El crimen se ha incrustado en los recovecos de la selva chiapaneca y avanza imparable por el estado, al amparo de omisiones, burocracia y falta de voluntad políticas de los gobierno . “Nos dejaron solos ante este problema”, denuncian autoridades comunales

Texto: Ángeles Mariscal / Chiapas Paralelo
Fotos: Ángeles Mariscal

CHIAPAS. – En los dos años recientes, al menos en cinco ocasiones las autoridades de la comunidad Zona Lacandona, ubicada en la frontera de México con Guatemala, acudieron con funcionarios de los tres niveles de gobierno para pedir acciones que frenaran el avance de grupos del crimen organizado en esta región. Nadie les escuchó. Los grupos criminales se apoderaron de pistas de aterrizaje, controlaron caminos y expulsaron a pobladores de las comunidades rurales e indígenas.

Pero de esto poco hablan las personas afectadas. El miedo a las represalias es grande. Saben que han sido abandonados por el Estado.

El 20 de marzo pasado, en su conferencia matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que en esa zona había pistas clandestinas que eran usadas por cárteles de la droga, y habló de la participación de la población local.

La versión del presidente no sólo criminalizó a la población, sino que invisibilizó los llamados de auxilio que hicieron, señalaron autoridades de tres de las comunidades más grandes de la selva: Chankin Kinbor Chambor, Enrique Andrade Vázquez, subcomisariado de Frontera Corozal, y Emilio Bolom Gómez, subcomisariado de Nueva Palestina.

“Nos dejaron solos ante este problema”.

Chankin Kinbor Chambor, presidente del Comisariado de los Bienes Comunales de la Zona Lacandona

El narco que «borra fronteras»

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Caravana, encuentro internacional y jornadas de acción global del 25 de abril al 7 de mayo 2023

¡Apoya la resistencia indígena contra los megaproyectos destructivos en México!

Bajo la participación de empresas europeas, actualmente se están construyendo en el sureste de México dos megaproyectos relacionados entre sí. Estos proyectos de infraestructuras a gran escala, que consisten en autopistas, ferrocarriles, zonas económicas especiales para la industria y proyectos de construcción para el turismo de masas, amenazan con destruir la segunda selva tropical más grande de América, contaminar enormes reservas de aguas subterráneas y desplazar y privar de derechos a las comunidades indígenas. Dado que el ejército mexicano está en parte a cargo de la construcción, e incluso se supone que gestiona una sección de la ruta y recibe los ingresos, los dos megaproyectos sirven también para militarizar el sur indígena y para ahuyentar a los migrantes de América Central. Alemania está representada por Deutsche Bahn, que afirma ser “el protector del clima más rápido de Alemania”. No sólo gana dinero con la tala de la selva tropical, sino que también viola el derecho reiteradamente garantizado de las comunidades indígenas a decidir por sí mismas lo que ocurre con sus tierras. El nombre del proyecto resume bien su cinismo: Para el llamado “Tren Maya”, se amenaza a los indígenas mayas con la expulsión y la privación de sus medios de vida. Sin embargo, hace tiempo que está claro que la protección de las comunidades indígenas es sinónimo de protección medioambiental: ¡el 80% de la biodiversidad que queda en el mundo se encuentra en territorio indígena!

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Pablo González Casanova ha muerto a los 101 años. Cuando cumplió 99 le dediqué una columna para celebrar a un heterodoxo en un aniversario que no fuera redondo.

Hombre impar, el ex rector de la UNAM y comandante zapatista Pablo Contreras dejó que pasara el canónico número 100 para despedirse como quien inicia una nueva cuenta.

Nació en 1922, año en que su padre, el lingüista Pablo González Casanova, colaboró con Manuel Gamio en el monumental estudio interdisciplinario La población del Valle de Teotihuacan. El afán paterno de preservar culturas en peligro de extinción encontraría eco duradero en su hijo.

En su libro más leído, La democracia en México, González Casanova abordó un tema candente en forma equilibrada. La actual polarización del país obliga a recuperar el talante ponderado que él mostraba en 1965, arriesgándose a ser visto como alguien demasiado escéptico o demasiado optimista. Según señala en la página inicial de ese ensayo, no buscó un vacuo “justo medio”, sino entender la realidad sin dogmatismos. Ese ánimo abierto le permitió escribir un clásico cuyos principales diagnósticos siguen vigentes (la dependencia de Estados Unidos, la militarización del país, el abandono de las comunidades originarias, la democracia como aspiración y no como logro).

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San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
21 de abril de 2023

PRONUNCIAMIENTO CONJUNTO

Frente a la violencia desbordada en San Cristóbal de Las Casas, expresamos nuestra preocupación y exigimos que se garantice el derecho a la Paz, Garantías y respeto a la vida, integridad y seguridad de la población en riesgo inminente.

