Noticias:

periodismo

image/svg+xml image/svg+xml
radio
The Chris Hedges Report

La apelación final de Julian Assange

Julian Assange presentará esta semana su último recurso ante los tribunales británicos para evitar la extradición. Si es extraditado, significará el fin de las investigaciones sobre el funcionamiento interno del poder por parte de la prensa.

Assange – por Mr. Fish

LONDRES – Si a Julian Assange se le niega el permiso para apelar su extradición a Estados Unidos ante un panel de dos jueces del Tribunal Superior de Londres esta semana, no le quedará ningún recurso dentro del sistema legal británico. Sus abogados pueden solicitar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) una suspensión de la ejecución en virtud de la Regla 39, que se concede en “circunstancias excepcionales” y “sólo cuando existe un riesgo inminente de daño irreparable”. Pero no es nada seguro que el tribunal británico esté de acuerdo. Puede ordenar la extradición inmediata de Julian antes de una instrucción de la Regla 39 o puede decidir ignorar una solicitud del TEDH para permitir que el tribunal escuche su caso.

La persecución de casi 15 años de Julian, que ha cobrado un alto precio en su salud física y psicológica, se realiza en nombre de la extradición a los Estados Unidos, donde sería juzgado por presuntamente violar 17 cargos de la Ley de Espionaje de 1917. con una pena potencial de 170 años.

El “crimen” de Julian es que publicó documentos clasificados, mensajes internos, informes y videos del gobierno y el ejército de Estados Unidos en 2010, que fueron proporcionados por la denunciante del ejército estadounidense Chelsea Manning. Este vasto tesoro de material reveló masacres de civiles, torturas, asesinatos, la lista de detenidos en la Bahía de Guantánamo y las condiciones a las que fueron sometidos, así como las Reglas de Enfrentamiento en Irak. Quienes perpetraron estos crímenes –incluidos los pilotos de helicópteros estadounidenses que mataron a tiros a dos periodistas de Reuters y a otros 10 civiles e hirieron gravemente a dos niños, todos capturados en el vídeo de Asesinato Colateral– nunca han sido procesados.

Julian expuso lo que el imperio estadounidense busca borrar de la historia.

La persecución de Julián es un mensaje siniestro para el resto de nosotros. Desafía al imperio estadounidense, expone sus crímenes y, sin importar quién seas, sin importar de qué país vengas, sin importar dónde vivas, serás perseguido y llevado a Estados Unidos para pasar el resto de tu vida en uno de los sistemas penitenciarios más duros del mundo. Si Julián es declarado culpable, significará la muerte del periodismo de investigación en el funcionamiento interno del poder estatal. Poseer, y mucho menos publicar, material clasificado (como hice yo cuando era reportero del New York Times) será criminalizado. Y ese es el punto, como lo entendieron The New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País y The Guardian, quienes emitieron una carta conjunta pidiendo a Estados Unidos que retirara los cargos en su contra.

El primer ministro australiano, Anthony Albanese, y otros legisladores federales votaron el jueves a favor de que Estados Unidos y Gran Bretaña pusieran fin al encarcelamiento de Julian, señalando que se debía a que él “hacía su trabajo como periodista” para revelar “evidencias de mala conducta por parte de Estados Unidos”.

El caso legal contra Julian, que he cubierto desde el principio y que cubriré nuevamente en Londres esta semana, tiene una extraña cualidad de Alicia en el país de las maravillas, donde jueces y abogados hablan en tonos solemnes sobre la ley y la justicia mientras se burlan del principios más básicos de las libertades civiles y la jurisprudencia.

¿Cómo pueden avanzar las audiencias cuando la firma de seguridad española en la Embajada de Ecuador, UC Global, donde Julián buscó refugio durante siete años, proporcionó vigilancia en video de las reuniones entre Julián y sus abogados a la CIA, destripando el privilegio abogado-cliente? Esto por sí solo debería haber hecho que el caso fuera desestimado por los tribunales.

¿Cómo puede el gobierno ecuatoriano encabezado por Lenin Moreno violar el derecho internacional al rescindir el estatus de asilo de Julián y permitir que la Policía Metropolitana de Londres ingrese a la Embajada de Ecuador (territorio soberano de Ecuador) para llevar a Julián a una camioneta policial que lo espera?

¿Por qué los tribunales aceptaron la acusación de la fiscalía de que Julián no es un periodista legítimo?

¿Por qué Estados Unidos y Gran Bretaña ignoraron el artículo 4 de su Tratado de Extradición que prohíbe la extradición por delitos políticos?

¿Cómo se permite que siga adelante el caso contra Julian después de que el testigo clave de Estados Unidos, Sigurdur Thordarson, un estafador y pedófilo convicto, admitiera haber inventado las acusaciones que hizo contra Julian?

¿Cómo se puede acusar a Julian, un ciudadano australiano, en virtud de la Ley de Espionaje de Estados Unidos cuando no participó en espionaje y no se encontraba en Estados Unidos cuando recibió los documentos filtrados?

¿Por qué los tribunales británicos permiten que Julián sea extraditado a Estados Unidos cuando la CIA (además de poner a Julián bajo vigilancia digital y por video las 24 horas mientras estaba en la Embajada de Ecuador) consideró secuestrarlo y asesinarlo, planes que incluían un posible tiroteo? en las calles de Londres con la participación de la Policía Metropolitana?

¿Cómo se puede condenar a Julian como editor cuando, como hizo Daniel Ellsberg, no obtuvo ni filtró los documentos clasificados que publicó?

¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no acusa de espionaje al editor de The New York Times o The Guardian por publicar el mismo material filtrado en asociación con WikiLeaks?

¿Por qué Julián está recluido en aislamiento en una prisión de alta seguridad sin juicio durante casi cinco años cuando su única violación técnica de la ley es violar las condiciones de la libertad bajo fianza cuando solicitó asilo en la Embajada de Ecuador? Normalmente esto conllevaría una multa.

¿Por qué se le negó la libertad bajo fianza después de que lo enviaron a la Prisión de Belmarsh?

Si extraditan a Julián, su linchamiento judicial empeorará. Su defensa se verá obstaculizada por las leyes antiterroristas estadounidenses, incluida la Ley de Espionaje y las Medidas Administrativas Especiales (SAM). Se le seguirá impidiendo hablar en público (salvo en raras ocasiones) y se le seguirá liberando bajo fianza. Será juzgado en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Virginia, donde el gobierno estadounidense ha ganado la mayoría de los casos de espionaje. El hecho de que el jurado esté formado en gran medida por personas que trabajan o tienen amigos y familiares que trabajan para la CIA y otras agencias de seguridad nacional con sede no lejos del tribunal, sin duda contribuye a esta serie de decisiones judiciales.

Los tribunales británicos, desde el principio, han hecho que el caso sea notoriamente difícil de cubrir, limitando severamente los asientos en la sala, proporcionando enlaces de video que han sido defectuosos y, en el caso de la audiencia de esta semana, prohibiendo a cualquier persona fuera de Inglaterra y Gales, incluidos los periodistas que habían cubierto previamente las audiencias, acceder a un enlace a lo que se supone que son procedimientos públicos.

Como es habitual, no se nos informa sobre horarios ni horarios. ¿El tribunal emitirá una decisión al final de la audiencia de dos días el 20 y 21 de febrero? ¿O esperará semanas, incluso meses, para emitir un fallo como lo ha hecho anteriormente? ¿Permitirá que el TEDH conozca el caso o enviará inmediatamente a Julian a Estados Unidos? Tengo mis dudas sobre que el Tribunal Superior pase el caso al TEDH, dado que el brazo parlamentario del Consejo de Europa, que creó el TEDH, junto con su Comisario para los Derechos Humanos, se oponen a la “detención, extradición y procesamiento” de Julian porque representa “un precedente peligroso para los periodistas”. ¿El tribunal honrará la solicitud de Julian de estar presente en la audiencia, o se verá obligado a permanecer en la prisión de alta seguridad de Belmarsh en Thamesmead, al sureste de Londres, como también ha sucedido antes? Nadie es capaz de decírnoslo.

Julian se salvó de la extradición en enero de 2021 cuando la jueza de distrito Vanessa Baraitser del Tribunal de Magistrados de Westminster se negó a autorizar la solicitud de extradición. En su fallo de 132 páginas, encontró que existía un “riesgo sustancial” de que Julian se suicidara debido a la gravedad de las condiciones que soportaría en el sistema penitenciario estadounidense. Pero este era un hilo delgado. El juez aceptó todos los cargos presentados por Estados Unidos contra Julian como presentados de buena fe. Rechazó los argumentos de que su caso tenía motivaciones políticas, que no obtendría un juicio justo en Estados Unidos y que su procesamiento es un asalto a la libertad de prensa.

La decisión de Baraitser fue revocada después de que el gobierno de Estados Unidos apeló ante el Tribunal Superior de Londres. Aunque el Tribunal Superior aceptó las conclusiones de Baraitser sobre el “riesgo sustancial” de suicidio de Julian si fuera sometido a ciertas condiciones dentro de una prisión estadounidense, también aceptó cuatro garantías en la Nota Diplomática estadounidense núm. 74, presentada ante el tribunal en febrero de 2021, en la que prometía que Julián sería tratado bien.

El gobierno de Estados Unidos afirmó en la nota diplomática que sus garantías “responden enteramente a las preocupaciones que llevaron al juez [del tribunal inferior] a despedir al señor Assange”. Las “garantías” establecen que Julián no estará sujeto a misiles antiaéreos. Prometen que Julian, ciudadano australiano, podrá cumplir su condena en Australia si el gobierno australiano solicita su extradición. Prometen que recibirá atención clínica y psicológica adecuada. Prometen que, antes y después del juicio, Julian no estará recluido en el Centro Administrativo Máximo (CAM) en Florence, Colorado.

Suena tranquilizador. Pero es parte de la cínica pantomima judicial que caracteriza la persecución de Julián.

Nadie permanece detenido antes del juicio en el CAM de Florence. El Centro Administrativo Máximo de Florence tampoco es la única prisión de máxima seguridad en los Estados Unidos. donde Julian puede ser encarcelado. Podría ser ubicado en una de nuestras otras instalaciones similares a Guantánamo en una Unidad de Gestión de Comunicaciones (CMU). Las CMU son unidades altamente restrictivas que replican el aislamiento casi total impuesto por los SAM. Las “garantías” no son jurídicamente vinculantes. Todos vienen con cláusulas de escape.

Si Julian hace “algo posterior a la oferta de estas garantías que cumpla con las pruebas para la imposición de SAM o la designación al Centro Administrativo Máximo (CAM)”, admitió el tribunal, estará sujeto a estas formas de control más severas. Si Australia no solicita un traslado, “no puede ser motivo de crítica a Estados Unidos, ni motivo para considerar que las garantías son inadecuadas para satisfacer las preocupaciones del juez”, se lee en el fallo. E incluso si ese no fuera el caso, a Julian le tomaría entre 10 y 15 años apelar su sentencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos, lo que sería tiempo más que suficiente para destruirlo psicológica y físicamente. Amnistía Internacional dijo que “las garantías no valen ni el papel en el que están escritas”.

