Pese a que el gobierno federal impulsa la eliminación del glifosato por ser considerado como cancerígeno en humanos, actualmente existe una contradicción entre las declaraciones del Ejecutivo Federal y los organismos científicos y dependencias a cargo de realizar acciones para concretar esta estrategia que estaba prevista para tomar efecto a partir de este lunes (1).

Mientras científicos argumentan que el glifosato no es un factor determinante para la producción agrícola, dependencias del gobierno mexicano anunciaron la postergación de su prohibición, anunciada por el presidente mediante decreto presidencial, justificando “prevalecer el interés de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país”.

Mediante comunicado, las instituciones de los sectores de economía, agricultura, medio ambiente y regulación sanitaria justificaron la continuación en el uso del herbicida debido a que “no se han concretado las condiciones para sustituir el uso del glifosato en la agricultura mexicana”.

Cabe recordar que, el 13 de febrero de 2023, México emitió un decreto presidencial para iniciar la eliminación gradual del herbicida, hasta llegar a su prohibición total. En el mismo decreto se estableció la sustitución paulatina de las importaciones de maíz genéticamente modificado, acciones que han generado reclamos de EEUU, el principal vendedor de estos insumos a México.

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Cifras de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) señalan que, para el año 2023, México redujo hasta en 50% las importaciones de glifosato en comparación con el año previo, como parte de las acciones para su eliminación gradual.

Reducción paulatina

Por su parte, científicos mexicanos, integrantes del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), así como funcionarios federales, han declarado que la reducción de importaciones de glifosato no ha implicado la caída de la producción de alimentos en México.

“No habrá crisis de producción ante la prohibición de este herbicida, ya que la productividad depende de muchos factores como el clima, el agua, el suelo, nutrientes, fertilizantes que se utilizan, la tecnificación, la maquinaria disponible y la experiencia de los productores. El glifosato sólo es un secante de amplio espectro orientado a matar todo tipo de vegetación, suelos y medioambiente”, remarcó Leticia López Cepeda, integrante de la plataforma de monitoreo del glifosato en México del Conahcyt, durante rueda de prensa realizada el pasado miércoles (27).

En la conferencia, realizada un día tras el anuncio de la postergación de la prohibición del glifosato, la titular del Conachyt, María Elena Álvarez-Buylla Roces, subrayó que, mediante la Encuesta Nacional de Uso de Glifosato (ENUG), realizada en conjunto con la Procuraduría Agraria, proyectaron que el uso promedio del herbicida a nivel nacional es de 2.6 litros por productor anualmente, lo que demuestra que la mayoría de los productores de núcleos agrarios trabajan sin el agrotóxico.

Los datos de la ENUG revelan que 44% de los productores encuestados usan glifosato. De ellos, sólo el 8.7% corresponde a uso de gran escala, 34.1% de mediana y 57.2% de pequeña.

Veracruz, Chiapas, Campeche, Guerrero y Tabasco son los estados que reportan mayor uso de glifosato en el cultivo de maíces, tanto híbridos como nativos, pese a no estar autorizados, detalla la ENUG.

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En contraste, científicos subrayaron que ya existen alternativas como la elaboración de más de 60 millones de litros de bioinsumos y otros fertilizantes que se encuentran en la etapa de aprobación por parte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Agroecología, alternativa

Ana Laura Wegier Briulo, investigadora del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México, resaltó que el tiempo para preservar la agrobiodiversidad, debido a los desafíos ambientales mundiales, se está agotando. También remarcó que, comparada con toda la historia que ha configurado a México, desde hace 10,000 años como una de las cunas de la agricultura, “es muy reciente la dependencia que se ha generado a estos productos químicos importados, como el glifosato”.

Wegier abundó en las afectaciones por el uso de semillas modificadas, que denominó como “muy poco diversas”, y que están acompañadas de paquetes tecnológicos, que “brindan una falsa percepción de ser mejores de lo que antes teníamos”.

