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Grieta Medio para armar

El mal llamado “Tren Maya” acumula tres nuevas suspensiones en Yucatán

CIUDAD DE MÉXICO, 17 de febrero de 2021. El colectivo Chuun T’aan Maya y la Asamblea de Defensores del Territorio Maya “Múuch’ Xíimbal”, organizaciones que agrupan a miembros de alrededor de cuarenta comunidades mayas, acompañados por los abogados de Equipo Indignación. Promoción y Defensa de los Derechos Humanos A. C., dieron a conocer que el día de ayer el Juzgado Cuarto de Distrito en el estado de Yucatán concedió tres nuevas suspensiones a las obras del mal llamado “Tren Maya” en esta entidad.

Esta determinación a favor de las comunidades pone en entredicho la Manifestación de Impacto Ambiental otorgada por la Semarnat (Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales) a Fonatur (Fondo Nacional de Fomento al Turismo) y determina que se detengan todas aquellas obras de construcción, al menos en el tramo 3 de este megaproyecto, “que impliquen deforestación o puesta en riesgo de especies de animales autóctonas del territorio” yucateco.

La decisión de la jueza del Juzgado Cuarto de Distrito se da en respuesta a los tres juicios de amparo promovidos el pasado 20 de enero por las comunidades organizadas en torno a la Asamblea “Múuch’ Xíimbal” (que significa “caminar juntos” en idioma maya) y el colectivo “Chuun T’aan” (“conjuntar la palabra”, también en lengua maya), las cuales denunciaron una serie de violaciones al derecho a la información, la vulneración del derecho de las comunidades a una adecuada participación y la omisión, por parte de Semarnat, para realizar una “evaluación ambiental regional”.

Con estas tres nuevas suspensiones judiciales que ordenan detener las obras de construcción del tren en tierras yucatecas, suman ya cuatro en este estado, además de las tres que están vigentes en Campeche y la de Palenque, Chiapas, que es de carácter definitivo. Además, en Quintana Roo están por definirse dos amparos más y próximamente la Corte Suprema de Justicia deberá de resolver en torno a otros dos amparos promovidos también por comunidades de Yucatán.

Sin embargo, los integrantes de los colectivos participantes en la conferencia de prensa denunciaron que el gobierno federal no está acatando las resoluciones judiciales que ordenan detener las obras, pues Fonatur, con la coartada el dar mantenimiento a las vías -aun en lugares donde no hay vías- viola de manera sistemática las suspensiones hasta ahora emitidas y prosigue con las obras de construcción y la tala de árboles.

Cuestionados sobre si tienen pruebas de lo anterior, los integrantes de los dos colectivos convocantes y del equipo de abogados respondieron: “si ustedes van [de Yucatán] hacia Campeche van a ver que al lado de la carretera están haciendo obras de desmonte y de aplanado. Esto es una primera fase, no hay todavía construcciones más grandes. Hay desmonte y aplanado al lado de la carretera. Lo que ahorita se pretende es parar la continuación de esas obras de tal manera que de que no se llegue a una situación donde esto sea irreversible para las comunidades, para el medio ambiente”.

En la video conferencia de prensa en la cual los colectivos dieron a conocer esta información, indígenas mayas también denunciaron que “el Ejecutivo Federal ha violado sistemáticamente los derechos de las comunidades indígenas mayas a la libre determinación al invisibilizarlas y excluirlas del proceso de toma de decisión sobre un proyecto que afecta su territorio”, su integridad cultural, forma de vida y pone en riesgo su existencia como indígenas mismos. De la misma forma, denunciaron la política y estrategia racista del actual gobierno y de Fonatur para deslegitimar la lucha de las comunidades indígenas que se oponen a los megaproyectos de la actual administración federal: “Siguen una lógica de que las comunidades no podemos elegir nuestros proyectos y organizarnos autónomamente. Pero en nuestro territorio es donde nosotros decidimos qué hacer colectivamente, no desde las instituciones”. Y agregaron: “Nosotros como mayas estamos reclamando nuestro derecho a la libre autodeterminación. Por os estamos luchando”.

