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Radio Kurruf

(Español) Chile | Detienen a Erick Montoya, después de diez años en clandestinidad

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Contulmo, 19 febrero 2021.- Nos informan sobre la detención del peñi Erick Montoya, clandestino hace diez año por la persecución del Estado en el proceso de recuperación territorial que encaró como joven Mapuche.

Lavkenmapu: infórmamos que en horas de esta tarde , el comunero clandestino Erick Montoya fue detenido y secuestrado en camino rural de la octava región en cercanías de Contulmo por personal civil, quienes hasta esta hora le someten a detención clandestina y apremios ilegítimos, golpes y tortura sin dar a conocer la noticia como corresponde de forma oficial y sin llevar a cabo los protocolos de detención. La fiscalía insiste en inculparlo por el asesinato del carabinero Hugo Albornoz caído mientras fuerzas policiales irrumpian a la comunidad Wente Winkul Mapu. 2 De abril 2012, caso Ercilla, con la complicidad de Luis Chamorro, fiscal rastrero del poderìo empresarial en la novena región . Recordamos que el peñi Erick Montoya ha sido fiel a sus principios como mapuche apoyando y siendo consecuente con los procesos territoriales mapuche, cosa que lo lleva a tomar la clandestinidad en consecuencia con su feyentun, hacemos un llamado a las expresiones de lucha, las comunidades a estar atento y a visibilizar esta situación y seguir en la senda que nuestros ancestros nos dejaron.

«Libertad a los presos políticos mapuche, Libertad a los presos de la revuelta social, Justicia para nuestros caídos en lucha»

AMULEPE TAIÑ WEICHAN

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Radio Zapote

(Español) Entrevista con Alessia Dro | Movimiento de Mujeres del Kurdistán

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Entrevista con Alessia Dro del Movimiento de Mujeres del Kurdistán en América Latina ☀️
Es un gusto compartirles que regresamos con los 🌙 Lunes de Lunas 🌙 en la cabina nómada de Radio Zapote !!!!
_ EN VIVO HOY _

https://archive.org/details/movimiento-de-mujeres-del-kurdistan-alessia-dro-lunes-y-lunas-de-radio-zapote

→ Quiénes son los kurdos
→ Qué es el Kurdistán
→ La revolución de Rojava
→ Las mujeres en revolución
→ La invasión turca de 2018
→ Campaña 100 razones para juzgar al dictador Erdogan
→ Jineology y el papel estructural de las mujeres en la sociedades sin Estado
¡Libertad para Abdullah Öcalan!
¡Libertad Nudem Durak!

https://go.ivoox.com/rf/65625596

https://archive.org/details/movimiento-de-mujeres-del-kurdistan-alessia-dro-lunes-y-lunas-de-radio-zapote

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Grieta Medio para armar

(Español) El mal llamado “Tren Maya” acumula tres nuevas suspensiones en Yucatán

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CIUDAD DE MÉXICO, 17 de febrero de 2021. El colectivo Chuun T’aan Maya y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíimbal”, organizaciones que agrupan a miembros de alrededor de cuarenta comunidades mayas, acompañados por los abogados de Equipo Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C., dieron a conocer que el día de ayer el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán concedió tres nuevas suspensiones a las obras del mal llamado “Tren Maya” en esta entidad.

Esta determinación a favor de las comunidades pone en entredicho la Manifestación de Impacto Ambiental otorgada por la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) a Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) y determina que se detengan todas aquellas obras de construcción, al menos en el tramo 3 de este megaproyecto, “que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies de animales autóctonas del territorio” yucateco.

La decisión de la jueza del Juzgado Cuarto de Distrito se da en respuesta a los tres juicios de amparo promovidos el pasado 20 de enero por las comunidades organizadas en torno a la Asamblea “Múuch’ Xíimbal” (que significa “caminar juntos” en idioma maya) y el colectivo “Chuun T’aan” (“conjuntar la palabra”, también en lengua maya), las cuales denunciaron una serie de violaciones al derecho a la información, la vulneración del derecho de las comunidades a una adecuada participación y la omisión, por parte de Semarnat, para realizar una “evaluación ambiental regional”.

Con estas tres nuevas suspensiones judiciales que ordenan detener las obras de construcción del tren en tierras yucatecas, suman ya cuatro en este estado, además de las tres que están vigentes en Campeche y la de Palenque, Chiapas, que es de carácter definitivo. Además, en Quintana Roo están por definirse dos amparos más y próximamente la Corte Suprema de Justicia deberá de resolver en torno a otros dos amparos promovidos también por comunidades de Yucatán.

