Latinoamérica | Radio Zapatista

Enfrentamiento entre Comunidades lavkenche e Infantes de Marina tras provocación militar

Fecha:19 Oct 2021

Octubre 19, 2021 Colectiva La Zarzamora

Por:La Zarzamora/Fotografía: Aukin

Durante la tarde de este 19 de octubre comunidades mapuche de la franja lavkenche, comunicaron que se produjo un enfrentamiento entre pu weichafe y militares, luego de que las fuerzas represivas destruyeran una barrera de control sanitario levantada por las comunidades en Wentelolen como medida preventiva en territorio que ha desarrollado una larga lucha de reivindicación, recuperación y control territorial.

El enfrentamiento se habría producido en el territorio lleullueche entre Wentelolen por el norte y Curapaillaco por el sur, en el cual pu weichafe habrian confrontado la provocación tanto de policías como de militares.

Se hace una llamado a organizaciones de DDHH a estar al tanto de estos hechos y a hacerse presentes. Así mismo se llama a los medios libres a que entreguemos la mayor cobertura posible en esta “nueva pacificación” del WallMapu.

COMUNICADO URGENTE

Hoy 19.10.2021 a las 14: 30 hrs, empezaron los enfrentamientos de las comunidades contra Carabineros de Chile y efectivos del ejército……

Urgente llamado a observadores de derechos humanos y medios alternativos…

Se informa que se estarían produciendo enfrentamientos entre agentes del Estado y las comunidades en el Wallmapu, zona lavkenche.

Solicitamos estar atentos, ya que se están viendo las primeras consecuencias de la militarización de la Macrozona Sur.

Comunidades de LLeu-Lleu
Vocero de la CAM

Avispa Midia

Honduras: A dos meses de las elecciones se criminaliza la protesta

Fecha:19 Oct 2021

Por Vanessa Garcìa Navarro

En una sesión ordinaria que se llevó a cabo en línea el 7 de octubre, el Congreso Nacional de Honduras modificó el código penal e incrementó las penas por el delito de usurpación de 4 a 6 años.

El delito de usurpación se puede definir constitucionalmente como apoderarse de una cosa inmueble con el objetivo de causar un perjuicio a otro, que ahora se extiende “se trate de bienes del Estado o destinados al servicio público como son el derecho de vía, carretera, calle, jardín, parque, área verde, paseo u otros lugares de uso o domino público o de cualquier otro bien raíz del Estado”, que se ve agravado cuando “cuando intervengan dos o más personas”. En reducidas palabras, se restringe el derecho a la manifestación social.

A menos de dos semanas de las elecciones populares que se celebrarán el 28 de noviembre (para elegir jefe de Estado, diputados, alcances y vicealcaldes), parece evidente que el Estado se está blindando para evitar movilizaciones como las que se observaron en 2017, cuando hubo acusaciones de elecciones fraudulentas. Si antes el gobierno fue capaz de reprimir a los manifestantes violentamente, ahora se coloca en una posición donde la brutalidad ispo facta es únicamente la antesala de una posible condena de cárcel por ejercer el derecho a manifestarse.

Al deslegitimizar el derecho a las protestas se intenta infundir miedo para la ciudadanía en general, pero sobre todo es una amenaza contra los campesinos, pueblos indígenas, pueblos negros, activistas y víctimas de delitos que encuentran en la manifestación su arma más efectiva para defenderse no sólo de sus agresores, sino del mismo gobierno que se niega a hacerles justicia o a veces es el propio victimario.

Justamente el delito por usurpación ha sido el pretexto predilecto para cometer injusticias en contra de las minorías y organizaciones civiles. En marzo de este año, las lideresas de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), Marianela Mejía Solórzano y Jennifer Mejía Solórzano, fueron interceptadas por la policía nacional acusadas del delito de usurpación, sin siquiera especificarles las características de los cargos que se les imputaban (a quien o en donde fue el daño).

Estas privaciones de la libertad sucedieron justamente un día antes de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos diera seguimiento a una sentencia que tenía como responsable al Estado por violar el derecho de propiedad colectiva de la comunidad Garífuna. Finalmente fue la difusión internacional del caso lo que ayudó a la liberación de las mujeres.

En tanto, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) se ha manifestado a través de su cuenta de Twitter que este hecho “es una acción para arremeter en contra de las luchas emblemáticas que lideran los pueblos originarios por la defensa de los territorios”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) externaliza igualmente una enorme preocupación por los posibles actos de criminalización que se orquestaran si esta reforma no es discutida “en condiciones y tiempos que permitan el debate y el escrutinio público, instando a que se reconsideren estas normas”.

