Mujeres de al menos 16 organizaciones feministas e independientes de diferentes partes de Honduras se unieron en la Caravana Feminista ¡Viva Ofraneh!, y ocuparon entre los días 19 y 22 mayo el territorio garífuna, específicamente la comunidad Triunfo de la Cruz, municipio de Tela, Atlántida, tierra en disputa y de la cual se intenta desplazar a la población afroindígena.

Las mujeres ocuparon el territorio garífuna para que “no sólo sepan, sino que todas entendamos que la solidaridad es estar juntas, conocer los nombres y las historias que nos fortalecen”, señalaron las mujeres en un comunicado.

“Este es un acto bien potente, un campamento en un territorio donde hay muchos conflictos movidos por los intereses empresariales. La presencia misma de las mujeres es un acto de resistencia”, define una de las integrantes de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, Melissa Cardoza, quien participó de las actividades.

Entre las acciones llevadas a cabo por las mujeres estuvieron el recorrido al territorio, actividades para las niñas y los niños, actividades de memoria por la desaparición de cuatro garífunas, todo eso marcado con arte, música y tambores. “La espiritualidad del pueblo garífuna es probablemente uno de los corazones más importantes de la lucha”, sostiene Cardoza.

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El objetivo de caravana fue ir contra la lógica del Estado y de las empresas de vaciar los territorios, dice Miriam Miranda. “El sistema de opresión patriarcal, militarista, capitalista y racista pretende sacar a la gente de sus tierras y apropiarse de ellas; convertir a la gente en asalariados miserables, personal de servicio, seres humanos sin proyectos vitales más allá de una sobrevivencia muy precaria, quitarles el tiempo y el gusto por la vida”, señala Miranda.

La lucha de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh), desde hace más de cuatro décadas, es la defensa de la tierra y el territorio, “porque es el lugar preciso, material y concreto donde se asienta la vida comunitaria, la búsqueda del bien y la felicidad común, el anhelo porque estar en este mundo sea valioso, la arena donde habitan los grandes espíritus que custodian al pueblo”, sostiene la Caravana Feminista en un comunicado.

Así que los procesos de fortalecimiento comunitario del pueblo garífuna crecen en las casas de salud, en los colectivos de disidencias sexuales, en la recuperación del aceite de coco y la comida ancestral que pueblan la tierra garífuna y también en la resistencia contra empresas extractivistas que quieren apropiarse de su territorio.

“Ante el vaciamiento forzado, nosotras llamamos a los pueblos originarios a volver al territorio ancestral. Nosotras nos convocamos a escuchar y acompañar, sostenernos en la lucha por la vida en el lugar donde se han sembrado nuestros ombligos”, dicen las mujeres.

No es casual que Ofraneh tenga tantos enemigos y detractores que han usado todas las herramientas en contra de sus procesos, les han asesinado, encarcelado, exiliado y desaparecido liderazgos históricos y vitales para las comunidades.

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“Nosotras, feministas y luchadoras diversas que nos convocamos en la Red Nacional de Defensoras nos sentimos, no solo reconocidas en las luchas de la organización, sino parte de sus profundas búsquedas y victorias; es por esa razón que hoy nos llamamos a movernos al territorio rebelde del pueblo garífuna, para estar y conversar; aprender entre todas, sentir la brisa del mar y la vida gobernando nuestros días y sueños”, sostienen en el comunicado.

Enorme recordatorio

El 18 de julio de 2020 llevaron de sus casas, de manera violenta, a cuatro jóvenes garífunas de la comunidad Triunfo de la Cruz, quienes hasta hoy permanecen desaparecidos. Desde entonces la comunidad garífuna exige explicaciones de las autoridades, pero el silencio continúa.

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Las mujeres dejaron en el centro de la comunidad un enorme recordatorio. Un mural con los rostros de los cuatro jóvenes raptados – Snaider Centeno, ex presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz y Milton Joel Martínez Álvarez. También, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Mizael Róchez Cálix.

Los pobladores relatan que, al amanecer del 18 de julio, arribó a la comunidad un convoy de tres carros con pailas, cada cual con un grupo de hombres armados abordo.

Uno a uno, sacaron a los cuatro de sus casas. La operación duró aproximadamente cuarenta minutos.

Corte Interamericana

Las violaciones a los derechos humanos contra la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz llegó hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el caso Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras.

El Tribunal regional responsabilizó internacionalmente al Estado de Honduras por la violación a varios derechos de la comunidad Garífuna, entre ellos el derecho a la propiedad colectiva.