Los abogados de Julian intentarán convencer a dos jueces del Tribunal Superior para que le concedan permiso para apelar varios de los argumentos contra la extradición que el juez Baraitser desestimó en enero de 2021. Sus abogados, si se concede la apelación, argumentarán que procesar a Julian por su actividad periodística representa una “grave violación” de su derecho a la libertad de expresión; que Julian está siendo procesado por sus opiniones políticas, algo que tanto el Reino Unido como los Estados Unidos consideran. el tratado de extradición no lo permite; que Julian está acusado de “delitos políticos puros” y las relaciones entre el Reino Unido y los Estados Unidos. el tratado de extradición prohíbe la extradición en tales circunstancias; que Julian no debería ser extraditado para enfrentar un proceso judicial donde la Ley de Espionaje “se está extendiendo de una manera imprevisible y sin precedentes”; que los cargos podrían modificarse y que Julián enfrentaría la pena de muerte; y que Julián no recibirá un juicio justo en Estados Unidos. También piden el derecho a presentar nuevas pruebas sobre los planes de la CIA para secuestrar y asesinar a Julián.

Si el Tribunal Superior concede permiso a Julian para apelar, se programará una audiencia adicional durante la cual argumentará los motivos de su apelación. Si el Tribunal Superior se niega a conceder permiso a Julian para apelar, la única opción que queda es apelar ante el TEDH. Si no puede llevar su caso ante el TEDH, será extraditado a Estados Unidos.

La decisión de solicitar la extradición de Julian, contemplada por la administración de Barack Obama, fue llevada a cabo por la administración de Donald Trump luego de la publicación por WikiLeaks de los documentos conocidos como Bóveda 7, que exponían los programas de guerra cibernética de la CIA, incluidos aquellos diseñados para monitorear y tomar el control de automóviles, Televisores, navegadores web y los sistemas operativos de la mayoría de los teléfonos inteligentes.

El liderazgo del Partido Demócrata se volvió tan sediento de sangre como los republicanos luego de que WikiLeaks publicara decenas de miles de correos electrónicos pertenecientes al Comité Nacional Demócrata (DNC) y a altos funcionarios demócratas, incluidos los de John Podesta, presidente de campaña de Hillary Clinton durante las elecciones presidenciales de 2016.

Los correos electrónicos de Podesta expusieron que Clinton y otros miembros de la administración Obama sabían que Arabia Saudita y Qatar (que habían donado millones de dólares a la Fundación Clinton) eran los principales financiadores del Estado Islámico de Irak y Siria. Revelaron transcripciones de tres conversaciones privadas que Clinton dio a Goldman Sachs, por las que le pagaron 675.000 dólares, una suma tan grande que sólo puede considerarse un soborno. En los correos electrónicos se vio a Clinton diciendo a las elites financieras que quería “comercio abierto y fronteras abiertas” y creía que los ejecutivos de Wall Street estaban en la mejor posición para administrar la economía, una declaración que contradecía sus promesas de campaña de reforma financiera. Expusieron la estrategia autodenominada “flautista” de la campaña de Clinton, que utilizó sus contactos con la prensa para influir en las primarias republicanas al “elevar” a lo que llamaron “candidatos más extremos”, para garantizar que Trump o Ted Cruz ganaran la nominación de su partido. Expusieron el conocimiento avanzado de Clinton sobre las cuestiones en un debate primario. Los correos electrónicos también expusieron a Clinton como uno de los arquitectos de la guerra y la destrucción de Libia, una guerra que ella creía que mejoraría sus credenciales como candidata presidencial.

Los periodistas pueden argumentar que esta información, al igual que los registros de guerra, debería haber permanecido secreta. Pero si lo hacen, no pueden llamarse periodistas.

El liderazgo demócrata, que intentó culpar a Rusia por su derrota electoral ante Trump (en lo que se conoció como Russiagate), acusó de que los correos electrónicos de Podestá y las filtraciones del Comité Nacional Demócrata fueron obtenidos por piratas informáticos del gobierno ruso, aunque una investigación encabezada por Robert Mueller, el ex FBI director, “no desarrolló pruebas admisibles suficientes de que WikiLeaks supiera, o incluso estuviera intencionalmente ciego a” cualquier presunto hackeo por parte del estado ruso.

Julian es perseguido porque proporcionó al público la información más importante sobre los crímenes y la mendacidad del gobierno de Estados Unidos desde la publicación de los Papeles del Pentágono. Como todos los grandes periodistas, no era partidista. Su objetivo era el poder.

Hizo pública la matanza de casi 700 civiles que se habían acercado demasiado a los convoyes y puestos de control estadounidenses, entre ellos mujeres embarazadas, ciegos y sordos, y al menos 30 niños.

Hizo públicas las más de 15.000 muertes no denunciadas de civiles iraquíes y la tortura y el abuso de unos 800 hombres y niños, de edades comprendidas entre 14 y 89 años, en el campo de detención de la Bahía de Guantánamo.

Nos mostró que Hillary Clinton en 2009 ordenó a diplomáticos estadounidenses espiar al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, y a otros representantes de la ONU de China, Francia, Rusia y el Reino Unido, espionaje que incluía la obtención de ADN, escaneos de iris, huellas dactilares y contraseñas personales. .

Expuso que Obama, Hillary Clinton y la CIA respaldaron el golpe militar de junio de 2009 en Honduras que derrocó al presidente democráticamente electo Manuel Zelaya, reemplazándolo por un régimen militar corrupto y asesino.

Reveló que Estados Unidos lanzó en secreto ataques con misiles, bombas y drones contra Yemen, matando a decenas de civiles.

Ningún otro periodista contemporáneo se ha acercado a igualar sus revelaciones.

Julián es el primero. Nosotros somos los siguientes.

radio
Caitlin Johnstoneś newsletter

La guerra contra el periodismo en Belmarsh, la guerra contra el periodismo en Gaza

Fuente: Caitlin Johnstone

Por Caitlin Johnstone

No he escrito mucho sobre Julian Assange últimamente porque he estado muy obsesionado con lo que ha estado sucediendo en Gaza, pero todos deberíamos ser muy conscientes de que los días 20 y 21 de febrero pueden ser la última oportunidad del fundador de WikiLeaks para evitar la extradición a la Estados Unidos enfrentará persecución por el delito de buen periodismo.

Assange y su equipo legal se enfrentarán a dos jueces del Tribunal Superior durante la audiencia de dos días en Londres, quienes luego determinarán si el Reino Unido permitirá o no que el periodista australiano sea arrastrado encadenado a Estados Unidos para un juicio falso y arrojado a prisión. uno de los sistemas penitenciarios más draconianos del mundo por exponer los crímenes de guerra del gobierno más poderoso del mundo.

Algunos legisladores estadounidenses están intentando bloquear la extradición desde el otro extremo con la Resolución 934 de la Cámara de Representantes, que afirma que “las actividades periodísticas regulares están protegidas por la Primera Enmienda, y que Estados Unidos debería retirar todos los cargos e intentos de extraditar a Julian Assange. ” Si se retiraran los cargos, no solo impediría la extradición sino que permitiría que Assange fuera liberado de la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, donde ha estado encarcelado por el gobierno británico desde 2019.

(Continuar leyendo…)

radio
Periodismo desde lo posible

[CDMX 6 Nov] “Periodismo de lo posible: Historias desde los territorios” – Taller y presentación

TALLER Y PRESENTACIÓN DE LA SERIE
“PERIODISMO DE LO POSIBLE: HISTORIAS DESDE LOS TERRITORIOS”

Un podcast de 12 relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo.

Este lunes 6 de noviembre Quinto Elemento Lab, REDES A.C., Ojo de Agua Comunicación y La Sandía Digital, junto con radios comunitarias y defensores y defensoras del territorio, presentamos la serie “Periodismo de lo posible: historias desde los territorios”, que está ya disponible completa en plataformas digitales. Previo a la conferencia de prensa, Marcela Turati y Eloisa Diez darán un taller práctico para conocer cómo se hace un periodismo de lo posible, criterios y recomendaciones de narrativas de esperanza desde las comunidades.

El proyecto reúne 12 relatos de historias de defensa del territorio pero no desde la denuncia, sino desde los logros de la organización comunitaria, contando las victorias contra el despojo. Los reportajes sonoros fueron hechos por cada comunidad y radio comunitaria, contada, reporteada e investigada por sus protagonistas.

Durante un año, equipos de Quintana Roo, Oaxaca, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo, Guanajuato, Sonora y Chihuahua construyeron las historias que narran las luchas contra megaproyectos, para rescatar la cultura y tradiciones ancestrales, cuidar el agua, recuperar territorio ancestral y proteger la naturaleza.

Los equipos participantes son la Asamblea del Pueblo Chontal para la Defensa de Nuestro Territorio. (Oaxaca), VE’I SAVI Radialistas Comunitarios de Yucuhiti (Oaxaca), Radio Cholollan (Puebla), Radio Tsinaka (Puebla), Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Cesder (Puebla), Ocotenco-Kuautlali (Hidalgo), La Boca Nostra, programa de Política y Rock & Roll Radio (Sonora), Centro de Desarrollo Agropecuario A.C. (Guanajuato), Escenario Tlaxcala (Tlaxcala), Coordinadora por un Atoyac con Vida y Centro Fray Julián Garcés (Tlaxcala y Puebla), Centro Comunitario U kúuchil k Ch’i’ibalo’on (Quintana Roo) y Raíchali (Chihuahua).

Día: Lunes 6 de noviembre
Lugar: CENCOS (Medellín 33, Colonia Roma, Ciudad de México)
10:00 a 11:30 am – Taller práctico: conoce cómo se hace un periodismo de lo posible, criterios, retos y recomendaciones para contar historias desde las victorias comunitarias

11:30 a 12:30 – Rueda de prensa: Experiencias desde lo posible, palabras de equipos participantes y protagonistas de las luchas

Transmisión en vivo por Facebook: P_De lo posible / REDES AC / La Sandía Digital / Ojo de Agua Comunicación.

Para más información y/o entrevistas pueden escribir a periodismodeloposible@gmail.com o al 2224021882.

CONOCE MÁS SOBRE EL PROYECTO

radio
Radio Zapote

Atentado a la Libertad de Expresión en México: 31 periodistas asesinados en 2022

La definición que adopta la ONU de quien es periodista o comunicador parte de un criterio funcional. El Comité de Derechos Humanos señala que son periodistas “una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios”. La Relatoría Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, consideró que este tipo de definición funcional incluye “a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación de la comunidad y a los periodistas ciudadanos cuando desempeñan por un tiempo esa función”.

 

En la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 2012, la definición establece que “Periodistas son las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consista en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proporcionar información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que pueda ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen. 

 

Durante el año 2022 fueron asesinadas en México 31 personas cuyo oficio era el periodismo, esto de acuerdo a la investigación que hemos realizado como Comité Editorial de Radio Zapte para documentar y registrar los casos, representa una de las cifras más altas del mundo.

Las entidades con mayor incidencia de este crimen fueron Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Baja California y Sinaloa, pero ocurrió en 13 estados, afectando a una mayoría de hombres y varias mujeres.

Nombres como Lourdes Maldonado, Heber López Vásquez. Yesenia Mollinedo Falconi, Sheila Johana García Olivera o Fredid Román, entre muchos más, quedan en la memoria colectiva, para gritar a todos los rincones del mundo, que exijan detener ya la impunidad para los perpetradores.

