Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Pobladores Ayuuk de Mogoñe Viejo durante su participación en las acciones de protesta durante el campamento “Tierra y Libertad”, el cual fue desalojado violentamente en abril del 2023.} 

En días recientes, pueblos Ayuuk y Zapotecos del norte del istmo oaxaqueño se declararon en resistencia frente a los abusos y afectaciones provocadas por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) en sus territorios. Pese a que en un inicio el gobierno federal les informó que los trabajos se limitarían a la modernización en las vías férreas, en los años recientes la instalación del megaproyecto ha provocado afectaciones severas debido a las obras de la Estación Mogoñe, que necesita adecuaciones para el tránsito de trenes de carga, que atraviesan su territorio.

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Las y los ejidatarios Ayuuk de Mogoñe Viejo, en el municipio de San Juan Guichicovi, se han movilizado constantemente desde 2023. En febrero de ese año, los ejidatarios instalaron el campamento “Tierra y Libertad” como respuesta a lo que consideraron la imposición de las obras del CIIT.  Durante 62 días, tiempo que se mantuvo el campamento, recibieron el apoyo de otras comunidades indígenas y activistas. 

A pesar de acuerdos iniciales que limitaban el impacto del megaproyecto en los cercados y parcelas colindantes, las comunidades argumentan que ha ocasionado daños significativos y ha promovido desplazamiento forzado de familias zapotecas en Rincón Viejo, en el municipio vecino de Santa María Petapa.

Mediante asamblea realizada en enero del 2025, ejidatarios de Mogoñe Viejo decidieron reactivar las acciones de resistencia en el campamento dentro de su territorio, en las colindancias de las vías del tren, en el mismo lugar donde estaba el campamento “tierra y libertad”. Esto acontece al mismo tiempo que arrecia la criminalización contra habitantes del mismo ejido, así como de Rincón Viejo y contra defensores de la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (Ucizoni).

Juana Ramírez, integrante de esta organización, expresa para Avispa Mídia que desde el año 2019, en el momento en que se realizaron las consultas para la construcción del CIIT, que califica como “simulación”, los pobladores han exigido diálogo con funcionarios y dependencias que participan de las obras, quienes se han negado a atender sus exigencias. Al contrario, como lo señala Ramírez, en el caso de elementos de la Secretaría de la Marina (Semar, quien coordina las obras), han realizado permanentemente acciones de intimidación y amenazas contra la población indígena.

Persecución

Ramírez informa que las acciones de protesta actualmente están enfocadas en mantener actividades pacíficas en el campamento. Ella asevera que la criminalización se intensificó tras el desalojo violento, por elementos de la Guardia Nacional, policía estatal y marinos, del campamento “Tierra y Libertad”, el 28 de abril de 2023, momento en que arreciaron acusaciones penales contra los indígenas que participaban de la resistencia al CIIT.

El abogado José Cayetano, también integrante de Ucizoni, detalla a Avispa Mídia que actualmente existen procesos penales contra 24 personas, a quienes, entre otros cargos, se les acusa por violación a la ley de vías generales de comunicación y delitos de invasión al derecho de vía relacionados con el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. Entre los demandantes se encuentra la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), así como el Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec S.A. de C.V. (FIT).

Acorde a Ramírez, fue en mayo del 2023 cuando se enteraron de la existencia de procesos penales contra, en ese momento, 16 personas. “La primera carpeta de investigación se deriva de la detención de los seis compañeros que fueron detenidos en el desalojo del campamento. La segunda carpeta se genera por el acompañamiento que brindamos a la manifestación pacífica que se mantenía en el campamento”, relata.

Ramírez señala que en el análisis de la defensa legal de la población Ayuuk se han percatado que existen irregularidades. “Dos de los procesos penales están compuestos por las mismas declaraciones. Es un copia y pega”, acusa la también litigante, además de enfatizar que en las acusaciones se señala que los manifestantes obstruían las vías del tren, “cuando nunca fue así”. 

Está previsto que este miércoles (22) se realice la audiencia inicial contra ocho personas de la comunidad de Rincón Viejo dentro de la causa penal OAX/000574/2024. En ella, se formularán los cargos contra los acusados y se determinará cómo deberá continuar el proceso. Para ambos abogados de Ucizoni, la única salida viable es el desistimiento de las acciones legales y un diálogo abierto con las comunidades afectadas.

