14042017lasgrietas2.1

 

Del 12 al 15 de abril de 2017 se llevó a cabo el Seminario Los muros del capital, las grietas de la izquierda en las instalaciones del CIDECI-Unitierra de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde nuestra compañera Paulina Fernández presentó la ponencia titulada: “Elecciones 2018: La propuesta del EZLN-CNI no divide, ¡exhibe! a los partidos políticos” (escuchar audio aquí). En ella, Paulina habló de la forma en que los partidos políticos en México, sobre todo los de izquierda, han construido una partidocracia que traicionó sus principios, al tiempo que subrayó la importancia de la propuesta del Concejo Indígena de Gobierno como proceso de reorganización combativa. Aquí presentamos el texto completo de su intervención en el CIDECI.

 

Seminario de reflexión crítica

Los muros del capital, las grietas de la izquierda

12 al 15 de abril del 2017, CIDECI-UniTierra,

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México.

 

 

Elecciones 2018: La propuesta del EZLN-CNI no divide, ¡exhibe! a los partidos políticos.

Paulina Fernández C.*

Hace poco más de un mes Miguel Ángel Mancera declaró a la prensa: “Llegué a la jefatura de Gobierno [del Distrito Federal] por ese instituto político cuando la izquierda estaba unida. En esa contienda participaron de la mano PRD [Partido de la Revolución Democrática], Partido del Trabajo (PT), Movimiento Ciudadano (MC) y la gente de Morena. Hoy está hecha esta división…”[1]

Y esta división entre unos y otros partidos que se dicen de izquierda o las divisiones en el interior de cada uno de ellos, así como las deserciones individuales o las escisiones de grupos de tránsfugas que emigran a la menor oportunidad, es una constante en la vida de las organizaciones políticas con registro legal. Mas estas constantes divisiones no sólo se dan en o entre partidos políticos registrados; éstos también buscan por todo el país atraer a su clientela permanente a las organizaciones no partidarias con influencia política en sus ámbitos o sectores de intervención y para ello recurren a viejos mecanismos de penetración de organizaciones mediante la cooptación de dirigentes, dejando como testimonio de esta práctica los apellidos que las diferentes fracciones producto de las sucesivas divisiones se ven obligadas a usar para distinguirse: “nueva”, “democrática”, “independiente”, “histórica”, “revolucionaria”, “mayoritaria”…

            En vísperas de procesos electorales municipales, estatales o federales, personeros de los partidos políticos se dan a la tarea de contactar líderes, autoridades o representantes para ofrecerles ser candidatos, no porque entre sus filas no haya interesados en acceder a un “puesto de elección popular”, sino porque la coyuntura es propicia para abrirse paso en ciertas comunidades que los repudian. Toda la gente sabe que durante las campañas, la división que fomentan los partidos políticos en pueblos, comunidades, ejidos, barrios, colonias, y en organizaciones campesinas, indígenas, de colonos, de todo tipo de trabajadores, se intensifica y va acompañada de diversas mercancías, bienes de consumo necesario, dinero en efectivo o en tarjetas de plástico, que se entregan en miles de operaciones abiertas de compra venta de conciencias, con el mayor descaro.

El reparto de recursos económicos entre la población de ciertos territorios desempeña una función que rebasa con mucho los tiempos y los apetitos electorales. Partidos de diverso signo y gobiernos de todos los niveles, saben que elemento esencial de la resistencia indígena que no han podido doblegar, consiste en no recibir dinero del Estado mexicano bajo ningún concepto. La ostentosa distribución de bienes materiales que se entregan sólo a “los que están con el gobierno”, a los miembros de organizaciones y comunidades “partidistas” vecinas, es una de tantas formas de hostilidad y presión que se ejercen con el fin de debilitar y dividir a las comunidades autónomas zapatistas.

La continua labor de división que provocan los partidos políticos en estos territorios nada tiene que ver con su democracia; es parte de una guerra permanente contra los pueblos, guerra no exenta de violencia. Así encontramos que, por ejemplo, en los municipios autónomos rebeldes zapatistas del Caracol de La Garrucha, se han tenido que afrontar en los últimos años dificultades de origen partidista y gubernamental, todas ellas dirigidas contra la autonomía. “Estas dificultades son parte de una misma estrategia contrainsurgente que se manifiesta, principalmente, en la invasión y despojo de tierras recuperadas, siendo éste el aspecto más visible de la ofensiva para desintegrar la cohesión social de las comunidades, para dividir a los pueblos y ejidos y enfrentar entre sí a los hermanos indígenas, para debilitar la resistencia de las bases de apoyo del EZLN, para hacer desertar a zapatistas, en fin, para obstruir permanentemente la libre construcción de la autonomía. Paralela a esta ofensiva generalmente violenta contra tierras y poblaciones, el Estado impulsa medidas socialmente más presentables pero igualmente perversas, basadas en un número indeterminado de políticas, programas y proyectos, a través de los cuales fluyen continuamente el dinero y los recursos materiales hacia la población vecina, también indígena pero no zapatista, de todas las edades y condiciones. En estas labores contrarrevolucionarias participan los tres niveles de gobierno oficial, miembros de algunas organizaciones sociales habilitados como paramilitares y los partidos políticos nacionales que tienen presencia en la Zona, en la que –dicho sea de paso– todo indica que ya no hay partidos políticos de oposición, todos son gobierno o están a la espera de turno o de una alianza para serlo y todos participan activamente en la guerra contra los zapatistas, de la que buscan sacar provecho con su lógica clientelista, en el mercado político-electoral.”[2]

