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Colectivo Altepee | Radio Zapatista

Encuentro del CIG y su vocera Marichuy con pueblos nahuas, popolucas y mestizos del sur de Veracruz

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Audios, imágenes y video: Colectivo Altepee; Texto y edición: Radio Zapatista

En la comunidad de Los Mangos, municipio de Hueyapan de Ocampo, Veracruz, pueblos popolucas, nahuas y mestizos se reunieron con el Concejo Indígena de Gobierno y su vocera Marichuy este pasado viernes 10 de noviembre de 2017.

Aquí, como en otros lugares por donde ha pasado el CIG, los pueblos denunciaron la muerte y el despojo que sufren las comunidades a manos del “sistema capitalista, patriarcal y racista, administrado por el narcoestado, la mafia empresarial y sus súbditos cómplices”.

“Denunciamos la violencia, la inseguridad, los asesinatos, los femicidios, como el caso de una joven nahua embarazada y una niña popoluca asesinada. Denunciamos las desapariciones forzadas, las extorsiones, los abigeatos, los robos, los jóvenes enganchados por el narco y toda la impunidad.” Denunciaron también los megaproyectos como la extracción de hidrocarburos, la minería tóxica y los parques eólicos, así como todas las dependencias de gobierno, sobre todo el Registro Agrario Nacional y la Procuraduría Agraria, “que están a servicio de las empresas para facilitar el despojo territorial”. Igualmente, denunciaron el hostigamiento contra el movimiento de resistencia a las altas tarifas de la luz. Finalmente, denunciaron el machismo, el maltrato a las mujeres, que son “explotadas, desvaloradas, violentadas, asesinadas, discriminads, silenciadas y controladas”, así como la deplorable situación de la salud.

Pero en las palabras de los pueblos quedó también evidente la capacidad organizativa en el sur de Veracruz. Por ejemplo, explicaron que tienen más de 60 actas de asambleas ejidales y comunitarias donde declaran que no permitirán la entrada de empresas y megaproyectos. Hablaron también del movimiento de resistencia a las altas tarifas de la luz, la decisión de no permitir la instalación de medidores digitales, la capacitación de técnicos de alta tensión en muchas comunidades y la compra de sus propios transformadores con las aportaciones económicas de los pueblos. También compartieron la resistencia contra el pago de prediales en el municipio de Hueyapan.

Pero sobre todo compartieron la invitación a todos, en barrios y comunidades, a “vigilarnos y protegernos de manera autónoma, sin el control del Estado”, a unirse a las diferentes resistencias en la región y a organizarse por la autonomía en todas sus formas. Y dieron su mensaje a las y los concejales del CIG:

Le pedimos a nuestros concejales, donde quiera que vayan en el país, que ésta sea la tarea que les encomendamos: No queremos que llamen al voto, que prometan nada, que regalen nada más que su escucha y su palabra; que inviten a los pueblos indígenas y no indígenas, mujeres, hombres y jóvenes, a resistirse, a rebelarse y a iniciar la contrucción de otro mundo”.

“¿Alguien sabe a dónde va un desaparecido? ¿Alguien sabe adónde se llevan a los desaparecidos, dónde se buscan, dónde encuentran?”, preguntó Belén González, madre y voz de su hijo Jacob Vicente Jiménez González, desaparecido el 25 de septiembre de 2015 por elementos de la policía estatal en Coatzacoalcos, y coordinadora del colectivo Madres en Búsqueda. “Nos hemos convertido en policías, en forenses, buscando a nuestros hijos (…) y a pesar de que llevamos todo, de que hacemos las investigaciones, ellos obstaculizan nuestro trabajo, nos criminalizan. (…) Vivimos día a día con terror y seguimos buscando a nuestros hijos”. Y añadió: “Estoy aquí porque vemos en ustedes concejales y en usted Marichuy una esperanza a nuestro dolor y a nuestra hambre y sed de justicia”.

Por su parte, Marichuy habló del origen y el sentido de la propuesta del CIG, explicando, como en otros lugares, que surgió a partir de la constatación de que la situación en todo el país empeora dramáticamente y que ninguna acción dirigida a los de arriba logra cambiar nada. Por eso se conformó el CIG y se decidió participar en este proceso, para utilizarlo como plataforma para denunciar lo que sucede en las comunidades y para invitar a la organización. “Tenemos que pensar más allá del 2018: cómo nos vamos a organizar, y no sólo en México sino en el mundo. Porque el gran capitalismo, que sólo destruye tierras y territorios, no sólo está aquí, sino en todo el mundo, y nosotros los dueños de las tierras les estorbamos.