La cifra de 31 periodistas asesinados en 2022 es más del doble respecto a la cifra de 13 oficialmente reconocida por el gobierno mexicano, que insistentemente –y sin investigación previa– tiende a no reconocer la incidencia de periodistas asesinados a causa de su trabajo y a deslegitimar a ciertas personas a las que no considera como “periodistas”, violentando no solo la definición de periodista de los organismos internacionales, sino también la que enuncia la propia legislación mexicana.

En esta lista, además de trabajadores de medios tradicionales como los impresos, radio y televisión, se recogen casos de miembros de medios digitales y de quienes han realizado su labor a través de las plataformas de las redes sociales, por tanto en esta lista incluimos tiktokers, facebookeros y youtubers. Parecería una innovación incluir a estos últimos, sin embargo es en apego a la definición de periodista que referimos al inicio de este texto, y es el reflejo de la realidad mexicana. Muchas personas se expresan por los medios de la web.

Las grandes empresas de comunicación son inalcanzables y cada día se cierran más periódicos impresos (en el estado de Guerrero están a punto de extinguirse) a causa de la censura criminal. Las nuevas tecnologías están albergando al periodismo de a pie y hacen posible de facto, el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión y a la información.

Es claro que los periodistas asesinados el año pasado en México son más de 31, porque no todos los caídos son documentados como periodistas por las autoridades correspondientes o no todos los casos son denunciados ante la opinión pública. Se impone un silencio ante la potencial represión que se practica contra las personas denunciantes. Además de los 31, tuvimos noticias de al menos otros 3 casos de periodistas asesinados, los cuales nos fue imposible confirmar hasta el momento.

╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴ ╴

En México el oficio de periodista es de alto riesgo, porque no se persigue con seriedad el delito de su asesinato, ante la necesidad de los poderosos de callar las voces que den cuenta de las corruptelas o los vínculos entre crimen organizado y políticos, que señalen personajes como culpables o que digan algo que incomode.

En México las periodistas suelen ser las más valientes y comprometidas con el oficio de informar. Muchas de ellas realizan investigaciones rigurosas, que toman en cuenta todas las voces involucradas, pero que evidencian corrupción de grupos políticos a todos los niveles del poder.

Cuando las periodistas publican sus pesquisas, arriesgan con ello su vida o su tranquilidad, se les acosa judicialmente y se les difama o resta credibilidad. Sin embargo, ellas continúan realizando un periodismo crítico, responsable y de interés público. Haciendo posible un conocimiento necesario para entender la compleja sociedad mexicana.

 

A pesar de la guerra de despojo no reconocida, en México las nuevas generaciones de periodistas hacen imposible el silencio que nos imponen.
Desde los espacios de más abajo, ROMPEMOS EL CERCO.

 


Lista de periodistas asesinadxs en México en 2022

 

1.- 10 de enero de 2022 | JOSÉ LUIS GAMBOA ARENAS, Veracruz, Veracruz. Inforegio Network y La Noticia. Director, editor y columnista.

2.- 17 de enero de 2022 | ALFONSO MARGARITO MARTÍNEZ ESQUIVEL, Tijuana, Baja California. Semanario Zeta y La Jornada Baja California. Fotoperiodista.

3.- 23 de enero de 2022 | LOURDES MALDONADO, Tijuana, Baja California. Sintoniza sin censura. Redactora y locutora.

4.- 31 de enero de 2022 | ROBERTO TOLEDO, Zitácuaro, Michoacán. Monitor Michoacán. Reportero y columnista.

5.- 6 de febrero de 2022 | MARCO ERNESTO ISLAS FLORES, Tijuana, Baja California. Director de Noti Red.

6.- 9 de febrero de 2022 | HEBER LÓPEZ VÁZQUEZ, Salina Cruz, Oaxaca. Noticias Web Oaxaca y RCP Noticias. Reportero, fotoperiodista y columnista.

7.- 20 de febrero de 2022 | ANAHÍ MICHELL PÉREZ TADEO, “Michel Simón”, Ciudad de México. Freelance.Cronista deportiva.

8.- 24 de febrero de 2022 | JORGE LUIS CAMERO ZAZUETA, Empalme, Sonora. El Informativo. Director, redactor y locutor.

9.- 3 de marzo de 2022 | JUAN CARLOS MUÑIZ “RIGOBERTO”, Fresnillo, Zacatecas. Multimedios Testigo Minero. Reportero.

10.- 15 de marzo de 2022 | ARMANDO LINARES LÓPEZ, Zitácuaro, Michoacán, Monitor Michoacán. Director y redactor.

11.- 18 de abril de 2022 | JORGE LUIS, Culiacán, Sinaloa. Youtuber. Creador de contenido.

12.- 5 de mayo de 2022 | LUIS ENRIQUE RAMÍREZ RAMOS, Culiacán, Sinaloa. Fuentes Fidedignas. Director y columnista.

13.- 9 de mayo de 2022 | YESENIA MOLLINEDO FALCONI, Cosoleacaque, Veracruz. El Veraz del sur de Veracruz. Directora, redactora y reportera.

14.- 9 de mayo de 2022 | SHEILA JOHANA GARCÍA OLIVERA, Cosoleacaque, Veracruz. El Veraz del sur de Veracruz. Reportera y camarógrafa.

15.- 29 de junio de 2022 | ANTONIO DE LA CRUZ, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Expreso. Reportero y columnista.

16.- 18 de julio de 2022 | GUSTAVO HUESCA CARDOSO “Hues-K!”, Acapulco, Guerrero. Programa de radio ADN Cultura y Radio y Televisión de Guerrero. Radialista y locutor.

