Latinoamérica
Chiquimula: Guaraquiche queda incomunicada y los recibos de luz llegan con meses acumulados
Por Amílcar Morales y Diego Petzey
La comunidad de Guaraquiche, Jocotán, es una de las comunidades ch’orti’ que fue afectada por las tormentas Eta e Iota en noviembre del año pasado. Dos meses después la población sigue en riesgo y esperando respuesta a sus demandas de parte de las autoridades.
Gabriel Ramírez, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo (COCODE), informó que son 286 familias, integradas por 1,268 personas, las que viven en 186 viviendas. Del total de grupos familiares 219 tuvieron que ser evacuados y albergados en la escuela oficial.
Las autoridades comunitarias decidieron resguardar la vida de los vecinos habilitando el albergue en la escuela, pero lastimosamente no contaron con el apoyo suficiente para mantener el albergue. A los pocos días del paso las tormentas muchas familias decidieron regresar a sus viviendas a pesar del peligro.
Las últimas 12 familias que se habían quedado en el albergue también regresaron a sus viviendas por la falta de atención de parte de las autoridades gubernamentales. Ante esto Ramírez dice: “nosotros como autoridades locales no podemos hacer mayor cosa, la situación es alarmante, sino fuera por los medios de comunicación creo que las autoridades competentes nunca se enterarían, debido a la poca atención de las autoridades municipales no se le ha dado promoción a esto”.
José María Ramírez, delegado de la Iglesia católica, relata que “el cerro colorado se agrietó mucho y pensamos que se podría derrumbar por lo que muchos se albergaron en casas de otros vecinos y algunos en la escuela, ahora ya regresaron a sus casas por ya no tener otra opción donde ir. Pero el riesgo sigue y es bastante, la carretera está destruida, viéndolo bien es grande el desastre que está en el mismo lugar”.
Gabriel Ramírez y José María Ramírez concuerdan que ninguna institución ha llegado a su comunidad para auxiliarlos. Las autoridades municipales solamente fueron a ver el desastre pero que hayan hecho algo por la comunidad especialmente por lo que estaban en peligro no han hecho nada.
El cerro el dorado presenta muchas grietas, durante las tormentas las lluvias inundaron las carreteras con esto las comunidades Orégano, Guayabilla, Conacaste, Morrito, Tierra Blanca, Candelero se han quedado aisladas. Sino no son atendidas por las autoridades municipales y del estado podría suceder algún desastre grande, estamos en riesgo la tierra se ha ido desplazando poco a poco refiere Gabriel Ramírez.
Para acceder a la comunidad es necesario cruzar el puente la Asunción ubicado sobre el rio Guarraquiche pero durante las tormentas el puente colapsó por lo que todas estas comunidades del área norte de Jocotán quedaron incomunicadas por varias semanas hasta que se construyó un puente de hamaca que es el que se utiliza en la actualidad.
Para salir de la comunidad son 15 quetzales de pasaje de ida y 15 de vuelta, 30 quetzales en total. Nos están cobrando el triple y para los que no tenemos dinero, caminamos a pie hasta el centro del municipio refiere José María Ramírez.
A pesar de los riesgos y por todo el tiempo que estuvieron incomunicados el cobro de la energía eléctrica no se detuvo y que a mediados del mes de enero llegaron los recibos de cobro.
Para Ovidia García Gómez, vecina de la comunidad, la energía eléctrica no es un beneficio porque el cobro que se les hace es exagerado. “A mí me duele bastante esta situación, la luz viene recara y con qué dinero pagamos. Cuando se destruyó el puente quedamos incomunicados, entonces se atrasaron para venir a dejar el recibo de luz y ahora que ya pasaron, la factura vino por Q 600 y dónde vamos a sacar dinero para pagar, el recibo viene por noviembre y diciembre dice que se atrasaron porque no había paso, y eso no lo hemos pagado, ahí está el papel; con esto somos más afectados todavía.
Honduras | Violencia Paramilitar, presencia en los Sectores Económicos Claves
Por Jasmin Hristov y Karen Spring
A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.
