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Radio Zapote

Atentado a la Libertad de Expresión en México: 31 periodistas asesinados en 2022

La definición que adopta la ONU de quien es periodista o comunicador parte de un criterio funcional. El Comité de Derechos Humanos señala que son periodistas “una amplia variedad de personas, como analistas y reporteros profesionales y de dedicación exclusiva, autores de blogs y otros que publican por su propia cuenta en medios de prensa, en Internet o por otros medios”. La Relatoría Especial de la ONU sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, consideró que este tipo de definición funcional incluye “a quienes trabajan en medios de información y al personal de apoyo, así como a quienes trabajan en medios de comunicación de la comunidad y a los periodistas ciudadanos cuando desempeñan por un tiempo esa función”.

 

En la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del 2012, la definición establece que “Periodistas son las personas físicas, así como medios de comunicación y difusión públicos, comunitarios, privados, independientes, universitarios, experimentales o de cualquier otra índole cuyo trabajo consista en recabar, generar, procesar, editar, comentar, opinar, difundir, publicar o proporcionar información, a través de cualquier medio de difusión y comunicación que pueda ser impreso, radioeléctrico, digital o imagen. 

 

Durante el año 2022 fueron asesinadas en México 31 personas cuyo oficio era el periodismo, esto de acuerdo a la investigación que hemos realizado como Comité Editorial de Radio Zapte para documentar y registrar los casos, representa una de las cifras más altas del mundo.

Las entidades con mayor incidencia de este crimen fueron Guerrero, Chihuahua, Veracruz, Baja California y Sinaloa, pero ocurrió en 13 estados, afectando a una mayoría de hombres y varias mujeres.

Nombres como Lourdes Maldonado, Heber López Vásquez. Yesenia Mollinedo Falconi, Sheila Johana García Olivera o Fredid Román, entre muchos más, quedan en la memoria colectiva, para gritar a todos los rincones del mundo, que exijan detener ya la impunidad para los perpetradores.

La cifra de 31 periodistas asesinados en 2022 es más del doble respecto a la cifra de 13 oficialmente reconocida por el gobierno mexicano, que insistentemente –y sin investigación previa– tiende a no reconocer la incidencia de periodistas asesinados a causa de su trabajo y a deslegitimar a ciertas personas a las que no considera como “periodistas”, violentando no solo la definición de periodista de los organismos internacionales, sino también la que enuncia la propia legislación mexicana.

En esta lista, además de trabajadores de medios tradicionales como los impresos, radio y televisión, se recogen casos de miembros de medios digitales y de quienes han realizado su labor a través de las plataformas de las redes sociales, por tanto en esta lista incluimos tiktokers, facebookeros y youtubers. Parecería una innovación incluir a estos últimos, sin embargo es en apego a la definición de periodista que referimos al inicio de este texto, y es el reflejo de la realidad mexicana. Muchas personas se expresan por los medios de la web.

Las grandes empresas de comunicación son inalcanzables y cada día se cierran más periódicos impresos (en el estado de Guerrero están a punto de extinguirse) a causa de la censura criminal. Las nuevas tecnologías están albergando al periodismo de a pie y hacen posible de facto, el derecho a la comunicación, a la libertad de expresión y a la información.

Es claro que los periodistas asesinados el año pasado en México son más de 31, porque no todos los caídos son documentados como periodistas por las autoridades correspondientes o no todos los casos son denunciados ante la opinión pública. Se impone un silencio ante la potencial represión que se practica contra las personas denunciantes. Además de los 31, tuvimos noticias de al menos otros 3 casos de periodistas asesinados, los cuales nos fue imposible confirmar hasta el momento.

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En México el oficio de periodista es de alto riesgo, porque no se persigue con seriedad el delito de su asesinato, ante la necesidad de los poderosos de callar las voces que den cuenta de las corruptelas o los vínculos entre crimen organizado y políticos, que señalen personajes como culpables o que digan algo que incomode.

En México las periodistas suelen ser las más valientes y comprometidas con el oficio de informar. Muchas de ellas realizan investigaciones rigurosas, que toman en cuenta todas las voces involucradas, pero que evidencian corrupción de grupos políticos a todos los niveles del poder.

