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COMUNICADO | CIPOG-EZ denuncia la desaparición forzada de Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez
EL CRIMEN ORGANIZADO MANTIENE SU PODER EN EL ESTADO DE GUERRERO, FRENTE A LA INACCIÓN Y COMPLICIDAD DEL GOBIERNO, MIENTRAS SIGUEN DESAPARECIENDO Y ASESINANDO A LA POBLACIÓN
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
A la Sexta Nacional e Internacional
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Red contra la Represión y por la Solidaridad
A las Organizaciones de Derechos Humanos
27 de enero de 2022
Hermanos y hermanas, luego de denunciar que la tarde del 25 de enero, aproximadamente a las 5:40 de la tarde, nuestros compañeros Pablo Hilario Morales de la comunidad de Tula y Samuel Hernández Sánchez de la comunidad de Zapapexco municipio de Chilapa, ambas comunidades integrantes del CIPOG-EZ, CNI-CIG, fueran detenidos por la policía municipal y un comandante del Ayuntamiento de Atlixctac, seguimos sin saber nada de ellos.
Como organización, buscamos obtener información de su paradero, pero las autoridades dicen no saber nada de ellos, incluso en Atlixtac, se le negó información a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tememos por la vida de nuestros hermanos, pero a las autoridades parece no importarles la vida. Es más que evidente que el gobierno de Guerrero teme atentar contra los intereses de los grupos delincuenciales, que se mueven a sus anchas, secuestrando, asesinando, torturando, disparando en contra de la población en todo el estado; Acapulco, Chilapa, en distintas partes de la sierra, en la Montaña de Tlapa, Chilpancingo, son escenarios de extorsiones y asesinatos y la inacción de las autoridades es a todas luces muestra de que están coludidas con los grupos delincuenciales y narco-paramilitares. Esto lo hemos denunciado hasta el cansancio pero desde las autoridades municipales y estatales de Guerrero, hasta las federales, hacen oídos sordos y nos miran con desprecio, como si sólo estuviéramos pidiendo su caridad, sus programas sociales, migajas para callarnos.
Pero no sólo son las autoridades de los municipios y los presidentes municipales, pues la Guardia Nacional, la Sedena, la policía estatal y todas las corporaciones que supuestamente se deben encargar de la seguridad del pueblo, también se tapan los ojos para no ver a quienes perpetran los crímenes contra las comunidades, al mismo tiempo que se llenan la boca con palabrería para afirmar que se están realizando acciones para brindar seguridad. No entienden que a la delincuencia, a los grupos narco-paramilitares, se les debe buscar dentro de su misma estructura, dentro de la policía municipal, dentro de la fiscalía, en los presidentes municipales, que con una mano cobran el salario producto de los impuestos del pueblo y con la otra cobran la paga del crimen organizado por su complicidad, por su silencio.
¿De qué sirve el diálogo que ofrece la 4T, Evelyn Salgado Pineda y los demás niveles de gobierno, si a la hora de enfrentar a la delincuencia no lo hacen? Por eso afirmamos que sólo están simulando escuchar al pueblo. Es por eso que les decimos que si no pueden brindar seguridad, que renuncien, si no se atreven a enfrentar al crimen organizado, que se vayan. Porque para las autoridades la vida de nuestros pueblos son números, son votantes, son el botín político, sólo administran las muertes en función de la imagen de su gobierno, por lo que acuden a la mentira para no evidenciar su ineptitud.
Es visible el vacío de poder que existe en Guerrero; no es posible que el gobierno tema enfrentar a la delincuencia y a los grupos narco-paramilitares. Ayer mismo, en Valle de Ocotito, municipio de Chilpancingo, personas con armas de uso exclusivo del ejército y autos blindados, dispararon por más de una hora, al rededor de las 5 de la tarde en contra de la policía ciudadana, sin alguna autoridad que enfrentara a estos grupos delincuenciales, ni el ejército, ni la ministerial, ni la Guardia Nacional han actuado para realizar las detenciones e impedir la violencia que azota al estado, demostrando que estos grupos delincuenciales tienen la capacidad de atacar y entrar cuando quieran, que tienen el control de los policías que les pasan información para que ellos circulen y dañen a la población, para que asesinen a quienes deciden defender la vida de ésta.
- Es por eso que demandamos la aparición con vida de nuestros hermanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez.
- Que se depuren a las policías municipales del Municipio de Atlixtac, del Municipio de Chilapa, del Municipio de José Joaquín de Herrera, pues se sabe de sobra que están coludidos con el grupo delincuencial y narco-paramilitar “Los Ardillos”.
- La investigación y depuración de los presidentes municipales, pues son éstos quienes tienen la coordinación y la disputa por los recursos de los pueblos y permiten que los grupos delincuenciales operen con toda la libertad.
- Que la Sedena y Guardia Nacional, empiecen a hacer su trabajo de detener a la delincuencia, a “Los Ardillos” y a quienes permiten que éstos maten y atemoricen a la población.
Responsabilizamos al presidente municipal de Atlixtac y a la policía municipal, por la desaparición de nuestros hermanos. También responsabilizamos a los tres niveles de gobierno, pues saben lo que pasa en Guerrero, las denuncias se han hecho en todas las instancias gubernamentales, sin una respuesta clara que termine con la violencia en nuestras comunidades, ni en el estado. Como CIPOG-EZ, mantenemos un bloqueo en la carretera que va de Tlapa a Chilapa, y realizaremos más acciones hasta no tener de vuelta a nuestros hermanos Pablo Hilario y Samuel Hernández y hasta no ver que los gobiernos asuman su responsabilidad con el pueblo, por lo que llamamos a las distintas organizaciones, redes, colectividades, organismos de Derechos Humanos, a difundir, denunciar y estar atentos a lo que pueda suceder.