Sin embargo, los integrantes de los colectivos participantes en la conferencia de prensa denunciaron que el gobierno federal no está acatando las resoluciones judiciales que ordenan detener las obras, pues Fonatur, con la coartada el dar mantenimiento a las vías -aun en lugares donde no hay vías- viola de manera sistemática las suspensiones hasta ahora emitidas y prosigue con las obras de construcción y la tala de árboles.

Cuestionados sobre si tienen pruebas de lo anterior, los integrantes de los dos colectivos convocantes y del equipo de abogados respondieron: “si ustedes van [de Yucatán] hacia Campeche van a ver que al lado de la carretera están haciendo obras de desmonte y de aplanado. Esto es una primera fase, no hay todavía construcciones más grandes. Hay desmonte y aplanado al lado de la carretera. Lo que ahorita se pretende es parar la continuación de esas obras de tal manera que de que no se llegue a una situación donde esto sea irreversible para las comunidades, para el medio ambiente”.

En la video conferencia de prensa en la cual los colectivos dieron a conocer esta información, indígenas mayas también denunciaron que “el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades indígenas mayas a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas del proceso de toma de decisión sobre un proyecto que afecta su territorio”, su integridad cultural, forma de vida y pone en riesgo su existencia como indígenas mismos. De la misma forma, denunciaron la política y estrategia racista del actual gobierno y de Fonatur para deslegitimar la lucha de las comunidades indígenas que se oponen a los megaproyectos de la actual administración federal: “Siguen una lógica de que las comunidades no podemos elegir nuestros proyectos y organizarnos autónomamente. Pero en nuestro territorio es donde nosotros decidimos qué hacer colectivamente, no desde las instituciones”. Y agregaron: “Nosotros como mayas estamos reclamando nuestro derecho a la libre autodeterminación. Por os estamos luchando”.

Tras explicar las razones por las cuales decidieron ampararse y usar las herramientas legales para defenderse de la imposición de estos proyectos en su territorio, afirmaron que desde hace muchos años las comunidades siguen sus procesos de lucha, “reivindicando que desde lo que somos como comunidades tenemos las respuestas a la vida que queremos aquí, de manera colectiva desde las mujeres, desde los hombres, desde los jóvenes, de los abuelos y abuelas que estamos viviendo aquí, porque es nuestra vida y estamos en nuestro territorio”. Y fueron enfáticos al afirmar: “no queremos que decidan por nuestra vida, cuando desde aquí, desde nuestra comunidad podemos saber qué es lo que debemos hacer para regenerarnos comunitariamente”.

Uno de los participantes en la conferencia, quien es profesor de lengua maya, manifestó: “Nos quieren ‘cancunizar’, lo cual no es una buena noticia porque eso significa perder el territorio. Nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo de turismo como el de Tulum, Playa del Carmen, Cancún… del que es parte el tráfico de drogas y la trata de mujeres, el tráfico de órganos, la pobreza y explotación. Eso es lo que trae cada uno de los vagones del tren”.

Otra de las participantes mencionó que el mal llamado “Tren Maya” “no es un proyecto inocente”, sino que trae consigo una devastación. Detrás de él están “las inmobiliarias impulsando un reordenamiento territorial” que va de la mano con el con el despojo y la mercantilización de la tierra, además de mega parques solares y eólicos que atentan contra la forma de vida de las personas que viven en las comunidades.

Finalmente, el colectivo de abogados organizados en torno al Equipo Indignación, que acompaña legalmente a las comunidades, apuntó que resulta paradójico que mientras el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, firma el Acuerdo de Escazú, “que entre otras cosas establece la obligación de los estados de garantizar el acceso a la información y la participación en materia ambiental a las comunidades indígenas”, en la práctica sigue los usos y costumbres de los gobiernos precedentes volviendo a ejercer la discriminación institucionalizada del Estado mexicano hacia las comunidades indígenas, a las que nuevamente ignora en la toma de decisiones.

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Avispa Midia

(Español) Llevan preso al rapero que llamó al rey de España “capo mafioso” y “borracho tirano”

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Por Ñaní Pinto

El rapero Pablo Rivadulla Duro, conocido como Pablo Hasél, ha sido aprendido y llevado a prisión por nombrar en sus letras a la realeza española, en especial, al Rey Juan Carlos I, como “capo mafioso” y un “borracho tirano”.