Tras explicar las razones por las cuales decidieron ampararse y usar las herramientas legales para defenderse de la imposición de estos proyectos en su territorio, afirmaron que desde hace muchos años las comunidades siguen sus procesos de lucha, “reivindicando que desde lo que somos como comunidades tenemos las respuestas a la vida que queremos aquí, de manera colectiva desde las mujeres, desde los hombres, desde los jóvenes, de los abuelos y abuelas que estamos viviendo aquí, porque es nuestra vida y estamos en nuestro territorio”. Y fueron enfáticos al afirmar: “no queremos que decidan por nuestra vida, cuando desde aquí, desde nuestra comunidad podemos saber qué es lo que debemos hacer para regenerarnos comunitariamente”.

Uno de los participantes en la conferencia, quien es profesor de lengua maya, manifestó: “Nos quieren ‘cancunizar’, lo cual no es una buena noticia porque eso significa perder el territorio. Nosotros no estamos de acuerdo con ese modelo de turismo como el de Tulum, Playa del Carmen, Cancún… del que es parte el tráfico de drogas y la trata de mujeres, el tráfico de órganos, la pobreza y explotación. Eso es lo que trae cada uno de los vagones del tren”.

Otra de las participantes mencionó que el mal llamado “Tren Maya” “no es un proyecto inocente”, sino que trae consigo una devastación. Detrás de él están “las inmobiliarias impulsando un reordenamiento territorial” que va de la mano con el con el despojo y la mercantilización de la tierra, además de mega parques solares y eólicos que atentan contra la forma de vida de las personas que viven en las comunidades.

Finalmente, el colectivo de abogados organizados en torno al Equipo Indignación, que acompaña legalmente a las comunidades, apuntó que resulta paradójico que mientras el gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, firma el Acuerdo de Escazú, “que entre otras cosas establece la obligación de los estados de garantizar el acceso a la información y la participación en materia ambiental a las comunidades indígenas”, en la práctica sigue los usos y costumbres de los gobiernos precedentes volviendo a ejercer la discriminación institucionalizada del Estado mexicano hacia las comunidades indígenas, a las que nuevamente ignora en la toma de decisiones.

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Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)

La devastadora e irreparable muerte de Amoim Aruká Juma

La muerte por complicaciones de Covid-19 del último hombre del pueblo Juma, el guerrero Amoim Aruká, es desgarradora. El pueblo Juma ha sufrido innumerables masacres a lo largo de su historia. De 15.000 personas a principios del siglo XX, se redujo a cinco en 2002. Un genocidio probado, pero nunca castigado, que llevó a su pueblo a un exterminio casi total. La última masacre ocurrió en 1964 en el río Assuã, en la cuenca del río Purus, perpetrada por comerciantes de Tapauá interesados en el sorgo y las nueces de Brasil que se encuentran en el territorio Juma. En la masacre fueron asesinadas más de 60 personas, de las que sólo sobrevivieron siete. Los miembros del grupo de exterminio contratado por los comerciantes informaron de que disparaban a los Juma como si lo hicieran a los monos. Los cadáveres de los indígenas fueron vistos por los habitantes de los ríos de la región después de la masacre sirviendo de alimento a los cerdos de monte, con innumerables cabezas decapitadas esparcidas por el suelo del bosque. El autor intelectual del crimen, consciente de lo ocurrido, se jactó de ser el responsable de librar a “Tapauá de esas bestias feroces”. Esta historia no debe olvidarse nunca.

Aruká, uno de los supervivientes, continuó su lucha de resistencia, viendo a su pueblo al borde de la desaparición. Luchó por la demarcación del territorio Juma, que no fue ratificada hasta 2004, la Tierra Indígena Juma (TI). Los supervivientes de Juma, a pesar del riesgo de desaparición, vieron crecer de nuevo su pueblo en la década de 2000, a través de matrimonios con los Uru Eu Wau Wau, un pueblo indígena que también habla tupi-kagwahiva.

Por estar sometidos a una inmensa vulnerabilidad y riesgo de desaparición, el pueblo Juma es considerado de contacto reciente y está entre los pueblos a proteger por las Barreras Sanitarias, cuya instalación fue determinada por el Supremo Tribunal Federal a petición de los pueblos indígenas, de los representantes de la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB), a través de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), en el Argumento de Incumplimiento del Precepto Fundamental nº 709 (ADPF 709). La solicitud se hizo en julio de 2020 y el juez Luís Roberto Barroso la concedió. Sin embargo, ante las dificultades alegadas por el Gobierno de Bolsonaro, el ministro dio un plazo hasta septiembre de 2020 para la instalación de las barreras en las Tierras Indígenas de Juma. En agosto de 2020, el Gobierno de Bolsonaro dijo que haría la Barrera en el río Assuã, en la REBIO de Tufari, fuera de la Tierra indígena (TI) Juma, sería una Barrera Sanitaria compuesta por la Policía Militar y el DSEI-Humaitá. Sin embargo, en diciembre del mismo año, afirmó que sólo haría un puesto de control de acceso en la Autopista Transamazónica BR 230, pero no demostró su funcionamiento efectivo.

Que el puesto de acceso funcione o no, como venían reclamando los representantes de la COIAB y la APIB desde hace meses en las Salas de Situación con el Gobierno de Bolsonaro, ya no le importa a Aruká. Lo que se sabe, de forma demostrable, es que ahora está muerto. Es tristemente con sus muertos que los pueblos indígenas prueban sus apelaciones. La COIAB y la APIB advirtieron que los pueblos indígenas recientemente contactados corrían un riesgo extremo. El último hombre superviviente del pueblo Juma ha muerto. Una vez más, el gobierno brasileño ha demostrado ser criminalmente negligente e incompetente. El gobierno ha asesinado a Aruká. Al igual que asesinó a sus antepasados, es una pérdida indígena devastadora e irreparable.

Manaus, Amazonas, 17 de febrero de 2021.

Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB)
Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB)
Opi – Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas Aislados y de Contacto Reciente

Traducción apoyada en la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

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Prensa comunitaria

Guatemala | Giammattei de nuevo contra la prensa durante informe anticorrupción

Por Francisco Simón Francisco y Nelton Rivera

En un actividad pública, Giammattei volvió a atacar a la prensa: “La lucha contra la corrupción es para nosotros mucho más que un discurso…si bien el esfuerzo que como gobierno estamos haciendo para combatir este flagelo, no ocupa las primeras planas de aquellos diarios interesados en promover falsas informaciones, ni las conversaciones prefabricadas en las redes sociales…” expresó durante su discurso en la presentación del primer informe de la Comisión Presidencial Contra la Corrupción (CPCC).

Los periodistas Sonny Figueroa y Marvin Del Cid que llegaron a cubrir el evento en el Palacio Nacional de la Cultura , denunciaron que los encargados del protocolo de la seguridad de la presidencia les negaron la entrada.

¡El acceso a la información es libre! Expresó el periodista Marvin del Cid, en el momento en el que se les limitó el ingreso en la entrada principal del Palacio Nacional.

La actividad fue presidida por Oscar Miguel Dávila director ejecutivo de la comisión. Con la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad para Guatemala CICIG durante el gobierno de Jimmy Morales, Giammattei optó por crear esta comisión que funcionará con Q9 millones 785 mil quetzales para cuatro años, de los cuales Q8 millones 700 mil fueron destinados a gastos personales, según informó Dávila.

De acuerdo a los datos presentados este 16 de febrero hasta la fecha han recibido 137 alertas de corrupción que se cometen en distintas instituciones del ejecutivo, durante un año solamente 5 denuncias fueron presentadas al MP y a la Contraloría General de Cuentas. El gobierno le da una valoración positiva a esta comisión. Mostraron que algunos de estos casos son investigados por el Ministerio Público (MP), una comisión que depende directamente del presidente.

Durante el 2020, fueron registradas 149 agresiones contra la prensa, restricciones como la de hoy fueron cometidas principalmente por funcionarios públicos incluidos el presidente.

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Congreso Nacional Indígena

Acción urgente. Denuncia de agresiones y detención arbitraria contra integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) en Ocosingo, Chiapas

Ocosingo, Chiapas, México.

15 de febrero de 2021

Al pueblo de México

A las organizaciones defensoras de los derechos humanos

A los medios de comunicación

Al Congreso Nacional Indígena y su Concejo Indígena de Gobierno

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

Nosotros, compañeros en resistencia JOSÉ ESPINOZA GÓMEZ, JOSÉ ALFREDO ESPINOZA PÉREZ, JUAN ESPINOZA PÉREZ, MARIO ESPINOZA PÉREZ, CARLOS HERNANDEZ MÉNDEZ, JUAN RAMON GUTIÉRREZ ESPINOZA Y MIGUEL ESPINOZA HERNÁNDEZ, de las rancherías Jolmuc’ulha y Taquinton, perteneciente al ejido Peña Limonar, municipio de Ocosingo, Chiapas, y miembros del Congreso Nacional Indígena. Denunciamos enérgicamente la detención arbitraria e injusta de nuestros compañeros Fernando Espinoza Pérez y Baldemar Espinoza Pérez, presos injustamente en el cereso 16 de Ocosingo, llevados a esta instancia por autoridades ejidales, derivado de los hechos que se suscitaron el día 10 de febrero del año en curso, cuando nuestros compañeros antes mencionados junto a Miguel Espinoza Hernández salieron del ejido El Tumbo, municipio de Ocosingo, hacia la ciudad de Palenque en una camioneta Nissan cargada con 25 bultos de café orgánico para su venta, a la altura del crucero Peña Limonar les bloquearon el paso un grupo de cincuenta personas que portaban armas de fuego, palos y machetes, liderados por Manuel López Gutiérrez, Juan Gutiérrez Cruz, Narciso Gutiérrez Pérez y Pedro Hernández Jiménez, presidente del comisariado, concejo de vigilancia, secretario del comisariado y agente auxiliar municipal, valiéndose de una tabla con clavos que atravesaron en el camino obligaron a detener el vehículo en el que viajaban, con lujo de violencia y abuso de autoridad fueron esposados, haciendo uso excesivo de la fuerza los trasladaron al ejido Peña Limonar, donde fueron violentamente agredidos por policías rurales, dichas autoridades abusando de su poder les quitaron su café, dinero y pertenencias, posteriormente fueron remitidos a la cárcel municipal de Ocosingo donde se encuentran actualmente en condiciones de vulnerabilidad.

Este acto totalmente violatorio de los derechos humanos, no es un hecho aislado, es la consecuencia de una constante e ininterrumpida guerra de baja intensidad contra las comunidades en resistencia que viene siendo operada desde 1994, pues esta agresión se inscribe a una serie de violaciones de derechos humanos, detenciones injustas, ataques armados a nuestras casas, tala ilegal de árboles, robo de madera, incursiones armadas a nuestros trabajaderos, con la actuación y protección de las autoridades ejidales, que desde hace más de diez años han trastocado la paz y la vida colectiva comunitaria, dichas acciones evidentemente reflejan una agudización de los conflictos y hostilidades hacia las comunidades zapatistas y del Congreso Nacional Indígena, que apuntan hacia el despojo de nuestro territorio.

Ante este escenario de violencia, nos manifestamos y hacemos responsables a los tres niveles de los malos gobiernos de la integridad física y psicológica de nuestros compañeros presos, así como la de sus familias y de quienes integramos la organización.

Exigimos la liberación inmediata de nuestros compañeros, reparación de los daños ocasionados, así como se investigue y castigue a los responsables de tales abusos e injusticias cometidas.

¡ALTO AL HOSTIGAMIENTO Y AGRESIÓN EN TERRITORIOS INDÍGENAS!

¡LA TIERRA ES DE QUIEN LA TRABAJA!

¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS!

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Avispa Midia

Monsanto es enjuiciada por fabricar ‘agente naranja’, responsable por millones de víctimas en Vietnam

Por Eugenia López

Entre 2,1 y 4,8 millones de vietnamitas estuvieron expuestos directamente al químico cancerígeno. Otros millones más de personas fueron contaminadas indirectamente a través de la cadena alimentaria y de la leche materna. La previsión es de que hasta mayo se tenga un resultado del juicio

“Soy hija del Mekong, del colonialismo y de la guerra, hija de una tierra mágica y envenenada”, resume Tran To Nga en su libro intitulado Mi tierra envenenada. Esta franco-vietnamita de 78 años está a la raíz de un juicio que empezó el 25 de enero pasado en Francia, contra catorce de las empresas – incluyendo a Monsanto (hoy propiedad de Bayer) y Dow Chemical –  responsables de haber fabricado y vendido al gobierno de Estados Unidos el “agente naranja”, un potente químico herbicida utilizado por el ejército estadounidense como parte de su programa de guerra química durante la Guerra de Vietnam.

Se estima que entre 1961 y 1971, 80 millones de litros de herbicidas han sido arrojados al territorio vietnamita, con el objetivo de destruir los bosques donde se refugiaban los combatientes del Viet-Cong, así como destruir los cultivos y dejar hambrientos al pueblo y los rebeldes.

El 20% del suelo de Vietnam del Sur recibió, según estimaciones de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, entre 170 y 500 kilogramos de dioxina pura, el compuesto químico más peligroso del agente naranja, clasificado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como sustancia cancerígena. La molécula, que perdura en los organismos a largo plazo, también es conocida por provocar afecciones cutáneas, digestivas, nerviosas y cardiovasculares, así como diabetes.

Millones de víctimas

Según un estudio publicado en el 2003, entre 2,1 y 4,8 millones de vietnamitas estuvieron expuestos directamente al “agente naranja”, además de miles de camboyanos, laosianos, civiles y soldados estadounidenses y sus diversos aliados. Otros millones más de personas fueron contaminadas indirectamente a través de la cadena alimentaria y de la leche materna

El “agente naranja” no sólo devastó la salud de quienes vivieron la guerra, sino también la de sus descendientes: los efectos de la intoxicación se sienten hoy hasta la cuarta generación: al menos 100.000 niños tienen graves anomalías congénitas. “Si pudiera invitar a los jueces y abogados de las empresas a verlos, no tendrían más valor para defender a los delincuentes”, expresó Tran To Nga.

De hecho, ella es una de las víctimas. Sufre de nódulos subcutáneos, así como de diabetes, cloracné, una enfermedad genética de la hemoglobina, y una malformación cardíaca transmisible. Todas estas enfermedades están en la lista de la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos, establecida en 1996, de condiciones asociadas a la exposición al agente naranja. En cuanto a sus hijas y nietas, todas tienen problemas de salud similares y su primera hija murió en 1969 por una malformación cardíaca.

Ecocidio

Además de sus terribles efectos sobre la salud, según datos de la Unesco, el herbicida contaminó a  400 mil hectáreas de tierras agrícolas, 2 millones de hectáreas de bosques y 500 mil hectáreas de manglares, lo que representa el 20% de los bosques de la zona sur del país.

A esto se suma la destrucción de más de un millón de hectáreas de bosque tropical y la desaparición de una abundante fauna: elefantes, tigres, rinocerontes, antílopes, pájaros, serpientes, mariposas y una multitud de insectos. La defoliación de grandes árboles perturbó los complejos ecosistemas, provocando la destrucción de la vegetación. En cambio, el bambú y los pastos altos llamados “pastos americanos”, invadieron los suelos empobrecidos.

Además, como lo argumentó André Bouny en su ensayo Agente Naranja, Apocalipsis Vietnam, estas destrucciones tuvieron un impacto desastroso sobre la población al destrozar su conexión espiritual con la naturaleza: “El doble trauma que sufren las familias es aún más considerable si se toma en cuenta que se enfrentan a una gran pérdida de sentido, ya que los espíritus de los bosques y de los ríos, de las plantas y de los animales sagrados desaparecieron, destruidos por el agente naranja que también destruyó su representación del mundo”.

Impunidad selectiva

En Estados Unidos, las víctimas militares del “agente naranja” ya han sido indemnizadas. En la década de 1980, Monsanto y otras 6 empresas productoras de herbicidas fueron condenadas a pagar 180 millones de dólares a un fondo de compensación destinado a los soldados nacionales. En 1999, cerca de 16.000 veteranos emprendieron acciones legales individuales reclamando el equivalente a 3.400 millones de euros en daños económicos. Sin embargo, cuando, en 2004, víctimas vietnamitas agrupadas en la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente Naranja / Dioxina (Vava) decidieron demandar a 11 fabricantes de herbicidas antes los tribunales estadounidenses por Crimen de Lesa Humanidad y Crimen de Guerra, basándose en el protocolo de Ginebra de 1925, el cual prohíbe el uso de armas químicas, recibieron una serie de decisiones negativas. Los jueces determinaron que un herbicida no era veneno según el derecho internacional.

Una lucha incansable

Las injusticias han alimentado los ánimos de Tran To Nga para luchar por la verdad. A pesar de los años, nunca consideró darse por vencida. “Aunque estoy cansada, sigo luchando por los millones de otras víctimas”, expresó.

Seis años después de que interpusiera su demanda en 2014 ante el tribunal de Evry, su lugar de residencia en Francia – y después de que su audiencia fuera aplazada 19 veces -, el pasado lunes 25 de enero, por fin, pudo enfrentar a algunos de los responsables de la tragedia y su veintena de abogados.

Ese día, las empresas estadounidenses sacaron su armada de abogados para desarrollar sus argumentos durante casi cuatro horas, basando su línea de defensa en tres pilares: primero, impugnar la jurisdicción de los tribunales franceses y solicitar la inmunidad de jurisdicción, luego cuestionar la condición de víctima del “agente naranja” de la denunciante. Finalmente, trataron de demostrar que las empresas solo obedecieron las órdenes del Estado estadounidense en tiempo de guerra.

A principios de la década de 1960, bajo la presión del gobierno de los Estados Unidos, los fabricantes entregaron cantidades gigantescas de productos al ejército en un corto período de tiempo, descuidando las precauciones destinadas a eliminar las impurezas tóxicas de fabricación.

Sin embargo, existen pruebas de que las decisiones tomadas por los fabricantes fueron en plena libertad y conocimiento de la peligrosidad del producto que estaban vendiendo, como lo demuestra una nota interna confidencial de Dow Chemical del 1965, año del primer uso del “agente naranja” en Vietnam, en la cual viene escrito “esta sustancia es extraordinariamente tóxica y tiene un enorme potencial en términos de generación de cloracné y enfermedades sistémicas”.

Un juicio histórico

Para la abogada francesa Amélie Lefebvre, “este es un juicio histórico, porque la prioridad es obtener una decisión judicial que reconozca por
primera vez la responsabilidad de las empresas estadounidenses hacia las víctimas. Si ganamos esta ronda, podría sentar un precedente legal en el que otras víctimas podrían confiar para iniciar otros procedimientos, en Francia o en otros lugares”.

La decisión del tribunal es esperada para el próximo 10 de mayo. Y cualquiera que sea el veredicto, lo más probable es que de lugar a una apelación, ya sea de las empresas que no pueden permitirse perder, o de Tran To Nga, quien no tiene nada más que perder.

“La pelea acaba de empezar (…) Mi nombre empieza a ser conocido, pero yo solo soy un polvito, hay que hablar de todas las personas que luchan en silencio. Para ganar contra esas empresas millonarias, muy poderosas, necesitamos miles de seguidores. (…) Mi salud es cada vez más frágil, pero vamos avanzando, paso a paso. Sé que después de la audiencia pueden haber solicitudes de peritajes médicos, segundas opiniones, posiblemente apelaciones … Todavía tenemos batallas que librar y me estoy preparando para ellas ”, confiesa la franco-vietnamita.

Con información de Politis, Reporterre y Mediapart.

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Mujeres y la Sexta

Campaña contra la política feminicida en Turquía y el Mundo

 

Campaña Contra la política feminicida en Turquía y el Mundo

#AltoPoliticaFeminicida

#JuicioAErdoganPorFeminicida

#FeminicidioCrimenContraLaHumanidad

#QueremosJusticiaReal

💫 Desde México y toda América Latina apoyamos la campaña internacional contra el feminicidio lanzada por el Movimiento de Mujeres Kurdas.

💜 Queremos unir nuestras voces con las de todas las mujeres del mundo que son sometidas a violencia.
✨ ¡Queremos una justicia real!
🔥 Nombramos a todos los responsables y perpetradores de feminicidios en cualquier parte del mundo.
🔥 Y exigimos el enjuiciamiento de Recep Tayip Erdogan, dictador de Turquía.

✌🏾¡Necesitamos 100 mil firmas!

🖌Firma en http://www.100-reasons.org/petition
🖌O envía tu firma a signatures@100-reasons.org

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Armando Medios Libres

A 4 meses de la #TomaINPI No nos rendimos, resistimos. Comunidad Otomi residente en CdMx

Con un llamado a la jornada global #JusticiaParaSamir y contra los Megaproyectos, a impulsar el recorrido de nuestras hermanas y hermanos zapatistas por la Europa de abajo, a mantener los proyectos de autogestiión y resistencia como el taller de costura de la Muñeca rebelde Lele y la invitación a seguir apoyando con el acopio y la solidaridad la causa otomi.
Te invitamos a compartir y difundir este información.
Nunca más un México sin nosotras y nosotros.

A 4 meses de la #TomaINPI

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Red Ajmaq

Videos de la campaña de difusión caravana solidaria a la comunidad zapatista de Nuevo San Gregorio, Municipio Autónomo rebelde Zapatista Lucio Cabañas

Campaña de difusión caravana solidaria Video 5: Agresiones al trabajo colectivo.

 

Video 4: Violencia hacia la economia autónoma y la destrucción de la Madre Tierra.

Video 3: Difamación y calumnia hacia las comunidades zapatistas (Realizado durante la Misión Civil de Observación)

 

Video 2: Invasión, cercamiento de la madre tierra y ambiente de balazos.

 

Video 1: Mecanismos de la violencia hacia los cuerpos – territorios de las mujeres

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La Zarzamora

Chile | Los Mapuche no somos parte del patrimonio $hileno

Los Mapuche no somos parte del patrimonio $hileno.

Lonco Pedro Catrilef Antilef del territorio Llanquihue, hace llamado a pu lamngen a estar atentos y rechazar toda iniciativa que pretenda romantizar la cultura Mapuche en la instalación de museos.

Por: La Zarzamora

Inmediato rechazo generó en territorio Mapuche Williche de Llanquihue la noticia de que se presentaría en consejo municipal la iniciativa de instalación de un Museo en la localidad. Varios pu lamngen quedaron sorprendidos ya que previamente no existió ninguna consulta o socialización de tal proyecto a las comunidades existentes en el territorio.

Se trataría de un Museo Mapuche, razón mas que suficiente para ser rechazado, pues el pueblo nación Mapuche no necesita de “un homenaje” si no del reconocimiento de sus demandas ancestrales territoriales, es un Pueblo vivo que resiste, que para conocerlo no se requiere de un Museo.

Lonco Pedro Catrilef Antilef llama a que se levante la conversación y el debate con respecto a este tema y a todos los temas que involucren al Pueblo y al territorio.

En este caso, favorablemente en el consejo municipal de la comuna no se acepto tal proyecto y se realizaron observaciones e indicaciones, como mínimo se les exige vinculación a las comunidades, situación que hasta la fecha no es efectiva. Independiente de la postura municipal, son los involucrados quienes en su derecho a la autodeterminación deben decidir y pu lamngen mapuche se han manifestado con el siguiente comunicado:

COMUNICADO PUBLICO

A nuestro Pueblo Nación Mapuche y opinión pública en general.

Ante el hecho ocurrido en consejo municipal de Llanquihue el día jueves 21 de enero 2021 sobre la presentación de un proyecto de museo Mapuche Williche en la comuna de Llanquihue. Inche Longko Pedro Catrilef Antilef haciendo uso de mi facultad como autoridad ancestral de este territorio declaro lo siguiente:

Kiñe: Ante la imposición de un proyecto de ese tipo me opongo rotundamente debido a que rechazo ser materia de estudio, que se nos cosifiqué, folclorice y lucren, aún más con nuestro territorio, identidad y cultura Mapuche Williche.

Epu: Además, este proyecto es preocupante para nuestro territorio ya que no debemos olvidar que fuimos víctima de genocidio y no seremos exhibidos como trofeo de los colonizadores ni del estado de Chile. Este tipo de acciones lo único que pretende es generar más dolor y divisiones entre los habitantes del territorio.

Küla: Exijo que este tipo de proyectos no se levante en nuestro territorio ya que solo viene a negar nuestra existencia hoy como pueblo y nuestra identidad, más aún que se vea profanado nuestros espacios significativos, nuestra espiritualidad y saqueo de estos para obtener algo que exhibir en un museo, ya que no somos parte del patrimonio chileno.

Meli: Como pueblo mapuche williche vamos a exigir nuestro derecho consuetudinario. Sin embargo dejamos claro que no aceptaremos ninguna iniciativa que sea susceptible de afectarnos como pueblo y no daremos marcha atrás en defender nuestro territorio desde que hemos emprendido nuestra libre determinación y autonomía de nuestro pueblo nación Mapuche.

Kechu.- Hago este llamado a Pu lamuen, Pu peñi y a todo el pueblo chileno consiente a unirse a esta defensa de nuestra dignidad e historia como pueblo.

MARICHIWEW

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Radio Kurruf

Chile | En «democracia» hay prisión política!

Por Asamblea Anarquista del Biobío

(versión en inglés aquí)

La prisión política en Chile no es nueva; sin embargo, desde la revuelta popular y la enorme cantidad de presxs que ésta dejó, el debate ha tomado mayor fuerza. Por una parte existe una disputa sobre el número de presxs y personas judicializadas en la revuelta, ya que desde el gobierno afirman que han interpuesto 531 querellas contra 1774 imputadxs por distintos delitos y que 219 de ellas fueron por Ley de Seguridad del Estado contra 1073 imputadxs.

De esos 1073 imputadxs, tres están en prisión preventiva, 61 con arresto domiciliario, 441 con otras medidas cautelares, 59 condenadxs, dos sobreseídxs y 489 que no han sido formalizadxs. Por su parte, la Fiscalía informa que a octubre de 2020 se habían formalizado 5084 personas, 648 de ellas seguían en prisión preventiva y 725 habían sido condenadas. Según las organizaciones que apoyan a lxs presxs, la diferencia de cifras se debe a que el gobierno sólo informa de las personas querelladas por la Ley de Seguridad del Estado, siendo que la mayoría está judicializada por la Ley de Armas.

Más allá de las cifras, vemos la prisión política contra la revuelta como parte de una respuesta del Estado y el poder ante la rebelión popular, ya que además de la prisión como castigo a manos del poder judicial, el gobierno desplegó una fuerte represión que incluyó asesinatos y mutilaciones, además de las leyes en contra de las manifestaciones, como la ley anti-barricadas que promulgó el parlamento.

Esta política represiva para enfrentar al «enemigo poderoso», como invocó Piñera desde su podio a los medios de comunicación, involucra una serie de acciones judiciales e irregularidades en los procesos de detención, que incluyen pruebas falsas, declaraciones de policías como única fuente de información y extensivas prisiones preventivas que han durado meses e incluso más de un año en algunos casos, ya que el gobierno se querella con la Ley de Seguridad Interior del Estado, lo que en la práctica opera como un castigo anticipado y sin juicio.

Por otra parte, desde el poder intentan instalar en el debate público que todo se trata de delincuencia común y no de prisión política, basándose en que ciertos casos se tratan de robos producto de los saqueos a multitiendas; no obstante, ese argumento desconoce el ambiente social y el contexto político en que suceden las manifestaciones, ya que en el escenario de la revuelta disruptiva era recurrente que parte de las personas descargara su rabia contra instituciones usureras y pilares del modelo neoliberal. Desde el poder intentan separar entre manifestantes buenas y malas, pacíficos y violentos, proyectando un ideal (su ideal) de movilización servil, pasiva y monótona, frente a lo que cualquier manifestación disruptiva significaría mera delincuencia común.

El trato que han tenido las personas privadas de libertad nunca ha sido bueno en Chile, las cárceles están colapsadas y las precarias condiciones de higiene han sido un tema recurrente en las denuncias sobre la situación carcelaria. Esta realidad recrudece producto de la pandemia, donde no existen medidas de control y el aislamiento se suma a las ya duras condenas, ya que desde la llegada del coronavirus no se puede visitar a las personas presas. Esta difícil situación contrasta con la impunidad y el trato indulgente que el poder demuestra hacia la clase alta en los casos de corrupción y fraude al fisco como el Caso Cascadas o la suavidad con que tratan a los grupos de ultraderecha que amenazaron a la fiscal Chong.

Gracias a la movilización social se ha logrado instalar la problemática e incluso liberar a varixs presxs de la revuelta a lo largo del país, abriendo el debate en la clase política sobre si lxs presxs durante el contexto de revuelta deben ser denominadxs con el adjetivo de “políticxs” o no, incluso algunos sectores parlamentarios impulsan un proyecto de indulto que no ha tenido mayor impacto en el Estado, lo que demuestra que será la presión popular la que logre visibilizar la prisión política y liberar a nuestrxs compañerxs.

Entre el proceso constituyente iniciado con el plebiscito de octubre y la carrera presidencial en curso, el proceso de movilización popular no ha podido instalar la libertad de lxs presxs de la revuelta como requisito para negociar con el poder, lo que demuestra las debilidades de la revuelta y las tareas pendientes de la movilización.

Libertad a lxs presxs de la revuelta!

#laprotestanoesdelito

Asamblea Anarquista del Biobío

biobioanarquista.org

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