El lunes (7), elementos de la Policía Nacional acompañados de militares hondureños ejecutaron un violento desalojo contra la comunidad de Punta Gorda, población garífuna establecida hace más de 225 años en la isla de Roatán, caribe hondureño.

Habitantes de la comunidad registraron el accionar violento de los elementos de seguridad y militares, quienes golpearon a los garífunas que se manifestaron contra el desalojo. Según el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda, el saldo del operativo fue de 50 garífunas con heridas considerables y 15 heridos de gravedad.

También se registró la detención de seis personas, integrantes del Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda. Estas son Melisa Martínez, Dorotea Arzú, Luis Moisés Dolmo, Richard Martínez, Keyder Tishany González y Abad Gómez.

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En testimonio recogido por el medio Contracorriente, la defensora Melisa Martínez, también integrante de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh) y de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, denunció que ella y sus compañeros sufrieron golpes por parte de miembros de la seguridad pública del Estado de Honduras y destacó que uno de ellos se encuentra herido de gravedad.

El operativo, señalaron los habitantes, responde a denuncias contra la comunidad de Punta Gorda por el supuesto delito de usurpación de tierras en el departamento de Islas de la Bahía.

No obstante, el Comité calificó el desalojo de “ilegal, violento, cobarde y racista”, debido a que, en apego al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como a sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el Pueblo Garifuna es titular de derechos de propiedad y dominio sobre las tierras y recursos que ha ocupado ancestralmente y, por tanto, tiene derechos a ser reconocidos juridicamente como los dueños legitimos de su territorio, constituyendo con ello ilegal y racista cualquier desalojo forzoso”.

Mediante comunicado, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda reiteró que los habitantes de dicha comunidad no son invasores, ni usurpadores de tierras, sino son los dueños legítimos del territorio ancestral garífuna.

Desalojos

El violento desalojo también fue calificado como ilegal por la Ofraneh. Miriam Miranda, coordinadora de dicha organización, reiteró que existen antecedentes jurídicos establecidos por la CIDH en los cuales condena las usurpaciones territoriales padecidas por el pueblo garífuna, quien se estableció principalmente en la costa atlántica de Honduras antes de la creación de dicho Estado centroamericano.

Mediante redes, la Ofraneh destacó que Punta Gorda es una comunidad garífuna que carece de título comunitario, por lo cual no es la primera vez que acontece un intento de desalojo contra su población. En abril de 2011, un grupo de 60 policías realizaron el desalojo de 12 familias de la localidad. Según la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, el desalojo, basado en el uso de la fuerza, fue provocado también por militares que aseguraron ser propietarios de terrenos y ordenaron destruir las casas ubicadas en la zona.

Durante el actual desalojo, el Comité de Defensa de Tierra de Punta Gorda condenó la “actitud servil de los representantes departamentales del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), quienes, en vez de ponerse del lado de las víctimas, aprovechando el ‘jalón’ de la Policia Nacional, respaldaron y legitimaron este violento desalojo”.

En cuanto a la situación de los integrantes presos del Comité, Miriam Miranda difundió este martes (8) por la mañana, que las seis personas fueron trasladadas al Juzgado de Roatán, “para ser sometidos a un juicio totalmente ilegal, ante un sistema judicial, racista y espurio”. Ante esta situación, el Comité demandó la liberación inmediata de sus integrantes, por lo cual convocó a una asamblea general de urgencia en las tierras recuperadas por la comunidad de Punta Gorda.

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“Si no liberan a nuestros compañeros y compañeras cerraremos el acceso a cualquier tercero que pretenda pasar por la calle principal de nuestra comunidad, incluidos trabajadores, turistas, buses, carros particulares o cualquier otro transporte hasta que liberen a nuestras hermanas y restituyan nuestro territorio ancestral”, sostuvieron los garífunas.

La Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras condenó la violencia contra las poblaciones que defienden legítimamente sus territorios ancestrales. También se posicionó la Asamblea de Mujeres Luchadoras de Honduras contra los “elementos de violencia institucional del gobierno de Xiomara Castro para atacar a la comunidad garífuna más antigua de este territorio.

Por su parte, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn) se solidarizó con los habitantes de Punta Gorda. Así mismo repudió las acciones del Poder Judicial hondureño y exigió se investiguen “las acciones corruptas de jueces del Juzgado de Leras de Islas de La Bahía y las acciones violentas de la Policía Nacional”.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) también condenó la detención y las agresiones cometidas este lunes (7).

Experimento

La isla de Roatán se encuentra en la mira del proyecto de las Zonas Especiales de Desarrollo (ZEDES)  bajo la construcción del proyecto Próspera, iniciativa puesta en marcha desde mayo del 2020, el cual pretende la consolidación de la primera ciudad modelo de Honduras.

Próspera Economic Development Platform promueve el proyecto para el desarrollo de la ciudad con enfoque en turismo médico, educación superior, viviendas sostenibles y la diversificación de la economía de la isla. Entre las principales atracciones del proyecto se encuentra la oferta de exenciones de impuestos sobre ingresos extranjeros, maniobra para atraer inversiones internacionales.

Sin embargo, la iniciativa de las ZEDES, apoyada por la administración del ex presidente Juan Orlando Hernández, recibió un revés en abril del 2022 cuando el Congreso Nacional derogó la Ley Orgánica que les dio sustento legal. La acción de los congresistas fue resultado de la movilización social que criticó el proyecto por considerar que se cedían territorios a inversores extranjeros.

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Recientemente, el pasado jueves (3), Pedro Barquero, secretario de Desarrollo Económico, informó que la ZEDE Próspera está preparando una demanda por daños y perjuicios valorada en 10,700 millones de dólares en contra del Estado de Honduras tras la derogación de la Ley.

