San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

24 de abril de 2024

Boletín No. 12

El Estado debe dimensionar y atender la violencia en Chiapas

• Para detener la violencia en el estado es necesario conocer y reconocer las dinámicas actuales de control social y territorial, así como sus profundos impactos en la vida de las personas y comunidades afectadas.

Durante 35 años el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) ha documentado y denunciado las diferentes violaciones a derechos humanos en Chiapas, así como las responsabilidades de cada gobierno en turno, acompañando a víctimas, familiares y procesos colectivos organizados. Nuestra lucha es por el respeto de los derechos humanos y la construcción de la paz en un territorio profundamente lacerado. Somos una organización independiente y ajena a cualquier movimiento político-electoral. Durante estas tres décadas y media conservamos el principio de caminar con y para los pueblos que luchan por su liberación, nuestro corazón está en el Chiapas de abajo.

Con preocupación, hemos constatado y visibilizado que, al menos desde junio de 2021, la situación de violencia se ha profundizado como un cáncer en nuestro estado, en el marco de la disputa criminal por el dominio del territorio. Esta situación se caracteriza no sólo por la confrontación armada entre grupos delincuenciales, sino también por el intento de controlar, en un alto grado mediante estrategias de terror, la vida social, económica y política de las comunidades. En consecuencia la población chiapaneca y en movilidad vive graves impactos, con énfasis en las regiones Frontera y Sierra, con una tendencia de expansión hacia otras regiones del estado.

Hemos fundamentado, a la par y en conjunto con otras voces, que la violencia en contra de la población civil en Chiapas no es un daño colateral, tiene como propósito el control social como uno de los principales pilares de la estrategia de guerra de los grupos de la Delincuencia Organizada, sin que el Estado intervenga para dar solución y proteger a las comunidades. Pobladores son objeto de violaciones graves a derechos humanos como desplazamientos, desapariciones y reclutamientos forzados; además de asesinatos; torturas; entre otros.[1]

Asambleas y autoridades comunitarias son controladas por bandos de la delincuencia que aseguran así el sometimiento poblacional a sus intereses y su hegemonía en cada espacio territorial. Comerciantes, transportistas y otros gremios son obligados a alinearse a “organizaciones” que se configuran como su brazo civil, así como a pagar “derecho de piso”. La resistencia a este dominio es castigada con asesinatos, desaparición o castigos físicos públicos.

Hay situaciones críticas en que la estrategia de guerra aísla a comunidades al cortarles el suministro de agua potable y la energía eléctrica; alimentos escasean; escuelas, hospitales y otros servicios públicos  no pueden operar de manera permanente porque no existen condiciones de seguridad para el personal; pobladores suelen quedar en medio de confrontaciones armadas, lo que causa terror y riesgo de muertes por fuego cruzado y desplazamientos masivos. El escenario es tan cruento como el de cualquier otra guerra.

Este control territorial restringe la libre circulación. Los grupos delincuenciales instalan retenes a los que se obliga a asistir a la población. Las personas se enfrentan diariamente al terror de estos sistemas de vigilancia donde se les exige mostrar sus credenciales para identificar su lugar de procedencia. Se trata de focos rojos donde suelen ocurrir privaciones de la libertad, tortura y en el peor de los casos desapariciones y asesinatos. Las experiencias que vivieron reporteros, así como la candidata presidencial Claudia Sheimbaun, el pasado 22 de abril en Motozintla, son ejemplos claros de este tipo de controles carreteros.

Desafortunadamente, existen cifras negras incalculables. Solamente un mínimo porcentaje de casos es denunciado por el riesgo que ello implica y la desconfianza hacia las instituciones. Es necesario asumir que tanto el subregistro de los delitos y violaciones graves a derechos humanos, así como las diversas formas de control y múltiples violencias cotidianas que sufre la población, constituyen una problemática que no puede ser disminuida en su magnitud e importancia. Es deber del Estado garantizar mecanismos seguros y accesibles para la denuncia, registro y atención de las víctimas.

Frente a ello, el gobierno tiene la responsabilidad de reconocer la grave dimensión de la violencia en Chiapas y romper los mecanismos de impunidad que la perpetúan. Al minimizar la situación se profundizan los impactos y afectaciones, además se obstaculiza el ejercicio pleno de derechos. Invitamos al gobierno actual y el venidero a aproximarse a los pueblos que sufren esta realidad, así como a los actores de la sociedad civil que la palpamos al estar inmersos en ella, no para debatir sobre la existencia o niveles de la problemática, sino para construir rutas para una paz verdadera y sostenible.