De las muchas denuncias que por años se han hecho públicas (cuyos textos completos todavía se pueden consultar por internet) y sobre las que los partidos políticos incriminados hasta la fecha no han expedido acuse de recibo, podemos desprender que “en la guerra contra los zapatistas las fronteras y diferencias políticas no existen entre los partidos, ni entre los gobiernos, o lo que es lo mismo todos son uno, y más se funden los partidos en un solo conjunto cuando sus militantes y dirigentes callan y se desentienden de los actos cometidos por quienes ellos apoyaron para llegar al poder. En las denuncias de la Junta de Buen Gobierno de la Zona Selva Tzeltal hechas en diferentes momentos, son continuamente señalados como responsables políticos del hostigamiento, agresiones, despojos, robos y diversos delitos los titulares del poder ejecutivo federal, del estatal y del municipal que encabezaron sus respectivos gobiernos en el periodo 2006-2012: Felipe Calderón Hinojosa quien llegó a la Presidencia de la República –fraude mediante– registrado por el PAN, y que a través de diversas dependencias federales estuvo apoyando a la OPDDIC, organización de abierta filiación priísta, en el despojo de tierras al EZLN. Juan José Sabines Guerrero, Gobernador del estado de Chiapas, que cuando no había dejado de ser un priísta en funciones de presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez fue postulado por la ‘Coalición por el Bien de Todos’ conformada por los partidos PRD, PT y Convergencia. Carlos Leonel Solórzano Arcia, militante del PAN, fue Presidente Municipal de Ocosingo de 2008 a 2010, y su sucesor Lindoro Arturo Zúñiga Urbina (2011-2012) fue el candidato de la ‘Unidad por Chiapas’ integrada por la alianza entre PAN, PRD, Convergencia y PANAL.”[3] Dicho brevemente: en años recientes, en Chiapas la “izquierda” y la derecha por igual, representadas por PRI, PAN, PRD, PT, Convergencia, PANAL, han sido copartícipes en diferentes momentos del hostigamiento, agresiones, despojo y diversas acciones violentas contra las comunidades de los municipios autónomos zapatistas cuya lucha, experiencia de organización y de gobierno pone en evidencia al sistema político y económico al que se deben y defienden todos los partidos institucionales.

Sin excluir a las comunidades cercanas a los municipios zapatistas, en el resto del país los programas sociales a través de los cuales los gobiernos canalizan recursos económicos a “la población pobre” cumplen la misma función que las dádivas repartidas en campaña y son aprovechados permanentemente por los partidos “en el poder” para atraer, conservar o incrementar su clientela electoral: créditos, viviendas, Oportunidades, Procampo, Vivir mejor, Piso firme, Amanecer para los viejitos, becas escolares para los niños, entre otros “beneficios”, se otorgan discrecionalmente a sus respectivos seguidores, profundizando así las divisiones sociales y los enconos partidarios.

Pero esas “obras de caridad” con recursos públicos no sólo sirven para dividir y debilitar a la población de diversos modos organizada, también sirven para fortalecer al capitalismo llevando a todos los rincones del país sus modos de explotación, de dominación política, de control social, de sometimiento personal. No es por casualidad ni por error que los programas sociales de subsidios para la población más pobre no hayan disminuido la pobreza y sí en cambio se hayan convertido en una fuente de ganancias para el capital financiero en América Latina. Hace unas semanas el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que veinte años después de que los “programas de transferencias monetarias condicionadas” –así les llaman– se pusieran en funcionamiento en la región, “con México y Brasil como pioneros, con Oportunidades, que derivó en Prospera, y Bolsa Familia, respectivamente” encontró que los gobiernos pagan altas comisiones a los bancos por cada transacción realizada, debido a que la mayoría de los beneficiarios habitan en comunidades marginadas del sector financiero.[4]

La labor de división y desarticulación del tejido social impulsada por los gobiernos y partidos políticos de cualquier signo, se lleva a cabo por todo el territorio nacional con la finalidad de facilitar la apropiación y concentración en manos privadas de las riquezas nacionales. Durante las últimas décadas, en este proceso de acumulación de capital denominado neoliberalismo los actores públicos, las instituciones del Estado mexicano, la llamada clase política y sus partidos, han sido acompañados por otros actores como caciques, empresarios, guardias blancas, paramilitares y delincuentes de diverso tipo.

La participación asociada de estos actores públicos y privados aparece en los múltiples casos en donde las resistencias se enfrentan al despojo, casos dados a conocer por decenas de pueblos agrupados en el Congreso Nacional Indígena y en el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de los que dan cuenta en varios documentos elaborados conjuntamente en los últimos años. De entre éstos, cabe señalar aquí tres comunicados: la 2ª. Declaración de la compartición CNI- EZLN sobre el despojo a nuestros pueblos del 16 de agosto de 2014, más conocido como el comunicado de “los espejos”; el más reciente, titulado Que retiemble en sus centros la tierra del 14 de octubre de 2016;[5] y el Parte de guerra y de resistencia # 44 del 22 de septiembre de 2016, del que citamos algunos datos del panorama nacional por el que desfilan los diversos actores públicos y privados confabulados:

            En el sur, la lucha de los pueblos en defensa de sus territorios en contra de caciques y empresas, se disuelve con la lucha por la seguridad y la justicia en contra de las bandas de la delincuencia organizada, cuya íntima relación con toda la clase política es la única certeza que, como pueblo, tenemos hacia cualquier órgano del Estado.”

            En el occidente, las luchas por la tierra, la seguridad y la justicia se dan en medio de la administración de los cárteles de la droga, que el Estado disfraza de combate a la delincuencia o de políticas de desarrollo. En cambio, los pueblos que han resistido e incluso abatido la delincuencia mediante la organización desde abajo, deben luchar por los intentos permanentes de los malos gobiernos para lograr que el crimen organizado, y los partidos políticos de su preferencia, se adueñen nuevamente de los territorios mediante formas diversas.”

En el norte, donde persisten luchas por el reconocimiento de los territorios, las amenazas mineras, los despojos agrarios, el robo de recursos naturales y el sometimiento de las resistencias por narco paramilitares, los pueblos originarios siguen construyéndose a diario.”