Quienes firmamos este pronunciamiento expresamos nuestra profunda preocupación por el incremento y excesiva violencia de grupos armados en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, con una población de más de 200,000 habitantes, quienes actúan con la aquiescencia, tolerancia y protección de funcionarios Estatales, afectando a la población en general. Exigimos se cumpla la obligación del Estado mexicano de proteger el derecho de los pueblos a la paz.

El día 17 de abril de 2023, alrededor de las 11:40 horas, la violencia en el municipio de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, aumentó tras el asesinato de Jerónimo Ruiz, uno de los lideres de la organización conocida como la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (ALMETRACH). Durante más de ocho horas, personas con armas de alto calibre detonaron ráfagas de disparos en varios puntos de la ciudad, quemaron al menos tres casas y asesinaron a otras dos personas, además de que se difundieron diversas amenazas y rumores en redes sociales. El clima de violencia provocó terror entre la población, lo cual llevó a que la tarde de ese día y el día siguiente escuelas de todos los niveles suspendieran clases, diversos comercios cerraron tras los hechos, y un alto porcentaje de habitantes se resguardaron en sus domicilios.

El propio Presidente Municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, se refirió públicamente al escalamiento de violencia, con un mensaje discriminatorio en contra de personas indígenas y jóvenes de las periferias a quienes responsabilizó de la violencia, con ello promueve la estigmatización y criminalización hacia estas personas y comunidades, y legitima la violencia en su contra.[1]

A pesar de las constantes interpelaciones al Estado mexicano por la actual crisis de violencia en Chiapas, no ha habido una respuesta efectiva. Por el contrario existen diversas señales de colusión, minimización, o inacción, que incrementan el riesgo e indefensión para las víctimas y la sociedad en general, particularmente en niñas, niños, adolescentes, mujeres, adultos mayores, pueblos indígenas, defensores de derechos humanos y periodistas.

Es patente que la estrategia de seguridad implementada por el Estado mexicano en todos sus órdenes de gobierno no ha resuelto la problemática sino que ha generado una espiral de mayor violencia, por lo que es necesario generar alternativas desde la sociedad con una mirada de construcción de paz duradera.

Contexto

En la Ciudad de San Cristóbal de Las Casas han proliferado organizaciones clientelares que administran de manera irregular mercados, transporte público, venta de tierras ocupadas y otras actividades económicas lícitas e ilícitas. Durante los últimos años ha sido evidente el vínculo de algunas de estas organizaciones con funcionarios Estatales y la delincuencia organizada, puesto que se encargan de controlar en diversos mercados el tráfico y venta de drogas, de armas de alto calibre, la trata de personas, la explotación de madera y materiales pétreos, robo de autos, pornografía, etc. Durante los últimos años estas organizaciones han utilizado armas de alto calibre para imponerse aumentando la violencia y la colusión entre empresas, crimen organizado y políticos.

Este fenómeno se enmarca en una conocida disputa actual entre carteles de la droga en el territorio de Chiapas, elevando el riesgo para los habitantes y las personas defensoras de derechos humanos en la región.

Es evidente que en el caso de San Cristóbal de Las Casas poderes fácticos utilizan a grupos criminales que, a través de acciones de terror, buscan controlar a la población y el territorio estratégico para las economías legales e ilegales de la delincuencia organizada.

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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedia Prado

^{En portada: Santiago Contoricón Antúnez (centro), de la comunidad asháninka Puerto Ocopa, fue asesinado el pasado 8 de abril.}

El asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez a manos del narcotráfico, el sábado 8 de abril, se suma a una lista de decenas de defensores de territorios desprotegidos por los gobiernos en el Perú. En las últimas semanas, el dirigente reportó al Ministerio del Interior y a representantes del Ejecutivo las amenazas que recibía del crimen organizado en la provincia Satipo (región Junín).

En 2022, el país andino fue el séptimo más peligroso de América Latina para los guardianes de la tierra, la región del mundo de mayor letalidad para estos. Entre 2012 y 2021, según un informe de Global Witness, se registraron los asesinatos de 51 protectores del ambiente y líderes indígenas. Al menos seis crímenes se cometieron en Junín, en la zona de selva central peruana. Ocho defensores peruanos fueron victimados el año pasado, la mayoría en localidades amazónicas.

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El crimen contra Contoricón se vincula a su participación junto a integrantes de comunidades asháninkas en incautaciones de cocaína, en ejercicio de la autodefensa de sus territorios ancestrales. Las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo se enfrentan al avance de los cultivos de hoja de coca para la producción de drogas y a la tala ilegal. La política de militarizar un área de emergencia, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dentro de la cual se ejecutó el atentado, no da resultados.

