^{En portada: Amina Mohammed, vicesecretaria general de la ONU, conversa con Sophia, la primera robot inteligente producida por Hanson Robotics para fungir como embajadora del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.}

Como parte del equipo de Avispa Mídia hemos tenido la oportunidad de aproximarnos hacia realidades que no solo quedan distantes de las geografías urbanas, sino también de la imaginación de la mayoría de las personas que no se cuestionan de dónde proviene el agua que consumen, los alimentos, la energía y algo que esta muy de moda, la Inteligencia Artificial (IA). Casi nadie se cuestiona cuáles son los costos de la IA y quién paga.

En un mundo cada vez más digitalizado, la inteligencia artificial se ha perfilado como una herramienta que podrá ayudar a resolver una gran diversidad de problemas. Incluso, entre los llamados Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas, la IA se propone como un factor determinante para avanzar con el nuevo orden global.

Al referirme a este “nuevo” y no tan nuevo “orden” global, es en torno a la reconfiguración de las geografías del capital y, principalmente las zonas urbanas. El objetivo #11 de la Agenda 2030 de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tiene como objetivo lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, advirtiendo que rumbo al año 2030, al menos 5 mil millones de personas vivirán en las llamadas “Ciudades Inteligentes”.

También conocidas como ciudades digitales o ciudades del futuro, basadas principalmente en el uso de la tecnología de la información y la comunicación (TIC), que prometen mejorar la calidad de vida de las personas urbanas. Pero, además, prometen una mejor eficiencia en el uso de recursos que requieren estas ciudades.

Estos complejos urbanos están encaminados hacia la digitalización, el uso de sensores y chips, a través de los cuales funcionará la IA. Recopilando y administrando datos en tiempo real sobre diversos aspectos como el tráfico, la calidad del aire, el consumo de energía, la gestión de residuos y la seguridad pública. Estos datos se utilizan luego para tomar decisiones informadas y optimizar la prestación de servicios urbanos.

Sin embargo, detrás del telón de la magia de la IA se esconde una realidad de la que casi no se habla: la dependencia de los minerales que están demandando estas ciudades inteligentes para poder ofertar los servicios prometidos.  En ese sentido, la carrera científica, productiva y militar de los países más desarrollados ha comenzado y, con ello, la reconfiguración de este nuevo orden mundial.

Los minerales en la IA son determinantes para los componentes más básicos como circuitos integrados, baterías, pantallas y los servidores en la nube. Figuran minerales como el cobalto, el litio, el coltán, el tungsteno, aluminio, cobre, plata, oro, platino, silicio, entre otros.

China, es el principal productor y exportador de minerales considerados críticos por su escasez, como el indio, el antimonio, las tierras raras entre muchos otros metales.

Los Estados Unidos no corren con la misma suerte en cuanto al dominio de los llamados minerales críticos. De acuerdo con el estudio llamado “Recursos minerales críticos de Estados Unidos: geología económica y medioambiental y perspectivas de suministro futuro”, esté país importa 50 tipos de minerales que son catalogados como parte de su seguridad nacional.

Australia es uno de los principales productores mundiales de una variedad de minerales críticos, incluidos el litio, el cobalto, el níquel y el vanadio. Le sigue Rusia y su contexto de guerra que también tiene que ver con minerales críticos. Es un país que posee importantes reservas y producción, como el paladio, el platino, el niobio y el vanadio. Su papel en el suministro mundial de estos minerales es significativo.

El lado obscuro

La disputa mundial de estos minerales ha provocado un avasallamiento de un neocolonialismo que va detrás de estos recursos en países como la República Democrática del Congo, donde se encuentra aproximadamente el 60% de las reservas mundiales de cobalto. El interés de Estados Unidos en tener presencia en el llamado “Triangulo del Litio”, la zona conformada por Argentina, Bolivia y Chile que posee el 80% de este mineral a nivel mundial, entre otros ejemplos.

Antes de esta disputa su explotación ya era desmedida y de forma irresponsable, provocando consecuencias devastadoras para el medio ambiente y las comunidades, principalmente indígenas.

En los diversos recorridos que ha realizado el equipo de Avispa Mídia, ha podido testificar los impactos: desde el desplazamiento masivo de poblaciones, contaminación de mantos acuíferos, deforestación, asesinato y persecución.

Si bien la inteligencia artificial promete un futuro lleno de posibilidades, es menester reconocer que detrás de cada hilo de cobre, batería de litio, una pantalla de silicio, con certeza hay un racismo ambiental que, mucha de las veces, se traduce en muerte y destrucción. Lo que resta, y no como cierre de este tema, sino a manera de cuestionamiento es, ¿las alternativas que nos vienen presentando para enfrentar las crisis que vivimos son las indicadas?  ¿Existen otras salidas? ¿Cuáles podemos asumir?.

El pasado viernes (1), Irene Khan, experta de las Naciones Unidas, ha levantado la voz para mostrar su preocupación por las posibles implicaciones que podría tener la extradición y el subsiguiente procesamiento en Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, para la libertad de expresión a nivel global.

Irene Khan es relatora especial sobre la libertad de expresión de la ONU, quien puntualiza que “recopilar, informar y difundir información, incluida la relativa a la seguridad nacional cuando es de interés público, es un ejercicio legítimo del periodismo y no debe tratarse como un delito”.

Las declaraciones de la relatora se presentan en el momento más álgido del caso de Assange, ya que espera la decisión del Tribunal Superior del Reino Unido sobre su apelación contra la extradición a Estados Unidos.

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Assange se ha destacado como editor, redactor y activista, se enfrenta a 17 cargos en virtud de la Ley de Espionaje de 1917 por la publicación de información clasificada en la plataforma de WikiLeaks, lo que podría acarrearle una pena máxima de 175 años de prisión.

De acuerdo con la relatora Khan, la principal preocupación radica en el uso de esta ley en el caso de Assange, ya que, “este estatuto no proporciona ninguna protección para la publicación de información de interés público”.

Incluso, la especialista advierte que, en caso de que procesen a Assange en Estados Unidos por su labor informativa, “sentaría un precedente peligroso que podría tener un efecto amedrentador sobre el periodismo de investigación en Estados Unidos y posiblemente en otras partes del mundo”, afirmó Khan, además de que no es la primera vez que un periodista recurre a documentos clasificados de interés público.

Khan insta a las autoridades británicas para que no extradite a Assange a los Estados Unidos, así mismo, que le retiren los cargos en su contra.

El caso del periodista ha sido objeto de controversia durante años, lo que incluye su arresto en 2010 y su permanencia en la prisión londinense de alta seguridad de Belmarsh desde 2019.

El activista australiano ha sido objeto de una persecución legal prolongada, que muchos grupos defensores de la libertad de prensa consideran un intento de criminalizar el periodismo.

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Los cargos presentados por el Departamento de Justicia de la administración Donald Trump están relacionados con la publicación de documentos clasificados por parte de Manning en 2010, que detallaban crímenes de guerra y abusos cometidos por el gobierno estadounidense en Irak, Afganistán y Guantánamo.

El destino de Assange sigue siendo incierto, pero su caso continuará siendo un punto de referencia crucial para el futuro del periodismo de investigación y la libertad de expresión en todo el mundo. Diversos periodista y activistas en el mundo se han pronunciado para que lo liberen y le retiren los cargos en su contra.