            En la península, los pueblos mayas se resisten a desaparecer por decreto, defendiendo sus tierras del ataque de empresarios turísticos e inmobiliarios, donde la proliferación de guardias blancas opera con impunidad para despojar a los pueblos, la invasión por la agroindustria transgénica amenaza la existencia de los pueblos mayas y la inmundicia de los magnates que se adueñan de los territorios agrarios, vestigios culturales arqueológicos e incluso la identidad indígena, pretende convertir a un pueblo tan vivo como la extensión de su lengua, en fetiches comerciales.”

En el centro, los proyectos de infraestructura, autopistas, gaseoductos, acueductos, fraccionamientos, se están imponiendo de forma violenta y los derechos humanos se ven cada vez más difusos y lejanos en las leyes impuestas. La criminalización, cooptación y división dibuja la estrategia de los grupos poderosos, cercanos todos de manera corrupta y obscena al criminal que cree gobernar este país, Enrique Peña Nieto.

            En el oriente del país, la violencia, el fracking, las mineras, el tráfico de migrantes, la corrupción y demencia gubernamental son la corriente contra la lucha de los pueblos, en medio de regiones enteras tomadas por violentos grupos delincuenciales orquestados desde altos niveles de gobierno.”[6]

Los casos implícitos en las anteriores denuncias se enmarcan y derivan de la forma de dominación y acumulación por despojo y violencia propia de la globalización neoliberal, la cual se empezó a gestar en los años 70 del siglo pasado, abriéndose paso en América Latina con el cruento golpe de Estado militar en Chile del 11 de septiembre de 1973. Años 1970, misma década en que el gobierno mexicano, ante los riesgos de ya no poder seguir controlando a la población sólo por medios autoritarios y represivos, y ante los cambios en la situación económica que anunciaban el comienzo de una nueva crisis mundial, optó por desviar la lucha de clases hacia una pequeña compuerta electoral, por la que entraron al sistema nuevos partidos políticos, la izquierda por delante con el más antiguo de entonces, el Partido Comunista Mexicano (PCM), fundado en 1919 y de cuyo registro legal hoy todavía disfruta el Partido de la Revolución Democrática.

La historia legal-electoral del PCM-PSUM-PMS-PRD es el mejor ejemplo de cómo el Estado mexicano logró con facilidad uno de los objetivos centrales de la Reforma Política de 1977, lo cual permitió en muy poco tiempo al presidente de la República cantar victoria al informar que, luego de participar en unas cuantas elecciones locales: “Las minorías han encontrado expresión, y la pasión de la disidencia se ha vuelto deber institucional.”[7]

El presente del Partido de la Revolución Democrática es el resultado de una historia de diferentes organizaciones e individuos que se fueron sumando en un partido que a la vez que cambiaba de nombre iba perdiendo su identidad de izquierda, primero, y después, en la medida en que se iba acercando a posiciones de poder, iba renunciando a su papel de oposición. Este proceso de pérdida de identidad del PRD como partido heredero de una corriente de la izquierda mexicana, empezó años antes de su fundación.

Dado el carácter eminentemente electoral del origen, de las actividades y hasta de los principios básicos más importantes del PRD, es necesario rastrear estas posiciones para entender su desarrollo. La posición expresada por los representantes de los partidos Comunista Mexicano, Mexicano Socialista y Socialista Unificado de México con motivo de las sucesivas reformas políticas y electorales federales que se realizaron desde 1977, brindan la oportunidad para estudiar los cambios de esa corriente de la izquierda mexicana, a lo largo de todos esos años.[8]

El PCM se define frente a la Reforma Política de 1977. La de los años setenta, era para el Partido Comunista Mexicano, una crisis de los aparatos ideológico-políticos del régimen, entre los cuales se incluía a los partidos, al sistema electoral y a los instrumentos de control sobre el movimiento obrero y campesino.[9] La solución que el PCM trataba de impulsar para aquella crisis política, se basaba en la democratización del régimen, misma que consistía en términos generales, en la eliminación de los obstáculos legales a la participación de los obreros, de los campesinos y de los intelectuales, en todas las esferas de la vida política, económica y social. El derecho irrestricto a organizarse en partidos políticos se encontraba en el centro de la solución democrática que este partido proponía para la crisis de entonces.

En el discurso, la idea de democracia se presentaba asociada a la de partido, y la concepción de partido remitía a la intervención electoral, aunque todavía no de manera exclusiva y absoluta: “Los comunistas -decía Arnoldo Martínez Verdugo- somos partidarios de una democracia en la que todos los ciudadanos, independientemente de su posición social, de su ideología, de sus creencias religiosas y de sus concepciones políticas, gocen del derecho de organizarse en partidos, intervenir en el proceso electoral en igualdad de condiciones, enviar sus representantes a los órganos electos, realizar la propaganda de sus ideas sin cortapisas y a través de los órganos de difusión masiva, organizarse con independencia del gobierno y de la empresa y luchar por la conquista del poder apoyándose en la mayoría del pueblo en uso del derecho establecido en la Constitución.”[10] Pero esta democracia, desarrollada hasta sus últimas consecuencias y con un interés de clase, también podía conducir al socialismo, y por ello los miembros del PCM, decían: “queremos asegurar el paso de la democracia burguesa, la democracia formal, a la democracia real, la democracia socialista”.[11]

El conjunto de ideas y propuestas comunistas acerca de la reforma electoral que, desde su punto de vista demandaba la sociedad mexicana en 1977, concluía con una exigencia muy reveladora, sobre todo por proceder de el partido de la izquierda, independiente, de oposición, revolucionario, que pretendió ser el Partido Comunista Mexicano. En voz de su Secretario General del Comité Central el PCM sostenía: “Una condición indispensable para contrarrestar la desigualdad que existe entre los partidos en los que se agrupan los ricos y el partido que tiene en sus manos el poder, por un lado, y los partidos que representan la parte explotada de la población, por el otro, privados de medios económicos y de los recursos del poder, es la exigencia de que el Estado costee los gastos de campañas electorales de todos los partidos y los de su registro.” Una medida de esta naturaleza –se aclaraba– no garantizaría por sí misma la igualdad, pero contribuiría a disminuir la desigualdad al mismo tiempo que “serviría para neutralizar la corrupción”.[12]

En otras palabras, a través de la exigencia de financiamiento público para los partidos políticos, el Partido Comunista le ofrecía al Estado mexicano, la vía más corta y segura para resolver en definitiva la lucha de clases acabando de una sola vez con la explotación y con la corrupción. Con ello y de paso, el PCM cumplía sus funciones de partido de oposición y de izquierda, ahorrándose las molestias de trabajar por un cambio revolucionario. Pero lo más grave y trascendente de esa solicitud era el razonamiento implícito: el que el partido del gobierno recibiera financiamiento público era un acto de corrupción, pero si todos los partidos recibieran dinero de la misma procedencia, entonces se neutralizaría la corrupción. Dicho de otro modo, el PCM en lugar de exigir su erradicación pedía la socialización de la corrupción.

Años después este partido ya con el nombre de Partido Socialista Unificado de México se redefinía ante la Renovación Política de 1986. Un sexenio de participación electoral fue suficiente para inducir a los excomunistas a una depuración de proposiciones y a una redefinición de posiciones y de conceptos claves.

En la sesión de instalación de las audiencias públicas de consulta para la Renovación Política Electoral, el Secretario General del Comité Central del PSUM había adelantado la que sería la principal preocupación de su partido para esta reforma: el sistema de partidos políticos.[13] El nuevo objetivo era “avanzar hacia un régimen parlamentario democrático, que sustituya al decadente régimen presidencialista” precisaba Arnoldo Martínez Verdugo, ahora convertido en diputado federal.[14] A diferencia de lo que habían expuesto como Partido Comunista, para los dirigentes del PSUM dejó de ser relevante la relación del partido político con las clases sociales y sus necesidades, el papel de los militantes o la función, incluso, de la participación de los electores; en lugar de su base social, lo más importante pasó a ser la protección de la legislación electoral, en la cual se depositaban todas las esperanzas y hacia la cual se dirigían todas las exigencias para garantizar a los partidos su existencia, crecimiento y permanencia en el sistema de partidos. Mas el abandono y cambio de posiciones iba más lejos aún. No sólo los obreros y sus sindicatos, las organizaciones campesinas, los presos y torturados por motivos políticos, o las leyes represivas e injustas, dejaron de ser aspectos medulares de una verdadera reforma política; del discurso del PSUM también desapareció el socialismo que años atrás había planteado el PCM como el objetivo que se alcanzaría con el desarrollo de la democracia llevada hasta sus últimas consecuencias. El nuevo objetivo de los viejos comunistas -a pesar del nombre de su partido- ya no era el socialismo, sino el parlamentarismo.

Tres años más tarde el PMS se ajustó a la Reforma Electoral de 1989. El 6 de julio de 1988 no dejó lugar a precisiones ideológicas ni a concepciones políticas en el sentido más amplio del término: lo que fuera la democracia y lo que haya sido el socialismo, aunque todavía lo conservara en el nombre el Partido Mexicano Socialista, no tenía ya importancia alguna frente al apremio de denunciar la parcialidad de un sistema electoral diseñado y perfeccionado a la medida de las necesidades del partido del gobierno. La exposición del tema “Derechos políticos y representación nacional” a cargo -una vez más- de Arnoldo Martínez Verdugo, se concentró en el sistema electoral mexicano; el expositor terminó su intervención aclarando que las propuestas que había hecho correspondían a las posiciones tanto del Partido Mexicano Socialista como a las del Comité Promotor del Partido de la Revolución Democrática.[15]

De lo expuesto por sus representantes, se puede concluir que las intervenciones del PMS en las audiencias públicas de la reforma de 1989 estuvieron marcadas por las elecciones federales de 1988, a tal grado que el voto devino el eje articulador tanto de sus críticas como de sus propuestas: “Con todo, lo esencial de una reforma democrática es el respeto al sufragio”,[16] afirmación de Porfirio Muñoz Ledo que bien podría ser el epitafio de la etapa comunista-socialista de los partidos que dieron origen y registro al PRD. De la transformación del sistema económico, social y político para la instauración del socialismo, presente en los documentos del PCM a fines de los años 70, se había llegado a fines de los años 80 a demandar un sistema pluripartidista como objetivo histórico del PMS, y del PRD en vísperas de su fundación. El partido se convirtió a lo largo de esos años en un aparato electoral que creyó encontrar en el proceso de 1988 su mejor justificación, y cuyo interés primordial en las reformas electorales era incluir en la legislación las garantías necesarias para poner límite a los excesos, usos y abusos del PRI, al mismo tiempo que se consagrara la alternancia política como principio constitucional; todo ello con el fin de despejar la vía de acceso al poder, que tan cerca les pareció haber visto.

Transitar de un sistema de partidos a otro, o perfeccionar el sistema electoral, no significa en ningún caso, subvertir el orden económico-social. Con esos objetivos ni siquiera se alcanzaría a transformar, en esencia, el régimen político. Las críticas y las propuestas presentadas por los representantes del PMS en las audiencias de la Reforma Electoral de 1989, no contienen nada distintivo ni propio de un partido de izquierda, nada que un partido de oposición, formal o real, de derecha moderada o extrema, no pudiera suscribir sin ningún problema.

Llegado el año de la reforma electoral de 1993 el PRD se perdió en el consenso. La práctica de organizar audiencias públicas en las que participaran representantes de diversas organizaciones e instituciones, además de los voceros de los partidos, y que en ellas se expusieran diversas posiciones políticas antes de cada reforma electoral, había concluido en 1989, fecha en que se inició la era de la participación plural, de los acuerdos concertados y de las decisiones por consenso, mecanismos introducidos desde los primeros actos de gobierno de Carlos Salinas de Gortari con la intención de involucrar a todos los partidos en las decisiones del poder y de esta manera corresponsabilizarlos de las mismas. Después de las elecciones legislativas de 1991, una vez que cambió la composición política de la Cámara de Diputados, recuperando el PRI un número importante de curules que había perdido en 1988, fue más fácil y útil para el titular del Poder Ejecutivo federal recurrir a esos mecanismos, sin graves riesgos políticos.

Para la reforma de 1993 se estableció un procedimiento más cerrado que en todas las reformas anteriores. El PRD presentó dos conjuntos de reformas para diferentes ordenamientos legales, en distintas fechas. Las modificaciones presentadas en el Congreso de la Unión en 1992-1993, expresaban una actitud del PRD iniciada por sus antecesores y desarrollada a lo largo de muchos años: las iniciativas estaban encaminadas a solicitar una mayor intervención del Estado a favor de los partidos registrados, y complementariamente, estaban dirigidas a permitir una mayor injerencia del mismo Estado en la vida interna de los partidos, en asuntos que deberían ser competencia exclusiva de sus miembros, o en el último de los casos, del común de los ciudadanos.

Las ideas propias, el carácter distintivo de las propuestas y la identidad política de cada partido desaparecieron de las reformas electorales a partir de 1994 cediendo el paso a los documentos de acuerdos o compromisos, y a las iniciativas suscritas conjuntamente por partidos formalmente opuestos.

Las reformas que en materia electoral se hicieron en 1994 a la Constitución, al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y al Código Penal, suscritas por legisladores federales del PRD, del PRI, del PAN y del PARM, fueron precedidas por un “Compromiso para la paz, la democracia y la justicia” que los dirigentes nacionales y/o candidatos a la Presidencia de la República de ocho de los nueve partidos contendientes en la sucesión presidencial entonces en curso habían hecho como respuesta al Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el día 27 del mismo mes del levantamiento armado[17].

A pesar de que la irrupción de un movimiento armado en plena campaña electoral era un hecho que significaba en sí mismo la reprobación del régimen político y del sistema de partidos existentes, los representantes de los partidos nacionales registrados se unieron en dicho Compromiso para “cerrar el paso a todas las formas de la violencia” y para negar validez a cualquier otro tipo de fuerza política y de espacio distinto al de ellos, reivindicando para sí el monopolio de la lucha por la democracia. El avance democrático –exigían los firmantes del documento– “debe procesarse en los espacios de los partidos políticos y las instituciones republicanas”, y su contribución al proceso de paz era entendida como la suma de esfuerzos para garantizar una “elección legal y creíble” que sirviera al fortalecimiento democrático del país y del orden constitucional.[18]

Acorde con el papel central que los dirigentes nacionales y los candidatos presidenciales atribuyeron a sus partidos en el documento citado, la parte medular de la reforma de 1994 insertada en el artículo 41 constitucional y en los correspondientes artículos del COFIPE, pretendía “ciudadanizar” la integración del órgano superior de la autoridad electoral[19]. Pero contrariamente a la demanda surgida de organizaciones de la sociedad civil y de otras fuerzas políticas como el EZLN, en la elección de esa “representación ciudadana” en los órganos electorales no intervendrían los ciudadanos. La reforma consistió en que, en lugar de Consejeros Magistrados propuestos por el Ejecutivo federal, el Consejo General del Instituto Federal Electoral sería integrado por Consejeros Ciudadanos designados –no por los ciudadanos, hay que insistir– sino por los partidos políticos en la Cámara de Diputados, además de los representantes propios de cada partido político.

Con esta reforma la impostura alcanzaba rango constitucional. Se hacía realidad la vieja aspiración de partidos que, como el PCM desde 1977, proponían que en el organismo de máxima autoridad electoral se integraran “ciudadanos de reconocida probidad e independencia, elegidos por unanimidad por los propios partidos”; también se consolidaba la añeja intención gubernamental de dotar a los partidos registrados del carácter de interlocutores políticos únicos para decidir a nombre de todos los ciudadanos. Conjuntamente, partidos y gobierno, invocando la paz, la democracia y la justicia, marginaban de común acuerdo a esa sociedad civil que compartía los reclamos más enérgicos, los escuchados el 1° de enero de ese año de reformas, insurrección, asesinatos y elecciones.

El PRD se diluye en la Reforma Electoral Definitiva de 1995-1996. Si después de 1989 la práctica de las audiencias o consultas relativamente públicas había desaparecido, y si a partir de 1994 los partidos habían renunciado a su identidad absteniéndose de presentar iniciativas propias, en 1996 estas dos conductas se repiten en extremo. El país entero ignoró lo que los dirigentes de los partidos registrados discutían y negociaban con la Secretaría de Gobernación a lo largo de los veinte meses, aproximadamente, que duró el “encierro en Barcelona”.

Menos de un mes después del estruendo provocado por la crisis financiera con que se inauguró el nuevo gobierno, y menos de un mes antes de la ofensiva militar contra los zapatistas, acontecimientos que marcaron el sexenio de Ernesto Zedillo, los dirigentes de los partidos políticos nacionales y el titular del Poder Ejecutivo federal signaron los “Compromisos para un Acuerdo Político Nacional”[20] con los que se iniciarían las negociaciones de lo que el propio Zedillo había anunciado como una Reforma Electoral Definitiva a nivel federal, en el marco de la llamada Reforma del Estado. Al igual que en los Compromisos de un año antes, no pudiendo ignorar del todo la realidad nacional, partidos y gobierno insistieron en omitir cualquier referencia directa al EZLN, y en esta ocasión ni siquiera el estado de Chiapas era mencionado por su nombre.