Al mismo tiempo, el pueblo garífuna espera la visita de una misión de la CIDH a finales de noviembre, quien harán una visita in situ para conocer la situación de comunidades en conflicto por su territorio, pues situaciones similares a lo que acontece en Punta Gorda suceden en territorios garífunas de Tela, en comunidades de San Juan y Triunfo de la Cruz.

Pese a que desde el año 2015 existen sentencias de la CIDH que obligan al Estado de Honduras a resarcir el daño resultado de la violación de derechos al territorio de comunidades garífunas, fue hasta abril de este 2022 que el gobierno, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, difundió su interés por comenzar a cumplir dichas sentencias favorables a las comunidades afroindígenas.

Para la Ofraneh, el incumplimiento de estas sentencias ha derivado en el incremento de la violencia contra las poblaciones garífunas, quienes durante los últimos años han reportado asesinatos y desapariciones de defensores de sus territorios ancestrales.

^{En portada: Protesta de comunidad lenca contra el banco FMO por su participación en el financiamiento del proyecto Agua Zarca.}

El banco europeo de desarrollo FMO, cofinanciador de la central hidroeléctrica Agua Zarca, planeada para ser construida en el río Gualcarque, en territorio Lenca, Honduras, anunció la apertura de una nueva sede de operaciones en la capital de Costa Rica.

En respuesta, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), quien señala los intereses económicos del proyecto energético como responsables del asesinato de la ambientalista e indígena Lenca Berta Cáceres, alertó que el banco busca continuar con sus inversiones en Centroamérica a pesar de no haber asumido su responsabilidad y no haber reparado a las víctimas de la violencia que financió.

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Entre 2014 y 2017, el banco FMO, propiedad en un 51% del Estado de Holanda, financió el proyecto Agua Zarca, propiedad de la familia Atala Zablah e impuesto a la comunidad indígena Lenca de Río Blanco, en el occidente de Honduras. De acuerdo al Copinh, FMO contribuyó con más de 17 millones de dólares y, junto a recursos del banco finlandés FinnFund y del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), aportó recursos a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con los cuales pagaron actos de violencia y asesinatos contra la comunidad Lenca.

Financiamiento de violencia

Durante el proceso de resistencia contra la construcción de Agua Zarca, Berta Cáceres, quien fungía como coordinadora del Copinh, denunció actos de violencia que iban desde la persecución y amenazas contra integrantes de la organización indígena; sabotajes, actos de corrupción dirigidos a miembros de la policía y alcaldías locales, así como ataques directos mediante la contratación de sicarios para agredir a las y los indígenas lencas.

Por estos antecedentes y tras el asesinato de Cáceres, desde 2018 el Copinh mantiene una demanda civil por negligencia contra el banco FMO. Recientemente, en junio del 2022, el medio The Intercept reveló el rastro financiero de un pago, con valor de un millón 700 mil dólares provenientes del banco FMO, realizado días antes del asesinato de Berta Cáceres.

Tras consultar documentos legales y financieros holandeses y estadounidenses entregados por el banco FMO a los abogados europeos representantes del Copinh, se evidenció que dicha transferencia se realizó a través de una compañía fantasma panameña denominada Concretos del Caribe S.A., (CONCASA), la cual tiene entre sus socios a Daniel Atala Midence quien ocupaba el cargo de ejecutivo financiero de DESA y mantenía el control administrativo de CONCASA a partir de enero de 2016, cuando recibió los pagos provenientes de FMO.

Mediante comunicado, el Copinh asevera que el banco FMO, junto a sus socios, el BCIE y el FinnFund, “cometieron graves delitos financieros que permitieron el desvío de parte sustancial de sus fondos, que financiaron los hechos de violencia por parte de David Castillo y los Atala Zablah. Mediante este mecanismo de desvío de fondos incluso se hizo un pago de 1.2 millones de dólares directamente a David Castillo 3 días antes del asesinato de Berta Cáceres”.

Cabe mencionar que, tras la revelación de los pagos, el Copinh presentó una denuncia penal ante la oficina del Fiscal General de Holanda contra el banco FMO y sus directivos por los crímenes de complicidad en actos de corrupción, malversación, blanqueo de dinero y violencia en el financiamiento del proyecto Agua Zarca de la familia Atala Zablah.

En el momento de la presentación de la acción penal, el Copinh declaró que la demanda tiene como objetivo “desenmascarar el accionar criminal de los supuestos bancos de ‘desarrollo’ y ‘verdes’ como el FMO que con su dinero financian la corrupción, la violencia y la violación de derechos humanos a las comunidades indígenas, de banqueros multimillonarios como los Atala”.

En 2022, David Castillo, quien se desempeñó como gerente general del proyecto Agua Zarca, fue condenado a 22 años y medio de prisión por su responsabilidad en el asesinato de Cáceres. Acorde al Copinh, Castillo era el principal contacto y enlace con el banco holandés.

Ahora, con la demanda penal se señala la responsabilidad de los principales directivos de FMO: Nanno Kleiterp, presidente honorario de las Instituciones Financieras Europeas de Desarrollo (EDFI); Jurgen Rigterink, actual primer vicepresidente del Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (EBRD); y Linda Broekhuizen, ex directora ejecutiva interina del FMO, entre otros ejecutivos.

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Desde el año 2017 y tras las exigencias del Copinh y organizaciones hondureñas e internacionales, el banco FMO anunció el retiro en las operaciones del proyecto hidroeléctrico. A pesar de ello, “los términos de tal salida se mantienen en secreto para las víctimas, sin embargo, se corroboró que el FMO condonó la deuda a la familia Atala Zablah, por ende, regaló millones de dólares a los directos responsables del asesinato de Berta Cáceres”.

Ante el anuncio de la nueva sede de FMO en San José, el Copinh alertó a las organizaciones y comunidades de Costa Rica y Centroamérica, que “la presencia del banco europeo implica la presencia de inversiones violatorias de los Derechos Humanos. Debemos estar alertas y vigilar estas acciones”.

Científicos de todo el mundo han denunciado que la crisis climática llegó a su punto crítico y que alcanzará un punto de no retorno en las próximas décadas si las emisiones de gases de efecto invernadero no fueren reducidas drásticamente.

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También ha sido denunciado por científicos, organizaciones y pueblos que las soluciones a la crisis que están siendo negociadas en las conferencias del clima de las Naciones Unidas, las llamadas COPs (Conference of Parties en inglés, donde cada parte es un Estado), son falsas soluciones y que acaban beneficiando especialmente a las corporaciones responsables por el cambio climático.

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Las negociaciones se han llevado a cabo desde 1992, con la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, y hasta la fecha “no han generado ni solo un impacto en la [reducción] de las emisiones, por lo tanto, continúa el incremento de la temperatura”, explica Martin Vilela, de la organización Corporate Accountability.

La mayoría de las soluciones propuestas para combatir la crisis se basan en lo que llaman ‘neutralidad de carbono’. Es un concepto que “permite continuar extrayendo combustibles fósiles, degradando ecosistemas, expandiendo la frontera agrícola, destruyendo bosques, bajo la promesa que en el futuro se aplicarán medidas que van a absorber y compensar estas emisiones”, explica Vilela.

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Esta lógica predominó en las propuestas de solución a la crisis climática, a las cuales adhirió la mayoría de los países en el mundo, porque hubo una “captura corporativa de las estructuras de gobernanza climática” por parte de las empresas contaminantes, especialmente la industria de petróleo. “Las corporaciones han desarrollado cantidades de mecanismos para poder controlar las negociones internacionales del cambio climático”, agrega Vilela.

Entre las falsas soluciones que han sido denunciadas por pueblos y organizaciones en todo el mundo están el avance de las energías renovables a escala de megaproyectos, el gas como energía de transición y los mercados de carbono.

Sin embargo, hay una cuarta falsa solución que, según la investigadora Silvia Ribeiro, del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración, conocido como Grupo ETC), se tiene poca información sobre cómo se está desarrollando en América Latina, la llamada geoingeniería climática.

La cantidad de bosques y tierra necesaria para compensar las emisiones que se están generando y serán generadas en todo el mundo no es suficiente para alcanzar la neutralidad de carbono, entonces surgió la propuesta de un tipo de tecnología que busca separar el carbono emitido de la atmosfera. “Como la naturaleza no alcanza para cubrir todas las propuestas de ‘cero emisiones netas’ y Soluciones Basadas en la Naturaleza, van por arreglos tecnológicos de alto riesgo, como geoingeniería”, explica Ribeiro.

La investigadora aclara que la industria de la geoingeniería todavía se está desarrollando, pero son proyectos experimentales que ya están en toda América Latina, siendo los principales inversionistas las petroleras, automotoras, empresas tecnológicas y otros grandes contaminadores.

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Ribeiro alerta que la presencia y los impactos de estos proyectos en los territorios no son tan evidentes como, por ejemplo, los casos de explotación minera, por eso es necesario aprender a identificarlos.

Además de ser una falsa solución a la crisis climática, ya están causando impactos en pueblos y comunidades. “Lo que va a pasar y lo que ya está pasando con estas tecnologías es que van a impactar las mismas comunidades que ya están siendo impactadas” por proyectos de gran envergadura.

Manipulación de la naturaleza

La geoingeniería, como define Ribeiro, es la manipulación intencional y tecnológica a gran escala de los ecosistemas, sea en la tierra, en el mar y el aire, para tratar de contrarrestar algunos de los síntomas del cambio climático. Todas ellas son todavía “tecnologías desconocidas, de alto riesgo, porque plantean intervenir en los ecosistemas”.

Como ejemplo de estas tecnologías se puede citar proyectos de alcalinización del océano, en marcha en la República Dominicana; el cultivo industrial de algas para capturar carbono, en Chile; la ingeniería solar, en países como Argentina y Jamaica, que consiste en “rebotar los rayos del sol”. Para eso se crea artificialmente nubes con sulfuros, conocidas como volcánicas, que pretenden tapar la luz del sol, ya que son muy densas por haber sulfuros, como cuando hay las explosiones volcánicas. “Esto podría tener impactos sumamente desiguales, ya que puede bajar la temperatura donde se aplica esta técnica, pero crear impactos en otras regiones”, explica la investigadora.

Otra de las propuestas es la captura y uso del carbono, en marcha en Chile y Colombia. “La idea de estos proyectos es utilizar el carbono capturado en algún producto, como por ejemplo en la coca-cola – esto no es un chiste –, [es decir], sacar de la atmosfera el dióxido de carbono y meterlo en botella de coca-cola”. Pero el uso más común sería para la producción de combustibles sintéticos como el ‘hidrógeno verde’.

Hay en Chile un proyecto de captura de aire, que son grandes ventiladores que filtran el aire, utilizando sustancias químicas, y separan el carbono para utilizarlo.

Un último ejemplo, que se desarrolla principalmente en Brasil, es la bioenergía con la captura y almacenamiento de carbono. La teoría, explica la investigadora, es que se planta muchos árboles, los árboles absorben carbono y son quemados para generar bioenergía. Lo que sale de este proceso – los gases – se vuelve a enterrar.

Sin embargo, “cuando se retira las plantaciones, se emite más carbono, además del transporte, fertilizante y los agrotóxicos utilizados, todo eso genera nuevas emisiones”.

Más petróleo

La tecnología más difundida en América Latina es la captura y almacenamiento de carbono, tecnología que tuvo su origen en la industria del petróleo. Está presente en Argentina, Colombia, Trinidad Tobado y, principalmente, México y Brasil (región del PréSal, área de reservas de hidrocarburos que se ubican a más 7 mil metros abajo de la capa salina en la costa de Brasil), países con importante explotación petrolera.

Con la tecnología, explica Ribeiro, el carbono es captado de diferentes formas y es inyectado por gasoducto en pozos paralelos y conectados a los pozos de petróleo, que ya han sido explotados por mucho tiempo, de tal manera que, con la presión, se empuja hacia arriba las reservas profundas de petróleo que no podían ser extraídas. Con eso se extrae más petróleo y el carbono se queda atrapado en el subsuelo.

La investigadora apunta que más de 85% de las plantas de captura y almacenamiento de carbono en el mundo están hechas para recuperar más petróleo, para acceder a reservas que hasta ahora no han podido ser accedidas. “En realidad es una excusa para seguir emitiendo carbono”.

Ribeiro explica que esta es la tecnología más antigua, pero no era utilizada por no ser rentable. ¿Y por qué están utilizando ahora? “Solo porque hay subsidios gubernamentales (…). Además, venden los créditos de carbono que dicen que se almacena dentro de estas instalaciones”.

En todas las formas de geoingeniería se plantea manejar los síntomas, nunca las causas de la crisis climática y, por lo tanto, el cambio climático va a continuar, analiza Ribeiro. “Esto crea un mercado cautivo para los que promueven la geoingeniería y desvía la atención y recursos de las soluciones reales”.

Nuevos mercados

Con el desarrollo de las nuevas tecnologías sus inversionistas buscan nuevos mercados. “Solo les interesa si hay dinero. Y el dinero se prevé a través de los nuevos mercados de carbono que están siendo discutidos en Naciones Unidas, específicamente con el Acuerdo de Paris”, puntualiza la investigadora.

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Para todo eso el Banco Mundial, el Banco Interamericano, Comisión Andina de Fomento están construyendo nuevos marcos de préstamos, y los están intermediando las grandes ONGs conservacionistas, como WWF y Conservación Internacional. Además, ha surgido una serie de nuevas empresas que son las certificadoras y las verificadoras, que “van a ganar mucho con esto”, remarca la investigadora.

Información para la defensa

El tema de la geoingeniería climática es relativamente nuevo, sin embargo, los expertos que han acompañado y estudiado el tema coinciden en que es necesario que los pueblos, las organizaciones, la gente en general, reconozcan estos proyectos en el territorio, de manera que se pueda construir resistencia a ellos.

“Parece algo muy abstracto y muy técnico, pero está manifestándose en las distintas regiones, lo que queremos es informar de la forma mas adecuada posible para que las organizaciones, los activistas puedan defender sus territorios”, dijo Verónica Villa, del Grupo ETC.

De acuerdo con Ribeiro, existe solamente un lugar en el mundo donde están prohibidas las tecnologías de captura de carbono, es el condado de Nueva Orleans, Estados Unidos. “Esto porque las comunidades de descendencia africana no lo permitieron”.

“Es muy importante aprender a identificar estos proyectos y lo que conllevan para que nos vayamos organizando y podamos hacer presión a los gobiernos, pero sobre todo promover alternativas reales desde las comunidades”, conluye Ribeiro.

El tema fue debatido en el encuentro Geoingeniería Climática en América Latina, organizado por el Grupo ETC y Corporate Accountability.

^{por el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales}

^{En portada: Suzano Papel e Celulose, la mayor multinacional productora de celulosa del mundo, se “disculpó” durante una reunión con miembros de la comunidad quilombola Angelim II, después de haber invadió su teritorio situado en Sapê do Norte, en Espírito Santo. Con una operación de corte de eucalipto, de forma totalmente inesperada, provocó miedo e inseguridad a los quilombolas, quienes resistieron la invasión. Junio del 2021}

Las comunidades quilombolas de Sapê do Norte, Brasil, viven un proceso violento ante la expansión de los monocultivos de eucalipto a gran escala. Después de muchas dificultades, iniciaron un proceso para recuperar sus tierras y el agua en sus territorios. Y la lucha por recuperar lo que les pertenece continúa. A continuación, compartimos un diálogo entre el Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM, por sus siglas en inglés) y dos activistas quilombolas para reflexionar sobre este difícil pero fértil proceso de resistencia.

El territorio quilombola (comunidades formadas por descendientes de personas africanas que fueron sometidas a la esclavitud y escaparon para fundar quilombos en el Brasil colonial e imperial) de Sapê do Norte, en el estado de Espírito Santo, Brasil, ocupaba una extensa área en los actuales municipios de São Mateus y Conceição da Barra. En esa zona vivían alrededor de 12,000 familias. Las que permanecieron se dividen en 34 comunidades reconocidas por la Fundación Cultural de Palmares, pero todavía hay muchas otras en situación de invisibilidad, sin el certificado que acredita el reconocimiento de las comunidades quilombolas.

