y tras solo 15 meses como secretario de Estado, Toledo presentó su renuncia.

Por su parte, el empresariado en voz de Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), también sumó su preocupación por la prohibición a la importación del pesticida pues según declaraciones en medios nacionales “es el único ingrediente que tenemos para detener a las malezas”.

“Si prohíben el glifosato la producción de alimentos en México podría caer hasta en un 50%, por lo que el país podría verse mucho más dependiente alimentariamente. No tenemos una alternativa más para el campo, si nos quitan este ingrediente activo lo único que provocarán es restarles competitividad a muchas empresas agrícolas e incrementar la pobreza en el país”, declaró el portavoz del sector agroindustrial.

En medio a esta disputa, en noviembre del 2020, el presidente mexicano anunció sobre la preparación de un decreto para prohibir el glifosato, el cual vio la luz el 31 de diciembre del mismo año. Sin embargo, el decreto solo prevé la sustitución del pesticida en la Administración Pública Federal, dejando abierta la posibilidad del uso en el sector privado de la agroindustria.

Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras: Ellas son María Albertina Nájera, Lilian Hernández y Elsy Banegas, son defensoras del bosque y del agua que abastecen a 15 comunidades del municipio de Manto, Olancho, y junto a 11 compañeros más están siendo judicializadas por el Estado de Honduras para beneficiar a empresas extractivas.
Desde la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, exigimos que el Poder Judicial y demás instituciones cesen con la criminalización hacia nuestras compañeras, que desde 2016, ha impactado fuertemente en la vida de las defensoras y sus familias.
✊?Porque defender los bosques y el agua es un derecho humano
¡EXIGIMOS SU ABSOLUTA LIBERTAD!

Muere en Washington, D.C., la hermana Dianna Ortiz de la orden católica de las Ursulinas del monte Saint Joseph, a los 62 años después de una batalla contra el cáncer. Dianna valientemente denunció que fue secuestrada y detenida en un centro clandestino, en donde fue torturada por el ejército de Guatemala en noviembre de 1989, de quienes logró escapar. Ella denunció esto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quien dio su opinión afirmando que “los actos en el caso de la Hermana Ortiz fueron perpetrados por agentes del Gobierno de Guatemala, que actuaban al amparo de su capacidad oficial.”

Por lo que pidieron al Estado de Guatemala que investigara acerca de la responsabilidad por las violaciones cometidas. Así como que se sometiera a un proceso judicial a quienes fueron responsables de estos crímenes y en consecuencia repararan el daño.

En 1995 una corte federal en Estados Unidos resolvió la responsabilidad del general Héctor Gramajo, exministro de Defensa de Guatemala, por el asesinato, tortura y desaparición de nueve guatemaltecos y la violación y tortura de la monja estadounidense Diana Ortiz. La corte ordenó a Gramajo pagar 47,5 millones de dólares como indemnización por los daños, a las víctimas.

La hermana Diana Ortiz de origen estadounidense murió “después de una breve enfermedad” informó en su página la comunidad de Pax Christi, a la que pertenecía en donde fue directora del programa y coordinadora del programa de pasantías, también recibió el premio Maestra de Paz de Pax Christi USA en 2000.

Fue profesora en la escuela Immaculate Conception School, Hawesville, Ky., y en la escuela Blessed Mother School, Owensboro, Ky. antes de trabajar en Guatemala. Fue una de las fundadoras de la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington y la Coalición Internacional de Apoyo a la Abolición de la Tortura y a los Sobrevivientes en Washington

En base a su testimonio escribió el libro “Los ojos vendados: Mi viaje de la tortura a la verdad” publicado en 2002.