Desde los documentos de conclusiones que antecedieron a los textos de las iniciativas de reformas, todos los dirigentes partidistas coincidían con la Secretaría de Gobernación en que para fortalecer a los partidos políticos había que privilegiar el financiamiento público sobre el privado, incrementando el monto total hasta entonces distribuido, e igualmente compartían la idea de establecer un límite al monto total, y de disminuir las aportaciones en dinero que los partidos políticos pudieran recibir de sus simpatizantes.[21]

Estas disposiciones han tenido consecuencias en tres aspectos fundamentales. Por un lado, lejos de fortalecer a la oposición, el creciente financiamiento público ha debilitado políticamente a los partidos, profundizando su dependencia respecto del Estado a grado tal que ninguno de ellos se aventuraría hoy a vivir prescindiendo de esa fuente de recursos. Por otro lado y derivado en cierta medida de lo anterior, la reducción legal y real de las aportaciones de los simpatizantes se ha traducido en una disminución del interés y del compromiso político de los militantes que en otros tiempos eran el sostén de sus partidos, relación que en muchos casos se ha invertido degenerando en una militancia a sueldo, o de paga. Por último, una consecuencia directa de la aceptación del financiamiento público en especie y en efectivo, ha sido la creciente injerencia del Estado, de diversas entidades públicas, en el funcionamiento interno de los partidos, con el fin de verificar, fiscalizar o auditar ingresos y gastos.

Aunque en 1999 no hubo reforma política ni electoral alguna, es indispensable considerar el ejercicio hecho ese año por los partidos representados en la Cámara de Diputados, puesto que es la síntesis concentrada del extravío de la oposición en general, y en especial de quienes pretendían representar a la izquierda. Diputados federales de los grupos parlamentarios del PAN, PRD, PT, PVEM e Independiente, propusieron una iniciativa de decreto para reformar, adicionar y derogar diversas disposiciones del COFIPE.[22] El PRD quedó confundido en esa iniciativa.

La actitud, las preocupaciones y hasta el tono y el lenguaje de la exposición de motivos de la iniciativa de 1999 no correspondían a los de una oposición consciente de serlo, y no es posible encontrar vinculación entre este documento y las históricas demandas de la izquierda mexicana. A través de esta iniciativa el PRD comparte posiciones con la derecha tradicional y la oficial: como representantes populares, como oposición, y como izquierda que pretende ser, el PRD se confunde con los defensores de un gobierno para el que busca estabilidad política y con los beneficiarios de un régimen para el que ofrece contribuir a garantizarle condiciones de gobernabilidad; en el consenso partidos-gobierno para la reforma constitucional de 1996 el PRD creyó ver la “oportunidad de una transición democrática pactada” y para el proceso electoral en puerta –el del año 2000– lo más importante era crear condiciones de certidumbre y confianza para los mexicanos en un sistema electoral construido desde el poder para la conservación del mismo.

En conclusión: El análisis de la cadena de partidos que se han considerado de izquierda desde el PCM hasta el actual PRD, a través de sus propuestas para reformar las condiciones legales de participación político-electoral de los mexicanos, muestra cómo, paulatina pero constantemente desde 1977, los partidos se van alejando de la sociedad civil al mismo tiempo que van ocupando el lugar de ésta, so pretexto de representar los intereses de los gobernados, ante y en el poder. No es entonces casual que los dirigentes de los partidos, coincidiendo con los representantes del gobierno, concentren su interés en reformas y propuestas que privilegian la democracia representativa formal, por encima de cualquier otra posibilidad del ejercicio de la democracia por parte de los ciudadanos.

A lo largo de estos años de continuas reformas electorales, es claramente perceptible el abandono de los objetivos sociales, económicos y políticos propiamente dichos de la lucha de los partidos y de su razón de ser, a la vez que van apareciendo en su lugar otros objetivos que nada tienen que ver con los problemas cotidianos de los ciudadanos, con las necesidades de la sociedad. Así pues, esta revisión histórica de una corriente de la izquierda partidaria, pone de manifiesto que llamarle democracia a las elecciones no es un simple error conceptual, sino el origen del abandono de la lucha por una nueva y más justa sociedad, que antaño llamaban socialista.

La posibilidad de observar las demandas de estos partidos en conjunto permite apreciar también cómo, en muy pocos años, se van reduciendo sus objetivos en tanto que partido político y en tanto que oposición de izquierda, y van dirigiendo su atención hacia el Estado, concentrando su interés en conseguir más recursos financieros, mejores tiempos en los medios de comunicación, y nuevos espacios de poder, e identificándose cada vez más con las características de un sistema que les proporciona lo necesario para vivir y reproducirse.

Dicho más directamente: 40 años de participación política dentro del sistema electoral legal demuestran que lo único que logró la izquierda institucionalizada es fortalecer al sistema en su conjunto, legitimarlo y prolongar su existencia, pero no destruirlo, ni siquiera cambiarlo. Peor aún. A lo largo de esos mismos 40 años se inició un nuevo ciclo de acumulación, se desarrolló y sigue en curso “un violento proceso de expansión universal de la relación de capital, de restructuración de las relaciones entre los múltiples capitales y, sobre todo, de las formas y contenidos de la dominación, la resistencia y la rebelión”[23] sin que al parecer esos mismo partidos políticos de izquierda se dieran cuenta del papel que estaban desempeñando desde los distintos espacios del poder que han ocupado, de manera especial e ininterrumpida, en las cámaras del Poder Legislativo federal. Les corresponde el nada honroso mérito histórico de haber avalado las sucesivas reformas que condujeron a transformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en un “gran código mercantil” [24], pues en el centenario de su promulgación, ésta ya “no tutela más los derechos de los campesinos, los trabajadores o los indígenas. Tampoco garantiza para la población los derechos a la salud, la educación, el trabajo; ni protege las propiedades nacionales, colectivas y comunales. Por el contrario, ahora privilegia los intereses del capital. Allana el camino a los grandes negocios sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los mexicanos.”[25] Si a la Constitución la convirtieron en un código mercantil, al sistema jurídico en su conjunto le dieron las herramientas para funcionar como uno más de los “medios de despojo”[26] con que cuenta el capital, contra los pueblos indígenas.

De entre los desastrosos resultados que por todo el país han dejado sembrados los partidos políticos de la izquierda institucionalizada que se ufanan de haber “tomado el poder” por la vía electoral, en diferentes espacios y niveles de gobierno, sobran motivos para fundamentar e impulsar una forma alternativa de participación política, para lo cual se dispone el CNI a empezar por “eliminar de los pueblos todo lo que nos está dividiendo: partidos políticos, programas y proyectos de gobierno y todo lo que identifiquemos que nos divide y reconciliarnos como pueblos.”[27]

Si bien el CNI y el EZLN hicieron pública la pretensión de que la indignación, la resistencia y la rebeldía que se respiran en todo México, figuren en las boletas electorales del 2018, la hicieron precisando “que no es nuestra intención competir en nada con los partidos y toda la clase política que aun nos debe mucho: cada muerto, desaparecido, encarcelado, cada despojo, cada represión y cada desprecio. No nos confundan, no pretendemos competir con ellos porque no somos lo mismo, no somos sus palabras mentirosas y perversas. Somos la palabra colectiva de abajo y a la izquierda, esa que sacude al mundo cuando la tierra retiembla con epicentros de autonomía, y que nos hacen tan orgullosamente diferentes […]”[28]

El acuerdo del V Congreso del CNI, previa consulta, de nombrar un Concejo Indígena de Gobierno colectivo, con representantes de cada pueblo, tribus y nación que lo integran y con una vocera mujer indígena que será candidata independiente a la presidencia de México en las elecciones del año 2018, tiene como una de sus metas, no luchar contra los “partidos de izquierda” que aspiran a “tomar el poder” de los de arriba –¡si los dejan!- sino ejercer el poder que tienen los de abajo cuando están organizados. Al proponerse participar en el próximo proceso electoral federal, el Concejo Indígena de Gobierno no va a dividir a una izquierda institucionalizada que se dedica a dividirse a sí misma, ni le va a quitar votos a los partidos, puesto que hay demasiados ciudadanos en nuestra sociedad, quizá más del 50 por ciento distribuidos por todo el territorio de la República Mexicana y fuera de él, que están hartos y desde hace años no quiere saber nada de los partidos políticos.

Por ello y quizá pensando en ellas y en ellos, el EZLN estima que la acción del CNI en torno a ese Concejo y a esa mujer indígena podría generar “un proceso de reorganización combativa no sólo de los pueblos originarios, también de obreros, campesinos, empleados, colonos, maestros, estudiantes, en fin, de toda esa gente cuyo silencio e inmovilidad no es sinónimo de apatía, sino de ausencia de convocatoria […], podría generarse un movimiento donde confluyeran todos los abajos, un gran movimiento que cimbrara el sistema político entero.”[29]

La propuesta del EZLN-CNI no divide, ¡exhibe! a los partidos políticos al proponerse como objetivo unir, reconstituir los pueblos indígenas y reconstruir el CNI; reunir a los pueblos para darle otra vez visibilidad a los indígenas y a lo que está sucediendo en sus territorios; encontrarse con otros indígenas, hablar y escuchar a otros pueblos originarios; sumar a los pueblos, naciones y tribus que no han participado en el CNI y que acepten los principios de mandar obedeciendo; encontrarse con otros y otras que no son indígenas, pero que igual están sufriendo sin esperanza ni alternativa.

La propuesta del CNI-EZLN aspira a sacudir la conciencia de la nación, es un llamado a la unión y a la organización de los pueblos indígenas y de la sociedad civil para frenar la destrucción del país, para defender la vida individual y colectiva, para reforzar las resistencias y rebeldías, fortalecer el poder de abajo y a la izquierda en una perspectiva contra el neoliberalismo, contra el capitalismo.

 

Ciudad de México/San Cristóbal de Las Casas a 14 de abril de 2017

 

 

* Doctora en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México.

[1] Leopoldo Ramos, corresponsal. “El jefe de Gobierno cree que el sol azteca puede reagruparse”, Saltillo, Coah., La Jornada, 8 de marzo de 2017, p. 13.

[2] Paulina Fernández Christlieb, Justicia Autónoma Zapatista. Zona Selva Tzeltal. México, Estampa Artes Gráficas/Ediciones Autónom@s, 2014, p. 298.

[3] Ibid., pp. 310, 311.

[4] Susana González G. “México, tercer país que más paga por transferir apoyos a pobres”. La Jornada, 20 de marzo de 2017, p. 18.

[5] 2ª. Declaración de la compartición CNI- EZLN sobre el despojo a nuestros pueblos. 16 de agosto de 2014.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2014/08/16/2a-declaracion-de-la-comparticion-cni-ezln-sobre-el-despojo-a-nuestros-pueblos/

CNI-EZLN. Que retiemble en sus centros la tierra, 14 de octubre de 2016.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/10/14/que-retiemble-en-sus-centros-la-tierra/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+EnlaceZapatista+%28Enlace+Zapatista%29

[6] Comunicado CNI-EZLN. Parte de guerra y de resistencia # 44, 22 de septiembre de 2016.

http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/09/22/parte-de-guerra-y-de-resistencia-44/

[7] José López Portillo. Sexto Informe de gobierno. Informe complementario. México, Talleres Gráficos de la Nación, 1982.

[8] Una exposición más extensa y detallada está publicada en Paulina Fernández Christlieb, “Desde el pasado del PRD, por las reformas electorales”, en Arturo Anguiano (Coord.), Después del 2 de julio ¿dónde quedó la  transición? Una visión desde la izquierda. México, UAM-X, 2001, pp. 177-203.

[9] Arnoldo Martínez Verdugo, representante del Partido Comunista Mexicano. Reforma Política. Gaceta Informativa de la Comisión Federal Electoral. I. Audiencias públicas. México, D. F., CFE, abril-agosto de 1977, p. 129.

[10] Ibid. p. 130.

[11] Ibid. p. 131.

[12] Ibid. p. 134.

[13] Pablo Gómez Álvarez, Secretario General del Comité Central del PSUM. “Sesión de instalación”. Renovación Política. Renovación Política Electoral. 1. Audiencias Públicas de Consulta, México, Secretaría de Gobernación, septiembre de 1986, p. 12.

[14] Dip. Arnoldo Martínez Verdugo, del PSUM. “Tercera Audiencia Pública. Partidos Políticos Nacionales”. Renovación Política. Renovación Política Electoral. 1. Audiencias Públicas de Consulta, México, Secretaría de Gobernación, septiembre de 1986, p. 161.

[15] “El C. Arnoldo Martínez Verdugo, del PMS.” “Primera Audiencia Pública. 1° de febrero de 1989. Derechos políticos y representación nacional.” Consulta Pública sobre Reforma Electoral. Memoria 1989. I. México, Comisión Federal Electoral, 1989, p. 79-82.

[16] “El C. Sen. Lic. Porfirio Muñoz Ledo, del PMS.” “Cuarta audiencia pública. 22 de febrero de 1989. Régimen de partidos y asociaciones políticas nacionales.” Consulta Pública sobre Reforma Electoral. Memoria 1989. I. México, Comisión Federal Electoral, 1989, p. 307.

[17] Firmaron este compromiso: Diego Fernández de Cevallos, candidato del PAN a la Presidencia de la República; Luis Donaldo Colosio Murrieta, candidato del PRI a la Presidencia de la República; Fernando Ortíz Arana, Presidente del CEN del PRI; Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del PRD a la Presidencia de la República; Porfirio Muñoz Ledo, Presidente Nacional del PRD; Rafael Aguilar Talamantes, candidato y Presidente del PFCRN; Rosa María Denegri, Presidente Nacional del PARM; Marcelo Gaxiola Félix, candidato y Presidente del PDM; Pablo Emilio Madero, candidato del PDM a la Presidencia de la República; Cecilia Soto, candidata del PT a la Presidencia de la República; y Jorge González Torres, candidato y Presidente del PVEM.

[18] “Compromiso para la paz, la democracia y la justicia. 27 de enero de 1994” en Guillermo Flores Velasco y Jorge Torres Castillo (Comps.) La reforma del Estado: agendas de la transición, México, INFP-PRD, 1997, p. 187-191.

[19] Diario de los Debates de la Cámara de Diputados, 22 de marzo de 1994, y Diario de los Debates de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos, 24 de marzo de 1994. También puede consultarse: 1994 tu elección. Memoria del Proceso Electoral Federal. México, IFE, 1995, p 23 y ss.

[20] “Compromisos para un Acuerdo Político Nacional. 17 de enero de 1995”, firmado por Carlos Castillo Peraza, Presidente del CEN del PAN; María de los Ángeles Moreno Uriegas, Presidenta del CEN del PRI; Porfirio Muñoz Ledo, Presidente Nacional del PRD; Alberto Anaya Gutiérrez, Coordinador del CEN del PT; y comoTestigo de honor: Ernesto Zedillo Ponce de León, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, en Guillermo Flores Velasco y Jorge Torres Castillo (Comps.) op. cit., p. 193-196.

[21] Cfr. Ibid., p. 128 y ss., y “Conclusiones alcanzadas en la Secretaría de Gobernación por el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática y el Partido del Trabajo en materia de reforma electoral y reforma política del Distrito Federal”, publicado en los principales diarios de circulación nacional el 22 de abril de 1996.

[22] “Iniciativa que reforma, adiciona y deroga, diversas disposiciones del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, suscrita por ciudadanos diputados de diversos grupos parlamentarios e independientes” en Gaceta Parlamentaria, N° 250, Año II, México, D.F., Palacio Legislativo de San Lázaro, viernes 23 de abril de 1999, p. 2-15.

[23] Rhina Roux, “El Príncipe fragmentado” en Gilly, Adolfo y Rhina Roux, El tiempo del despojo. Siete ensayos sobre un cambio de época. México, Editorial Itaca, 2015, p. 115.

[24] “El doctor en derecho Manuel Fuentes Muñiz señala que el actual modelo de Constitución no corresponde con los intereses nacionales. ‘Es un modelo en donde se ha sustituido el tema de país por el de empresa. Es la empresa y las inversiones lo que ahora se protege. Esto tiene que ver con la usura y con la ganancia particular. Tenemos ahora un Estado pequeño pero torpe. Tenemos un código mercantil más que un código social’, plantea.” Entrevista hecha por Zósimo Camacho publicada en: “A 100, la Constitución privilegia intereses del capital” en Contralínea 524, del 29 de enero al 04 de febrero 2017. http://www.contralinea.com.mx/archivo-revista/index.php/2017/01/29/a-100-la-constitucion-privilegia-intereses-del-capital/

[25] Idem.

[26] Escribió el SupGaleano: “En pocas palabras: para los pueblos originarios el sistema jurídico es sólo un medio de despojo.” Comisión Sexta del EZLN. El Pensamiento Crítico frente a la Hidra Capitalista I. s.p.i., p. 289.

[27] Acuerdos del V Congreso Nacional Indígena CNI. Ratificación de acuerdos alcanzados en mesas y plenaria del 31 de diciembre de 2016. Documento leído el 1 de enero de 2017 en el Caracol de Oventik. Audio: http://radiozapatista.org/?p=19968 (transcripción PFC).

[28] CNI y EZLN. ¡Y Retembló!, Informe desde el epicentro… Declaración del V Congreso Nacional Indígena. Desde Oventik, Territorio Zapatista, Chiapas, México, 1 de enero de 2017. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2017/01/01/y-retemblo-informe-desde-el-epicentro/

[29] Subcomandante Insurgente Moisés y Subcomandante Insurgente Galeano. Una historia para tratar de entender. 17 de noviembre de 2016. http://enlacezapatista.ezln.org.mx/2016/11/17/una-historia-para-tratar-de-entender/