Radio Zapatista

Fuente: Avispa Midia

^{En portada: Resistencia antiminera en la comunidad de la Merced de Buenos Aires, al norte del Ecuador.}

El día de ayer (29), la empresa minera Hanrine Ecuadorian Exploration Andmining S.A. pretendió ingresar una plataforma cargada de madera sin guía de transporte a la concesión minera Imba1, localizada en la Comunidad de la Merced de Buenos Aires, en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador. La empresa, propiedad de la australiana Hancock Prospecting, tampoco contaba con procedencia debidamente autorizada por el Ministerio de Ambiente.

La denuncia fue hecha por el Frente Antiminero de Ecuador y por el colectivo Buproe, una organización local en defensa de la vida en la Merced de Buenos Aires.

La empresa viene operando en total ilegalidad desde el 28 de marzo de 2023, sostiene el Frente en un comunicado, fecha en que la Agencia de Regulación Minera emitió la Resolución MEM-VM-2023-0004-RM que suspendía sus actividades.

Sin embargo, desde entonces la comunidad ha denunciado constante actividad por parte de la empresa que incumple la resolución.

En el comunicado, preguntan “¿por qué las autoridades permiten las actividades de la empresa aun cuando tiene orden de suspensión?”.

Otro ejemplo de omisión por parte del gobierno es que el viceministerio de Minas “omitió” inscribir en el Registro Minero la Resolución de Suspensión, “por lo cual la empresa sigue operando a discreción, junto a mineros ilegales y grupos terroristas que se encuentran en el territorio, dentro de las concesiones mineras ‘legales’”.

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha emitido una advertencia a Israel, anunciando su intención de iniciar acciones legales contra políticos y líderes militares israelíes si periodistas son atacados en medio de los enfrentamientos en la Franja de Gaza.

En un comunicado, la FIP expresó su creciente consternación por el aumento de fallecimientos entre periodistas desde el 7 de octubre, representando actualmente alrededor del 10% de los periodistas en el enclave.

Reporteros sin Fronteras ha comunicado que, de los 63 periodistas asesinados en todo el mundo en 2023, 56 fueron ejecutados en Palestina.

En una carta dirigida a Benjamín Netanyahu, ministro de Israel, la presidenta de la FIP, Dominique Pradalié, y el secretario general de la organización, Anthony Bellanger, recordaron que el derecho internacional exige la protección de civiles, incluyendo a periodistas. Solicitaron a Israel comprometerse y publicar políticas y procedimientos específicos para garantizar el cumplimiento de este requisito por parte del ejército israelí.

La FIP advirtió que, en caso de que Israel no cumpla con estas demandas, no dudará en llevar a cabo acciones legales ante tribunales internacionales contra políticos y comandantes de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). La federación instó a sus 187 afiliados a hacer lo mismo en jurisdicciones nacionales donde sea posible.

“La tasa de mortalidad entre los periodistas ha sido tal (aproximadamente tres veces mayor que la de los trabajadores de la salud, por ejemplo), que es imposible creer que sea una cuestión de azar”, destacó esta organización, enfatizando que Israel cuenta con tecnología altamente sofisticada que usa inteligencia artificial, como “El Evangelio”, o también conocida como “Habsora” o “The Gospel”, una herramienta que elige sus objetivos militares para atacar.

De acuerdo con el periodista israelí Yuval Abraham, las fuerzas armadas de este país vienen usando este tipo de tecnología desde 2019 y, además, le reveló en una entrevista el ex jefe del Estado Mayor de las FDI, Aviv Kohavi, que antes “producíamos 50 objetivos en Gaza al año. Ahora esta máquina produce 100 objetivos en un solo día, de los cuales el 50% son atacados”.

“Si estos informes son exactos, ¿presumiblemente se están tomando decisiones individuo por individuo con respecto a los trabajadores de los medios de comunicación, sus familias y sus hogares?”, cuestionó la FIP.

La FIP no solo ha emitido una advertencia, sino que ha confirmado su compromiso de llevar a Israel ante los tribunales internacionales si persisten los ataques a periodistas en Gaza. En la carta, la presidenta y el secretario general de esta organización subrayando que los periodistas de Gaza son respaldados por los 600 mil miembros de la FIP, en más de 140 países.

Fuente: Avispa Midia

Durante la marcha calenda en contra de la gentrificación en Oaxaca realizada el día de hoy en el centro histórico de la ciudad, elementos de la policía estatal detuvieron con lujo de violencia al menos a seis manifestantes “por protestar contra la gentrificación, que son otras formas de saqueo y despojo que sufre Oaxaca”. Así lo denuncian en un comunicado colectivos convocantes y participantes a la manifestación.

“Al rededor de las 6:15 pm fueron detenidxs lxs compañerxs Filadelfo Deciderio, miembro de la Comedora Comunitaria, la compañera Nizaye, del colectivo de DDHH COJUDIDI, Meztli Jimenez, de la colectiva La Campamenta, el compañero Ricardo y 2 compañerxs más”, se lee en el comunicado.

También denunciaron que fueron detenidos con uso excesivo de la fuerza, “atentando contra su integridad y sus derechos humanos” y manifestaron preocupación por la posibilidad de que en el camino hayan sufrido torturas por parte de la policía estatal de Oaxaca. Exigen su pronta presentación y liberación.

En entrevista para Avispa Mídia, dos personas que participaron en la manifestación, cuyos nombres se reservan por miedo a represalias, relataron: “acabamos de ver cómo el gobierno estatal, a través de la policía estatal de Oaxaca, detuvo al menos a seis integrantes de distintas colectividades que participaron en la marcha en contra de la gentrificación”.

Mencionan que la Fiscalía del Gobierno del Estado no permite ni a los familiares ni a los abogados ni a la Defensoría de Derechos Humanos pasar a ver a las y los detenidos, cuando es su derecho. Tampoco les han permitido realizar ninguna llamada.

También sostienen que hay una represión sistemática en contra de los defensores de Derechos Humanos, de los defensores del territorio y de la cultura en Oaxaca por parte del gobierno de Salomón Jara.

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Fuente: Avispa Midiahttps://avispa.org/corte-internacional-urge-a-israel-evitar-genocidio-en-gaza/

Por Sare Frabes

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitió un fallo preliminar respecto al caso de genocidio presentado por Sudáfrica contra Israel, determinando que este país debe tomar mayores esfuerzos para evitar más muertes y daños en Gaza. Aunque no ordenó un alto al fuego, la CIJ exigió a Israel presentar un informe detallado de las medidas tomadas durante los 30 días siguientes.

La demanda, presentada por Sudáfrica el 29 de diciembre de 2023, acusa a Israel de perpetrar genocidio hacia la población de Palestina, apegándose a la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. La cifra de fallecidos en Gaza hasta este 25 de enero asciende a 25 mil 700, según el Ministerio de Salud de Palestina.

Fue por ello que la CIJ ordenó a Israel “prevenir” actos considerados genocidas, así mismo exigió “evitar” la destrucción de pruebas y garantizar el acceso de ayuda humanitaria en Gaza. El fallo no determina si Israel ha cometido genocidio, siendo que este proceso podría llevar años hasta determinar una resolución. No obstante, la población de Gaza fue catalogada en grave riesgo de daño irreparable.

Las reacciones no se dejaron esperar ante el fallo. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que Israel continuará defendiéndose y seguirá la guerra hasta la “victoria absoluta”.

Por otra parte, el canciller palestino, Al-Maliki, consideró el fallo como un favor a la humanidad y la ley internacional. Sudáfrica celebró las medidas cautelares como una “victoria decisiva”.

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Esta denuncia está respaldada por al menos sesenta Estados, entre ellos los 57 miembros de la Organización de Cooperación Islámica (OCI), como Pakistán, Malasia, Turquía, Jordania y las Maldivas. También se han sumado Namibia, Colombia, Bolivia y Brasil.

El 11 de enero, Sudáfrica presentó argumentos a favor del fin de las hostilidades en Gaza, tratando de demostrar que se está produciendo un genocidio. El presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, espera que Israel cumpla con las disposiciones de la CIJ.

Mientras tanto, Irán exigió que las autoridades israelíes enfrenten cargos por la guerra en Gaza. La Unión Europea espera una implementación plena, inmediata y eficaz de las órdenes de la CIJ a Israel sobre Gaza.

• El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Se estiman más de 100 mil niñas, niños y adolescentes afectados por las disputas entre grupos criminales.
  
• Desplazamiento, reclutamiento forzado, desapariciones y homicidios ponen en riesgo su vida e integridad y vulneran sus derechos humanos.

Desde el 2021, Chiapas ha sido el centro de una pugna cruenta por parte de grupos criminales que se disputan este territorio clave para el tráfico de armas, drogas y trata de personas. En esta disputa, las y los pobladores de municipios en la Sierra Mariscal han visto sus comunidades asediadas por una ola de violencia sin igual en la región. Cobro de piso, ataques armados, quema de vehículos, sitio de poblados, cortes de agua y luz. Así como amenazas, extorsiones, reclutamiento forzado, desaparición de quienes se niegan a colaborar, asesinatos violentos y desplazamiento forzado como resultado de la violencia.

En este contexto, la vida cotidiana se ha trastocado con situaciones como bloqueos que impiden salir o llegar a otras comunidades, cierre de negocios, suspensión de clases, pérdida de cultivos que no han podido cosecharse, escasez de alimentos, encarecimiento de víveres, entre otros.

El 2023 fue uno de los años más violentos para las infancias y adolescencias en el estado. Sin embargo, no existen datos oficiales que permitan entender la magnitud de la violencia a la que se enfrenta la población. A lo largo de todo el año, en diferentes municipios de Chiapas, se dieron situaciones que afectaron la vida de miles de niñas, niños y adolescentes en el estado.

En el mes de mayo, comunidades como Lajerío y Candelaria en Frontera Comalapa tuvieron que desplazarse debido a la violencia de grupos criminales. Desde entonces, diferentes comunidades a lo largo de la región Sierra Mariscal se han sumado a los territorios asfixiados por la lucha entre grupos que se disputan el control de la frontera.

Para el mes de agosto, Motozintla y Chicomuselo fueron también víctimas de bloqueos, comunidades sitiadas y con ello, escasez y encarecimiento de alimentos. En septiembre, profesores de la zona escolar 025 publicaron un comunicado en el que declaraban la suspensión de clases en dicha región debido a que no existían las condiciones para garantizar la seguridad. Dicha sección abarca los municipios de Amatenango de la Frontera, Bejucal, Bella Vista, Chicomuselo, El Porvenir, Frontera Comalapa, La Grandeza, Honduras de la Sierra, Las Margaritas, Mazapa, Motozintla y Siltepec. Si consideramos el total de población de 3 a 17 años en dichos municipios y estimamos, al menos un 70% de asistencia a la escuela de acuerdo a datos oficiales, estaríamos hablando de 108,560 niñas, niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases debido a la violencia en el periodo de septiembre-diciembre 2023^[1].

Por otro lado, la violencia también se manifestó en territorios fronterizos en la región Selva. Desde hace casi un año, comunidades de Ocosingo, denuncian el aumento de grupos criminales que realizan actividades como tala clandestina, tráfico de armas y trata de personas^[2]. En las comunidades de Lacanjá Chansayab, Nueva Palestina, Santo Domingo y San Javier, estimamos que 9,098 niñas, niños y adolescentes están siendo afectados por la violencia imperante en dichos territorios.

Durante el mes de noviembre, pobladores del municipio de Maravilla Tenejapa sufrieron situaciones de quema de casas, detonaciones de armas de fuego y desplazamiento forzado debido a su temor por la violencia^[3]. En dicho episodio, 13 comunidades con una población estimada de 2,883 niñas, niños y adolescentes fueron afectadas.

El 2023 cerró para muchas comunidades en un contexto de guerra. Comunidades en los municipios de Bella Vista y La Grandeza denunciaron el sitio de sus poblados por grupos criminales, quienes realizaron también cortes de agua y luz para presionarlos a unirse a sus filas. El año nuevo entró en la Sierra Mariscal con enfrentamientos, siendo particularmente violentos en el municipio de Amatenango de la Frontera.