ASESINATO

La tarde de este martes (21) se conoció el hallazgo del cuerpo sin vida de Arnoldo Nicolás Romero, quien fungía como comisariado ejidal de la comunidad de Buena Vista, municipio de San Juan Guichicovi. 

Mientras que el cuerpo presenta impactos de bala, aún se desconoce el móvil del asesinato que ocurre en el contexto de incremento de amenazas y la persecución judicial contra pobladores que resisten al CIIT.

Abusos, ignorados por la CNDH

Ucizoni ha promovido tres quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a los derechos humanos relacionadas con el CIIT. Sin embargo, estas quejas han sido desestimadas. “Nunca nos informaron sobre los avances de las investigaciones”, acusa Ramírez. Además, denuncia que personal de la CNDH intimidó a los habitantes de Mogoñe Viejo para que no presentaran más quejas.

La abogada Juana Ramírez relata que promovieron una primera queja por los abusos contra los pobladores de Mogoñe Viejo, a quienes durante una asamblea el 6 de mayo del 2022, con la representación de los responsables por las obras, se les informó que los trabajos se limitarían a cambios de durmientes, balastros y nivelación de terreno, sin afectar sus predios, situación que con el avance de las obras no se cumplió.

Ucizoni también promovió una queja por las afectaciones contra pobladores de Rincón Viejo y destaca la denuncia por las intimidaciones, durante una asamblea en enero del 2023, por parte de Mariano Avendaño Ulloa, representante del FITyel capitán Jorge Mario Bremont Zamorano. Fue en esa reunión donde, tras intimidaciones, los pobladores de Mogoñe Viejo fueron forzados a firmar un documento en el cual permitían los trabajos en las vías férreas correspondientes al tramo 2.3, de Paso Real Sarabia a Estación Mogoñe.

En este documento, anexado en la queja dirigida a la CNDH, se constata que el derecho de vía se amplía hasta 35 metros por cada lado, es decir, 70 metros en total. Aún más grave es que los funcionarios añadieron una advertencia para cualquiera que se manifestara ante este hecho. “Por ningún motivo serán interrumpidos los trabajos por los colindantes. Persona que interrumpa los trabajos será denunciada ante el Ministerio Público Federal”, se lee en el acta de la asamblea.

A su vez, integrantes de Ucizoni levantaron una queja más por amenazas del crimen organizado y la criminalización de parte de las autoridades contra los defensores. Ante el cuestionamiento sobre la respuesta de parte de la CNDH, Ramírez asevera que no existió ninguna. “Les dieron carpetazo a las quejas. Nunca tuvimos información. Es evidente que hay también cierta discriminación hacia nuestra gente. Después que metimos las quejas, en mayo de 2024, personal de la CNDH asistió a Mogoñé Viejo. Asistieron a esta visita diciéndoles de que ya no presentarán más quejas, intimidándoles de que no estaban en su derecho de quejarse”, denuncia la litigante.

Para Juana Ramírez la situación es grave pues tanto defensores como pueblos indígenas son criminalizados por las acciones de protesta ante un megaproyecto que causa afectaciones ambientales y sociales. “Incluso, el gobierno federal nos acusa de invasores, cuando sabemos de por medio, que nuestros abuelos, abuelas que han habitado por mucho tiempo todo ese tramo, pues es una herencia que nos dejaron”, sostiene y, además, subraya que la exigencia actual es el desistimiento de la acción penal contra la población.

Mercancías, por encima de derechos humanos

La Línea Z del CIIT, una de las tres vías férreas que conforman el megaproyecto, conecta los puertos de Coatzacoalcos, Veracruz, en el océano Atlántico y Salina Cruz, Oaxaca, en el Pacífico y está operativa desde diciembre del 2023.

Acorde a un reporte del director general del CIIT, vicealmirante Juan Carlos Vera Minjares, en el periodo de un año, la Línea Z habría movilizado más de 231 mil toneladas de carga y más de 65 mil pasajeros. Ya desde junio de 2024, el gobierno federal, destacó que entre la carga transportada se encuentran materiales para la construcción como arcilla, cemento y arena, así como maíz.

