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15 años sin justicia para menores víctimas de violaciones a derechos humanos
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A 28 de enero de 2016.
Buenas tardes a todos los presentes,
Mi nombre es José López Cruz y en representación de mi familia, mis hijos y especialmente de la señora Cristina Reyna Cruz López madre del niño Ángel Díaz Cruz fallecido, voy a expresar las siguientes palabras.
Ha pasado más 15 años en el que mis hijos resultaron gravemente lesionados y que desgraciadamente el niño Ángel Díaz Cruz falleció a consecuencia de la explosión de una granada de fusil antipersonal propiedad del ejército mexicano.
Esos pobres niños lo único que hacían era buscar hongos para comer, pero debido a la negligencia del personal del ejército al no advertir los riesgos que pudiera acontecer en el lugar de campo de prácticas de tiro, a casi 500 metros de nuestra comunidad, resultó esta gran tragedia.
Además mi familia y los habitantes de mi comunidad El Aguaje, estábamos ya obligados a convivir, con todo tipo de ruidos provocado por los explosivos, los morteros, las ametralladoras lo cual provocaba mucho miedo. Sin embargo, el lugar era utilizado por la comunidad para la recolección de hongos, caminos de paso, pastoreo y recolección de leña.
Las mujeres ya no podían realizar sus actividades cotidianas por el campo, debido a que continuamente sufrían el acoso del personal militar.
A partir de las graves lesiones de nuestros hijos, comenzó nuestro sufrimiento, al verlos graves, a la presión de que uno de ellos le iban amputar una pierna; a la falta de atención de las autoridades porque no recibimos a atención necesaria y fuimos nosotros como familias que cargamos con toda la responsabilidad del seguimiento de recuperación de nuestros hijos.
Además por la falta de acceso al seguimiento de las investigaciones, debido a que estas se llevó a cabo desde la jurisdicción militar, quienes nunca nos permitieron saber el seguimiento del proceso penal militar, además de que el Juzgado Militar se encuentra en la Ciudad de México, Distrito Federal y no tenemos los recursos para ir hasta allá.
Las autoridad nunca se dieron cuenta de que éramos personas civiles y que nuestro caso debió ser atendido por la jurisdicción civil y no la militar, pues dejaron llevarse por el tipo de armamento que explotó, y nunca velar por nuestros derechos humanos.
Los días fueron largos, han sido largos, pues durante estos más de 15 años, hemos buscado la justicia. Hasta hoy no sabemos quienes son los verdaderos responsables de causar esa tragedia ni mucho menos cuales fueron sus castigos.
Los efectos psicológicos en nuestros hijos, en nuestras familias se mantienen, debido a la falta de justicia y la atención. Y ante el temor de que dentro de sus cuerpos exista todavía esquirlas.
Esperamos que estos acuerdos que hoy firmamos, sean cumplidos a la cavalidad.
Agradecemos infinitamente al Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé por su acompañamiento, porque sin ellos nunca hubiéramos podido lograr esta nuestra lucha.
Señores y señoras, durante todos estos años, hemos vivido la incertidumbre de que algún otro niño le pase lo mismo, es por eso que exigimos que estos hechos nunca vuelvan a repetirse.
Muchas gracias.
Justicia para el normalista Julio César Mondragón.
El pasado 26 de enero, como parte de las actividades que se realizaron durante la jornada por Ayotzinapa, se llevó a cabo un “funeral para Julio César Mondragón”. Familiares del normalista asesinado montaron guardia junto a un féretro vacío en la Procuraduría General de la República (PGR), y exigieron justicia para el normalista.
Al respecto manifestaron lo siguiente:
