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Avispa Midia

FRACASO MILLONARIO. La historia oculta del agua potable en Oaxaca

Por Renata Bessi y Santiago Navarro F para Avispa Midia y CONNECTAS

Son las 3 de la madrugada. Un ruido extraño toma por asalto a Iván Ruiz, un joven de 18 años que vive con su madre. Ambos se levantan asustados y se percatan de que por los contactos de luz salen chorros de agua. Se quedan sin energía eléctrica y todo está obscuro. Iván siente miedo y rabia, pero comienza a grabar con su teléfono. El agua empieza a encharcar su casa, que está en las faldas de la famosa zona arqueológica de Monte Albán, a veinte minutos del centro de la ciudad de Oaxaca. Junto con él, al menos una docena de familias denuncian la misma problemática en sus hogares.

Los escurrimientos provienen de una red de tuberías construida recientemente con recursos que son parte de una deuda millonaria que el gobierno de Oaxaca adquirió con el Banco Mundial. El préstamo fue de 55 millones de dólares y beneficiaría a 19 municipios a través del Programa de Modernización del Sector de Agua y Saneamiento del Estado de Oaxaca (MAS Oaxaca). Esta es la primera vez que el estado recibe recursos directamente de un financiador internacional sin recurrir a la intermediación del gobierno federal.

No fue casualidad que se eligiera a esta entidad como beneficiaria de esta deuda. Es el tercer estado mexicano con los niveles más bajos de cobertura de agua potable, detrás de Chiapas y Guerrero, de acuerdo con un diagnóstico del Banco Mundial. La realidad es que muchos oaxaqueños viven con la incertidumbre de nunca saber qué día tendrán este servicio. En el mejor de los casos, lo reciben cada 15 días por algunas horas.

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Avispa Midia

Comuneros de Juchitán logran victoria contra la francesa EDF

Por Renata Bessi

En portada: Campesino es cercado por aerogeneradores en el itsmo de Tehuantepec, Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F.

Comuneros de Juchitán de Zaragoza, en el istmo de Tehuantepec, Oaxaca, lograron la suspensión del proyecto eólico Gunaa Sicarú, de la empresa Energies Nouvelles Group Energía de Francia (EDF), una de las más importantes a nivel mundial en el sector energético.

Los comuneros argumentan que se pretende construir el parque en tierras comunales sin la autorización del pueblo indígena que vive en Juchitán y sus cinco anexos: Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa.

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Un juicio de amparo fue interpuesto por los comuneros en septiembre de 2020. El abogado del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González, quien lleva el caso, explica que el amparo fue interpuesto en el sexto juzgado de distrito, en Salinas Cruz, uno de los dos juzgados de la región que tienen competencia para este tipo de asunto. “Cuando algún grupo de personas, algún colectivo, alguna población, solicita algún amparo en contra de estas empresas, de manera sistemática, [en estos juzgados se] niega la suspensión de los actos”, explica.

Eso fue lo que pasó con los comuneros de Juchitán. El juzgado sexto de distrito negó a los comuneros que se suspendiera las actividades de la empresa hasta que, por lo menos, se resolviera el juicio de amparo interpuesto. Entonces los comuneros acudieron al Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, donde interpusieron una queja y les fue concedida la suspensión.

“(…) Que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrutar de las tierras de uso común con motivo de los trabajos relativos a la construcción de un campo eólico denominado Gunaa Sicarú”, declaró el colegiado por unanimidad.

El juicio de amparo fue interpuesto por los comuneros que viven en el anexo Santa María Xadani. “Se quiere construir el parque en terrenos de otros anexos, Unión Hidalgo y La Ventosa. Por ser todo Juchitán terreno comunal y de uso común entonces les reconoce este interés legítimo”, explica el abogado.

Más allá de Juchitán

En 1964, Juchitán obtuvo una resolución presidencial en la cual se reconocía sus tierras como propiedad comunal. En esta resolución se reconoce Juchitán como la cabecera, junto con sus anexos.

“Con el tiempo, el gobierno buscó sacar de la propiedad comunal algunas franjas de tierras, otorgando títulos individuales. Eso provocó que la comunidad se organizara y que iniciara una lucha muy importante. Eso lleva a la intervención del gobierno y del ejército en contra de la comunidad, entre 1975 y 1977. La represión fuerte llevó al desmoronamiento de parte de esta organización”, explica el abogado. Como resultado hasta el día de hoy Juchitán no cuenta con representantes agrarios.

Sin embargo, en la decisión judicial, se reconoce el “interés legítimo de los comuneros para acudir en defensa de los derechos colectivos y del total de la superficie de los terrenos de la comunidad agraria de Juchitán”, sostienen los indígenas en un comunicado.

Este reconocimiento es histórico para Juchitán, argumenta González. “Juchitán ha estado indefenso para defender sus bienes agrarios, justamente porque no posee representante de bienes comunales. Cuando ha interpuesto amparos generalmente se hace por cuestiones ambientales, de afectación de la salud. Pero en este caso estamos planteando una afectación sustantiva a la tierra, al territorio. Por primera vez en muchos años se logra un triunfo”, afirma González.

El hecho de que en la decisión judicial se otorgó a un grupo de comuneros legitimidad para actuar y para defender los intereses colectivos de la comunidad, sin una representación comunal, abre una importante línea en la defensa del territorio en todo México, según González. “Esta decisión puede sustentar las luchas de multitud de comunidades que están en esta situación en todo el país, incluso casos en los cuales las comunidades tienen comisariados de bienes comunales pero que están a favor de los proyectos”, explica.

La resolución transciende para múltiples casos de comunidades o de grupos de comuneros y ejidatarios que “defienden las tierras de sus pueblos con todo encima de ellos, con el gobierno federal, gobierno del Estado, gobierno municipal, las organizaciones corporativas, los medios de comunicación en contra”, agrega González.

Sobre el proyecto

De acuerdo a datos oficiales, proyecto Gunaa Sicarú fue otorgado en la 2ª subasta eléctrica realizada en el 2016 por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) a Energía Eólica Oaxaca, asociada de Energies Nouvelles Group como proyecto verde y consiste en el diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación y mantenimiento de una central eólica con capacidad de 252 MW.

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En el Istmo de Tehuantepec hasta el momentos se han instalado 29 parques eólicos. En Juchitán de Zaragoza son 15, todos construidos en tierras comunales.

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Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

TRIBUNAL COLEGIADO DE OAXACA, DEL DECIMO TERCER CIRCUITO, OTORGA SUSPENSIÓN DE PLANO DEL PARQUE EOLICO GUNAA SICARÚ A LA COMUNIDAD AGRARIA INDÍGENA DE JUCHITÁN DE ZARAGOZA, OAXACA

20 DE SEPTIEMBRE DE 2021

El pasado lunes 6 de septiembre de 2021, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrartiva del Décimotercer Circuito, con sede en Oaxaca, otorgó a la Comunidad Agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca y sus anexos: Santa María Xadani, Unión Hidalgo, Chicapa de Castro, Espinal y La Ventosa, la suspensión de plano para que no se le prive de sus tierras comunales dentro del amparo indirecto numero 302/2020 interpuesto por comuneros de Juchitán. Dicho amparo fue interpuesto contra el proyecto eólico Gunaa Sicarú, de la empresa Energies Nouvelles Group Energía de Francia (EDF), una de las más importantes a nivel mundial, ante el Juez Sexto de Distrito con sede en Salina Cruz.

El Colegiado por unanimidad, declara fundado el recurso de queja interpuesto, y con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo se concede la suspensión de plano a:

“la comunidad agraria de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca para que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar actos que tengan por objeto privarla total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrutar de las tierras de uso común con motivo de los trabajos relativos a la construcción de un campo eólico denominado Gunaa Sicarú”;

Y reconoce el interés legítimo de los comuneros quejosos para acudir en defensa de los derechos colectivos y del total de la superficie de los terrenos de la comunidad agraria de Juchitán, conclusión judicial que resulta histórica para los núcleos agrarios del país y particularmente para la Comunidad Agraria de Juchitán, la comunidad con más población indígena en toda Mesoamérica y con más de 50 años sin órganos de representación como consecuencia de la atroz represión que los Gobiernos Federal y del Estado desataron en su contra en los años sesenta y setenta del siglo pasado.

De acuerdo a datos oficiales, proyecto Gunaa Sicarú fue otorgado en la 2ª subasta eléctrica realizada en el 2016 por la CENACE a Energía Eólica Oaxaca, Asociada de Energies Nouvelles Group como proyecto verde y consiste en el diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación y mantenimiento de una central eólica con capacidad de 252 MW.

Esta suspensión de plano es un logro importante para los pueblos indígenas del país en la lucha por la conservación del territorio: ratifica que han existido violaciones a los derechos de nuestros pueblos, por parte de diversas autoridades entre ellas la SENER, SEMARNAT, Comisión Reguladora de Energía, el Centro Nacional de Control de Energía, y por supuesto el Instituto de Pueblos Indígenas quienes han querido imponer la Consulta a modo a las comunidades.
En el Istmo de Tehuantepec, el Estado mexicano no ha actuado de ninguna manera de buena fe, pues ya existe 29 parques eólicos en la región, sin que ninguno de ellos haya respetado los derechos de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas. Por el contrario, se ha utilizado la violencia amenazando y hostigando a todos aquellos que se oponen a sus proyectos, comprando a las autoridades municipales, amenazando a los comuneros que ejercen su derecho al territorio de Juchitán y anexo.

Exigimos a los gobiernos federal, estatal y municipal, que respete esta suspension de plano en tanto se resulve el juicio de amparo interpuesto y cese el respaldo a las empresas privadas de ocupar nuestro territorio. Así mismo, exigimos un alto a la criminalización, hostigamiento y amenazas de quienes nos encontramos defendiendo nuestro territorio en el istmo de Tehuantepec.