También puso al frente la discusión sobre el impacto de los proyectos turísticos o habitacionales que se instalan sin el consentimiento de la comunidad, como sucedió en la comunidad Garífuna del Triunfo de la Cruz, como otras poblaciones en la Bahía de Tela.

Pese a la condena a Honduras por parte de la CIDH en este caso, la administración del expresidente y ahora extraditado a los EEUU, Juan Orlando Hernández, hizo poco o nada para cumplir con la serie de reparaciones dictadas por el Tribunal regional.

Solidaridad

La Caravana recibió apoyo de organizaciones y mujeres de distintas partes del mundo. Entre ellas de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras.

“El pueblo garífuna y las comunidades organizadas en la Ofraneh son uno de los corazones de nuestra esperanza. No solo porque le han plantado cara al poder más depredador, violento y destructor, el poder opresor del mal gobierno, las empresas extractivas y sus caciques y los grupos de crimen organizado (…). Sino también porque han hecho realidad y vida ese otro mundo que necesitamos y soñamos, con el rescate de cultivos originarios, las radios comunitarias, los centros de salud ancestral, la lucha por la soberanía alimentaria, el territorio liberado de Faya, con su cosmovisión arraigada en la tierra, conectada con las ancestras, con la espiritualidad y el arte”, sostuvo la Iniciativa.

El viernes pasado (20) la Secretaría de Marina de México anunció oficialmente que los ejercicios militares llamados “Tradewinds 2022”, realizados en territorio mexicano y en Belice, habían concluido exitosamente. Uno de los objetivos fue fortalecer la relación de los Estados Unidos y los países socios. Otro propósito fue mejorar la capacidad de defensa de las Zonas Económicas Exclusivas.

Tradewinds es un ejercicio que se ha realizado por primera vez en territorio mexicano. Por lo que el mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), solicitó al parlamento de México que aprobara la entrada de tropas extranjeras a su país durante el periodo del 7 al 21 de mayo.

Los ejercicios tuvieron la aprobación del general Mark Milley, jefe del Estado Mayor de Estados Unidos. Fueron ejecutados y patrocinados por el Comando Sur (Southcom por sus siglas en inglés) de EEUU.

Participaron más de 1500 militares de 23 países, también organizaciones civiles, como World Hope International (WHI), quien apoyó al Southcom en territorio mexicano. “La principal participación de World Hope International en Tradewinds 22 se enmarca en la vía de ayuda humanitaria en caso de catástrofe en Cozumel (México) y apoya el Sistema de Seguridad Regional”, dijo Kevin J. Bostick, uno de los altos mandos del Southcom,.

La WHI, quien es financiada entre otros por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y Ayuda directa del Reino Unido (UKaid), ha participado en otros ejercicios, así como en contextos de guerra, como en Siria y, actualmente, apoyando a Ucrania.

Las Zonas Económicas Exclusivas

México tiene la decimotercera zona económica exclusiva más grande de la región con una superficie que comprende más de 3 millones de km², establecidas en el Océano Pacífico, el Golfo de California y el Golfo de México.

Sumado a ello, durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, en el sur de México, decretó diversas Zonas Económicas Especiales que conectan con el Pacífico y con el Golfo de México. Tras la llegada de AMLO al poder, cambió el término Zona Económica Especial (ZEE) para los proyectos estratégicos y decidió nombrarlos como Zonas Francas, aunque comprenden las mismas líneas de inversión que contienen la ZEE.

Los ejercicios militares Tradewinds 2022, ideado por los EEUU, se han enfocado a fortalecer su capacidad de reacción en está región y desarrollar nuevos procedimientos operativos estándar. El objetivo es “mejorar la capacidad de defensa de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE); aumentar la preparación de EEUU y sus socios; promover los derechos humanos (…) y aumentar la conciencia del dominio marítimo”, señaló el alto mando del Southcom.

El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, durante la Quinta Reunión de Gobernadores del Sur-Sureste de México en Ciudad de México, anunció que su país invertirá 30 millones de dólares en esta región. Aunque ya había anunciado la misma cantidad en el mes de febrero pasado, junto con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la organización conservacionista The Nature Conservancy (TNC) y Usaid.

En su momento firmaron una carta de intenciones para “fomentar la conservación y el desarrollo económico de la región sur-sureste” mexicano.

Actualmente las fuerzas armadas de México no solo se encargan de velar por la seguridad de estos complejos de desarrollo, sino que, además, están interviniendo en su construcción y parte de la administración. Esto se debe a que el mandatario mexicano elevó la importancia de estos complejos al decretarlas como de “seguridad nacional”.