Ese mismo mes, el FIT anunció con bombo y platillo el éxito de la primera operación de carga desde Salina Cruz, Oaxaca hasta Chinameca, Veracruz, un centro logístico de la agroindustria el cual recibió 13,500 toneladas de maíz blanco, procedentes de Sinaloa, para la empresa Grupo Maseca. Posteriormente, en agosto de 2024, se formalizó un acuerdo comercial con Grupo Minsa para el traslado de granos de maíz hacia su planta de harina en Jáltipan, Veracruz.

Ya en el último tramo del sexenio de López Obrador, el entonces secretario de Marina, Almirante José Rafael Ojeda Durán, enfatizó que pese a que ya operan algunos tramos del CIIT aún proyectaban mantener obras complementarias, las cuales preveía concluir en el año 2025.  Sobre todo, éstas se encaminan a concretar la estrategia prioritaria descrita en el programa para el Desarrollo del Istmo de Tehuantepec 2020-2024 que busca fortalecer la infraestructura productiva en materia de transporte, logística, energía, hidrocarburos y telecomunicaciones. 

Carlos Beas enfatiza que, pese a que la confrontación de los pueblos se da con el gobierno mexicano, éste no es el principal beneficiado, pues emprendimientos proyectados para el Corredor como gasoductos, generación de hidrógeno, desalinizadoras, productoras de energía fotovoltáica y eólica, entre muchos otros responden a intereses del gran capital trasnacional.

Beas detalla que las afectaciones por las obras del CIIT también son palpables en la zona sur del istmo, en lugares como Salina Cruz donde la población pescadora ya está siendo afectada por la instalación de un enorme rompeolas que modificó la actividad de la cual dependen las familias de la región. Por ello, lamenta que la imposición de un megaproyecto que se centra en la modernización de la infraestructura deja de lado las prioridades de la población local, además de incrementar la violencia, inseguridad y daños ambientales. “Es un proyecto transnacional que está siendo autorizado en México por el gobierno mexicano sin haberse realizado una manifestación de impacto ambiental seria”, denuncia.

El integrante de Ucizoni remarca que, previo a la fase actual, las poblaciones identifican la militarización del megaproyecto cuando, a finales del año 2023, se asigna a la Semar como coordinadora de las obras. “Entonces tenemos diferentes casos de criminalización en el Istmo: en Mixtequilla, donde hubo oposición hacia un parque industrial por los manejos de los recursos y los impactos que iba a tener, pues fueron encarceladas 9 personas. También el caso de los vecinos zapotecas de Puente Madera del municipio de San Blas Atempa”, destaca algunos de los conflictos sociales derivadas del CIIT.

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A mediados del 2024, el entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, informó que las tareas de seguridad están respaldadas por una Brigada de Infantería de Marina con 2 mil 512 elementos desplegados en cuatro batallones que cubren 21 unidades destacamentadas. Sólo en la Línea Z del ferrocarril se han desplegado al menos 1,800 militares y elementos de la Guardia Nacional para su resguardo. 

Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
^{Foto de portada: Santiago Navarro F}

Cobijados por el humo del incienso se reconocen en la memoria espiritual y en la resistencia. Una a una fue llegando las delegaciones de Canadá, Estados Unidos, Honduras, Bolivia, Perú y Brasil, para reunirse en uno de los puntos del llamado Corredor Interoceánico, en el sur de México. Aquí intercambiaron sus reflexiones y experiencias los Wet’suwet’en, Otomís, Zapotecos, Wixárikas, junto a mujeres Lakotas y Dakotas, también de la región andina, entre otras.

Durante tres días – 10, 11, 12 de octubre -, en el centro agroecológico Yajxonax, en la comunidad de Tierra Bonita, próxima a la ciudad de Matías Romero Avendaño, en el Istmo de Tehuantepec, a través de mesas informativas y de discusión se vertieron diversas problemáticas en torno a los gasoductos en Canadá, Estados Unidos, Bolivia, Perú y otros países. También se abordaron otros megaproyectos que aquejan distintos pueblos, como las granjas de cerdo en Yucatán, los monocultivos de soja y la minería, así como el litio en Bolivia. 

Participaron delegados de 11 naciones. Desde distintas entidades de México llegaron 374 representantes entre pueblos indígenas, organizaciones, ambientalistas, académicos y comunicadores.

Acudieron al llamado Encuentro Continental Construyendo una Alianza contra Gasoductos y Otros Megaproyectos en Defensa de los Territorios de los Pueblos Originarios. Un evento autofinanciado que pudo llevarse acabo con la solidaridad de las propias comunidades quienes aportaron los alimentos y el espacio, así como la colaboración de distintas organizaciones.