El rapero y activista tenía la opción de entregarse voluntariamente a la justicia antes del pasado viernes, al ser condenado por la Audiencia Nacional a nueve meses de cárcel por “enaltecer al terrorismo e injuriar a la Corona” con su música. Pero Hasél sostuvo que si se entregaba sería “una humillación indigna”. Es así que se atrincheró en el edificio de la Universitat de Lleida, en Cataluña, con varios simpatizantes y activistas.

“Estoy encerrado junto a bastantes solidarios en la Universitat de Lleida, tendrán que reventarla para detenerme y encarcelarme. Es en el rectorado de la Rambla Aragó por si alguien de por aquí quiere echar una mano”, compartió Hasél en un mensaje por sus redes sociales.

Pero este martes (16) un fuerte operativo de los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana), con equipos antidisturbios, fue desplegada en la universidad desde las 6h30 de la mañana para detener al rapero Hasél.

Al momento de su detención Hasél gritó, “nunca nos callarán, muerte al Estado fascista”. Los agentes lo trasladaron al centro penitenciario de Ponent.

Mientras tanto, en diversas regiones de Cataluña se han desatado una serie de acciones directas en solidaridad con el rapero. “Como respuesta, entre las siete y las ocho de la tarde de hoy (16) se han convocado concentraciones a lo largo del territorio”, anunció la organización Alerta Solidaria en sus redes sociales. Por su parte, la Plataforma Absolución CS 13 Rosas también ha llamado a realizar movilizaciones convocadas para el día miércoles a las 17h.

En la ciudad donde ha sido detenido el cantante se han movilizado más de mil personas para demostrar su apoyo y también para realizar acciones directas. A la exigencia de libertad de este activista se han pronunciado más de 200 personalidades de la cultura, encabezadas por Serrat y Almodóvar, entre otros, quienes han firmaron una petición contra su sentencia, que fue confirmada por un tribunal español desde el lunes pasado.

Amnistía Internacional también compartió un mensaje en sus redes sociales argumentando que el arresto de Hasél era “una noticia terrible para la libertad de expresión en España”.

El rapero intuía un día antes que sería detenido y expresó en sus redes, iré a prisión “con mi cabeza en alto”, y también agregó, “no podemos permitir que dicten lo que podemos decir, lo que podemos sentir o lo que podemos hacer”.

Con certeza el activista y rapero continuará su resistencia desde la prisión, ya que en su propio video llamado “Nuestras Libertades”, sus letras anuncian, “la cárcel es otra trinchera, seguiré aportando. No veréis derrotado fascista”.

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Congreso Nacional Indígena

Acción urgente. Denuncia de agresiones y detención arbitraria contra integrantes del Congreso Nacional Indígena en Ocosingo, Chiapas

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Ocosingo, Chiapas, México.

15 de febrero de 2021

Al pueblo de México

A las organizaciones defensoras de los derechos humanos

A los medios de comunicación

Al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Nosotros, compañeros en resistencia JOSÉ ESPINOZA GÓMEZ, JOSÉ ALFREDO ESPINOZA PÉREZ, JUAN ESPINOZA PÉREZ, MARIO ESPINOZA PÉREZ, CARLOS HERNANDEZ MÉNDEZ, JUAN RAMON GUTIÉRREZ ESPINOZA Y MIGUEL ESPINOZA HERNÁNDEZ, de las rancherías Jolmuc’ulha y Taquinton, perteneciente al ejido Peña Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas, y miembros del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos enérgicamente la detención arbitraria e injusta de nuestros compañeros Fernando Espinoza Pérez y Baldemar Espinoza Pérez, presos injustamente en el cereso 16 de Ocosingo, llevados a esta instancia por autoridades ejidales, derivado de los hechos que se suscitaron el día 10 de febrero del año en curso, cuando nuestros compañeros antes mencionados junto a Miguel Espinoza Hernández salieron del ejido El Tumbo, municipio de Ocosingo, hacia la ciudad de Palenque en una camioneta Nissan cargada con 25 bultos de café orgánico para su venta, a la altura del crucero Peña Limonar les bloquearon el paso un grupo de cincuenta personas que portaban armas de fuego, palos y machetes, liderados por Manuel López Gutiérrez, Juan Gutiérrez Cruz, Narciso Gutiérrez Pérez y Pedro Hernández Jiménez, presidente del comisariado, concejo de vigilancia, secretario del comisariado y agente auxiliar municipal, valiéndose de una tabla con clavos que atravesaron en el camino obligaron a detener el vehículo en el que viajaban, con lujo de violencia y abuso de autoridad fueron esposados, haciendo uso excesivo de la fuerza los trasladaron al ejido Peña Limonar, donde fueron violentamente agredidos por policías rurales, dichas autoridades abusando de su poder les quitaron su café, dinero y pertenencias, posteriormente fueron remitidos a la cárcel municipal de Ocosingo donde se encuentran actualmente en condiciones de vulnerabilidad.

Este acto totalmente violatorio de los derechos humanos, no es un hecho aislado, es la consecuencia de una constante e ininterrumpida guerra de baja intensidad contra las comunidades en resistencia que viene siendo operada desde 1994, pues esta agresión se inscribe a una serie de violaciones de derechos humanos, detenciones injustas, ataques armados a nuestras casas, tala ilegal de árboles, robo de madera, incursiones armadas a nuestros trabajaderos, con la actuación y protección de las autoridades ejidales, que desde hace más de diez años han trastocado la paz y la vida colectiva comunitaria, dichas acciones evidentemente reflejan una agudización de los conflictos y hostilidades hacia las comunidades zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, que apuntan hacia el despojo de nuestro territorio.

Ante este escenario de violencia, nos manifestamos y hacemos responsables a los tres niveles de los malos gobiernos de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros presos, así como la de sus familias y de quienes integramos la organización.

Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, reparación de los daños ocasionados, así como se investigue y castigue a los responsables de tales abusos e injusticias cometidas.

¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN EN TERRITORIOS INDÍGENAS!

¡LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

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Mujeres y la Sexta

Campaña contra la política feminicida en Turquía y el Mundo

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Campaña Contra la política feminicida en Turquía y el Mundo

#AltoPoliticaFeminicida

#JuicioAErdoganPorFeminicida

#FeminicidioCrimenContraLaHumanidad

#QueremosJusticiaReal

💫 Desde México y toda América Latina apoyamos la campaña internacional contra el feminicidio lanzada por el Movimiento de Mujeres Kurdas.

💜 Queremos unir nuestras voces con las de todas las mujeres del mundo que son sometidas a violencia.
✨ ¡Queremos una justicia real!
🔥 Nombramos a todos los responsables y perpetradores de feminicidios en cualquier parte del mundo.
🔥 Y exigimos el enjuiciamiento de Recep Tayip Erdogan, dictador de Turquía.

✌🏾¡Necesitamos 100 mil firmas!

🖌Firma en http://www.100-reasons.org/petition
🖌O envía tu firma a signatures@100-reasons.org

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La Zarzamora

(Español) Chile | Los Mapuche no somos parte del patrimonio $hileno

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Los Mapuche no somos parte del patrimonio $hileno.

Lonco Pedro Catrilef Antilef del territorio Llanquihue, hace llamado a pu lamngen a estar atentos y rechazar toda iniciativa que pretenda romantizar la cultura Mapuche en la instalación de museos.

Por: La Zarzamora

Inmediato rechazo generó en territorio Mapuche Williche de Llanquihue la noticia de que se presentaría en consejo municipal la iniciativa de instalación de un Museo en la localidad. Varios pu lamngen quedaron sorprendidos ya que previamente no existió ninguna consulta o socialización de tal proyecto a las comunidades existentes en el territorio.

Se trataría de un Museo Mapuche, razón mas que suficiente para ser rechazado, pues el pueblo nación Mapuche no necesita de “un homenaje” si no del reconocimiento de sus demandas ancestrales territoriales, es un Pueblo vivo que resiste, que para conocerlo no se requiere de un Museo.

Lonco Pedro Catrilef Antilef llama a que se levante la conversación y el debate con respecto a este tema y a todos los temas que involucren al Pueblo y al territorio.

En este caso, favorablemente en el consejo municipal de la comuna no se acepto tal proyecto y se realizaron observaciones e indicaciones, como mínimo se les exige vinculación a las comunidades, situación que hasta la fecha no es efectiva. Independiente de la postura municipal, son los involucrados quienes en su derecho a la autodeterminación deben decidir y pu lamngen mapuche se han manifestado con el siguiente comunicado:

COMUNICADO PUBLICO

A nuestro Pueblo Nación Mapuche y opinión pública en general.

Ante el hecho ocurrido en consejo municipal de Llanquihue el día jueves 21 de enero 2021 sobre la presentación de un proyecto de museo Mapuche Williche en la comuna de Llanquihue. Inche Longko Pedro Catrilef Antilef haciendo uso de mi facultad como autoridad ancestral de este territorio declaro lo siguiente:

Kiñe: Ante la imposición de un proyecto de ese tipo me opongo rotundamente debido a que rechazo ser materia de estudio, que se nos cosifiqué, folclorice y lucren, aún más con nuestro territorio, identidad y cultura Mapuche Williche.

Epu: Además, este proyecto es preocupante para nuestro territorio ya que no debemos olvidar que fuimos víctima de genocidio y no seremos exhibidos como trofeo de los colonizadores ni del estado de Chile. Este tipo de acciones lo único que pretende es generar más dolor y divisiones entre los habitantes del territorio.

Küla: Exijo que este tipo de proyectos no se levante en nuestro territorio ya que solo viene a negar nuestra existencia hoy como pueblo y nuestra identidad, más aún que se vea profanado nuestros espacios significativos, nuestra espiritualidad y saqueo de estos para obtener algo que exhibir en un museo, ya que no somos parte del patrimonio chileno.

Meli: Como pueblo mapuche williche vamos a exigir nuestro derecho consuetudinario. Sin embargo dejamos claro que no aceptaremos ninguna iniciativa que sea susceptible de afectarnos como pueblo y no daremos marcha atrás en defender nuestro territorio desde que hemos emprendido nuestra libre determinación y autonomía de nuestro pueblo nación Mapuche.

Kechu.- Hago este llamado a Pu lamuen, Pu peñi y a todo el pueblo chileno consiente a unirse a esta defensa de nuestra dignidad e historia como pueblo.

MARICHIWEW

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Radio Kurruf

En «democracia» hay prisión política!

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Por Asamblea Anarquista del Biobío

(versión en inglés aquí)

La prisión política en Chile no es nueva; sin embargo, desde la revuelta popular y la enorme cantidad de presxs que ésta dejó, el debate ha tomado mayor fuerza. Por una parte existe una disputa sobre el número de presxs y personas judicializadas en la revuelta, ya que desde el gobierno afirman que han interpuesto 531 querellas contra 1774 imputadxs por distintos delitos y que 219 de ellas fueron por Ley de Seguridad del Estado contra 1073 imputadxs.

De esos 1073 imputadxs, tres están en prisión preventiva, 61 con arresto domiciliario, 441 con otras medidas cautelares, 59 condenadxs, dos sobreseídxs y 489 que no han sido formalizadxs. Por su parte, la Fiscalía informa que a octubre de 2020 se habían formalizado 5084 personas, 648 de ellas seguían en prisión preventiva y 725 habían sido condenadas. Según las organizaciones que apoyan a lxs presxs, la diferencia de cifras se debe a que el gobierno sólo informa de las personas querelladas por la Ley de Seguridad del Estado, siendo que la mayoría está judicializada por la Ley de Armas.

Más allá de las cifras, vemos la prisión política contra la revuelta como parte de una respuesta del Estado y el poder ante la rebelión popular, ya que además de la prisión como castigo a manos del poder judicial, el gobierno desplegó una fuerte represión que incluyó asesinatos y mutilaciones, además de las leyes en contra de las manifestaciones, como la ley anti-barricadas que promulgó el parlamento.

Esta política represiva para enfrentar al «enemigo poderoso», como invocó Piñera desde su podio a los medios de comunicación, involucra una serie de acciones judiciales e irregularidades en los procesos de detención, que incluyen pruebas falsas, declaraciones de policías como única fuente de información y extensivas prisiones preventivas que han durado meses e incluso más de un año en algunos casos, ya que el gobierno se querella con la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que en la práctica opera como un castigo anticipado y sin juicio.

Por otra parte, desde el poder intentan instalar en el debate público que todo se trata de delincuencia común y no de prisión política, basándose en que ciertos casos se tratan de robos producto de los saqueos a multitiendas; no obstante, ese argumento desconoce el ambiente social y el contexto político en que suceden las manifestaciones, ya que en el escenario de la revuelta disruptiva era recurrente que parte de las personas descargara su rabia contra instituciones usureras y pilares del modelo neoliberal. Desde el poder intentan separar entre manifestantes buenas y malas, pacíficos y violentos, proyectando un ideal (su ideal) de movilización servil, pasiva y monótona, frente a lo que cualquier manifestación disruptiva significaría mera delincuencia común.