En lo que va de enero de 2024, la situación no ha mejorado. A las disputas entre grupos criminales, se suman agresiones del ejército contra pobladores bajo la acusación de que abren el paso al crimen organizado. De este modo, poblados en los municipios de El Porvenir, Siltepec y Socoltenango se han visto amenazados por parte de los soldados y atacados con gases lacrimógenos. En dicho contexto, las familias han ido abandonando sus casas. No se tienen cifras exactas de la magnitud de la población afectada. Algunas personas han migrado a Estados Unidos o a estados de la Península y otras más buscan refugio con familiares en Tzimol y Comitán. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas estima que son 2,300 personas desplazadas por la narcoviolencia desde el 15 de enero en los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y la Concordia.^[4] Protección Civil señala 1,884 personas atendidas en albergues de Tzimol, Socoltenango, Comitán y La Trinitaria.^[5]

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Fuente: OXFAM Internacional

Desde 2020, la riqueza conjunta de los cinco hombres más ricos del mundo se ha duplicado. Durante el mismo período, la riqueza acumulada de cerca de 5000 millones de personas a nivel global se ha reducido. Las penurias y el hambre son una realidad cotidiana para muchas personas alrededor del mundo. A este ritmo, se necesitarán 230 años para erradicar la pobreza; sin embargo, en tan solo 10 años, podríamos tener nuestro primer billonario.

Una enorme concentración de poder empresarial y monopolístico está exacerbando la desigualdad en la economía mundial. Siete de las 10 empresas más grandes del mundo tienen un director general milmillonario, o a un milmillonario como su accionista principal. A base de exprimir a sus trabajadores y trabajadoras, evadir y eludir impuestos, privatizar los servicios públicos y alimentar el colapso climático, las empresas están impulsando la desigualdad y generando una riqueza cada vez mayor para sus ya ricos propietarios. Para poner fin a la desigualdad extrema, los Gobiernos deben redistribuir de manera drástica el poder de los milmillonarios y de las grandes empresas hacia el resto de la población. Podremos lograr un mundo más igualitario siempre y cuando los Gobiernos regulen y reinventen eficazmente el sector privado.

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Autorxs: Rebecca Riddell, Nabil Ahmed, Alex Maitland, Max Lawson and Anjela Taneja. Autorxs colaboradorxs: Alex Bush, Alexandre Poidatz, Andrew Gogo, Anthony Kamande, Christian Hallum, Gustavo Ferroni, Henry Ushie, Inigo Macias Aymar, Jonas Gielfeldt, , Lies Craeynes, Mariana Anton, Martin Brehm Christensen, Nafkote Dabi, Rachel Noble, Sunil Acharya, Susana Ruiz, Uwe Gneiting and Yaxkin Rodriguez. Administración: Anjela Taneja

Fuente: Caitlin Johnstone

Por Caitlin Johnstone

No he escrito mucho sobre Julian Assange últimamente porque he estado muy obsesionado con lo que ha estado sucediendo en Gaza, pero todos deberíamos ser muy conscientes de que los días 20 y 21 de febrero pueden ser la última oportunidad del fundador de WikiLeaks para evitar la extradición a la Estados Unidos enfrentará persecución por el delito de buen periodismo.

Assange y su equipo legal se enfrentarán a dos jueces del Tribunal Superior durante la audiencia de dos días en Londres, quienes luego determinarán si el Reino Unido permitirá o no que el periodista australiano sea arrastrado encadenado a Estados Unidos para un juicio falso y arrojado a prisión. uno de los sistemas penitenciarios más draconianos del mundo por exponer los crímenes de guerra del gobierno más poderoso del mundo.

Algunos legisladores estadounidenses están intentando bloquear la extradición desde el otro extremo con la Resolución 934 de la Cámara de Representantes, que afirma que “las actividades periodísticas regulares están protegidas por la Primera Enmienda, y que Estados Unidos debería retirar todos los cargos e intentos de extraditar a Julian Assange. ” Si se retiraran los cargos, no solo impediría la extradición sino que permitiría que Assange fuera liberado de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde ha estado encarcelado por el gobierno británico desde 2019.

