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Avispa Midia

Exigen suspensión de obras de Tren Maya tras sentencia de Tribunal Internacional

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

En portada: Máquinas de ingenieros militares avanzan con la construcción del tramo 6 del tren maya. Foto: Aldo Santiago

El tren maya, proyecto estrella del gobierno federal, viola los derechos de la naturaleza y de comunidades mayas en el sur de México, concretando un ecocidio y etnocidio del cual es responsable el Estado mexicano.

Esta es la sentencia del Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza, quien urgió a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) la suspensión inmediata de las obras del tren para detener la devastación ambiental y la violación de derechos de las comunidades indígenas.

El veredicto, difundido el pasado miércoles (26), destaca el papel de los pueblos mayas, quienes han sido y continúan siendo guardianes de su territorio, cenotes, cuevas, selvas, biodiversidad y cultivos tradicionales. En contraste, “las obras del tren, algunas ejecutadas por el Ejército mexicano, lesionan derechos al agua, a la salud integral y a estar libres de contaminación”, remarca el veredicto.

La sentencia exige el cese al despojo de tierras ejidales, así como “terminar con la persecución, amenazas, hostigamiento e intimidación contra las personas defensoras de la naturaleza”. El Tribunal también urgió al gobierno tomar medidas para la desmilitarización de todos los territorios indígenas donde se construye el proyecto.

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La sentencia del Tribunal es resultado de la audiencia realizada en Valladolid, Yucatán, entre el 9 y 12 de marzo de este año, mediante la cual se vertieron testimonios y evidencias científicas que consideran “de modo irrefutable” las afectaciones contra la naturaleza y comunidades derivadas de las obras del tren.

El veredicto está firmado por 23 jueces honorarios de varios países del mundo. Entre los integrantes del Tribunal se encuentran juristas, economistas y ambientalistas internacionales, quienes concluyeron que el Tren Maya vulnera los derechos de la tierra a ser respetada, a regenerar su biocapacidad y a continuar sus ciclos vitales sin alteraciones humanas.

Razones

En el informe presentado para sustentar el veredicto, el Tribunal asevera que las obras de construcción del tren resultaron en la tala de miles de hectáreas de selva, además de que ambientalistas alertaron por daños a la biodiversidad de la región.

Entre otras consecuencias negativas resaltan la contaminación de acuíferos, la extinción de flora y fauna, así como la destrucción de cenotes.

En torno a los derechos de las comunidades indígenas, el Tribunal denunció la falta de consulta para que el tren atraviese sus territorios, aunado a la militarización de la región para supervisar el proyecto.

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Desde el inicio de las obras, diversas organizaciones ambientalistas promovieron amparos contra el proyecto, el cual modificó distintas veces su trazado original, sin que se hayan presentado ni comprobado el cumplimiento de estudios de impacto ambiental.

Ante los amparos, AMLO declaró el tren, así como otros proyectos en el sureste mexicano, como de seguridad nacional, con lo cual ocultó información de las obras y bloqueó investigaciones sobre irregularidades. Además, emitió un decreto para acelerar los trámites y permisos que debía conceder la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

El proyecto contempla 1,554 kilómetros de vía para el recorrido de un tren de carga, turístico y de pasajeros. El tren pretende atravesar los estados de Chiapas, Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Al cierre del primer trimestre del 2023, presentaba un avance de 58%, con un costo hasta ahora de 359 mil 863 millones de pesos, 130% más del monto estimado en 2020.

Denuncias

Russell Pebá Ocampo, integrante de la Asamblea de Defensores Maya Múuch’ Xíinbal, denunció la realización de una “falsa consulta”, e indicó que se violentaron leyes al no presentar estudios de impacto ambiental a las comunidades mayas, previo al inicio de las obras.

“Este proyecto no es solamente un tren y mucho menos, como dije al principio, es maya. Para nosotros, este megaproyecto es un tren militar”, acusó el integrante de la Asamblea. “Nosotros los pueblos vamos a tener absolutamente ningún beneficio de este megaproyecto”, enfatizó.