Por el contrario, entre 2018 y 2021 las plantaciones cocaleras en territorios de pueblos indígenas crecieron en 93%, de 8,000 a más de 15,000 hectáreas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd) indica que de 2020 a 2021 los cultivos ilícitos en el Perú aumentaron en 23%, de 61,000 a 80,000 hectáreas.

En la provincia de Satipo, a la que Contoricón representó como consejero regional, se localizan las mayores expansiones de sembríos de coca en los últimos años, con participación de remanentes de Sendero Luminoso como guardia armada de narcotraficantes.

A unos metros de la casa del líder indígena, en la comunidad nativa Puerto Ocopa, opera una base de la Marina de Guerra. El exalcade del distrito Río Tambo, donde aún no hay comisaría, fue victimado en su vivienda por un sicario de un disparo en la cabeza, en presencia de su familia. Contoricón fue un histórico dirigente que en sus 56 años de vida defendió a su etnia de la violencia de Sendero Luminoso y el Estado, más tarde la del extractivismo neoliberal y las mafias expandidas, en los años de una pacificación que no se afianzó en la selva peruana.

El Perú como narcoestado

La Central Asháninka del Río Tambo señala a la Policía y las Fuerzas Armadas de permitir la circulación de embarcaciones con cocaína e insumos para su elaboración, por lo que exigen al Ejecutivo que retire a los militares de la base de Puerto Ocopa. Los comités de autodefensa ordenaron la salida de todas las personas foráneas de la zona y mantienen bloqueado el tránsito fluvial. En otras provincias de la selva hay carreteras interceptadas en apoyo a la protesta asháninka.

“En su momento hemos dado confianza para contar con una base militar o policial para prevenir, pero más nos generan problemas, desautorizando a las comunidades nativas para desarrollar sus propias acciones de seguridad dentro de su territorio. Lo que queremos es que se entienda cuál es la realidad de los ríos Tambo y Ene, donde no hay presencia del Estado”, señaló, por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec).

La condición del Perú como narcoestado se acentúa con la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por los sectores políticos conservadores y de ultraderecha financiados por el narcotráfico. Se consolida con la presencia de una fiscal de la Nación que asumió la persecución judicial al expresidente Pedro Castillo e impide las investigaciones a su hermana jueza por cobros de sobornos a traficantes.

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Una muestra de la narcopolítica peruana es la reciente megaoperación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la organización, Joaquín Ramírez, actual alcalde de la provincia Cajamarca, de alta producción de cocaína y opiáceos. Al excongresista, investigado por la DEA desde 2012, le incautaron más de 200 inmuebles, 90 vehículos y siete avionetas. Su principal negocio legal, una universidad privada de funcionamiento irregular, tiene los favores del régimen. La fiscal de la Nación acredita dos títulos de posgrado de esta casa de estudios, sin registros de las tesis que los avalen. Así funciona un Estado neoliberal capturado por mafias.

Para abordar el crimen organizado en la selva central, este año el Ejecutivo creó una mesa multisectorial en la que días antes del asesinato dirigentes indígenas recordaron su vulnerabilidad a altos representantes del Gobierno de facto, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hasta el momento, ningún funcionario se reunió con las autoridades indígenas y de la región. Es la ausencia de Estado que reclaman los pueblos originarios con una nueva medida de fuerza indefinida. Los defensores de la tierra están en pie de lucha en la selva. En frente, un régimen armado-empresarial dispuesto a extremar la explotación de la Amazonía y sus habitantes.

La Junta de Buen Gobierno zapatista “El pensamiento rebelde de los pueblos originarios”, del Caracol 9, denunció hoy la injusta prisión del base de apoyo zapatista Manuel Gómez Vázquez, detenido ilegalmente el 4 de diciembre de 2020 por un grupo civil armado y autoridades comunitarias. Manuel Gómez fue víctima de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

Según denuncia tanto de la Junta de Buen Gobierno como del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de La Casas (Frayba), Manuel está siendo criminalizado por ser base de apoyo del EZLN, acusado falsamente de homicidio tras hechos violentos que se sucitaron en el Ejido el Censo, municipio de Ocosingo, en diciembre de 2020. Según las denuncias, la Fiscalía de Justicia Indígena, dependiente de la Fiscalía General del Estado, fabricó el expediente con pruebas falsas, desmentidas por el propio agente municipal.

En conferencia de prensa en las instalaciones del Frayba, se leyó la carta de la Junta de Buen Gobierno (abajo en la íntegra), el boletín del Frayba, y la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq dio su palabra.

Denuncia de la Junta de Buen Gobierno Zapatista “El pensamiento rebelde de Los Pueblos Originarios” Caracol IX”

JUNTA DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTA “EL PENSAMIENTO REBELDE DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS”.
CARACOL IX. CHIAPAS, MÉXICO.