El trato que han tenido las personas privadas de libertad nunca ha sido bueno en Chile, las cárceles están colapsadas y las precarias condiciones de higiene han sido un tema recurrente en las denuncias sobre la situación carcelaria. Esta realidad recrudece producto de la pandemia, donde no existen medidas de control y el aislamiento se suma a las ya duras condenas, ya que desde la llegada del coronavirus no se puede visitar a las personas presas. Esta difícil situación contrasta con la impunidad y el trato indulgente que el poder demuestra hacia la clase alta en los casos de corrupción y fraude al fisco como el Caso Cascadas o la suavidad con que tratan a los grupos de ultraderecha que amenazaron a la fiscal Chong.

Gracias a la movilización social se ha logrado instalar la problemática e incluso liberar a varixs presxs de la revuelta a lo largo del país, abriendo el debate en la clase política sobre si lxs presxs durante el contexto de revuelta deben ser denominadxs con el adjetivo de “políticxs” o no, incluso algunos sectores parlamentarios impulsan un proyecto de indulto que no ha tenido mayor impacto en el Estado, lo que demuestra que será la presión popular la que logre visibilizar la prisión política y liberar a nuestrxs compañerxs.

Entre el proceso constituyente iniciado con el plebiscito de octubre y la carrera presidencial en curso, el proceso de movilización popular no ha podido instalar la libertad de lxs presxs de la revuelta como requisito para negociar con el poder, lo que demuestra las debilidades de la revuelta y las tareas pendientes de la movilización.

Libertad a lxs presxs de la revuelta!

#laprotestanoesdelito

Asamblea Anarquista del Biobío

biobioanarquista.org

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Noticias Anticarcelarias

(Español) Grecia | Viernes 12 de febrero. Día internacional de solidaridad con la huelga de hambre de Dimitri Koufontinas

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A finales del pasado mes de diciembre, el gobierno griego aprobó una reforma del sistema penitenciario nacional que, además de otras medidas que empeoran las condiciones carcelarias, establece que los condenados por terrorismo no pueden acceder a las “cárceles rurales”, que se consideran más “abiertas” y a las cuales los presos de larga duración tienen acceso. La aprobación de esta ley activó inmediatamente el proceso burocrático para el traslado de Dimitri Koufontinas desde la prisión rural de Kassevitia.

Dimitri es un camarada condenado por participar en la Organización Revolucionaria 17 de noviembre, en prisión desde 2002.

El nuevo paquete de leyes estipula que los reclusos en las cárceles rurales se reclasifican y luego se transfieren a la última prisión en la que se encontraban. En el caso de Dimitri, debería haber sido la prisión ateniense de Koridallos. Sin embargo, la administración de la prisión decidió trasladarlo, manipulando los papeles de transferencia, a la prisión de Domokos. Aunque en Grecia no existen circuitos diferenciados de cárceles, la intención de la administración penitenciaria en los últimos años ha sido hacer de esta prisión una prisión “dura”.

Un traslado punitivo, por lo tanto, destinado a golpear a un compañero que siempre ha luchado, fuera, en los juzgados, en la cárcel: desde que fue detenido ha participado en numerosas protestas y ha llevado a cabo cuatro huelgas de hambre.

Esto es parte de una represión destinada a aniquilar a Dimitri Koufontinas pero que forma parte del proyecto represivo general del Estado griego: intentar aplastar a las partes más radicales y combativas de la sociedad para evitar la hipótesis de conflictos futuros.

Ante el traslado, Dimitri Koufontinas decidió no quedarse callado y utilizar la única arma que tenía a su disposición, su cuerpo. Desde el 8 de enero inició una huelga de hambre que continuará indefinidamente hasta que sea trasladado a la prisión de Koridallos.

A estas alturas comienzan a ser muchos los días de huelga, el compañero se encuentra en condiciones críticas y precarias en el hospital de Lamia: según los médicos podría tener un colapso en cualquier momento.

Durante la huelga hubo muchas iniciativas y acciones de solidaridad que se llevaron a cabo en toda Grecia y más allá: mítines, manifestaciones, pintas en las paredes, pancartas, ataques contra múltiples objetivos (políticos, bancos, oficinas de correos, etc.).