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 San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
25 de enero de 2024
Boletín No. 03

El Pueblo Creyente artesano de la paz

• 13 Aniversario de la Pascua de jTatic Samuel

El Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas cumple 33 años, frente a un contexto de violencia provocado por diversos grupos armados que actúan con la aquiescencia del Estado mexicano. Desde la fe, los pueblos mayas de Chiapas siguen denunciando el abuso de poder, la falta de acceso a la justicia, represión y agresión que se sufren en sus territorios.

La memoria y aprendizajes nos abrazan; el Caminante en el Corazón de los Pueblos con Memoria y Horizontes,  jTatic Samuel sigue iluminando el camino de los constructores de la paz con justicia y dignidad en el 13 Aniversario de su Pascua. El Pueblo Creyente no ha dejado de organizarse, continúa con su trabajo en las comunidades para la defensa de la vida. Su fortaleza parte del análisis de la realidad de sus comunidades en donde se construye su historia.

Desde el 16 de enero de 2023, más de 2300 personas de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia, Chiapas, se encuentran desplazadas por la agudización de la violencia que se vive en sus comunidades; el desplazamiento forzado provocado por la violencia generada por la disputa entre grupos de la delincuencia organizada por el control del territorio les ha dejado fuera de sus hogares, las personas más afectadas son las mujeres, hombres, jóvenes, niñas, niños y ancianos, mientras que el Estado mexicano incumple su obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que México es parte.

Frente a este contexto es urgente que el Estado mexicano implemente medidas para garantizar la protección integral de la población civil entre quienes se encuentran servidoras de la iglesia y defensoras del territorio.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir caminando junto al Pueblo Creyente con el mismo espíritu de solidaridad, esperanza y humanismo que aprendimos de jTatik Samuel. Hacemos un llamado a todos los pueblos de Chiapas para seguir construyendo la paz, a la sociedad civil nacional e internacional para que con sus acciones exijan el cese a las desapariciones, asesinatos y desplazamientos forzados de la población, así como la reconstrucción del tejido social.

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Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{En portada: Familias desplazadas esperan a la orilla de la presa “La Angostura” para cruzar el cuerpo de agua en la búsqueda de refugio tras los enfrentamientos armados en sus territorios. Foto: Ángeles Mariscal/Chiapas Paralelo}

Derivado del incremento de la violencia generada por enfrentamientos de grupos armados, durante los primeros días de enero del 2024, al menos 2,300 personas de las regiones Frontera y Sierra de Chiapas se encuentran en situación de desplazamiento forzado.

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Estos datos fueron divulgados la tarde de este martes (23) por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (CDH Frayba), cuya labor de documentación sobre el contexto de violencia que emana de la disputa por el control del territorio entre la delincuencia organizada “apunta a una verdadera crisis humanitaria” en la región fronteriza con Guatemala.

Acorde a la organización, el desplazamiento forzado es parte de las formas de acción que utilizan los grupos criminales para el control de la población. Así, desde el 15 de enero familias y comunidades enteras de los municipios de Chicomuselo, Socoltenango y La Concordia fueron forzadas a abandonar sus hogares.

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Fuente: Avispa Midia

Por Ñani Pinto

^{En portada: Asistentes al velatorio de la lideresa Maria Fátima Muniz de Andrade condenaron el ataque de ruralistas contra poblaciones indígenas en el sur de Bahía. Foto: Leo Otero.}

Este domingo (21), un ataque de terratenientes y ruralistas -promotores del agronegocio en Brasil- provocó la muerte de la indígena Maria Fátima Muniz de Andrade, quien se desempeñaba como majé (chamán femenina) en su comunidad Pataxó Hã-hã-hãe.

El crimen ocurrió en el municipio de Potiraguá, en el territorio indígena Caramuru-Catarina Paraguassu, reivindicado por el pueblo Pataxó. En el lugar se reportó la detención de dos hacendados por la portación ilegal de un arma; ambos son sospechosos de haber matado a tiros a Muniz de Andrade.

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