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Avispa Midia

Por 5 años Chiapas recibió apoyo para búsquedas que no se realizaron: Madres buscadoras 

Fuente: Avispa Midia

Por Jeny Pascacio

La titular de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, acudió a Chiapas para reunirse con las integrantes del Colectivo Madres en Resistencia y la nueva directora de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Guadalupe Elizabeth Santiago Ballinas, para coordinar los próximos trabajos de búsqueda y transparentar el uso de recursos.

Isabel Torres, madre de Cassandra Arias Torres desaparecida forzadamente, e integrante del colectivo, destaca para Avispa Mídia que en el conversatorio realizado el 17 de enero, la Comisión Nacional reconoció que, durante un periodo de cinco años – desde que inició funciones la CEB, en 2019, a 2024 – envió más de 48 millones de pesos para la búsqueda de personas en Chiapas.

Además del citado recurso, de acuerdo la Secretaría de Finanzas, la Comisión Estatal de Búsqueda también recibió 2,647,188.34 de pesos en 2021; 2,610,346.06 en 2022; para 2023 fueron 4,409,737.17 y 7,830,224.82 de pesos en 2024 del Presupuesto de Egresos del Estado. 

En el 2024, la CNB también envió cinco escáneres portátiles de huellas dactilares para identificación humana, tres llegaron al área de peritaje de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas y dos para la CEB.  

Estos dispositivos son parte de una donación de 300 escáneres que hizo Alemania, a través del programa Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA); 86 se entregaron a las comisiones estatales y 149 a las fiscalías locales para abonar a la identificación rápida de cuerpos y a la búsqueda en vida. El escáner registra la huella y se envía al Instituto Nacional Electoral (INE) que se encarga de la identificación en un periodo aproximado de tres días. 

“Cuestionamos por qué no han usado los escáneres y a dónde se fueron los 48 millones porque en las búsquedas no. En la primera búsqueda que se hizo de mi hija Cassandra la directora de Búsqueda (Rosa Elena Vela Govea) levantó un palo para poder buscar entre el monte y, en la última vez (Emiliano Zapata), no llevaron ni una pala para poder escarbar”, lamenta Isabel Torres. 

Reyes Sahagún les aseguró que ya está pidiendo cuentas a la Comisión Estatal sobre los recursos. Dijo a las madres que ahora los gastos deberán justificarse debidamente. Este 2025 se prevé más apoyo para las búsquedas, aunque no dio la cifra. Además, la CNB enviará a más personal para las labores de búsqueda, pues, en la actualidad la comisión local cuenta con dos buscadores y una persona en informática. 

La directora de la Comisión Estatal, que entró en funciones el pasado 3 de enero, se comprometió a trabajar de cerca y sin intermediarios con las madres y familias buscadoras. En este primer encuentro, tanto la comisionada como la directora acordaron dar seguimiento a las pautas. 

La CNB informará al colectivo sobre los planes de búsqueda y respetará el derecho de las familias de documentar el trabajo de las autoridades con sus teléfonos móviles. Serán las únicas autorizadas para usarlos. 

Vicky Garay Cazares del colectivo Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros AC, en Nayarit, explica que siempre ha existido mucho problema con los recursos destinados a las comisiones locales, “cuando los dan no verifican al 100 por ciento en qué se gastó”. 

Con base en su experiencia, la CNB y el Estado no verifican qué falta en las comisiones locales, en qué se gastó el recurso o cómo lo gastaron. En el caso de Nayarit, las colectivas han solicitado, incluso por escrito, que se realicen auditorías a las comisiones locales.

Vicky insiste en que las búsquedas dependen del manejo y el trabajo que tenga la comisión local. “Debemos presionar, hay que trabajar con la Comisión Estatal”, dice. Considera, además, que se debe crear el Consejo Ciudadano de dichas comisiones.  

En el conversatorio también estuvieron presentes representantes de la Colectiva Cereza, que son acompañantes de la lucha de Madres en Resistencia, así como de la Protección Civil y del Centro de Derechos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Las madres ya habían denunciado

“Lo que ahorita está haciendo la Fiscalía se había solicitado desde mucho porque varios casos del Colectivo la geolocalización apuntaba a la misma dirección, en ese rancho [de San Isidro, en Emiliano Zapata]”, dice Adriana Gómez al referirse a los recientes operativos realizados por el gobierno de Chiapas, a partir de los cuales se anunció el hallazgo de diversas fosas. 

