Ayotzinapa
La Suprema Corte reabre la discusión sobre la sentencia de 2018 que ordenó la creación de la Comisión para la Investigación y la Verdad del caso Iguala
- La Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte atraer cuatro revisiones extraordinarias promovidas por autoridades del gobierno de Enrique Peña Nieto para impugnar la sentencia del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Décimo Noveno Circuito que ordenó la creación de la “Comisión para la Investigación y la Verdad en el Caso Iguala” en 2018.
- La Suprema Corte ejerció su facultad de atracción, abriendo la posibilidad de revisar los efectos de una resolución definitiva, poniendo en tensión el principio de cosa juzgada.
- Lejos de contribuir al esclarecimiento del caso, la atracción implica un nuevo retraso para el cumplimiento de una sentencia firme que reconoció la necesidad de contar con una investigación autónoma y con la participación activa de las víctimas.
Ciudad de México, 7 de julio de 2026. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer su facultad de atracción, en la Solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción (SEFA) 331/2026, respecto de cuatro amparos en revisión extraordinarios promovidos contra la sentencia emitida en mayo de 2018 por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, en los amparos en revisión 203/2017 y otros, abriendo así la posibilidad de revisar los efectos de una sentencia definitiva, lo que contraviene el principio de seguridad jurídica.
La sentencia de 2018 constituye uno de los precedentes judiciales nacionales más relevantes del caso. Cabe recordar que el 4 de junio de 2018 el Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó reponer la investigación del caso Ayotzinapa ante las graves irregularidades detectadas, ordenando la creación de una Comisión de Investigación para la Justicia y la Verdad en el caso Iguala (Comisión de Investigación), como un mecanismo extraordinario para garantizar una investigación independiente y efectiva.
Entre otros aspectos, el fallo concluyó que la investigación que condujo a la llamada “verdad histórica” —la versión de que los jóvenes habrían sido privados de la vida y sus cuerpos calcinados en el basurero de Cocula— había estado afectada por violaciones graves a derechos humanos, incluida la práctica de tortura. El fallo también destacó que no se exploraron otras líneas de investigación que apuntaban a la participación del Ejército, ni se investigó adecuadamente la tortura denunciada; por el contrario, se privilegió el uso de pruebas que apoyaban la mencionada versión oficial.
Los juicios de amparo de los que deriva la resolución fueron directamente iniciados por los acusados. Los padres y las madres de familia de los normalistas desaparecidos no fueron parte procesal y sus representantes no se apersonaron ni promovieron en el mismo. Por el contrario, uno de los efectos del amparo es que las familias de los estudiantes desaparecidos sean reconocidas como víctimas indirectas en los mismos, razón por la cual son parte ante los recursos atraídos el día de hoy.
Lejos de dar cumplimiento a la sentencia, después de su publicación, diversas autoridades de la administración del entonces presidente Enrique Peña Nieto promovieron revisiones extraordinarias con el argumento de que debieronhaber sido llamadas al juicio. Aunque esos recursos fueron presentados desde 2018, permanecieron pendientes de trámite durante varios años y comenzaron a admitirse hasta octubre de 2025.
En 2026, la actual Consejería Jurídica de la Presidencia de la República solicitó a la Suprema Corte atraer las cuatro revisiones extraordinarias, al argumentar que era necesario definir la viabilidad jurídica y material para cumplir la sentencia, al considerar que existía una imposibilidad para crear la Comisión para la Investigación y la Verdad, sosteniendo esencialmente los mismos argumentos presentados por la administración del Presidente Peña Nieto y que mantuvo el Presidente López Obrador en su momento.
Lamentablemente, en sesión del Pleno y sin una discusión sobre las implicaciones, la Suprema Corte determinó por unanimidad atraer estos recursos extraordinarios. Previo a la votación, la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra se excusó de conocer del asunto en tanto la investigación penal relacionada con el caso, depende de una Unidad Especial a cargo de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos de la que fue titular.
Esta decisión permite reabrir la discusión sobre el alcance de una resolución firme que no sólo desmontó la versión de la llamada “verdad histórica” en sede judicial nacional, sino que abrió la oportunidad de crear un mecanismo de investigación extraordinario, con la participación de la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y las víctimas.
Adicionalmente, más allá de este caso, la decisión de atraer estos asuntos plantea serios cuestionamientos en materia de seguridad jurídica y cosa juzgada, pues permite revisar una sentencia definitiva dictada hace ocho años. Esta revisión extraordinaria no está prevista expresamente en la Constitución ni en la Ley de Amparo y, en los hechos, implica una revisión de una sentencia firme emitida en un amparo en revisión. Ello genera incertidumbre sobre la firmeza de las resoluciones judiciales y debilita la certeza que deben brindar las sentencias definitivas.