ATENTAMENTE:
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO-EMILIANO ZAPATA
Ecocidio en Perú por vertido de petroleo de Repsol en costas de Lima
Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú pedimos acciones inmediatas a Repsol y al Estado español en cumplimiento de principios rectores de Empresas y DDHH
– Lima, a 20 de enero de 2022 –
Desde el Foro de ONGD Españolas en Perú, plataforma que agrupa a 17 organizaciones que desarrollamos proyectos de cooperación al desarrollo en el Perú, manifestamos nuestra profunda preocupación y alarma ante el reciente vertido de petróleo en las costas de Lima, responsabilidad de la empresa española Repsol, y su refinería en el distrito de Ventanilla: La Pampilla. Saludamos el comunicado de la Embajada de España en Perú solicitando acciones de reparación y las investigaciones correspondientes y, por todo ello, pedimos al Ministerio de Asuntos Exteriores, y dentro de él a la Embajada española y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo, además de a la Cámara de Comercio que hagan todas las acciones posibles para hacer cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos (resolución 17/4 del Consejo de DD.HH. de NNUU) que el propio Estado español ha suscrito con la aprobación del Plan de Acción Nacional de Empresas y DD.HH. en 2017 y el cual establece, entre otros “el compromiso de España de proteger los derechos humanos, también frente a cualquier impacto negativo que la actividad empresarial pudiera tener sobre ellos, y de proporcionar a las eventuales víctimas de los mismos un remedio efectivo”. La actuación de Repsol previa y posterior al desastre ecológico generado por el vertido de varios miles de barriles de petróleo, que ha derivado en la contaminación de litoral peruano, los cuales abarcan áreas naturales del país e importantes núcleos de población, podría constituir un delito ambiental que debe ser oportunamente investigado; y muestra la falta del cumplimiento por su parte del principio de debida diligencia que busca evitar la violación de los derechos de terceros y hacer frente a los impactos adversos de su actividad. Por todo ello, exigimos se tomen las medidas efectivas para cumplir los principios de “proteger, respetar y remediar”, que descansan, como es de su conocimiento, en tres pilares fundamentales:
- la obligación del Estado de proteger frente a las violaciones de los derechos humanos por parte de terceros, incluidas las empresas;
- la responsabilidad de las empresas de respetar los derechos humanos; y
- la necesidad de mejorar el acceso de las víctimas a vías de remedio efectivas, judiciales y no judiciales.
En base a ello, pedimos al Estado español, al Ministerio de Asuntos Exteriores, la Embajada de España en Perú y la Agencia Española de Cooperación que en cumplimiento del principio rector 1: “Los Estados deben proteger contra las violaciones de los derechos humanos cometidas en su territorio y/o jurisdicción por terceros, incluidas las empresas. A tal efecto deben adoptar las medidas apropiadas para prevenir, investigar, castigar y reparar esos abusos mediante políticas adecuadas, actividades de reglamentación y sometimiento a la justicia”, insten a tomar todas las medidas necesarias a Repsol para reparar el ecocidio generado en las costas peruanas, remediar a la población aledaña impactada y afectada en sus medios de subsistencia y los ecosistemas circundantes, así como la urgente adecuación de los procesos de la Refinería La Pampilla a estándares medioambientales internacionales que pongan fin a daños ambientales que durante décadas llevan generando en su zona de intervención. Asimismo, instamos a la Cámara de Comercio a pronunciarse de manera crítica sobre esta situación y a reforzar sus compromisos para que todos sus miembros trabajen para respetar, proteger y remediar cualquier posible impacto en materia ambiental, laboral y de DD.HH. de sus actuaciones en el país. Adicionalmente, hacemos un llamado a poner la atención y prevenir todo tipo de impactos en la selva del país – zona que ha sufrido 566 derrames desde 1997 y donde la citada empresa también tiene operaciones- debido a la corrosión de ductos y fallas operativas causadas por terceros, que no han sido remediados ni indemnizados a la población afectada. Más allá de cualquier actividad de lucro, en un contexto de crisis climática como el actual, la protección de los ecosistemas en un país megadiverso como Perú debe ser una prioridad para los estados a nivel global. Es una responsabilidad fundamental con las generaciones actuales y futuras actuar de manera coherente y en cumplimiento de los compromisos suscritos en materia de desarrollo (ODS), empresas y DD.HH. y lucha contra el cambio climático, así como caminar hacia un modelo de transición social y energética que abandone el extractivismo y la dependencia de combustibles fósiles de alto impacto ecológico, y se base en el uso de las energías renovables, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la creación de empleo verde de manera que respondan a los retos de salud poblacional, neutralidad climática y seguridad energética actuales. Por nuestra parte, desde la sociedad civil organizada seguiremos desarrollando nuestra labor de vigilancia sobre la situación acontecida, e instando a la aprobación de un Tratado jurídicamente Vinculante en el marco de la ONU para regular, en el derecho internacional, las actividades de las empresas transnacionales (ETN), incluidas todas las entidades de sus cadenas de producción mundiales, así como la Ley de debida diligencia en la UE que obliguen a las empresas a respetar los DD.HH. y a reparar los daños de sus acciones.
Foro de ONGDs Españolas
Fotografía de portada de Adan Calatayud del mar de Santa Rosa 21/01/2022
