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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Parte III

Violencia Paramilitar en los Agronegocios

La proliferación de actores armados no estatales en casos de disputas y conflictos territoriales se puede observar en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de represas hidroeléctricas y el turismo. Según una base de datos del Monitor de Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras, “entre 2009 y 2019, cerca del 40 por ciento de todos los casos agrarios involucraron agresiones por parte de actores armados no estatales que resultaron en diversas formas de violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos”.

Comencemos con el sector agroindustrial, particularmente las plantaciones de palma de aceite en el Valle del Bajo Aguán. Esta es una de las regiones más fértiles de América Latina y también la más mortífera para los defensores de la tierra y el medioambiente. Entre los años setenta y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva (Carasik, 2017).

Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant – propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya.

Desde el año 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de estos movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán.

Esta organización ha estado exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación de tierras en disputa.

El Valle del Bajo Aguán fue la ubicación del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) financiado por los Estados Unidos, que participó en el entrenamiento de los Contras nicaragüenses y el Ejército salvadoreño desde 1950 hasta 1980. Actualmente, el Valle del Aguán sigue siendo un sitio altamente militarizado donde los Batallones 14 y 15 de las fuerzas armadas han establecido una presencia permanente como parte de la Operación Xatruch II y III (Bird, 2013).

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El operativo militar-policial de estilo contrainsurgente ha desplegado más de 8.000 efectivos desde 2011, con el objetivo de combatir la violencia relacionada con los conflictos territoriales en la zona. Según un portavoz del operativo: “Esta es una fuerza pacificadora… Somos una fuerza que escuchará a ambas partes, para ayudarlas a llegar a un acuerdo de convivencia pacífica apoyado por nosotros de acuerdo con nuestras responsabilidades bajo la ley”. (Ramsey, 2012).

Sin embargo, el personal del operativo en realidad protege exclusivamente a los grandes propietarios a costa de los pequeños agricultores. “Las fuerzas de Xatruch protegen las plantaciones de palma de aceite junto con la pertinente seguridad privada, desalojan por la fuerza a los campesinos, intimidan a los residentes locales y acosan sexualmente a las mujeres, sin ofrecer protección a las víctimas de la violencia, dijeron en entrevista los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria.

Según testimonios locales, las fuerzas de Xatruch cosechan el fruto de la palma en la finca Paso Aguán, lo que parece ser un pago en especie de Corporación Dinant, financiada por el Banco Mundial (Bird, 2016).

Operativo de la policía para desalojo de familias campesinas ι Marzo 2019

El Bajo Aguán también alberga un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones de derechos humanos contra miembros de movimientos campesinos locales involucrados en disputas y ocupaciones de tierras. Ha habido más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de activistas en defensa de la tierra o sus familiares (Defensores en Linea, 2016).

Además, asesinatos, palizas, torturas, detenciones ilegales, intimidación, destrucción de viviendas, cultivos y ganado, y otras formas de agresión han tenido lugar en el contexto de desalojos violentos forzosos, así como el ataque a activistas y sus familias en el interior de sus hogares o en espacios públicos.

En este entorno altamente militarizado, los actores más comunes que participan en la violencia paramilitar han sido los guardias de seguridad privada y las bandas criminales locales.

Según las observaciones de 2013 del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, en el Valle del Aguán hay una “presunta participación de empresas de seguridad privada, contratadas por terratenientes, en violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos y violencia sexual”, (HRW, 2014).

El 15 de noviembre de 2010, cinco integrantes del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) – Raúl Castillo, José Luis Sauceda, Ciriaco Monoz, Teodoro Acosta e Ignacio Reyes García – fueron masacrados por fuerzas de seguridad privadas de la empresa Orión, contratada por Corporación Dinant. Dinant admitió públicamente que sus guardias de seguridad privada habían llevado a cabo la masacre (Bird, 2013; HRW, 2014).

Al participar en acciones que normalmente están restringidas a las fuerzas de seguridad del Estado (es decir, detenciones, interrogatorios y desalojos), así como en acciones que son ilegales, como asesinatos, golpizas y tortura, los guardias de seguridad privada juegan un papel muy importante en el mantenimiento de un clima de miedo entre los residentes locales.

Un miembro del movimiento Gregorio Chávez, con sede en la comunidad de Panamá, municipio de Tocoa, da un ejemplo de ello: “al otro día la guardia de la corporación Dinant paró a un niño de 12 años y lo tiró al suelo y le quitó una maletilla que andaba, que anda comprando un fresco iba a dejárselo al papá, el papá lo había mandado en la mañana a traer un fresco y ya iba con el fresco cuando lo paró la guardia de corporación Dinant y lo tiró y lo esculcó, y le esculcó la maleta, ‘¿Qué llevas aquí, no le llevas alguna arma a tu papá?’, ‘no’ le decía el niño temblando, ‘no, no, aquí está la maleta, mire ve, busque, no llevo armas, yo lo que llevo es un fresco, que le llevo a mi papi’, estas son las cosas”, dijo en entrevista campesino Gregorio Chávez.

Por supuesto, estos no son casos específicos de la región del Aguán sino patrones encontrados en todo el país. El 2 de abril de 2020, Iris Argentina Álvarez fue asesinada por guardias de seguridad privada de la empresa CRAE´S, empleada por el Ingenio Azucarero La Grecia en Marcovia, Departamento de Choluteca, durante un desalojo violento de familias de la cooperativa Cerro Escondido que se habían asentado en la tierra hace más de un año para cultivar alimentos (Iniciativa Mesoamericana, 2020).