Estas comunidades quilombolas fueron expulsadas de sus territorios tradicionales a través de un violento proceso de colonización impulsado por el Estado y luego, en la década de 1970, con la llegada de la empresa Aracruz Celulose (posteriormente conocida como Fibria y actualmente Suzano S.A.) y la expansión de sus plantaciones de monocultivo de eucalipto a gran escala. Con el respaldo del Estado, y en nombre del “desarrollo”, se vieron obligadas a trasladarse a la periferia de los municipios de la región. Otras permanecieron cercadas por plantaciones de eucaliptos.

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En medio de las dificultades cotidianas, los quilombolas siguen luchando contra las diversas formas de violencia a las que se enfrentan. En 2007 iniciaron un proceso colectivo para recuperar el agua, los cultivos y la vida comunitaria. Han pasado 15 años desde que consiguieron recuperar algunas de sus tierras en Sapê do Norte. Y la lucha por recuperar lo que les pertenece continúa.

El Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales (WRM) dialogó con Flávia, de la comunidad Angelim II, mujer, madre y activista quilombola, y con João de Angelim, también activista quilombola, agroecólogo e investigador quilombola. Sus palabras y experiencias en las llamadas retomadas (procesos de recuperación de sus territorios) nos dejan muchas lecciones y reflexiones sobre el difícil pero fértil proceso de resistencia de las comunidades quilombolas en el territorio de Sapê do Norte.

WRM: ¿Cómo empezó la historia de las retomadas en Sapê do Norte?

João: Las comunidades quilombolas llevan años resistiendo. Primero, ante la llegada del cultivo de eucalipto a la región, mediante la lucha por el territorio, a través de la justicia, con estudios e informes técnicos que pudieran garantizar que la comunidad recuperara parte del territorio que le fue quitado abruptamente. Pasaron los años y no veíamos ninguna posibilidad de recuperación. Llegamos a la conclusión de que sería necesario dar algunos pasos, presionar, señalar algunos lugares que demostraran que algo malo ocurrió cuando la empresa de celulosa y papel llegó y se apoderó de las tierras.

Luego, a través de la Comisión Quilombola, que cuenta con representación de todas las comunidades, junto con otros movimientos sociales que tenían más experiencia en realizar ocupaciones de tierras, como el MST (Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra), se realizaron las primeras reuniones. Y así empezaron las retomadas.  La primera ocurrió en 2007, en la comunidad de Linharinho, con el objetivo de recuperar el agua, los alimentos y el suelo.  Hoy esa comunidad reclama 3,500 hectáreas de tierra.

Pero hay que considerar que la retomada ocurre en un contexto de una reparación social y ambiental que nunca llegó a suceder. ¿Cuántas personas murieron por haber sido expulsadas de Sapê do Norte? El Estado brasileño tiene que entregar los títulos (de propiedad) a las comunidades quilombolas, cuyas tierras son mucho más grandes que las que están en proceso de recuperación. Pienso que esta sería la verdadera justicia. No va a abarcar todos esos años que han pasado, pero nos va a posibilitar una alternativa en el futuro. Si uno tiene tierra, tiene libertad. No se puede seguir permitiendo que Suzano destruya el territorio de Sapê do Norte, ni ninguna otra región.

Flávia: La primera retomada en el territorio de Sapê do Norte, que se dio en la comunidad de Linharinho, fue muy difícil. Fue la primera vez que tomamos la decisión y dijimos: “mira, si el Estado no nos entrega, si no nos devuelve nuestras tierras, entonces vamos a iniciar un proceso de recuperación”.

Contamos con una gran organización, con asesoría jurídica y con el apoyo de aliados. Pero, al final, estaba el operativo policial, con furgones, con perros…fue muy difícil. Resistimos como pudimos y, gracias a Dios, no perdimos a nadie. El Estado, representado por la policía, vino con toda su fuerza, armado, y muchas personas de la comunidad fueron detenidas.

Después nos quedamos un tiempo sin emprender nuevas retomadas.

En el año 2010 hubo retomadas en São Domingos y Angelim I. Más recientemente las hicimos en la cuenca de Angelim, en las comunidades de Angelim 2, Angelim 3 y Angelim Disa –Angelim es el río que da nombre a las comunidades. Aunque vengan algunos policías, ahora ya conseguimos que no venga toda la fuerza armada. Estamos mejor preparados y contamos con una red de aliados que hacen su parte para apoyarnos. Y conseguimos evitar que nos criminalicen por recuperar los territorios.

WRM: ¿Cómo se organizan ustedes antes y después de las retomadas?

Flávia: En Sapê do Norte, tenemos la Comisión Quilombola, con representantes de todas las comunidades.  Tenemos reuniones mensuales. Cuando vamos a recuperar tierras, todo se piensa desde ese espacio, con el apoyo de todas las comunidades. Hacemos una lista de entidades que nos apoyan e informamos a todas, y también siempre pedimos asesoramiento jurídico.

Hoy en día, conocemos nuestros derechos y somos capaces de tener el mismo diálogo que un abogado. A pesar de eso, cuando llegamos al lugar de la retomada, los policías, con sus prejuicios, no aceptan que una quilombola como yo pueda dialogar con ellos. Siempre solicitan la presencia de un abogado. Muchas veces el abogado está por estar, pero somos los quilombolas los que realmente hablamos, porque somos nosotros los que vivimos acá y sabemos cuáles son nuestros derechos. Hoy tenemos algunos abogados que nos defienden muy bien, con uñas y dientes, que llevan mucho tiempo con nosotros. Siempre están con nosotros. Hacemos un llamado a los movimientos, los consejos y la secretaría de derechos humanos –aunque no se vea mucha acción por parte de la secretaría.

Así que todos los movimientos se enteran de que va a haber una determinada acción dentro de una comunidad en particular, a una hora determinada, y entonces todos se mantienen alerta.  Los que pueden venir, vienen; los que no pueden, nos apoyan desde sus localidades.

Y también hay una organización inicial en el momento de la acción. Quien puede, lleva plantones, semillas, lo que quiera y pueda contribuir para que realmente podamos ocupar ese espacio que está desocupado o con eucaliptos. Y también organizamos placas de identificación del territorio para delimitar el espacio, con el número de los procesos judiciales y artículos de la ley que nos da el derecho a la tierra. El día de la retomada es un día de tensión, de mucho trabajo, hasta que llega la policía. Claro, no hay ninguna retomada sin que la policía llegue. Ahí empieza el proceso de negociación, que, gracias a Dios, vamos ganando todos, y la policía se va.

La comunidad que va a recuperar la tierra tiene que estar bien movilizada y articulada para que haya gente todos los días, vigilando, trabajando, para que no lleguen al día siguiente y destruyan todo lo que se hizo el primer día. La retomada de Angelim II tuvo lugar el 19 de diciembre de 2020.

João: La retomada de Linharinho fue rápidamente reprimida. No hubo la oportunidad de sembrar el cultivo. Pasamos tres años pensando en una estrategia de cómo hacer una retomada que fuera más permanente. Así, en 2010, la retomada ocurrió en dos comunidades: São Domingos y en Angelim I, un mes después.

La estrategia en Angelim I fue que no nos quedáramos todos en el territorio en recuperación. Entrábamos, plantábamos y nos íbamos. Lo que sucedió en esa primera área fue su consolidación. No hubo interrupción por parte de la policía, ni aislamiento del área, logramos crear caminos y maniobras a través del diálogo directo y otras estrategias de resistencia. En São Domingos utilizamos la misma estrategia. Con el paso del tiempo fuimos eliminando los eucaliptos y cultivando una agricultura de base alimentaria más adaptable a la situación del suelo.

WRM: ¿Cómo el agua se volvió tan importante en esta lucha?

João: En una de las investigaciones realizadas por el movimiento quilombola aquí en Sapê do Norte, en 2002, se constató la desaparición de unos 200 arroyos y humedales en la región. La gente muchas veces ni siquiera tenía agua para beber.

En la retomada de Angelim I, hicimos una acción cerca de una zona húmeda. Después, en 2014 y 2015, vivimos un periodo de mucha sequía. Volvimos a la zona húmeda, ya con menos eucaliptos, pero no lo suficiente. La gente empezó a quitar los eucaliptos. A partir de ese momento, la región ganó otra forma. La lluvia llegó, el suelo se volvió más húmedo y las cosas empezaron a suceder.

En ese momento pasamos a observar lo que estaba ocurriendo en la región: donde estaban las personas, donde se regeneraron los manantiales, el agua estaba ocupando los puntos que antes estaban secos. Uno de los ejemplos más claros es el arroyo Córrego da Velha Antônia, que había desaparecido y que ya hemos conseguido recuperar parcialmente. Esto es algo muy gratificante.

Los cuerpos de agua ahora tienen más agua, con un volumen significativo, gracias a las retomadas, en que más de 400 familias del entorno han retirado los eucaliptos. En esta pequeña muestra vimos brotar el agua, algo que no ocurría durante muchos años. La gente empezó a pescar. En un lugar donde antes no había peces, empezaron a aparecer.  Se empieza a poder navegar en un lugar en el que no había agua. Estamos hablando de un solo arroyo, pero hay cientos de arroyos y ríos afectados aquí en la región. Imagínate la abundancia que había antes de los eucaliptos. Es decir, el gran problema que tenemos es el monocultivo de eucaliptos, que hace con que no tengamos agua; que los ríos no tengan agua.

El tema del agua es inconmensurable; lo hemos tratado como el principal vínculo entre todos los que estamos aquí.

Flávia: En realidad, todo lo que teníamos aquí en el territorio era tierra, agua y bosque. Eso era todo lo que teníamos para sobrevivir. No teníamos otra forma de subsistir. Por eso decimos que el bosque es nuestra madre y el río es nuestro padre. Siempre nos han mantenido. Cuando conocí el río, todavía había muchos peces, había lianas en el bosque, pero hoy nuestra mayor dificultad, en todo el territorio de Sapê do Norte, es la falta de agua.

En Angelim 2 había 105 familias, hoy son 40. Desde que llegaron, las empresas talaron todo el bosque, y poco después llegó la plantación de eucaliptos. El agua y los peces empezaron a disminuir y a morir por envenenamiento. Los manantiales comenzaron a secarse.

El monocultivo de eucaliptos seca el agua de los arroyos e inmediatamente utiliza ese espacio para plantar más eucaliptos, acercándose al manantial hasta que el río se seca por completo. También está la cuestión de las represas, que siempre se construyen por encima de nuestras comunidades, dejando sin agua a los arroyos que se encuentran en la parte inferior. En períodos de mucha sequía, el agua evapora, los ríos se vuelven tierra. Las plantaciones de eucalipto se abastecen con camiones cisterna. Van a las represas, llenan los camiones cisterna y riegan los eucaliptos, las plantaciones de eucalipto. Por esto hacen represas: para tener agua abundante todo el año.

Ni siquiera tenemos agua para beber, es algo cruel. Cuando estoy en los espacios donde están los organismos ambientales del Estado e incluso el actual gobierno, suelo decir que es vergonzoso dejar a más de mil familias en un territorio sin agua para beber.