“Muchos de nosotros en el mundo de Pax Christi conocimos o supimos de Dianna en la década de 1990 cuando, con gracia y perseverancia, presionó al gobierno de los Estados Unidos para que dijera la verdad sobre el secuestro y la tortura que sufrió en Guatemala en noviembre de 1989. Dianna se basó en ella propia experiencia insoportable para crear la Coalición de Apoyo a la Abolición de la Tortura y a los Supervivientes (TASSC), que proporciona herramientas y asistencia para que los supervivientes de la tortura se defiendan por sí mismos, creen conciencia sobre el uso continuo de la tortura en todo el mundo y cambien las leyes y costumbres.”

Por Paula Alvarado Mamani TeleSISA

Reflexionar sobre el derecho a la propia lengua de los Pueblos Indígenas resulta importante en términos valorativos, pues partir del uso del idioma propio, se dará un verdadero respeto a su identidad, en el marco de sociedades que formalmente aceptan una conformación como sociedades plurinacionales y plurilingüisticas. Como indicó la abogada peruana Raquel Yrigoyen Fajardo “El derecho de usar los idiomas indígenas constituye un derecho autónomo; sin embargo, al ser el idioma un eje de la cultura, su protección está vinculada al respeto de la identidad cultural de los pueblos indígenas”.

Las lenguas, como advierte el lingüista Carlos Lenkersdorf, “no sólo sirven para que los hablantes se comuniquen, sino que, a la vez, son herramientas para nombrar la realidad según los hablantes la perciben. Por consiguiente, las lenguas manifiestan las diferentes maneras de ‘ver’ la realidad, es decir, nos hacen captar las cosmovisiones distintas de los pueblos”. Actualmente, la igualdad jurídica formal reconocida por las legislaciones nacionales no es capaz de asegurar la igualdad real de las lenguas indígenas, a pesar de que la mayoría de los Estados han ratificado numerosos Instrumentos de Derechos Humanos en donde ello se consagra.La mayoría de los países de América Latina son pluriculturales y plurinacionales lo que conlleva a la coexistencia de una diversidad de Pueblos, idiomas, culturas y cosmovisiones. En el pasado la cultura oral, con sus reglas y costumbres, tenía lugar en los Pueblos Indígenas, hasta que la Invasión, la Conquista y la posterior colonización introdujeron la escritura como medio de comunicación.

El lenguaje oral es necesario para la sobrevivencia de los Pueblos y comunidades indígenas y es un factor importante para la identidad étnica y la conciencia histórica de los Pueblos Indígenas. La importancia se observa que en la actualidad persisten distintas barreras que limitan el Acceso a la justicia para los Pueblos y Comunidades Indígenas, como por ej. la discriminación étnica y cultural. Estas barreras son, en lo esencial, culturales y lingüísticas.En la actualidad en nuestro Estado existen 36 lenguas, algunos hablantes y algunos en proceso de revitalización.

Por su parte el 21 de Febrero celebra el Día Internacional de la Lengua Materna, que fue aprobado en la 30ª reunión de Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) del año 1999 en Paris, Francia. La fecha fue en conmemoración del 21 de febrero del año 1952, cuando un grupo de estudiantes en Dhaka, capital de la actual Estado de Bangladeshfueron reprimidos por las autoridades estatales mientras reclamaban que su lengua materna, el bangla, fuera reconocida como lengua oficial. Como resultado de aquello concluyo con la muerte de tres jóvenes.Este año en particular el tema elegido es “Fomentar el multilingüismo para la inclusión en la educación y la sociedad” que a su vez reconoce que las lenguas y el multilingüismo pueden fomentar la inclusión, y que los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por las Naciones Unidas alcancen a toda la Sociedad. Desde el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, han sido definidos por las Naciones Unidas, entendiendo que Los “derechos lingüísticos” son Derechos Humanos que implican en las preferencias lingüísticas o en el uso que hagan de los idiomas las autoridades estatales, las personas y otras entidades. A su vez pueden describirse como las obligaciones de los Estados en usar determinados idiomas en una serie de contextos y de no interferir expresiones lingüísticas, como consecuencia de ellos abarca la obligación de reconocer el derecho a utilizar su idioma.