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No sólo las luchas de los movimientos rurales (así como de otros sectores sociales como se mostrará más adelante) se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo enfrentan cargos penales como usurpación de tierras, posesión ilegal de armas, alteración del orden público, y terrorismo.

En 2011, el jefe de la policía que trabaja junto a las operaciones militares de Xatruch declaró que grupos armados extranjeros de Venezuela y Nicaragua se habían infiltrado en el Bajo Aguán para capacitar a los campesinos locales con el fin de desestabilizar el país (La Prensa, 2011). En la misma línea, el coronel Germán Alfaro, que dirige Xatruch III, afirmó que las “bandas criminales” armadas con fusiles AK-47 recibieron $7.500 de los grupos campesinos, para apoderarse de las plantaciones de palma de aceite y ponerlo a disposición de los campesinos.

No se ha presentado evidencia de esto (HRW, 2014). Actualmente, la usurpación de tierras es uno de los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Actualmente, hay al menos 6.200 trabajadores rurales o pequeños agricultores en Honduras que enfrentan cargos de usurpación de tierras (WOLA, 2019). A partir de 2018, estos casos son gestionados por los Tribunales de Jurisdicción Nacional especiales, entidades creadas en 2010 para delitos de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero.

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Cristobal Pop es presidente de la Gremial de Pescadores Artesabales, en 2017 iniciaron una batalla social y legal en contra del proyecto minero Fénix, por la contaminación del agua del lago de Izabal, desde julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspención de este proyecto minero, las dos empresas que lo operan siguen en desacato de esta resolución legal. Primera Parte. Video Baudilio Choc / Prensa Comunitaria El Estor Izabal, Guatemala. Enero de 2021

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Por Santiago Navarro F.

En días recientes de este mes de enero, el segundo año de la pandemia por el virus Covid-19, en los Estado Unidos se dio a conocer que el multimillonario norteamericano Bill Gates, cofundador de Microsoft, ha comprado a través de la empresa de inversiones Cascade Investments, más de 97 millones 933 mil 925 hectáreas de tierras de cultivo. Gates ahora es el mayor propietario de tierras agrícolas en este país, pero su estrategia abarca el resto de América Latina, África y Asia, hacía dónde ha extendido la misma iniciativa que otra empresa del ramo, Bayer, para “ayudar a los pequeños agricultores y acelerar el desarrollo de tecnologías de vanguardia”.

La multinacional Bayer, quien produce investigación para la industria farmacéutica, mejoramiento de semillas, pesticidas, abonos e ingeniería genética, se fusionó en 2006 con la gigante de las semillas, Monsanto. Las acciones que la familia Gates mantenía en Monsanto antes de ésta compra superaban 500 mil acciones por valor de más de 23 millones de dólares estadounidenses, los cuales también se fusionaron con Bayer.

En su momento, esta multinacional afirmó que la adquisición de Monsanto sería “una gran oportunidad para crear un líder agrícola global (…). Esta transacción unirá las plataformas de Semillas y Tratamientos, Protección de cultivos, Biología y Agricultura digital. En concreto, este negocio combinado se beneficiará del liderazgo de Monsanto en semillas y tratamientos y de la línea de productos de protección de cultivos de Bayer (…)”, señalaba el comunicado de prensa difundido por la empresa en mayo del 2016.

Actualmente Bayer esta presente en los cinco continentes del planeta y desplega diversas estrategias en torno al sector agroindustrial. Esta multinacional asegura que el 97% de los agricultores del mundo cultivan en menos de 10 hectáreas de tierra, aproximadamente 550 millones de pequeñas granjas en Asia, África y América Latina. Estos agricultores “producen aproximadamente un tercio del suministro de alimentos del mundo y, en los países de ingresos bajos y medios, producen un poco más de la mitad de las calorías consumidas”.

No obstante, Bayer sostiene que estos “pequeños agricultores” necesitan elevar y tecnificar el nivel de su producción para hacer frente al cambio climático y al crecimiento de población. “Como líder mundial en agricultura, estamos en una posición única para ayudar. Es por eso que, para 2030, nos comprometemos a empoderar a 100 millones de pequeños agricultores en regiones en desarrollo mejorando el acceso al conocimiento, productos, servicios y asociaciones agronómicas”, afirma esta empresa.

Ver también: EEUU aprovecha escenario de Covid19 para acelerar presencia en la Amazonía brasileña

Coincidentemente, cuando los contagios de Covid-19 se expandían en el planeta y hacia la población más vulnerable, en enero de 2020, la fundación de Gates anunció su nueva incursión hacia la agricultura  a través de su estrategia bautizada como “The Bill &  Melinda Gates-Agricultural Innovations LLC”, también conocida como Gates Ag One. Gates Ag One fue creada como una subsidiaria de la Fundación Gates y dirigida por Joe Cornelius, el ex director de desarrollo de tecnología, nutrición y alimentos en Bayer Crop Science. Cornelius, en la década de 1990, también fue Director de Desarrollo Internacional en Monsanto.

La nueva organización de Gates justifica su iniciativa argumentando que todos tienen derecho a vivir una vida saludable y productiva, pero “muchas de las personas más pobres del mundo, aquellas que se ganan la vida con la agricultura, no tendrán esa oportunidad a menos que puedan acceder a las innovaciones necesarias para adaptarse a los desafíos causados por el cambio climático”.

Contrario a ello, el informe llevado a cabo por Navdanya International llamado Puertas a un Imperio Global, afirma que Gates apoya “la agricultura industrial que utiliza el 75% de la tierra mientras que proporciona menos del 20% de nuestros alimentos. A este ritmo, si la participación de la agricultura industrial y los alimentos industriales en nuestra dieta se incrementa hasta el 45%, tendremos un planeta muerto. Y uno sin vida ni alimentos”.

Gates Ag One se presenta como una organización sin fines de lucro que persigue, según el comunicado oficial, promover descubrimientos tecnológicos de alto impacto que puedan ayudar a los pequeños agricultores a adaptarse al cambio climático para que sean más productivos en una forma resiliente y sostenible. “Sin estas innovaciones, los agricultores se verán obligados a adoptar prácticas cada vez más insostenibles para alimentar a sus familias mientras se enfrentan al cambio climático”, afirma el comunicado de esta iniciativa.

Para lograr estos objetivos, según Gates Ag One, colaborará con un grupo diverso de socios locales, regionales e internacionales, “incluidas universidades, organizaciones sin fines de lucro y el sector privado, gobiernos, organizaciones internacionales y otros, para poner mejores tecnologías a disposición de los agricultores que más las necesitan”.

AgTech Accelerator y la Agenda 2030

Al igual que Bayer, Gates Ag One, sostiene que busca “empoderar a  los  pequeños  agricultores” con estas tecnologías hasta el año 2030, hacia donde se han trazado los 17 objetivos desarrollo sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, en su programa llamado Agenda 2030. De tal forma que en esta agenda se ha considerado estratégico invertir en los pequeños productores para “Fomentar el progreso y alcanzar las metas de las ODS”, según el Informe de la ONU llamado Transformar el Mundo a Través de la Alimentación y la Agricultura.

En septiembre del 2018, en Nueva York, durante la reunión con el Secretario General de la ONU, abocada al financiamiento de la Agenda 2030, Bill Gates, subrayó el importante papel que juega la inversión privada, al enfatizar “que las organizaciones filantrópicas también pueden ser socios clave para promover metodologías e instrumentos innovadores para abordar los desafíos en la erradicación de la pobreza. Algunos ejemplos de tales innovaciones incluyen: “subvenciones de desafío” para estimular nuevas ideas; incentivos para reducir el riesgo de inversiones en tecnologías prometedoras, como inversiones de capital en empresas emergentes de biotecnología para prevenir y tratar enfermedades infecciosas”.

También te puede interesar: Consumo de carne y soya en Europa y EUA está vinculado a la deforestación de la Amazonía

En la plataforma de la Fundación Bill&Melinda Gates se anuncia que parte de sus acciones es invertir en un programa de aceleración para la implementación de esta tecnología llamada AgTech Accelerator, que entre otras tecnología trabaja con la modificación genética de semillas y plantas, fungicidas sintéticos entre otros. Los inversionistas que participan financiando este proyecto incluyen a Bayer, Syngenta Ventures, Alexandria Venture Investments, ARCH Venture Partners, Flagship Ventures, Harris & Harris Group, Inc., Hatteras Venture Partners, Mountain Group Capital y Pappas Capital.

“AgTech Accelerator ha reunido a un grupo diverso de constructores de empresas experimentados y exitosos para crear y gestionar la próxima generación de empresas emergentes basadas en las tecnologías centradas en la agricultura más prometedoras del mundo”, dijo Geoff Kneen, Ph.D. de Bayer.

Seún datos de Bayer esta tecnología es uno de los principales agentes de cambio en la actualidad y desde el 2015, “la inversión en tecnología en agricultura, también conocida como AgTech, alcanzó los 4,600 millones de dólares”.

Desde el año 2017, en América Latina, se viene acelerando la tecnificación de la agricultura con celulares inteligentes, computadores y drones para elevar a la productividad a mayor escala, con semillas modificadas genéticamente, con químicos y biología sintética. En Argentina, por ejemplo, se implementa mediante un programa promovido desde el gobierno titulado “AgTech. El nuevo paquete tecnológico del sector agropecuario”. Mientras en Brasil, hasta 2019, ya contaba con mil 125 empresas de AgTech, según el estudio “Radar Agtechs Brasil 2019”.

En México se ha creado una plataforma llamada AgtchMex, la cuál sostiene que, “es una red integrada por 200 emprendedores, productores, investigadores, inversionistas, gobierno y ONGs. Tenemos la misión de acelerar la adopción de la tecnología para impulsar el desarrollo sustentable del campo mexicano. Creemos que no puede ser un esfuerzo en una sola parte de la cadena. La innovación nace de las perspectivas de diversos actores”.

Bayer asume que ya se viene dando esta llamada “revolución tecnológica” y que “ya es una realidad en América Latina, la región que puede ser la principal proveedora de alimentos del mundo. Está conectado por teléfonos inteligentes que ya representan el 60% de los 690 millones de conexiones en redes móviles y por el aumento de la cantidad de drones en campo”.

La multinacional Bayer también puntualiza que estos nuevos escenarios permitirán nuevos mercados. “Estamos realizando pruebas en campos experimentales para hacer evolucionar nuestra cartera”, agrega la multinacional.

El despliegue de su iniciativa se da en diversas geografías del planeta, dónde también trabajan con Cargill, la mayor comerciante agrícola del mundo de productos como soja y carne, responsable de la deforestación en la Amazonía. “No trabajamos solos: el acercamiento a los pequeños agricultores se realiza en colaboración con socios como, Technoserve, Solidaridad y The Bill & Melinda Gates Foundation, particularmente para brindar capacitación y apoyo a estos pequeños productores”, asumieron los directivos de esta multinacional en  la Conferencia del Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO en 2013.

La fundación Bill & Melinda Gates se muestra optimista y señala que las nuevas inversiones en el desarrollo de productos “pueden ampliar las soluciones disponibles para los pequeños agricultores. Si bien muchos desafíos relacionados con el desarrollo agrícola y el cambio climático se pueden abordar con los enfoques disponibles actualmente, otros desafíos requieren soluciones innovadoras. Con mayores inversiones en investigación y una variedad de otras intervenciones críticas, incluidos enfoques sostenibles para la gestión de la tierra y el agua, seguros asequibles y acceso a los mercados”.

Esta fundación asegura que los pequeños agricultores pueden tener acceso a estás tecnologías para adaptarse al cambio climático. Pero la misma ONU sostiene que son los pobres los que siguen suministrando el 80% de los alimentos a nivel mundial. “En muchos países, la agricultura sigue siendo el mayor empleador y el principal sector económico; es decir, la pobreza rural representa un gran problema y una gran oportunidad al mismo tiempo”, señala la ONU en su informe Trasformar el Mundo a Través de la Alimentación y la Agricultura.

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ROMPIENDO FRONTERAS:
PALESTINA: Especial Palestina en este 2021 Israel da muestras claras de querer exterminar al pueblo palestino.El compañero Armando Soto de la Sexta con Palestina nos narra los más severos acontecimientos.
MIGRACION CENTRO AMERICA: La caravana migrante viene desde Hondurasrompio el cerco militar el 16 de enero por el número de migrantes, el día 17 a toletazos y con gases lacrimogenos contuvo a les migrantes sin importarle la presencia de niñes y bebes. Redes y RedTzikin.
CHILE: 5 compañeras criminalizadas por pedir justicia para Nicole Saavedra. Radio Humedales
AUTONOMIA DIGITAL: Ante los cambios a las politicas de privacidas en redes sociales.Ni Whatsapp, Ni Telegram Ni Facebook, solo eres libre en el software libre.
MUNDO: Julian Assange es propuesto a recibir el premio nobel de la paz.
WALLMAPU MUNDO: Convocatoria a cadenazo para y por la niñez mapuche. Audio convocatoria de La Zarzamora

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
LUCHA POR LA VIDA MORELOS: Rodada y caravana contra la Termo en Huexca y el Proyecto Integral Morelos. La herencia rebelde de Samir. Por Juan Pérez
MEXICO IMPUNIDAD: Salvador Cienfuegos exonerado, el gobierno de México ha traicionado cientos de miles de victimas y devuelto el trono a narco Salvador Cienfuegos. ZonaDocs
GUERRERO MEXICO: Familias de los 43 normalistas de ayotzinapa se quejan de la información a cuenta gotas que reciben por parte de las instituciones militares. Se deslindan de Felipe Cruz ex vocero de los 43 que ahora se descara como candidato a diputado prurinominal. Somos el medio y Prensa Ayotzi
CHIHUAHUA Cd JUAREZ: Jornada de protesta y de memoria a un año de a el impune asesinato de Isabel Cabanillas la mujer, madre, hija, compañera, amiga, artista, muralista, diseñadora, activista por los derechos de las mujeres y los migrantes. Hijas de su Maquilera Madre.
YUCATAN, CDMX, Y 20 CIUDADES MAS: Rodada por Justicia para Jacinto #NiUnaBiciBlancaMas
Rodada por el asesinato del ciclista Jacinto Leon Guzman más de 20 ciudades dicen, #NiUnaBiciBlancaMás. Instalan placa en CDmx frente a casa de gobierno de Yucatán.
MICHOACÁN: Organización de Mujeres Autodefensas, han sido víctimas de asesinato, secuestro y ya no están dispuestas a tolerar más violencia, tomaron las armas contra carteles del crimen organizado. Sin Embargo
CHIAPAS: Normalistas de la escuela rural Mactumacza aportan comida a les compañeres de la coordinadora de personas desplazadas del estado de Chiapas.COordinadora de Desplazados.

MÚSICA
Cumbia Palestina – Orkesta Popular San Bomba
Madre Espérame que Vuelvo – Frekuente #PrensaOpal
Viva Zapata – Acosta

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Por Renata Bessi

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Por Jasmin Hristov y Karen Spring

Traducción: Paula Jiménez Argumosa

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 A continuación se presenta el segundo artículo de la serie Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo, que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Este es el según texto de una serie de cinco que Avispa Midia publica cada domingo.

Lea aquí la primera parte de este especial

(Español)

Honduras | Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo

 

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Parte II

No toda la violencia colectiva en Honduras se puede explicar a través de las actividades de las organizaciones criminales y las pandillas. Los militares estatales, la policía y otros miembros de su aparato coercitivo, así como los actores armados no estatales, se involucran en la violencia pro-capitalista – un tipo de violencia que es funcional para el capital al crear, reproducir o restaurar las condiciones para la acumulación de capital.

El concepto de violencia pro-capitalista desarrollado por Hristov (2020) nos invita a conceptualizar una nueva forma de violencia – no en términos de los actores que la ejercen sino en términos de sus implicaciones estructurales – en función de su relación a las estructuras de clase.

Una de las razones por las cuales la violencia pro-capitalista es de naturaleza estructural es que interactúa con las estructuras legales, particularmente la legislación económica y de seguridad. Este aspecto es muy pertinente para el caso de Honduras. Como se demostrará en lo que resta de este artículo, el uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores de la sociedad civil no puede explicarse como producto de la criminalidad, abuso de poder o coincidencias accidentales entre las actividades de los actores armados y los intereses capitalistas.

La violencia pro-capitalista se utiliza cuando personas y colectivos se manifiestan contra la reestructuración económica neoliberal discutida previamente. La violencia llevada a cabo, no solo por actores estatales sino también no estatales, sirve para hacer cumplir leyes y políticas económicas neoliberales que facilitan la acumulación del capital, frente a la resistencia de la población adversamente afectada. Al mismo tiempo, la legislación en materia de seguridad legitima la violencia dirigida a neutralizar los obstáculos que surgen de los agravios de los movimientos sociales desde abajo y criminalizar a quienes obstaculizan los avances del capital.

La Violencia Paramilitar

La violencia pro-capitalista se presenta en diferentes modalidades: producto del tipo de actor (estatal / no estatal) y si la violencia contraviene la legislación existente. Debido a que académicos y funcionarios del Estado suelen clasificar la violencia según el tipo de actor armado, los casos de violencia pro-capitalista en Honduras y otros países de América Latina terminan categorizados simplemente como violencia criminal relacionada con actividades de pandillas u organizaciones de narcotráfico. Por lo tanto, es crucial reconocer las diferentes modalidades: (1) estatal legal, (2) estatal ilegal, (3) no estatal legal y (4) no estatal ilegal.

La primera modalidad es llevada a cabo por actores estatales dentro de los parámetros de sus deberes legalmente prescritos; por ejemplo, “contener” (es decir, reprimir) las protestas para mantener el orden y la seguridad, o desalojar a los campesinos en relación al cumplimiento de una orden judicial.

La segunda modalidad es lleva a cabo por actores estatales que participan en acciones fuera de su servicio; por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas. La tercera es la de actores armados no estatales que realizan operaciones que no contravienen la legislación existente; por ejemplo, personal de seguridad privada que dispara para proteger a su cliente en un ataque.

La cuarta ocurre cuando los actores armados no estatales se involucran en actividades que: (a) están fuera de sus obligaciones habituales (como parte de un trabajo asalariado) pero que no violan directamente ninguna ley, como es el caso del personal de seguridad privada que acompaña a la policía estatal en casos de desalojo, o para participar en registros y detenciones arbitrarias de personas; y / o (b) son contrarios a la ley como asesinatos, amenazas, violaciones, torturas, desplazamientos forzados y secuestros.

En esta modalidad (4b) pueden existir actores que se encuentran empleados formalmente, como guardias de seguridad privada que durante o fuera del horario de su trabajo formal realizan violencia ilegal, o actores que solo trabajan en la realización de actos de violencia ilegal, es decir, sicarios a tiempo completo. Categorizamos dos modalidades de violencia pro-capitalista, las 2 y 4, como violencia paramilitar – esto es, actores estatales que participan en violencia fuera de su servicio legalmente prescrito y actores armados no estatales que participan en violencia más allá de la definición formal de su trabajo (si lo hay) y / o infligen daño a civiles de manera ilegal.

En Honduras, tanto la violencia estatal como paramilitar sustentan estructuras de poder institucionalizadas. Así, actos de violencia como la represión violenta de las protestas estudiantiles o la violencia sexual vivida por mujeres lideresas comunitarias contra la minería, contrastan con la violencia de pandillas que surge de la guerra con pandillas rivales, extorsión y control social no orientado a reproducir relaciones institucionalizadas de acumulación del capital.

Los actores estatales (militares) o no estatales (personal de seguridad privada) utilizan la violencia descrita en todas las modalidades, junto con un grupo armado de civiles reclutados localmente o residentes integrados en las comunidades locales empleando la violencia descrita en la modalidad 4.

Estos reclutas locales o bandas (grupos delictivos organizados localmente a pequeña escala) cuentan con una cultura y unos conocimientos locales y pueden aportar información esencial que ayude a identificar a los agentes clave que representan una amenaza para los intereses capitalistas. Las bandas no solo ejercen violencia, sino que también generan terror psicológico que es particularmente efectivo cuando los grupos o comunidades en resistencia están extremadamente unidos y no se ven afectados por la violencia estatal.

Militarización y criminalización: dos condiciones esenciales para la violencia paramilitar

La violencia paramilitar en Honduras ha sido llevada a cabo por: personal de seguridad privada, militares en activo o ex-militares u otro personal de seguridad del Estado, sicarios (pistoleros contratados), pandilleros, bandas de narcotraficantes y grupos de civiles armados al estilo paramilitar.

Es importante señalar que la proliferación de la violencia paramilitar en el país ha concordado con un resurgimiento de las prácticas de contrainsurgencia, desde la Guerra Fría y justificadas bajo el mantra de la Guerra contra las Drogas. En 2009, Estados Unidos creó la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI), que surgió de la Iniciativa México-Estados Unidos Mérida.

CARSI recibió un presupuesto de $496 millones entre 2008 y 2013; el programa fue diseñado para incluir la participación de contratistas privados de seguridad, la CIA, así como las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia, para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico. En 2011, el Pentágono aumentó su gasto en contrataciones en Honduras a 53,8 millones (Paley, 2014).

El Plan Colombia, así como las organizaciones paramilitares colombianas, han servido como modelo para el diseño de reformas policiales y de militarización en Honduras, que han fortalecido el poder de las fuerzas de seguridad del Estado, aumentado la militarización y facilitado la “cooperación” entre la seguridad pública y privada.

Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.

Un ejemplo de ello son las reformas del artículo 335 del código penal, realizadas en el 2017, que ampliaron la definición de lo que constituye el delito de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades han expresado su preocupación por la ambigüedad de los delitos definidos en la reforma, que permiten interpretaciones muy dispares y sanciones sobre conductas que no corresponden a la gravedad y naturaleza del delito de terrorismo (OEA, 2017), y en consecuencia, perjudican el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales.

La criminalización de la disidencia se manifiesta en detenciones arbitrarias durante manifestaciones o acciones de recuperación de tierras, detenciones como parte de procesos judiciales, prolongación de procesos judiciales en los que se restringe enormemente la acción y libertad de movimientos de las víctimas, y estigmatizaciones mediáticas donde los principales medios de comunicación retratan a los movimientos sociales, activistas y quienes los defienden como criminales o terroristas (OCMAL, 2016).

Breves discusiones sobre los grupos paramilitares en el contexto hondureño comenzaron a aflorar en los medios de comunicación en 2009, dos meses después del golpe, en relación a la reclutación de alrededor de 130 ex-miembros de la organización paramilitar más grande de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para trabajar para empresarios y terratenientes hondureños en el Valle del Aguán y para sofocar las protestas nacionales contra el golpe (El Tiempo, 2009; BBC, 2009). Sin embargo, posteriormente, las menciones a los grupos paramilitares disminuyeron a pesar de que continuó la violencia paramilitar.

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Por Marlon García

En la actual Esquina de “las fotocopiadoras” de la 4ª avenida y 9ª. calle de la Ciudad de Guatemala, el 13 de enero de 1971, culminaba el plan de eliminación del último miembro de la Comisión para el Estudio de las Inversiones Extranjeras en Guatemala, USAC.

Como hoy, muy seguramente hace 50 años la muerte de esta persona pareciera carente de importancia directa a las familias campesinas a 268 km. en Panzós, Alta Verapaz. Pero la comprensión de un intrincado plan geopolítico, verdades ocultas por empresarios y gobernantes, un jugoso negocio transnacional en medio de dictaduras militares, la dignidad y resistencia del pueblo Q´eqchi´ y el sacrificio de cuatro profesionales de la Economía y el Derecho lo explica.

Para que sepas o confirmes su importancia te comparto este PDF. Quise haber terminado una versión actualizada de mi investigación pero la búsqueda de la sobrevivencia al 2020 no me lo permitió. Estoy trabajando en ella desde hace un tiempo. Y te la compartiré cuando este terminada ojalá en 2021.

Por de pronto desde mi taller dedico mis palabras y colores a Oscar Adolfo Mijangos López y la línea continuada de victimas provocadas por la minería en la Cuenca del Río Polochic.

Descargue el libro en pdf:

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Por Xochitl Leyva Solano

Cómo y quiénes en medio de las guerras “ponen el cuerpo”; cómo esto se ha dado bajo el faro zapatista y el caminar de este movimiento junto con mujeres y jóvenes de las resistencias, con activistas alter y anti y con feministas comunitarias, post y decoloniales, de diversas partes del planeta Tierra, llegadxs a Chiapas –entre 1994 y 2018– atraídxs por dicho faro. Hago esta reflexión con motivo de los 25 años de la rebelión zapatista y a la luz del Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan, convocado por las mujeres zapatistas y realizado en su territorio autónomo en marzo de 2018. Escarbo en nuestra memoria colectiva, voy en espiral, tejo parte de nuestras experiencias organizativas que no paran, ya que seguimos buscando colectivamente la mejor manera de construir alternativas más allá del Estado-nación, del (hetero) patriarcado, de la democracia representativa y de la modernidad/colonialidad. Búsqueda que nunca se hubiera dado de no ser por el levantamiento zapatista y lo que en estos 25 años han construido: la autonomía zapatista de facto y sin permiso que ha servido de faro, literalmente, en los 5 continentes y a las luchas anti capitalistas y anti patriarcales del mundo.

Vale aclarar que cuando hablamos de lo que hemos caminado nosotrxs podríamos dar una idea equivocada, hacer pensar que ya hemos avanzado mucho, cuando en verdad son más bien las mujeres, lxs jóvenes, lxs niñxs, lxs mayorxs y los hombres de los pueblos indígenas, negros, campesinos en resistencia quienes nos llevan años luz en la creación de formas organizativas alternas; para muestra un botón: el EZLN, el Congreso Nacional Indígena (CNI) y el Concejo Indígena de Gobierno (CIG). Ellxs y muchxs otrxs que aquí no menciono son quienes han puesto y continúan poniendo el cuerpo y lxs muertxs al enfrentarse, encarnadamente y a lo largo del Abya Yala, a las múltiples cabezas de lo que lxs zapatistas llaman “la Hidra Capitalista”; y también algunas feministas: la ofensiva globalizadora del capital expresada como guerra contra las mujeres, producto del daño cognitivo milenario (patriarcado).

Un mundo donde quepan muchos mundos no es un mero eslogan. Se hizo carne cuando las zapatistas nos convocaron al encuentro de las mujeres que luchan.

Treinta y un años han pasado desde mi llegada, por primera vez, a la selva Lacandona en aquel diciembre de 1987. Llegué respondiendo a un llamado de los campesinos habitantes de esa zona. Ellos preparaban clandestinamente el movimiento armado, pero en su dimensión pública convocaron a universitarixs para trabajar en el programa de desarrollo integral que estaban coordinando. Nos recibió un grupo de delegados, todos concentrados en el corazón de la Lacandona, en el ejido Guanal. Fue impresionante ver desde la avioneta reunidos a 250 delegados, 250 cuerpos de hombres tseltales, tsotsiles, choles y tojolabales representantes de 117 ejidos y 24 rancherías localizadas en un territorio en el que tenían, ya desde entonces, gran control y un sofisticado modo de gobernarse a nivel regional. A pesar de ello no había ni una sola mujer en la concentración que nos recibió y tampoco ninguna tomó la palabra durante la asamblea, aunque sí estaban presentes como parte fundamental de la comisión encargada de cocinar para todxs. Cruzamos miradas en la cocina pero no palabras, no porque ellas no hablaran español ni nosotras tseltal, sino más bien porque entonces la política era concebida y vivida como un asunto de hombres, entre hombres, para el bien común llamado “el comón”.

Por lo que me tocó vivir –entre diciembre de 1987 y diciembre de 1993– dentro de esa subregión de la selva, podría decir que entonces las mujeres adquirían diferenciadamente cierta voz en la casa y/o en la comunidad de acuerdo a su edad, su cargo, su situación económica y a la posición de su esposo en la estructura política y religiosa comunitaria. Tenían algo que podríamos llamar una voz delegada por los hombres de la comunidad. Hoy, en cambio, han construido, desde la resistencia zapatista, una potencia propia, un poder propio, dentro de un poder autónomo. Las mujeres, anteriormente, no tenían una mirada colectiva antisistémica –tampoco nosotras– y mucho menos la capacidad colectiva para convocar, como lo hicieron en diciembre de 2017, a las mujeres del mundo para luchar contra el “sistema capitalista machista y patriarcal”.

Tuvieron que pasar tres décadas, en las que se dio la emergencia del movimiento continental contra el V Centenario del “Descubrimiento de América”, en que el EZLN salió de su clandestinidad, en que levantaron la voz las insurgentas, milicianas y mujeres bases de apoyo zapatista haciendo carne y cotidianidad la Ley Revolucionaria de Mujeres. Tuvieron que pasar décadas en que emergieron y se fortalecieron por todo el continente los movimientos de mujeres indígenas y negras, floreció la autonomía zapatista en medio de la guerra contrainsurgente, de la guerra contra el narcotráfico y de lo que lxs zapatistas llamaron muy tempranamente “la guerra de exterminio contra los pueblos”.

En medio de la violencia y la muerte, emergen las prácticas autonómicas de las zapatistas, sus reivindicaciones de igualdad, diversidad y diferencia a la zapatista.

Todo eso y más tuvo que suceder para que ese 8 de marzo de 2018 viéramos y viviéramos en la misma selva Lacandona, pero ahora en el Caracol de Morelia, un despliegue impresionante de 2000 mujeres zapatistas tseltales, tsotsiles, choles, tojolabales y mestizas provenientes de los cinco Caracoles. Ellas fueron nombradas para recibir y convivir con las miles de mujeres del mundo quienes respondieron a la convocatoria del Primer Encuentro Internacional, Político, Artístico, Deportivo y Cultural de Mujeres que Luchan. La convocatoria decía textualmente:

Si eres hombre, de balde estás escuchando o leyendo esto porque no estás invitado. A los varones zapatistas los vamos a poner a hacer lo necesario para que podamos jugar, platicar, cantar, bailar, decir poesías, y cualquier forma de arte y cultura que tengamos para compartir sin pena. Ellos se encargarán de la cocina y de limpiar y de lo que se necesite.

Y así sucedió. Esto, que podría ser reducido a la imagen de un mundo al revés, podría también ser visto como una grieta pospatriarcal poscapitalista en la que todas pusimos el cuerpo, la mente, el corazón, el hígado… para seguir construyendo las alternativas al capitalismo, a la democracia representativa, al patriarcado y al machismo. No pretendo homogeneizar, ni romantizar, ni “explicar”, sólo quiero señalar un par de elementos que pudieran ser relevantes para el argumento central de este breve texto.