Los teléfonos celulares de Edwin Alejandro Delgado Vázquez, Néctar Galdámez Chandomí, Victor Chavarría y Cassandra Arias Torres, desparecidos en diferentes momentos y lugares, estuvieron en San Isidro, municipio de Emiliano Zapata. 

La geolocalización que realizó la Fiscalía de Chiapas del dispositivo de Cassandra Arias Torres, desaparecida forzadamente el 17 de diciembre de 2022 en Berriozábal, arrojó una ubicación en el municipio de Emiliano Zapata y, desde ese momento, el colectivo solicitó la búsqueda, pero la autoridad no hizo nada. 

Dos años después, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, los operativos de la estrategia de seguridad del estado chiapaneco han reportado hallazgos de 27 fosas clandestinas con restos humanos pertenecientes a unas 40 personas en los municipios de Suchiate, Palenque, Emiliano Zapata y La Concordia, según la información difundida por la FGE. El material genético fue enviado a la Ciudad de México para su estudio.

Los operativos coincidieron con la huelga de hambre que sostenían las Madres en Resistencia en Palacio de Gobierno para solicitar audiencia con el gobernador Eduardo Ramírez, que por meses se negó a atender y reconocer el tema de la desaparición de personas. 

Tras días de protestas, las madres fueron recibidas por el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca a quien le solicitaron una nueva búsqueda en el rancho de San Isidro en Emiliano Zapata. 

El 8 de enero fueron citadas a las 6 horas, pero los elementos de la Fiscalía y la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP) llegaron tres horas tarde. “Nos tuvieron paradas en la carretera esperándolos y cuando llegan se bajan inmediatamente a tapar la vialidad, de forma innecesaria. Luego nos fuimos a la búsqueda donde iniciamos casi las 10 de la mañana”, recuerda Adriana Gómez. 

También acudieron profesionales de Protección Civil (PC) con el área Canina, de la CEB y tres madres del Colectivo. “Nos dividimos porque ellos querían sacar el agua de una laguna con una bomba, nosotras dijimos que buscaríamos por otro lado o ahí se nos iría todo el día y son pocas las oportunidades de búsqueda que nos dan”.

Los de PC se metieron al agua a buscar, los demás fueron sus observadores alrededor de la laguna, relata Adriana. Observó un rancho con una casa lujosa de ventanales de cristal, varias habitaciones y en una de las paredes vio dibujos que parecían hechos por niñeces. 

“Dicen que había un área de tortura que a mí ya no me tocó ver, pero sí vimos una mesa de billar y una alberca grande. Habían varios pozos de cemento, con agua y en uno había una escalera grande, y ahí se necesitaba una revisión minuciosa. Pero ellos (autoridades) no buscan, llegan un rato medio observan y buscan una sombra para tomarse un refresco y comer sus frituras o su pollito”, lamenta Adriana.

Pero las integrantes del colectivo saben que deben poner mucha atención en el suelo que pisan y los detalles, “vamos revisando con nuestro pie para saber si la tierra está suelta”. Eso hacían el 8 de enero en San Isidro cuando les llamó la atención un corral de cemento para cerdos. 

“Aún había deshechos en el suelo y había un tubo de PBC que llevaba su descarga a una fosa séptica de cemento, parecía un tanque. Pertenecía al rancho pero como tenía el alambrado daba la impresión que era otro predio”, describe Adriana. 

Las madres cruzaron ese alambrado y los representantes de la fiscalía les insistieron que ahí ya habían revisado, “pero cada vez que decían eso nosotras volvíamos a revisar y nos metimos las tres madres al alambrado, nos agachamos para ver la fosa séptica con nuestra lámpara, porque ellos ni eso llevaban, y ahí vimos la osamenta”, describe. 

Dieron parte al personal de la Fiscalía, pero éste no llevaba guantes ni personal capacitado para introducirse al reducido espacio. Fue un policía que sacó los restos, pero antes retiraron a las madres buscadoras del lugar. “El policía dijo que eran de tres cuerpos, pero no sabemos en realidad cuántos sacaron”. 

“Ellos no querían aceptar el hallazgo que hicimos porque ya habían buscado ahí y de hecho le echaron la culpa al canino de Protección Civil, pero el perro no identificó los restos porque estaban en el excremento, ya no tenían ni tejido. Incluso, en ese rancho también hay una laguna y no sabemos si ahí también podrían haber cuerpos”. 