[1]      Para más información consultar el informe Asedio a la vida cotidiana terror para el control del territorio y graves violaciones a derechos humanos. Disponible en: https://grupotrabajofronterachiapas.org.mx/

Descarga el Boletín No. 12 en PDF (222.57 KB)

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México

23 de abril de 2024

Boletín No. 11

Se promueven Medidas Cautelares ante la CIDH para Base de Apoyo del EZLN

• Riesgo a la salud y vida de José Díaz por hacinamiento carcelario, y precaria atención médica.

En el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) recurrimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la finalidad de que valore la adopción de Medidas Cautelares para evitar daños irreparables en la salud y vida de José Díaz, Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN), además de atender la situación carcelaria y de condiciones dignas de internamiento, bajo los estándares interamericanos protectores del derecho a la salud en interdependencia con los derechos a la vida, la seguridad e integridad personal.

José Díaz se encuentra en grave riesgo a su salud y por consecuencia a su vida, debido a la situación de propagación de una enfermedad que se está incubando como consecuencia del hacinamiento y la precaria o nula prevención y atención médica del sistema carcelario. Se le suman también los impactos psicosociales; además que, como persona perteneciente al pueblo Ch’ol no ha tenido las mínimas atenciones respecto a la adopción de medidas culturalmente adecuadas.

Este Centro de Derechos Humanos documentó e intervino a finales de marzo de este año en la situación de sobrepoblación carcelaria en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 17 (CERSS 17) de Catazajá[1], Chiapas. Ahí advertimos de la presencia de múltiples enfermedades reflejada en ronchas en la piel, síntomas de fiebre, mareos, vómitos, protuberancias de diferentes tamaños, entre otros efectos secundarios a Personas Privadas de la Libertad (PPL), incluyendo a José Díaz

En este sentido, el Frayba solicitó a autoridades que de manera pronta y urgente la intervención para brindar atención médica y hospitalaria en favor de José Díaz, siendo extensiva a la población interna del CERSS 17 de Catazajá, por la situación en la que se encuentran y en aras de prevenir una probable propagación de la enfermedad ya sea por contagio o por el propio hacinamiento.

El 22 de marzo de 2024 recibimos una contestación sobre la salud del BAEZLN por parte de autoridades penitenciarias del Estado mexicano, refiriendo haberle realizado en un absceso de su rodilla derecha una incisión, sin ahondar en su informe respecto al origen, y diagnóstico de la enfermedad.

Posteriormente realizamos una visita a José Díaz en la que documentamos su situación de salud y carcelaria, en donde le encontramos con miedo después de la incisión que le realizaron en la pierna derecha, ya que él no es el único que tiene las protuberancias en el cuerpo. Según su testimonio, es una situación generalizada entre las PPL a quienes les han aparecido abscesos similares en el rostro, la nariz, oídos, brazos y piernas y no han sido atendidas.

Sobre el hacinamiento es de resaltar que el BAEZLN comparte la celda con otras 18 personas en un espacio de aproximadamente 3 metros de largo por 3 metros de ancho; presenta dificultar para dormir -solo logra conciliar el sueño 2 o 3 horas al día-; resalta también que hay población durmiendo en los pasillos; lo que da cuenta de la existencia de condiciones inhumanas de reclusión.

Es importante señalar que José Díaz es una persona de 45 años, su condición de salud ha disminuido recientemente, sigue sin conocer el diagnóstico médico, así como el origen de la enfermedad. Dado que está privado de la libertad, no puede recibir atención médica por profesionales diferentes a los que dispone la administración carcelaria.

Su estado de ánimo ha tenido altibajos debido a la prolongación de la resolución de su proceso, las barreras del lenguaje en el sistema judicial y penitenciario, así como por su actual estado de salud.

Por lo anterior, llamamos a la CIDH dé seguimiento a la Medida Cautelar tomando en cuenta la urgencia a la salud y vida de José Díaz, además de atender las duras condiciones carcelarias en las que se encuentra; a los Gobierno Federal y del Estado de Chiapas exigimos la liberación incondicional y la brevedad del Base de apoyo Zapatista.

[1] Existe en cada nivel del lugar la presencia de al menos 150 personas, con un total aproximado de 500 internos, a pesar de que su capacidad máxima es de 300 personas

Descarga el Boletín No. 11 en PDF (417.9 KB)

Fuente: Avispa Midia

Por Karen Castillo

^{En portada: Acción de protesta para exigir la libertad de Saúl Rosales}

Una de las principales exigencias de la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida, la cual aconteció a finales de marzo, fue la libertad plena e inmediata de Raymundo Cahuantzi y Saúl Rosales, ambos acusados por el homicidio de una persona en la comunidad nahua de San Pedro Tlalcuapan, Municipio de Santa Ana Chiautempan, estado de Tlaxcala.

Saúl Rosales y Raymundo Cahuantzi han sido líderes en la defensa de la Matlalcueyetl, también conocida como “La Malinche”, organizando asambleas comunitarias, sumándose a la labor de restauración forestal del área y denunciando actividades extractivas en la zona como la tala ilegal de árboles.

Los defensores del territorio fueron detenidos el 14 de julio del 2022. Después de un año y siete meses de encarcelamiento, Raymundo Cahuantzi ganó su libertad definitiva el pasado 1 de marzo. Sin embargo, en la misma audiencia, Saúl Rosales fue sentenciado a 20 años de prisión.

Los sucesos por los cuales acusan a Saúl Rosales acontecieron el 15 de abril del 2022, cuando un hombre fue linchado en la comunidad después de ser acusado de haber intentado robar en una vivienda.

Saúl era el presidente comunitario de la comunidad. Su esposa ha declarado en entrevistas que Saúl intentó detener el linchamiento sin éxito, ya que las personas que participaban en los hechos lo encerraron en la presidencia municipal.

Raymundo, por su parte, es mayordomo de la comunidad y tiaxca -una posición de respeto dentro de la comunidad-. Pese a que no participó en los hechos, fue detenido al acudir a la Procuraduría de Tlaxcala para abogar por la libertad de Saúl.

El 1 de marzo, las juezas a cargo del proceso dictaron la libertad inmediata de Raymundo al haber pruebas de su inocencia que demostraban que el participaba en las actividades religiosas del pueblo en el momento del linchamiento.

En la misma audiencia, las juezas encontraron culpable a Saúl Rosales por, supuestamente, no resguardar a la víctima y no evitar el homicidio.

Los pueblos y organizaciones que integran la 4ta Asamblea por el Agua y la Vida, así como Colectivos por la defensa de la identidad y territorio de Tlaxcala (Coditet), que estuvieron a cargo de la organización y logística de la cuarta asamblea, y organizaciones de derechos humanos, como Frontline Defenders, han exigido la libertad de Saúl Rosales, argumentando que el proceso es un acto de criminalización en contra de Saúl y Raymundo por su labor en defensa de la zona de la Matlalcueyetl.

Esta zona está declarada como Área Natural Protegida, ya que aún resguarda gran variedad de plantas y animales y microorganismos endémicos del Eje Volcánico Transmexicano. La Malinche tiene también un alto valor en las cosmovisiones de las poblaciones tlaxcaltecas que viven en su cercanía, además de proveer recursos como carbón, leña, plantas medicinales, musgos, y hongos comestibles. La zona es también de alta importancia para mantener el ciclo del agua y regular la temperatura.

Te puede interesar – Asamblea nacional por el agua: piden organizar campañas de boicot a Coca-Cola y Bonafont

En entrevistas con el equipo que acudió a la cuarta asamblea, integrantes de la Coditet denunciaron que la zona de la Matlacueyetl se encuentra amenazada por la tala ilegal de árboles, por la creciente urbanización tanto en Tlaxcala y Puebla, así como por la contaminación y plagas, en especial, la plaga del gusano “descortezador”.

La labor de defensa de este territorio ha conllevado también a conflictos con las autoridades de gobiernos municipales y del Estado que no respetan la decisión de comunidades nahuas de detener las actividades de explotación de recursos en la zona.

La sentencia de Saúl se da dentro del contexto de defensa del territorio, así lo declara Raymundo Cahuantzi y Jacobo Rosales, hermano de Saúl Rosales, en entrevista durante la 4ta Asamblea del Agua y la Vida.

A continuación, incluimos segmentos de las entrevistas con Raymundo Cahuantzi y Jacobo Rosales, hermano de Saúl Rosales.

---

Avispa Mídia (AM): Raymundo, nos alegra que estés aquí con nosotros en libertad. Podrías platicarnos, ¿cómo es qué eres detenido? ¿por qué se denuncia que los delitos de los cuales se te acusaba están relacionados a la defensa del territorio?

Raymundo Cahuantzi (RC): Fue fabricado el delito del cual nos acusaron. El día del homicidio yo no estuve en el lugar donde se dan los hechos, yo estuve todo el día participando y organizando la procesión ya que era viernes santo.

Nosotros trabajamos mucho tiempo en defensa de la Malintzin luchando contra la plaga del escarabajo descortezador, y haciendo trabajo de restauración, cuando inicia la plaga es cuando inicia la labor. Esto ha causado también roces con el gobierno, porque nos han intentado meter empresas del gobierno.

Nosotros creemos que nuestro encarcelamiento es un castigo por esta labor, por ser muy activos en la defensa de este territorio, por participar, por organizarnos.

Fuimos detenidos el 14 de julio para amanecer el 15 de julio. Fue cuando empezó todo este tormento o persecución política en contra de nosotros.

Fue muy duro todo esto, la verdad lo que sufrimos más es no estar con nuestras familias, con nuestros amigos, eso se siente muy duro.

AM: Raymundo, ¿cuáles fueron los obstáculos más grandes en este proceso para obtener su libertad?

RC: Haber estado en prisión desde el 15 de julio del 2022, hasta el 8 de marzo del 2024, fue muy duro y estresante físicamente, psicológicamente y económicamente.

Estar en la cárcel te cambia la vida, no sólo a ti sino a todos a tu alrededor. De un día para otro todo cambia.

Nosotros vamos al día porque somos campesinos, no tenemos la solvencia económica, tuvimos que aprender a sobrellevar el caso. De lo más difícil fue que las audiencias se posponían y se posponían, también nos engañaron algunos abogados, todo fue muy difícil.

Agradezco a mi familia directa que es mi esposa, mis hijos, mi madrecita que ahí está con 88 años de edad, mis hermanos. Nunca me dejaron solos. Siempre, cada visita, ahí estaban.

Agradezco también a mi comunidad porque de verdad que hay mucho cariño. Siempre he sido muy querido, estoy catalogado como un tiaxca en mi comunidad, muy respetado, también el compañero Saúl Rosales, esperamos que pronto se compruebe también que es inocente.

AM: Entendemos que todo fue muy difícil, y menciona el apoyo de su familia y comunidad, ¿cómo fue que se logró obtener su libertad? 

RC: Hoy se nos da la oportunidad de que nuestro colectivo Coditet se ha extendido más con todo el apoyo. Hoy en esta Asamblea Nacional del Agua yo vengo a agradecer a todas las comunidades, colectivos que se sumaron a esta causa. Gracias a todo eso estoy disfrutando de esta libertad.

A toda esa gente, que apoyó en marchas, la invitación a que sigamos unidos para que pronto esté con nosotros nuestro compañero Saúl Rosales. Todos, Dios y hasta el gobierno, saben que somos inocentes.

Quiero creer en la justicia divina y en las leyes de nuestro país para que se sepa la verdad. Nosotros no hicimos nada, somos personas que siempre hemos estado defendiendo el cerro, el agua, todo, ayudamos a la comunidad. La verdad tiene que salir a la luz.

---

A la exigencia de Raymundo se suma la palabra de Jacob Rosales, hermano del preso Saúl Rosales. En entrevista, Jacob platica las dificultades que el encarcelamiento de su hermano ha generado en el núcleo familiar.

Avispa Mídia (AM): Jacob, ¿cómo se encuentra Saúl Rosales? ¿Podrías platicarnos más sobre su labor en la comunidad previo a que le encarcelaran?

Jacob Rosales (JR): Mi hermano a pesar de estar dentro, se ha mantenido fuerte. Mi hermano Saúl siempre ha sido muy trabajador, muy luchador, y es muy querido en la comunidad.

En el momento que surge la plaga en el monte, [mi hermano] comienza, junto con el Colectivo de Saneamiento y Restauración de la Malintzi Tlalcuapan, a hacer la restauración de la zona, a raíz de esto surge esta problemática que termina con la situación de su encarcelamiento. Simplemente siento que se quieren agarrar de esto.

AM: ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades ante las denuncias de que Saúl es inocente?

JR: Mi hermano lleva 1 año 8 meses privado de su libertad, la Procuradora de Tlaxcala sabe que no hay pruebas en su contra. Igual que en el caso del compañero Raymundo, que fue liberado, no hay nada en contra de Saúl.

Las juezas que llevan el caso, su excusa es que, por ser autoridad tradicional, es culpable. Por ayudar a la comunidad, por cuidar el bosque, le dan una sentencia de 20 años de prisión.

Lo único que exigimos y pedimos es que realmente se sepa la verdad, hoy en día nos hemos dado cuenta que Tlaxcala es de los estados más corruptos, no existe la justicia, no existe la ley.

AM: Después de 1 año y 8 meses en prisión, ¿qué ha sido lo más difícil para Saúl y toda la familia?

JR: El caso es complicado, para la familia y amigos que nos rodean. Yo puedo decir que yo conozco a mi hermano, le gusta apoyar, siempre le gusta participar y por eso creo que nos tocó vivir esto.

AM: Qué sigue en el caso de Saúl después de la sentencia ¿qué pasos seguirán?

JR: Nosotros seguiremos luchando hasta demostrar que el Estado está haciendo algo injusto. Como dijo Raymundo, sabemos que siempre hay personajes detrás presionando.

Ahorita nos vamos con el proceso de apelación. Esperemos todo salga bien y que en este tiempo que estemos luchando se haga justicia, se lleve sobre ley toda esta situación, y que prontamente lo tengamos libre.

AM: Para finalizar la entrevista, ¿cómo se puede sumar otra gente a la exigencia de libertad de Saúl?

JR: Nos pueden encontrar en Facebook como Justicia Tlalcuapan, se transmiten las manifestaciones cuando hay audiencias. Pedimos también divulgar esta información, que por el simple hecho de defender la tierra pagan personas inocentes.

Agradecemos a toda la comunidad y colectivos que siempre han estado con nosotros, se ha visto la amistad. Mi hermano me ha dicho, cuando lo voy a visitar, que te das cuente quienes son tus amigos, quienes están contigo. Les invitamos a seguir exigiendo la libertad de Saúl.

Entrelazando La Esperanza
Posicionamiento del Frayba a 35 años de su fundación

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
a 19 de marzo de 2024

Vivimos en Chiapas un gran pesar y preocupación, por la multiplicación de atentados contra la vida, por el atropello de los más elementales derechos humanos y por la represión de los procesos populares. […] nos empeñamos a ser fieles en nuestra vocación […] aportando valores para la humanización de la tierra y sirviendo preferentemente a los más pobres. No podemos mantenernos al margen de lo que está sucediendo entre nosotros.

jTatik Samuel Ruiz García.
Carta Pastoral En Esta Hora de Gracia, 1993

Hoy conmemoramos el 35 aniversario de nuestro caminar desde y con los pueblos, organizaciones y colectividades organizadas por la construcción de un mundo más digno donde los derechos humanos sean una realidad y no discursos huecos utilizados por quienes detentan el poder político, económico e ideológico.

En este andar, que es un parpadeo en la historia de la resistencia de los pueblos, aprendemos permanentemente de sus formas de organización, de su mirada de lucha, nos acercamos a sus sueños, que muchos de ellos son también nuestros, aprehendemos la esperanza, a construirla a pesar de una mala jornada y referenciarla en los logros de los hombres y mujeres de los pueblos que han tejido la defensa y vivencia de sus derechos.

Por esto y mucho más, desde el Frayba consideramos que es un privilegio y una responsabilidad el camino andado. Por lo que reiteramos que seguiremos buscando y construyendo con los procesos organizativos que acompañamos en la construcción de justicia y verdad, desde y con quienes siguen siendo victimizadas por el sistema de muerte que busca destruir las dignas causas de los pueblos.

El Estado mexicano, está en una etapa de fortalecimiento acorde a los intereses del Capital y en contra de la Vida. México, se ha convertido en un territorio de graves violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía y de población migrante que es expulsada por el terror de la violencia y la miseria en sus países de origen. En este contexto de violencia generalizada y crisis institucional, incumple su responsabilidad de proteger, respetar y garantizar los derechos humanos.

En este periodo electoral todo se agudiza y la impunidad se fortalece. El actual gobierno se sostiene empecinado en mantener su imagen de una autoproclamada Cuarta Transformación, que al igual que los gobiernos anteriores solo consolidan los pactos de impunidad y profundiza la crisis de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.

Los escenarios para los pueblos, para la clases marginadas y explotadas, no se vislumbran cambios estructurales. Las perversiones de los gobiernos anteriores se colocan como agenda pendiente de este gobierno, detonando una espiral de violencia, en que la mayoría de la población queda en el abandono y que impacta en: desapariciones de personas, desplazamientos forzados, ejecuciones extrajudiciales, torturas y privaciones arbitrarias de la libertad en un marco de represión y fábrica de culpables instalado como una práctica cotidiana, violaciones a los derechos a la tierra-territorio, agresiones, amenazas y hostigamientos a personas defensoras.

Con base a la documentación de graves violaciones y con el sustento de fuentes directas, sostenemos que en Chiapas existe un dolor e indignación profunda por los mecanismos de la violencia que se dan cotidianamente en el territorio de Chiapas: 1) En la zona Altos con una circunstancia prolongada de desplazamiento forzado, no atendido en sus causas, por la actuación de grupos sucesores del paramilitarismo[1]. 2) En la zona Centro; la desaparición de personas, secuestros y asesinatos. 3) En la zona Costa; la corrupción, la vulnerabilidad de las personas migrantes asediadas por la delincuencia organizada y la represión estatal patente en un mayor control migratorio por las Fuerzas Armadas. 4) la zona Fronteriza; con despojos del territorio, desaparición de personas, reclutamientos forzados, cobros de piso, territorios controlados y zonas silenciadas por la violencia generalizada y 5) la zona Selva; con agresiones, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desplazamientos forzados y amenazas al territorio del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, así como de otras organizaciones y comunidades.

En esta jornada electoral las vías están comprometidas a una elección de continuidad de Estado. Donde las reglas de la gobernanza criminal perfilan que varios de los candidatos estarán vinculados a la delincuencia organizada y en el que otros están en riesgo por no responder a intereses fácticos.

Cabe señalar que la violencia generalizada en el país no es de hoy, ni del actual régimen de gobierno, sino que viene de por lo menos el año 2006, con el exPresidente Felipe Calderón y se mantienen a la fecha. Tres sexenios han pasado, es decir 18 años en que los pactos de impunidad se sostienen y tienen sumergido a Chiapas y todo el territorio mexicano en una crisis de violencia y muerte.

La permisividad y complicidad de los poderes político, económico e ideológico propician un territorio idóneo para que operen los poderes fácticos criminales, configurando de esta manera un escenario de macro-criminalidad, lo cual desarma la narrativa que viene de las altas esferas de los gobiernos estatal y federal con la pretensión de construir una realidad manipulada y distorsionada donde no pasa nada.

En estos tiempos de desasosiego, en este Encuentro Entrelazando La Esperanza, los procesos organizativos y comunidades con las que caminamos nos interpelan, animan y convocan a no desfallecer en la lucha, a seguir construyendo desde los espacios inmediatos, a fortalecer nuestras alianzas y apuestas por la vida, con respeto total a la Madre Tierra.

Estando consientes que no será fácil, que la lucha es de larga duración y requiere la unidad de todas y todos, mujeres, hombres, jóvenes, manteniendo los principios fundamentales de la buena vida, en donde se expresen las diversidades de formas de espiritualidad, cultura e identidad, basados en la memoria colectiva, la verdad y la justicia, que es parte del devenir de las manifestaciones más humanas que los pueblos originarios nos han dejado, como parte de la construcción de la paz en un sentido de integralidad.

Desde el Frayba en sus 35 años, reconocemos la impronta profética de jTatik Samuel y su apuesta de caminar junto a las comunidades. Nosotras y nosotros refrendamos el compromiso con la lucha y defensa de los derechos de los pueblos, agradecemos la confianza y el amor que nos ha abrazado durante estos años, les decimos que estamos aquí enraizados junto a ustedes con su digna lucha que nos alienta e infunde esperanza en el caminar hacia la libertad, para derrumbar los sistemas de opresión.

*—-*

[1] Estrategia contrainsurgencia implementada por el Estado mexicano derivado de la insurrección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.