Raúl Vera, ex obispo de Saltillo e integrante del Tribunal, señaló que la negativa de presentar el Plan Maestro del proyecto obedece a que las autoridades “están escondiendo la destrucción directa contra la naturaleza y atentan contra el pueblo que protege la naturaleza”.

El presidente López Obrador se ha negado de manera reiterada a admitir que el Tren Maya provoque daños ecológicos, y a los expertos que critican la obra los ha acusado de “ingenuos” y de estar manipulados por “intereses conservadores”, aunque nunca ha especificado a qué se refiere con esa formulación, señaló el sacerdote.

A su vez, Pedro Regalado Uc Be, también integrante de la Asamblea Múuch’ Xíinbal, celebró la sentencia. “Hoy sentimos una pequeña luz en nuestro corazón, una luz de esperanza con este veredicto”, expresó.

El Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza es una institución creada para investigar y difundir violaciones de los derechos medioambientales alrededor del mundo.

Como parte del veredicto, el Tribunal solicitó al Estado mexicano una auditoría independiente, en colaboración con comunidades afectadas, para evaluar los impactos de la obra. También instruye “reparar y restaurar integralmente” todos los ecosistemas afectados por la ejecución del proyecto y sus instalaciones colaterales, así como “todos los impactos sociales generados por esta obra en cuanto a la tenencia comunal de la tierra y los territorios”.

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Misión Civil de Observación

Misión Civil de Observación registra violaciones a derechos humanos enmarcadas en el megaproyecto Corredor Interoceánico del Istmo

  • 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales documentan diversas violaciones a derechos humanos en torno al megaproyecto.
  • La mayoría de agresiones ocurren en contra de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas; las intervenciones violentas provienen en gran medida de la Marina y la Guardia Nacional.

Este día, 27 de julio, concluyó la Misión Civil de Observación que inició el 25 de julio en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos y las agresiones contra personas y comunidades defensoras en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

En la Misión de Observación participaron 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y 8 representantes de prensa de medios nacionales e internacionales. En el recorrido de tres días visitaron a personas y comunidades afectadas de la zona norte en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, Oaxaca, por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, a las y los comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba y en Puente Madera.

Las personas y organizaciones participantes en la Misión concluyeron que en la ejecución del CIIT están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas; específicamente sus derechos: i) a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de éste en sus territorios; ii) a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural. Esto, debido a que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales; y iii) a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo, sobre todo quienes están liderando la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.

En la conferencia de prensa que se realizó este jueves 27 de julio, en Juchitán, Oaxaca, las organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación frente a los eventos de agresión registrados en el marco de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Indican que ha habido un aumento en las agresiones en este año y está en riesgo la integridad de las personas defensoras que resisten ante este megaproyecto. Durante la Misión, las personas participantes fueron testigos de incidentes de seguridad como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.

Las y los integrantes de la Misión insistieron en que no se ha realizado la consulta orientada a obtener el consentimiento por parte de las comunidades ayuuk afectadas por el CIIT. En contraposición, se han registrado intervenciones violentas por parte de la Marina y de la Guardia Nacional, como los desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.

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Avispa Midia

Ecuador estrecha lazos militares y de conservación de la Amazonía con Estados Unidos

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

En portada: Funcionarios ecuatorianos y militares norteamericanos durante la firma del memorandum.

Entre el mes de junio y julio, el gobierno de Ecuador, presidido por Guillermo Lasso, firmó con Estados Unidos (EEUU) un acuerdo de cooperación en materia de seguridad y uno de conservación de la Amazonía. El convenio lo ejecutará la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y su socio World Wildlife Fund (Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF por sus siglas en inglés).

En una ceremonia realizada en la sede del Departamento de Defensa de EEUU, el pasado 19 de julio, con presencia del alto mando del Comando Sur, la General Laura Richardson, así como el Subsecretario Adjunto de Defensa, Daniel Erikson, entre otras intancias militares del país norteamericano, se firmó un Memorando de Entendimiento (MOU, por sus siglas en inglés). Este MOU tiene por objetivo “fortalecer capacidades del sector de defensa” y “objetivos compartidos” relacionados con seguridad, según la embajada estadounidense en Ecuador.

Mientras, el gobierno ecuatoriano, a través de un comunicado de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, manifestó que se trata de reafirmar los mecanismos de fomento entre las fuerzas militares ecuatorianas y estadounidenses, en las que “participa el Departamento de Defensa y el Departamento de Estado de los Estados Unidos junto al Ministerio de Defensa de Ecuador”.

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Avispa Midia

Ecuador recurre al ejército para que empresa canadiense pueda explotar oro

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Comunidades indígenas y campesinas de Ecuador denuncian al gobierno por el uso de las fuerzas armadas para ejecutar una supuesta “consulta ambiental”, propuesta emitida por el mandatario de este país, Guillermo Lasso, mediante el decreto 754, para dar paso a la explotación del proyecto minero La Plata, en manos de la empresa canadiense Atico Mining.

Los habitantes de la parroquia de Palo Quemado en la provincia del Cotopaxi, región central de Ecuador, junto a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), han denunciado que el gobierno de Lasso ha militarizado la región para llevar acabo esta consulta que permitirá a la canadiense Atico Mining explotar oro, cobre, plata y zinc en un área que comprende 2 mil 222 hectáreas, entre las comunidades San Pablo de La Plata y Las Minas.

Cabe destacar que en está región confluyen 10 cuerpos hídricos, esteros y quebradas, y un ecosistema de bosque que hace parte de la Cordillera Occidental de los Andes, del cual dependen diversas poblaciones.

Las acciones contra estas comunidades comenzaron desde el 9 de julio en la parroquia Palo Quemado y se mantienen hasta el cierre de este reportaje. Los inconformes denuncian que el gobierno “busca imponer por la fuerza una consulta ambiental ilegal, propuesta mediante el decreto 754 que permite la inmersión minera en los territorios”.

Estas comunidades han calificado el decreto 754 como “inconstitucional” porque, arguyen, “facilita a las empresas mineras el despojo de los territorios sin importarles la opinión y decisión de las comunidades inconsultas”.

Tras esta imposición diversas expresiones de resistencia se han sumado al rechazo de este proyecto, como activistas, artistas y personalidades reconocidas en Ecuador. La organización Acción Ecológica se ha pronunciado en unidad “para exigir que se detenga esta consulta ilegal. Así también el retiro inmediato de la Fuerza Pública que ha tomado posesión de la parroquia originando tensión y miedo en la población y en las comunidades aledañas como Las Pampas, Galápagos, La Florida, Las Juntas, Campo Alegre Alto y Bajo”, han denunciado en un comunicado.

La Plata

El proyecto minero La Plata es un proyecto de sulfuros masivos volcanogénicos que tiene proyectado extraer 12,9 gramos de oro por cada tonelada extraída de roca y otros componentes minerales. Con el método de la minera subterránea, que va perforando mediante túneles y va rellenado con una mezcla de cemento, la empresa tiene proyectado extraer 900 toneladas diariamente.

La empresa canadiense por su parte ha informado que ya ha invertido más de 16 millones de dólares para actividades previas, realizadas “con altos estándares técnicos y con maquinaria mínimamente invasiva”. No obstante, las comunidades afectadas se han movilizado para rechazar este proyecto minero por los posibles impactos negativos hacia toda la región, por ello se han declarado en “alerta”.

Solo en la provincia del Cotopaxi existen alrededor de 250 concesiones mineras ubicadas en tres cantones.

Por tanto, comunica la CONAIE, “exigimos al gobierno nacional de Guillermo Lasso la derogatoria del decreto754 que es inconstitucional, retirar a la fuerza pública del territorio comunitario y que éste contingente salga a enfrentar a la inseguridad del país y no sirva para amedrentar a agricultores, campesinos y familias que sostienen la soberanía alimentaria en el país”.

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Noticias de Abajo

Noticias de abajo 20 julio 2023

Noticias de abajo – 20 de julio 2023

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ROMPIENDO FRONTERAS

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

  • SONORA: Liberan al preso político yaqui Fidencio Aldama, luego de siete años en la cárcel por defender su territorio. Desinformémonos
  • CDMX: Poliana para recordar a nuestros presos y ejercitar la solidaridad.
    La poliana es un juego, que se creó en la cárcel, por los prisioneros. Este juego sirvió para realizar un torneo para recordar a dos presos libertarios a Yorch y Brandi
    https://noticiasdeabajoml.wordpress.com/2023/07/13/poliana-para-recordar-a-nuestros-presos-y-ejercitar-la-solidaridad/
  • MÉXICO: Exigen que asesinato de defensor comunitario y radialista Samir Flores Soberanes sea revisado por un juez federal, denuncian que el juicio en Morelos ha sido una simulación, demandan que sea revisado ante fiscalía especial para la Libertad de Expresión.
  • CHIAPAS: José Díaz, Base de Apoyo del EZLN, es víctima de fábrica de culpables por la Fiscalía de Chiapas #PresosPoliticos https://frayba.org.mx/boletin_16_jose_diaz_BAEZLN
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Prensa Comunitaria

Crónica de un desalojo contra pobladores indígenas en Santa Cruz Barillas

“Nosotros somos herederos de estas tierras que pertenecían a nuestros abuelos, pero por el conflicto armado tuvimos que abandonarlas”, dijo en su idioma Q’anjob’al una señora.

Por Joel Pérez, Lencho Pez y Simón Antonio

Este miércoles 19 de julio, más de 2 mil 500 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), entre agentes antimotines y antinarcóticos fueron movilizados al municipio de Santa Cruz Barillas por el gobernador de Huehuetenango, para cumplir con una orden de desalojo contra pobladores indígenas que habitan la comunidad de Kumatz.

La orden fue emitida por el juez “B”, Oswaldo Romeo Martínez Palacios del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, del Centro de Administración de Justicia (CAJ) con sede en el municipio de Santa Eulalia.

Según el Ministerio Público (MP), en la diligencia también participó la Fiscalía contra Delitos de Usurpación con la finalidad de recuperar y entregar el inmueble (la finca Sargento y Nubila) al propietario.

Elmer Ariel de León López, juez de paz de Santa Cruz Barillas, fue quien ejecutó esta orden de desalojo contra la población de Kumatz, ubicada sobre la Franja Transversal del Norte (FTN), en la aldea Río Espíritu, a 570 kilómetros de la ciudad capital.

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Comisión de Coordinación y Seguimiento del CNI | CIG | RvsR | Familiares, compañeras y compañeros de lucha

Pronunciamiento ¡Verdad y justicia para Álvaro Sebastián Ramírez!

A nuestrxs compañerxs del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
A nuestrxs compañerxs adherentes a la Sexta en México y el Mundo.
A los Pueblos del Mundo que resisten contra el Sistema Capitalista y Patriarcal.
A los medios libres, independientes, alternativos o como se llamen.

Se cumple un año de la ausencia del compañero Álvaro Sebastián Ramírez, indígena zapoteco, originario de la comunidad de Llano Maguey, municipio de San Agustín Loxicha, Pochutla, Oaxaca, ex preso político y de conciencia, asesinado por motivos políticos. Hoy, su familia, compañeras y compañeros que lo acompañamos en diferentes momentos de su lucha, lo nombramos y queremos decir que su recuerdo está presente en nuestra memoria y seguiremos gritando ¡VERDAD Y JUSTICIA PARA ÁLVARO SEBASTIÁN RAMÍREZ!

Para Álvaro, la vida fue su lucha y su lucha era parte de su vida, fue consecuente con su pensamiento y creía firmemente que otro mundo es posible. Por eso, se hace necesario recordar el trabajo organizativo que hizo antes, durante y después de estar privado de su libertad. En los años setenta y ochenta fue maestro bilingüe, también ocupó el cargo de regidor de educación en el Honorable Ayuntamiento Constitucional del municipio de San Agustín Loxicha. Vivió en carne propia la miseria y la pobreza extrema, sintió las injusticias que se cometían en contra de sus iguales. Ante ese contexto, Álvaro decía que “era necesario organizarse”, por eso, caminó durante años junto a su pueblo, desde abajo, para construir libertad, justicia y democracia.

Él, como otros disidentes políticos, fue desaparecido y torturado durante 11 días en una cárcel clandestina, fue encarcelado en diferentes penales de máxima seguridad del país y asesinado por sus ideas políticas contrarias al régimen y por haberse organizado con su pueblo para luchar y resistir frente al despojo, la explotación, al desprecio y la represión.

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Frente Nacional Antiminero

Ecuador | No es consulta, es violencia minera

NO ES CONSULTA, ES VIOLENCIA MINERA

Mientras la Corte Constitucional del Ecuador decida revisar la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la CONAIE, el gobierno de Lasso ha desplegado centenares de policías y militares que intimiden y sometan a los pueblos del subtrópico ecuatoriano cantones de Las Naves y Sigchos y con ello dar luz verde para la explotación de los proyectos Curipamba – El Domo y La Plata.

Proyectos ilegales e ilegítimos que han desencadenado un grave conflicto social y una amenaza para la provisión de agua de las comunidades y ciudades, la soberanía alimentaria y las economías locales. Desde inicios de junio, con la ejecución del #Decreto754 el Estado ecuatoriano ha cometido actos violentos que atentan contra los derechos humanos de las poblaciones campesinas, organizadas para defender el territorio frente al embate minero.

Para imponerlo por medio de la fuerza y sin la existencia de una “Ley” que viabilice una “Consulta Ambiental” con todas las garantías y parámetros ordenados por la ley, la Corte  Constitucional y los tratados internacionales. El gobierno servil a los intereses de las transnacionales mineras, pretende convertir nuestro derecho a ser consultados de manera previa, libre e informada; en un trámite “express” y de esa manera explotar territorios en RESISTENCIA y oposición a la declaratoria de zonas de sacrificio minero.

Una vez más, ante los ojos del Ecuador y el mundo, se evidencia que la violencia es una condición necesaria de la minería y que no es sino a sangre y fuego la manera en la que se abre paso. Por tal motivo continuamos denunciando y haciendo público nuestro rechazo a las medidas de carácter
dictatorial ejercidas por Lasso, el despliegue de los cuerpos de policías y militares y el uso de la fuerza para sostener una proceso ilegal e inconstitucional, la persecución y criminalización de comuneras y comuneros que defienden los derechos, el agua, el territorio, la soberanía alimentaria y la vida misma.

Por ello responsabilizamos al gobierno de Lasso por la integridad, la seguridad y las vidas de las y los comuneros del cantón Sigchos donde se prevé esta semana imponer por la fuerza el decreto 754. Exhortamos a la Corte Constitucional del Ecuador SUSPENDER DE MANERA INMEDIATA los efectos del decreto 754, porque atenta contra la vida y la paz de miles de poblaciones indígenas y campesinas amenazadas por la ilegalidad y violencia minera.

Frente Nacional Antiminero
18 de julio de 2023

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Avispa Midia

Derrame de petróleo en el Golfo de México alcanza dos veces el tamaño de ciudad de Guadalajara

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

El pasado 7 de julio, diversos medios de comunicación alertaron sobre un incendio suscitado en la plataforma de Petróleos Mexicanos (PEMEX) llamada Nohoch-Alfa, establecida en las aguas del golfo de México, en el estado de Campeche. No obstante, había pasado desapercibido un derrame de crudo acontecido cuatro días antes.

De acuerdo con una secuencia de imágenes satelitales, procesadas por el geógrafo Guillermo Tamburini, el derrame de crudo inició aproximadamente entre el 3 y 4 de julio en la plataforma Balam que, hasta este día lunes (16), ha alcanzado una dimensión de 400 kilómetros cuadrados y el vertido podría extenderse hasta los 4,000 metros cúbicos.

Este desastre ambiental actualmente ha alcanzado una dimensión de más del doble de la ciudad de Guadalajara, pero “las autoridades no han dado aviso alguno sobre las causas y consecuencias del mismo”, han denunciado en conferencia de prensa una veintena de organizaciones de la sociedad civil.

Estas organizaciones temen que, por antecedentes de otros casos similares, el derrame pueda pasar desapercibido y sin cuantificar los daños. “Una revisión de la misma zona en el mes de junio permitió identificar otro derrame con una extensión aproximada de 270 km2” puntualizan los activistas en un documento que fue presentado ante la prensa.

En el mismo documento destacan que, solo en los últimos dos años existe un aumento de 152% de accidentes de PEMEX, siendo que “la industria fósil pretende normalizar el sacrificio de personas y territorios como accidentes producto de una error humano, cuando en realidad de trata de una característica propia de un modelo que externaliza los costos de los desastres asociados a su operación, siendo el mayor desastre de todos la crisis climática de la cual la industria fósil es responsable en un 70%”, señalan las organizaciones.

En el documento que presentaron las organizaciones llamado Recientes Incidentes Ambientales en el Área de Explotación Hidrocarburífera Cantarell en el Golfo de México (Junio/julio 2023), resaltan que el vertido de hidrocarburos y otros fluidos contaminantes se ha convertido en algo recurrente por parte de la paraestatal.

Las organizaciones reiteran que esto es un motivo más de porque “México no puede y no debe seguir apostando por un modelo basado en la explotación y el sacrificio de poblaciones y territorios. La crisis climática nos exige un cambio drástico de paradigma de energía, orientando los recursos a la generación de energía renovable de forma justa”, señalan las organizaciones.

Las activistas urgen el remplazo de la energía fósil como respuesta a la emergencia climática.

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Volcánicas

Protesta contra reforma constitucional en Jujuy: 500 años resistiendo al extractivismo minero

Hace más de un mes, una provincia del noroeste argentino resiste con manifestaciones intersectoriales en contra de una Reforma Constitucional inconsulta, que prohíbe la protesta social y otorga privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para megaproyectos. Las mujeres, campesinas y docentes, se encuentran al frente de los cortes de ruta que claman ¡Abajo la Reforma, arriba les que luchan!

Por Avelén Correa Ruau

Hace más de un mes, una provincia del noroeste argentino resiste con manifestaciones intersectoriales en contra de una Reforma Constitucional inconsulta, que prohíbe la protesta social y otorga privilegios al Estado, disponiendo del territorio indígena para megaproyectos. Las mujeres, campesinas y docentes, se encuentran al frente de los cortes de ruta que claman ¡Abajo la Reforma, arriba les que luchan!

La evidencia arqueológica confirma que en el territorio que hoy se conoce como Argentina, habitaban pueblos mucho tiempo antes de la Colonización europea y la conformación del Estado – Nación. Les primeres pobladores de Jujuy datan de hace más de 10 mil años, distribuidos en las zonas de la Puna, la Quebrada y los llamados Valles Centrales, con una importante diversidad cultural y lingüística. En la actualidad, son más de 400 las comunidades indígenas que atraviesan diferentes conflictos socioambientales, vinculados a territorio, biodiversidad y bienes comunes.

“Somos calladas, pero cuando tenemos que gritar, gritamos”

Un celular que aún tiene batería marca las 8:30 AM en el corte de la ruta nacional 9 a la altura de Abra Pampa. Con timidez amanece en la Puna jujeña, donde el sol tiene más trabajo que en otras partes del país, ascendiendo hasta los 3 mil metros. La noche enfría las piedras y el sol calienta los corazones de las comunidades que llevan varias semanas reclamando.

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