Disuasión

En los ejercicios, las fuerzas armadas de México y Belice realizaron operaciones marítimas, urbanas y en jungla en Belice. También fueron asignados en la unidad de Localización, Búsqueda y Neutralización de Artefactos Explosivos.

Los participantes en estos ejercicios también recibieron entrenamiento para dilución de protestas o disturbios urbanos que califica dentro del “orden público y de lucha contra las bombas molotov”, coordinado y dirigido por el Real Regimiento de las Bermudas en la Academia de Formación de la Policía de Belmopan. Se utilizaron equipos y tácticas antidisturbios con simulacros de protestas con bombas molotov usadas por los propios militares.

La Marina agrega que, en los ejercicios, también se llevó a cabo un Ejercicio NAMSI (por sus siglas en inglés North American Maritime Security Initiative), “el cual es un esfuerzo de integración trilateral entre el Comando Marítimo de Canadá, la Guardia Costera de los Estados Unidos de América y la Secretaría de Marina-Armada de México”.

Las fuerzas armadas de México concluyeron que estos ejercicios “permiten a las fuerzas armadas de los países participantes incrementar sus capacidades y nivel de adiestramiento, así como su interoperatividad e interoperabilidad, mediante el entrenamiento y aprendizaje de nuevas técnicas”.

A dos meses de haber asumido la presidencia de Chile, Gabriel Boric, considerado por muchos como políticamente de “izquierda”, decretó Estado de Excepción en Biobío y La Araucanía, al sur del país, donde están territorios del pueblo Mapuche.

El despliegue de las fuerzas armadas en la zona del denominado “conflicto mapuche” empezó el miércoles 18 de mayo. La ocupación militar debe durar 15 días, con la posibilidad de prórroga, sin la necesidad de autorización por parte del Congreso Nacional de Chile.

En esas zonas existe desde hace décadas una disputa territorial entre el Estado, comunidades mapuches y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

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La declaración del Estado de Excepción se da en un contexto de reclamo de los camioneros y trabajadores forestales para, según ellos, restablecer la seguridad en la zona.

“Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de Estado de excepción)”, anunció la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.

La militarización de algunas provincias de las regiones de La Araucaníay el Biobío no es algo novedoso. Fue ordenada por el expresidente Sebastián Piñera en octubre de 2021. La instrucción, ratificada 10 veces por el Congreso, no había sido renovada por el gobierno de Gabriel Boric, quien asumió el pasado el 11 de marzo.

La aplicación del Estado de Excepción en esas regiones fue una medida que Boric criticó durante la gestión de su antecesor Sebastián Piñera y había asumido el compromiso de no repetirlo.

Histórico del conflicto

En el sur de Chile existe desde hace décadas una disputa territorial. El pueblo Mapuche reclama las tierras en las que han habitado por varios siglos y hoy pertenecen, en su mayoría, a empresas forestales y grandes complejos económicos que, según los mapuches, explotan bosques milenarios en los que se han sustituido árboles nativos por eucaliptos.

Oficialmente este proceso es conocido como la “Pacificación de La Araucanía”, en el que se explica la pugna entre los Mapuches y la ocupación del Estado chileno a finales del siglo XIX.

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En los enfrentamientos, un gran número de mapuches han muerto a mano de agentes del Estado, así como decenas de policías y colonos.

^{En portada: Tras salir de prisión, Caal señaló que su libertad, es una clara derrota a la criminalización. Foto: Simone Dalmaso / Prensa Comunitaria}

Bernardo Caal Xol, maestro indígena y defensor del territorio del pueblo Maya Q’eqchi’, en el norte de Guatemala, fue encarcelado el 30 de enero de 2018 por defender los derechos de las comunidades afectadas por la construcción de un proyecto hidroeléctrico en el río Cahabón por la empresa Oxec S.A., en el departamento de Alta Verapaz.

El 16 de julio de 2020, Amnistía Internacional nombró a Bernardo Caal preso de conciencia. Tras revisar el expediente penal abierto contra Bernardo Caal Xol, la organización encontró que no había evidencia de los delitos que se le acusaban.

“El proceso en su contra muestra patrones similares de criminalización contra otras personas defensoras de derechos humanos que la organización ha documentado en Guatemala”, señaló la organización.

Pese a la falta de evidencias y a la movilización de organizaciones nacionales e internacionales en su apoyo – incluso la relatora especial de derechos de los pueblos indígenas de la ONU expresó su preocupación por la condenada tras visitarle en la cárcel -, Caal fue condenado.

Ningún recurso interpuesto en su defensa logró su puesta en libertad; 69 magistrados se rehusaron a revisar los recursos que planteó su defensa. “En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso”, sostiene el indígena Maya Q’eqchi’.

Caal Xol cumplió la pena que le impusieron. Logró su libertad el 24 de marzo de 2022.

Mientras el indígena estaba en la prisión, siete proyectos de hidroeléctricas se llevaron a cabo en territorio Maya Q’eqchi’ en el cauce del río Cahabón, incluso en su comunidad.

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En una sentencia que el indígena califica como “vergonzosa”, la última instancia de Justicia de Guatemala, la Corte de Constitucionalidad, consideró que sí hubo violación a los derechos de los pueblos y que sí habría la necesidad de hacer una consulta libre, previa e informado; al mismo tiempo dio luz verde para que la empresa llevara a cabo el proyecto.

La empresa Oxec desvió 50 kilómetros del río Cahabón para que el agua fuera represada. En este trecho del río desviado, “están los guardias de seguridad armados de la empresa, cuidando para que nadie toque el agua”, cuenta Caal Xol.

Además, donde pasaba el río se quedó seco. “Las familias que viven ahí ya no tienen donde hacer uso del agua. El racismo con el cual actúan estas empresas y el Estado en ignorar la situación de las familias que se quedan sin agua que, ahora, tienen que caminar horas para conseguir un poco de agua. Lo único que hicieron fue regalar tinacos a las familias para colectar de la lluvia, mientras se llevaron el río”.

Avispa Midia platicó con Caal Xol en Guatemala un poco más de un mes de estar en libertad.

En una larga entrevista, el indígena Maya Q’eqchi hace un recuento de cómo ha sido el proceso de criminalización de la lucha por defender el territorio, desde la llegada de la empresa Oxec. Lo que vivió es “una muestra de cómo en Guatemala las empresas criminalizan y cómo cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados”.

Existe un segundo expediente penal abierto contra Caal, “es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de Justicia”. Pese a ello, el indígena, con una mezcla de rabia e indignación de lo que está pasando en su territorio y en otras partes de América Latina, sostiene: “eso no puede ser”, “tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza; esta lucha sigue”.

En lo que sigue, reportamos algunos de los temas platicados en esta entrevista.

La llegada de la empresa

Empezamos a notar la presencia de personas extrañas, vehículos extraños en el territorio. De repente llega maquinaria bastante grande y empieza a escarbar el río Cahabón y a desviar su curso. No sabíamos quién era esta gente y lo que estaba haciendo en nuestro territorio.

Fue entonces que nosotros empezamos a averiguar lo qué estaba pasando. Constatamos que el Ministerio de Energía y Minas ya había autorizado las licencias. Los permisos ya habían sido publicados en el periódico oficial del Estado, el Diario de Centroamérica. Ya era oficial la decisión de construir las hidroeléctricas.

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Estas empresas llegan con engaños, con mentiras. Como siempre lo hacen, llegan diciendo que van a llevar desarrollo a las comunidades. En mi comunidad empezó a construir la empresa Oxec S.A.

Comunidades empiezan la organización

Nos damos cuenta del desvío del río y empezamos a reunirnos en asambleas y a tomar decisiones. Buscamos asesoría hasta la capital.

Las comunidades designan, por la gran distancia entre nuestro territorio y la capital, una comisión para que esté viajando constantemente, son aproximadamente unas 15 horas de camión. Y a mi me toca estar en la comisión como un vocero, para hacer las denuncias. Me vuelvo una cara visible para lo que denuncian todas las comunidades.

Ganan amparo

Se firma un amparo, yo soy el amparista, para poder detener la construcción de la empresa Oxec S.A. Más de 100 comunidades me delegan.

Pasado alrededor de un año de haber ingresado el amparo, la Corte de Justicia [última instancia de Justicia en Guatemala] reconoce la violación de derechos. El Estado de Guatemala no realizó la consulta libre, previa e informada. Tampoco dimos nuestro consentimiento. No fuimos consultados. Nuestro fundamento legal es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Así que, con el tiempo, nos da la razón las últimas instancias de justicia y se suspenden las licencias.

Viene la persecución

A partir de la suspensión de las licencias empieza la persecución, empieza la criminalización. Los medios corporativos empiezan a difundir noticias todos los días, en grandes titulares, sobre mi persona. Difamándome, calumniándome.

Fue una estrategia para ir preparando el terreno para que el pueblo de Guatemala me odiara, para causar el odio social.

La primera orden de captura

Entonces surge una orden de captura contra mí y después otra. La primera orden de captura decía: ‘se ordena su captura por estafar al Estado de Guatemala’.

