Por Fortino Domínguez Rueda[1]
Desde nuestra vivencia sabemos que no se impugnaron las relaciones coloniales de opresión después de que los procesos de independencia edificaran el Estado-nación mexicano. La Colonia culminó en términos formales y jurídicos y obtuvo reconocimiento internacional, sin embargo, la colonialidad ha persistido hasta el día de hoy. De esta suerte el Estado se revela como uno de los instrumentos de dominación mejor articulados para el sostenimiento del sistema capitalista mundial, donde una característica que resalta para el caso de México y de su último sexenio, es la participación activa de miembros de pueblos indígenas que pretenden construir el rostro indígena de la actual administración estatal, y quienes en conjunto con la élite blanca gobernante son los “nuevos” capataces de la finca llamada México. Historias locales y diseños globales configuran la experiencia de sometimiento y opresión, así como de resistencia que cada pueblo ha levantado para persistir a los embates del Estado a lo largo del planeta.
En México hace 30 años (1994) un nuevo ciclo de luchas y resistencia indígena se hizo presente. El levantamiento armado del EZLN cimbró al planeta entero y mostró el proyecto civilizatorio maya que como hace miles de lunas, sigue hoy, asegurando la vida y creando opciones en tiempos de muerte y destrucción que arroja la crisis civilizatoria que enfrentamos como humanidad.
A lo largo de estas tres décadas hemos presenciado la aparición de discursos, políticas públicas, modelos educativos y la discusión sobre la diferencia étnica en México, las cuales sufrieron una transformación radical a partir del levantamiento armado del EZLN. Esta bifurcación histórica transformó las maneras de nombrar, visualizar y pensar a los pueblos indígenas, de ello ineludiblemente se desplegó un renovado indigenismo de Estado con raíz colonial, pero con discurso multicultural e intercultural, con perspectiva de género, interseccional y descolonizante; sin embargo, los discursos desde el Estado, no han logrado detener la guerra de conquista y exterminio que azota a nuestros pueblos y a todo el país.
En las geografías del México de abajo se reconoce desde hace mucho tiempo que el ejercicio de la autonomía y la reconstitución integral de nuestros pueblos son un buen comienzo para impugnar el colonialismo histórico. Por su parte, en los calendarios del poder de arriba se buscó incluir en el lenguaje lo referente a la diversidad. Fue así como a la luz del neoliberalismo, la diferencia étnica, la multiculturalidad e interculturalidad se convirtieron en parte del paquete discursivo de políticos, científicos sociales, ONGs, universidades e indígenas afines a los partidos políticos y a los gobernantes en turno. Durante el último sexenio se consolidó un nuevo consenso alrededor del Estado en México. Hubo un reajuste en la relación del Estado y los ciudadanos. La serie de reformas que en la actual administración se articulan son para hegemonizar ese cambio en el Estado mexicano. En otras palabras, la máquina que perpetúa la muerte en el país necesita una modificación, ya que el capitalismo “no puede parar”.
A esto, debemos sumar la situación de la cooptación, imbricada con los intereses de poder de personajes indígenas, lo cual ha dado como resultado no solo la creación de indígenas permitidos, como lo nombramos en 2019, sino también ha consolidado una clase de políticos profesionales indígenas que buscan corporativizar y tener fichas para negociar en el nuevo reacomodo de fuerzas. Sí, así justo como en el pasado con el INI, CDI y ahora el INPI de la “4D”, o sea, la Cuarta Destrucción.
Si bien el Estado y sus instituciones siempre están en una constante subsunción retórica hacia las demandas de los pueblos, ahora podemos observar cómo durante este sexenio, se registra la adopción de un lenguaje técnico y de una indumentaria por parte de los miembros de la “izquierda ilustrada e institucional” que ahora sirve a los gobiernos en turno. Observamos un uso políticamente correcto de las demandas históricas de los desposeídos, se enarbolan las demandas y frases emblemáticas de los movimientos indígenas. Afuera de sus palacios y de las mañaneras, la realidad es diferente a la percibida por los gobernantes étnicos en turno.
Por tanto, ante la constante cooptación del lenguaje y la disputa narrativa conviene señalar que una cosa es la creación del Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas (CNPI) impulsado por el INPI con su actual director Adelfo Regino, quien es calificado como traidor al movimiento indígena; y otra cosa es el Concejo Indígena de Gobierno (CIG), sí, así mero con C, y que nació a mediados del 2017 como una iniciativa del EZLN – CNI presentada en 2016. El primero corre sobre los rieles del tren del progreso con dirección a la catástrofe y el otro teje la vida desde abajo y a la izquierda.