La diversidad de las mujeres que respondieron al llamado de las zapatistas nos recuerda la existencia del pluriverso, o sea, la multiplicidad de mundos que coexisten. El pluriverso nos hace ver que el mundo –contrariamente a lo que la modernidad nos ha hecho creer– está compuesto de muchos mundos, de muchas galaxias como afirman lxs zapatistas. “Un mundo donde quepan muchos mundos” no es un mero eslogan: se hizo carne, nuevamente, cuando las zapatistas convocaron a este encuentro, desde una categoría incluyente muy propia de ellas que parafrasearon como “las mujeres que luchan”, señalando que se referían a todas las “que no están de acuerdo con lo que nos hacen como mujeres que somos”. Y agregaban: “Te invitamos a encontrarnos, a hablarnos y a escucharnos como mujeres que somos”.
Ahí estaban feministas y no feministas. Mujeres de los cinco continentes, de todas las edades, mujeres que eran jóvenes cuando el levantamiento de 1994 y que se iniciaron en la otra política con el zapatismo. Mujeres que nos reconocimos como mujeres al ver paradas frente a nosotras a las comandantas zapatistas. Mujeres que las han estudiado, que las han apoyado en cada una de sus iniciativas; mujeres curiosas que nunca las habían visto y hasta mujeres que sólo iban al zapatour. Mujeres del color de la Tierra, mujeres blancas y negras, lesbos, trans, queer, darketas, artivistas, cibernautas, campesinas, catequistas, religiosas del abajo, universitarias, docentes, hijas con sus mamás, lideresas, defensoras de derechos humanos, músicas, teatreras, payasas, bailarinas, esculturistas, fotógrafas, pintoras, etc…
Ahí estábamos poniendo nuestro cuerpo frente al despojo capitalista por medio de un acto colectivo de des-posesión voluntaria de lo que cargamos cada día: los títulos nobiliarios, las rutinas del trabajo asalariado, de la precariedad o de los paliativos neoliberales (pienso en lo inmediato para muchas de las asistentes: las becas de posgrado). Des-posesión voluntaria de las rutinas familiares, de las rutinas engendradas por la propiedad o por el “deber ciudadano”. Por cuatro días, muchas de nosotras logramos despojarnos de todo eso y nos quedamos con lo más elemental en nuestras “casas de campaña” clavadas por nosotras mismas en la tierra. Habitamos la casa zapatista: el Caracol, construido centímetro a centímetro por el esfuerzo autónomo de lxs zapatistas.

Desde ahí nos distanciábamos de nuestros hogares y familias clasemedieras al servicio del trabajo capitalista o aplastadas por el desempleo o por la precariedad emanada de ese mismo sistema. Tomábamos distancia, por ejemplo, del capitalismo académico que hoy rige no sólo en abstracto nuestros lugares de trabajo sino que ha ocupado exitosamente -en muchos casos- las mentes, los cuerpos y los corazones de muchas mujeres y hombres reproductorxs cotidianas de él. No fue casual que en uno de los talleres del encuentro, la facilitadora –feminista y académica– gritara con gran entusiasmo “¡muera la academia!” y con el mismo entusiasmo las asistentes –jóvenes universitarias en su mayoría– se unieran a la consigna de cara a un grupo de jóvenes zapatistas que seguían atentas y tomando notas en sus cuadernos.

Por las noches, otras de nosotras nos metimos en sacos de dormir tendidas encima de una tabla de madera, que lo mismo se usó para ese fin como para armar bancas, mesas o mamparas. Ahí, tendidas en el suelo conectamos con la Madre Tierra, oímos sus latidos que formaban un único ritmo con la música de la banda lesbofeminista que tocaba en la cancha del Caracol para festejar a todas las mujeres del mundo en pie de lucha y para honrar la memoria de las miles de asesinadas, desaparecidas, masacradas, encarceladas.

Y en medio de toda esa violencia y muerte, emerge y han emergido, por ejemplo, las prácticas autonómicas de las zapatistas, sus reivindicaciones de igualdad, diversidad y diferencia a la zapatista. Conceptualizaciones situadas y encarnadas de lucha que lxs zapatistas han ido tejiendo muy a su manera y desde su lugar. Se podría decir, teoría encarnada que, antes y hoy, le habla al mundo: como muestra retomo las palabras pioneras de la mayor Ana María expresadas a nombre del CCRI-CG del EZLN en la apertura del Primer Encuentro Intercontinental por la Humanidad y Contra el Neoliberalismo celebrado en julio de 1996 en el Aguascalientes II-Oventik: “Bienvenidos a las montañas del Sureste mexicano. Bienvenidos a este rincón del mundo donde todos somos iguales porque somos diferentes. Bienvenidos a la búsqueda de la vida y a la lucha contra la muerte”.

Paso a paso, las zapatistas, desde hace dos décadas y media, vienen construyendo puentes entre ellas y con todas nosotras. Caminando a su lado muchas de nosotras hemos empezado a concientizarnos, a con-dolernos y a con-movernos desde lo que nos/era/es común en ese momento y aún ahora que escribo este texto: las violencias y la muerte producto de lo que hoy -ellas y nosotras- llamamos a voz en cuello y con todas sus letras: “el sistema capitalista patriarcal” y “el patriarcado capitalista”.

Posdata: les invito a leer no sólo el texto completo del que deriva este sino todas las contribuciones del libro que es parte para comprender mejor por qué homenajeamos en este su 25 aniversario a las, los, les zapatistas.