Yo soy maestro, yo enseño. Y lo que argumentaban en sus acusaciones era que yo cobré salarios un año y no me presenté a la escuela con los niños – yo soy maestro de niños y niñas.

Hay un acuerdo de la ministra de Educación de Guatemala donde me cancela el trabajo, me cancela el contrato. Es aquí donde se inicia la persecución penal. Es una estrategia del Estado de Guatemala y de las empresas.

Yo me presento ante el juez, que emite la primera orden de captura, para presentar mis documentos y decirle ‘mira, yo no cometí el delito que usted dice’. Con las pruebas, no me pudieron llevar preso.

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Entonces, apuradamente, cambió el tipo penal con el cual me acusaban. Lo nombró como ‘retenciones y apropiaciones indebidas’. Todavía sigue el expediente abierto. Es como una cadena para tenerme amarrado en los tribunales de justicia. Imagínate, este expediente está abierto desde 2016. Lleva seis años este proceso penal allí.

El objetivo era hacer creer el pueblo de Guatemala que quien está denunciando estas hidroeléctricas es un estafador. Pude probar lo contrario.

La segunda orden de captura

Entonces empezaron a trabajar otra orden de captura, ‘por robo agravado y detenciones ilegales’.

Ellos decían que yo y 100 personas más detuvimos un vehículo, que yo bajé a los tripulantes y ya, cuando los tenía abajo, empecé a arrojar a las cosas del vehículo, eran unos cables de la empresa Oxec. Este es el ‘robo agravado’ que me acusaron. Y ‘detenciones ilegales’ porque detuvimos el vehículo, dicen ellos.

La prisión

En enero de 2018 me presenté a una audiencia por la primera orden de captura para poder finalizar las acusaciones. Ahí fui detenido, debido a la segunda orden de captura. Por los delitos que me acusaron, me sentenciaron a siete años y cuatro meses de prisión.

Los testigos de la empresa Oxec decían al juez que fui yo el que robó. Pero yo ¿qué he robado? Primero es ilógico que yo, un amparista contra Oxec, les haya robado. Lo otro ilógico es que yo soy maestro. Yo trabajo con lapicero, con marcador, con mi pizarrón, con carteles, con cartulina, con libros, estas son mis herramientas de trabajo y no como ellos dicen que yo me robé costales de cables que ellos llevaban para la empresa Oxec. Sin embargo, el juez me sentencia.

Cumplí la sentencia. Hay una normativa aquí en Guatemala que dice que aquel privado de libertad al llegar a la mitad de la pena si documenta y argumenta haber tenido una buena conducta en el sistema penitenciaria y haber trabajado se puede pedir la libertad. Eso fue lo que yo hice. A parte de tener una buena conducta, como yo soy maestro, también estuve dando clases a los privados de libertad, que les negaron una educación desde su niñez.

Logré la libertad el 24 de marzo de 2022. Hace un mes y un par de días que salí de la prisión.

69 magistrados

Cuando fui sentenciado procedí a la apelación de mi sentencia. Dos años estuvo mí expediente sobre los escritorios de los magistrados. Se excusaron 69 magistrados en no querer analizar el expediente. En realidad, no era que no quisieran o no pudieran conocer el caso, sino que esta era la estrategia del Estado de Guatemala para ir dilatando el proceso.

La interpretación es que el sistema de Justicia está cooptado. Esta es una muestra de cómo las empresas criminalizan, uno; lo otro es que estas empresas cooptan al Ministerio Público, los jueces, magistrados.

Clamor popular

Un punto fundamental en este proceso fue el clamor popular. Yo, en la prisión, empiezo a escribir cartas para continuar con las denuncias, se empieza a difundir las cartas, muchas organizaciones nacionales e internacionales se enteran del proceso, empiezan los pronunciamientos. Las comunidades en resistencias también siempre estuvieron al tanto de mí, nunca me abandonaron.

Luz verde para la empresa

Cuando suspenden el proyecto de la hidroeléctrica empiezan las cámaras empresariales a presionar a la Corte de Constitucionalidad; empiezan a presionar a los magistrados para que cambiaran la decisión, de manera que estas empresas continuaran sus obras. Al fin, como decimos aquí en Guatemala, estos magistrados y magistradas de la Corte de Constitucionalidad no aguantaron la casaca, se vieron presionados y cambiaran la sentencia.

Una sentencia vergonzosa

En pocas palabras lo que dice la sentencia es que si bien es cierto violaron los derechos de los pueblos mayas, las empresas pueden continuar las obras. La sentencia también dice que se debe hacer las consultas, y no las hicieron. Así lo dejaron. Entonces las empresas continuaron.

Es una sentencia vergonzosa ante los ojos del mundo. Sí, están reconociendo que hay violación de derechos y, al mismo tiempo, permiten que continúe, es decir, permite que se continúe violando.

Llegamos a la última instancia y nos dan una resolución de esta forma. Tal vez tengamos que apelar internacionalmente porque aquí ya no hay qué pelear jurídicamente.

Energía eléctrica y acuerdos de paz

En 1960 se inicia el conflicto armado interno aquí en Guatemala. La política era de tierra arrasada. Bombardeaban a las comunidades que el gobierno y el ejército consideraban guerrilleras, aunque no lo fueran. Una vez así lo declaraban, guerrilleras, acababan con esta comunidad.

Eso dura 36 años. En 1996 se firman los acuerdos de paz, que no se cumplen hasta hoy. ¿Qué es que pasaba mientras se preparaba esta firma? Se gestaban paquetes de leyes para hacer negocio con la energía eléctrica, para que pudieran entrar libremente estas empresas que hoy estamos viendo en nuestros territorios.

Los acuerdos de paz y las leyes que fueron creadas a partir de entonces fueron una estrategia de las familias oligarcas en Guatemala para entrar en los territorios, ya no con armas, sino con leyes que regulan la explotación.

Ahora hay una empresa que genera la electricidad, hay una empresa que la transporta y hay una empresa que la distribuye. Así es como se reparten los negocios. Y el mejor negocio que tienen ahorita es la construcción de hidroeléctricas porque eso les está generando muchas ganancias.

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Cuando llegan las comunidades a solicitar electricidad – porque están viendo que allí en su territorio se está produciendo mientras están en la obscuridad – entonces lo que les dicen, ‘pues mira, mi trabajo es solamente generar, yo no vendo’. Ya viene otra empresa toma esta electricidad y se la lleva a México y a otros países de Centroamérica, mientras las comunidades de Alta Verapaz, que más produce energía en Guatemala, se quedan en la obscuridad.

Y ¿de dónde sale la arquitectura de toda esta infraestructura? De las leyes que se iban preparando cuando se estaba negociando los acuerdos de paz.

Una persona que le haga daño a un bosque, a una montaña o a un río, uno va a denunciar y el mismo fiscal dice: ‘mire, su denuncia sí vale la pena, pero la ley dice que no tiene caso’. Se puede pagar una multa de cierta cantidad, que es vergonzosa, y se acaba el delito. ¿Cuándo prepararon esta ley? Uno ve la fecha y es de cuando estaban negociando los acuerdos de paz.

La criminalización también desde allí la preparan a todos los que se opongan a los megaproyectos. Para eso están los jueces, los Ministerios Públicos, la policía para ir a defender estas empresas.

En 2012, en el gobierno del presidente de Otto Pérez Molina [un general retirado del Ejército de Guatemala, que gobernó entre 2102 y 2015 y fue encarcelado por corrupción] firmó licencias para autorizar que se construyeran varias centrales eléctricas sobre el río Cahabón, en el departamento de Alta Verapaz.

Son 195 kilómetros de río Cahabón, desde que nace hasta que se desemboca en un lago que se llama Lago de Izabal. De estos 195 kilómetros, 50 kilómetros lo cortan, lo desvían para construir varias centrales hidroeléctricas. Actualmente han sido construidas siete hidroeléctricas sobre el río Cahabón.

Libertad

Ahora que llevo más de un mes de estar en libertad, vamos a retomar nuevamente el tema, porque eso no puede ser, ¿verdad? Las comunidades han continuado y las organizaciones, que nos han acompañado, siguen en la lucha. Tenemos que continuar porque a nosotros se nos enseñó a defender el medio ambiente, a defender la naturaleza. Esta lucha sigue.

Un incendio destruyó la comunidad Yanomami Aracaçá, en el estado de Roraima, en la Amazonia brasileña, donde vivían alrededor de 30 indígenas. La destrucción ocurrió tras la denuncia de violación y el asesinato de una niña Yanomami de 12 años por garimperos (término portugués para designar los mineros informales, que explotan minerales principalmente en zonas remotas de la Amazonia).

Una tía de la niña intento contener los agresores, sin embargo, los mismos lanzaron a un río a su hijo, que todavía está desaparecido.

La denuncia fue hecha el 26 de abril por el Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanommami, órgano encargado del sector de salud del pueblo Yanomami, y por el indígena Júnior Hekurari Yanomami. El tema tomó mayores proporciones días después con la denuncia del incendio que destruyó la comunidad.