Tenemos muchos problemas por la falta de agua. Una parte de la comunidad se abastece con un camión cisterna enviado por la alcaldía, pero no consideran la alternativa de quitar los eucaliptos que están cerca de las cabeceras de los ríos, disminuir la cantidad de veneno utilizada (para que tengamos acceso a agua limpia), en lugar de pasar años y años abasteciéndonos con camiones cisterna.

En las comunidades de Angelim 1, Angelim 2 y Angelim 3, solo con recuperar las tierras y reducir el cultivo de eucaliptos, no fue necesario trabajar en la recuperación de los manantiales (específicamente), pues no sería posible recuperar todos los manantiales en tan poco tiempo. Trabajamos en la recuperación de algunos de los manantiales más estratégicos para hacer avanzar el proceso. Pero con solo eliminar parcialmente los eucaliptos, el agua ya empieza a brotar.  Es increíble. En los manantiales en que hace un año no había agua, ahora vuelven a tener. Eso demuestra que lo que seca nuestros manantiales es el eucalipto, aunque ellos digan que no, que el eucalipto es una planta como cualquier otra. ¿Lo es? Sí, pero se trata de un monocultivo. Si hubiera alguna diversidad, tal vez no secaría el agua como ahora.

WRM: En ese proceso de retomada, ¿fue importante el apoyo de los movimientos y organizaciones de la región y los aliados internacionales?

Flávia: Muy importante. Siempre tuvimos esta percepción. Cuando estamos solos, la empresa arremete con fuerza, son muy violentos. Pero como tienen “un nombre que mantener”, como dicen, cuando se dan cuenta de que no estamos solos, quieren mantener el diálogo.

Hoy tienen otra forma de dialogar con nosotros porque son conscientes de que no estamos solos. Y cuando van a la mesa de diálogo, dicen que nosotros somos los agresivos. Siempre es así. Pero el apoyo de las comunidades y de las personas de fuera de Sapê do Norte es esencial. Estamos en un proceso de sostener una red de apoyo con cada uno de los movimientos. Tenemos que ir de la mano de todos para que nunca nos quedemos solos.

João: La lucha quilombola ya surge como una lucha conectada; de denuncia, con alianzas. La lucha quilombola de Sapê do Norte es conocida internacionalmente. Lo más importante para fortalecer esta lucha fueron las alianzas que tenemos a nivel nacional e internacional, aunque las retomadas se autogestionen, con el poder de decidir qué hacer, qué cultivar, qué comer. Todo ello ocurre gracias a este bloque que nos defiende desde los derechos humanos, desde la FASE (Federación de Organismos de Asistencia Social y Educativa) de Espírito Santo, que siempre fue una de nuestras socias, desde los movimientos sociales sin tierra, del MST, en todas las redes en que se articula, la Red Alerta contra el Desierto Verde, el WRM y tantos otros grupos aliados en las redes de América Latina. Tratamos de articularnos para sentir siempre el dolor de los demás, conscientes de lo puede suceder en nuestros territorios.

Intentaron separarnos, ahora queremos acercarnos, estar cerca del río y recuperar el bosque que nos quitaron. El vínculo con el bosque era tan íntimo y valioso que los lugares tenían nombre y se respetaban simbólicamente. Hoy se habla de la protección de los bosques, de las zonas de reserva legal, de las APP (Áreas de Preservación Permanente), pero eso no es suficiente ni comparable con lo que eran los bosques verdaderos.

WRM: ¿Cuáles fueron los principales retos en esta lucha?  

Flávia: Como mujer, hay muchos retos. La mujer tiene que ser militante, madre, ama de casa. En mi caso, tengo dos hijos, y fue mucho más desafiante porque recién había dado a luz. Mi hijo tenía cuatro meses cuando hicimos la retomada. Soy una lideresa de primera línea, dependo del apoyo de las personas. Pero solo confían en el proceso si estoy presente. Entonces yo tenía que estar presente, así que mi hijo y yo estuvimos en todas las retomadas. Es muy agotador, sufrimos. No en la comunidad, porque la comunidad nos da todo el apoyo cuando tenemos un hijo, toda la gente lo cuida.

También sufrimos prejuicios, por ser mujer, negra, quilombola, agricultora, pobre. Generalmente la empresa nos subestima mucho. Piensan que esta mujer, yo, no tengo capacidad para participar en un proceso de negociación, por lo que tengo que estar afirmando todo el tiempo quién soy, para que no nos subestimen o intenten arremeter con fuerza contra la comunidad. Los prejuicios son muy visibles. El día en que ocurrió la agresión contra un compañero, les pregunté si podían imaginarse lo que sucedería si hubiera sido él quien hubiera atacado a alguno de ellos (el personal de Suzano), todos blancos, dónde nuestro compañero estaría ahora. Estaría en la cárcel, seguro. Pero como fue un hombre blanco que atacó a un hombre negro, no pasa nada: dicen “lo siento” y “a dialogar”. ¿Habrían dialogado con nosotros en ese momento si hubiera pasado lo contrario? La resistencia es cotidiana, siempre hay que estar atento.

Otra cosa que me preocupa mucho son las amenazas. Yo siempre tengo miedo en el territorio. Debido a mi participación en el movimiento de derechos humanos, toda la coordinadora tiene un cuidado especial conmigo, una cuestión de vida o muerte. Aquí no hay señal de teléfono, solo tengo acceso a internet cuando estoy en casa. Cuando salgo, nadie sabe dónde estoy. No salir sola, no salir por la noche, no dejar solos a los niños en casa. Es un gran reto tener que estudiar, por la noche tengo que ir a la universidad, pero ¿cómo puedo volver a casa si no puedo caminar sola por la noche? Hay todo un proceso que todavía estoy tratando de manejar.