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Puente Madera, Oaxaca. Este 14 y 15 de marzo, la Asamblea Comunitaria de Puente Madera, Oaxaca, celebró con bailes, foros y ofrendas su tercer aniversario en la primera línea de combate contra el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT). La Asamblea llamó a la unidad entre pueblos, exigió un alto inmediato a la represión y advirtió en su comunicado que cualquier incursión en sus tierras comunales desatará “un conflicto de sangre y fuego.”

Imposición

Hace tres años, el 14 de marzo del 2021, una supuesta Asamblea de Comuneros en la cual se falsificaron más del 80% de firmas del padrón de comuneros, entre ellas las firmas de dos personas ya fallecidas, derivó en la entrega al capital extranjero de las tierras comunales de la comunidad Binnizá. Desde entonces han estallado acciones y mecanismos para romper el tejido social e imponer los proyectos del CIIT en la región: acarreo de gente por promesas y amenazas, cooptación, falsificaciones, violencia y criminalización.

Bajo el mando del entonces presidente municipal Antonino Morales Toledo, actual candidato al Senado de la República del partido Morena, hasta la fecha se han dictado 17 órdenes de aprehensión y una sentencia contra el Agente Municipal Comunitario y defensor de derechos humanos David Salazar Hernandez, sentencia de 46 años de prisión por delitos que David no cometió.

“Esta es vida”

En el centro de este conflicto está una lucha entre distintos modelos civilizatorios. Por un lado están las tradiciones, saberes, modos y formas de vida de un pueblo Zapoteco totopero y campesino. Del otro están el “progreso” y el “desarrollo” de la 4T que asegura prometer trabajo, poder, estatus y superación desde una perspectiva neocolonial.

Puente Madera tiene Memoria. Recuerdan la llegada a la región de otra oleada de “progreso”: la construcción en 1974 de la refinería Salina Cruz, la más grande del país. Al igual que el «Polo de Desarrollo para el Bienestar» que hoy en día el Gobierno planea construir, en ese entonces la Refinería también prometía y se vendía así misma a partir de grandes promesas. Sobre ella, se dice que tiempo atrás se peleaban fichas para trabajar, pero hoy solo salen -y eso a veces- contratos a corto plazo para suplantar turnos de 24 horas bajo el calor. Hoy la presencia de la Refinería se vive en altas tasas de cáncer y enfermedades relacionadas con la contaminación. Por lo normal la Refinería se lleva un 80% del agua de la presa Benito Juárez, pero la sequía sigue feroz y el monstruo sigue con sed, así que de hecho hace unas semanas decidieron dejar sin agua para el riego a los campesinos de la región.

En el Foro de este 2024, en el primer día del evento en lugar de hablar de “desarrollo” se habla claro de y sobre proyectos de muerte, y el narcoestado capitalista que los impone. Se nombran caciques con nombre y apellido, y se hacen análisis del despojo basados en datos e investigaciones exhaustivas. Para el segundo día realizamos un recorrido en el predio “El Pitayal”, el cual se está defendiendo. Realizamos una ofrenda para agradecer y sostenernos en la lucha. “Ésta es vida”, dice David en algún momento. “Trabajar la tierra es vida”, reitera.

Adelante

En junio de 2023, la comunidad logró gracias a su compromiso y sacrificio la suspensión de oficio de la declaratoria del Polo de Desarrollo para el Bienestar de San Blas Atempa, Oaxaca.

Aun así, la Asamblea advierte en su comunicado que sigue presente la amenaza de que la Secretaría de la Marina (SEMAR) incursione militarmente en El Pitayal y en su comunidad, “lo que representaría un conflicto de sangre y fuego que implicaría muertes, detenciones y afectaciones a las personas que valientemente se defenderán de la represión por su libertad, la paz y tranquilidad de Puente Madera”.

Siguen vigentes la sentencia contra David Salazar Hernandez y las órdenes de aprehensión, y siguen los intentos mañosos de dividir y desarticular a la comunidad. Pero siguen también firmes lxs compas de Puente Madera y las organizaciones de la región y el mundo que lxs abrazan. Sigue la lucha, y se profundiza.

Foto: APIIDTT, 2 Julio, 2023

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago