Esta semana privadas de libertad del CCP de Chillán, denunciaron la delicada situación sanitaria que se vive en la sección femenina de dicho penal, esto tras generarse un brote de Covid 19, que producto del hacinamiento, las malas gestiones sanitarias y las negligencias institucionales, resultó en el contagio de 22 presas (imputadas y condenadas) que conviven hacinadas en un mismo espacio. Entre las contagiadas se encuentran enfermas crónicas y una adulta mayor con complicaciones.
Esta situación se suma a una seguidilla de hechos nefastos dentro de las cárceles, en lo que podríamos calificar como una profunda crisis del sistema carcelario, en la cual se han incrementado las falencias de este, desde la aparición de la pandemia. De la misma manera el nuevo brote en la cárcel de Chillán, demuestra el fracaso del bullado protocolo de visitas y medidas sanitarias, puesto en marcha desde diciembre del 2020.
Las presas de la cárcel de Chillán hacen un llamado al INDH, a las instituciones sanitarias (MINSAL) y judiciales, a que se hagan presentes en el lugar para proporcionar la atención correspondiente a estas denuncias y velar por el cumplimiento de sus derechos, así como de los tratados internacionales a los cuales esta suscrito el Estado.
El único derecho que se le quita a las personas privadas de libertad es precisamente su libertad de desplazamiento, pero no pierden sus otros derechos”
Sthefania Walser. Directora Ejecutiva de Leasur.
COMUNICADO PÚBLICO DE PRESAS SECCIÓN FEMENINA CCP CHILLÁN
El día 24 de diciembre se levantó la alarma de contagiados en C.C.p Chillán sección varones , pero ese día hubo visita interpenal (mujeres se vieron con sus maridos que tienen aquí mismo en el recinto) y ahí empezó la primera negligencia de Gendarmería, ya que ellos sabiendo que habían sospechosos con Covid-19, teniendo un listado con los varones que se les hizo el pcr, decidieron dar igual esa visita y mientras mis compañeras estaban ahí, llegan los resultados de los exámenes, en los cuales aparecía un varon que estaba en visita, era positivo.
Por prevención mis compañeras pasaron aisladas altiro, sin tener contacto con la población femenina. Dentro de esos días empezaron algunas compañeras a tener síntomas extraños, el paramédico sólo nos decía que era resfriado no se realizaba ningún control nada , hasta que las enfermas cada día eran más.
El sábado 16 de enero realizaron el pcr a todas y el domingo inmediatamente llegaron los resultados, sacando a 12 aisladas que arrojaron positivo, y el lunes llegó una nueva lista arrojando 10 positivas más, en total somos 57 internas y todas vivimos en el mismo dormitorio colectivo, imputadas con condenadas.
Nos trajeron a todas las contagiadas a un anexo aparte de la sección, pero no nos han venido a chequear como corresponde, lo que más preocupante es una señora de 62 años que se encuentra muy mal, no come y le duele su pecho, pero Gendarmería dice que sólo quiere dar lástima. A ella la mantienen dopada todo el día durmiendo, pero lo que ella necesita es estar en el hospital, necesita una atención digna que la examinen completa en que condiciones se encuentra.
Otra negligencia de Gendarmería fue que apenas comenzó la pandemia, separaron a todas las crónicas para protegerlas dejándolas en un anexo por casi 8 meses, pero cuando salió el brote de los varones, sacaron a las aisladas crónicas para habilitar el dormitorio para los contagiados, mezclándolas a ellas con la población, razón por la cual tenemos 4 mujeres crónicas contagiadas, gracias a las ideas de Gendarmería cuando el cuidado debería ser más intenso para ellas, esto existiendo más habitaciones para utilizar, sin embargo decidieron dejarlas junto con nosotras.
Por último nuestra exigencia es que se presenten las instituciones necesarias (INDH y MINSAL) y que nos respondan qué pasará con nosotras y nuestras compañeras que “salieron negativo” ya que estamos todas juntas en un dormitorio muy pequeño, en donde compartíamos ellas (quienes dieron negativo) que ahora también se sienten enfermas, y nosotras, es por esto que necesitamos que se les vuelva a realizar el pcr, y que al terminar nuestra cuarentena podamos a volver a un lugar seguro, donde ya no queden contagiadas.