João: La empresa siempre está buscando una artimaña. En cada proceso de retomada, la empresa salía con un proyecto o con programas para desviar la atención.  Eso ocurrió muchas veces, generando un enfriamiento de la lucha. En ese mismo período, cooptaron quilombolas y líderes, ofreciendo puestos de trabajo, presentando algunos programas, afirmando que era lo mejor para la comunidad.

Lo que ocurrió en algunas de las retomadas fue que, a medida que se consolidaban las áreas en recuperación, fueron llegando personas que no eran quilombolas y que, de algún modo, lograron instalarse. Y, muchas veces, por no comprender la lucha por el territorio y la lucha quilombola, crearon un diálogo torcido y confundieron el proceso. Tuvimos grandes dificultades con eso. Recientemente, en 2020, sufrimos un ataque masivo de invasiones en el territorio de las comunidades, por parte de grupos organizados no quilombolas. Fue necesario tomar una posición, porque ellos estaban eligiendo algunas localidades y contando nuestra historia, como si fueran nosotros, y calificando a esas localidades como áreas de retomada. Algo peligroso. Fue necesario separar cuáles eran las áreas recuperadas en las que estábamos participando, con un poco de la filosofía que tenemos como movimiento. Al final, esas personas (no quilombolas) tuvieron que irse.

Mantener las áreas en recuperación también supone un reto debido a la invisibilidad que tenemos en las políticas públicas. Como trabajamos en autogestión, no tenemos el apoyo de políticas públicas, no tenemos el apoyo de casi nadie. Trabajamos con los agricultores, con los quilombolas que están en el campo casi como un esfuerzo directo por parte de ellos. Y eso está siendo un gran diferencial, está haciendo posible “extraer la leche de la piedra”, cuando se decía que no iba a salir nada. Fue posible volver a tener agua donde no había, tener comida donde no había, tener bosques, volver a criar animales donde en el pasado había muchos.

Otro desafío tenía que ver con la capacidad de rebrote del eucalipto: una capacidad enorme.  Después de diez años, tenemos lugares en los que aún no fue posible eliminar los residuos de los eucaliptos. Los más de 40 años de uso intensivo de maquinaria pesada, de cientos de kilos de glifosato, de toneladas vertidas en las cabeceras de los ríos, en las aguas, dejaron el suelo en muy malas condiciones. Y ahora tenemos que regenerarlo, recuperarlo. La agroforestería siempre formó parte de la vida quilombola.  Pero para regenerar el suelo es necesario conocer el lugar, recuperar la ancestralidad, analizar lo que tiene relación con el entorno y lo que no. Saber qué sembrar, saber qué dejar crecer.

WRM: ¿Qué consejos podrías dar a otros pueblos que se enfrentan a un proceso similar de recuperación de tierras o aguas?  

Flávia: Aquí, en Brasil, creo que no vamos a tener tierras si no las recuperamos. Así que la primera cosa: hay que recuperar la tierra. Pero para hacer eso, hay que tener una organización mínima para no acabar intentándolo sin éxito. Tenemos que estar conectados, trabajar en red, aunque sean redes fuera del estado o del país. Es muy importante tener apoyo en red, estar en contacto con el Ministerio Público Federal, con la Defensoría del Estado, con los consejos de derechos humanos, porque son las instituciones del Estado con las que podemos conseguir algún apoyo jurídico. También es muy importante preocuparse por la vida de nuestros defensores.

Y nunca rendirse, ¿verdad? Porque si renunciamos a cualquier proceso de lucha por nuestros derechos, de una forma u otra, vamos a morir. Si no somos defensores, nos van a fusilar porque somos negros, o nos vamos a morir de hambre porque no tenemos nada que comer, o nos vamos a morir de frío porque no tenemos dónde vivir. Siempre tenemos que estar atentos y tratar de mantenernos vivos.  La prioridad es la vida, no rendirse y trabajar en red. Los apoyos son muy importantes.

João: No dejar de sembrar, no dejar de creer, seguir adelante. En muchos momentos habrá dificultades, pero mientras haya un manantial que necesita ayuda, no podemos quedarnos solo en el discurso. Es necesario actuar. No se puede esperar que la decisión salga de la pluma de un juez, porque él no siente en su piel cómo se están contaminando los de abajo.

Las retomadas hoy son una realidad, y al igual que nos atrevimos a hacerlas, nos atreveremos a mantenerlas. El tiempo transcurrido nos ha permitido reflexionar y comprender mejor la coyuntura. No es fácil comprender un aislamiento de más de 40 años sin acceso a la tierra. Y cuando se abre esta posibilidad, es normal que surjan crisis y confusiones. Las retomadas nos han enseñado eso, y estoy muy agradecido por haber comprendido mejor este gran plan, que funcionó. Y que está demostrando que es el camino que seguir.

Creo que lo más importante fue poner fin al silencio que existía en medio de los eucaliptos, asfixiando a las comunidades que estaban aisladas. Se rompió un silencio que impedía a la comunidad entrar o atravesar parte de una zona de eucaliptos para llegar a un arroyo sin temer a la vigilancia –que aún se mantiene, pero que tenía un control mucho mayor (en el pasado). Entonces, se rompe ese silencio y se restablecen los vínculos comunitarios.

Puedo ver las tierras de los pueblos de todo el mundo, de nuestros hermanos indígenas, de las comunidades tribales de cada país, que se unan y encuentren fuerzas juntos. Hay momentos difíciles, pero nuestro gran enemigo son los grandes proyectos que vienen a ocupar las tierras, las aguas; a matar a nuestros pueblos. Así que, en primer lugar, unión y acción local. Todos los días, si es posible.