17.- 19 de julio de 2022 | ENRIQUE SOSA, León, Guanajuato. TV4. Camarógrafo, jubilado.

18.- 2 de agosto de 2022 | ERNESTO MÉNDEZ, San Luis de la Paz, Guanajuato. Periódico Tu Voz. Director, reportero y columnista.

19.- 3 de agosto de 2022 | ÁLVAR NÚÑEZ SÁNCHEZ, Chilpancingo, Guerrero. Youtuber. Creador de contenido, periodista cultural.

20.- 11 de agosto de 2022 | ALAN GONZÁLEZ, Ciudad Juárez, Chihuahua. Switch FM. Locutor.

21.- 11 de agosto de 2022 | ARMANDO GUERRERO, Ciudad Juárez, Chihuahua. Switch FM. Gerente de operaciones.

22.- 11 de agosto de 2022 | LINO FLORES, 35 años, Ciudad Juárez, Chihuahua. Switch FM. Colaborador de medios.

23.- 11 de agosto de 2022 | ÁLEX ARRIAGA, Ciudad Juárez, Chihuahua. Switch FM. Colaborador de medios.

24.- 16 de agosto de 2022 | JUAN ARJÓN LÓPEZ, San Luis Río Colorado, Sonora. A qué le temes. Director y reportero.

25.- 22 de agosto de 2022 | FREDID ROMÁN ROMÁN, Chilpancingo, Guerrero. La Realidad. Director, editor, reportero y columnista.

26.- 31 de agosto de 2022 | RUBÉN ORTEGA, Ixtapaluca, Estado de México. Súper Chinelo. Youtuber, creador de contenido, periodista cultural.

27.- 23 de septiembre de 2022 | KARLA PARDINI, Culiacán, Sinaloa. Tiktoker. Creadora de contenido.

28.- 5 de noviembre de 2022 | ADÁN LINARES SILVERIO, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Promotor de las radios comunitarias del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

29.- 5 de noviembre de 2022 | MOISÉS CUAPIPISTENCO, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Colaborador de las radios comunitarias del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

30.- 5 de noviembre de 2022 | GUILLERMO HILARIO MORALES, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Promotor de las radios comunitarias del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

31.- 22 de noviembre de 2022 | PEDRO PABLO KUMUL AMAYA, Xalapa, Veracruz. Comunicación AX Noticias y Es Amor 104.5 HD. Locutor y reportero.

Una investigación colectiva de Radio Zapote

radio
El Salto Diario

Periodistas mexicanos denuncian su indefensión ante un repunte de violencia contra el gremio

El asesinato de cuatro comunicadores en lo que va de 2022 indigna a los periodistas que señalan un sistema de protección que consideran ineficiente.
 
Concentración del 25 de enero en protesta por el asesinato de dos periodistas en Tijuana. Foto: Luis Gutiérrez.
 Carlos Iván Molina Aguilar
Tijuana (México)

El lunes 31 de enero el periodista de Monitor Michoacán, Roberto Toledo, fue asesinado por tres individuos al salir de su trabajo. El empleado de este pequeño blog de información local elaboraba piezas que señalaban la corrupción en los distintos niveles de la administración y entre los políticos, y había recibido amenazas previamente. Su asesinato supone el cuarto crimen contra la prensa en México desde que empezara el año.

Según ha documentado Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, en lo que va de mandato del presidente López Obrador, han sido asesinados 28 periodistas, 148 desde el año 2000.

La semana pasada fue especialmente trágica, cuando dos periodistas fueron asesinados en pocos días en la ciudad fronteriza de Tijuana, una de las más violentas del mundo. Dicha ciudad ubicada en el estado de Baja California al norte de México y que colinda con el estado de California, registró el año pasado 1.987 asesinatos dolosos.

Bajo este contexto de violencia generalizada e inseguridad en el que el estado mexicano ha lucido por su ineficiencia para garantizar la integridad física de aquellos que ejercen el oficio, los periodistas no han dejado de realizar sus labores informativas.

Lastimosamente, el “Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas” del estado mexicano, no ha evitado que colegas como Margarito Martínez y Lourdes Maldonado asesinados en Tijuana, hayan sido ejecutados a balazos frente a sus domicilios.

Margarito Martínez

El pasado 17 de enero el periodista Margarito Martínez, con más de 20 años de reportero gráfico en temas policíacos, fue asesinado fuera de su casa aproximadamente a las 12:30 pm, el sonido de un arma de fuego calibre 9mm hizo que su hija de 15 años saliera y encontrara el cuerpo de su padre con heridas en su cabeza y pecho.Su fuerte era la cobertura de notas policíacas, su experiencia y profesionalismo lo llevaron a colaborar con los medios locales más reconocidos. Llegó a ser fuente de información de medios nacionales, internacionales e incluso documentales sobre temas de seguridad, dado que era un referente al respecto, su ausencia, aseguran colegas periodistas, dejará un vació informativo ya que solo él cubría esta fuente con una valentía y compromiso inigualable.

La reciente reforma en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2021 ha sido desvirtuada y utilizada por grupos criminales para transmitir sus mensajes

Su profesionalismo fue más que reconocido. A pesar de esto, cuando pidió ser beneficiario del “Mecanismo de Protección” un mes antes de su asesinato, la ineficiencia y burocracia del mismo no logró cumplir su objetivo y salvaguardar su vida.

Margarito fue acusado sin pruebas de ser administrador de una página de Facebook que señala a miembros de cárteles llamado “Tijuana en Guerra”, lo cual, pudo haber expuesto su integridad personal a manos de grupos criminales que se veían afectados por las publicaciones de dicha página.