El colectivo ha expresado en diferentes momentos su preocupación por la incapacidad y falta de profesionalismo con la que las autoridades atienden la búsqueda de personas, pues consideran que tras un hallazgo, mientras la autoridad correspondiente realiza la documentación, los demás elementos deben continuar con los trabajos. 

“Cuando encuentran dejan de trabajar. No se les está pidiendo algo que no exista, la búsqueda es un derecho que tenemos. La fiscalía debería actuar rápido, hay una ley y dice que en esos casos la geolocalización debe ser rápida y parece que aquí hacen las cosas al revés”, insiste Adriana. 

Redes

El Colectivo de Madres en Resistencia de Chiapas sólo espera que los acuerdos que adquirieron con las comisiones no sean momentáneos. Hasta ahora, todo lo que obra en las carpetas de investigación de los casos que acompañan ha sido trabajo del Colectivo. 

Adriana Gómez, fundadora del Colectivo, recuerda que al no tener acceso a la justicia hace tres años se vio en la necesidad de aprender, tejer redes y surgir como Colectivo. Después comenzaron a llegar las denuncias sobre desapariciones a las redes sociales de las Madres en Resistencia.

Se aliaron a otras madres buscadoras de Sonora, Tijuana y Ciudad Juárez quienes les dieron recomendaciones para pedir las búsquedas ante la CEB y la fiscalía, les explicaron sobre la geolocalización de los dispositivos móviles y cómo solicitarla. “Se necesitaba el acompañamiento y nosotras iniciamos solas”.

Al Colectivo se acercaron estudiantes de Derecho y abogadas de profesión, que las acompañan en las actividades. En la huelga que realizaron a finales de diciembre de 2024, Amnistía Internacional y la Organización de las Naciones Unidas también brindaron acompañamiento. 

Cuando el Colectivo tomó fuerza, Jorge Luis Llaven Abarca, que entonces también era Fiscal General, intentó dividirlas, “pero no lo consiguió porque nos conocemos y conocemos todos los casos, leemos las carpetas y no confiamos en las autoridades”. 

También investigaron sobre las herramientas que podían conseguir con sus propios recursos como las varillas de hierro, las mandaron a hacer de cinco centímetros de grosor, aproximadamente, con punta para atravesar la tierra y un gancho para sostener la varilla sin que resbale al empujarla con fuerza. 

“Cuando buscamos llevamos palas, picos y las varillas. Identificamos si la tierra está suelta, amontonada o si está fresca, eso se identifica rápido. Metemos la varilla, si entra al sacarla la olemos, no somos expertas pero hemos ido al Servicio Médico Forense (Semefo) a buscar y se identifica el olor. Al igual observamos si hay ropa tirada y también nos guiamos del presentimiento para saber dónde a escarbar”, explica Adriana. 

Todxs cuentan

El país entero tiene la problemática de la desaparición, en Chiapas pasaba menos, señala Voces Mesoamericanas que acompaña casos de personas migrantes de Chiapas desparecidas en el norte del país. 

Considera que los obstáculos a los que se enfrentan los denunciantes es la falta de información para que una persona sepa qué hacer ante una desaparición. Pero cuando las personas ya saben qué hacer se encuentran con que las instituciones no levantan las carpetas de investigación por desaparición y solo inician registros de atención. 

También recurren a la revictimización y en las fiscalías les dicen que esperen porque sus familiares van a regresar porque quizá se fugaron con la pareja y de esa forma minimizan la situación para que no haya un registro real de cuántas personas desaparecidas hay en Chiapas, explica Voces Mesoamericanas.

Una vez que la familia pudo denunciar, el problema es la falta de acceso a la justicia, al debido proceso, a ser escuchada, a la reparación de daño, por lo complicado que es ingresar a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Si se trata de una persona migrante desaparecida en Chiapas, para que la familia pueda entrar a México a hacer las denuncias o los seguimientos, necesita visas y no están a disposición, tiene que hacer el mismo proceso que los demás y esperar. 

“No hay políticas públicas que atienda la desaparición en contextos de movilidad humana, es decir, personas en situación migratoria y personas en situación de desplazamiento forzado”, insistió la organización que acompaña al Colectivo Junax Ko’tantik, integrado por familias chiapanecas que buscan a migrantes desparecidos en el norte del país y Estados Unidos. 

Para Voces Mesoamericanas la Comisión Estatal de Búsqueda de Chiapas tiene muchos vacíos y no hay claridad sobre las personas que la integran y los nombramientos los realizan sin una consulta pública como lo establece la ley local y sin priorizar las características del perfil seleccionado. 

Incluso, a cinco años de la CEB iniciar funciones, no ha emitido la convocatoria para integrar el Consejo Ciudadano de la Comisión Estatal de Búsqueda para ser vigilante de los trabajos de búsqueda de personas desaparecidas en Chiapas.

Otra ausencia en la CEB es el registro de personas desaparecidas en territorio chiapaneco y personas desaparecidas de origen extranjero, y chiapanecos migrantes desaparecidos en otro lugar. La organización cuestiona y lamenta que tampoco exista un mecanismo de búsqueda de personas, tanto en búsqueda inmediata o de larga data, en situaciones migratorias, y desde una perspectiva diferenciada. 

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México 110,668 personas están desaparecidas y 1482 son de Chiapas. En el desglose, en 2019 existe un registro de 68 personas desaparecidas y no localizadas, 87 en 2020, 162 en 2021 y 244 en 2022, cifras también plasmadas en el informe Tocar el Vacío, del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba). 

En el estudio, Frayba hace referencia al aumento de 358% de las desapariciones en el periodo entre 2019 y 2022. 

¿Qué hacer?

Hasta ahora solo organizaciones como Fundación para la Justicia cuenta con información en su plataforma digital sobre qué hacer si una persona desaparece. Aclara que no es necesario esperar 24, 48 o 72 horas para reportar o denunciar su desaparición. 

El reporte puede ser ante la CNB o ante la Comisión Estatal de Búsqueda, pero si se desconoce el estado donde desapareció la persona el reporte es al +52 55 1309 9024 o desde el extranjero a la lada gratuita 185 52 62 31 09.

Por su parte la fiscalía de Chiapas aseguró que cuenta con protocolo de atención en el que recomiendan realizar la denuncia ante la autoridad ministerial más cercana y toda autoridad debe iniciar la denuncia correspondiente “ya sea registro de atención por la no localización de la persona o en su caso carpeta de investigación por la desaparición”.

El denunciante debe presentar documento que acredite personalidad, en caso que la víctima sea menor de edad presentar acta de nacimiento que acredite parentesco. Sin importar la edad de la víctima presentar fotografía reciente, sin manipular.

En caso de menores de edad se activa la alerta Amber, en mujeres mayores de edad se activa Protocolo Alba y en hombres se activa ¿Has visto a? 

Una vez iniciada la denuncia se giran los oficios correspondientes a las corporaciones policiacas, instituciones públicas y privadas. Y de acuerdo a la fiscalía se deben hacer brigadas de búsqueda en diversos puntos de la zona en la que fue vista por última vez la víctima. 

Si la persona desaparecida es migrante y fue víctima de un delito federal, se puede denunciar la desaparición en la Unidad de Investigación de Delitos para Personas Migrantes al correo electrónico: unidadmigrantes@fgr.org.mx

La Fiscalía General de la República fue contactada para solicitar el protocolo de atención en caso de víctimas de desaparición forzada pero dijo no tener información al respecto, únicamente a través de las líneas telefónicas. 

El próximo 21 de enero Eduardo Ramírez se comprometió a atender a las madres buscadoras y el 24 de enero dialogarán con el fiscal Jorge Luis Llaven Abarca. 

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Colectivos de familias de Desaparecidas y Desaparecidos

Comunicado urgente ante la agresión al memorial que se instaló ayer, 26 de septiembre de 2024, con los rostros de los 43 estudiantes de Ayotzinapa

El dia de ayer, 26 de septiembre de 2024, a 10 años de la desaparición forzada de 43 estudiantes de Ayotzinapa, los padres y madres junto con otros familiares y organizaciones colocamos memoriales con los rostros de los muchachos en la avenida Reforma junto al antomonumento +43.

Hace diez años amanecimos con la dolorosa noticia de la desaparición, hoy con la noticia de que varios rostros amanecieron rotos. Repudiamos este acto de desprecio y odio para los jóvenes y sus familiares. Exigimos al gobierno de la Ciudad y al gobierno federal brindar protección a los memoriales que con tanto esfuerzo hemos colocado para que nadie olvide a las personas desaparecidas y castigue a quien haya dañado los memoriales y, sobre todo, solicitamos enérgicamente se devuelvan estos memoriales que son fruto de la lucha y parte de la memoria que impulsamos las familias de personas desaparecidas.

Le aseguramos que cuando nuestros hijos regresen con nosotras, quitaremos sus rostros de todo el país. Pero mientras eso no suceda, seguiremos recordando a la sociedad y al gobierno que las personas desaparecidas nos faltan a todos. ¡No se puede borrar la memoria destruyendo los memoriales!

¡Hasta que los 43 vuelvan a casa!

¡Hasta enocontrarles a todos!

¡La memoria no se borra!

Colectivos de familias de Desaparecidas y Desaparecidos.

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EZLN

MEMORIA Y RABIA | Subcomandante Insurgente Moisés | 26 de septiembre de 2024

MEMORIA Y RABIA.

EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL.
MÉXICO.

26 de septiembre del 2024.

A las madres, padres, condiscípulos, compañeras y compañeros de los Ausentes de Ayotzinapa:

A quienes buscan:

  Sabemos que no ha sido fácil llegar hasta esta hoja del calendario.

  Sabemos del dolor y la rabia de entender ahora que, no importa el color, allá arriba siguen el desprecio y la mentira.

  Sabemos que no sólo ha sido la esperanza de encontrar a quienes les faltan, lo que les ha movido.  Porque en estos años su dolor se ha extendido a los miles de familiares de las personas desaparecidas en este país.

  Y cada madre, cada padre, familiar, amistad, ha profundizado ese dolor hasta llegar a su lecho de rabia que busca y no encuentra.

  Ni verdad ni justicia.

  Ni la más mínima empatía de quien tiene el Poder sólo para alardear y presumir, más no para servir y resolver.  El verdugo pretendiendo presentarse como víctima.

  En este largo caminar se han encontrado con traiciones, con quienes sólo usaron su dolor para tener un cargo, una causa para cambiar de color en el gobierno, o, los más miserables, una paga.

  Y en los malos gobiernos sigue la mirada del cazador buscando a su próxima víctima.

  Pero…

  Nosotros, los pueblos zapatistas, creemos que tenemos en común con ustedes este sentimiento que sólo se encuentra en el corazón de quienes luchan…

  Porque llegará el día en que las figuras de quienes buscan sin descanso a quienes les hacen falta, de los padres y las madres de los ausentes de Ayotzinapa, de sus condiscípulos, de sus maestros, de sus familiares y amistades, se asocien a dos palabras cuya ausencia real padece ahora esta geografía: verdad y justicia.

  Y porque llegará el día en que ser estudiante, hombre o mujer, de una normal rural o de lo que sea, empleado, trabajadora, adulto o anciano, no sea motivo de persecución, de desprecio, de desaparición, de muerte.

  Pero para que ese día llegue, hay que seguir.  Si no podemos heredar aún esa Verdad y esa Justicia a quienes nos siguen en calendarios y geografías, sí podemos heredarles la rabia, la memoria y la dignidad necesarias para no rendirse, no venderse y no claudicar.

  Si no lo logramos, siempre habrá una noche de Iguala acechando a los de abajo, a su sangre joven, y siempre serán culpables de rebeldía.

  Si no hay Verdad ni Justicia, que no falten la rabia y la memoria.

Desde las montañas del Sureste Mexicano.

A nombre de las mujeres, hombres, ancianos, niñas y niños zapatistas.

Subcomandante Insurgente Moisés.
México, 26 de septiembre del 2024.

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Este País

AMLO, Ayotzinapa y la dimensión desconocida

Fuente: Este País

Por John Gibler

En este texto, John Gibler escribe sobre el caso Ayotzinapa y sobre cómo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador paralizó la investigación y defraudó a las familias de los desaparecidos.

En 2016, la escritora chilena Nona Fernández publicó un libro de no-ficción titulado La dimensión desconocida. El libro toma su título de la serie de televisión de ciencia ficción, fantasía y terror estadounidense The Twilight Zone. La autora cita el eslogan de la serie en el epígrafe: “Más allá de lo conocido hay otra dimensión. Usted acaba de atravesar el umbral”.

“La dimensión desconocida es una manera de nombrar esa realidad paralela que el Estado administra y niega de manera simultánea.”

Fernández veía ese programa en blanco y negro en la televisión, de niña, en los años setenta en Chile: los años de la dictadura. Yo veía ese mismo programa en blanco y negro en la televisión, de niño, en los años setenta en los Estados Unidos: los años de la llamada Guerra Fría.

“Eran capítulos cortos, con historias fantasiosas y delirantes”, escribe en la primera parte del libro. “Un hombre tenía un reloj capaz de detener el tiempo. Otro veía gnomos que lo acosaban e intentaban botar el avión en el que viajaba. Otro se reencontraba con su pequeño hijo de diez años, mientras en un tiempo paralelo y bastante más real, el niño era un soldado que moría en la guerra. Otro que hablaba con la muñeca asesina de su hijastra. Otro que cruzaba del otro lado del espejo”.

En el libro de Fernández, la otra dimensión es una historia de terror real, la de Andrés Antonio Valenzuela Morales, un soldado chileno, miembro de la tropa de la dictadura de Augusto Pinochet y torturador. En 1984, a los 28 años, Valenzuela Morales decidió no matar ni torturar más. Un día, apareció solo y nervioso en las oficinas de la revista Cauce buscando a la periodista Mónica González. Cuando ella le dijo: “Yo soy, ¿qué quiere?”, él respondió: “Quiero hablarle sobre cosas que yo hice, desaparecimiento de personas…”.

Así empieza la historia escalofriante que Fernández retoma, narra e interpela en su libro. El testimonio de un soldado torturador de la dictadura chilena nos permite atravesar el umbral y ver con claridad la dimensión desconocida: los secuestros por agentes del Estado vestidos de civil en plena calle y en el transporte público, las casas de tortura en zonas residenciales tranquilas, los viajes en carretera hasta los páramos donde desaparecen personas. Este mundo de terror cohabitaba, oculto, al lado de la vida cotidiana de familias que preparaban a sus hijos el desayuno, que los llevaban a la escuela en el combi, de alguien que cocinaba la cena en casa, de una niña que veía historias de fantasía y terror en la televisión.

Al narrar la historia del militar Andrés Antonio Valenzuela Morales, Fernández nos presenta el detrás de cámara de la desaparición forzada como práctica de Estado. La dimensión desconocida es una manera de nombrar esa realidad paralela que el Estado administra y niega de manera simultánea. En México, el Estado ha sido particularmente enfático en la combinada administración y negación de su propia dimensión desconocida. Esa otra dimensión brutal donde, a puerta cerrada, las oficinas de gobierno se convierten en centros de tortura y los trajeados y uniformados, encargados de buscar a los desaparecidos y hacer justicia, son quienes torturan, mienten, encubren y desaparecen.

“Usted acaba de atravesar el umbral”

La noche del 26 al 27 de septiembre de 2014, en la ciudad de Iguala, Guerrero, cientos de policías municipales, estatales y federales, soldados del ejército mexicano y algunos empleados de la empresa ilegal trasnacional de tráfico de heroína conocida como Guerreros Unidos colaboraron para atacar a cinco autobuses tomados por estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa y a un autobús —por error— que llevaba al equipo de futbol de tercera división de Chilpancingo, Los Avispones, así como a varios taxis que circulaban en la misma carretera.

Durante las siete horas que duraron los ataques pararon a todos los autobuses, dispararon contra una pequeña conferencia de prensa que dieron los estudiantes, asesinaron a seis personas, hirieron gravemente a decenas y desaparecieron a 43 estudiantes de Ayotzinapa. Los perpetradores policiacos, militares y civiles usaban sus teléfonos celulares para coordinarse entre sí. El ejército monitoreó y documentó todo el operativo en tiempo real a través del sistema de cámaras de vigilancia C4, intervenciones telefónicas ilegales a miembros de Guerreros Unidos, un soldado infiltrado entre los estudiantes —desaparecido con ellos esa noche—, elementos de inteligencia militar presentes en los diferentes escenarios de ataque y a través de constantes patrullajes de los soldados del Batallón 27 en esos lugares.

Esa noche de septiembre de 2014 en Iguala, cientos de personas atravesaron el umbral y entraron a otra dimensión, a una zona oficialmente oculta. Ahí, el personal de seguridad del Estado en todos sus niveles atacó, mató y desapareció. Luego, el Ejército —el entonces secretario de la defensa Salvador Cienfuegos, el entonces capitán del Batallón 27 de Infantería José Crespo y todos los oficiales y soldados rasos involucrados— mintió y ocultó la documentación que tenía. La estructura administrativa del Estado —un alcalde, un gobernador, un presidente, un secretario de la defensa, otro secretario de la Marina, un procurador, un secretario de Gobernación— mintió, torturó, encubrió, inventó, ocultó y desapareció.

Esa larga noche de terror dio inicio a toda una década de terror. El gobierno de Enrique Peña Nieto inventó una historia falsa — la incineración de los 43 estudiantes al aire libre durante una sola noche de lluvia en el basurero de Cocula, una ficción autodenominada la “verdad histórica”— para cerrar el caso y para volver a sellar la puerta a la otra dimensión.

La traición

Andrés Manuel López Obrador dijo que era diferente. Dijo que su compromiso era con la gente y, como candidato a la presidencia en 2018, se comprometió explícitamente con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos. Les prometió que encontraría a los estudiantes, la verdad de lo que sucedió esa noche, y castigaría a los responsables sin importar quiénes fueran.

Su primer acto de gobierno fue establecer la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (COVAJ) bajo el mando del entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas. Durante su primer año de gobierno, la Fiscalía General de la República también estableció la Unidad Especial para la Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA) y nombró Omar Gómez Trejo, un abogado de derechos humanos con años de experiencia en el caso y el apoyo de las familias, como fiscal especial.

A petición de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos, López Obrador también invitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) a volver al país para dar asistencia técnica en la investigación, casi cuatro años después de su elegante expulsión a manos del gobierno de Peña Nieto.  

Para el 2020, entonces, había tres instancias distintas, con siglas desafortunadas, investigando los ataques contra los estudiantes, la desaparición de los 43 y la serie de delitos cometidos durante los cuatro años de tortura y mentiras para construir la “verdad histórica” del anterior gobierno. Las tres instancias compartían información y realizaban ciertas diligencias, entrevistas y búsquedas conjuntas.

“Parecía que, por primera vez, las instituciones del Estado […] lograrían investigar y esclarecer un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad…”

Hubo importantes avances en la investigación. Consiguieron videos del anterior Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) que mostraban a personal de CISEN, de la Procuraduría General de la República (PGR), de la Policía federal y de la Marina participando en la tortura de los detenidos del 2014. Consiguieron videos de un dron de la Marina que documentó actos, ocultos hasta entonces, del gobierno federal en el basurero de Cocula el día 27 de octubre, dos días antes del supuesto hallazgo del lugar. Consiguieron los mensajes interceptados en Chicago de Guerreros Unidos que documentaban las relaciones entre dicha empresa ilegal de tráfico de heroína, el ejército, los diferentes cuerpos policiacos y varios funcionarios públicos. Consiguieron testimonios de diferentes testigos implicados en los hechos que, aunque mezclaban verdades y mentiras, aportaban elementos que concordaban con las otras pruebas en el caso, ampliando la documentación sobre la participación de soldados, oficiales, policías y funcionarios en diferentes crímenes de lesa humanidad. Con el testimonio de uno de los implicados encontraron dos pequeños restos óseos de dos estudiantes en un lugar distinto a la narrativa de los hechos del anterior gobierno. Y consiguieron, dentro de archivos del propio ejército, documentos militares que mostraban de manera simultánea actuaciones ilícitas del ejército, así como el grado de documentación que los militares produjeron en tiempo real antes, durante y después de la noche de los hechos y los largos años de mentiras que habían contado al respecto.  

Durante el transcurso del 2021, se dieron esos avances importantes en la investigación. El GIEI y la UEILCA confiaban en las posibilidades de llegar a fondo. Parecía que, por primera vez, las instituciones del Estado —con un apoyo inédito de asistencia técnica internacional— lograrían investigar y esclarecer un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad cometida y luego encubierta por un gran entramado de policías, soldados y funcionarios públicos de diversas instituciones. Parecía que, por primera vez, una investigación oficial liderada y realizada por un grupo de jóvenes mexicanos creyentes en el estado de Derecho y el compromiso del presidente López Obrador lograría revelar con toda claridad la otra dimensión oculta y terrorífica del Estado.

Pero no fue así. Justo cuando esos avances en la investigación comenzaron a arrojar pruebas sobre la participación del Ejército, la Marina y el CISEN, el gobierno de López Obrador actuó para frenar los avances, desviar la investigación, sacar a todos los fiscales e investigadores que habían hecho los avances y al final matar a la investigación.