Queremos prevenir que esto aumente. Sabemos que si hacen el examen nuevamente habrán más contagiadas.-
Cristobal Pop es presidente de la Gremial de Pescadores Artesabales, en 2017 iniciaron una batalla social y legal en contra del proyecto minero Fénix, por la contaminación del agua del lago de Izabal, desde julio de 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) ordenó la suspención de este proyecto minero, las dos empresas que lo operan siguen en desacato de esta resolución legal. Primera Parte. Video Baudilio Choc / Prensa Comunitaria El Estor Izabal, Guatemala. Enero de 2021
La policía y soldados guatemaltecos rociaron gas lacrimógeno y utilizaron sus garrotes y escudos sobre la caravana de migrantes hondureños y hondureñas que intenta cruzar territorio guatemalteco.
El bloqueo policial y militar fue montado estratégicamente en un cuello de botella en la carretera de dos carriles hacia Chiquimula, en un área conocida como Vado Hondo.
La caravana, que salió desde el viernes anterior de la terminal de buses en San Pedro Sula, sigue con más de cinco mil integrantes. Muchos migrantes fueron obligados a regresar por las autoridades guatemaltecas pero el grueso de la misma sigue instalada en Vado Hondo.
Los migrantes han pasado una noche muy fría en Vado Hondo, Chiquimula, Guatemala. Los migrantes permanecen allí sin poder pasar por el bloqueo policial y militar que ha impuesto el gobierno de Guatemala. No hay alimentos ni acceso al agua. Las tiendas cercanas cerraron sus puertas.
A continuación se presenta el segundo artículo de la serie Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo, que reflexiona sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Este es el según texto de una serie de cinco que Avispa Midia publica cada domingo.
No toda la violencia colectiva en Honduras se puede explicar a través de las actividades de las organizaciones criminales y las pandillas. Los militares estatales, la policía y otros miembros de su aparato coercitivo, así como los actores armados no estatales, se involucran en la violencia pro-capitalista – un tipo de violencia que es funcional para el capital al crear, reproducir o restaurar las condiciones para la acumulación de capital.
El concepto de violencia pro-capitalista desarrollado por Hristov (2020) nos invita a conceptualizar una nueva forma de violencia – no en términos de los actores que la ejercen sino en términos de sus implicaciones estructurales – en función de su relación a las estructuras de clase.
Una de las razones por las cuales la violencia pro-capitalista es de naturaleza estructural es que interactúa con las estructuras legales, particularmente la legislación económica y de seguridad. Este aspecto es muy pertinente para el caso de Honduras. Como se demostrará en lo que resta de este artículo, el uso sistemático de la violencia contra periodistas, estudiantes, campesinos, indígenas, organizaciones de mujeres y otros sectores de la sociedad civil no puede explicarse como producto de la criminalidad, abuso de poder o coincidencias accidentales entre las actividades de los actores armados y los intereses capitalistas.
La violencia pro-capitalista se utiliza cuando personas y colectivos se manifiestan contra la reestructuración económica neoliberal discutida previamente. La violencia llevada a cabo, no solo por actores estatales sino también no estatales, sirve para hacer cumplir leyes y políticas económicas neoliberales que facilitan la acumulación del capital, frente a la resistencia de la población adversamente afectada. Al mismo tiempo, la legislación en materia de seguridad legitima la violencia dirigida a neutralizar los obstáculos que surgen de los agravios de los movimientos sociales desde abajo y criminalizar a quienes obstaculizan los avances del capital.
La Violencia Paramilitar
La violencia pro-capitalista se presenta en diferentes modalidades: producto del tipo de actor (estatal / no estatal) y si la violencia contraviene la legislación existente. Debido a que académicos y funcionarios del Estado suelen clasificar la violencia según el tipo de actor armado, los casos de violencia pro-capitalista en Honduras y otros países de América Latina terminan categorizados simplemente como violencia criminal relacionada con actividades de pandillas u organizaciones de narcotráfico. Por lo tanto, es crucial reconocer las diferentes modalidades: (1) estatal legal, (2) estatal ilegal, (3) no estatal legal y (4) no estatal ilegal.
La primera modalidad es llevada a cabo por actores estatales dentro de los parámetros de sus deberes legalmente prescritos; por ejemplo, “contener” (es decir, reprimir) las protestas para mantener el orden y la seguridad, o desalojar a los campesinos en relación al cumplimiento de una orden judicial.