Por su parte la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras ha lanzado un comunicado para hacer un llamado a la comunidad internacional para enfocar su atención en lo que acontecerá en el país centroamericano en las próximas semanas.

Entre otras alarmantes reformas se encuentra el hecho de que la lucha por la corrupción se ha entorpecido deliberadamente, dado que a partir de ahora se limita el acceso a información de casos de tal índole.

Avispa Midia

Gobierno de Colombia responde desde una lógica de guerra al Paro Nacional

Fecha:19 Oct 2021

Por Sare Frabes

Tras el estallido del Paro Nacional en Colombia, iniciado en abril de 2021, el tratamiento de las protestas por parte del gobierno, a través de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares, “es similar a la estrategia militar que utiliza el Estado para combatir a actores armados ilegales, es decir, se utilizan discursos y técnicas con el objetivo de enfrentar a un enemigo interno”, denunciaron 41 comisionados y comisionadas de 14 países quienes conformaron La Misión de Observación Internacional por Garantías a la Protesta Social y Contra la Impunidad en Colombia (Misión SOS Colombia).

En contexto:Tras 5 días de protestas, cae reforma tributaria en Colombia

Apegados en artículo 37 de la Constitución Política de Colombia, sobre el derecho a la protesta, una amplia participación ciudadana inició un Paro Nacional el pasado mes de abril. Justo en medio de la pandemia de la Covid-19 se dislocaron diversas acciones, que continúan hasta hoy, sobre todo, por un contexto de crisis socioeconómica estructural con altas tasas de desempleo, aumento de la pobreza y de la pobreza extrema y la falta de respuesta del Gobierno sobre la crisis sanitaria.

“Desde el 28 de abril, los ejercicios de resistencia se han desarrollado de manera continua en zonas urbanas, periurbanas y rurales del país. Las movilizaciones han sido descentralizadas y han desarrollado tanto repertorios tradicionales como marchas, bloqueos o cortes de ruta, toma de entidades o instalaciones, recuperaciones de suelos, huelgas de hambre y resistencia civil, como nuevas manifestaciones creativas”, documentó en su Informe la Misión SOS Colombia, presentado el pasado 7 de octubre.

Los observadores internacionales han resaltado que el trato que ha dado el gobierno de Iván Duque, mandatario de este país, ha sido desde la doctrina militar, destacando el “actuar de la Policía Nacional y las Fuerzas Militares como institución, es decir, no como situaciones ocasionales y particulares sino, por el contrario, como una política definida antes, durante y posterior a las movilizaciones y protestas”, a ellos se sumaron, “paramilitares y personas civiles armadas”, que actuaron con el cobijo del Estado.

Los 41 integrantes de esta misión se reunieron con defensoras y defensores de derechos humanos, medios de comunicación alternativos, con la comunidad LGBTIQA+, juventudes, estudiantes, artistas, entre otros. Documentaron que la violencia sistemática del Estado colombiano ha recurrido al “homicidio selectivo de las víctimas, quienes regularmente eran personas jóvenes que estaban participando activamente en las marchas”, así mismo, “la desaparición forzada fue una práctica sistemática” contra los activistas.

Var también: Colombia, el covid-19 es el menor de los problemas

Los cuerpos policiacos y militares también recurrieron a la “tortura sexual contra las mujeres y la población LGTBIQA+; esta situación obedece a un patrón misógeno y patriarcal que se empleó para causar terror en las personas manifestantes”, sostienen los observadores.

Al uso excesivo y desproporcionado de la fuerza, se suma “la utilización de armamento, municiones no permitidas, así como la manipulación de municiones para causar un daño e impacto mayor sobre la salud y la vida”, destaca este informe.

De acuerdo con la información obtenida por la misión, Colombia ocupa el segundo lugar en América Latina, con mayor número de efectivos de fuerzas militares que asciende a 295 mil miembros de las fuerzas armadas, sólo superado por Brasil. Además, 195 mil efectivos de la Policía Nacional militarizada que depende del Ministerio de Defensa.

Colombia, que ha recibido entrenamiento y armamento de los Estado Unidos con el paquete de ayuda militar denominado “Plan Colombia”, dedica el 3,4% del PIB a gasto militar que absorbe el 16% del presupuesto nacional. “Tras Estados Unidos, es el segundo país del continente americano que dedica un mayor porcentaje del PIB a gasto militar”, arremeten los observadores de derechos humanos.