El caso sigue siendo investigado por órganos del Estado. Sin embargo, la Hutukara Associação Yanomami (HAY), en un comunicado, sostuvo que viene trabajando para reconstruir los sucesos denunciados por los Yanomami. “Pese a que no se ha reunido informaciones suficientes para aclarar los crímenes denunciados, se obtuvo informaciones que develan un grave histórico de tragedias asociadas al garimpo en la comunidad”.

Una de las principales tragedias está vinculada con las violaciones a mujeres y niñas por los garimperos. Hasta el momento “se ha confirmado el escenario desolador vivido por la comunidad a partir de las relaciones impuestas por el garimpo, con reiterados testigos de violencia sexual en serie”, señala la organización en el comunicado.

En la comunidad Aracaçá “ha casos generalizados de abusos y violencia. La vulnerabilidad de las personas de la comunidad es tan grande que es muy probable que la violencia continúe cotidianamente”.

De acuerdo con el informe Yanomami sob Ataque, de la HAY, la región donde está la comunidad Aracaçá es una de las más impactadas por el garimpo. El informe también registra que los ataques de los garimpeiros hacia a los indígenas son frecuentes.

Para la organización, los últimos hechos de violencia denunciados deben ser comprendidos en este escenario, “en el cual mitad del territorio Yanomami está bajo presión de invasores”.

La recomendación hecha por la organización viene en un contexto en el cual se intenta responsabilizar los propios Yanomamis por el incendio.

“Con base en eso, defendemos que se conduzca una investigación más amplia y profundizada que lleve en consideración el histórico de violencias vividas por los indígenas en Aracaçá en consecuencia del garimpo en el territorio Yanomami”, llevando en consideración que es un pueblo que vive de acuerdo con sus costumbres tradicionales y con su lengua ancestral.

Violencia sistemática

El territorio Yanomami es el territorio indígena más grande de Brasil reconocido por el Estado, son 10 millones de hectáreas en la Amazonía. El territorio es conformado por diversas comunidades y Aracaçá es una de ellas.

La problemática que ha vivido Aracaçá no es un hecho aislado en el territorio Yanomami. “En todo el territorio el garimpo invade nuestras tierras, destruye nuestras tierras, destruye nuestro modo de vida, nuestras cosechas y genera hambre y violencia. Nuestras mujeres y niñas están siendo violentadas en diversas regiones aisladas por el garimpo. Nuestras familias están enfermándose y muriendo de enfermedades”.

De acuerdo con Biodiversidad en América Latina, se calcula que unos 29 mil indígenas viven en la zona, en aproximadamente 350 comunidades. Hay 273 comunidades afectadas por la minería, lo que impacta a más de 16 mil personas.

^{English translation by Schools for Chiapas. Cover photo: Special Envoy on Climate Changes for the United States, John Kerry, accompanies the President of Mexico in a tour of parcels of Sembrando Vida in Palenque, Chiapas, October 2021.}

While Andrés Manuel López Obrador tours the various countries of Central America to promote the extension of governmental assistance programs such as Jóvenes Construyendo el Futuro (Youth Constructing the Future) and Sembrando Vida (Sowing Life), the latter is implicated in undermining community organization in indigenous and campesino communities in Mexico, according to a report published by the Center of Studies for Change in the Mexican Countryside (Ceccam).

“The indigenous and campesino communities in Mexico have an extensive tradition of collective management of territory, supported by social ownership of the land with the assembly acting as the highest authority. The Sembrando Vida program is intentionally undermining these structures that allow the communities a certain level of autonomy,” Ana de Ita  writes in the publication elaborated by Ceccam, Community and Autonomy in the face of Sembrando Vida.

“In addition to this denunciation, there are other consequences of the program: that of causing deforestation in order to enter into the program, the opacity in the management of the government budget, as well as the creation of parallel organizations to that of the communities for decision-making, which is used to buy wills.

Among these problems, identified by campesino and indigenous communities of Oaxaca, Chiapas, Tlaxcala, Veracruz, Campeche, Quintana Roo, and Yucatan, they underscore that the most damaging effect of the program is the destruction of the community fabric and of the organizing structures of decision-making.”

Ceccam’s publication also brings together the perspectives of agroecologists, researchers and civil organizations that accompany community members in various regions of the country. Because of this, one of the publication ‘s research projects is to be able to identify the uses that Sembrando Vida can have  in the the regions where the intent is to impose megaprojects like the Mayan Train, the Transithmic Corredor, “and other where it is urgent that the communities are not an obstacle.”

It is difficult for the participants in the Sembrando Vida program to participate in “social resistance movements, for example, in the face of the government’s megaprojects, or the extractive interest of companies, when they fear that they will lose the benefits of the program,” Ana de Ita reports in her text entitled “Sowing Envy,” included in the publication.