¡POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS!
¡NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTR@S!
¡NUESTRA LUCHA ES POR LA DEFENSA DE NUESTROS BIENES NATURALES, COMUNALES Y TERRITORIOS!
¡NUESTRA LUCHA ES POR LA VIDA!
Desde la Casa de los Pueblos “Samir Soberanes Flores”:
Congreso Nacional Indígena
Asamblea de los Pueblos Indígenas del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio

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AUTORIDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO APÓSTOL OCOTLÁN

COMUNICADO Y POSICIONAMIENTO ANTE NEGATIVA DE LA SEMARNAT A A AMPLIACIÓN DE PROYECTO MINERO «SAN JOSÉ II»

El 6 de mayo de 2009, con un operativo de más de 2000 elementos policiales de corporaciones federales, estatales y municipales, se desalojó de manera violenta un plantón que sostenían pobladores de varias comunidades zapotecas del valle de Ocotlán en las instalaciones de una mina vieja en la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán.
Esta mina y sus instalaciones han sido compradas por la empresa Canadiense Fortuna Silver Mines, que en México utiliza el nombre de Compañía Minera Cuzcatlán.
El desalojo se dio por la mañana. Miles de policías golpearon a las personas que mantenían el plantón pacífico en las afueras de las instalaciones mineras. Hubo 24 detenciones arbitrarias, y fueron cateadas, de manera ilegal, casas particulares en la comunidad vecina de Magdalena Ocotlán, hasta donde llegaron los elementos policiacos en persecución de las personas que huían de las agresiones.
Fue así como el Estado Mexicano instaló por la fuerza la minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines, y con ello se inició el ecocidio, el despojo y la destrucción de nuestra tierra, nuestros campos, nuestro territorio y nuestros pueblos.

Durante estos 12 años, paulatinamente han comenzado a surgir problemas graves por la contaminación del ambiente: pérdida de flora y fauna, enfermedades y muerte de nuestro ganado, erosión de la tierra y pérdida de cosechas, son algunos de los impactos visibles. No obstante, la situación el deterioro fue agudizado a partir de un derrame tóxico de jales mineros que tuvo lugar el 8 de octubre de 2018.

1,516,000 litros de jales contaminantes fueron arrastrados por varios kilómetros en el cauce del Río Coyote, el cual recorre 7 comunidades antes de unirse con el Río Atoyac cuya desembocadura es el Océano Pacífico.
Estudios realizados por las propias instancias del gobierno, en su administración anterior y actual, demostraron la presencia de contaminantes en el cauce del Río Coyote; pero estas mismas instituciones, PROFEPA y CONAGUA -ambas dependientes de SEMARNAT-, decidieron exonerar a la criminal minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines.

El 22 de Julio pasado, por medio de la gaceta ecológica de la SEMARNAT no enteramos que se había negado el permiso de ampliación al proyecto minero, ahora llamado “San José ll”, la terminal empresa minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines.
Pocos días después, por medio de un comunicado, de la misma empresa tuvimos conocimiento de que habían iniciado un proceso de impugnación, cómo se lo permiten las laxas y proempresariales leyes mexicanas.
Es de esperarse también que lastima la empresa minera haya echado andar ya su aparato de presión a través del poderoso lobby minero, como lo demuestra su campaña cínica y mentirosa que montó en sus redes sociales, medios locales y estatales. Nos es que con estas acciones, Fortuna Silver Mines Busca ejercer presión a las instituciones del estado mexicano.

Ante esta situación, la comunidad de San Pedro Apóstol Ocotlán, comunidades afectadas una red de afectados y afectadas por el proyecto minero que autodeterminados “Articulación por la vida, contra la minera del Valle de Ocotlán”,

Nos pronunciamos:

1.- Que ante la negativa de la ampliación del proyecto minero “San José ll” EXIGIMOS a la SEMARNAT no ceder a la presión del lobby minero y de la criminal Compañía Minera Cuzcatlán-Fortuna Silver Mines y ratificar la negativa a este proyecto de muerte.
2. Que no es suficiente negar el permiso de ampliación; está negativa no es un logro de las instituciones, de gobierno alguno, ni de ningún actor o actores ajenos a nuestros pueblos. Por el contrario, la vemos como consecuencia de una larga lucha de resistencia de los pueblos y comunidades afectadas que día a día ven morir su tierra y territorio y que ven enfermar y morir de enfermedades graves y extrañas a sus familiares.
3. Qué permaneceremos ALERTA ante el constante asedio que compañía Minera Cuzcatlán ejerce hacia nuestro territorio en busca de minerales, toda vez que continúan vigentes 31 concesiones en nuestro Valle zapoteco. Ni un paso atrás en la defensa nuestro territorio.
4. Que ahora se hace impostergable, urgente el cumplimiento de los acuerdos que se asignaron con el Dr. Daniel Quezada Daniel, quien actuó a nombre de la SEMARNAT y de la secretaría Mtra. María Luisa Albores González el día 28 de marzo de este año en la comunidad de San Pedro Apóstol, Ocotlán.

Los acuerdos que signaron en esta mesa de diálogo con el Dr. Daniel Quezada Daniel son producto de reuniones que se iniciaron desde el 22 de septiembre del 2020 y que han sido exigidos en diversas reuniones de trabajo; pero hasta la fecha no se han cumplido. En ocasiones pasadas hemos denunciado el trato discriminatorio que hemos recibido como autoridades, como pueblos originarios y como personas afectadas; sin embargo, hasta el día de hoy la secretaria del Medio Ambiente, Mtra. María Luisa albores González, no ha mostrado interés en dialogar con nosotros y tampoco se nos ha dado explicación alguna por falta de cumplimiento a nuestras peticiones. Ante este panorama, reclamamos: nosotros y nosotras somos autoridades comunitarias y personas afectadas que habitamos y sufrimos día con día los estragos que genera el proyecto minero; no somos representados por ningún grupo u organización ajena a nuestros pueblos y exigimos a un trato digno y libre de discriminación por parte de la SEMARNAT.