Parte III
Violencia Paramilitar en los Agronegocios
La proliferación de actores armados no estatales en casos de disputas y conflictos territoriales se puede observar en los sectores de la agroindustria, la minería, la construcción de represas hidroeléctricas y el turismo. Según una base de datos del Monitor de Derechos Humanos y Violencia Política de Honduras, “entre 2009 y 2019, cerca del 40 por ciento de todos los casos agrarios involucraron agresiones por parte de actores armados no estatales que resultaron en diversas formas de violaciones de derechos humanos, entre ellas asesinatos”.
Comencemos con el sector agroindustrial, particularmente las plantaciones de palma de aceite en el Valle del Bajo Aguán. Esta es una de las regiones más fértiles de América Latina y también la más mortífera para los defensores de la tierra y el medioambiente. Entre los años setenta y mediados de los noventa, las tierras del Valle del Aguán pertenecieron a cooperativas campesinas, hasta que la Ley de Modernización Agraria de 1992 revocó las prohibiciones de la venta de tierras de propiedad colectiva (Carasik, 2017).
Esto, junto con otros factores, permitió la rápida toma de tierras de cooperativas por un par de grandes empresas, entre ellas Corporación Dinant – propiedad de Miguel Facusse, conocido antes de su muerte como el hombre más rico de Honduras y uno de los partidarios del golpe de Estado contra Zelaya.
Desde el año 2000 se han formado numerosos movimientos campesinos con el objetivo de disputar la legalidad de estas controvertidas ventas de tierras cooperativas. Gradualmente, representantes de la mayoría de estos movimientos se unieron para coordinarse bajo la Plataforma Agraria del Valle del Bajo Aguán.
Esta organización ha estado exigiendo al gobierno una investigación adecuada sobre las circunstancias en las que se llevaron a cabo las ventas de tierras en la década de 1990, la nulidad de los acuerdos de compra y una reforma agraria nacional integral y justa. Dada la falta de respuesta del gobierno a estos llamamientos, los campesinos se han involucrado en acciones directas en forma de ocupaciones para la recuperación de tierras en disputa.
El Valle del Bajo Aguán fue la ubicación del Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) financiado por los Estados Unidos, que participó en el entrenamiento de los Contras nicaragüenses y el Ejército salvadoreño desde 1950 hasta 1980. Actualmente, el Valle del Aguán sigue siendo un sitio altamente militarizado donde los Batallones 14 y 15 de las fuerzas armadas han establecido una presencia permanente como parte de la Operación Xatruch II y III (Bird, 2013).
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El operativo militar-policial de estilo contrainsurgente ha desplegado más de 8.000 efectivos desde 2011, con el objetivo de combatir la violencia relacionada con los conflictos territoriales en la zona. Según un portavoz del operativo: “Esta es una fuerza pacificadora… Somos una fuerza que escuchará a ambas partes, para ayudarlas a llegar a un acuerdo de convivencia pacífica apoyado por nosotros de acuerdo con nuestras responsabilidades bajo la ley”. (Ramsey, 2012).
Sin embargo, el personal del operativo en realidad protege exclusivamente a los grandes propietarios a costa de los pequeños agricultores. “Las fuerzas de Xatruch protegen las plantaciones de palma de aceite junto con la pertinente seguridad privada, desalojan por la fuerza a los campesinos, intimidan a los residentes locales y acosan sexualmente a las mujeres, sin ofrecer protección a las víctimas de la violencia, dijeron en entrevista los miembros del movimiento campesino Plataforma Agraria.
Según testimonios locales, las fuerzas de Xatruch cosechan el fruto de la palma en la finca Paso Aguán, lo que parece ser un pago en especie de Corporación Dinant, financiada por el Banco Mundial (Bird, 2016).
Operativo de la policía para desalojo de familias campesinas ι Marzo 2019
El Bajo Aguán también alberga un número alarmante de ejecuciones extrajudiciales y otras formas de violaciones de derechos humanos contra miembros de movimientos campesinos locales involucrados en disputas y ocupaciones de tierras. Ha habido más de 150 casos de ejecuciones extrajudiciales de activistas en defensa de la tierra o sus familiares (Defensores en Linea, 2016).
Además, asesinatos, palizas, torturas, detenciones ilegales, intimidación, destrucción de viviendas, cultivos y ganado, y otras formas de agresión han tenido lugar en el contexto de desalojos violentos forzosos, así como el ataque a activistas y sus familias en el interior de sus hogares o en espacios públicos.