Pero ahora que se está acabando el tiempo, creemos que es necesario hacer un esfuerzo extra. Pensamos que la lucha de Dimitri es también la lucha de todos y cada uno de nosotros y nosotras.

Estamos convencidos de la importancia de crear y expandir los lazos internacionales, especialmente en un momento como este.

Por todo esto hemos decidido convocar un día INTERNACIONAL de solidaridad y acción para el VIERNES 12 DE FEBRERO para apoyar a Dimitri Koufontinas.

LAS DEMANDAS DE LA HUELGA DE HAMBRE DEBEN SER ACEPTADAS

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Prensa comunitaria

(Español) Guatemala | CC: los crímenes de lesa humanidad y genocidio no pueden ser amnistiables

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Por Regina Pérez

La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó ayer un amparo definitivo a varios ciudadanos que accionaron en contra de la iniciativa de ley 5377 que buscaba reformar la Ley de Reconciliación Nacional, debido a la amenaza ante la posibilidad de que entrara en vigor, ya que buscaba amnistía militares responsables de delitos que constituyen graves violaciones de derechos humanos o crímenes de lesa humanidad, que fueron cometidos durante el Conflicto Armado Interno.

La decisión del máximo Tribunal conformado por los magistrados Gloria Porras, José Francisco de Mata Vela, María Cristina Fernández, Rubén Gabriel Rivera Herrera y Roberto Molina Barreto, quien emitió un voto razonado disidente, fue recibido de manera satisfactoria por organizaciones de derechos humanos y sobrevivientes del conflicto armado interno, que manifiestan que la sentencia los alienta a seguir impulsando los casos y reivindica el derecho de las víctimas a tener acceso a la justicia.

El amparo definitivo fue otorgado a los ciudadanos Paulina Ixpatá, Pedrina López de Paz, Sergio Vi Escobar, Helen Mack y Oswaldo Samayoa, que accionaron en la CC, con lo que dejó sin efecto la sanción y promulgación de dichas reformas a la Ley de Reconciliación Nacional.

Foto: Nelton Rivera.

Este proyecto legislativo fue impulsado desde 2017 en el Congreso por los exdiputados Fernando Linares Beltranena, Jaime Regalado, Estuardo Galdámez y otros congresistas que avanzó en el Legislativo durante el 2019, año en que la CC otorgó un amparo provisional que había dejado en suspenso la sanción y promulgación de la iniciativa.

¿Qué dictó la Corte?

El abogado experto en derecho constitucional Oswaldo Samayoa, quien fue uno de los amparistas, destacó tres puntos de la resolución que dictó la Corte: primero, señaló que la ley de Reconciliación Nacional que está vigente es clara en que los delitos relacionados a tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas y genocidio no pueden ser amnistiables.

Por lo tanto todos los casos que se han llevado a Tribunales y las personas que ya están condenadas, más los casos que están en proceso, no puede decirse que se van a eliminar, eso da certeza a la Ley de Reconciliación Nacional que se obtiene a partir de los acuerdos de Paz, dijo el abogado.

Segundo, la Corte pone en evidencia que vivimos en un Estado constitucional de derecho, es decir que la Constitución tiene un contenido político y jurídico en torno a los derechos humanos y que le da prioridad a la protección de los derechos fundamentales, indicó.

Y el tercer impacto es que resuelve que el Congreso no puede continuar con este tipo de discusión parlamentaria observando que este tipo de legislación es contraria a los Acuerdos de Paz, a la Constitución y a los intereses del Estado en construir el bien común, agregó.

Samayoa señaló que el amparo fue presentado antes de que la Ley entrara en vigencia, (aún estaba en segunda lectura) debido a que existía el peligro de que personas que ya estuvieran condenadas o en proceso, guardando prisión preventiva, salieran libres.

Si esta ley entraba en vigencia, uno de sus artículos decía que las personas que ya estuvieran condenadas y que estuvieron guardando prisión, o procesadas en prisión preventiva, debían inmediatamente obtener su libertad, explicó.

“Con un día que hubiera estado vigente la ley, si los efectos hubieran surgido, luego no se podría retrotraer al proceso para volverlos a encerrar, porque la ley no puede ser retroactiva en perjuicio del reo, con medio día que hubiera estado vigente, hubieran quedado libres personas que ya estaban condenadas y eso hubiera sido una burla a las víctimas y al sistema de justicia”, expresó.