Por ello, la misión exigió a los Estados Unidos, y a cualquier país que brinda armamento militar o material antidisturbios, “ la suspensión de ventas comerciales o donaciones de tal armamento”. También a la Unión Europea, “se le exige la suspensión de venta de armamento militar y material antidisturbios en virtud del criterio 2 del Código de conducta de la UE en materia de exportación de armas”.

Mientras tanto, a los Estados y organismos financieros internacionales, entre otras exigencias de la misión, destaca que se abstengan a “autorizar inversiones destinadas a la fuerza pública en Colombia que ha sido cuestionada gravemente en su estatus de institucionalidad democrática”.

El saldo

Las y los integrantes de la misión recibieron más de 70 informes de organizaciones locales y regionales y recabaron al menos 180 denuncias directas de personas víctimas en el marco del Paro Nacional.

De acuerdo con registros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), se presentaron más de 400 asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia entre enero de 2016 y diciembre de 2020, aproximadamente 120 asesinatos en 2020 y, al menos, 116 asesinatos en lo que va de 2021.

Mientras que el Informe Anual de Global Witness de 2020, destacó que Colombia, por segundo año consecutivo, es el país con mayor número de asesinatos contra personas defensoras del medio ambiente en el 2020.

Las reivindicaciones

Las reivindicaciones de los manifestantes sigue siendo, entre otras, renta básica, intervención y financiación estatal al sistema de salud, derogatoria de algunos de los decretos presidenciales expedidos durante la emergencia sanitaria, la defensa de la producción nacional agropecuaria, industrial y artesanal, matrícula cero en la educación superior, acciones diferenciadas para garantizar la vigencia de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales.

Resaltan también reivindicaciones como la implementación del Acuerdo de Paz y el rechazo a las masacres y asesinatos de líderes y lideresas indígenas, sociales, del campesinado, ex combatientes y defensoras y defensores de derechos humanos.

La misión también lanzó una serie de exigencias inmediatas al gobierno colombiano, como el cese de los actos de señalamiento, persecución, amenazas, criminalización y ataques contra manifestantes, líderes/as de las protestas.

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También que las y los comunicadores sociales, las y los defensores de Derechos Humanos, organismos de la sociedad civil, brigadas de salud puedan gozar de una protección adecuada que les permita el ejercicio de sus funciones.

Exigen, además, que se derogue el Decreto 575 de 2021 de asistencia militar, a través del cual, el Gobierno Nacional impartió medidas represivas para el restablecimiento del orden público.

Nueva jornada

El Comité Nacional de Paro prepara una nueva jornada de movilización ciudadana en todo el país para el próximo miércoles 20 de octubre.

Latinoamèrica Rompe el Cerco

TENDRÁ LUGAR EL JUICIO QUE LA JUSTICIA FEDERAL INICIA CONTRA MARÍA NAHUEL, LUCHADORA Y DIRIGENTE MAPUCHE ESTE VIERNES

Fecha:14 Oct 2021

La Gremial de Abogadas y Abogados de la República Argentina asumirá su defensa. La doctora Rosario Fernández y el doctor Gustavo Franquet serán sus abogados. Lxs doctorxs Laura Taffetani y Eduardo “El Negro “Soares, sus testigos.

La fiscal federal Little aparece en el juicio como víctima. La misma fiscal que ordenó el operativo en el que fue asesinado su sobrino Rafita y en el que fue herida su propia hija.

María Nahuel ha dicho una y mil veces que no le teme a esta justicia hegemónica y burguesa que la acusa pero no investiga los atentados hacia ella y su familia que en estos días ha sufrido el cuarto intento de incendio a su ruka.
La Gremial, ha manifestado y demostrado históricamente en los hechos su decisión de apoyar las causas y luchadoras y luchadores populares de Argentina, Latinoamérica y del mundo. Asumiendo su tarea de defensa desde su profundo respeto por la digna lucha de los pueblos originarios a los que este sistema capitalista tremendamente injusto y perverso continúa saqueando, persiguiendo y oprimiendo, ESTÁ PRESENTE en la defensa de decenas de causas contra el pueblo mapuche en toda la Patagonia, en Salta con los Wichis, en Chaco con los Qom.