En este entorno altamente militarizado, los actores más comunes que participan en la violencia paramilitar han sido los guardias de seguridad privada y las bandas criminales locales.
Según las observaciones de 2013 del grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios, en el Valle del Aguán hay una “presunta participación de empresas de seguridad privada, contratadas por terratenientes, en violaciones generalizadas de derechos humanos que incluyen asesinatos, desapariciones, desalojos forzosos y violencia sexual”, (HRW, 2014).
El 15 de noviembre de 2010, cinco integrantes del Movimiento Campesino del Aguán (MCA) – Raúl Castillo, José Luis Sauceda, Ciriaco Monoz, Teodoro Acosta e Ignacio Reyes García – fueron masacrados por fuerzas de seguridad privadas de la empresa Orión, contratada por Corporación Dinant. Dinant admitió públicamente que sus guardias de seguridad privada habían llevado a cabo la masacre (Bird, 2013; HRW, 2014).
Al participar en acciones que normalmente están restringidas a las fuerzas de seguridad del Estado (es decir, detenciones, interrogatorios y desalojos), así como en acciones que son ilegales, como asesinatos, golpizas y tortura, los guardias de seguridad privada juegan un papel muy importante en el mantenimiento de un clima de miedo entre los residentes locales.
Un miembro del movimiento Gregorio Chávez, con sede en la comunidad de Panamá, municipio de Tocoa, da un ejemplo de ello: “al otro día la guardia de la corporación Dinant paró a un niño de 12 años y lo tiró al suelo y le quitó una maletilla que andaba, que anda comprando un fresco iba a dejárselo al papá, el papá lo había mandado en la mañana a traer un fresco y ya iba con el fresco cuando lo paró la guardia de corporación Dinant y lo tiró y lo esculcó, y le esculcó la maleta, ‘¿Qué llevas aquí, no le llevas alguna arma a tu papá?’, ‘no’ le decía el niño temblando, ‘no, no, aquí está la maleta, mire ve, busque, no llevo armas, yo lo que llevo es un fresco, que le llevo a mi papi’, estas son las cosas”, dijo en entrevista campesino Gregorio Chávez.
Por supuesto, estos no son casos específicos de la región del Aguán sino patrones encontrados en todo el país. El 2 de abril de 2020, Iris Argentina Álvarez fue asesinada por guardias de seguridad privada de la empresa CRAE´S, empleada por el Ingenio Azucarero La Grecia en Marcovia, Departamento de Choluteca, durante un desalojo violento de familias de la cooperativa Cerro Escondido que se habían asentado en la tierra hace más de un año para cultivar alimentos (Iniciativa Mesoamericana, 2020).
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No sólo las luchas de los movimientos rurales (así como de otros sectores sociales como se mostrará más adelante) se enfrentan a la violencia, sino que las propias víctimas a menudo enfrentan cargos penales como usurpación de tierras, posesión ilegal de armas, alteración del orden público, y terrorismo.
En 2011, el jefe de la policía que trabaja junto a las operaciones militares de Xatruch declaró que grupos armados extranjeros de Venezuela y Nicaragua se habían infiltrado en el Bajo Aguán para capacitar a los campesinos locales con el fin de desestabilizar el país (La Prensa, 2011). En la misma línea, el coronel Germán Alfaro, que dirige Xatruch III, afirmó que las “bandas criminales” armadas con fusiles AK-47 recibieron $7.500 de los grupos campesinos, para apoderarse de las plantaciones de palma de aceite y ponerlo a disposición de los campesinos.
No se ha presentado evidencia de esto (HRW, 2014). Actualmente, la usurpación de tierras es uno de los delitos más comunes de los que se acusa a personas pobres de las zonas rurales. Actualmente, hay al menos 6.200 trabajadores rurales o pequeños agricultores en Honduras que enfrentan cargos de usurpación de tierras (WOLA, 2019). A partir de 2018, estos casos son gestionados por los Tribunales de Jurisdicción Nacional especiales, entidades creadas en 2010 para delitos de alto impacto cometidos por grupos delictivos organizados como el narcotráfico, el terrorismo y el lavado de dinero.