Represión de protestas ante la privatización de la salud y educación. Tegucigalpa, Abril 2019
La segunda modalidad es lleva a cabo por actores estatales que participan en acciones fuera de su servicio; por ejemplo, ejecuciones extrajudiciales, violaciones y torturas. La tercera es la de actores armados no estatales que realizan operaciones que no contravienen la legislación existente; por ejemplo, personal de seguridad privada que dispara para proteger a su cliente en un ataque.
El sector de seguridad privada genera gran flujo de capital
La cuarta ocurre cuando los actores armados no estatales se involucran en actividades que: (a) están fuera de sus obligaciones habituales (como parte de un trabajo asalariado) pero que no violan directamente ninguna ley, como es el caso del personal de seguridad privada que acompaña a la policía estatal en casos de desalojo, o para participar en registros y detenciones arbitrarias de personas; y / o (b) son contrarios a la ley como asesinatos, amenazas, violaciones, torturas, desplazamientos forzados y secuestros.
En esta modalidad (4b) pueden existir actores que se encuentran empleados formalmente, como guardias de seguridad privada que durante o fuera del horario de su trabajo formal realizan violencia ilegal, o actores que solo trabajan en la realización de actos de violencia ilegal, es decir, sicarios a tiempo completo. Categorizamos dos modalidades de violencia pro-capitalista, las 2 y 4, como violencia paramilitar – esto es, actores estatales que participan en violencia fuera de su servicio legalmente prescrito y actores armados no estatales que participan en violencia más allá de la definición formal de su trabajo (si lo hay) y / o infligen daño a civiles de manera ilegal.
En Honduras, tanto la violencia estatal como paramilitar sustentan estructuras de poder institucionalizadas. Así, actos de violencia como la represión violenta de las protestas estudiantiles o la violencia sexual vivida por mujeres lideresas comunitarias contra la minería, contrastan con la violencia de pandillas que surge de la guerra con pandillas rivales, extorsión y control social no orientado a reproducir relaciones institucionalizadas de acumulación del capital.
Los actores estatales (militares) o no estatales (personal de seguridad privada) utilizan la violencia descrita en todas las modalidades, junto con un grupo armado de civiles reclutados localmente o residentes integrados en las comunidades locales empleando la violencia descrita en la modalidad 4.
Estos reclutas locales o bandas (grupos delictivos organizados localmente a pequeña escala) cuentan con una cultura y unos conocimientos locales y pueden aportar información esencial que ayude a identificar a los agentes clave que representan una amenaza para los intereses capitalistas. Las bandas no solo ejercen violencia, sino que también generan terror psicológico que es particularmente efectivo cuando los grupos o comunidades en resistencia están extremadamente unidos y no se ven afectados por la violencia estatal.
Militarización y criminalización: dos condiciones esenciales para la violencia paramilitar
La violencia paramilitar en Honduras ha sido llevada a cabo por: personal de seguridad privada, militares en activo o ex-militares u otro personal de seguridad del Estado, sicarios (pistoleros contratados), pandilleros, bandas de narcotraficantes y grupos de civiles armados al estilo paramilitar.
Es importante señalar que la proliferación de la violencia paramilitar en el país ha concordado con un resurgimiento de las prácticas de contrainsurgencia, desde la Guerra Fría y justificadas bajo el mantra de la Guerra contra las Drogas. En 2009, Estados Unidos creó la Iniciativa de Seguridad Regional Centroamericana (CARSI), que surgió de la Iniciativa México-Estados Unidos Mérida.
CARSI recibió un presupuesto de $496 millones entre 2008 y 2013; el programa fue diseñado para incluir la participación de contratistas privados de seguridad, la CIA, así como las fuerzas militares de Estados Unidos y Colombia, para combatir las organizaciones criminales y el narcotráfico. En 2011, el Pentágono aumentó su gasto en contrataciones en Honduras a 53,8 millones (Paley, 2014).
Tegucigalpa, Mayo 2019
El Plan Colombia, así como las organizaciones paramilitares colombianas, han servido como modelo para el diseño de reformas policiales y de militarización en Honduras, que han fortalecido el poder de las fuerzas de seguridad del Estado, aumentado la militarización y facilitado la “cooperación” entre la seguridad pública y privada.
Este fortalecimiento del aparato coercitivo del Estado a través de una mayor militarización y la proliferación de asociaciones de seguridad público-privada ha ido acompañado por una legislación de seguridad orientada a la flexibilización del uso del ‘Estado de emergencia’ y la criminalización de la protesta social y el activismo por el derecho a la tierra y protección del medioambiente.
Un ejemplo de ello son las reformas del artículo 335 del código penal, realizadas en el 2017, que ampliaron la definición de lo que constituye el delito de terrorismo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y otras entidades han expresado su preocupación por la ambigüedad de los delitos definidos en la reforma, que permiten interpretaciones muy dispares y sanciones sobre conductas que no corresponden a la gravedad y naturaleza del delito de terrorismo (OEA, 2017), y en consecuencia, perjudican el trabajo de defensores de derechos humanos, periodistas y movimientos sociales.
La criminalización de la disidencia se manifiesta en detenciones arbitrarias durante manifestaciones o acciones de recuperación de tierras, detenciones como parte de procesos judiciales, prolongación de procesos judiciales en los que se restringe enormemente la acción y libertad de movimientos de las víctimas, y estigmatizaciones mediáticas donde los principales medios de comunicación retratan a los movimientos sociales, activistas y quienes los defienden como criminales o terroristas (OCMAL, 2016).
Breves discusiones sobre los grupos paramilitares en el contexto hondureño comenzaron a aflorar en los medios de comunicación en 2009, dos meses después del golpe, en relación a la reclutación de alrededor de 130 ex-miembros de la organización paramilitar más grande de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), para trabajar para empresarios y terratenientes hondureños en el Valle del Aguán y para sofocar las protestas nacionales contra el golpe (El Tiempo, 2009; BBC, 2009). Sin embargo, posteriormente, las menciones a los grupos paramilitares disminuyeron a pesar de que continuó la violencia paramilitar.
En la actual Esquina de “las fotocopiadoras” de la 4ª avenida y 9ª. calle de la Ciudad de Guatemala, el 13 de enero de 1971, culminaba el plan de eliminación del último miembro de la Comisión para el Estudio de las Inversiones Extranjeras en Guatemala, USAC.
Como hoy, muy seguramente hace 50 años la muerte de esta persona pareciera carente de importancia directa a las familias campesinas a 268 km. en Panzós, Alta Verapaz. Pero la comprensión de un intrincado plan geopolítico, verdades ocultas por empresarios y gobernantes, un jugoso negocio transnacional en medio de dictaduras militares, la dignidad y resistencia del pueblo Q´eqchi´ y el sacrificio de cuatro profesionales de la Economía y el Derecho lo explica.
Para que sepas o confirmes su importancia te comparto este PDF. Quise haber terminado una versión actualizada de mi investigación pero la búsqueda de la sobrevivencia al 2020 no me lo permitió. Estoy trabajando en ella desde hace un tiempo. Y te la compartiré cuando este terminada ojalá en 2021.
Por de pronto desde mi taller dedico mis palabras y colores a Oscar Adolfo Mijangos López y la línea continuada de victimas provocadas por la minería en la Cuenca del Río Polochic.
El Gobierno fue mal calificado en el manejo de la epidemia en Guatemala a 10 meses del aparecimiento de primero de los casos covid-19 positivos. Este 14 de enero, el presidente Alejandro Giammattei presentó el primer informe de su Gobierno en un acto en el Congreso de la República, para el Laboratorio de Datos, el presidente y los distintos ministros de salud pública han realizado un mal manejo de la epidemia de la covid-19 en Guatemala.
No existe transparencia en la ejecución de los fondos destinados para contener y prevenir la pandemia, los trabajadores de salud, especialmente los de la primera línea de atención no cuentan con insumos, equipo y salarios para el trabajo que realizan. Sumado a esto, el presidente decidió que cada guatemalteco y guatemalteca resuelva por si mismos como enfrentar la epidemia que en este momento registra un repunte de la cantidad de contagios a nivel nacional.
A pesar de los serios cuestionamientos por la falta de realización de 5 mil pruebas covid-19 o más al día, la cifras que traslada el Ministerio de Salud siguen siendo deficientes, según el Mspas, Guatemala alcanzó al día 13 de enero los 146 mil casos 937 casos positivos acumulados y los 5 mil 151 fallecimientos, datos que fueron cuestionados por Laboratorio de Datos porque no reflejan los datos reales.