Cuando las periodistas publican sus pesquisas, arriesgan con ello su vida o su tranquilidad, se les acosa judicialmente y se les difama o resta credibilidad. Sin embargo, ellas continúan realizando un periodismo crítico, responsable y de interés público. Haciendo posible un conocimiento necesario para entender la compleja sociedad mexicana.

 

A pesar de la guerra de despojo no reconocida, en México las nuevas generaciones de periodistas hacen imposible el silencio que nos imponen.
Desde los espacios de más abajo, ROMPEMOS EL CERCO.

 


Lista de periodistas asesinadxs en México en 2022

 

1.- 10 de enero de 2022 | JOSÉ LUIS GAMBOA ARENAS, Veracruz, Veracruz. Inforegio Network y La Noticia. Director, editor y columnista.

2.- 17 de enero de 2022 | ALFONSO MARGARITO MARTÍNEZ ESQUIVEL, Tijuana, Baja California. Semanario Zeta y La Jornada Baja California. Fotoperiodista.

3.- 23 de enero de 2022 | LOURDES MALDONADO, Tijuana, Baja California. Sintoniza sin censura. Redactora y locutora.

4.- 31 de enero de 2022 | ROBERTO TOLEDO, Zitácuaro, Michoacán. Monitor Michoacán. Reportero y columnista.

5.- 6 de febrero de 2022 | MARCO ERNESTO ISLAS FLORES, Tijuana, Baja California. Director de Noti Red.

6.- 9 de febrero de 2022 | HEBER LÓPEZ VÁZQUEZ, Salina Cruz, Oaxaca. Noticias Web Oaxaca y RCP Noticias. Reportero, fotoperiodista y columnista.

7.- 20 de febrero de 2022 | ANAHÍ MICHELL PÉREZ TADEO, “Michel Simón”, Ciudad de México. Freelance.Cronista deportiva.

8.- 24 de febrero de 2022 | JORGE LUIS CAMERO ZAZUETA, Empalme, Sonora. El Informativo. Director, redactor y locutor.

9.- 3 de marzo de 2022 | JUAN CARLOS MUÑIZ “RIGOBERTO”, Fresnillo, Zacatecas. Multimedios Testigo Minero. Reportero.

10.- 15 de marzo de 2022 | ARMANDO LINARES LÓPEZ, Zitácuaro, Michoacán, Monitor Michoacán. Director y redactor.

11.- 18 de abril de 2022 | JORGE LUIS, Culiacán, Sinaloa. Youtuber. Creador de contenido.

12.- 5 de mayo de 2022 | LUIS ENRIQUE RAMÍREZ RAMOS, Culiacán, Sinaloa. Fuentes Fidedignas. Director y columnista.

13.- 9 de mayo de 2022 | YESENIA MOLLINEDO FALCONI, Cosoleacaque, Veracruz. El Veraz del sur de Veracruz. Directora, redactora y reportera.

14.- 9 de mayo de 2022 | SHEILA JOHANA GARCÍA OLIVERA, Cosoleacaque, Veracruz. El Veraz del sur de Veracruz. Reportera y camarógrafa.

15.- 29 de junio de 2022 | ANTONIO DE LA CRUZ, Ciudad Victoria, Tamaulipas. Expreso. Reportero y columnista.

16.- 18 de julio de 2022 | GUSTAVO HUESCA CARDOSO “Hues-K!”, Acapulco, Guerrero. Programa de radio ADN Cultura y Radio y Televisión de Guerrero. Radialista y locutor.

17.- 19 de julio de 2022 | ENRIQUE SOSA, León, Guanajuato. TV4. Camarógrafo, jubilado.

18.- 2 de agosto de 2022 | ERNESTO MÉNDEZ, San Luis de la Paz, Guanajuato. Periódico Tu Voz. Director, reportero y columnista.

19.- 3 de agosto de 2022 | ÁLVAR NÚÑEZ SÁNCHEZ, Chilpancingo, Guerrero. Youtuber. Creador de contenido, periodista cultural.

20.- 11 de agosto de 2022 | ALAN GONZÁLEZ, Ciudad Juárez, Chihuahua. Switch FM. Locutor.

21.- 11 de agosto de 2022 | ARMANDO GUERRERO, Ciudad Juárez, Chihuahua. Switch FM. Gerente de operaciones.

22.- 11 de agosto de 2022 | LINO FLORES, 35 años, Ciudad Juárez, Chihuahua. Switch FM. Colaborador de medios.

23.- 11 de agosto de 2022 | ÁLEX ARRIAGA, Ciudad Juárez, Chihuahua. Switch FM. Colaborador de medios.

24.- 16 de agosto de 2022 | JUAN ARJÓN LÓPEZ, San Luis Río Colorado, Sonora. A qué le temes. Director y reportero.

25.- 22 de agosto de 2022 | FREDID ROMÁN ROMÁN, Chilpancingo, Guerrero. La Realidad. Director, editor, reportero y columnista.

26.- 31 de agosto de 2022 | RUBÉN ORTEGA, Ixtapaluca, Estado de México. Súper Chinelo. Youtuber, creador de contenido, periodista cultural.

27.- 23 de septiembre de 2022 | KARLA PARDINI, Culiacán, Sinaloa. Tiktoker. Creadora de contenido.

28.- 5 de noviembre de 2022 | ADÁN LINARES SILVERIO, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Promotor de las radios comunitarias del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

29.- 5 de noviembre de 2022 | MOISÉS CUAPIPISTENCO, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Colaborador de las radios comunitarias del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

30.- 5 de noviembre de 2022 | GUILLERMO HILARIO MORALES, Xochimilco, Chilapa, Guerrero. Promotor de las radios comunitarias del Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

31.- 22 de noviembre de 2022 | PEDRO PABLO KUMUL AMAYA, Xalapa, Veracruz. Comunicación AX Noticias y Es Amor 104.5 HD. Locutor y reportero.

Una investigación colectiva de Radio Zapote

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El Salto Diario

Periodistas mexicanos denuncian su indefensión ante un repunte de violencia contra el gremio

El asesinato de cuatro comunicadores en lo que va de 2022 indigna a los periodistas que señalan un sistema de protección que consideran ineficiente.
 
Concentración del 25 de enero en protesta por el asesinato de dos periodistas en Tijuana. Foto: Luis Gutiérrez.
 Carlos Iván Molina Aguilar
Tijuana (México)

El lunes 31 de enero el periodista de Monitor Michoacán, Roberto Toledo, fue asesinado por tres individuos al salir de su trabajo. El empleado de este pequeño blog de información local elaboraba piezas que señalaban la corrupción en los distintos niveles de la administración y entre los políticos, y había recibido amenazas previamente. Su asesinato supone el cuarto crimen contra la prensa en México desde que empezara el año.

Según ha documentado Artículo 19, una organización internacional que defiende la libertad de expresión y el derecho a la información, en lo que va de mandato del presidente López Obrador, han sido asesinados 28 periodistas, 148 desde el año 2000.

La semana pasada fue especialmente trágica, cuando dos periodistas fueron asesinados en pocos días en la ciudad fronteriza de Tijuana, una de las más violentas del mundo. Dicha ciudad ubicada en el estado de Baja California al norte de México y que colinda con el estado de California, registró el año pasado 1.987 asesinatos dolosos.

Bajo este contexto de violencia generalizada e inseguridad en el que el estado mexicano ha lucido por su ineficiencia para garantizar la integridad física de aquellos que ejercen el oficio, los periodistas no han dejado de realizar sus labores informativas.

Lastimosamente, el “Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas” del estado mexicano, no ha evitado que colegas como Margarito Martínez y Lourdes Maldonado asesinados en Tijuana, hayan sido ejecutados a balazos frente a sus domicilios.

Margarito Martínez

El pasado 17 de enero el periodista Margarito Martínez, con más de 20 años de reportero gráfico en temas policíacos, fue asesinado fuera de su casa aproximadamente a las 12:30 pm, el sonido de un arma de fuego calibre 9mm hizo que su hija de 15 años saliera y encontrara el cuerpo de su padre con heridas en su cabeza y pecho.Su fuerte era la cobertura de notas policíacas, su experiencia y profesionalismo lo llevaron a colaborar con los medios locales más reconocidos. Llegó a ser fuente de información de medios nacionales, internacionales e incluso documentales sobre temas de seguridad, dado que era un referente al respecto, su ausencia, aseguran colegas periodistas, dejará un vació informativo ya que solo él cubría esta fuente con una valentía y compromiso inigualable.

La reciente reforma en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2021 ha sido desvirtuada y utilizada por grupos criminales para transmitir sus mensajes

Su profesionalismo fue más que reconocido. A pesar de esto, cuando pidió ser beneficiario del “Mecanismo de Protección” un mes antes de su asesinato, la ineficiencia y burocracia del mismo no logró cumplir su objetivo y salvaguardar su vida.

Margarito fue acusado sin pruebas de ser administrador de una página de Facebook que señala a miembros de cárteles llamado “Tijuana en Guerra”, lo cual, pudo haber expuesto su integridad personal a manos de grupos criminales que se veían afectados por las publicaciones de dicha página.

Después de un altercado transmitido en vivo a través de Facebook con un pseudo-comunicador llamado Ángel Peña, —quien administra una página en dicha plataforma con más de 100 mil seguidores, pero carente de ética periodística— donde lo acusa sin prueba alguna. Margarito expresó temer por su vida a través de un comunicado hecho por el colectivo #YoSíSoyPeriodista con sede en Tijuana.

Para la presidenta del colectivo, Sonia de Anda, el gobierno estatal que tomó el poder en noviembre no le dio la importancia debida al mecanismo de protección, incluso se comunicaron con ella para decirle que no existían fundamentos jurídicos para operarlo y debían volver a comenzar todo desde cero.

Melva Adriana Olvera, Sub-secretaria de Derechos Humanos y encargada del mecanismo estatal tuvo que delegar la responsabilidad al gobierno federal con sede a más de tres mil kilómetros de distancia en la Ciudad de México. La federación hizo llegar documentación a Margarito pero se desechó su solicitud al no completarse con la burocracia requerida desde la capital.

“Quiere decir que ni siquiera le dijeron a Margarito de lo que se trataba el mecanismo porque él asumió que porque le llamaron por teléfono ya estaba incorporado. Sí tienen un problema de burocracia, pero en el estado no le dieron la importancia porque estaban metidos en la transición de gobierno, lo delegaron a la federación y ellos no tienen contacto cercano con nosotros”, dijo Sonia de Anda.

“Estos dos crímenes se dan en un contexto en el que los encargados del mecanismo están tratando de ponerlo en marcha, obviamente no saben cómo. No sé si no se pusieron en comunicación con la federación para que les explicaran que tenían que hacer o simplemente pensaron que podía esperar y en ese lapso es cuando asesinan a Margarito y seis días después a Lourdes Maldonado”, explicaba la integrante de #YoSíSoyPeriodista.

Esta centralización característica en el sistema republicano de México ha afectado a los periodistas no solo por su ineficiencia en la lejanía, sino también por la postura del presidente y su partido, que ha deslegitimado a los periodistas y dado vía libre a los “blogeros” e “influencers” de internet.

La reciente reforma en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en 2021, que según el presidente de México garantizaría la libertad de expresión, especialmente en las redes sociales, ha sido desvirtuada y utilizada por grupos criminales para transmitir sus mensajes sin necesidad de los medios y los periodistas.

La creación del colectivo #YoSíSoyPeriodista en Tijuana fue una forma en que los reporteros podrían diferenciarse de aquellos “bloggeros” o “influencers” que mantienen una línea muy fina y hasta dudosa entre la labor informativa y la propagandística en sus contenidos.

“El mismo gobierno nos vulneró porque creó una ley que dice que toda persona que publica de manera recurrente en cualquier plataforma de internet es periodista. Esta situación que generó el gobierno mexicano le abrió la puerta a los grupos del crimen organizado para preparar a personas como influencers o blogueros y lanzar sus mensajes tal y como ellos quieren. Margarito fue víctima de uno de esos blogueros”, comentó la presidenta del Colectivo.

El discurso de estos pseudo-comunicadores se ha popularizado gracias a una especie de “desencantamiento” hacia los medios de comunicación por parte de la población mexicana, la cual vivió años de lo que algunos llamaron una “Teletiranía”. Los contratos millonarios que los gobiernos de derecha tenían con las televisoras y que rayaban en lo propagandístico, la guerra sucia mediática/política en épocas electorales etc., deslegitimaron a la prensa tradicional, pero llevándose de paso a los medios libres.

Estos blogueros han encontrado cómo sacar ventaja del término “Chayotero” o prensa pagada ante sus audiencias, ya que para ellos el hecho de publicar fotos de presuntos miembros de carteles con rostros tapados, por no publicar narco-mantas (mensajes dejados por los cárteles) o fotografías explícitas, significa que los periodistas ocultan la verdad por tener compromisos económicos con el gobierno o como le dijeron a Margarito: “Yo no soy lame botas de nadie, a mí nadie me paga”.

“Estos blogueros no entienden que no es porque nos controle el estado, es por cuestión de leyes en materia de derechos humanos, que no podemos violentar el debido proceso, que debemos respetar la ley general de víctimas, el gobierno no ha sancionado a los blogueros que rompen con el debido proceso y estropean investigaciones”, argumentó De Anda.

Lourdes Maldonado

El contexto del asesinato de Lourdes Maldonado, periodista con 30 años de experiencia en el oficio, aunque concurrido solo seis días después, fue distinto. Ella sí era beneficiaria del Mecanismo de Protección desde marzo del 2021, a pesar de esto, a ella también le quitaron la vida a balazos justo enfrente de su vivienda.

Maldonado tenía una demanda laboral en contra del medio para el que trabajaba y el dueño del mismo; Jaime Bonilla. Dicho personaje ganó la gubernatura del estado y ejerció el puesto durante el 2019-2021, por el mismo partido del presidente de la república.

Días antes de su asesinato, Lourdes  ganó su demanda laboral. Al no obtener respuesta por parte de Bonilla, Lourdes y su abogado acudieron a las instalaciones del medio de comunicación —PSN— del que este es propietario a hacer un requerimiento de pago y no hubo respuesta por parte de nadie, ni siquiera de sus representantes legales.

Lourdes y su abogado procedieron a embargar el inmueble, lo que daría control a la periodista de todos los documentos contables de la empresa, así como de los documentos laborales que registran las altas en el Seguro Social de sus trabajadores. En caso de encontrar omisiones, Lourdes tendría la obligación de informar a las instituciones de seguridad social.

“No sabemos si el crimen de Lourdes ocurre porque se enfrentó a Jaime Bonilla o porque alguien quiere embarrar a Jaime Bonilla para obstaculizar su trayectoria política y Lourdes fue un elemento desechable. Imagínate que ahora estén escogiendo periodistas para atacar políticos, esa es la preocupación”. Explicó la presidenta del colectivo.

La periodista ya había sido atacada en su domicilio en marzo del año pasado, y desde entonces tenía un botón de pánico, un teléfono que la comunicaba directamente con la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana, además de tener custodia policíaca permanente en su casa de las 8:00 pm a 6:00 pm. Según la Fiscalía General del Estado las autoridades recibieron una llamada al número de emergencias 911 y al llegar a las siete de la tarde Maldonado se encontraba muerta en su vehículo justo frente a su domicilio.

El problema, según piensa De Anda y el colectivo #YoSíSoyPeriodista, es que a pesar de que Lourdes no comunicó al gremio ninguna inconformidad sobre el mecanismo, la presidenta municipal de Tijuana, Monserrat Caballero, al inicio de su mandato en noviembre del año pasado y con el pretexto de la escasez de agentes de seguridad pública, requirió de vuelta al servicio a todos los policías que realizaban actividades de custodia de personas, porque según ella, cuidaban solo a empresarios.

La Secretaría no ha facilitado las bitácoras de la custodia que tenía Lourdes, de acuerdo con De Anda y el colectivo, ha existido un hermetismo por parte de las instituciones de seguridad y la fiscalía: “Tengo la sospecha que se le había retirado parte de la custodia que se le había otorgado. Queda en evidencia que algo no está funcionando en el mecanismo estatal y el federal”. A pesar de estos dos acontecimientos, el Fiscal General del Estado, Hiram Sánchez, quien acudió a la escena del crimen del asesinado de Lourdes dijo que el mecanismo no falló.