De ahí que no nos resulte extraño las limitantes de la hoy tan “controvertida” Reforma Constitucional y Legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afro mexicanos, puesto que nació muerta. Solo basta recordar el año 2001 para tener claro que el Estado tuvo una oportunidad para cumplir los acuerdos de San Andrés firmados en 1996 y no estuvo a la altura. Por ello, el movimiento indígena desde el espacio del Congreso Nacional Indígena CNI y el EZLN decidieron romper el diálogo y enfocarse en lo que seguía para sus pueblos. Lo anterior decantó en el ejercicio de la autonomía por la vía de los hechos, ejemplo paradigmático fue la creación de los caracoles en 2003 por el EZLN, así como la recuperación de tierras de la comunidad nahua de Ostula, en la costa de Michoacán en 2009. Muchos argumentan desde el púlpito del poder que ahora el Estado sí cumplió y que por ello la reforma va. Olvidan que no puede venir la vida de la máquina de muerte que es el Estado y esa enseñanza la miramos todos los días en nuestros pueblos y a través de las madres buscadoras. Por otra parte, es necesario señalar que en ese 2001, algunos cuantos decidieron aceptar la oferta del poder y con ello participar en los partidos políticos. De ese tiempo viene la traición de Adelfo Regino.
Sumado a lo anterior, recordar que desde el 2019, cuando el INPI y su actual director Adelfo Regino convocó a foros regionales a lo largo de la república mexicana, lo hizo bajo la bandera de que esta iniciativa cumpliría los temas que quedaron pendientes en los Acuerdos de San Andrés, y paradójicamente continuaron legitimando una política de militarización en Chiapas y de todo el país. Con la mano derecha crean “nuevas leyes” —estirando y lucrando con las demandas—, con la mano izquierda reprimen a los que se organizan y con ambas aplauden el festín de la élite gobernante.
Pero incluso antes de que fuera “descafeinada”, ya desde el 2019 en el foro nacional fue discutido el punto referente a Tierras, territorios, recursos, biodiversidad y medio ambiente de los Pueblos Indígenas, puesto que uno de sus principios marcaba abiertamente la supeditación de los pueblos: Reconocer el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a poseer, utilizar, desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos o bienes naturales, salvo aquellos considerados estratégicos para la Nación, para estipularse en la modificación de la fracción VI del apartado A. del Artículo 2° y en la adición de un párrafo segundo a la misma. Un punto nada desdeñable considerando que los recursos estratégicos para la nación son: el petróleo, los minerales, la energía nuclear, los ferrocarriles y la petroquímica básica.
Por otro lado, las instituciones del Estado mexicano confirmaron una vez más que llegan tarde, sin actualización y sin querer reconocer las formas que los pueblos despliegan para asegurar la vida día con día. O sea, estamos ante la presencia de una mezcla entre una etnicidad S.A. de C.V. al servicio del Estado mexicano y revestido de progresismo ilustrado del siglo pasado, lo cual es perfectamente combinado con la participación en cargos públicos, y con todo ello, nos quieren hacer creer que las demandas de los pueblos en lucha han sido cumplidas y que ahora todo cambió. Hace un año el CNI señaló:
México, a pesar de los disfraces y mentiras que brotan del gobierno de la Cuarta Transformación, no es la excepción y las cifras que describen la violencia y la guerra son elocuentes: más de 156 mil homicidios dolosos, más de 43 mil personas desaparecidas y no localizadas, más de 4 mil feminicidios, 75 periodistas y 104 personas defensoras de tierra y territorio, pueblos indígenas, derechos humanos y medio ambiente asesinadas en este sexenio, casi la mitad de estos últimos participantes en el espacio que es el Congreso Nacional Indígena CNI (CNI, 2023).
Las cifras del colapso y la destrucción son claras. Ante la oscuridad que va adquiriendo la tormenta, es nuevamente necesario continuar con los trabajos de base, escuchando la palabra, reconociendo y enlazando dolores; es decir, llevar la organización a nuestras vidas, con nuestras familias, vecinos, amigos, miembros de la comunidad.
Por último, no debemos olvidar que es necesario dejar constancia en la historia de quien decidió servir al amo y quienes decidieron caminar por abajo y en colectivo.
[1] Zoque de Chapultenango, Chiapas, México. Historiador, antropólogo e integrante del Centro de Lengua y Cultura Zoque.
