Tiempo de lectura: 7minutosEl caso de la comunidad Chaab’il Ch’och’ sobre la propiedad de la tierra se encuentra en una de las cortes en Guatemala. Son familias Maya Q’eqchi’ que viven en Livingston Izabal. El reclamo no es nada nuevo en el país: comunidades indígenas asentadas por muchas décadas que reclaman el derecho a la propiedad de la tierra.
La comunidad disputa dos fincas en una zona montañosa que colinda con el Caribe en un extremo y en otro con la reserva natural Chocón Machacas, con el río que lleva el mismo nombre y que se une al río Dulce. La disputa de la tierra involucra a terratenientes, militares, a un expresidente, un exministro, ambos en prisión por casos de corrupción y a un financista de partidos políticos.
Por Nelton Rivera
Las autoridades de la comunidad Chaab’il Ch’och’ decidieron acudir a la justicia en reclamo de la propiedad de la tierra. Son dos fincas en Izabal en disputa y que habitan desde varias generaciones atrás. Para buscar el reconocimiento legal del derecho histórico que tienen sobre la tierra, presentaron un amparo el 4 de septiembre de 2020 en la Sala Quinta de la Corte de Apelaciones del Ramo Civil. Argumentaron que como comunidad indígena han sido víctimas de varios agraviados ocurridos en distintos periodos y durante distintas etapas.
Las familias se convirtieron en mozos colonos con la llegada y extensión del cultivo de café durante el siglo XIX. Luego, durante el Conflicto Armado Interno, la represión del ejército los desplazó de manera forzada y provocó que nuevamente perdieran la tierra. En tiempos de paz, recientemente con Otto Pérez Molina en la presidencia, recibieron amenazas, ataques y desalojos, como el vivido en 2017 en contra de 210 personas de la comunidad.
En marzo de 2021, cinco autoridades Q’eqchi’ de la comunidad viajaron desde Livingston y participaron en una vista pública, como parte del seguimiento al amparo por la pandemia; esto lo hicieron a través de una videollamada. En esta vista presentaron sus argumentos sobre esos agravios y por el despojo de la tierra comunal, que a criterio de la comunidad han habitado históricamente. Deberán esperar un nuevo plazo para que la Corte entregue su resolución sobre el amparo que contiene el reclamo de la comunidad.
“Buscamos el amparo para que la comunidad indígena Maya Q’eqchi’ sea respetada y que ya no sean vulnerados sus derechos en cuanto a la exigencia de la certeza jurídica de la tierra…”, expresó Raúl Icó dirigente de la comunidad.
La comunidad Chaab’il Ch’och’, que en idioma Q’eqchi’ significa “Tierra Buena”, está ubicada en el municipio de Livingston, Izabal, en el Caribe guatemalteco. El pueblo Q’eqchi’ está asentado en este territorio. Los primeros registros de la existencia de la comunidad indígena son del año de 1,850. A pesar de eso, la gente en la comunidad afirma que sus antepasados llegaron mucho tiempo antes. Después de un siglo y 71 años, el Estado de Guatemala no ha reconocido a la comunidad como la propietaria de estas tierras.
La abogada Wendy Geraldina López, quien los asiste legalmente, forma parte del Bufete para Pueblos Indígenas, Se refirió a esos distintos momentos y agravios que la comunidad ha tenido que atravesar. Los registros oficiales dan cuenta que en el siglo XVII a la comunidad se le conocía como la Comarca de Machacas. Con el paso de los años cambió su nombre a Chiná Machacas y a partir del siglo XIX se le llamó Chaab’il Ch’och’.
“En aquel tiempo nuestros abuelos la llamaron Machacas. Durante el tiempo de la esclavitud, sometidos a ser mozos colonos, fueron expulsados de Alta Verapaz y lograron encontrar tierra fértil en Livingston Izabal. Así se formó Chiná Machacas “pequeño pez”, con nuestros antepasados y con nuestras raíces; nosotros somos los nietos y bisnietos de ese origen de la comunidad.” afirmó Icó.
La abogada detalló que fue a través de varias ilegalidades que encontraron con la inscripción de las dos fincas las que facilitaron que otras personas o testaferros se asumieron como los supuestos propietarios. Luego apareció Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi Aparicio y Rodrigo Lainfiesta Rímola también acusado por corrupción. Lainfiesta falleció el año pasado por contagio de covid-19. Todos buscaban apropiarse de las fincas. Pérez Molina y Sinibaldi están en prisión por su participación en casos de corrupción en Guatemala. Chocón Machacas: Sinibaldi y el pueblo q’eqchi que lucha por la recuperación de la tierra parte I
Para los comunitarios la tierra está ubicada en lugares estratégicos del país. Tiene entrada directa al Caribe y se ubica cerca a la reserva natural Chocón Machacas, una ubicación que los supuestos propietarios utilizaban para el narcotráfico, según denunciaron los propios comunitarios en 2018, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Según los solicitantes, el área de Livingston sería favorable para el intercambio comercial y también para negocios ilícitos como el narcotráfico. Los solicitantes indicaron que la comunidad estaba rodeada por fincas de “narco-ganaderos” y de personas que realizan narcoactividades.” cita la CIDH.
Vista aérea de la región de Chaab´il Ch´och’ en Livingston Izabal. Fuente Google Earth
Antecedentes históricos de la tierra en disputa
La tierra en dónde está asentada la comunidad tiene como registro dos inscripciones. Resultado de éstas ha sufrido dos desmembraciones (finca 4272 y la finca 3153), ambas del grupo norte de Izabal. Las inscripciones tienen varias anomalías. La investigación hecha por el Bufete para Pueblos Indígenas reveló que la primera inscripción fue hecha entre 1911 a 1912, beneficiando a una persona de apellido Rosales. Esta persona falleció en 1923, bajo el régimen de Manuel Estrada Cabrera. Estaba vigente el Código Fiscal donde se regulaba que para que la tierra fuera entregada a una persona, esta debía realizar un reclamo de tierra baldía, con lo cual se debía demostrar que no existiera ningún habitante y no hay registro de ese reclamo.
La información relacionada a las escrituras da cuenta de que los límites de la tierra colindan con la Comarca, con la calle liberada y con los indios, citan los documentos de los registros de la finca 4272. Para la abogada la explicación es sencilla, aunque el agrimensor -quien realiza la medición de la tierra- no quiso hacer la visita y hacer su informe, pero afirma que entrevistó a las personas colindantes, lo que significa que la tierra no estaba baldía y que las familias Q’eqchi’ ya la habitaban desde tiempo atrás.
Otro de los hallazgos importantes es la descripción del agrimensor de esa época, quien hace referencia a uno de los informes de la Municipalidad de Livingston, elaborado entre los años 1906 a 1907. La municipalidad hace ver que no se puede conceder la tierra porque en su interior existe la Comarca de Machacas y que por esa razón no puede adjudicarse la tierra.
A pesar de esas limitaciones legales, Estrada Cabrera firmó un acuerdo gubernativo cediendo la propiedad de la tierra a Rosales. La abogada informó que esta persona murió intestada; no dejó ningún testamento o documento en el que cediera la tierra a otra persona. El bufete solicitó información a la Corte en relación a la supuesta propiedad de Rosales, pero no existe ningún documento.
En 1991 apareció un supuesto testamento elaborado por Rosales. Sus dos hijos aparecieron y comenzaron el proceso sucesorio de intestado. Un año después falleció la hija de esta persona y de la nada surgió en 1993 un documento de compra venta de derecho sucesorio a favor de una tercera persona, afirmó la abogada. La ley es clara al dar un período de 6 meses para reclamar un proceso sucesorio, si una persona no deja un testamento y en este caso pasaron más de 70 años para que aparecieran estas personas e hicieron el reclamo.
Otro hallazgo lo constituyen las dos inscripciones, que están hechas de forma anómala en el Registro General de Zacapa. Según la ley guatemalteca, los únicos lugares en los que se pueden registrar propiedades son el Registro General de la zona central en la ciudad de Guatemala y el segundo lugar es el Registro de la Propiedad.
La abogada afirma que lo extraño es que a pesar de que los documentos no fueron elaborados de manera legal, se inscribió la propiedad; la sucesión de derechos de la tierra se va dando de manera irregular e ilegal. Con todo ese contexto se da la compra-venta de la finca 3153, hasta la fecha esta misma finca corresponde a la llamada finca Santa Izabel, que en los últimos 9 años ha sido objeto de una fuerte disputa, por parte de personajes como Otto Pérez Molina, Alejandro Sinibaldi y Rodrigo Lainfiesta, en contra de la comunidad indígena.
Abogada Wendy Geraldina López del Bufete para Pueblos Indígenas. Foto Nelton Rivera.
¿Qué sucedió con la finca 4274?
En este caso, el agrimensor sí se presentó a medir y verificar cómo se encontraba la tierra. La información en el expediente da cuenta de que esta persona si localiza la existencia de chozas dentro de la finca y por ende confirma la presencia de habitantes. En todo este tiempo la finca fue usada solamente para crear créditos hipotecarios.
El hallazgo que para la abogada resulta impactante es que, al igual que la finca Santa Izabel, no existen documentos sucesorios ni testamento. Finalmente la propiedad llegó a manos de una familia de terratenientes dedicados al café, se trata de la familia De la Roca Pérez, originarios de Acatenango Chimaltenango y que se dedican a la siembra y exportación de café.
La investigación de los abogados refiere que la familia De La Roca Pérez llegó al territorio de Livingston en 1986 y en el contexto de la guerra logró despojar de la tierra a las familias de Chaab’il Ch’och’. Por favores militares se les beneficiaba con la obtención de fincas, explica la abogada.
Una de las hijas de la familia se unió en matrimonio con uno de los hijos de la familia Garavito Morán, con tradición en las filas del ejército de Guatemala. Se trata de Héctor Armando Garavito Morán. Uno de los hermanos Garavito está siendo procesado actualmente por delitos de lesa humanidad, cometidos en la zona militar 21 de Cobán Alta Verapaz conocida como Creompaz. Se trata de Carlos Augusto Garavito Morán.
“4. Según los solicitantes, durante el conflicto armado interno muchas tierras fueron escrituradas a nombres de otras personas, fundamentalmente militares; o simplemente ocuparon las tierras y, cuando las personas quisieron volver a ellas, se encontraron con que estaban ocupadas…” señala la CIDH en su resolución 3/2018, al resolver la medida cautelar No. 860-17.
“El Estado de Guatemala con el apoyo del ejército empezaron a apropiarse, realizaron el desplazamiento y a sacar familias amenazándolos para que abandonaran la tierra, ahí tuvo responsabilidad también el INTA, fue la ignorancia y al analfabetismo de nuestros ancestros no pudieron defenderse y tuvieron que emigrar a otros lugares.” describió Icó.
Autoridades Maya Q’eqchi de la comunidad Chaab´il Ch´och’ después de participar en la vista pública. Foto Nelton Rivera
El pasado miércoles 7 de abril, el Juzgado de Garantía de Quillota, realizó de manera virtual la audiencia que trataría el acuerdo reparatorio establecido entre las 5 compañeras de Justicia por Nicole con sus defensas y el Ministerio Público, en el caso de la criminalización de estas por su participación en la toma de la Fiscalía de Quillota.
Este acuerdo reparatorio establecía una salida alternativa, que consistiría en la realización de un acto conmemorativo por Nicole Saavedra, más un mural en las dependencias del Ministerio Público de la Fiscalía de Quillota. Sin embargo, debido a la negación de este último de cumplir con su parte, este miércoles se concretó definitivamente la ruptura de dicho acuerdo.
Diseño realizado para mural en Fiscalía de Quillota.
El desconocimiento del acuerdo por parte de los persecutores, vuelve a remover el sentimiento de injusticia generalizado socialmente, demostrando una vez más que los aparatos judiciales destinan recursos y energía en la persecusión de las luchas sociales y no contra la detención y reproducción de los crimenes de odio.
Cabe recordar que la toma de la Fiscalía de Quillota, fue realizada en forma de protesta pacífica el año 2019, para exigir respuestas y resultados en el caso del crimen de lesboodio de Nicole Saavedra Bahamondes, asesinada el año 2015, y que hasta ese momento no tenía ningún avance. El caso que ya contaba con varios cambios de fiscal y masivas críticas a la investigación, no avanzó sino hasta la realización de este acto de protesta, que fue determinante en la agilización de las diligencias, para dar con el paradero de Víctor Pulgar, único imputado hasta ahora por el lesbicidio de Nicole.
Las compañeras Emperatriz Godoy, Maria Bahamondes, Karen Vergara, Jael Bosquez y Caterina Muñoz fueron citadas a una nueva audiencia para el próximo 23 de junio a las 09:30 hrs, fecha que coincide con la conmemoración del crimen de lesboodio de Nicole.
La abogada Silvana de Valle, manifestó mediante un video resumen que el acuerdo se habría roto tras la negación del ministerio Público de poner a disposición un muro de la Fiscalía de Quillota, para la realización del mural, acuerdo al que sólo le faltaba la autorización de la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Tras cinco años del asesinato de la activista Berta Cáceres en Honduras, este 7 de abril, había iniciado formalmente un juicio contra el ex militar de las Fuerzas Armadas de Honduras, Roberto David Castillo, quien fue detenido en 2018 como presunto autor intelectual de este atroz crimen. No obstante, la defensa técnica de Castillo, por cuarta ocasión, presentó ante la Corte de Apelaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras una recusación contra el Tribunal que lleva el juicio.
Los abogados de Castillo pidieron a la Corte que traslade el caso a otro tribunal. Lucía Villars, portavoz de los tribunales, expresó que el juicio no podía proseguir hasta que el Tribunal de Apelaciones resolviera el asunto. Tiene tres días para hacerlo.
El abogado de la familia Cáceres, Víctor Fernández, puntualizó que la defensa presentó la recusación “haciendo un alegato forzado mostrando enemistad manifiesta con el Tribunal y ese elemento dice que lo infieren del trato que han recibido del Tribunal”.
La familia de Berta considera que la suspensión del juicio se dio en torno a nuevas pruebas que presentaron los abogados que llevan el caso, sobre un pago de más de 1 millón 200 mil dólares que recibió David Castillo, dos días antes del asesinato de Berta, por parte de Daniel Átala Sabla, gerente financiero de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), principal accionista del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, cuya construcción está planeada para realizarse sobre el Río Gualcarque. (Continuar leyendo…)
Mientras Juan Manuel Santos dicta conferencias de paz en todo el mundo, la comunidad liberadora de la Madre Tierra seguimos soportando la guerra.
La noche del martes 6 de abril, a eso de las 7 y 40 de la noche, una vez más un grupo armado hostigó el puesto de policía ubicado en la casa de La Emperatriz, finca ubicada en el municipio de Caloto, al suroccidente de Colombia, y desde hace seis años territorio en proceso de liberación de la Madre Tierra.
El grupo armado lanzó dos bombas de alto poder explosivo, cuya onda expansiva se sintió en las veredas vecinas. Después sonaron disparos.
La respuesta de la policía fue disparar hacia los cambuches (ranchos de plástico) de la comunidad liberadora, que fueron impactados por las balas, igual como sucedió en el hostigamiento del 25 de marzo. Nadie de la comunidad resultó herido.
La policía fue ubicada allí por el estado colombiano como una tranca contra el proceso de liberación. En otras fincas en liberación, ha ubicado bases militares.
Los actos de guerra del posconflicto en los que la comunidad liberadora de 13 fincas en liberación en el norte del Cauca queda en medio del fuego cruzado se han vuelto el pan de cada día.
Paralelamente, Santos da cursillos de paz, Duque mueve sus fichas en el tablero del norte del Cauca y anuncia una base militar en La Emperatriz. Los industriales de la caña ofrecen proyectos o mano dura.
Su guerra, su paz. Oferta falaz.
No jugamos su tramposa guerra.
¿Paz? La libertad de la Madre Tierra.
Proceso de liberación de la Madre Tierra
Norte del Cauca, Colombia.
Hoy se cumplen 29 años del autogolpe de Estado ejecutado por Alberto Fujimori, genocida y ex presidente del Perú que el 5 de abril de 1992 por medio de un mensaje presidencial disolvió el Congreso de la Nación para dar inicio a una dictadura que trajo consigo una de las épocas más nefastas de la historia peruana. A pocos días de las elecciones el pueblo peruano pide memoria, verdad y justicia.
Con apoyo militar del Ejército, de la Marina y de la fuerza Aérea intervinieron el Congreso, el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras instituciones como los medios de comunicación para tener total control sobre ellas. Ordenó detenciones y persecución a sus opositores, allanamiento a locales partidarios y principales sindicatos. Teniendo el control del Congreso, decretó una nueva constitución la del ’93 que le permitió postular a la re elección e introdujo consigo el modelo neoliberal y la aplicación de políticas que flexibilizaron los derechos laborales que legalizó la explotación, se dio pase libre al extractivismo trayendo consigo una profunda pobreza y desigualdad.
De acuerdo con el Movimiento de Personas Afectadas por Represas (MAB), este jueves 25 de marzo se registraron varias denuncias por medio de videos sobre la ruptura de la principal presa de relaves mineros de oro en Maranhão, Brasil. Esta presa pertenece a la minera Aurizona del grupo privado canadiense Equinox Gold, que explota la mayor reserva de de oro de Brasil y una de las principales del mundo.
Los residentes registraron el momento en que una de las presas de Aurizona se rompió, se desbordó e invadió el depósito de agua de donde se recolectaba el sistema de suministro de agua de la ciudad.
De acuerdo con datos oficiales de 2019, esta zona tiene reservas de 750.000 toneladas de oro almacenadas en minas.
La minera se posicionó en una nota minimizando el problema y afirmando que no hubo una ruptura de la presa, sino que el sistema de drenaje de MASA S / A (Mineração Aurizona), estaba averiada.
Las familias dicen que, debido a la contaminación de minerales en el río, ya se encuentran sin acceso a agua potable.
“La contaminación de minerales de este tipo en los cuerpos de agua puede ocasionar una serie de impactos sociales y ambientales en la vida de la población afectada, como la ocurrencia de varias enfermedades, además del aumento de la pobreza y la desigualdad social, como ocurrió en Brumadinho , Minas Gerais”, denuncia en un boletín el MAB.
El MAB también denunció que, “en 2018 hubo un deslave de desechos estériles, provocado por la explosión de dinamita y unas cuatro mil personas resultaron afectadas, quedando aisladas”.
El MAB ha catalogado este evento como “un delito socioambiental más” que han provocado las transnacionales mineras en Brasil.
Además han alertado que esta situación no puede continuar así para la población. “Las represas mineras, hidroeléctricas y de agua en Brasil no pueden seguir representando inseguridad, miedo y violencia para la población que vive cerca”
Debido al ataque armado en contra de un equipo de prensa nos comunicamos con Héctor Llaitul vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), quien según trascendió coordinaba en la zona lafkenche una entrevista con el perdiodista Iván Nuñez de TVN (Televisión Nacional).
Dicha entrevista se realizaría este domingo 28 de marzo, sin embargo esto no pudo ser ya que el equipo fue atacado con armas de fuego en la zona de San Ramón comuna de Tirua, en horas de la tarde de este sábado 27 de marzo. El periodista y rostro de TVN sufrió lesiones menores, sin embargo un camarógrafo recibió proyectiles en su cabeza encontrándose con un estado delicado de salud y presumiblemente daños irreversibles.
Para esclarecer la ola de especulaciones en torno a esto le preguntamos al vocero de la CAM por cosas puntuales. Ante lo cual presenta su hipótesis de una operación de inteligencia policial para «achacar estos hechos al movimiento autonomista mapuche».
Usted confirmó que realizaría entrevista a TVN ¿De qué versarían sus respuestas con relación al presente de la demanda mapuche?
Hector Llaitul: Sí, realizaríamos una entrevista junto a otros dirigentes, y tenia que ver con el escenario actual de confrontación entre el Estado de Chile, el sistema, contra el pueblo nación mapuche, las demandas mapuche en general, los procesos que se vienen desarrollando con más fuerza de recuperaciones de tierra y nuestra propuesta de control territorial. Eso principalmente.
Dejamos en claro que nuestro objetivo jamás van a ser ataques indiscriminados y menos en contra de personas, menos en contra de civiles. Estamos muy claros al respecto que nada tenemos que ver con ese hecho. El movimiento mapuche tiene una ética de acción política y moral muy clara y que tiene que ver con el respeto a la vida y con la recuperación de nuestro territorio y la vida mapuche en todo su amplio sentido.
¿Existen grupos paramilitares en la zona lafkenche? También hemos sabido de escoltas policiales pagadas, negocio maderero y de seguridad privada en torno a redes de corrupción ¿Como podemos distinguir la demanda mapuche de estos hechos ?
Hector Llaitul: Hay una situación bien grave, como CAM y como movimiento autonomista no tenemos absolutamente nada que ver con ese hecho, lo repudiamos, al contrario, yo a Iván Nuñez lo conozco, le habíamos dado una entrevista anteriormente la que a nuestro juicio fue buena a pesar de ser un medio oficial, por eso había un contacto y por lo mismo solidarizamos particularmente con él, con el camarógrafo que lo conocemos, solidarizamos también y acompañamos a la familia en esta dificil situación que atraviesan estos profesionales.
Nuestra hipótesis es que esta situación de encuentro y posible entrevista con Iván Nuñez la podría haber filtrado la policía y, a partir de eso algún grupo interno de la policía pudo haber montado alguna operación de inteligencia para achacarnos a nosotros la responsabilidad.
Entrevista realizada al historiador Ignacio Ayala en el pasado mes de febrero, a orillas del lago Panguipulli en un convulsionado territorio, que como muchos otros despierta y se organiza, pero que aún no se despoja de la vieja guardia terrateniente, el sicariato y la violencia institucional hacia su población más humilde.
Allí en la cordillera de Panguipulli mataron a Macarena Valdés, lo ocultaron y fue suicidio, asesinaron a Francisco Martínez y fue legítima defensa, asesinaron a Emilia Herrera Obrecht Bau y fue enfrentamiento. Allí asesinaron a miles de mapuche y fue pacificación, allí asesinaron a trabajadores, sindicalistas y desplazaron a miles de familias y ¿Qué fue? Fue la dictadura, esa que aún está, que aún perdura.
Por Vitrina Dystópica
«Durante el mes de febrero la sistemática persecución política que se vive en Chile derivó en dos ejecuciones que marcaron el tono de la violencia monopólica para este 2021: el malabarista callejero Francisco Martínez y la weichafe lamngen Emilia Herrera, Bau.
Ambas ejecuciones en Panguipulli, la primera a manos del sicariado estatal, Carabineros, y la segunda perpetrada por guardias privados de la elite colonial chilena. Estos asesinatos resonaron tanto por el horror con que fueron cometidos, incluso siendo viralizadas sus imágenes, como también porque rememoran el asesinato de Macarena Valdés el 2016 por sicarios de la transnacional RP GLOBAL en la misma comuna de Panquipulli. ¿Qué relaciones conectan las formas de vida, las maneras de vivir, luchar y habitar, de Macarena, Francisco y Bau? ¿Cómo se constituye la violencia monopólica, cívico-policial, legal y paralegal, en la región? ¿Cuáles son las claves de la lucha territorial en la zona que llevó al gobierno a incluso justificar las ejecuciones en la dictatorial afrenta de la “legítima defensa”?»
Coronel, region del Biobío. Durante la noche de este viernes 26 de marzo un grupo de pobladores sale a las calles acudiendo al llamado de agitación y propaganda. A continuación su reporte:
_Contra la represión del Estado.
_Por los y las presxs polticos.
_Por estar a pasos de una nueva conmemoracion del día del joven combatiente.
Barricadas sector Camilo Olavarría, Coronel.
Ante la represión, Lucha y Organización!!.
Hermanos Vergara Toledo presentes. Ahora y siempre!
Convocados por el llamado de la semana de agitación y propaganda contra la represión del estado, y por la coyuntura político-social que vive el país, desde Coronel hemos resuelto salir contra toda violencia que se ejerza hacia el pueblo y sus múltiples organizaciones, que ven cómo sus derechos fundamentales siguen siendo vulnerados, y decimos siguen, puesto que son más de 30 años que la falsa democracia continúa dando palos, asi como también oídos sordos a las múltiples demandas sociales, territoriales, medioambientales, y un largo etc.
Caminamos hacia una nueva conmemoración del Día del Joven Combatiente, este 29 de marzo, levantando las figuras populares de los hermanos Vergara Toledo, en ellos también se encarnan miles de nuevxs combatientes de la revuelta, de lo miles de peñis que dan lucha en el wallmapu, a lxs millones de trabajadorxs que dignifican a la clase obrera y que salen en el día a día a sus frentes de trabajo para llevar sustento a sus hogares, a pesar de la pandemia…
Sólo organizado ese verdadero pueblo se levantará la alternativa de poder popular que permita avanzar y aplastar este sistema capitalista y sus próceres criollos.
Freedom Astorga preso político de la revuelta de 20 años de edad, comenzó el pasado 5 de marzo una huelga de hambre indefinida hasta obtener su libertad. A un año de su detención, Astorga acusa inexistencia de pruebas en su contra.
Antofagasta sin duda ha sido uno de los focos hacia donde la represión y persecución política estatal se ha dirigido, esto debido a las arduas movilizaciones y organización territorial desarrolladas desde el estallido social.
El pasado 26 de marzo, Freedom Astorga cumplió un año en prisión preventiva dentro de la Cárcel Nudo Uribe de Antofagasta, donde se encuentra recluido acusado de robo y porte de armas. Esto en el contexto de un intento de atropello masivo de manifestantes, provocado por Adolfo Gallardo, funcionario de carabineros quien recibió pedradas en respuesta a su ataque.
Aunque las pruebas y testimonios no han corroborado siquiera la presencia de Freedom en este hecho y que la supuesta arma incautada no estaba en su poder, en marzo del 2020 este fue detenido por la brigada de homicidios de la PDI, para luego, según consta en una querella realizada por la Defensoria Popular de Antogagasta, recibir golpes, torturas y amenazas de parte de los represores.
Por estas incongruencias es que Freedom inició una Huelga que ya lleva 22 días, en la cual ha bajado 8 kilos de peso. Una medida que sería radicalizada a una de carácter seca, si es que en la próxima audiencia fijada para el día 9 de abril, no se cambia la medida cautelar en su contra.-
