El Salvador, país con apenas 21 mil kilómetros cuadrados y poco más de 6 millones de habitantes, representa un territorio en constante tensión. Las contradicciones emanadas de las políticas de un gobierno heredero del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el FMLN, se subsumen al intervencionismo financiero impuesto por los Estados Unidos, chocan estrepitosamente con el rechazo de proyectos que lesionan los territorios y amenazan los bienes comunales de lxs salvadoreñxs. Se trata de una guerrilla institucionalizada que –al tornarse agradable a los ojos de la cúpula empresarial con las elecciones de 1994 y tras la firma de los acuerdos de paz en 1992– le ha dado la espalda a toda una generación de mujeres y hombres que decidieron luchar por la construcción de un país con justicia y dignidad.
Como uno más de los Estados en el continente etiquetados como «progresistas», el gobierno de Salvador Sánchez Cerén, investido el 1º de junio pasado como el segundo presidente del FMLN, promueve y acepta la «ayuda» de Estados Unidos; nación que desde 2009, año en que los otrora guerrillerxs tomaron el poder, ha utilizado la agenda económica para injerir en el oficialismo salvadoreño, al tiempo que se pretende olvidar que fue el mismo país que financió a la contrainsurgencia durante el periodo de conflicto interno, desarrollado durante la década de los ochenta.
La alineación con políticas impuestas desde el extranjero se evidencian en casos como el ocurrido en mayo de 2014, cuando el gobierno norteamericano chantajeó al Estado salvadoreño para imponer la distribución de semillas para familias campesinas de mano de trasnacionales como Monsanto (en lugar de continuar con su política de compra a cooperativas nacionales) a cambio de la liberación de 277 millones de dólares a través del Millenium Challenge Corporation.
La mentira perpetuada en el nuevo milenio
En El Salvador y el mundo son evidentes las implicaciones negativas en lo social, cultural, económico, político y un sinfín de esferas donde se desarrolla la vida humana, donde el mito del desarrollo ha dañado y marginado el bienestar comunitario; donde mediante maniobras de manipulación se venden falsas fórmulas de crecimiento y progreso, las cuales reinterpretan e imponen en la realidad proyectos que, a través de la voracidad con que los mercados exigen más y mayores ganancias en plazos cada vez más cortos, configuran un sistema depredador de bienes y comunidades.
Desde nuestras latitudes, la nomenclatura impuesta desde el norte global de los autodenominados «países desarrollados» y aquellos del «tercer mundo», se juegan tensiones acerca del modelo impuesto para producir el bienestar social. Sin embargo, el supuesto estado de subdesarrollo con el que se identifica a la región latinoamericana, no es una fase previa al desarrollo sino que es su producto y un modo particular de insertarse en la configuración del modelo de desarrollo actual. Es ahí en donde le ha tocado jugar el papel del subdesarrollo para sostener los beneficios que nutren a los llamados países desarrollados, y en buena medida es resultado del colonialismo y del imperialismo machacado durante años a través de políticas de Estado que buscan estar en sintonía con las exigencias de bienes desde los países industrializados.
El caso salvadoreño demuestra esto a través de la negociación, aprobación y ejecución del Fondo Para el Milenio. Mientras que en los años de oposición a la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), el FMLN rechazaba proyectos como el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (CAFTA) es ahora el mismo que, como partido dominante, ratifica su inclusión en dichos pactos neoliberales. Evidencia de ello son las declaraciones del nuevo presidente cuando mostró el interés de «lograr un acuerdo para el desembolso de los fondos del Millenium Challenge Corporation dentro de los primeros días» de su periodo, confirmando lo que para funcionarios del comercio de Estados Unidos es un dogma: en el poder no hay izquierdas ni derechas, sólo negocios.
Dicho Fondo nació en el contexto de la Cumbre del Milenio convocada por la ONU en septiembre del 2000, y que entre sus objetivos principales, pretendía cumplir con «ocho propósitos de desarrollo humano que los 189 países miembros de las Naciones Unidas acordaron conseguir para el año 2015»; estatutos demagógicos que a un año de alcanzar el tiempo fijado para su obtención, se encuentran cada vez más distantes e inalcanzables. La verdadera intención del gobierno estadounidense se devela en la manera en que manipula aquel Fondo, a través de la organización FOMILENIO, el cual debiera servir para cumplir con los objetivos del mentado proyecto, pero que en la práctica impulsa planes maquinados por empresas trasnacionales. Por ejemplo, la promoción para construir la carretera trasnacional del norte y el desarrollo de los megaproyectos turísticos en la zona de la Bahía de Jiquilisco, en el Bajo Lempa, donde una extensa zona de manglares sería destruida para la edificación del nuevo «Cancún de Centroamérica».
Organización para la defensa del manglar
Muchas comunidades de la Bahía de Jiquilisco fueron obligadas a abandonar la zona del Bajo Lempa en la época de la conflicto civil armado debido a los bombardeos y la persecución que hizo el gobierno militar contra la población entre los años de 1985 y 1990.La Tirana, comunidad punchera (el punche es una especie de cangrejo que vive en bosques salados) y campesina fue una de las muchas que expulsó a sus habitantes a migrar durante esa época. Actualmente entre el verdor de los árboles frutales y el fresco de los manglares habitan 22 familias quienes después de reocupar la zona miran hoy como nueva amenaza a la crisis climática mundial, la cual ha provocado que el mar se haya comido hasta ahora más de 120 metros del bosque de manglar, poniendo en riesgo el equilibrio del ecosistema en donde obtienen su sustento diario.