La investigadora remarcó que el uso de los agrotóxicos y semillas modificadas genéticamente “no están dando un valor a nuestras prácticas de manejo de cultivos ni a nuestra agrobiodiversidad, ni a nuestra alimentación, ni a la salud humana”.

Por su parte, Victor Suárez Carrera, subsecretario de Autosuficiencia alimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), acusó que existe una campaña, “orquestada desde las corporaciones multinacionales” para atacar la prohibición del glifosato.

En este punto, rechazó datos como los utilizados por el Consejo Nacional Agropecuario y de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos, quienes han señalado que la eliminación del herbicida causaría una reducción de hasta 40% de la producción de cereales en el país.

Ante ello, el funcionario federal negó este escenario y aseguró que “la seguridad alimentaria de México sin glifosato no ha estado ni estará en riesgo (…) nunca ha dependido, ni dependerá, de un herbicida o cualquier otro insumo importado”.

Sustitutos

Mientras que la plataforma de acciones para prescindir del glifosato, que comprende 85 proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, donde participan más de 700 personas investigadoras y tecnólogas, señala que ya existen sustitutos al herbicida, el presidente de México apunta lo contrario.

“Ya se cuentan con los métodos y alternativas suficientes para la sustitución, por lo que no se hace necesaria ningún tipo de prórroga para otorgar autorizaciones y permisos de este herbicida, ya que, de posponer el periodo de prohibición del glifosato, seguiríamos afectando y se afectarían más aquellas acciones urgentes e indispensables para atender la grave problemática de salud humana y ambiental”, subrayó Leticia López Cepeda.

En contraste, durante conferencia de prensa de este lunes (1), Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró que “no hay en el mundo un producto para sustituir al glifosato, hay investigaciones y se sabe que es dañino a la salud pero no hay un sustituto”.

Por ello, aseveró que el glifosato podrá ser importado a México en tanto se desarrollan alternativas que no sean dañinas a la salud.

^{Foto por Santiago Navarro F}

Las organizaciones de tortillerías y molinos de nixtamal de México han remarcado el rechazo al uso de maíz transgénico para la elaboración de masa y tortillas, alimento básico de los mexicanos. “Es nuestra responsabilidad y compromiso llevar a los hogares de México un producto sano y nutritivo. Por lo tanto, estamos en contra de usar como materia prima el maíz transgénico”, expresaron las organizaciones en un comunicado.

En diciembre de 2020 se publicó un decreto contra el maíz genéticamente modificado, el cual se debía eliminar de la alimentación. En un nuevo decreto, de febrero de 2023, se quita el plazo para prohibir el maíz transgénico en la alimentación animal e industrial de alimento humano. Se prohíbe el maíz transgénico, así como el uso de glifosato, a partir de 31 de marzo de 2024.

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Sin embargo, a partir de la decisión del gobierno mexicano, las presiones por parte de corporaciones agroalimentarias, como Bayer-Mosanto, y de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá (T-MEC), empezaron, tanto judicialmente como por la vía del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México.

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Inicialmente las presiones desembocaron en una petición de consultas técnicas en junio de 2023, cuestionando las bases científicas en que se sustenta dicho decreto.

A partir de entonces el gobierno mexicano ha presentado las pruebas necesarias e incluso, propuso realizar una investigación conjunta con los Estados Unidos con el propósito de analizar los daños ocasionados por el glifosato y los maíces transgénicos a la salud humana. El gobierno estadunidense se ha negado.

“Esta negativa muestra que no existe voluntad de avanzar de manera constructiva ya que el solo hecho de aceptarlo pondría en duda lo que el gobierno de Estados Unidos y las transnacionales han buscado imponer como verdad absoluta que el paquete tecnológico glifosato y maíz transgénico no conlleva daños a la salud”, sostuvo la Campaña Nacional Sin Maíz no Hay País.

El pasado 17 de agosto, el gobierno de Estados Unidos solicitó establecer, en el marco del T-MEC, un panel de controversia sobre la restricción que el gobierno mexicano ha establecido para la importación de maíz transgénico.

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“No permitamos que un país extranjero a través de un tratado comercial imponga condiciones que ponen en riesgo nuestro derecho a un ambiente sano, a la salud, a la vida, a un trabajo digno libre de tóxicos”, sostuvieron las organizaciones de la campaña.Las organizaciones de tortillerías sostienen que desconocen “cualquier posicionamiento que no provenga del consenso colectivo y que responda a intereses desconocidos” y solicitan que “las autoridades competentes otorguen los apoyos necesarios a los agricultores encargados de la siembra de nuestro maíz, para alcanzar la suficiencia alimentaria”.

^{En portada: Niños desgranan maíz en la comunidad q’eqchi’ de Chapin Abajo, donde monocultivos de palma aceitera despojaron de tierras a la población indígena. Foto: Santiago Navarro}

La siembra del maíz es una fiesta en el territorio maya q’eqchi’, Alta Verapaz, Guatemala. La abuela de la mujer maya q’eqchi’ Paulina Margarita Caal Chocooj, del pueblo San Juan Chamelco, es la que siempre sostuvo la práctica ancestral de la familia. “Cada familia tiene su día para sembrar la tierra en el mes de mayo, nos ponemos de acuerdo, nos rotamos. Es una fiesta para el territorio q’eqchi’”, cuenta orgullosa.

Las mejores semillas de diversos colores son seleccionadas por las familias y las reservan para la siembra siguiente. “Así vamos cultivando la vida. Mi abuela nos enseñó a cuidar, a querer el sagrado maíz”, comparte Paulina para Avispa Mídia.

El maíz es la base de la alimentación de los pueblos en Guatemala. Las tortillas, el pozol, el tamal son algunos de los alimentos que se consumen diariamente. El maíz es también donde se funda la cosmovisión de estos pueblos, sus creencias y ceremonias sagradas.

El “respeto al sagrado maíz”, enseñado de generación en generación, fue y es lo que sostiene a pueblos indígenas de diferentes partes de Guatemala y esto permitió derrumbar la Ley de Protección de Obtención de Variedad, conocida como Ley Monsanto, en 2014.

“La ley fue aprobada a la espalda del pueblo, de manera oculta. Cuando ya estaba aprobada la ley, pues empiezan a organizarse las autoridades indígenas y la misma sociedad civil para conocer el contenido. Es ahí donde nos damos cuenta que pretendían la privatización de las semillas (nativas), patentar las mismas”, señala.

El contenido de dicha ley pretendía proteger la propiedad intelectual sobre vegetales a quienes los “creen”, “descubran” o modifiquen, por manipulación genética, a las especies existentes. “Eso, a largo plazo, permitía la privatización de la semilla nativa del maíz y otros cultivos, y mayor dependencia de insumos, como fertilizantes y agrotóxicos, para la agricultura”, señala Paulina, que forma parte de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria en Guatemala (REDSAG).

Los beneficiados por la ley, normalmente empresas productoras de semillas transgénicas como las transnacionales Syngenta y Bayer-Monsanto, obtendrían derechos de propiedad y usos de tales variedades, plantas o semillas. También permitía la siembra, transporte y experimentos con semillas transgénicas.

Trataron también de criminalizar a quienes reprodujeran, sin autorización, el material de variedad protegida con multa y prisión de uno a cuatro años. “Esta ley buscaba dar derechos y privilegios a las empresas por encima de los derechos de los campesinos y de los pueblos, por eso nos movilizamos para derrumbarla”, agrega la mujer maya q’eqchi’.

Ahora, sin aviso o consulta a los pueblos, el gobierno de Guatemala anunció en sus canales de redes sociales que representantes del sector público y privado, vinculados al sector agrícola, se reunieron en la comisión de Agricultura y Pesca del Congreso de la República, para “afinar detalles” de la iniciativa de la nueva Ley para la Protección de Obtención de Vegetales.

El ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Edgar De León, el promotor del proyecto de ley, resaltó que “el objetivo es regular los procedimientos para la obtención de nuevas variedades y cumplir con normativas internacionales”.

La principal normativa internacional que Guatemala tiene que cumplir es el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, en materia de propiedad intelectual, establecido en 2005.

Los países miembros se deben adherir al Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV), una organización intergubernamental con sede en Suiza, que promueve desde la década de 1960 la regulación del registro de plantas y semillas, y que se impone principalmente por medio de los tratados internacionales de comercio.

Para organizaciones como la Vía Campesina, GRAIN, Grupo ETC y Amigos de la Tierra Internacional, la UPOV trabaja exclusiva y explícitamente por la privatización de las semillas en todo el mundo, imponiendo estos derechos de propiedad intelectual sobre las variedades vegetales y monopolizando las mismas por parte de las corporaciones.

Si los países que hacen parte del Tratado de Libre Comercio no se adhieren al Convenio de la UPOV están sujetos a sanciones por parte de otros países miembros del acuerdo, como es el caso de México que ha trabado una disputa contra Estados Unidos y Canadá porque quieren obligarlo a permitir la siembra de maíz transgénico en su territorio.

Hoy la UPOV posee 78 miembros, incluyendo la Unión Europea.

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Guatemala todavía no logró adherirse al Convenio de la UPOV. Desde 2006 inició el procedimiento para hacer parte. Para eso, el país necesita aprobar una ley de protección de obtención de variedades que esté de acuerdo con las líneas del convenio. La organización incluso ofrece modelos de proyectos de ley para que sean copiados por los países.

Y mas, la UPOV debe analizar y aprobar el proyecto de ley que será votado por el Congreso de los países. La adhesión será aceptada “siempre que no se hayan introducido modificaciones en los proyectos de leyes durante los procedimientos parlamentarios”, dice la UPOV en sus reglamentos. Es decir, los parlamentos deben aprobar exactamente los términos dispuestos por la organización.

El proyecto de ley hoy en tramitación en el parlamento guatemalteco fue aprobado por la UPOV en 2017.

Reglamento Monsanto

Otra estrategia para llevar a cabo la expansión de los transgénicos en el país fue la creación del Reglamento de Organismos Vivos Modificados, en 2018. Surge de los acuerdos de la unión aduanera entre El Salvador, Guatemala y Honduras que generó una serie de actividades en el interior del país que permite el ingreso, la experimentación, el comercio y el traslado de semillas transgénicas. “Guatemala es un país centro de origen de especies. Tenemos el privilegio de dar este aporte a la humanidad. Y estos acuerdos atentan contra nuestra biodiversidad, contra las semillas nativas y los conocimientos ancestrales de los pueblos”, enfatizó David Paredes, quien también hace parte de la REDSAG.

Las organizaciones han requerido informaciones al Ministerio de la Agricultura acerca de cómo se han realizado los protocolos para la liberación de la semilla transgénica en el país. Sin embargo, las informaciones “nos dan a medias o no nos dan”, dijo. “No hay informaciones públicas sobre qué empresas están realizando los experimentos, y tampoco dónde los están haciendo. Tampoco hay la participación de los pueblos o consultas indígenas”, señala Paredes.

Para Paulina, la desinformación generada por el Estado de Guatemala y las empresas “atentan contra nuestra libertad de poder decidir cómo queremos alimentarnos, con qué queremos alimentarnos. Porque los pueblos hemos tenido nuestros propios sistemas de alimentación”.

Libre circulación de las semillas

Organizaciones como GRAIN, Colectivo Semillas y la Alianza Biodiversidad, en su publicación “UPOV: el gran robo de las semillas. Por eso debemos defenderlas”, sostienen que “proteger las semillas y brindar acceso a ellas es un entendimiento fundamental de la gente más allá de culturas, ideologías, religiones y visiones de mundo”.

Recuerdan que la noción de que la semilla debe circular libremente es tan profunda que todos los sistemas nacionales de semillas vigentes hasta 1960 se construyeron con la premisa de que las semillas almacenadas estaban a disposición de quien las pidiese.

“Libre acceso y libre custodia, uso e intercambio de las semillas se hicieron así pilares centrales de las identidades culturales, de la expansión de la agricultura en el mundo y de la capacidad de los pueblos para garantizar su alimentación, su medicina, su vestimenta y su vivienda”, sostienen.

Siguiendo la lógica de la libre circulación de las semillas, en mayo de 2002 se presentó al Congreso de Guatemala lo que se llamó la Ley de Biodiversidad y Conocimientos Ancestrales, una iniciativa construida por autoridades indígenas de todo el territorio guatemalteco y que se basa en principios fundamentales de la vivencia de los pueblos, desde el respeto a la vida y desde la cosmovisión maya.

La propuesta debe todavía ser reconocida por el Pleno del Congreso para que empiece a tramitar en sus comisiones.

Un llamado desde el territorio maya q’eqchi’.

^{Cosecha de maíz colectivo en la comunidad de San Pedro Tlanixco, Edo. de México. Foto por Santiago Navarro F.}

El secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack, comunicó el martes (27) a los medios de comunicación de este país que podría recurrir al pacto comercial T-MEC (Tratado México-Estados Unidos-Canadá) para inhibir la decisión de México, prevista por un decreto presidencial de finales de 2020, de eliminar gradualmente el maíz transgénico y el herbicida glifosato para el 2024.

La presión de los Estados Unidos no es de hoy, sin embargo, como se acerca la fecha de la prohibición, Vilsack sostuvo que 2023 será el año para aclarar el tema entre los países.

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Sostuvo que continuará hablando con funcionarios en México sobre la inminente prohibición. “Necesitamos presionar sobre el tema y este año [2023] tomaremos las medidas necesarias y apropiadas para plantear este problema en uno o dos puntos a medida que nos acercamos a 2024″, dijo el funcionario.

Estados Unidos es el mayor productor de maíz del mundo. De acuerdo con datos de la campaña Sin Maíz no Hay País, EUA posee un volumen de producción de 384,777,890 toneladas por año. En el mundo la producción es de 1,060,247,727.

México es uno de sus principales compradores del maíz producido en EUA. Este maíz es “sobre todo maíz forrajero, es para alimentos de animales, genéticamente modificado, con su carga de glifosato”, sostiene Mercedes López Martínez, de la Campaña Sin Maíz no hay País.

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Presión

La presión es ejercida más allá de los funcionarios del gobierno norteamericano. Viene también de las grandes empresas, principalmente alemanas y norteamericanas, del mercado de semilla y del agrotóxico.

Las empresas Monsanto (EUA) fusionada con Bayer (Alemania), la Syngenta (Suiza) fusionada con la ChemChina, la Dupont (EEUU) fusionada con la Dow Chemical (EUA), y la Basf (Alemania) son las principales. Ellas se han fusionado, generando “oligopolios entrelazados que operan en todo lo largo de las cadenas de suministro agroalimentarias”, expresó Martínez.

Solamente contra la Bayer-Monsanto existen más de 125 mil demandas en el mundo por causar cáncer por el uso de glifosato.

En México, desde 2013, se ha llevado a cabo un juicio contra estas empresas que busca frenar la siembra del maíz transgénico. “Hicimos una demanda colectiva civil de acción difusa contra la siembra de maíces genéticamente modificados ante el poder judicial”, explicó Martínez, una de las representantes de la comunidad demandante contra el maíz genéticamente modificado.

Han existido diversas impugnaciones contra el cultivo de transgénico, sin embargo, el juicio principal, que demanda que se deniegue permanentemente los permisos de siembra de organismos genéticamente modificados de maíz en México, continúa.

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Otra interpretación del T-MEC

La presión viene también de organizaciones vinculadas a la industria de semillas genéticamente modificadas. Un ejemplo es la declaración en el Senado de los EUA de la presidenta de la Organización de Innovación Biotecnológica, Michelle McMurray-Heath.

México debe “rescindir inmediatamente su decreto que prohíbe la importación de maíz biotecnológico y comenzar a crear un marco de edición genética que se ajuste a las normas internacionales y a los compromisos de los acuerdos comerciales”, dijo.

A pesar de la presión ejercida bajo el argumento de que los acuerdos internacionales respaldan la venta del maíz transgénicos de EUA en México, la investigadora Karen Hansen-Kuhn, del Institute for Agriculture & Trade Policy, sostiene que el decreto presidencial de México tiene “viabilidad legal en el marco del T-MEC”, el primer tratado de libre comercio de Estados Unidos que incluye disposiciones sobre biotecnología agrícola.

De acuerdo con un artículo del mismo instituto, firmado por Sharon Anglin Treat, no cabe duda de que los proponentes del acuerdo esperaban ampliar el uso de la biotecnología en la agricultura, en parte atando las manos de los reguladores gubernamentales mediante disciplinas comerciales. Sin embargo, “el texto final del tratado no restringe las opciones de la política nacional de la manera que la agroindustria y sus aliados desearían”.

Las investigadoras rescatan algunos de los artículos del tratado para justificar su argumentación. Primero, el artículo 24.3.1 del capítulo de medio ambiente reconoce el “derecho soberano de cada Parte a establecer sus propios niveles de protección ambiental”.

Segundo, el capítulo 24.15 sobre comercio y biodiversidad establece que cada parte “promoverá y fomentará la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, de conformidad con su ordenamiento jurídico o político” y reconoce “la importancia de respetar, preservar y mantener el conocimiento y las prácticas de los pueblos indígenas y las comunidades locales”.

El artículo hace mención a una carta conjunta del presidente del Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden, y del miembro de mayor rango, Mike Crapo, en la cual piden que Estados Unidos “‘tome medidas de aplicación si es necesario’ en el marco del T-MEC porque, según afirman, ‘México no ha considerado ni aprobado adecuadamente las solicitudes de productos biotecnológicos innovadores de Estados Unidos’”, para la comercialización de su maíz en México.

Sin embargo, la sección de biotecnologia agrícola de T-MEC “preserva el derecho de México de decir ‘no’ a los transgénicos”, sostiene Hansen-Kuhn.

Eso porque, sostiene Anglin Treat en su trabajo, mientras que el párrafo introductorio del artículo 3.14 de dicha sección afirma, “las Partes confirman la importancia de alentar la innovación agrícola y facilitar el comercio de productos de la biotecnología agrícola”, esta declaración exhortatoria va seguida inmediatamente por la afirmación inequívoca y sin ambigüedades: “Esta Sección no obliga a una Parte a emitir una autorización de un producto de la biotecnología agrícola para que esté en el mercado.”

Presión por la no interferencia 

La presión de los Estados Unidos y de los diversos actores vinculados a la industria de semillas genéticamente modificadas y del glifosato ha generado reacciones por parte de organizaciones norteamericanas.

Por lo menos 80 organizaciones de agricultores, trabajadores, consumidores, de salud pública, agricultura sostenible de investigación y defensa de los sistemas alimentarios estadounidenses han expresado preocupación con respecto a la interferencia continua de multinacionales de plaguicidas que buscan socavar las decisiones de México.

“Nos oponemos firmemente a cualquier interferencia de funcionarios del gobierno de los EUA o de los intereses del agronegocio en el derecho de un Estado soberano a promulgar medidas políticas para proteger la salud y el bienestar de su pueblo”, manifestaron en un comunicado.