Escucha los audios aquí:

Palabras de los pueblos nahuas, popolucas y mestizos del sur de Veracruz: (Descarga aquí)  

Belén González, madre de Jacob Vicente Jiménez González, desaparecido en 2015 por elementos de la policía estatal: (Descarga aquí)  

Concejala Maribel: (Descarga aquí)  

Marichuy: (Descarga aquí)  

 

 

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SubVersiones

Se aplica doctrina del shock tras terremoto en Oaxaca

– Renata Bessi y Santiago Navarro F.
(Fuente: SubVersiones)

Naomi Klein, en su libro La doctrina del shock, sostiene que las políticas económicas del Premio Nobel Milton Friedman y de la Escuela de Economía de Chicago, han alcanzado importancia en países con modelos de libre mercado no porque fuesen populares, sino a través de impactos en la psicología social a partir de desastres o contingencias, provocando que, ante la conmoción y confusión, se puedan hacer reformas impopulares.

Ha pasado poco más de un mes desde que sucedió el terremoto más fuerte de los últimos 100 años en México, 8.2 grados en la escala Richter, el 7 de septiembre; el paisaje en el Istmo de Tehuantepec, la región más afectada, aún es de devastación. La ciudad de Juchitán de Zaragoza se asemeja a una ciudad fantasma. Por donde mires hay escombros o edificios dañados. Los cuerpos policiacos y militares aun deambulan por las calles fuertemente armados.

La tierra aun no ha dejado de temblar. Extraños sonidos emanan de las profundidades del mar en las costas de Oaxaca. Es posible sentir temblores de hora en hora. El sistema nacional de servicio sismológico nacional de México calcula ya más de 6 mil réplicas, además de un segundo terremoto de 7.2 grados Richter que sucedió el 19 de septiembre y devastó diversas localidades de la Ciudad de México, donde se han contabilizado —hasta el 4 de octubre— 369 muertes.

Datos oficiales del Gobierno de Oaxaca precisan que el sismo afectó a 120 mil personas en 41 municipios, así como 60 mil 600 viviendas de las cuales 20 mil 664 tuvieron daño total y 39 mil 956 daño parcial. Su infraestructura, redes de agua potable y de drenaje están dañadas. La economía local está golpeada. En las calles la basura se amontona. La preocupación es por una posible crisis sanitaria.

El municipio de Ixtaltepec, una de las regiones más afectadas, se asemeja a una zona de guerra. La maquinaria del gobierno o de las empresas eólicas que dominan la región va demoliendo sin discriminación alguna todo lo declarado como pérdida total, por lo menos 80% de las viviendas. Parte de los vecinos ha rescatado lo que ha podido y ha decidido abandonar la comunidad. La incertidumbre ha tomado por asalto el sueño y la tranquilidad de las personas que resisten para no abandonar su hogar, su comunidad y su historia. «Yo no me voy a ir de aquí, porque este es mi hogar, aquí están mis raíces, aquí es mi pueblo», dice Joaquín Sánchez, de Ixtaltepec.

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Centro de Lengua y Cultura Zoque AC

Mujeres zoques en resistencia contra la ofensiva global neoliberal

MUJERES Y PUEBLOS EN RESISTENCIA CONTRA LA OFENSIVA DEL CAPITALISMO GLOBAL

Las voces de las mujeres zoques son expuestas en su lucha contra los proyectos extractivos en el norte de Chiapas, México.

Éste es el testimonio de Dominga Meza, defensora del territorio zoque de Ixtacomitán, Mayo, 2017:

Éste es el testimonio de Filiberta Domínguez Gómez originaria de Chapultenango. Mayo, 2017:

Éste es el testimonio de Silvia Juárez Juárez, defensora del territorio zoque de Tecpatán, Mayo, 2017:

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COPINH

Justicia para Berta Cáceres: Presentación del Informe del GAIPE

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Medios-Frayba

[Medios-Frayba] Empresas mineras provocan división comunitaria en Chicomuselo

Chicomuselo, Chiapas. 26 de septiembre de 2017.

Boletín Informativo.
A las y los defensores de la Madre Tierra y el territorio
A los pueblos y colectivos organizados en defensa de la vida.
Al Congreso Nacional Indígena (CNI)
A los Centros de Derechos Humanos honestos e independientes nacionales e internacionales.
A los medios de comunicación independientes y alternativos nacionales e internacionales.
A la opinión pública.
CONTINUAN HOSTIGAMIENTO CONTRA EJIDATARIOS POR SU POSICIONAMIENTO CONTRA LA EXPLOTACION MINERA EN EL MUNICIPIO DE CHICOMUSELO, CHIAPAS.
El Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”, manifiesta su preocupación ante la falta de atención por parte del Estado al conflicto interno en el ejido Ricardo Flores Magón en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, derivado del posicionamiento que mantienen un grupo de ejidatarios de ese lugar de no permitir el paso de compañías mineras por esa comunidad, y es que desde la experiencia que vivieron en el año 2007 cuando permitieron el paso de la minera canadiense Blak Fire, fueron afectados con el ruido de los camiones, polvos que dejaban a su paso, deterioro de sus carreteras, además de daños a su salud, entre otros, hasta el día de hoy mantienen firme su decisión de no permitir el paso de compañías mineras.
Esta situación ha derivado que la Asamblea General, representado por su comisariado ejidal hayan acordado la destitución de un grupo de 10 ejidatarios de las Asambleas y no tomarlos en cuenta en los trabajos comunitarios, de igual manera fue destituido del cargo como Agente municipal de la comunidad el C. Rolando Hernández López, por los motivos antes expuestos.
El 14 de mayo del presente año cuando este grupo de ejidatarios participaba en labores de vigilancia para cuidar la entrada de mineros a sus territorios junto a otras personas de otras localidades fueron amenazados de muerte por una persona que responde a nombre de Isidro López Alvarado, vecino del mismo lugar quien portaba un arma de fuego. Hechos que fueron del conocimiento del Ministerio Publico de Chicomuselo por el cual se abrió el Registro de Atención Número 016-030-0605-2017, en el cual este sujeto reconoció los hechos y se comprometió a respetar la integridad de las personas, turnando el archivo como caso concluido por conveniencia de las partes.
Estos hechos nos recuerdan el caso de Mariano Abarca Roblero, asesinado en el año 2009 por oponerse a la explotacion minera en Chicomuselo, que operaba la empresa canadiense Blak Fire, quien fue amenazado de muerte y aunque denunció los hechos ante la Fiscalía del Ministerio Público quince días después fue asesinado, hechos que hasta el momento sigue sin esclarecerse.
Por otro lado manifestamos que la insistencia de compañías mineras por explotar minerales en distintas localidades del municipio de Chicomuelo, sigue provocando división del tejido social, toda vez que estas empresas se aprovechan de la pobreza de los habitantes para ofrecerles apoyos económicos para que acepten el proyecto minero, situación que provoca aumento de la conflictividad entre los que rechazan la actividad minera y de quienes están a favor.
Por información que proporcionan las comunidades tenemos conocimiento que la empresa MINERA BARITA DE CHIAPAS, representado por el Señor Alfonso Alarcón, supuesto propietario de las concesiones mineras en Chicomuselo, es la que se encuentra negociando el paso por el ejido Ricardo Flores Magón y en el ejido Grecia donde pretenden explotar los recursos minerales que hasta la fecha se mantiene suspendida.
Cabe mencionar que actualmente el municipio de Chicomuselo tiene 12 concesiones mineras con vigencia hasta el año 2059, mismas que fueron otorgadas a diversas compañías sin el consentimiento libre, previo e informado de sus habitantes tal y como se establece en instrumentos internacionales como el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por todo lo anterior este Comité de Derechos Humanos solicita al Estado Mexicano
en sus distintos niveles:
  • Cancelación definitiva de las concesiones mineras en el municipio de Chicomuselo, toda vez que es decisión de las comunidades que manifiestan su rechazo a los proyectos mineros.
  • Intervención urgente de la Procuraduría Agraria como órgano de apoyo por parte del estado para de defensa de los derechos de los ejidatarios quienes desde el mes de mayo no han sido atendidos pese al conocimiento de la mencionada dependencia.
  • Proteger y salvaguardar la integridad física de las personas defensoras de la tierra y el territorio en el municipio de Chicomuselo, Chiapas.
Por último queremos invitar a los pueblos, comunidades, ejidos, organizaciones de base, a los hombres y mujeres de este país para articular nuestras luchas en cualquier geografía contra este sistema capitalista y sistema de muerte. La tierra es una herencia de nuestros ancestros, y hay que cuidarla y defenderla. Nuestros pueblos y organizaciones han decidido firmemente defender la vida, el territorio y el medio ambiente, porque está en riesgo el futuro de nuestro país. Por tal motivo los y las invitamos para que participen a la mega peregrinación denominado “Movimiento contra la explotación minera y el despojo de la Tierra”, que estaremos realizando el día 2 de octubre partiendo desde la comunidad Ricardo Flores Magón a las 8:00 de la mañana y culminando en la cabecera municipal de Chicomuselo, Chiapas. 
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Amenazas, hostigamientos y despojo a ejidatarios antimineros
Me llamo Silvestre Hernández Sánchez soy originario del Ejido Flores Magón del Municipio de Chicomuselo, Chiapas; integrado por 72 ejidatarios/as, del cual soy parte.
Soy PROMOTOR del Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz”, defensor de los derechos humanos y del medio ambiente.
Desde el 2003 la empresa Caracol empezó con la exploración y explotación de la Barita en la Mina la Revancha II del Barrio San Ramón del Ejido Grecia del municipio de Chicomuselo, Chiapas. en el 2005 transfiere las concesiones a la empresa minera canadiense denominada Black Fire Ltd, esta empresa por ser más grande redoblo horarios de trabajo y aumentaron más sus actividad de saqueo del mineral barita, es decir del diario pasaban de 20 camiones o más cargados de la barita, y en nuestro ejido vivimos muchos a la orilla de la carretera, todo el polvo que emitían al pasar los carros llegaban a nuestras casas y esto nos estaba enfermando los ojos, empezamos a padecer de conjuntivitis, mucha tos y enfermedades gastrointestinales por la contaminación del agua, hablamos en una de las asamblea que ya no se permitiera el paso a los camiones y se levantó un acta de acuerdo de ya no permitir el paso de la empresa, estuvimos de acuerdo y firmamos el acta, se mantuvo este acuerdo por mucho tiempo.
Lamentablemente con la entrada de la nueva autoridades ejidales, el presidente del Comisariado ejidal y su directiva, son pieza claves para obtener la anuencia de la comunidad, les compran su voluntad a las personas. Ya que estas empresas invierten en la compra y división de las comunidades. Reparten despensas y regalos, apoyan fiestas, pagan algunos gastos para mejoras de la comunidad y con esto les permite tener el apoyo de la comunidad. él comisariado ha manipulado a la asamblea para que se acepte este proyecto, y empieza la división del ejido.
El 30 de abril del 2016 un grupo de 12 ejidatarios en la asamblea manifestamos nuestra inconformidad y dijimos que no estábamos de acuerdo con lo que está haciendo el Sr. Cesar López Alvarado actual Presidente del comisariado y su directiva, ya que estos defienden los intereses de la empresa, y por este motivo han intimidado y condicionado a muchos que están inconformes: por ejemplo de quitarles el agua, de no firmarles oficios o documentos cuando lo necesiten. Prácticamente negarles todo servicio que necesite del ejido si no apoyan a este proyecto minero
Como defensor de los derechos humanos y en conjunto con otros compañeros/as nos han amenazado de muerte, nos han intimidado por defender la vida y la madre tierra ante estos proyectos mineros. En las asambleas ejidales hemos demostrado nuestra postura de No a la minería, si a la vida, sabemos bien que estos proyectos únicamente nos traen afectaciones, muerte y nada de desarrollo como la empresa minera lo dice. Me han acusado de que soy el alborotador en la comunidad y que me iban a destituir del ejido
El 30 abril 2017 en la asamblea ejidal al no aceptar firmar acta de acuerdo de paso de la maquinaria y los camiones de la empresa Minera Barita de Chiapas (MIVACHI), nos dijeron que para que asistimos a la reunión si no vamos a firmar los acuerdos que era mejor que ya no asistiéramos a las reuniones porque nada más les estorbamos y que no buscamos el bien del ejido.
Por lo tanto pido a las autoridades correspondientes que me restituyan mis derechos ejidales ya que mi única falta ha sido defender mis derechos, el derechos de todos/as y los derechos de la Madre Tierra ya que he cumplido con las cooperaciones económicas, trabajos y servicios en el ejido.
Se ha solicitado a la Procuraduria Agraria que hagan presencia en el ejido y aclaren cual es la función de cada uno de los representantes de autoridades del ejido y si el defender nuestros derechos nos deben de destituir del ejido.
Para nosotros los campesinos/as, La tierra y territorio son un elemento fundamental para la vida, es el sentido de nuestros pueblos y comunidades. Sin territorio no hay pueblo.
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Frayba

[Medios Frayba] Transmisión en vivo de la conferencia de prensa: NO A LA MINERÍA

Conferencia de prensa:
NO A LA MINERÍA

Fecha y hora: Martes 26 de septiembre de 2017;  11:00 horas

Participa: Comité para la Promoción y Defensa de la Vida “Samuel Ruiz” de Chicomuselo, Chiapas
Modera: Frayba
Lugar: Sala de juntas del Museo de la Ciudad, Av. Central Poniente #288, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas (La entrada es por el estacionamiento sobre la 2 poniente)

Transmisión en vivo por: https://www.facebook.com/FraybaDerechosHumanos/

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Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua (FPDTA) exige cancelación de órdenes de aprehensión y del Proyecto Integral Morelos

Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Consejo Indígena de Gobierno

NIEGAN AMPARO CONTRA ORDEN DE APREHENSION A DEFENSORES DEL TERRIOTORIO 

  • Juez de Amparo en Tlaxcala valora indebidamente supuestas pruebas plenas.
  • Con la ratificación de las ordenes de aprehensión se demuestra que no existen condiciones para una consulta libre, previa e informada sobre el Gasoducto Morelos

Después de 3 años, 3 meses que nuestro compañero defensor de derechos humanos JUAN CARLOS FLORES SOLIS, desde la cárcel interpusiera amparo en mayo de 2014 contra una nueva orden de aprehensión que anunciara el 24 de abril de 2014, el Secretario de Gobernación en Puebla, Luis Maldonado Venegas  en el noticiero radiofónico de MVS Radio conducido por Carmen Aristegui, al manifestar que quienes se oponen al Proyecto Integral Morelos tienen más ordenes de aprehensión no solo en el ámbito local, sino en el federal. El pasado 28 de julio de 2017 el Juzgado Primero de Distrito con sede en Tlaxcala negó el amparo a los defensores comunitarios integrantes del Frente de Pueblos ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL y JUAN CARLOS FLORES SOLIS argumentando que el juez de la orden valoró adecuadamente las pruebas contra los defensores de derechos humanos que son considerados en el proceso penal federal 19/2014 como pandilleros.

La orden de aprehensión sucedió con motivo de una denuncia  que el apoderado legal de la CFE, JULIO CHAPA GARZA, hiciera ante el Ministerio Público Federal el 19 de enero de 2014 a las 11 de la noche contra los integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, argumentando que los trabajadores de la CFE, CARLOS AURELIO MUÑOZ ZAMBRANO Y HECTOR ALEJANDRO TORRES SANTOS, le hablaron por teléfono para informarle que estaban privados de su libertad, sin embargo las presuntas víctimas acudieron personalmente a denunciar el hecho casi 4 meses después, el 6 de abril de 2014, día en que fueron detenidos nuestros compañeros: la comisariada ejidal de San Felipe Xonacayucan ENEDINA ROSAS VELEZ, y un día antes que detuvieran al defensor de derechos humanos JUAN CARLOS FLORES SOLIS. Lo que evidencia la coordinación de los tres niveles de gobierno para criminalizar a quienes se oponen al Proyecto Integral Morelos.

Sobre JUAN CARLOS FLORES SOLIS, pesaron 3 procesos penales siendo acusado de 9 delitos en total: la 127/2012 por los delitos de motín, extorsión, daño a obra hidráulica y despojo; 121/2014 por los delitos de robo agravado con violencia de dos teléfonos celulares y obstrucción de obra pública el cual compartió con los comisariados ejidales ENEDINA ROSAS VELEZ y AVELINO VELAZQUEZ TAPIA y; 19/2014 por los delitos de privación ilegal de la libertad con agravante de violencia, contra servidor público y pandillerismo, el cual comparte con los defensores comunitarios ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL, autoridades civiles y ejidales de San Lucas Tulcingo, así como del comisariado de bienes comunales de San Juan Amecac AVELINO VELAZQUEZ TAPIA. De los dos primeros procesos FLORES SOLIS salió absuelto, pero continua la persecución en su contra con el expediente 19/2014, llevando 40 meses sin conseguir la libertad absoluta y los defensores ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL 39 meses de ser perseguidos judicialmente.

En septiembre de 2015 nuestra organización el FPDTA denunció que la orden de aprehensión del expediente 19/2014 fue utilizada como moneda de cambio para que las autoridades agrarias de San Lucas Tulcingo aceptaran el paso del gasoducto a cambio del perdón de sus autoridades, sin embargo al conocer de este perdón los defensores comunitarios lo anexaron a su amparo como prueba de que los trabajadores de la CFE supuestamente retenidos utilizaban la denuncia como medio de extorsión para conseguir sus fines de liberación del derecho de vía del gasoducto, sin que esto fuera tomado en cuenta por el juez de amparo. Del mismo modo nuestros compañeros amparados ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL y JUAN CARLOS FLORES SOLIS, argumentaron ante el juez de amparo radicado en Tlaxcala que la inspección ministerial que sucedió el 20 de enero de 2014 manifiesta que no pudo comprobar que estaban privados de su libertad los CC. CARLOS AURELIO MUÑOZ ZAMBRANO Y HECTOR ALEJANDRO TORRES SANTOS y que el Notario Público de Atlixco que el mismo día levanto un instrumento notarial fedatando que las víctimas habían sido privadas de su libertad desde el 19 de enero al 20 de enero de 2014, no tiene validez porque al notario no le consta por propios sentidos que haya habido tal privación de la libertad, pues solo fue testigo de una Minuta de Trabajo el 20 de enero de 2014 a las 15:30 horas, donde la comunidad dio a conocer a los directivos de la CFE su negativa al paso del Gasoducto. Siendo ambas pruebas confirmadas por el juez de amparo como pruebas plenas que comprueban la privación ilegal de la libertad. Dejando a los quejosos solo el Recurso de Revisión ante el Tribunal Colegiado de Tlaxcala para que revoque la orden de aprehensión que pesa sobre los defensores del agua y la tierra.

Sin embargo el Tribunal Colegiado de Tlaxcala no ha sido la instancia que ha mostrado celeridad e independencia al resolver estos casos, pues en sus manos estuvo un Incidente de Acumulación de los amparos de  ADELA VILLALBA RAMOS, EUSEBIO AGUILAR TORRES, ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL y JUAN CARLOS FLORES SOLIS el cual tardo en resolver 18 meses, que fue el principal hecho que mantuvo suspendido la resolución del amparo. En esta ocasión existe un plazo máximo en el artículo 92 de la Ley de Amparo para que se resuelva el Recurso de Revisión en menos de 90 días hábiles, pero de no conceder el amparo a los quejosos los dejara en un estado de indefensión ante la arbitrariedad de las autoridades que persiguen a los defensores de derechos humanos como pandilleros y delincuentes por oponerse a la falta de consulta del Proyecto Integral Morelos.

Después de la sentencia de amparo dictada el 7 de abril de 2017 en el expediente 402/2015 donde se concede a los pueblos de Atlixco el amparo para efecto de ser consultados como pueblos indígenas sobre la construcción y funcionamiento del Gasoducto Morelos, es evidente que no existen las condiciones para dicha consulta, pues ya no se lleva acabo de manera previa a la construcción de la obra, ni tampoco se da en condiciones de libertad pues se sigue persiguiendo a los defensores de derechos humanos que denuncian y se defienden contra las arbitrariedades de este proyecto, así como tampoco es informada, pues hasta la fecha las comunidades en zona de riesgo volcánico no cuentan con información sobre las medidas de seguridad y contingencia que deben seguir en caso de alerta volcánica ya que el paso del gasoducto bloquea las rutas de evacuación del Volcán Popocatépetl.

 

EXIGIMOS LA CANCELACION DE LAS ORDENES DE APREHENSION CONTRA NUESTROS COMPAÑEROS DEFENSORES COMUNITARIOS Y LA CANCELACION DEL PROYECTO INTEGRAL MORELOS

ALTO A LA CRIMINALIZACION A LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua – FPDTA

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Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec

CNI: ¡No a los proyectos extractivistas en el Istmo de Tehuantepec!

Al Congreso Nacional Indígena
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A los medios de comunicación
A las organizaciones sociales
A los pueblos indígenas de México y el mundo
A la opinión pública
Al pueblo istmeño

Gobierno Federal Violenta flagrantemente el derecho a la consulta previa, libre e informada al iniciar la construcción de un muelle y un dren de 300 metros en la playa Copalita de San Dionisio del Mar.

La Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar (AGPSDM) denuncia que el gobierno federal con recursos del Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) pretende construir en la Playa Copalita de San Dionisio del Mar un muelle de 300 metros y un dren, la constructora irrumpió en la playa retirando a los pescadores coperos y sus instrumentos de trabajo; dicha constructora no se ha identificado, pero está representada por un ingeniero de origen francés, quien el día 17 de junio ante la solicitud de los compañeros se presentó a la Asamblea General del Pueblo de San Dionisio del Mar, y con actitud altanera y prepotente dijo que era un proyecto que se había gestionado hace 20 años ante el FONDEN, y que ahora estaban allí para construirlo, y que si querían información preguntaran al FONDEN y a Pesca.

Frente a estos hechos, se convocó de manera urgente a una asamblea general de los pueblos el día 10 de julio en San Dionisio del Mar, donde se tomó la decisión de no permitir la obra, porque a la comunidad no se le informó, consulto y no hubo acuerdos previos para la autorización de la misma, además que es una obra que no se le identifica utilidad para la misma comunidad, en cambio sí puede ser la entrada de las empresas eólicas en territorio Ikoots.

Denunciamos que el día de hoy 11 de julio de 2017, el gobierno estatal ha enviado 15 patrullas de la policía a nuestra comunidad para proteger a la empresa y amenazar nuestra justa resistencia en defensa de nuestro territorio.

Declaramos que como pueblos y comunidades indígenas Ikoots y binnizá del istmo de Tehuantepec, no permitiremos la instalación de ningún proyecto extractivista más en nuestro territorio, y nos mantenemos en alerta máxima ante las acciones de criminalización y hostigamiento que los diferentes niveles de gobierno y las empresas pretendan imponer a nuestros pueblos y nuestra organización.

La AGDSDM, determinó que su coordinación no acudirá a ninguna mesa de supuesto diálogo fuera de la comunidad y convocamos a las comunidades a participar en un dialogo con las autoridades responsables, de cara a la asambleas, esto se realizara en el casino municipal de San Dionisio del mar a las 19 horas horario de la resistencia, el día lunes 17 de julio de 2017.

¡NO, A LOS PROYECTOS EXTRACTIVISTAS EN EL ISTMO DE TEHUANTEPEC!

                                                      ¡NO AL PROYECTO EÓLICO!

         ¡LA TIERRA, EL MAR Y EL VIENTO NO SE VENDEN, SE AMAN Y SE DEFIENDEN!

ASAMBLEA DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO. Asamblea general DEL Pueblo de san Dionisio del Mar, Comuneros y Resistencia Civil de Santa María Xadani, Movimiento de Resistencia Civil de Chahuites, Tapanatepec, Zanatepec, San Francisco del Mar, Álvaro Obregón, Comité de Resistencia Civil contra el Proyecto eólico de Unión Hidalgo.

POR LOS PUEBLOS EN RESISTENCIA: San Mateo del Mar, Col. Álvaro Obregón de Juchitán, Colonia Laguna Santa Cruz de San mateo del Mar, Cooperativa de pescadores de San francisco del Mar y pescadores libres.

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Espoir Chiapas

Fotorreportaje – Caravana a la comuidad de Cruztón

Primera parte – Pueblos y comunidades del CNI, Sexta y Sociedad Civil apoyan a Cruzton

El domingo 9 de julio, a mas de un mes del terrible asesinato del Compañero de la comunidad de Cruzton, Venustiano Carranza, Chiapas, Rodrigo Guadalupe Huet, por un grupo de choque de la comunidad vecina Nuevo Guadalupe Victoria, se organizo una caravana pacifista y de solidaridad.

La caravana estaba integrada por varios integrantes, de colectivos, centros, organizaciones, integrantes o no del Congreso Nacional Indígena asi que varios individuales de la Sexta declaracion de la Selva Lacandona.

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Radio Zapatista

La comunidad de Cruztón: muerte y resistencia

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El pasado 22 de mayo de 2017 a las 6 de la mañana, el campesino Rodrigo Guadalupe Huet Gómez, de la comunidad de Cruztón, recibió un tiro en la sien. Llevaba dos horas atrincherado en el cementerio junto con otros compañeros, adonde habían ido para defender el local que, desde hace casi un siglo, ha sido el espacio sagrado donde yacen sus muertos. Desde hace más de un año, un grupo armado del vecino ejido Guadalupe Victoria, que se autodenomina Nuevo Guadalupe Victoria, ha intentado despojarlos a ellos, y a la comunidad vecina de Nueva Libertad, del cementerio y las tierras aledañas, que incluyen algunas pequeñas propiedades.

Cuatro horas duró la balacera, con armas de alto calibre posicionadas estratégicamente en varios puntos, demostrando muy probablemente que el grupo atacante tiene formación militar. Fue en un momento de cierta calma cuando Rodrigo Guadalupe decidió levantarse para observar, y así recibió el impacto de bala.

Sus compañeros entonces llamaron a una ambulancia de Venustiano Carranza, pero ésta fue interceptada en Guadalupe Victoria por un grupo encabezado por el agente municipal Eleuterio Bautista Aguilar, que los campesinos de Cruztón identifican como uno de los líderes del grupo armado. Entonces se pidió otra ambulancia, esta vez de Teopisca, que viajó acompañada por una camioneta de Protección Civil. Ambas, sin embargo, fueron interceptadas a 100 metros de donde estaba Rodrigo Guadalupe por un grupo fuertemente armado, que las forzó a retirarse.

Así, Rodrigo Guadalupe, activista tsotsil adherente a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del EZLN y miembro de Semilla Digna y del Congreso Nacional Indígena, falleció a las 7 de la mañana. (Lee la denuncia de Cruztón.)

Desde entonces, los hostigamientos por parte del grupo armado se han incrementado. El 16 de junio volvieron a ocupar el cementerio y las tierras aledañas, montando cinco puntos de vigilancia, con 5 o 6 personas fuertemente armadas en cada uno. Al mismo tiempo, cortaron el suministro de agua a la comunidad de Nueva Libertad, dejando a 40 familias sin acceso al líquido vital. Un día después, cortaron el cable de alta tensión que provee electricidad a Cruztón. El 18 de junio, intimidaron a pobladores de Nueva Libertad que se dirigían a Cruztón, con tiros al aire. Y dos días después, bloquearon el camino que da acceso a la comunidad de Cruztón, dejándolos incomunicados durante 10 horas.

Cruztón: una historia de lucha por la tierra

Los campesinos de Cruztón han vivido en esas tierras por generaciones. Antes del levantamiento zapatista de 1994, las tierras de Cruztón pertenecían a la finca Mispía, que años después fue rebautizada como finca Nazareth, propiedad de la familia Villafuerte, de la Ciudad de México. Dicha finca fue dividida en cuatro partes –Nazareth (el casco), Jerusalén, Cruztón y Guadalupe–. A los campesinos de Cruztón los Villafuerte les entregaron la tierra con escritura pública.

Pero en 1994, campesinos de Guadalupe Victoria, haciéndose pasar por zapatistas, les arrebataron 395 hectáreas de su territorio. Un año después, el gobierno, con el afán de detener las tomas de tierras a lo largo del estado, compraron las tierras para entregarlas a los campesinos. Pero por un supuesto “error” burocrático, el gobierno las entregó al grupo invasor.

En 1997 los campesinos de Cruztón intentaron recuperar sus tierras, pero fueron fuertemente reprimidos por policías y militares, según testimonio de los propios campesinos, y después de eso se desorganizaron.

En 2005 el EZLN publicó la Sexta Declaración de la Selva Lacandona, y en 2006 los campesinos de Cruztón se adhirieron a la Otra Campaña. Un año después, decidieron recuperar las tierras que les habían arrebatado en 1994, incluyendo el manantial, fuente importantísima de vida para la comunidad.

La recuperación de las tierras motivó una fuerte represión policíaca en tres diferentes momentos de 2008, con detenciones, amenazas a mujeres y niños, órdenes de aprehensión y la instalación de un campamento a poca distancia de sus tierras. Pero la solidaridad no se hizo esperar. En julio de ese año, una caravana nacional e internacional de observación llegó a Cruztón y denunció las violaciones cometidas por el gobierno.

Todo parece indicar que lo que está por detrás de la represión es el oro. En 2007, la minera canadiense Radius Gold, por medio de su subsidiaria Geometales del Norte, adquirió más de 48 mil hectáreas en el municipio de Venustiano Carranza, en concesión para explotarlas durante 50 años. La concesión coincide con tierras de Cruztón y otras comunidades y ejidos de la región. (Ver La Jornada, 8 de julio de 2008 y Reporte de actividad minera de Otros Mundos.)

El hostigamiento por parte del gobierno continuó en 2009, con amenazas de un ataque militar y acusaciones de tráfico de armas, drogas y migrantes. Pero la presión nacional e internacional surtieron efecto, y en julio de 2009 el gobierno resolvió a favor de los adherentes de Cruztón por medio de un convenio de finiquito, en el que el grupo invasor desistía de cualquier reclamo sobre las tierras.

Pero los conflictos no pararon. En 2011, la comunidad de Cruztón denunció nuevas amenazas de desplazamiento por parte de la Organización Campesina Emiliano Zapata – Región Carranza (OCEZ-RC). Al mismo tiempo, en abril de ese año se presentan personas desconocidas diciendo que los había mandado la Procuraduría Agraria, supuestamente porque allí había tierras disponibles. Y al parecer una persona de nombre Guadalupe Cruz, de Teopisca, comienza a formar un grupo para “vender” tierras de Cruztón a terceros y así crear conflictos.

En 2013 empieza el conflicto en las tierras actualmente en disputa. Se trata de un área entre Guadalupe Victoria y Cruztón, donde se encuentran varias pequeñas propiedades, el cementerio y el manantial que provee de agua a las comunidades de la región. Ese año, el grupo de Guadalupe Victoria, que afirma que se trata de tierras pertenecientes a su ejido, coloca banderas en 12 pequeñas propiedades con la intención de apoderarse de ellas.

Dos años después, el 16 de abril de 2015, dicho grupo invade tres pequeñas propiedades en esas tierras, y tres semanas después cierra el paso de Cruztón a Venustiano Carranza y detiene a varios compañeros durante dos horas, amenazándolos con armas largas. (Ver denuncia de Cruztón.)

Pero es el 1 de febrero de 2016 cuando el grupo invasor clausura el acceso al cementerio común. Tres meses después, el 10 de mayo de ese año, los adherentes de Cruztón deciden recuperar el cementerio sagrado. Ese mismo día, Agusto de la Cruz Pérez, de Cruztón, es secuestrado por el grupo armado, golpeado, colgado durante una hora y amenazado.

Y ahora, el asesinato de Rodrigo Guadalupe Huet Gómez.

Actores y motivos: un panorama complejo

No queda claro quiénes conforman el grupo armado de Nuevo Guadalupe Victoria ni cuándo se formó, aunque, según denuncias de la comunidad de Cruztón, desde marzo de 2003 ya había amenazas de invadir 12 pequeñas propiedades en las tierras en disputa. En aquella época, el grupo se identificaba como perteneciente a la OCEZ-RC, aunque ahora dicha organización se deslinda de ellos e incluso exige una investigación de los hechos del 22 de mayo pasado. En un comunicado reciente, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) los reconoce como miembros de su organización y acusa nada menos que a los adherentes a la Sexta agredidos de la comunidad de Cruztón de ser paramilitares.

El grupo armado está conformado por 30 familias y, según información obtenida por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), la asamblea ejidal de Guadalupe Victoria los desconoce. Vale decir que las armas de dicho grupo son de alto calibre y de uso exclusivo del ejército y que, como dijimos arriba, todo parece indicar que tienen conocimiento de tácticas militares. La mayoría de las personas identificadas como líderes del grupo armado por los adherentes a la Sexta de Cruztón son los mismos que ya en 2015 los mismos campesinos identificaron como los líderes de la invasión de tres pequeñas propiedades en el territorio en disputa.

Como decimos, no queda claro quiénes conforman el grupo armado de Nueva Guadalupe Victoria. Pero las concesiones mineras en la región, los intereses económicos que ellas implican y la historia de amenazas, violencia y represión estatal apuntan a la trillada estrategia del Estado para apoderarse de tierras indígenas y campesinas: enfrentar a organizaciones y comunidades para desestructurar la resistencia y permitir el paso de proyectos extractivos.

El escenario se complica con la denuncia de la Organización Nacional del Poder Popular (ONPP) de que, en un recorrido por los predios invadidos, encontraron un sembradío de marihuana. Estando el cementerio en la cumbre de un cerro desde donde se divisa claramente todos los alrededores, se puede asumir que uno de los móviles para las acciones del grupo armado es el control territorial, no descartando que se trate de un grupo con vínculos al crimen organizado.

Por otra parte, las agresiones suceden al momento en que el Congreso Nacional Indígena (CNI) conforma un Concejo Indígena de Gobierno y elige a su vocera, María de Jesús Patricio Martínez, que se presentará como candidata independiente en las elecciones presidenciales de 2018. Y coincide también con una serie de actos de violencia, represión u hostigamiento contra comunidades del CNI y, en particular, contra comunidades que conforman a Semilla Digna (un espacio organizativo del CNI en Chiapas), del cual Cruztón es parte. Como es sabido, una de las razones para conformar el Concejo Indígena de Gobierno es la destrucción y violencia que sufren los pueblos originarios del país a manos de las industrias extractivas en complicidad con el crimen organizado y el Estado.

Este próximo domingo 9 de julio, una caravana viajará a la comunidad de Cruztón para solidarizarse con los compañeros agredidos y sobre todo con la familia de Roberto Guadalupe, y para visibilizar esta escalada de violencia.

Foto: @ap

 

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