Sentencia reivindica derecho de las víctimas a la justicia

Manuel Farfán, de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Guatemala (Famdegua) señaló que están satisfechos con la resolución de la CC a favor de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno.

Farfán señaló que esta resolución favorece a las víctimas, tanto de masacres y desapariciones, como a familiares sobrevivientes y especialmente a las que han fallecido con la esperanza de ver justicia y de conocer la verdad; es muy importante que la CC nos haya brindado ese amparo, indicó.

Agregó que esto alienta a seguir trabajando en la búsqueda de la verdad, “creo que eso es el sentido de las familias de las personas detenidas y desaparecidas y de las personas masacradas a quienes nosotros representamos como parte de esa búsqueda”.

Famdegua señaló que la iniciativa debe archivarse, “porque en el Congreso existen intereses de protección a personas que han sido señaladas de violaciones a derechos humanos. Creo que es un proceso muy grande para la historia que nos fortalece en la búsqueda de la verdad y la justicia”, subrayó Farfán, cuyo tío, Rubén Amílcar Farfán, fue detenido y desaparecido el 15 de mayo de 1984.

Por su parte, el abogado Edgar Pérez, director del Bufete de Derechos Humanos, señaló que con la iniciativa se pretendía reformar la Ley de Reconciliación, decreto 145-96, dejando abierta una amnistía general y que incluso hacía responsables a jueces que no dieran trámite inmediato a las solicitudes. Pérez ha llevado casos emblemáticos de justicia transicional como la masacre de la Embajada de España y el caso de genocidio contra Ríos Montt, en el que fue querellante.

Con esto, asegura el abogado, se violentaban no solo las garantías fundamentales de las víctimas sino obligaciones internacionales del Estado, así como los Acuerdos de Paz que establecen que el Estado no debía tomar medidas legislativas para impulsar la impunidad.

Pérez señaló que la sentencia, aunque dividida por un voto razonado, reivindica las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco y los derechos de las víctimas a tener acceso a la justicia sin que existan obstáculos.

El abogado Pérez manifiesta que en Guatemala es difícil llevar casos relacionados al conflicto armado al sistema de justicia. “Hoy precisamente fue la audiencia de apelación del segundo juicio por genocidio, eso sucedió en los años 82, 83, estamos en el 2021, estamos hablando de 42 años de los hechos y apenas estamos conociendo en segunda instancia un juicio histórico pero que llevó muchos años prepararlo y esperar el momento que los Tribunales pudieran abrir las puertas para el acceso a la justicia”, indicó.

A pesar de que el número de casos que se ha logrado llevar a la justicia es mínimo, el abogado señala que por la lucha de las víctimas y organizaciones de derechos humanos ha habido casos emblemáticos, que representan ese patrón sistemático generalizado de políticas de Estado como la tierra arrasada, el desplazamiento forzado, las masacres y el genocidio.

Al preguntarle si esta es una sentencia histórica, Pérez señaló: “Todas las sentencias que hay hasta hoy en el sistema judicial guatemalteco relacionadas con el conflicto armado interno son históricas y representan a cada una de las víctimas que sufrieron las atrocidades cometidas durante el conflicto”.

Organizaciones como Impunity Watch Guatemala también se pronunciaron sobre la sentencia. “La resolución de la CC sobre la iniciativa 5377 es consecuente con el derecho internacional y las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Guatemala tiene la obligación internacional de juzgar a los responsables de graves violaciones a los derechos humanos y no puede otorgar amnistía en este tipo de casos”, indicó en su cuenta de Twitter.

Voto razonado disidente de Molina Barreto

El amparo tuvo el voto razonado disidente del magistrado Roberto Molina Barreto, quien busca ser reelecto como magistrado constitucional para el periodo 2021-2026 de la CC, por parte de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), donde presentó su expediente.

Molina Barreto fue nombrado como magistrado constitucional por los magistrados de la CSJ, para sustituir la vacante que dejó Neftaly Aldana.

Su nombramiento fue adversado por organizaciones de derechos humanos que recordaron que como magistrado de la CC, Molina emitió resoluciones contrarias a la ley como en el caso por genocidio, cuando se anuló la condena contra el general Efraín Ríos Montt, en mayo de 2013.

Para acceder a la sentencia completa:

https://drive.google.com/file/d/1hqueYTG6gIcQmjvGNgzTkZYHOmJ33MvJ/view

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