No ignoramos la avanzada de la derecha reaccionaria y supremasista que con el único objetivo de resguardar sus privilegios y sus propiedades privadas no ha dudado en “ escudarse “ en la defensa de sus ddhh, para justificar la represión y acusar de terroristas a las comunidades que luchan por su inalienable derecho a recuperar sus territorios ancestrales saqueados por el estado argentino y sus secuaces.
Tampoco ignoramos que La Gremial “molesta” con sus declaraciones porque no rinde cuentas ni pleitesía a ningún gobierno o partido al servicio de los poderosos de este sistema capitalista. A diferencia de sus detractores, solo da cuentas a sus defendidxs poniendo el cuerpo y todo su conocimiento para defender sus causas, orgullosos y coherentes con la heroica historia de lucha en las organizaciones revolucionarias de las que sus fundadores fueron parte.
Este viernes a las 14 hs, junto a todxs lxs vecinxs, organizaciones, sociales y políticas frente a las puertas del Juzgado estaremos frente a la puerta del juzgado federal mientras se desarrolla el juicio, acompañando a María Nahuel, quien como ella dice, se mantiene firme en su derecho y responsabilidad de luchar sin renunciamientos por la liberación de su pueblo. A su lado, luchando a la par de María estará como siempre, La Gremial de Abogadas y Abogados.

✍? Grupo de Apoyo a la Gremial de Abogadas y Abogados de Bariloche.
? Bariloche, Octubre de 2021

Avispa Midia

Tras demora judicial, COPINH exige sentencia en caso Berta Cáceres

Fecha:12 Oct 2021

Por Ñani Pinto

^{Indígenas Lenka que resisten a que el} ^{Rio Blanco sea represado. Foto por Santiago Navarro F.}

A más de tres meses del fallo condenatorio contra David Castillo por su coautoría en el homicidio de Berta Cáceres y ante la demora en la emisión de la sentencia en el caso, integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) se manifestaron este martes (12) frente a la Corte Suprema de Justicia en Tegucigalpa.

“529 años de cárcel para David Castillo serían pocos para calmar el dolor que ha dejado en el pueblo Lenca, con el auspicio del Estado de Honduras”, enfatizaron los integrantes del Copinh en el marco de los 529 años del inicio de la invasión a los pueblos indígenas de América.

Acompañados de familiares de Cáceres y de miembros de la comunidad lenca de Río Blanco, exigieron la pena máxima para David Castillo y la no intervención del gobierno hondureño en la comunidad indígena donde aún pretende operar la empresa hidroeléctrica DESA, a quien reconocen como parte de la maquinaria de violencia contra el pueblo lenca.

En conferencia de prensa que acompañó la protesta, Berta Zúñiga remarcó que la Sala Primera del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional en Materia Penal ha incumplido su palabra luego de que han expirado los tiempos procesales establecidos, poniendo en riesgo el proceso de justicia, al no emitirse la sentencia contra el condenado Roberto David Castillo Mejía.

“Sumado a todas las demás negligencias del Estado, pues consideramos que es una incertidumbre jurídica a la que se expone el derecho de las víctimas”, compartió Berta Zúñiga, hija de Cáceres y coordinadora general del Copinh.

En el acto, Zúñiga compartió un comunicado donde se enfatiza que el Ministerio Público, a pesar de haber aceptado que aún faltan los autores intelectuales de este crimen, no han presentado ni procesado a los demás coautores. “Cabalgan en la impunidad quienes ordenaron este crimen que continúan imponiendo la muerte invasora a los pueblos indígenas”, leyó Zúñiga.

En ese tenor, el comunicado del Copinh también remarcó la ausencia de resolución penal de la la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia que deje en firme la sentencia contra los siete condenados, juzgados en 2018, por el asesinato de Berta Cáceres: Sergio Rodríguez, Douglas Bustillo, Mariano Díaz, entre otros autores materiales.

Especialmente, Zúniga y el Copinh demandaron la captura de los miembros de la familia Atala Zablah, “de una vez por todas, por el crimen contra nuestra compañera y los demás crímenes contra nuestro pueblo”.

La exigencia del Copinh se suma a las recientes declaraciones de la Misión de Observación Calificada en la Causa Berta Cáceres, agrupación de organizaciones internacionales en derechos humanos, quienes urgieron a las autoridades hondureñas la emisión de la sentencia para garantizar la justicia integral en el caso.

“Aún no se han imputado ni procesado actores claves de esta estructura a pesar de estar abiertas investigaciones desde hace más de 4 años. El fallo deberia impulsar una investigación con debida diligencia de todos los autores de este crimen para sean debidamente llevados a la justicia”, publicaron las organizaciones a principios de octubre.

Ante la acción de protesta de esta mañana, el Poder Judicial se excusó a través de redes sociales, pues aún se encuentra en proceso de redacción de la sentencia condenatoria contra el coautor David Castillo por ser el culpable del asesinato de Berta Cáceres.

Por último, habitantes de la comunidad lenca de Río Blanco denunciaron acciones y planes del Estado hondureño, en colusión con la familia Madrid y el alcalde de Intibucá, para extorsionar, invadir y dividir los esfuerzos organizativos de las y los integrantes del Copinh en la zona donde se pretendía la instalación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.