Aunado a ello la implementación de un Plan Nacional de Turismo (impulsado desde la gestión del expresidente Mauricio Funes, pero con rastros de su preparación desde 2004) con proyección a 2020 como parte del plan rector del desarrollo salvadoreño plantea «la construcción de al menos 350 nuevos hoteles de lujo para ofrecer 23 mil habitaciones para los turistas que se quieren atraer en la zona». Dichas estimaciones hechas por el ministerio de turismo por medio del PNT buscan que el número de turistas llegue a 12 millones de personas para el 2020, hecho que implicaría la destrucción de 20 mil hectáreas de manglares para lograrlo; significaría el ecocidio del mayor manglar centroamericano del océano pacífico.
Bonifacio Cañas, integrante de las recién creada Asociación de Comunidades del Manglar por la Defensa del Territorio en la Bahía de Jiquilisco (ACOMADET, fundada el 21 de mayo del 2014 e integrada por 18 comunidades en una zona con más de 1, 600 hectáreas) explica que la aprobación de megaproyectos turísticos y desarrollos inmobiliarios que amenazan el ecosistema de los manglares y la sobrevivencia de las comunidades que ahí habitan, replican la historia producto de la guerra civil: ya que traerían consigo el desplazamiento forzado de personas y familias enteras, haciendo alusión al recuerdo de cuando de pequeño tuvo que migrar a San Salvador.
Las comunidades de la Bahía de Jiquilisco no han sido atendidas, ni consultadas en cuanto a la implementación de los Fondos del Milenio que se están proyectando para ser utilizados en proyectos de transformación en las inmediaciones de los manglares y el río Lempa. Hasta ahora no se les ha preguntado cuáles son los problemas a los que se enfrentan, como lo son la falta de instalaciones adecuadas para el mejoramiento del servicio del agua potable o instalaciones eléctricas; e incluso el mal estado de los diques a lo largo del Lempa y otros ríos que deterioran la calidad de vida de los habitantes de la cuenca.
A pesar de ello los habitantes no están en contra del turismo. En la zona se recibe gente para visitar el bosque de manglar, observar aves e incluso para hacer surf, pero todo ello a baja escala, beneficiando y dejando una derrama económica importante para las familias, quienes han logrado generar y operar planes locales de mitigación y adaptación al cambio climático y los efectos directos que está imprimiendo en la zona.
En cambio, se pretende la imposición de mega proyectos turísticos, como campos de golf y hoteles de lujo, en donde pudimos constatar que algunas piezas para su concreción ya avanzan; además de la aprobación de 13 planes mediante el programa de Apuesta por Inversiones (donde se encauzan los recursos desde fomilenio) y que contemplan seis iniciativas turísticas, tres agroindustriales, dos energéticas, una acuícola y otra aeronáutica bajo el amparo del «interés nacional» avalado por el PNT 2020, quienes aceleran la implementación de dichos proyectos con el aval y financiamiento de entes internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo.
Pese a que la amenaza representada en la expansión turística se cierne sobre las comunidades integrantes de la ACOMADET, existe otro peligro que se va extendiendo por las tierras de los campesinos: actualmente el monocultivo de caña se está empoderando de los espacios tradicionalmente dedicados a la agricultura tradicional. Desde octubre de este año 2014, terratenientes de la península de San Juan el Gozo pretenden ocupar aproximadamente 400 hectáreas para la siembra de caña de azúcar, los cuales contemplan la implementación de agroquímicos como el infame Roundup de Monsanto, que después de cumplir su función herbicida de amplio espectro, irán posteriormente a parar a los estuarios que corren hacia los bosques salados, aumentando el riesgo para el frágil ecosistema de manglar que de por sí es azotado ya por las consecuencias de la crisis climática.
Ante esta situación, el miércoles 12 de noviembre, 60 personas representantes de ocho comunidades se congregaron en la zona donde se pretendían poner en marcha los tractores para preparar la tierra para el monocultivo, refirmando la postura de los habitantes de la Bahía de Jiquilisco, quienes defienden a toda costa las tierras cultivables y la biodiversidad completa de la zona, preservándolas sanas para las futuras generaciones y el mundo. Las comunidades reiteran su decisión a favor de la vida y la diversidad y por ello han asistido a la alcaldía de Jiquilisco para demandar a las autoridades locales la prohibición del monocultivo de caña en la región.
La región se encuentra en una grave tensión debido a la voracidad y atropello con que estos proyectos pretenden instaurarse en contra de los deseos y necesidades de los pobladores, planes que lejos de desvanecerse, permanecen latentes como una amenaza y sentencia a cumplirse en una de las regiones más frágiles de El Salvador, aquel país que apuesta por superar condiciones de pobreza para alcanzar promesas de «desarrollo» sacrificando comunidades y ecosistemas enteros.