For Ita, this explains the coincidence in the new lines of the “Mayan Train” with the locations of Sembrando Vida, as well as the express instructions to include the municipalities of the Interoceanic Corridor in Oaxaca.

Neoliberalism and the reorganization of the countryside

The director of Ceccam indicates that the implementation of the program weakens community organization due to the fact that it follows the neoliberal logic “that leaves the realm of rights and places itself in the realm of handouts, granted to whomever the government decides.” This wayd, the resources are given to individual producers, who spend the money on personal consumption rather than strengthening community organization.

“In regions in which the program is operating, an increase in luxury spending has been noted, such as beer in a can, since in the rural communities there are not many alternatives for consumption of other goods; health, education, culture, nutrition, etcetera, and what is most readily available is junk food,” Ita denounces.

Another common problem is that young people and women don’t have land, and in many cases they don’t have the 2.5 hectares required, personally, in order to enter the program. According to the program, in these cases, individuals can access the required acreage by establishing a share-cropping contract with the agrarian nucleus until at least 2024.

To Ita, this means that the program encourages collective social property to be parceled and individualized. “In lands of common use that the ejido cedes for a period of time to campesinos that don’t have it, they will plant fruit and timber  trees that will just be producing when the program ends, so it will be very difficult to return this land to the common use of the agrarian nucleus,” the director of Ceccam maintains.

Sembrando Vida proposes the coordination of the program through so-called Campesino Learning Communities (CAC), which in fact form a parallel organization to the community or ejidal assembly, which is the main authority in the territories. “Contrary to the strategy of better organized communities which strengthen the power of their assemblies, the CAC do not report to, nor are they held accountable by the agrarian assemblies,” Ana de Ita reports.

Deforest, in order to re-forest?

The goal of Sembrando Vida is the reforestation of a million hectares, and for this, between 600 million to a billion trees are needed, according to federal government figures.

It does not have this number of trees, however, and since the announcement of the program, forestry experts warned of the absence of capacity for production of such a quantity of plants in Mexico. According to the data from the Secretary of Welfare, in 2019 only 14% of the goal of 575 million trees were planted and survived.

Among the complaints that Ceccam compiled, campesinos reported that they are obligated to plant trees that don’t belong in the region, which is why they frequently die and, despite this, “they demand that they replant them, instead of planting trees that are adapted to their own climatic conditions. For example, in the Northern Sierra of Oaxaca, they are demanding that they plant cedars that need a lot of water which is scarce in the region, which is why many plants have died,” Ita maintains.

This is in addition to the evidence that has emerged in states such as Puebla, Campeche and Chiapas, where farmers, organizations and the press have documented the deforestation of land for the purpose of registering it with Sembrando Vida.

“But this problem can’t be demonstrated, because the government hasn’t made public the location data of each of the 430 thousand parcels,” clarifies the Ceccam researcher.

Audits

The budget assigned to Sembrando Vida in 2022 reaches 29 billion 231 million pesos, an amount close to the total which corresponds to the Secretary of Agriculture (32 billion 750 million). Notwithstanding its resources, the program is only destined for 430 thousand campesinos of the 5.5 million agricultural producers and around 2.5 million agricultural day laborers that exist in the country, according to data from the National Institute of Statistics and Geography.

In this context, the program has been evaluated by entities  like the Federal Superior Audit Office (ASF), which detected shortcomings in its design, content and implementation. According to its Individual Report of the Results of the Superior Audit of the 2019 Public Account, “the objective of achieving that agrarian subjects in rural locales with income below the line of welfare, have enough resources to make the land productive,” is at risk.

Without participation of the communities

For the researcher, the execution Sembrando Vida, like other federal programs, has avoided the social participation in the design of its public policies in accusing the campesino organizations of being corrupt.

For Ana de Ita, it is necessary to remember that during the current federal administration, the recognition of indigenous rights has not received any impetus, and “and the guardians of the forests and the jungles are threatened and persecuted for their labor of caring for them.” According to data by Global Witness, in 2020, 30 environmental defenders were murdered in the country, placing Mexico at the second-most violent in the world.

In this context, the Ceccam member writes, “to not take into account the agrarian authorities, the forms of organization in the countryside, the systems of community charges, the forms of collective work, the ways of making decisions —and in not addressing the campesino agrarian nuclei as collective owners of the land, but instead as individuals, choosing some and not others —the end of this term [AMLO’s 4T] will not see a single difference, neither in the reduction of poverty, nor in reforestation and care of the forest.”