AL PUEBLO DE MÉXICO:
A LOS PUEBLOS DEL MUNDO:
A LOS COMPAÑEROS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
A LA SEXTA NACIONAL E INTERNACIONAL:

DENUNCIA PÚBLICA DEL COMPAÑERO MANUEL GÓMEZ VAZQUEZ DEL EJIDO EL CENSO, MUNICIPIO OFICIAL DE OCOSINGO, CHIAPAS, MÉXICO.

ABRIL DEL 2023.

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El día de ayer, 17 de abril de 2023, grupos armados se enfrentaron durante más de ocho horas en San Cristóbal de Las Casas, tras el asesinato de Gerónimo Ruiz, uno de los líderes de la Asociación de Locatarios de Mercados Tradicionales de Chiapas (Almetrach), que controlaba a los artesanos del mercado de Santo Domingo, y primo de Narciso Ruiz, quien controla el resto de los mercados de la ciudad, donde es sabido que se comercia con drogas, armas y “etnopornografía”.

Alrededor de las 11 am, al subir a su auto en las afueras de su casa en la zona norte de la ciudad, dos individuos en motocicleta realizaron varios disparos, que resultaron en su muerte. Casi inmediatamente, probables miembros de la Almetrach se concentraron para buscar a los asesinos y vengar la muerte de su líder, recorriendo las colonias de la zona norte en camionetas y motocicletas. Durante casi diez horas, la zona norte se vio inmersa en tiroteos con armas de grueso calibre, documentados por diversos testigos, que subieron los videos a las redes sociales, en los que perecieron por lo menos dos personas. También se reportaron vehículos y casas quemadas. Alrededor del Mercado Tiellemans, también se registraron balaceras, lo que causó el pánico en las calles del centro de la ciudad. La mayoría de los comercios cerró sus puertas, las escuelas cancelaron clases, y la población se encerró en sus casas.

A pesar de que el presidente municipal, Mariano Díaz Ochoa, aseguró que la Guardia Nacional, Ejército y Policía Municipal tomarían el control de la situación, las fuerzas de seguridad del Estado brillaron por su ausencia durante casi ocho horas.

Numerosas son las denuncias que vinculan al alcalde de San Cristóbal al crimen organizado. Desde hace ya unos tres años, el estado de Chiapas ha visto un incremento dramático de la violencia por grupos de la delincuencia organizada, con la patente complicidad de diversos funcionarios de gobierno.

Alrededor de las 10 pm, personal de la 31 Zona Militar, Guardia Nacional y Policía finalmente arribaron a la zona del conflicto y los grupos armados se replegaron.

La ciudad amaneció en un ambiente de tensa calma el día de hoy, con elementos del Ejército y Guardia Nacional custodiando la zona de conflicto.

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En Ecuador, El Frente de Defensa del Agua, la Vida y la Naturaleza del cantón Pangua, el Frente Nacional Antiminero y el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi reunidos en la Asamblea Plurinacional Antiminera, el último 15 de abril, denunciaron la presencia ilegal e inconstitucional de la empresa minera británica Anglo American en el territorio de Pangua, en la Provincia de Cotopaxi, en el centro del Ecuador, “pues no ha existido la Consulta Previa, Libre e Informada”.

Los activistas se oponen a la “pretendida socialización ambiental” realizada por el Ministerio del Ambiente del país ya que argumentan que, “no cumplieron el requisito básico para el otorgamiento de las licencias ambientales a la empresa minera; además, se han vulnerado los artículos 56 y 57 en su numeral 7 de la carta magna, donde se establecen los Derechos Colectivos”.

Una de las resoluciones de esta asamblea exige a la minera Anglo American que retire su maquinaria, personal e instalaciones del Cantón Pangua, en un plazo de 14 días, es decir, hasta el 29 de abril, en particular que salga de las comunidades Punta Brava y Guapara.

Otra de las decisiones es que se realizará una consulta popular, vía Corte Constitucional, para “oponernos a la extracción minera en el cantón Pangua”. Esto se impulsará como iniciativa ciudadana aplicando el artículo 104, párrafo cuarto, de la Constitución de la República del Ecuador.

Exigen que las autoridades locales electas acaten las resoluciones asamblearias y de autoconsulta del pueblo Pangua por la defensa del agua, la vida y la naturaleza.

La asamblea, que está constituida por diversos pueblos, sostienen firmemente prohibir la entrada a corporaciones mineras en sus territorios, por ello respaldan la llamada Acción de Lucha Plurinacional Frente a las Empresas Mineras convocada para el 5 de junio en el territorio nacional, para “exigir a las autoridades mediante mandato popular la declaratoria de nuestros territorios libres de minería”.