A poco más de dos meses de que se cumplan 12 años de la desaparición de los 43 estudiantes, el caso continúa sin ser plenamente esclarecido. En ese contexto, la decisión de la Suprema Corte difícilmente contribuirá a acelerar el acceso a la verdad y la justicia; por el contrario, prolonga la incertidumbre jurídica sobre una resolución relevante para el caso, a la vez que los obstáculos identificados en la investigación persisten, como la opacidad de las Fuerzas Armadas ante la negativa a entregar la información de inteligencia faltante y los pendientes en las extradiciones prioritarias, en particular la del entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal.

Un mundial agitado por los 43 y miles más
Fuente: Tlachinollan
Este 11 de junio de 2026, en el marco del mundial, las madres y padres de los 43, estudiantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) y el colectivo de Desaparecidos Lupita Rodríguez tomaron las calles para exigir el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos y 133 mil desaparecidos, pero los policías antimotines les taparon el paso en la caseta de Tlalpan en la Ciudad de México.
Los normalistas llegaron a las 10 de la mañana, pero estaba atestado de policías. Después de unos minutos empezaron a mover los carros y avanzaron más de 200 metros, pero Arturo Medina, subsecretario de derechos humanos de gobernación, se puso enfrente de las madres y padres para no dejarlos pasar. Al mismo tiempo los policías se desplegaron pasos adelante para no permitir que el contingente siguiera su camino al Estadio Azteca.
Los padres de familia instalaron un mitin después de que las autoridades se opusieran a que la marcha continuara. Las madres molestas encararon a Arturo Medina de que las investigaciones no han avanzado y que el ejército mexicano no ha entregado los 853 folios.
Los estudiantes criticaron a la presidenta Claudia Sheinbaum porque no hay verdad y justicia. «Que no se olvide que este 11 de junio en México gritaron más fuerte un gol que justicia» dijeron los estudiantes normalistas en el mitin.
Como un río acaudalado se encuentran las calles de la Ciudad de México, llenas de maestros y maestras y colectivos de desaparecidos de todas las latitudes del país. Algunos van con el uniforme del mundial ajenos a las luchas sociales. Las madres buscadoras también se pusieron la playera para exigir la presentación con vida de sus seres queridos.
Las autoridades federales y del gobierno de la Ciudad de México en lugar de proteger a las víctimas que tienen el corazón destrozado impuso las fuerzas policiacas. Se han empeñado en criminalizar la lucha de las madres y padres de los 43, así como del magisterio y los colectivos de madres buscadoras.
Doña María de Jesús Tlatempa Bello, madre de José Eduardo Bartolo Tlatempa, vivió el hostigamiento de la policía en la caseta de Tlalpan. Esa acción nefasta e infame de las autoridades federales fue indignante para las madres de los 43. “Es un atropello, porque el día lunes, cuando llegamos a la caseta de Tlalpan estaba un operativo donde había más de 500 policías. Nos encapsularon. Lo peor de todo es que cargaban perros para rastrearnos, barretas, picos, marros y estaban bien equipados y armados”.
El operativo desplegado fue desmedido. Las autoridades irrumpieron sin permiso y sin orden de cateo. Tenían la orden de no dejar pasar a los normalistas y a las madres y padres. Nunca imaginaron que Arturo Medina fuera quien está obstaculizando la búsqueda de sus hijos. A pesar de que conoce a las familias no las dejó pasar.
“Nunca nos revisan, pero esta vez se atrevieron. Es una burla a la memoria de nuestros hijos y a nuestra lucha. Como padres de familia estamos muy enojados con la presidenta Claudia Sheinbaum, porque nosotros lo único que traemos son nuestras lonas. Los policías con la leyenda los “zorros” estaban al acecho. A los delincuentes no los detienen, pero sí a nosotros que exigimos el regreso de nuestros hijos”, dijo doña María de Jesús.
Fue un atropello el trato vil que recibieron las madres por la presidenta, “tratándonos como delincuentes cuando nosotros realmente lo que buscamos son a los estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Nuestras armas son las lonas con el rostro de nuestros hijos”.
Las madres y padres solo exigen verdad a la presidenta, pero no han tenido respuesta del paradero de sus hijos. En las noches se pasan en vela para ver si llegan sus hijos. Por eso decidieron movilizarse para visibilizar el caso Ayotzinapa. Sin embargo, desde el 8 de junio no han dejado pasar a los estudiantes, el brazo fuerte de las madres. El cerco policial fue con el propósito de criminalizar su protesta.
Las autoridades han dejado a las víctimas a merced de los policías. En estos días han quedado relegados y marginados. El mundial es lo central para el gobierno, pero para las madres y padres de los 43 es la presentación con vida de sus hijos. “Tenemos esperanzas de que vamos a encontrar a nuestros hijos y que lo que está en la oscuridad pronto saldrá a la luz”.













