Prensa Comunitaria

Guatemala | El Estor: autoridades indígenas Q’eqchi’ instalan campamento de resistencia

Fecha:05 Oct 2021

Por Nelton Rivera

Las autoridades comunitarias que forman parte de los cuatro Consejos de autoridades ancestrales Maya Q’eqchi’ de El Estor, Izabal, iniciaron este lunes una serie de manifestaciones en rechazo al proceso preparatorio de preconsulta, por el proyecto minero Fénix, de la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN y la empresa rusa Solway, que promueve el ministro Alberto Pimentel y el viceministro Oscar Rafael López.

La comunidad se movilizó en las carreteras que comunican hacia Río Dulce y comunica, al municipio con Panzós, Alta Verapaz. Las autoridades comunitarias denunciaron que el Ministerio de Gobernación movilizó a unos 300 de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de Jutiapa e Izabal, a pesar de tener conocimiento de que las manifestaciones anunciadas se harían de forma pacífica.

Las autoridades y dirigentes comunitarias conversaron con los responsables de la PNC que llegaron al municipio y les pidieron respetar el derecho del pueblo Q’eqchi’ a reunirse, manifestarse y expresarse.

Una de las autoridades consultadas dijo que el Ministerio de Energía y Minas MEM, no ha paralizado las operaciones de la minera Fénix y que, por el contrario, las ha protegido desde el 2019, en desacato a la orden de la Corte de Constitucionalidad.

El domingo 3 de octubre, en el Parque Central del municipio, a unos 320 kilómetros de la ciudad de Guatemala, las autoridades de los cuatro Consejos Indígenas Q’eqchi’ se reunieron, para decidir, según dijeron, las medidas que tomaran ante la decisión del MEM de excluirlos y discriminarlos del proceso de preconsulta.

“El alcalde municipal Joel Lorenzo, Reyes, acreditó a COCODES afines a la Compañía Guatemalteca de Níquel CGN; desde el 2017 las instituciones del Estado operan en beneficio a la empresa, como ha quedado demostrado, ¿entonces, a quién quieren consultar a la empresa o al pueblo Q’eqchi’?”, expresó una autoridad vía telefónica que prefirió omitir su nombre.

Las autoridades indígenas piden que se detenga las reuniones de preconsulta, se deje de excluir a los principales actores en el problema y sea suspendidas las operaciones de CGN en el departamento, como requisito previo para realizar la consulta comunitaria por el proyecto minero Fénix, tal y como lo ordenó la CC.

*Ampliaremos

Avispa Midia

¡Fuera Bolsonaro! El grito que resuena en manifestaciones por todo Brasil

Fecha:05 Oct 2021

Por Vanessa Garcìa Navarro

Todo tiene un límite. No hay mal que dure cien años… ni pueblo que lo aguante. Esto todos lo sabemos, y este sábado (2) nos lo demostró Brasil cuando las calles de centenas de ciudades -ente las cuales destacan São Paulo, Río de Janeiro, Salvador y Brasilia – se inundaron con miles de ciudadanos que, con pancartas, banderas y sus voces al límite exigían salvar a su gente del hambre, la corrupción y la enfermedad, comenzando por una demanda esencial: ¡Fuera Bolsonaro!.

La protesta no sólo adquirió vida en el marco territorial de Brasil, otros 17 países entre los que figuran Alemania, Francia, Portugal e Inglaterra también se sumaron convocadas por la Campaña Nacional Fuera Bolsonaro.

Esta exigencia no es desconcertante, los actos desleales cometidos contra la nación que prometió retribuir preceden al mandatario. Fue desde enero del 2019 que, al tomar funciones, dicho presidente inauguró su lista de manejos negligentes: la inflación que encarece e imposibilita la vida digna de los brasileños y el desempleo de 14,1 millones de personas que se ven orilladas lentamente a la calle sin posibilidades de procurar un patrimonio a sus familias. A finales del mismo año, cuando la enfermedad del coronavirus comenzaba a amenazar al mundo, Bolsonaro se mostró indiferente al peligro latente y este desinterés prosiguió en el pico de la pandemia, hasta sumar 600 mil muertos por COVID-19 que han adelgazado considerablemente la población más vulnerable.

Las recientes protestas son un llamado proveniente de los partidos de izquierda entre los cuales destacan el Partido de los Trabajadores -PT, de Luiz Inácio Lula da Silva- y la Central Única de Trabajadores (CUT), pero igualmente se presentaron miembros de partidos izquierdo-centralistas -Partido Socialista Brasileño (PSB) y Partido Democrático Trabalhista (PDT)- para demostrar su inconformidad y el convergente deseo de ver a Bolsonaro fuera de la silla presidencial.

Tod@s se encontraron en las plazas y las calles exigiendo un juicio político al actual presidente, porque cuando lo intentaron hacer por las vías formales fueron ignoradas. Lo que sucede es que Arthur de Lira, quien preside la Cámara de Diputados, está aliado con el gobierno actual y no con el pueblo al que se supone debería servir, por lo cual se niega rotundamente a tramitar los ya cientos de peticiones de “impeachment” acumuladas.

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Además de Lira existen todavía más personajes que apoyan a Bolsonaro, lo cual se observó el 7 de septiembre cuando el presiente en turno convocó a mega manifestaciones que reunieron alrededor de 125 mil allegados en Brasilia y São Paulo. Y es que esta fidelidad se explica, porque este sector de la población se ve beneficiado por una magnanimidad selectiva, o mejor dicho tráfico de influencias del presidente y su esposa Michelle Bolsonaro.

Otra gota que colma el vaso de los menos privilegiados es el descubrimiento de movimientos de corrupción, tales como que el presidente y su esposa han intervenido para beneficiar a un grupo selecto de empresas, propiedad de sus amistades, con el programa de emergencia de la entidad bancaria durante la pandemia de coronavirus.

La denuncia recae sobre Michelle Bolsonaro, quien intercedió ante la Caixa Económica Federal para otorgar a empresas amigas un saldo superior al permitido por el programa de asistencia o inclusive adelantos del mismo, cuando en realidad estos créditos subsidiados por el Estado son fondos que estaban dirigidos para auxiliar a pequeños y medianos empresarios en los fatídicos tiempos de coronavirus. Mientras miembros de la comunidad brasileña sufren de hambre, se les estimula económicamente a las confiterías que abastecen de postres para las fiestas del matrimonio presidencial.

Se sabe que integrantes de las bancadas de derecha, quienes se habían separado del gobierno, se mostraron renuentes a participar en las movilizaciones; aun así, los manifestantes se sorprenden de descubrir su propia fuerza al ver su poder de convocatoria y observar cómo desciende la popularidad de Bolsonaro en las encuestas: tienen la esperanza de encender un cambio que derroque al presidente que les dio la espalda desde un principio.

Noticias de Abajo

Noticias de Abajo 4 de Octubre 2021

Fecha:04 Oct 2021

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Rompiendo Fronteras

CANADA: Barricadas, ocupación y sabotaje en defensa del territorio de la nación Wet’suwet’en

ARGENTINA: Apicultores realizan abejazo por un modelo libre de agrotoxicos. La importancia de las abejas para la reproducción de la vida humana animal y vegetal. No a los 550 millones de kilos de agroquímicos por año , vida a las abejas. Desinfomemonos y ANRed.

CENTROAMERICA: la dictadura cool, la depredadora y la narcotraficante Bukele, Centroamerica, Corrupción, Dictadura, Giammattei, Impunidad, Juan Orlando Hernandez, Noticias portada, ONU. Prensa Comunitaria.

MUNDO SIN FRONTERAS: La crisis migratoria de Haití en México. Juan Perez

Desde el ombligo del monstruo

MÉXICO: Ayotzinapa. A 7 años de la violencia del narcoestado, nos siguen faltando los 43 normalistas desaparecidos. El ejercito y el Estado sabían de los sucesos y ocultaron y ocultan la información.

MORELOS, Amilcingo Capturan a presunto culpable del asesinato de Samir Flores, FPDT exige justicia plena y denuncia el oportunismo político.

CDMX: #28S Marcha de mujeres por el derecho al aborto.

CDMX: Movilización del 2 de Octubre muestra la represión del gobierno de la 4T en la Ciudad: Encapsulamientos violatorios, exceso y provocación de policías y granaderos, brutalidad y control policiaco de las manifestaciones públicas.

OAXACA: Comunicado de prensa de COVIC de Nochixtlan. La larga espera por la justicia que no llega.

Avispa Midia

Por una constitución con lenguaje feminista, plurinacional y ecoterritorial

Fecha:04 Oct 2021

Por Andrés Kogan Valderrama

^{Foto de portada por Mapuexpress}

La Convención Constitucional en Chile sigue avanzando rápidamente, tanto por la aprobación de su Reglamento interno de funcionamiento como por la votación sobre las comisiones temáticas, haciendo que la discusión que se tendrá sobre los contenidos de la nueva constitución se vuelva cada vez más cerca.