Un lunes, 15 de agosto de 2022, desayunaron juntos el presidente, el fiscal general, el secretario de gobernación, el presidente de la Corte Suprema y el subsecretario de derechos humanos y presidente de la COVAJ. En esa mesa, se acordó cerrar la última puerta que llevaba a la otra dimensión en donde policías, soldados y miembros de una empresa de tráfico internacional de la heroína matan y desaparecen normalistas, donde policías, soldados y funcionarios públicos mienten y torturan para borrar las huellas de la desaparición, donde las instituciones del Estado se alinean para sostener la mentira.

Mes y medio después de ese desayuno, el Ejército seguía mintiendo sin entregar todos los documentos del caso. Se llevó a cabo el mediático arresto del exprocurador (ahora de vuelta en su casa en Lomas), se publicó un informe secreto y apócrifo de la COVAJ que, con pantallazos falsificados, daba por cerrada la narrativa de los hechos, se obligó a las familias volver a escuchar una narrativa falsa y horrífica sobre el destino de sus hijos, se sacó al fiscal especial del caso y, un poco más tarde, a todo su equipo, y se cancelaron 21 órdenes de aprehensión contra militares y otros funcionarios públicos, para luego volver a emitir 18 de ellas.

En octubre de 2022, dos de los cuatro miembros del GIEI renunciaron en protesta. En julio de 2023, los otros dos publicaron un sexto informe y se fueron del país denunciando las intromisiones políticas en el caso, las mentiras del Ejército y la imposibilidad de seguir investigando. La UEILCA quedó en manos de un tabasqueño, amigo del presidente, sin experiencia en casos de desaparición forzada ni derechos humanos, quien se dedicó a convocar clases de baile en las oficinas de la fiscalía. La COVAJ quedó en el olvido, deslegitimada. Desde sus conferencias de prensa matutinas, el presidente apoyaba las mentiras del ejército e insultaba al GIEI, al exfiscal especial y a los abogados de las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

El 27 de agosto de 2024, nueve años y once meses después de aquella infame mañana cuando sus hijos no volvieron de Iguala, la mayoría de los padres y las madres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa se pararon de la mesa y dieron por terminada su relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. El umbral, una vez más, se cerró.  

Una manera de entender el afán con que ahora dos gobiernos supuestamente opuestos han mentido y vuelven a mentir en cada oportunidad que tengan sobre los hechos que llevaron a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es porque esa noche se abrió el portal que lleva a la otra dimensión y ahí se reveló el rostro oculto del Estado. 

Pasar a la historia

Una cosa sería intentar resolver el caso y fallar: subestimar el poder del silencio que protege las relaciones entre las fuerzas de seguridad, la procuración de justicia y el tráfico internacional de sustancia ilícitas. Una cosa sería no dedicarle los recursos necesarios a la investigación, no dar apoyo justo a los investigadores, no dimensionar la complejidad del caso, ni el grado de complicidades de personas todavía activas en instituciones afines al actual gobierno. Una cosa sería fallar.

Pero eso no es lo que pasó. Con el caso Ayotzinapa, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador hizo otra cosa muy distinta: conspiró, falsificó y mintió para frenar la investigación. Hizo lo mismo con la Comisión Nacional de Búsqueda. Hizo lo mismo con la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicias de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos Cometidos de 1965-1990.

El soldado chileno, Andrés Antonio Valenzuela Morales, por lo menos cumplió con su palabra: contó lo que sabía y así abrió la puerta que llevó a la dimensión desconocida de la dictadura chilena. En México, es como si López Obrador hubiera dicho, “sí, existe una dimensión desconocida y desde el Estado la vamos a hacer conocida”, solo para volver a cerrar la puerta en la cara de toda la nación.

“Pasará a la historia como el presidente que traicionó a su palabra, traicionó a las familias de los desaparecidos, militarizó el país…”

En sus discursos en el Hotel Hilton y luego en el Zócalo el 1 de julio de 2018, después de su triunfo electoral, López Obrador dijo en varios momentos: “Yo quiero pasar a la historia como un buen presidente de México”. Y en eso, creo, fue honesto. Pero no. Pasará a la historia como el presidente que traicionó a su palabra, traicionó a las familias de los desaparecidos, militarizó el país, consolidó el poder de su partido y, como todos sus antecesores del PRI y del PAN, salvaguardó ante todo la dimensión desconocida del Estado mexicano. EP