Los derechos Humanos Lingüísticos se encuentran regulados en los tratados internacionales de Derechos Humanos y en los instrumentos normativos la cual contemplan prohibición de la discriminación, el derecho a la libertad de expresión, derecho a una vida privada, el derecho a la educación y el derecho a utilizar su propio idioma para comunicarse.Surge así que el Estado se encuentra obligado. Por un lado, El Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales, establece en su articulo 28 el derecho a enseñar a los niños a leer y a escribir en su propia lengua indígena, en su articulo 30 dice que deberán realizarse traducciones escritasa la utilización de los medios decomunicación de masas en las lenguasde dichos pueblos.

De acuerdo a la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, a la cual el Estado Argentino adhirió,tenemos el derecho a revitalizar, utilizar, fomentar y transmitir a las generaciones futuras sus lenguas, tradiciones orales, sistemas de escritura y literaturas. Además, dispone que los Estados adoptaran medidas eficaces para proteger este derecho, incluidos en procedimientos políticos y administrativos como también los procesos jurídicos debe contarse con un traductor. En particular los artículos 14 y 16 establecen el derecho a instituir sus sistemas educativos y medios de información en sus propias lenguas para lograr la preservación de sus idiomas originarios.Finalmente como normativa vigente encontramos La Declaración Universal de Derechos Lingüísticos que reconoce en un sentido amplio el derecho a ser reconocido como miembro de una comunidad lingüística; el derecho al uso de la lengua en privado y en público; el derecho al uso del propio nombre; el derecho a relacionarse y asociarse con otros miembros de la comunidad lingüística de origen; el derecho a mantener y desarrollar la propia cultura; y los restantes derechos de contenido lingüístico reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

Foto de portada Brigada de mujeres muralistas, Concepción

Comuna de Lautaro, 19 de febrero 2021.- Comunidad Quiñehual 2 inicia recuperación territorial en fundo San Carlos. Esta decisión la toman en conjunto como familias desplazadas de los territorios que ancestralmente habitaron sus antepasados. Se suman así a una serie de recuperaciones territoriales iniciadas en la comuna en apoyo con otras que también han comenzado a recuperar sus tierras.

La muerte por complicaciones de Covid-19 del último hombre del pueblo Juma, el guerrero Amoim Aruká, es desgarradora. El pueblo Juma ha sufrido innumerables masacres a lo largo de su historia. De 15.000 personas a principios del siglo XX, se redujo a cinco en 2002. Un genocidio probado, pero nunca castigado, que llevó a su pueblo a un exterminio casi total. La última masacre ocurrió en 1964 en el río Assuã, en la cuenca del río Purus, perpetrada por comerciantes de Tapauá interesados en el sorgo y las nueces de Brasil que se encuentran en el territorio Juma. En la masacre fueron asesinadas más de 60 personas, de las que sólo sobrevivieron siete. Los miembros del grupo de exterminio contratado por los comerciantes informaron de que disparaban a los Juma como si lo hicieran a los monos. Los cadáveres de los indígenas fueron vistos por los habitantes de los ríos de la región después de la masacre sirviendo de alimento a los cerdos de monte, con innumerables cabezas decapitadas esparcidas por el suelo del bosque. El autor intelectual del crimen, consciente de lo ocurrido, se jactó de ser el responsable de librar a “Tapauá de esas bestias feroces”. Esta historia no debe olvidarse nunca.

Aruká, uno de los supervivientes, continuó su lucha de resistencia, viendo a su pueblo al borde de la desaparición. Luchó por la demarcación del territorio Juma, que no fue ratificada hasta 2004, la Tierra Indígena Juma (TI). Los supervivientes de Juma, a pesar del riesgo de desaparición, vieron crecer de nuevo su pueblo en la década de 2000, a través de matrimonios con los Uru Eu Wau Wau, un pueblo indígena que también habla tupi-kagwahiva.