No obstante, más allá de esa discusión de fondo que se tendrán en las comisiones conformadas, como son las de Sistema Político, Principios Constitucionales, Forma de Estado, Derechos Fundamentales, Medio Ambiente, Sistema de Justicia y Sistema de Conocimientos, el debate sobre el cómo se escribirán aquellos nuevos artículos es crucial.

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Lo planteo, ya que el tipo de lenguaje que se usará para redactar la nueva constitución, debiera estar situado desde una mirada inclusiva y transformadora, que visibilice a sectores que históricamente han sido negados por un constitucionalismo moderno, el cual se ha sostenido por sistemas patriarcales, eurocéntricos, capitalistas, racionalistas y antropocéntricos, que han usado la violencia física y simbólica para imponer un orden especifico.

De ahí que las constituciones que se han escrito antidemocráticamente en Chile, como son los casos de las de 1833, 1925 y 1980, hayan sido redactadas de manera racista, clasista y sexista, por un tipo de individuo (hombre, blanco, cuerdo, heterosexual y de clase alta). No es casualidad por tanto, que todas esas constituciones no hayan nombrado a las mujeres, LGTBQ+, locos, pueblos indígenas, afros, ecosistemas y otros animales.

Frente a esto, usar un lenguaje en la nueva constitución que plantee explícitamente a lo largo de todo el texto, expresiones y nociones como Madre Tierra, Ñuque Mapu, Sumak Kawsay, Pachamama,Küme Mognen, Todes, Nosotres, Neurodivergentes, Disidencias Sexuales, entre muchas otras, será un paso enorme para democratizar la forma como nos nombramos en esta nueva carta fundamental.

Se podrá decir, sobre todo desde los sectores más conservadores y negacionistas en Chile, que el lenguaje es neutro políticamente y que plantear algo así sería ir contra la RAE (Real Academia Española) y contra las bases mismas de la República de Chile, cuando justamente es eso lo que se trata. Es decir, despatriarcalizar, descolonizar y desantropocentrar el lenguaje, el cual evidentemente ha sido excluyente con amplios sectores existentes en el país, tanto humanos como no humanos.

En consecuencia, lo que se trata es de usar el lenguaje políticamente en la nueva constitución, para incorporar una amplia diversidad de seres y personas, más allá de lo que digan o no abogados constitucionalistas positivistas, a los cuales poco y nada les ha importado los planteamientos de movimientos sociales, como son los feministas, animalistas, socioambientales, indígenas, afro, migrantes, locos, al creer que las palabras son una mera representación de la realidad.

Por el contrario, como bien ha mostrado la sociolingüística, el lenguaje crea realidades, ya que son construcciones culturales, históricas y dinámicas, que lo que buscan es generar sentido de pertenencia y comunidad, por lo que es fundamental impulsar un lenguaje inclusivo y transformador para darle visibilidad en la nueva constitución, a quienes han quedado fuera por siglos.

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Por lo mismo, se vuelve importante la reciente aprobación de un artículo en el reglamento sobre mecanismos de transversalización de parte de les constituyentes, en donde los enfoques de derechos humanos, género, inclusión, plurinacionalidad, socioecológico y descentralización, estarán presentes en la nueva carta magna, para evitar así que predominen tecnicismos jurídicos y economicistas, que solo benefician a las elites imperantes.

En definitiva, nos encontramos como país en un momento demasiado importante como para descuidar el uso del lenguaje en la nueva constitución, la cual si bien se vio fortalecida democráticamente, tanto con la elección paritaria de constituyentes como por los escaños reservados para los pueblos indígenas, es posible y deseable ir mucho más allá de eso.

Avispa Midia

Migrantes buscan rutas alternativas en Chiapas; autoridades responden con violencia

Fecha:21 Sep 2021

Por Ñanì Pinto

^{En portada: Cientos de migrantes, niños y adultos, han sido detenidos con violencia mediante operativos realizados en Chiapas. Foto de Cuartoscuro}

Frente a la búsqueda de alternativas por parte de personas en movilidad, las autoridades mexicanas han respondido con operativos violentos para la detención de migrantes, así como el hacinamiento de los mismos en las estaciones migratorias de Chiapas.

Lo anterior deriva de un comunicado publicado este lunes (20), mediante el cual organizaciones del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) denuncian la estrategia militarizada de contención migratoria implementada por las autoridades, así como la crisis humanitaria que se desarrolla en el corredor central migratorio en Chiapas, el cual incluye las localidades de Frontera Comalapa, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Tuxtla Gutiérrez y Chiapa de Corzo.