 

Los acuerdos que pedimos se cumplan son de inmediato son los siguientes:

1.-Se inicie a la brevedad posible la realización de estudios que hemos solicitado mediante el plan de muestreo que se entregó a SEMARNAT desde el mes de julio del año en curso.

2.-Se haga entrega de todo el expediente del derrame tóxico suscitado el 8 de octubre del año 2018, por el cual se vertieron 1,516,000 litros de desecho de la presa de jales Mineros de la Compañía Minera Cuscatlán al Arroyo Coyote, tal como fue la petición original desde el pasado 22 de septiembre del 2020.

3.-Se retome el diálogo con este municipio se encuentra en representación de comunidades vecinas y de personas afectadas.

4. Y por último, se ratifique la negativa de la MIA- regional presentada por la criminal empresa minera Cuzcatlán Fortuna Silver Mines.

POR LA DEFENSA DE LA VIDA, DE NUESTRA TIERRA Y TERRITORIO, NO A LA MINERÍA DE MUERTE EN NUESTROS TERRITORIOS ZAPOTECOS

AUTORIDAD MUNICIPAL DE SAN PEDRO APÓSTOL OCOTLÁN, OAXACA.

ARTICULACIÓN POR LA VIDA, CONTRA LA MINERÍA DEL VALLE DE OCOTLÁN.

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Comunidades de, El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas

Guardia Nacional vuelve a entrar a comunidades en resistencia de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Congreso Nacional Indígena

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional

A los medios Libres y Alternativos

Comunidades que habitamos las comunidades de “El Rebollero”, “Los Arquitos” y “Río Minas”, en el municipio de San pablo Cuatro Venados, ubicados a tan solo 45 minutos de la ciudad de Oaxaca, denunciamos. Este jueves 29, la Guardia Nacional, acompañado de policías estatales y gente vestida de civil, realizaron un recorrido por la brecha de la comunidad de Río Minas, hasta llegar a Río Pescado. En esta área es dónde se localiza una de las concesiones mineras que pretender explotar. Al regresar de este recorrido, se detuvieron por un cierto tiempo en las comunidades de los arquitos, ahí, a un joven le dijeron que estaban en busca de personas armadas, que dijera dónde estaban los armados.
Al joven lo interrogaron, revisaron su mochila y lo intimidaron sin ninguna orden que justifique su estancia en nuestras comunidades que se rigen por usos y costumbre, dónde la asamblea es la máxima autoridad, quien tiene que dar el permiso para que intervengan. Si en la cabecera municipal de San Pablo Cuatro Venados quieren recibirlos, está bien, pero en las comunidades de Río Minas, El Rebollero y Los Arquitos, dónde tenemos nuestra propia asamblea, no tienen permitido el acceso. Están incurriendo en un delito al no estar en su jurisdicción sin una orden oficial, siendo un órgano federal.
Sabemos bien la estrategia que está utilizando el gobierno estatal y municipal de Cuilápam de Guerrero, en contubernio con las autoridades corruptas de San Pablo Cuatro Venados. Sabemos que buscan una provocación para justificar la entrada de los elementos de seguridad y así poder tomar el control de nuestras tierras, para entregarlas posteriormente a las empresas mineras que pretenden explotar oro y plata en nuestra región. Nosotros solo nos apegamos a lo que comprenden nuestros derechos como comunidades indígenas y vamos a defender nuestras tierras, el agua y los bosques.
Responsabilizamos al gobierno federal, estatal y municipal, de ambos municipios, de cualquier agresión e intimidación. Están incurriendo en la violación de nuestros derechos humanos más elementales al intentar intimidarnos, al no consultarnos y al desconocernos como comunidades que hemos habitado estas tierras desde tiempo atrás.

Nunca más un México sin nosotros, por la reconstitución de nuestros pueblos.

Comunidades de, El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas

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Comuneras y comuneros de la localidad el Rebollero, Rio Minas y paraje los Arquitos

Alerta Máxima: Guardia Nacional hace presencia en comunidades en resistencia de San Pablo Cuatro Venados, Oaxaca

Las comuneras y comuneros de El Rebollero, Rio Minas y Paraje los Arquitos nos mantenemos en alerta áxima. Este sábado alrededor de las 10 de la mañana, 2 vehículos de la Guardia Nacional, acompañadas de personas vestidas de civil, hicieron acto de presencia en los límites de San Pablo Cuatro Venados, principalmente, en el río de nuestras comunidades de El Rebollero y Paraje los Arquitos, posteriormente se mantuvieron en la zona que conocemos como “La Mesa”. Desde días atrás hemos denunciado que las autoridades municipales y agrarias de Cuilapám de Guerrero han llegado a un supuesto acuerdo con instancias del gobierno de Oaxaca para recurrir a la Guardia Nacional y tomar el control de nuestro territorio, para que se pueda dar paso a la explotación de las concesiones mineras que hay en nuestras tierras.

El 12 de julio del 2021 la Secretaría General de Gobierno de Oaxaca (SEGEGO), a través de la Junta de Conciliación Agraria en coordinación con el representante de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca (Segob), José Carlos Fuentes Ordaz; el responsable de Acciones de Derechos Humanos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Juan de Dios Ortiz Concha, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), y personal de la Procuraduría Agraria, de la Fiscalía General del Estado y de la Secretaría de Seguridad Pública, sostuvieron una mesa de diálogo con las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero. En este encuentro, el presidente de la Junta de Conciliación Agraria, Rodrigo Jarquín Santos, ha dado instrucciones al secretario general de gobierno, Francisco Javier García López, para “atender y dar puntual seguimiento a las problemáticas que se presentan en las comunidades por límites de tierras”.

En ese encuentro, el representante de la Segob, advirtió que, junto a la Secretaría de Seguridad Pública, se “daría puntual seguimiento en coordinación con la Guardia Nacional a la problemática que manifiestan las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero”, quienes afirman que estamos en su territorio y que nosotros somos invasores. Hacemos saber que no hay información en nuestras comunidades del acuerdo del gobierno del Estado y Culiapam. Así como tampoco hay información de un supuesto acuerdo económico al que han llegado las autoridades de Cuilapám y Cuatro Venados por la supuesta problemática de límites de tierras.

Dejamos claro que quienes habitamos en estas comunidades no hemos generado ningún conflicto. Siempre hemos vivido aquí. En todo caso, si hay un conflicto, es porque las propias autoridades, tanto de Cuatro Venados, como de Cuilapám, lo han provocado, al llegar a ciertos acuerdos por debajo de la mesa sin consulta y sin información hacia las comunidades afectadas, en este caso, nuestras comunidades.

La presciencia de la Guardia Nacional, acompañados de personas de Cuilapám no es la primera. También han intentado intimidarnos con la presidencia del ejército, como sucedió en 2020, cuando un vehículo se internó en nuestras comunidades e intimidó a varios de los integrantes de nuestra comunidad. Les quitaron sus teléfonos, los revisaron y borraron las fotos que habían tomado de ellos. También ya hemos denunciado que el 5 de julio un helicóptero de color rojo sobrevoló y aterrizó en nuestro territorio, días después fuimos atacados.

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Avispa Midia

Gobierno de Oaxaca prepara represión contra indígenas zapotecas

Por Ñaní Pinto

 

Indígenas zapotecas pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados denuncian que el gobierno del estado de Oaxaca está preparando la represión y despojo de su territorio con el uso de la Guardia Nacional.

Alertan que éste ha sido un acuerdo que se ha firmado con instancias de gobierno, las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam de Guerrero, vecinos de esta comunidad. “El objetivo es tomar el control de estás tierras para explotar tres concesiones mineras, apoderarse del agua y el bosque”, aseveran.

Este 20 de junio, los comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados, se trasladaron a la ciudad de Oaxaca con sus pancartas y mapas donde han ubicado las concesiones mineras.

Rueda de prensa realizada por comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados. 20 julio, 2021.

“Desmentimos el posicionamiento de las autoridades de Cuilápam de Guerrero, en contubernio con las autoridades de San Pablo Cuatro Venados, que más de una vez nos han tachado de paracaidistas. Nuestros documentos demuestran lo contrario”, denunciaron mediante rueda de prensa en la cual algunos mostraron su credencial de elector y también las actas de posesión de sus tierras.

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De acuerdo con estas comunidades, éste ha sido el motivo por el cual han sido atacados en diversas ocasiones, como sucedió el 19 de mayo del 2019, cuando las autoridades de Cuilápam: Pedro Pérez Rojas, Erick Carrasco Vázquez, Maura Silva Fernández y el ex diputado Flavio Sosa Villavicencio, advirtieron que, si el gobierno estatal no aplicaba la ley contra los supuestos invasores, se suscitaría un baño de sangre. “Esto fue una amenaza, porque fuimos atacados brutalmente el 31 de mayo y el 1 y 2 de junio. Destruyeron nuestras viviendas, quemaron nuestras cosechas y se robaron lo que pudieron”, sostuvieron los campesinos.

Además, agregaron los campesinos, que, tras estos ataques, “se hicieron las denuncias correspondientes ante la fiscalía y se abrieron seis carpetas de investigación” contra los agresores, en este caso, hacia las autoridades del municipio vecino. Pese a ello, hasta el momento no han sabido qué ocurrió con esta investigación.

Por el contrario, Magdiel Hernández Caballero, representante de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, señaló que se “emitieron medidas cautelares para la protección de la comunidad de Cuilápam de Guerrero” con la denuncia de ataques de los supuestos invasores.

Tras estos supuestos ataques “que ha sufrido la comunidad de Cuilápam”, los comuneros en resistencia afirman que desde el día 5 de julio denunciaron el sobrevuelo y aterrizaje de un helicóptero de color rojo y un día después fueron atacados.

“Alrededor de 15 camionetas se internaron en el bosque y gente que los acompañaba nos comenzó́ a disparar. Hecho que también denunciamos mediante un comunicado”.

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Los comuneros de estas localidades advierten que se ve venir un nuevo ataque con las declaraciones del gobierno de Oaxaca, pues no se ponen de acuerdo “si hay un problema de límites de tierra o si somos invasores”.

Rueda de prensa realizada por comuneros de El Rebollero, Los Arquitos y Río Minas, pertenecientes al municipio de San Pablo Cuatro Venados. 20 julio, 2021.

Las declaraciones oficiales del representante de la Secretaría de Gobernación en Oaxaca, José Carlos Fuentes Ordaz, es que dará seguimiento, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad, “a la problemática que manifiestan las autoridades municipales y agrarias de Cuilápam”.

Los indígenas pertenecientes a San Pablo Cuatro Venados agregan que se están violentando una serie de derechos con las concesiones mineras y con estas acciones, “como los derechos: a la información, a la participación, a la seguridad, al libre albedrío, a la justicia, a la autodeterminación, a nuestro territorio y como indígenas que somos, están violentando acuerdos y convenios que el Estado Mexicano ha suscrito, como el Convenio 169 de la OIT, y el Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Publica y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, conocido como “Acuerdo de Escazú”.

Al final de la conferencia de prensa señalaron al gobierno del estado de Oaxaca, al gobierno federal y a las autoridades de los municipios de Cuilápam y Cuatro Venados como responsables de lo que les pueda suceder como comunidad.

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Asamblea de resistencias y rebeldías de Oaxaca en la comunidad El Rebollero | Congreso Nacional Indígena

Pronunciamiento del encuentro de resistencias y rebeldías en Oaxaca

Al Ejercito Zapatista de Liberación Nacional
Al Congreso Nacional Indígena
Al Concejo Indígena de Gobierno
Al Escuadrón 421
A los medios libres e independientes

Reunidos y reunidas en las tierras en resistencia del Rebollero, del municipio de Cuatro Venados, Oaxaca, pueblos, organizaciones, colectivos e individualidades, les saludamos y compartimos nuestros sentires.

Preocupados por el escenario que ha provocado la pandemia de la Covid-19, como las limitaciones para ejercer nuestras asambleas, el avance silencioso de los proyectos del gran capital y la reorganización de nuestra movilidad y de nuestros territorios, nos pronunciamos.

Presentes este 19 de junio, reafirmamos nuestro rechazo tajante ante el avance de los proyectos mineros en todo el estado de Oaxaca, sabiendo que son al menos 355 concesiones emitidas hasta este año 2021. Por ello, desde estas tierras, dónde se han identificado al menos tres concesiones para extraer oro y plata, que abarcan más de 6 mil hectáreas, hacemos un llamado a todos los pueblos para estar atentos. En San Pablo Cuatro Venados de igual manera se denuncian las agresiones constantes de grupos armados, que han detonado armas de alto poder, y que mediante actos de violencia pretenden despojarnos de nuestro territorio y dar paso a la fase de explotación de las tres concesiones mineras.

También en la comunidad de San José del Progreso y comunidades aledañas avanza el proceso de explotación de oro y plata de la compañía minera Cuzcatlán quien tiene en su poder 31 concesiones que abarcan 64 mil hectáreas. De la misma forma, la Asamblea del pueblo Chontal, denuncia la concesión Minera Zapotitlan1, que viene amenazando toda la región. También en la Sierra Sur están concesionadas más de 120 mil hectáreas a la empresa Altos Hornos de México, en un área compuesta por diversas comunidades, considerada el segundo yacimiento de hierro más grande del mundo.

Además de las concesiones mineras también se suma la llamada “energía limpia” que viene dejando tras de sí muerte y destrucción, como los proyectos hidroeléctricos “Paso de la Reyna”, en la Sierra Sur y en el Río Cajonos, en la región Chinantla, donde se tienen proyectadas seis presas hidroeléctricas y nueve en el Río La Lana.

Otras comunidades están corriendo con la misma suerte, con otros proyectos, como las exploraciones y la biopiratería practicada por equipos multidisciplinarios que llegan a las comunidades para apropiarse del conocimiento milenario. Este es el caso de la Sierra Mazateca, dónde diversos grupos extranjeros han hecho acto de presencia. También, esta región se encuentra en alerta máxima por la presencia de organizaciones paramilitares que funcionan como brazo armado de ciertos intereses partidistas en la región.

Nos pronunciamos también porque todo el estado de Oaxaca y todo el país está sufriendo un proceso de reorganización territorial mediante programas de regularización de la tierra como PROCEDE, FANAR, RAJA, así como las áreas naturales protegidas y de conservación donde muchas veces nuestros estatutos comunales quedan invalidados.

En el caso del Istmo de Tehuantepec varias comunidades, que en un primer momento aceptaron los proyectos eólicos han sido orilladas a conflictos agrarios. En esta región el gran capital avanza a marcha forzada. El Tren Interoceánico, que conecta los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, es tan solo una parte, detrás de ello, se tienen proyectados, al menos, 10 parques industriales, más parques eólicos y una reorganización de nuestras comunidades para que caminen a la velocidad del mercado y el capital. Desde este espacio denunciamos que se han liberado al menos cuatro ordenes de aprehensión, para cuatro compañeros que han resistido a la imposición de un parque industrial en la comunidad de Puente Madera, San Blas Atempa. Por ello, exigimos, que se cancelen estas órdenes y cese el hostigamiento hacia otros hermanos que resisten a la imposición de megaproyectos en Oaxaca y el resto del país.

Quienes participamos y compartimos nuestros dolores y resistencias pertenecientes a las lenguas: Chatino, Chinanteco, Chontal, Mazateco, Mixteco, Triqui, Zapoteco del Valle y Zapoteco del Istmo, nos sumamos al proceso de resistencia que sostienen los pueblos originarios de México y el mundo y saludamos la gran travesía que han emprendido nuestras hermanas y hermanos zapatistas en la Europa de abajo, quienes llevan nuestra palabra y nuestro corazón. Repudiamos el racismo y desprecio institucional de quienes han negado el pasaporte a nuestros hermanos zapatistas y del Congreso Nacional Indígena.

¡Libertad a los presos políticos!
¡Libertad a Fidencio Aldama y Freddie García!
¡Alto a la militarización y paramilitarización de los pueblos originarios!

Nunca más un México sin nosotros

Asamblea de resistencias y rebeldías de Oaxaca en la comunidad El Rebollero

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Congreso Nacional Indígena

DECLARATORIA DEL ENCUENTRO POR LA VIDA “EL ISTMO (que tenemos, defendemos y queremos) ES NUESTRO”

Reunidos en la comunidad Binnizá de Puente Madera, San Blas Atempa, los días 19 y 20 de junio, con el acompañamiento representativo de las comunidades indígenas de San Blas Atempa, Matías Romero, Unión Hidalgo, Juchitán, Tehuantepec, Álvaro Obregón, La Ventosa, San Mateo del Mar, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, Jalapa de Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa Maria Xadani, Ixtepec, Ixtaltepec, San Juan Guichicovi, Ixhuatán, Reforma de Pineda, Zanatepec, Tapanatepec, Santa María Petapa, Congregación Comunal La Libertad, Eloxochitlán de Flores Magón, Cuatro Venados, Cuilapam de Guerrero, Tatahuicapan, El Salitre, Cuautla, Huexca, Ocotepec, y de las organizaciones, centros de derechos humanos y colectivxs de los distintos estados de Oaxaca, Veracruz, Puebla, Morelos, Jalisco, Chiapas y Ciudad de México.

Ante el llamado al “Encuentro por la Vida: El Istmo es Nuestro”, nos encontramos, en el marco de la imposición del Macroproyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec para denunciar estos proyectos de despojo que no son de hoy, que vienen desde la llegada de los conquistadores, pasando por los gobiernos liberales y Neoliberales en la actualidad. Nos hemos reunido para analizar el embate del sistema capitalista patriarcal y sus megaproyectos en todo el país y para fortalecer, en especial, las luchas de resistencia de los pueblos del Istmo y de todo México contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec;

DENUNCIAMOS que el actual gobierno pretende transformar esta región en un inmenso corredor de manufactura, ensamblaje y transporte de mercancías en manos del capital estadounidense e internacional y que al mismo tiempo funcionará como un muro de contención de los procesos migratorios desde centroamérica. También pretenden la instalación de 10 parques industriales en Oaxaca y Veracruz en las comunidades de Salina Cruz, Puente Madera, Mixtequilla, Ixtepec, Ixtaltepec, Barrio la Soledad, San Juan Evangelista, Texistepec y Coatzacoalcos; así como la modernización y ampliación de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos, y de las vías del Tren Transístmico, así como la instalación de una serie de gasoductos paralelos a las vías del tren. Mostrándonos así que el Transístmico es mucho más que un simple tren, es un proyecto de producción y transporte de mercancías que surge de la necesidad de insertar a la región en la relación de producción, circulación y consumo de la naturaleza, energía fósil y mano de obra barata al servicio del capital internacional, mediante las redes de transporte que pretenden imponer en las comunidades indígenas del Istmo de Tehuantepec. No obstante, la actual administración del señor Andrés Manuel López Obrador ha intentado justificar la entrega de este territorio mediante una serie de Consultas Indígenas en las comunidades de San Blas Atempa, Santa María Mixtequilla, Ciudad Ixtepec y está por iniciarse en Asunción Ixtaltepec, llevadas a cabo como meros procesos burocráticos y simulatorios, violando y pisoteando el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas.

En este contexto de imposición, las comunidades del Istmo estamos enfrentando distintos procesos de despojo y violación de nuestros derechos es por eso que:

DENUNCIAMOS

  • La instalación del Parque Industrial en tierras de uso común en el Pitayal.
  • La utilización del Derecho a la Consulta como instrumento para el despojo de los territorios.
  • A la Procuraduría Agraria, que se encuentra coludida con intereses de diversos grupos políticos y empresariales para despojar de su territorio a la comunidad de Jalapa del Marqués, así como la tala de hectáreas de bosques para la generación de monocultivos de Agave.
  • Que existe una falta de información con respecto a los impactos ambientales, sociales, culturales del macroproyecto del Corredor Interoceánico y demás proyectos vinculados a él.
  • Que en la comunidad de San Mateo del Mar se enfrentan a una serie de acciones de imposición del sistema de elecciones partidistas mediante el fomento de la división y violencia intracomunitaria, sin respetar su sistema normativo.
  • Las agresiones armadas y el desplazamiento forzado a la comunidad del Rebollero y Río Minas, Cuatro Venados, en medio de intereses de dos concesiones mineras con una extensión total de 1532 Ha.
  • A la diputada Elisa Zepeda por el clima de violencia que ha generado en la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón.
  • La imposición del Proyecto Integral Morelos así como las líneas de Gasoductos que se están proyectando en todo el territorio nacional.

 

EXIGIMOS

  • La cancelación de las denuncias judiciales contra los compañeros David Hernández Salazar, Oseas Salazar Patiño y Alberto Patiño de la Rosa, defensores del territorio de Puente Madera por parte de la SCT y el municipio de San Blas Atempa.
  • Solución a los amparos agrarios y controversia constitucional frente a la impune invasión de talamontes y ganaderos impulsado por el gobierno de Chiapas, en territorio comunal Zoque de los Chimalapas.
  • Cancelación de las concesiones mineras en las comunidades de Zanatepec, San Miguel Chimalapa y La Ventosa Juchitán.
  • Cese inmediato a la represión contra las Escuelas Normales Rurales, alto a la represión contra la Normal de Mactumatza, Chiapas y la Normal Teteles, Puebla.
  • Castigo a los responsables por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos.
  • Exigimos el precio justo de las altas tarifas de energía eléctrica y el reconocimiento de la energía eléctrica como un Derecho Humano.
  • Cancelación de las dos subestaciones eléctricas en territorios de pueblo popolucas y nahuas así como el cese a cualquier trabajo de exploración y extracción de los bienes naturales de la Sierra de Santa Martha, Veracruz.
  • Cese a la represión contra los integrantes del Consejo Indigena y Popular de Guerrero- CIPOG
  • Justicia por el asesinato del compañero Samir Flores Soberanes.
  • La libertad inmediata de los presos políticos Fredy Garcia del CODEDI, de Eloxochitlán de Flores Magón y de Fidencio Aldama de la tribu Yaqui.

Acordamos seguir en el proceso de articulación entre los diferentes pueblos que somos y las diversas organizaciones sociales y territorialidades, para demostrar que la solidaridad entre quienes defendemos la vida no es palabra escrita solamente, así seguiremos llamando a la organización y defensa del territorio.

Como pueblos, nuestrxs abuelxs nos enseñaron a luchar y a defender el mar, el viento y el territorio.

Por lo tanto:

“Somos conscientes de que existe una guerra entre el sistema y la naturaleza, esa confrontación no admite matices ni cobardías. O se está con el sistema o con la naturaleza. O con la muerte o con la vida”.

RECHAZAMOS EL CORREDOR INTEROCEÁNICO Y TODOS LOS MEGAPROYECTOS
IMPULSADOS POR EL CAPITAL INTERNACIONAL Y EL GOBIERNO DE LA CUARTA
TRANSFORMACIÓN.

NO NEGOCIAMOS, NI NOS RENDIMOS.

REITERAMOS
EL ISTMO ES NUESTRO
de los pueblos indígenas, del pueblo mexicano
no de las empresas, ni de los gobiernos.

A, por cierto. ¡LLEGAMOS!…421

radio
CNI

COMUNICADO DE PRENSA DE LA ASAMBLEA PERMANENTE DE PUENTE MADERA ASAMBLEA DE JALAPA DEL MARQUÉS HABITANTES EN RESISTENCIA DE SANTA MARIA MIXTEQUILLA HABITANTES EN RESISTENCIA DE CIUDAD IXTEPEC CAMPAÑA GLOBAL “EL ISTMO ES NUESTRO”

25 de Mayo del 2021, desde la Toma del INPI, CDMX

COMUNICADO DE PRENSA

A los pueblos indígenas del Istmo de Tehuantepec, México y el Mundo
A los Medios de Comunicación Oficiales, Libres o como se llamen
Al Congreso Nacional Indígena / Concejo Indígena de Gobierno
Al Ejército Zapatista de Liberación Nacional
A la Opinión Pública

Rechazamos la imposición y simulación de consultas indígenas para la instalación de los Polos de Desarrollo para el Bienestar/Parques Industriales del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.

Denunciamos la imposición y simulación de los procesos de “CONSULTA LIBRE, PREVIA E INFORMADA” en las comunidades INDÍGENAS de San Blas Atempa, Ciudad Ixtepec y Santa Maria Mixtequilla; llevadas a cabo (en orden de mención) los días 1°, 9, 15 y 16 de Mayo del presente año para la imposición de los Polos de Desarrollo para el Bienestar (PODEBIS) del Megaproyecto Corredor Interoceánico,

Le pedimos a los medios de comunicación que no desinformen replicando la información del gobierno y sus medios pagados donde aplauden y dicen que “ya han sido aprobados los parques industriales”, esto es una completa mentira, los pueblos no hemos avalado ninguna consulta, puesto que en esta serie de consultas a modo, en las comunidades no ha participado ni el 5% de la población, quedándose la toma de decisiones en autoridades municipales y agrarias quienes previamente han dialogado a puertas cerradas con el gobierno estatal y federal como es el caso de Ixtepec, o han facilitado la falsificación de actas de asamblea como en San Blas Atempa.

(Continuar leyendo…)

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