Por estar sometidos a una inmensa vulnerabilidad y riesgo de desaparición, el pueblo Juma es considerado de contacto reciente y está entre los pueblos a proteger por las Barreras Sanitarias, cuya instalación fue determinada por el Supremo Tribunal Federal a petición de los pueblos indígenas, de los representantes de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), a través de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), en el Argumento de Incumplimiento del Precepto Fundamental nº 709 (ADPF 709). La solicitud se hizo en julio de 2020 y el juez Luís Roberto Barroso la concedió. Sin embargo, ante las dificultades alegadas por el Gobierno de Bolsonaro, el ministro dio un plazo hasta septiembre de 2020 para la instalación de las barreras en las Tierras Indígenas de Juma. En agosto de 2020, el Gobierno de Bolsonaro dijo que haría la Barrera en el río Assuã, en la REBIO de Tufari, fuera de la Tierra indígena (TI) Juma, sería una Barrera Sanitaria compuesta por la Policía Militar y el DSEI-Humaitá. Sin embargo, en diciembre del mismo año, afirmó que sólo haría un puesto de control de acceso en la Autopista Transamazónica BR 230, pero no demostró su funcionamiento efectivo.

Que el puesto de acceso funcione o no, como venían reclamando los representantes de la COIAB y la APIB desde hace meses en las Salas de Situación con el Gobierno de Bolsonaro, ya no le importa a Aruká. Lo que se sabe, de forma demostrable, es que ahora está muerto. Es tristemente con sus muertos que los pueblos indígenas prueban sus apelaciones. La COIAB y la APIB advirtieron que los pueblos indígenas recientemente contactados corrían un riesgo extremo. El último hombre superviviente del pueblo Juma ha muerto. Una vez más, el gobierno brasileño ha demostrado ser criminalmente negligente e incompetente. El gobierno ha asesinado a Aruká. Al igual que asesinó a sus antepasados, es una pérdida indígena devastadora e irreparable.

Manaus, Amazonas, 17 de febrero de 2021.

Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB)
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB)
Opi – Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente

Traducción apoyada en la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Por Francisco Simón Francisco y Nelton Rivera

En un actividad pública, Giammattei volvió a atacar a la prensa: “La lucha contra la corrupción es para nosotros mucho más que un discurso…si bien el esfuerzo que como gobierno estamos haciendo para combatir este flagelo, no ocupa las primeras planas de aquellos diarios interesados en promover falsas informaciones, ni las conversaciones prefabricadas en las redes sociales…” expresó durante su discurso en la presentación del primer informe de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC).

Los periodistas Sonny Figueroa y Marvin Del Cid que llegaron a cubrir el evento en el Palacio Nacional de la Cultura , denunciaron que los encargados del protocolo de la seguridad de la presidencia les negaron la entrada.

¡El acceso a la información es libre! Expresó el periodista Marvin del Cid, en el momento en el que se les limitó el ingreso en la entrada principal del Palacio Nacional.

La actividad fue presidida por Oscar Miguel Dávila director ejecutivo de la comisión. Con la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala CICIG durante el gobierno de Jimmy Morales, Giammattei optó por crear esta comisión que funcionará con Q9 millones 785 mil quetzales para cuatro años, de los cuales Q8 millones 700 mil fueron destinados a gastos personales, según informó Dávila.

De acuerdo a los datos presentados este 16 de febrero hasta la fecha han recibido 137 alertas de corrupción que se cometen en distintas instituciones del ejecutivo, durante un año solamente 5 denuncias fueron presentadas al MP y a la Contraloría General de Cuentas. El gobierno le da una valoración positiva a esta comisión. Mostraron que algunos de estos casos son investigados por el Ministerio Público (MP), una comisión que depende directamente del presidente.

Durante el 2020, fueron registradas 149 agresiones contra la prensa, restricciones como la de hoy fueron cometidas principalmente por funcionarios públicos incluidos el presidente.