Después de un altercado transmitido en vivo a través de Facebook con un pseudo-comunicador llamado Ángel Peña, —quien administra una página en dicha plataforma con más de 100 mil seguidores, pero carente de ética periodística— donde lo acusa sin prueba alguna. Margarito expresó temer por su vida a través de un comunicado hecho por el colectivo #YoSíSoyPeriodista con sede en Tijuana.

Para la presidenta del colectivo, Sonia de Anda, el gobierno estatal que tomó el poder en noviembre no le dio la importancia debida al mecanismo de protección, incluso se comunicaron con ella para decirle que no existían fundamentos jurídicos para operarlo y debían volver a comenzar todo desde cero.

Melva Adriana Olvera, Sub-secretaria de Derechos Humanos y encargada del mecanismo estatal tuvo que delegar la responsabilidad al gobierno federal con sede a más de tres mil kilómetros de distancia en la Ciudad de México. La federación hizo llegar documentación a Margarito pero se desechó su solicitud al no completarse con la burocracia requerida desde la capital.

“Quiere decir que ni siquiera le dijeron a Margarito de lo que se trataba el mecanismo porque él asumió que porque le llamaron por teléfono ya estaba incorporado. Sí tienen un problema de burocracia, pero en el estado no le dieron la importancia porque estaban metidos en la transición de gobierno, lo delegaron a la federación y ellos no tienen contacto cercano con nosotros”, dijo Sonia de Anda.

“Estos dos crímenes se dan en un contexto en el que los encargados del mecanismo están tratando de ponerlo en marcha, obviamente no saben cómo. No sé si no se pusieron en comunicación con la federación para que les explicaran que tenían que hacer o simplemente pensaron que podía esperar y en ese lapso es cuando asesinan a Margarito y seis días después a Lourdes Maldonado”, explicaba la integrante de #YoSíSoyPeriodista.

Esta centralización característica en el sistema republicano de México ha afectado a los periodistas no solo por su ineficiencia en la lejanía, sino también por la postura del presidente y su partido, que ha deslegitimado a los periodistas y dado vía libre a los “blogeros” e “influencers” de internet.

La reciente reforma en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2021, que según el presidente de México garantizaría la libertad de expresión, especialmente en las redes sociales, ha sido desvirtuada y utilizada por grupos criminales para transmitir sus mensajes sin necesidad de los medios y los periodistas.

La creación del colectivo #YoSíSoyPeriodista en Tijuana fue una forma en que los reporteros podrían diferenciarse de aquellos “bloggeros” o “influencers” que mantienen una línea muy fina y hasta dudosa entre la labor informativa y la propagandística en sus contenidos.

“El mismo gobierno nos vulneró porque creó una ley que dice que toda persona que publica de manera recurrente en cualquier plataforma de internet es periodista. Esta situación que generó el gobierno mexicano le abrió la puerta a los grupos del crimen organizado para preparar a personas como influencers o blogueros y lanzar sus mensajes tal y como ellos quieren. Margarito fue víctima de uno de esos blogueros”, comentó la presidenta del Colectivo.

El discurso de estos pseudo-comunicadores se ha popularizado gracias a una especie de “desencantamiento” hacia los medios de comunicación por parte de la población mexicana, la cual vivió años de lo que algunos llamaron una “Teletiranía”. Los contratos millonarios que los gobiernos de derecha tenían con las televisoras y que rayaban en lo propagandístico, la guerra sucia mediática/política en épocas electorales etc., deslegitimaron a la prensa tradicional, pero llevándose de paso a los medios libres.

Estos blogueros han encontrado cómo sacar ventaja del término “Chayotero” o prensa pagada ante sus audiencias, ya que para ellos el hecho de publicar fotos de presuntos miembros de carteles con rostros tapados, por no publicar narco-mantas (mensajes dejados por los cárteles) o fotografías explícitas, significa que los periodistas ocultan la verdad por tener compromisos económicos con el gobierno o como le dijeron a Margarito: “Yo no soy lame botas de nadie, a mí nadie me paga”.

“Estos blogueros no entienden que no es porque nos controle el estado, es por cuestión de leyes en materia de derechos humanos, que no podemos violentar el debido proceso, que debemos respetar la ley general de víctimas, el gobierno no ha sancionado a los blogueros que rompen con el debido proceso y estropean investigaciones”, argumentó De Anda.

Lourdes Maldonado

El contexto del asesinato de Lourdes Maldonado, periodista con 30 años de experiencia en el oficio, aunque concurrido solo seis días después, fue distinto. Ella sí era beneficiaria del Mecanismo de Protección desde marzo del 2021, a pesar de esto, a ella también le quitaron la vida a balazos justo enfrente de su vivienda.

Maldonado tenía una demanda laboral en contra del medio para el que trabajaba y el dueño del mismo; Jaime Bonilla. Dicho personaje ganó la gubernatura del estado y ejerció el puesto durante el 2019-2021, por el mismo partido del presidente de la república.

Días antes de su asesinato, Lourdes  ganó su demanda laboral. Al no obtener respuesta por parte de Bonilla, Lourdes y su abogado acudieron a las instalaciones del medio de comunicación —PSN— del que este es propietario a hacer un requerimiento de pago y no hubo respuesta por parte de nadie, ni siquiera de sus representantes legales.

Lourdes y su abogado procedieron a embargar el inmueble, lo que daría control a la periodista de todos los documentos contables de la empresa, así como de los documentos laborales que registran las altas en el Seguro Social de sus trabajadores. En caso de encontrar omisiones, Lourdes tendría la obligación de informar a las instituciones de seguridad social.