Compartimos el análisis y las conclusiones publicadas este día por el Laboratorio de Datos sobre el mal manejo que el Gobierno ha hecho de la epidemia.
Manejo de la epidemia en Guatemala durante el 2020
Laboratorio de Datos GT realizó un balance del manejo de la emergencia por COVID-19 al final del primer año de Gobierno del presidente Giammattei.
Si bien se tomaron medidas de restricción tempranamente, se implementaron políticas sociales y económicas, estas se acompañan de cuestionables decisiones y no fueron suficientes para contrarrestar los efectos de la crisis.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS- destinó Q500 millones al manejo de la crisis que implicaron reducir el presupuesto destinado a la prevención de la desnutrición crónica en el país. Esto es inaceptable bajo cualquier punto de vista considerando que el país posee un 46.5% de sus niñas y niños menores de 5 años afectados con esta tragedia.
Derivado de varias ampliaciones presupuestarias que aprobó el Congreso de la República esta entidad llegó a tener un presupuesto vigente para atender a los pacientes afectados con COVID-19 de Q1,694.4 millones (en junio). Posteriormente este tuvo reducciones de hasta Q129.8 millones dejando un presupuesto vigente a diciembre de Q1,564.6 millones. Al cierre del ejercicio fiscal 2020 solamente fue ejecutado el 78.1%, siendo en extremo vergonzoso que el hospital que el Presidente de la República inauguró como emblemático en la lucha contra la pandemia: el Hospital de Villa Nueva, apenas pudo ejecutar el 53.8% de su presupuesto. A esto se le suma las protestas del personal médico en primera línea por el atraso en el pago de sus salarios.
A pesar de haber creado dos instituciones ad-hoc: Comisión Presidencial de atención a la emergencia COVID-19 -COPRECOVID- y el Comité Nacional de Coordinación para Vacunación contra COVID-19, el control de la epidemia se destacó por la falta de una estrategia adecuada para el control de la epidemia, un deficiente testeo, escaso rastreo, mal uso del recurso público y retraso en la gestión para la adquisición de la vacuna.
El 2020 dejó un sistema de salud más debilitado, una población con hambre, y el lamentable registro de más de 12,500 muertes en exceso.
El manejo de datos para la toma de decisión y la comunicación han sido las mayores debilidades. Desde Laboratorio de Datos GT. seguiremos trabajando en recomendaciones estratégicas que sirvan al manejo de la epidemia, plan de vacunación, ejecutar el gasto con transparencia, efectividad, eficiencia y sobre todo con criterio de oportunidad a fin de que el Gobierno pueda recuperar cuotas de legitimidad y credibilidad.
Este jueves14 de enero el presidente Alejandro Giammattei presentó su primer informe de gestión, pero la población no lo recibió como él esperaba, y nuevamente salió a las calles a manifestar el descontento y a exigir su renuncia.
Por Gilberto Escobar
El rechazo popular a la gestión de Giamattei se centra en la desatención que brindó a los sectores vulnerables de población durante la pandemia de coronavirus, sumado a la falta de apoyo a las comunidades que lo perdieron todo durante las tormentas tropicales Eta e Iota que golpearon al país en noviembre; los sectores sociales, colectivas feministas, autoridades indígenas, sindicalistas, estudiantes, también señalaron la imposición de estados de prevención durante el paso de las caravanas de migrantes hondureños, el incremento de femicidios y violencias contra las mujeres, embarazos por abusos sexuales en niñas; incremento de la pobreza y desnutrición, entre otros.
Foto: Nelton Rivera.
Ciudad de Guatemala
En la mañana del jueves 14 de enero, varios sectores sociales se concentraron en el parque central de la plaza de la Constitución, en donde repudiaron el primer año de gobierno de Giammattei, otros sectores como la Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda De León, de la Universidad de San Carlos recordaron la excesiva violencia de las fuerzas de seguridad que reprimieron las manifestaciones ciudadanas del 21 de noviembre #21N y las sucesivas, donde la población también salió a cuestionar la gestión del Gobierno y como resultado dos personas perdieron un ojo, varias heridas y hasta denuncias de torturas durante las detenciones.
Grupos como Sororidad Guatemala en el marco del primer año de gobierno también publicaron en sus redes sociales una serie de estadísticas donde señalan la incompetencia del Gobierno, señalando que en los primeros días de enero se han activado 43 alertas Alba Kent y durante el 2020 unas 695 mujeres se reportaron desaparecidas con la alerta Isabel Claudina, sumado a 455 femicidios y 77 mil 847 embarazos en niñas y adolescentes en las edades de 10 a 19 años.
Otros de los motivos que la población señaló fueron el mal manejo de fondos y falta de transparencia durante la pandemia (10 programas sociales) y el abandono institucional durante las tormentas Eta y Iota, ya que varias comunidades aún siguen sin recibir atención e incomunicadas; la gota que derramó el vaso en la recta final del 2020 fue el presupuesto que se pretendía aprobar para el 2021 por parte de los diputados del Congreso.
En Quetzaltenango
Varios líderes comunitarios, autoridades ancestrales y sectores sociales se fueron sumando en la tarde del jueves, para iniciar con una caminata pacífica en rechazo al primer año de Giammattei, en el departamento de Quetzaltenango, en el trayecto varias personas se fueron sumando y la caminata concluyó en el parque central de esa localidad con varios discursos.
En las afueras de la municipalidad se encontraban unos 50 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) resguardando el edificio.
Foto: Gilberto Escobar.
Entre los mensaje que portaba la población en algunas pancartas se destacaron: “un pueblo pasivo es un pueblo oprimido, el pueblo está en total abandono por el Gobierno; si eres neutral has elegido el lado del opresor, el pueblo exige cuentas claras”.
Foto: Gilberto Escobar.
José Luis Ramírez, autoridad del pueblo maya K’iche’ comento que los motivos de la movilización fueron en torno a la presentación del informe del mandatario “durante la pandemia y las dos tormentas tropicales la población quedó desprotegida y el gobierno no cumplió en proteger la vida de la población”.
Ramírez recalcó que “la población no acepta el informe del mandatario”.
Para el académico Percy Aguilar, de ese departamento, quien portaba una pancarta señalando al gobierno como “reprobado”, además calificó como “nefasto al gobierno de Alejandro Giammattei” e indicó que por eso rechazan su gestión, así como el actuar del Congreso y de las autoridades del sector justicia del país.
Aguilar señala que a nivel local también se están dando grandes actos de corrupción en varias dependencias.
La población de Quetzaltenango también hizo un llamado para conformar una asamblea plurinacional de carácter urgente, para abordar las problemáticas nacionales.
Las autoridades ancestrales de ese departamento también expresaron que en abril enviaron un documento al mandatario Giamattei con sus propias propuestas para abordar la emergencia durante la pandemia de coronavirus, pero nunca recibieron respuesta.
Marta Elena Toj, de las autoridades comunitarias de Quetzaltenango, tomó el micrófono y en su discurso cuestionó al gobierno de Giammattei, e indicó que también se debe discutir la Ley Electoral y de Partidos Políticos.
ESTADOS UNIDOS ESPECIAL: Sobre la toma fascista del congreso en Estados Unidos y las amenazas de más violencia de grupos derechistas. Se afinan las politicas de criminalizacion del antifascismo. Mientras sigue creciendo la pandemia, principalmente con los más pobres y los que estan presos. Por Yisus Wero
WALLMAPU CHILE: Represion al pueblo Mapuche en varias comunidades el mismo dia que se demuestra el crimen contra el mapuche Catrillanca, el pueblo se solidariza y sale a las calles, continua la revuelta. Prensa Opal, Radio Kvrruf, Primera Linea Prensa
PANAMA: Cumplen 12 años de la Radio Temblor Medio independiente de la realidad CentroAmericana e Internacional. Radio Temblor
CHILE: PLAZA DIGNIDAD, LOS MEDIOS POPULARES CONTRA LA PRENSA OFICIAL CANALLA.
DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
CDMX: Fallece por Covid el compa Tobi anarquista y uno de los responsables de la anarquista Biblioteca Social Reconstruir. Adios al compa Tobi. Por Juan Perez
GUANAJUATO: En pleno pico de pandemia y con miedo al narcoestado las familias y amigues de víctimas de desaparición forzada encontraron 100 bolsas con restos humanos y 15 cuerpos. Guanajuato es el estado con más homicidios de la república y el segundo con más fosas clandestinas. Animal Politico
GUERRERO: Denuncian al candidato de morena en Guerrero de violación sexual a una Mujer y advierten que no es la única denuncia de violencia sexual en su contra. Andrés Manuel sostiene que es un plan de desprestigio a su partido. Animal Politico.
MUSICA:
-Niña mapuche – Arbolito
-Delincuencia, tema de la Polla Records en salsa por Lenin “Güiroloco” Jiménez
– Corrido a “Samir Flores Soberanes”, María Antonieta
La zona sur de Santiago vivió una masiva jornada de protesta el Jueves 7 de Enero protagonizada por compedales unidos bajo las consignas “la protesta no es delito” exigen la libertad de los presxs políticos de la revuelta y el fin del sename , institución encubridora de graves delitos contra de la niñez.
fotos gentileza Jessu Carvajal
Desde la convocatoria declaran “que hay libertad para delinquir , pero cárcel para pedir lo justo. Según el gobierno lxs presxs políticxs violan la constitución , que impusieron a fuego sangre. Libertad a las y los que dieron todos para que vivamos dignamente”.
El recorrido visitó dos centros del sename en las que por el negligente funcionamiento de estos centros.
El descontento social por la corrupción del Gobierno de Guatemala continúa convocando las acciones de la ciudadanía en distintos lugares del país, el día 8 de enero el Colectivo Ciudadano de Quetzaltenango y varios ciudadanos y ciudadanas, solicitaron al alcalde municipal de ese municipio que desconozca públicamente a Alejandro Giammattei Falla, como presidente de Guatemala. Adjuntaron una documento a la espera de que el actual alcalde municipal actué.
A través de un memorial, solicitan a Juan Fernando López que en una Sesión de Concejo Municipal, desconozca al Gobierno de Giammattei, al Vicepresidente Castillo Reyes, y lo haga público el 14 de enero. Además exigen que los diputados electos por el distrito den cuentas de los recursos que fueron asignados para Quetzaltenango para la crisis sanitaria de la covid-19.
Expresaron que la población ve la incapacidad, opacidad y el mal manejo de los recursos públicos para atender la crisis sanitaria de la pandemia y la inexistencia de un plan de vacunación como si lo están haciendo países como México, El Salvador y Costa Rica y el abandono de miles de personas damnificadas por las tormentas tropicales Eta e Iota.
En el documento expresaron:
“La ciudadanía en general ha mostrado su rechazo en contra del actual gobierno de Guatemala, encabezado por el actual Presidente Alejandro Giammattei y su Vicepresidente Guillermo Castillo, como se puede constatar en las Manifestaciones del Veintiuno de Noviembre, Veintiocho de Noviembre, Tres de Diciembre, Diez de Diciembre y Diecisiete de Diciembre del año dos mil veinte, en la ciudad de Quetzaltenango.
Y, agregado a eso la actuación por parte del Congreso de la República, que aprobó el Presupuesto General de la Nación, de forma opaca y antidemocrática, ya que lo hicieron en horas de la madrugada a espaldas de la población y sin la suficiente discusión que se debe para un monto de CIEN MIL MILLONES DE QUETZALES, destinando fondos a otros rubros que no son prioritarios en las emergencias que estamos viviendo como lo son la pandemia mundial y las tormentas tropicales que afectaron a la población del nor-occidente, nor-oriente y norte del país.
Por ello en toda Guatemala hubo manifestaciones pacíficas, mostrando un rechazo rotundo al Presidente, Vicepresidente, Congreso de la República, por su inoperancia, incapacidad, y falta de acción ante las necesidades de la población, ante la falta de un plan social, sanitario y económico para contener la pandemia y para las personas damnificadas del nor-occidente, nor-oriente y norte del país, por las tormentas que afectaron esas áreas.
Sumando a lo anterior, en las manifestaciones del sábado 21 de noviembre del año dos mil veinte, hubo un abuso de autoridad y represión por parte de la Policía Nacional Civil, y en la cadena de mando, Director de la Policía Nacional Civil, Ministro de Gobernación y el Presidente Alejandro Giammattei, por lo que hubo un uso de la fuerza desmedido, detenciones ilegales y represión por parte de las autoridades a la población que se manifestaba en forma pacífica y de forma legítima el descontento y la indignación hacía el gobierno; por todo lo anteriormente manifestado.”