“Hoy tenemos compañeros que piensan que podemos ser blanco y que tenemos una bala destinada para cada uno de nosotros en la cabeza”

“No podemos decir que falló el mecanismo en opinión de nosotros, el mecanismo que ella tenía, tenía algunas cosas específicas en las que consistía, sabemos que tenía un botón de pánico y comunicación constante con Seguridad Pública, sabemos que había rondines y vigilancia permanente en un horario determinado y desafortunadamente el mecanismo como tal podemos ver, no fue suficiente para evitar que le quitaran la vida a la compañera, es algo que estamos determinado en este momento”, señaló Sámchez.

El ambiente actual en el gremio periodístico a partir de estos hechos ha tenido consecuencias emocionales, psicológicas, delirios y paranoias de persecución. “Hoy tenemos compañeros que piensan que podemos ser blanco y que tenemos una bala destinada para cada uno de nosotros en la cabeza”.

Los integrantes de #YoSíSoyPeriodista tuvieron que pasar de modo luto a modo lucha y organizaron el 25 de enero una movilización nacional para exigir justicia a los periodistas caídos en lo que va de este año. Más de 40 ciudades en todo el país se unieron a esta movilización.

Según datos de Reporteros Sin Fronteras, México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en el mundo. Y encabeza la lista de países que no se encuentran formalmente en guerra con más periodistas asesinados, incluso arriba de países como Afganistán.

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El Salto diario

La justicia británica no entregará a Julian Assange a EE UU por “riesgo de suicidio”

Julian Assange no será extraditado a Estados Unidos. Al menos por ahora. En la mañana de este 4 de enero la justicia británica ha hecho pública su decisión de no entregar al fundador de Wikileaks a las autoridades estadounidenses. La juez Vanessa Baraitser, encargada del caso, considera demostrado que Assange presenta problemas mentales y existe un alto riesgo de suicidio si es procesado en Estados Unidos y encarcelado en “condiciones de casi total aislamiento”.

Hace un año, en abril de 2019, la foto de la detención de Assange en la embajada ecuatoriana, donde había pasado los últimos siete años de su vida, dio la vuelta al mundo. Desde entonces, el australiano se encontraba detenido en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, cerca de Londres, a la espera de una decisión sobre la extradición a Estados Unidos.

No fueron las motivaciones políticas ni la vulneración de la libertad de prensa lo que convenció a la juez británica, sino los supuestos problemas mentales de Assange y el riesgo para su vida ante una posible extradición

Después de que la acusación por violación en Suecia fuera archivada, el Gobierno de EE UU mantenía una orden de búsqueda y captura por 17 cargos de espionaje y un cargo adicional de pirateo informático. No fueron las motivaciones políticas ni la vulneración de las libertades lo que convenció a la juez británica, sino los supuestos problemas mentales de Assange y el riesgo para su vida ante una posible extradición.

A medida que se acercaba la fecha, aumentaban las presiones desde todos los campos. El relator especial de la ONU sobre la Tortura, Nils Melzer, vinculaba el caso con la ofensiva de los Estados contra el periodismo de investigación: “Si Julian Assange es condenado, será una sentencia de muerte para la libertad de prensa”.

Todo empezó el 5 de abril de 2010, cuando el mundo pudo ver, gracias al portal de investigación fundado por Assange, las imágenes de soldados estadounidenses masacrando a civiles en Bagdad desde un helicóptero. Y unos meses después, Wikileaks destapó 90.000 documentos sobre la guerra de Afganistán en los que se evidenciaban graves violaciones de los derechos humanos. Y el 22 de octubre de 2010, una nueva filtración, esta vez de 400.000 documentos, mostraban las atrocidades de la guerra de Iraq.

El conocido caso del Cablegate, donde Wikileaks hizo públicos 250.000 documentos del Departamento del Estado, o la difusión de los horrores de las cárceles de Guantánamo y Abu Ghraib colocaron a Julian Assange como uno de los principales enemigos de la Casa Blanca. “Se está creando un sistema criminal ante nuestros propios ojos”, decía Nils Melzer. En esta ocasión ha conseguido evitar la extradición, pero todavía está lejos de ser libre y reparado por diez años de persecución y aislamiento.