“No sabemos si el crimen de Lourdes ocurre porque se enfrentó a Jaime Bonilla o porque alguien quiere embarrar a Jaime Bonilla para obstaculizar su trayectoria política y Lourdes fue un elemento desechable. Imagínate que ahora estén escogiendo periodistas para atacar políticos, esa es la preocupación”. Explicó la presidenta del colectivo.

La periodista ya había sido atacada en su domicilio en marzo del año pasado, y desde entonces tenía un botón de pánico, un teléfono que la comunicaba directamente con la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, además de tener custodia policíaca permanente en su casa de las 8:00 pm a 6:00 pm. Según la Fiscalía General del Estado las autoridades recibieron una llamada al número de emergencias 911 y al llegar a las siete de la tarde Maldonado se encontraba muerta en su vehículo justo frente a su domicilio.

El problema, según piensa De Anda y el colectivo #YoSíSoyPeriodista, es que a pesar de que Lourdes no comunicó al gremio ninguna inconformidad sobre el mecanismo, la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, al inicio de su mandato en noviembre del año pasado y con el pretexto de la escasez de agentes de seguridad pública, requirió de vuelta al servicio a todos los policías que realizaban actividades de custodia de personas, porque según ella, cuidaban solo a empresarios.

La Secretaría no ha facilitado las bitácoras de la custodia que tenía Lourdes, de acuerdo con De Anda y el colectivo, ha existido un hermetismo por parte de las instituciones de seguridad y la fiscalía: “Tengo la sospecha que se le había retirado parte de la custodia que se le había otorgado. Queda en evidencia que algo no está funcionando en el mecanismo estatal y el federal”. A pesar de estos dos acontecimientos, el Fiscal General del Estado, Hiram Sánchez, quien acudió a la escena del crimen del asesinado de Lourdes dijo que el mecanismo no falló.

“Hoy tenemos compañeros que piensan que podemos ser blanco y que tenemos una bala destinada para cada uno de nosotros en la cabeza”

“No podemos decir que falló el mecanismo en opinión de nosotros, el mecanismo que ella tenía, tenía algunas cosas específicas en las que consistía, sabemos que tenía un botón de pánico y comunicación constante con Seguridad Pública, sabemos que había rondines y vigilancia permanente en un horario determinado y desafortunadamente el mecanismo como tal podemos ver, no fue suficiente para evitar que le quitaran la vida a la compañera, es algo que estamos determinado en este momento”, señaló Sámchez.

El ambiente actual en el gremio periodístico a partir de estos hechos ha tenido consecuencias emocionales, psicológicas, delirios y paranoias de persecución. “Hoy tenemos compañeros que piensan que podemos ser blanco y que tenemos una bala destinada para cada uno de nosotros en la cabeza”.

Los integrantes de #YoSíSoyPeriodista tuvieron que pasar de modo luto a modo lucha y organizaron el 25 de enero una movilización nacional para exigir justicia a los periodistas caídos en lo que va de este año. Más de 40 ciudades en todo el país se unieron a esta movilización.

Según datos de Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Y encabeza la lista de países que no se encuentran formalmente en guerra con más periodistas asesinados, incluso arriba de países como Afganistán.

radio
El Salto diario

La justicia británica no entregará a Julian Assange a EE UU por “riesgo de suicidio”

Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos. Al menos por ahora. En la mañana de este 4 de enero la justicia británica ha hecho pública su decisión de no entregar al fundador de Wikileaks a las autoridades estadounidenses. La juez Vanessa Baraitser, encargada del caso, considera demostrado que Assange presenta problemas mentales y existe un alto riesgo de suicidio si es procesado en Estados Unidos y encarcelado en “condiciones de casi total aislamiento”.

Hace un año, en abril de 2019, la foto de la detención de Assange en la embajada ecuatoriana, donde había pasado los últimos siete años de su vida, dio la vuelta al mundo. Desde entonces, el australiano se encontraba detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, a la espera de una decisión sobre la extradición a Estados Unidos.

No fueron las motivaciones políticas ni la vulneración de la libertad de prensa lo que convenció a la juez británica, sino los supuestos problemas mentales de Assange y el riesgo para su vida ante una posible extradición

Después de que la acusación por violación en Suecia fuera archivada, el Gobierno de EE UU mantenía una orden de búsqueda y captura por 17 cargos de espionaje y un cargo adicional de pirateo informático. No fueron las motivaciones políticas ni la vulneración de las libertades lo que convenció a la juez británica, sino los supuestos problemas mentales de Assange y el riesgo para su vida ante una posible extradición.

A medida que se acercaba la fecha, aumentaban las presiones desde todos los campos. El relator especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, vinculaba el caso con la ofensiva de los Estados contra el periodismo de investigación: “Si Julian Assange es condenado, será una sentencia de muerte para la libertad de prensa”.

Todo empezó el 5 de abril de 2010, cuando el mundo pudo ver, gracias al portal de investigación fundado por Assange, las imágenes de soldados estadounidenses masacrando a civiles en Bagdad desde un helicóptero. Y unos meses después, Wikileaks destapó 90.000 documentos sobre la guerra de Afganistán en los que se evidenciaban graves violaciones de los derechos humanos. Y el 22 de octubre de 2010, una nueva filtración, esta vez de 400.000 documentos, mostraban las atrocidades de la guerra de Iraq.

El conocido caso del Cablegate, donde Wikileaks hizo públicos 250.000 documentos del Departamento del Estado, o la difusión de los horrores de las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib colocaron a Julian Assange como uno de los principales enemigos de la Casa Blanca. “Se está creando un sistema criminal ante nuestros propios ojos”, decía Nils Melzer. En esta ocasión ha conseguido evitar la extradición, pero todavía está lejos de ser libre y reparado por diez años de persecución y aislamiento.