Por Vanessa Garcìa Navarro

En enero de este año, mientras el capitolio se bañaba en la luz de azul, roja y blanca de los juegos artificiales, para recibir al actual mandatario de Estados Unidos, Joe Biden, el corazón de miles de migrantes centroamericanos se agitaba con la esperanza de encontrar más y mejores oportunidades para obtener asilo en USA. No obstante, las promesas que el ex-candidato demócrata hizo durante su campaña electoral solo parecían posibles al principio de su presidencia, porque hoy en día toman un camino que se tuerce distante.

Apenas en junio, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, suspendía definitivamente el programa “Quédate en México”, formalmente llamado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), que el ex-presidente Donald Trump había implementado durante su gobierno.

Sin embargo, los estados de Texas y Missouri ejercieron presión a través de demandas en juzgados federales para que se reanudara el MMP. El 24 de agosto, el juez del distrito de Texas, Matthew Kacsmaryk, respaldado por la mayoría de los votos en la corte, dio su fallo a la reanudación del MPP, argumentando que la suspensión del programa no había sido justificada debidamente.

Ahora, pese a que el MPP fue suspendido hace menos de medio año, además de ser calificado como “inadecuado e insostenible”, se espera que este engranaje migratorio vuelva a activarse a mediados de noviembre. Jen Psanki, la portavoz de la Casa Blanca, ha indicado que el actual gobierno únicamente sigue orden judicial de la Suprema Corte, pese a oponerse a ella.

La postura de México

Desde un inicio el programa “Quédate en México” fue agresivamente forzado en México, cuando Trump amenazó con subir los aranceles al país de no formar parte de este mecanismo migratorio. Fue así como desde 2019 alrededor de 70 mil centroamericanos fueron enviados a México para esperar la resolución de sus casos de solicitud de asilo.

México todavía no ha tomado una decisión. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) publicó en su cuenta oficial de Twitter: “México es una nación soberana que debe tomar una decisión independiente de aceptar el retorno de individuos en caso de alguna reimplementación del MPP. Esa decisión no ha sido tomada. Las discusiones con el gobierno mexicano prosiguen.”

Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México espera que el gobierno de EE. UU. trate el caso de los migrantes que esperan en la frontera en un promedio de seis meses. Así también, el gobierno mexicano espera algo tan fundamental como que se le informe de manera adecuada a los solicitantes de asilo el lugar, fecha y hora de sus audiencias. Igualmente, espera que se les de asesoría legal, dado que ostentan una posición vulnerable.

La indignación

Durante una reunión virtual con el gobierno de Biden, activistas realizaron una declaración en contra del regreso del programa “Quédate en México”, que decía: “No es posible hacer que lo inhumano sea humano, que lo injusto sea justo, o dar vida a un programa mortífero”. Acto seguido, se desconectaron de la reunión virtual a manera de protesta, recalcando otro punto de su pronunciamiento: Nos negamos a ser cómplices de las políticas fronterizas basadas en la disuasión”.

Las negociaciones diplomáticas entre EE.UU. y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador mantienen la moneda en el aire.