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“Hemos realizado diversas acciones de monitoreo ante el actual contexto de crisis humanitaria en que se encuentran cientos de personas solicitantes de protección internacional y con trámites migratorios en curso tras verse expuestas al abuso de poder, la represión, el uso excesivo de la fuerza, violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos por parte de distintas fuerzas de seguridad y entidades mexicanas”, contextualiza el COMDHSM.

Hacinamiento

En el documento, el colectivo informa de la situación de hacinamiento en el que se encuentran cientos de personas en las estaciones migratorias de Cupape 1 en la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, y en la estación Cupape 2 (conocida como La Mosca) ubicada en Chiapa de Corzo.

“En este último lugar se calculan cerca de 400 personas privadas de la libertad. En ambos lugares no se implementan protocolos de bioseguridad ante la pandemia de Covid-19, incrementando de forma grave las probabilidades de contagio. Es importante recalcar lo denunciado en repetidas ocasiones que La Mosca es una bodega abandonada que no cuenta con las condiciones mínimas para garantizar el bienestar de las personas migrantes por el contrario las expone a sufrir diversas formas de violencia, tortura y abusos de autoridades públicas y privadas”, denuncia el COMDHSM.

Mientras, en la estación migratoria en Tuxtla Gutiérrez no hay una cifra consolidada de personas detenidas, aún cuando es obligación del Instituto Nacional de Migración (INAMI) el mantener actualizado dicho dato.

“Sin embargo, se documentó la presencia de por lo menos 80 mujeres detenidas, entre ellas mujeres embarazadas que fueron violentadas (malos tratos e inhumanos) por personal público y privado dentro de las instalaciones. Asimismo, observamos más de 15 niñas, niños y adolescentes (NNA) en detención, incluyendo bebés de solo 4 meses en contravención a las normas vigentes de NNA migrantes que tajantemente prohiben la detención migratoria y estancia en Estaciones Migratorias y Provisionales del INAMI”, señala el colectivo sobre las irregularidades en las instalaciones migratorias.

El COMDHSM incluso recibió denuncias sobre que el hacinamiento en las estaciones es tal que mujeres han dormido de pie o en los baños de las celdas. Además, algunas mujeres quienes viajan con sus hij@s han pasado la noche y día en el patio al aire libre bajo la lluvia.

Detenciones

El colectivo de organizaciones enfatiza la expansión de la estrategia militar de contención que se ha desplegado en la costa pacífica de Chiapas contra los desplazamientos colectivos de migrantes que han querido salir de Tapachula. Esto ha llevado a las detenciones masivas y arbitrarias en Tuxtla Gutiérrez de personas migrantes, en su mayoría haitianas, quienes buscan rutas alternativas de movilidad pues sus procedimientos de solicitud de protección internacional y regularización migratoria no dieron frutos.

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En la ruta alterna a la costa, en el denominado corredor central migratorio en Chiapas, los operativos de detención entre el INM y la Guardia Nacional (GN) se concentran en los alrededores de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez y en las carreteras entre los municipios fronterizos de Motozintla, Frontera Comalapa y Chicomuselo.

“Vale recordar, que recientemente se denunció que policías municipales en esta región están deteniendo en separos preventivos (cárceles) a personas migrantes incluyendo familias con NNA para luego entregarlas al INAMI. Acción completamente ilegal: las fuerzas de seguridad no tienen funciones de control migratorio como recientemente se confirmó en el amparo 1597/2018 para el caso de Tijuana, Baja California”, aclara el documento del COMDHSM.

Durante las semanas previas, los colectivos han recabado testimonios de personas y familias con niñas y niños pequeños que fueron detenidas durante los desplazamientos colectivos en el corredor de la costa pacífica. En ellos, testificaron que después de las violentas detenciones, l@s migrantes fueron trasladados y abandonados durante la madrugada en el punto fronterizo denominado La Mesilla, Chiapas y en Tenosique, Tabasco.

“El primero es territorio reconocido por la presencia de grupos del crimen organizado y tráfico de personas, a las personas migrantes no se les dio información alguna dejándolas en pleno desamparo y sin orientación alguna de donde se encontraban y sin posibilidades de cubrir necesidades básicas. Se reconoce y destaca la hospitalidad popular que en estos últimos días se ha dejado ver en varios puntos de esta ruta. Estas muestras nos llenan de esperanza para continuar con la labor de desmontar narrativas xenófobas y discriminatorias. Retomar lógicas de solidaridad y hospitalidad con las mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres que se movilizan huyendo de diversas violencias para mejorar sus condiciones de vida”, concluyen los colectivos en la actualización de la crisis migratoria en la frontera sur de México.