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Comuna Waltershausen y la Red de Rebelión de Turingia

Solidaridad desde Alemania con las comunidades Zapatistas

(02.2022)

 

¡No están solas! por parte de la Comuna Waltershausen y la Red de Rebelión de Turingia, en el cetro de Alemania, nos solidarizamos con las comunidades Zapatistas y pueblos indígenas en lucha.

¡No al paramilitarismo de la ORCAO, los 40 invasores en Nuevo San Gregorio y los grupos paramilitares que atacan lxs pobladores de Aldama, Chiapas!

#NuestraLuchaEsPorLaVida #NoAlTrenMaya

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fidencioaldama.org

Situación jurídica de Fidencio Aldama – Libertad para Fidencio Aldama

Fidencio Aldama Pérez es un indígena Yaqui, originario de la comunidad de Loma de Guamuchil y defensor del territorio, desde el año 2009 vivía en la comunidad de Loma de Bácum, de donde es originaria su esposa. Ha estado privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de Ciudad Obregón, Sonora desde el 27 de octubre de 2016, acusado y sentenciado a 15 años y seis meses de prisión, por la supuesta comisión del delito de Homicidio Simple Doloso, cometido en agravio de la persona que en vida llevó el nombre de Cruz Buitimea Piñas.

El primero de noviembre de 2012 la empresa energética transnacional con sede en Estados Unidos, Sempra Energy, firmó un contrato con la Comisión Federal de Electricidad de México para construir el Gasoducto Sonora de 835 kilómetros de longitud, destinado a importar gas natural de Estados Unidos a México. En consecuencia, el 29 de agosto de 2013, el Gasoducto Sonora, proyecto de Infraestructura Energética Nova, S.A. de C.V. (IEnova), obtuvo de parte de la Comisión Reguladora de Energía, el permiso para construir los tramos Guaymas-El Oro, el cual atraviesa los ocho pueblos yaquis.

En ese contexto, el 28 de mayo de 2015, durante una asamblea realizada en la comunidad de Loma de Bácum, el pueblo decidió no conceder permiso a ninguna persona, compañía o entidad para entrar a sus tierras y territorio con el propósito de llevar a cabo actividad alguna con relación al proyecto del Gasoducto Guaymas-El Oro.

Al iniciar el camino de la resistencia contra el Gasoducto Sonora, inicio también la lucha jurídica por lo que, el 26 de abril de 2016 el Juzgado Séptimo de Distrito con sede en Ciudad Obregón, ordenó la suspensión del Gasoducto Guaymas-El Oro por no tener el consentimiento de toda la tribu. Sin embargo, la empresa Ienova no acató esa resolución judicial y continuó con los trabajos de construcción.

Mientras los miembros de la comunidad se reunían en asamblea el 21 de octubre de 2016, un grupo armado entró en Loma de Bácum con la intención de derrocar a las autoridades tradicionales de la comunidad e imponer otras autoridades a favor del Gasoducto. Este ataque dejó un muerto, varios heridos y doce vehículos quemados. El día de los hechos Fidencio se encontraba presente en el lugar, toda vez que formaba parte de la guardia tradicional. De esos hechos fue señalado como responsable, por lo que el 27 de octubre de 2016 fue detenido y puesto a disposición de las autoridades ministeriales y judiciales del Estado de Sonora, iniciando así un proceso penal plagado de contradicciones e irregularidades que fueron ignoradas por el Tribunal de Enjuiciamiento que conoció de su proceso, mismo que en fecha seis de abril de 2018 dictó la sentencia condenatoria en contra de Fidencio, resolviendo que era responsable de la comisión del delito de Homicidio Simple Doloso en agravio de Cruz Buitimea Piñas, imponiéndole una pena de 15 años y 6 meses de prisión, más una multa de $23,080.64, pesos y una reparación del daño moral de $47,019.5 pesos y finalmente una reparación del daño material aún sin cuantificar.

Al ser violatoria de derechos fundamentales y causar serios agravios a Fidencio Aldama, se presentó la apelación correspondiente en contra de la sentencia de primera instancia, misma que le tocó conocer a la Segunda Sala Mixta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Sonora, quien le dio entrada y la registró con el número de toca de apelación 22/2018. Seguidos los trámites ante dicha autoridad, en fecha 19 de noviembre de 2019 se emitió la sentencia de segunda instancia, resolviendo la Segunda Sala confirmar la sentencia condenatoria al considerar que se encontraban acreditados tanto el delito, como la responsabilidad penal de Fidencio, ignorando con ello, las contradicciones, irregularidades e inconsistencias que se hicieron evidentes durante todo el proceso penal seguido ante el Tribunal de Enjuiciamiento.

Continuando con el camino jurídico, el 20 de octubre de 2020, se presentó el Amparo Directo en contra de la sentencia emitida por la Segunda Sala Mixta, mismo que fue radicado en el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito del Estado de Sonora, asignándole el número 167/2020. Dicho amparo fue returnado a la ponencia de la Licenciada Luz Elba de la Torre Orozco en fecha 12 de agosto de 2021, quien a partir de esa fecha, tiene la encomienda de realizar el proyecto de sentencia que le puede devolver la libertad a Fidencio Aldama, misma será emitida en los próximos días.

Como se puede apreciar, el caso de Fidencio Aldama es una más de las injusticias que se cometen en contra de los defensores de la vida y del territorio, quienes se enfrentan a megaproyectos avalados por el Estado mexicano, donde siempre salen a relucir las empresas transnacionales, quienes al ver afectados sus intereses, utilizan el mismo modus operandi para continuar con sus proyectos de despojo: la represión y el encarcelamiento de los opositores.

Finalmente se destaca que, lo acontecido a Fidencio Aldama es un ataque directo y una afrenta a la tribu de Loma de Bácum, la cual tiene sus propias formas de organización, de toma de decisiones, de justicia, de auto defensa, por ello, el actuar del Estado al permitir la construcción de un Gasoducto sin consultar a las tribus yaquis, asi como la actuación de las instancias de procuración e impartición de justicia del Estado, han atentado contra ésta forma de organización, pero sobretodo, es un ataque a la autonomía y autodeterminación de toda una tribu.

¡LIBERTAD PARA FIDENCIO ALDAMA!

Febrero de 2022, Los Otros Abogadoz

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Radio Zapote

¡Presentación con vida de Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez!

¡Basta de ataques contra las comunidades Tula, Xicotlán, Zacapexco y el CIPOG-EZ!

El 25 de enero de 2022, los ciudadanos Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez, originarios de la comunidad de Tula y Zapapexco, respectivamente; fueron detenidos por la policía municipal de Chilapa de Álvarez, en el estado de Guerrero. Ambos integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero – Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), y del Congreso Nacional Indígena (CNI), de quienes se desconoce su paradero hasta el momento. Cinco días más tarde, comenzaron los ataques armados del grupo delincuencial conocido como “Los Ardillos”, contra las comunidades de Tula, Xicotlán y Zacapexco.

Sobre el paradero de Pablo Hilario y Samuel Hernández, las autoridades locales, estatales y federales, fingen demencia, negando información incluso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. “Los Ardillos”, son un grupo de la delincuencia organizada que funge como órgano de contrainsurgencia del Estado para frenar cualquier forma de organización popular independiente, pues en Guerrero, desde hace tres décadas, se viene gestando un fenómeno de milicias populares para defender la vida, conocidas como “Policías Comunitarias”, que han extendido su influencia en buena parte del estado, como respuesta a la delincuencia organizada, que no para de realizar secuestros, extorsiones, cobro de piso y asesinatos con métodos de guerra civil a lo largo y ancho del estado de Guerrero, tierra que vio nacer y morir a grandes luchadores como los profesores Lucio Cabañas Barrientos y Genaro Vázquez Rojas.

A los ataques de los grupos narco-paramilitares, se suma la colaboración de las fuerzas policiacas oficiales, que trabajan como “madrinas” de estos asesinos, así como del Ejército Federal y la Guardia Nacional, que también fingen demencia en algunos casos, mientras que, en otros, actúan como los defensores del crimen organizado. A decir del CIPOG-EZ:

“No entienden que a la delincuencia, a los grupos narco-paramilitares, se les debe buscar dentro de su misma estructura, dentro de la policía municipal, dentro de la fiscalía, en los presidentes municipales, que con una mano cobran el salario producto de los impuestos del pueblo y con la otra cobran la paga del crimen organizado por su complicidad, por su silencio.”

El estado de Guerrero es gobernado por Evelyn Salgado Pineda, hija del nefasto Félix Salgado Macedonio, acusado de abuso sexual y de colaborar con el cartel de los Beltran Leyva, según investigaciones bien documentadas de la periodista Anabel Hernández. En lo que va de su gobierno, Evelyn Salgado Pineda no ha hecho otra cosa que encubrir a la delincuencia organizada y hacer caso omiso de denuncias como la que están realizando los compañeros del CIPOG-EZ.

Como organizaciones sociales, colectivos e individu@s, nuestro llamado es claro y contundente:

¡Presentación con vida de Pablo Hilario Morales y Samuel Hernández Sánchez!

¡Basta de ataques contra las comunidades Tula, Xicotlán, Zacapexco y el CIPOG-EZ!

¡Abajo el gobierno corrupto de los Salgado Macedonio en Guerrero! 

¡Por la conformación de un gobierno obrero, indígena y popular!

Solidariamente

La Marx México; La Voz del Anáhuac; Sector de Trabajadores Adherentes a la Sexta; Coordinadora de Colonias de Ecatepec; Frente de Trabajador@s por el Derecho a la Salud y Seguridad Social; La Marx Colombia, La Marx Brasil, Nuevo PST – Argentina, Martha Lechuga (Profesora jubilada, Sección IX CNTE); LEF. Ariel Segura, Sección 56 SNTE-CNTE; José Antonio Santana (estudiante UAM Azcapotzalco); Plantón de la Resistencia en Huexca, Morelos; Plantón de ASURCO, Morelos; Okupa Casa ChiaPaz; Movimiento social en defensa del agua, el territorio, la cultura y la vida de Ixtapaluca; Plantón en resistencia del Fraccionamiento José de la Mora, Ixtapaluca; Agrupación de Lucha Socialista, Radio Zapote; Miguel Castillo Soriano, Profesor Jubilado. San Sebastián Atlatelco, Zumpango Estado de México; Andrea Navarro, El Refugio, Edo.Mex.; Marciano Sebastián Astudillo egresado de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; Movimiento Autónomo Multisectorial Universal de Trabajadores (MAMUT); Mexicali Resiste; Mauricio Villa (Mexicali Resiste); León Fierro (Mexicali Resiste); Red de Resistencia y Rebeldía Tlalpan; Red Binacional de Mujeres Que Luchan; La Resistencia Los Angeles; Jesús Galaz (Mexicali Resiste); Colectivo Zapatista Neza; Grace Serrano, Socorro Trejos, Adrián Jaén y David Morera, por Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario de las y los Trabajadores (PRT) Costa Rica; Gisele Sifroni – profesora e investigadora de la Universidad Federal de Amazonas – Brasil; Alejandro Benedetti periodista y militante del Nuevo PST y La Marx de Argentina; Colectivo Aequus.- Promoción y Defensa de Derechos Humanos; Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia; Dr. Gilberto López y Rivas, profesor investigador del INAH Morelos; Profr. Heriberto Magariño López, sección 22 del SNTE- CNTE; Edén Alcíbar, colectivo Rebelión; Carla Torres / Izquierda Revolucionaria; Silvia Reséndiz Flores; Cassandra Cárdenas Pimentel / Las Sureñas en Resistencia y Rebeldía; Mauro Espínola/ Alternativa Socialista; Emilio Téllez/ CSR; Honorable Casa Nacional del Estudiante José Yves Limantour; Red de Resistencia y Rebeldía en apoyo al CNI-CIG del Puerto de Veracruz; Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq; Grupo de Trabajo No Estamos Todxs; Sociologo Fernando Alan López Bonifacio profesor de la Facultad de Arquitectura UNAM e integrante del SITTAUNAM; Mtra. en Estudios Latinoamericanos Brenda Porras Rodríguez profesora de la Facultad de Arquitectura UNAM e integrante del SITTAUNAM; José Ángel Garrido, profesor de lenguas, Panamá; Unión Autónoma de Pueblos y Barrios Originarios del Distrito Federal; CNI-Totonacapan; Teresa Ruiz Olvera, Facultad de Ciencias; Patricia Jiménez Naranjo AJP de la Sección X CNTE; Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Atenco; Odilón González, profesor CCH Oriente; Facundo Jiménez Pérez, CCH-UNAM, SITTAUNAM; Oriente Rojo (Egresados, trabajadores académicos y administrativos de CCH oriente); La Otra Salud, organización adherente a la Sexta. Confederación General del Trabajo (Estado español); Colectivo Tierra y Libertad de Cuautla, Morelos; Dorados de Villa de Ayotoxco, Puebla; La Otra Cultura D.F.; Movimiento de Unificación de Lucha Triqui Independiente (MULT-I), Desplazados de Tierra Blanca, Copala; Red Bicis Tierra y Libertad; Rodadas Defensa Madre Tierra; Lorena Zayas Cruz, Sección 22 CNTE/SNTE; Dr. Olivo García (La Marx México); David Velasco, Sección 22 CNTE/SNTE; Ana Laura Hernández, Sección IX CNTE / La Marx México; Jesús Valdez, editor de @Revolución/La Marx México; Alejandro López López, Sección 22 CNTE/SNTE; Alejandra Guadalupe López Aquino, defensora de los derechos humanos de los indígenas mixe-zapoteca; Pedro Gabriel García González. Asamblea de Coordinación de las Secciones 10 y 11 de la CNTE. Ciudad de México; Coordinación de pueblos y barrios originarios y colonias de xochimilco (CPBOyCX); Red de Resistencia y Rebeldía Puerto Vallarta;

Febrero de 2022

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Avisoa Midia

Kurdistán bajo fuego: Poblaciones acusan complicidad de EEUU y aliados en ataques turcos

Por Sare Frabes

La noche del martes (1), aviones del ejército turco bombardearon, simultáneamente, un campo de personas refugiadas en Makhmur, así como asentamientos civiles en las montañas de Shengal, ubicados en el sur del Kurdistán (norte de Irak).

El ejército turco también atacó seis bases del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) en las montañas de Karjokh, que vigilan un campo de refugiados kurdos procedentes de Turquía, informaron servicios antiterroristas kurdos en un comunicado.

También se registraron ataques contra asentamientos civiles en en la región de Derik en Rojava, norte de Siria.

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El reciente bombardeo es el asalto más devastador lanzado por Turquía desde 2017. Zonas estratégicas de la montaña de Shengal, como Amûd y Çilmeran sufrieron fuertemente la agresión. En imágenes difundidas por el medio ANF News se puede observar la magnitud del bombardeo que arrasó con una vasta región del sur del Kurdistán.

Foto: ANF News

Más tarde, el miércoles (2), los bombardeos contra la ciudad de Al-Bab, en el norte de Siria, controlada por Turquía, causaron la muerte de ocho personas, entre ellas cinco civiles, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. En Mahkmur dejaron como saldo la muerte de dos miembros de las Fuerzas de Autodefensa, así como decenas de residentes heridos, algunos reportados como graves. En Derik perdieron la vida cuatro combatientes y resultaron heridos cinco funcionarios.

Complicidad

En un comunicado difundido este viernes (4), la Confederación Democrática del Kurdistán (KCK) acusó que las fuerzas de la coalición internacional contra el Estado Islámico (ISIS), lideradas por Estados Unidos, permitieron a Turquía el ataque contra la población y las fuerzas de autodefensa de Rojava, Şengal y Maxmur.

La KCK enfatiza que Turquá ataca deliberadamente a comunidades las cuales juegan un papel clave en la lucha contra el Estado Islamico (ISIS), “gente que vive allí, quienes han sufrido numerosas masacres en el pasado reciente, continúan luchando activamente contra ISIS”.

“El silencio de Estados Unidos, Rusia y todos los demás miembros de la coalición internacional contra ISIS y su negativa a adoptar una postura clara los convierte en cómplices de estos asesinatos”, denuncia la KCK.

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Por su parte, las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF) emitieron un comunicado el martes (2) mediante el cual también señalan que los ataques turcos no se llevaron a cabo sin el conocimiento de las fuerzas de la coalición internacional. Días antes ocurrieron ataques turcos contra Shengal donde murieron dos miembros de las Unidades de Resistencia Sinjar (YBŞ), quienes también participan en la KCK.

Destrucción

De acuerdo al Comando de las Fuerzas de Autodefensa del Campo de Refugiados de Makhmur, los ataques aéreos turcos tuvieron como objetivo una base militar de las Fuerzas de Autodefensa, desde donde por años se mantiene la lucha contra las hostilidades del Estado turco y sus aliados.

Por ello, el Comando llamó “la comunidad internacional, a las Naciones Unidas y a las instituciones de derechos humanos a alzar la voz contra los ataques al campo de refugiados y a detener los crímenes contra la humanidad cometidos por el Estado turco”.

Las víctimas fueron enterradas el miércoles (2) durante un evento que reunió a miles de personas quienes se manifestaron contra los bombardeos. “Makhmur es la memoria viva de la resistencia. Para destruir esta actitud, el Estado turco está llevando a cabo todo tipo de ataques. Quiere destruir algo que se ha construido durante 27 años de trabajo”, declaró Filiz Budak, copresidente del Consejo Popular, durante un discurso de condena a los ataques.

Estado Islámico

Estos ataques ocurren después de las hostilidades por parte de mercenarios del ISIS realizados contra la cárcel de Sinaa, en Hesekê, el pasado 20 de enero. Funcionarios de la Administración Autónoma del Norte y del Este de Siria declararon que mercenarios del ISIS colaboraron con el Estado turco para planear dicho ataque.

Personas participan en un funeral en la ciudad de mayoría kurda de Qamishli, en la provincia nororiental siria de Hasakeh. Foto: AFP

El Observatorio Sirio para los Derechos Humanos detalló que las agresiones alcanzaron una central eléctrica gestionada por los kurdos cerca de la ciudad de Al-Malikiyah en Hesekê, donde “un intento de fuga por parte de los yihadistas de ISIS el mes pasado desató días de enfrentamientos que han dejado cientos de muertos”.

“Nuestra voluntad es más fuerte que los aviones de combate, los tanques y la artillería”, declaró la Administración Autónoma de Shengal en respuesta a los ataques del Estado turco. “Como instituciones y asambleas yazidíes, resistiremos y seguiremos los pasos de los mártires. Nunca daremos un paso atrás. Los fines y objetivos del estado turco y el ISIS son los mismos”.

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Según el Comité de Solidaridad con Kurdistán-Ciudad de México, medios y la comunidad internacional manipularon la información respecto a la derrota de los mercenarios en Hesekê y trataron de culpabilizar a las fuerzas kurdas, cuando en la región existen poblaciones luchando contra los ataques y defendiendo sus tierras.

“Estos intentos del régimen fascista turco buscan seguir perpetuando su política genocida contra la poblacion kurda y todas los pueblos que conviven en democracia radical bajo un proyecto pacífico llevado a cabo por personas convencidas de que la liberación se construye desde abajo”, denuncia el Comité.

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Radio Zapote

Declaratoria del Encuentro Nacional de Comunicación en Defensa del Territorio y la Vida

29 y 30 de enero de 2022, Tehuacán, Puebla

Como parte de los acuerdos celebrados en el Foro Nacional de las Resistencias y Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, más de una docena de medios de comunicación comunitarios, libres y autónomos nos reunimos en el Centro de Capacitación de la organización MAIZ en Tehuacán, para discutir sobre nuestros caminares, analizar la condición en que estamos los medios comunitarios y discutir formas de fortalecer con el arma de la comunicación, las luchas en defensa del territorio de nuestro país.

En nuestras geografías, la radio comunitaria, los medios de comunicación y reporter@s honest@s son cada vez más criminalizad@s y atacad@s de manera verbal, “legal” y violenta por afectar los intereses políticos y económicos de empresas y gobiernos que quieren afectar a los pueblos originarios de donde provenimos. A ello, se suma cada vez más grave, la intromisión del crimen organizado en los territorios donde se pretenden instalar megaproyectos.
Como medios comunitarios, nuestra objetividad está, en que somos parte del pueblo y estaremos siempre de su lado, del lado de la defensa del territorio y la vida. Nuestro camino es al servicio de los pueblos, en defensa de la vida y el territorio, en apoyo mutuo, anticapitalista, antipatriarcal y no partidista.

Y estamos buscando como hacer mas fuerte, sonora y visualmente, la lucha por la defensa del territorio y la vida.
Estamos buscando que más conozcan esta guerra que está pasando en nuestro país contra los pueblos indígenas, esta guerra “legal”. militarizada y narcomilitarizada de despojo de los territorios para instalar proyectos de muerte.
Estamos buscando que más medios de comunicación comprometidos y honestos podamos estar enlazados y coberturados frente a la guerra que existe contra el derecho a decir y difundir la verdad.
Es por ello que hemos decidido juntar una semilla que florezca en forma de red, a todos los territorios posibles donde hayamos medios honestos y comprometidos y nos fortalezcamos y protejamos entre sí. Ayudarnos juntos a hacer mas claro y grande el grito y la lucha contra la injusticia y los megaproyectos de muerte en nuestros territorios, y así poder difundir más ampliamente lo que pasa en nuestros pueblos y regiones de primera mano, desde los medios comunitarios del pueblo.

Por ello hemos ACORDADO, seguir un trabajo comunicacional bajo la siguiente agenda previamente acordada en los encuentros en defensa del territorio:

1. 16 de febrero – En el marco de 26 aniversario del incumplimiento de los Acuerdos de San Andrés en CDMX. Se coberturará la acción que se realizará en la casa de los pueblos y comunidades “Samir Flores Soberanes” comunidad indígena Otomí.

2. 20 de febrero – Difundir el tercer año de impunidad en el asesinato de Samir, a manos del narco estado.

3. 20 y 25 de febrero – Acción de búsqueda del compañero Sergio Rivera en la sierra negra de Puebla.

4. 22 de marzo a 22 de abril – Acuerpar Caravana de los Pueblos por la Vida y contra los Megaproyectos.

5. 19 de abril – Segundo Encuentro Nacional de Comunicación en Defensa del Territorio y la Vida, Santa Rosa, Oaxaca a cargo de compañeros de Sol rojo.

6. 20 de abril – Cobertura y acuerpamiento de la Caravana de los Pueblos por la Vida en la ciudad de Oaxaca.

Hacemos extensiva la invitación a todos los medios de comunicación y comunicador@s honest@s y comprometid@s a sumarse a estos trabajos de comunicación y encontrarnos el próximo 19 de abril en la ciudad de Oaxaca para discutir como podemos hacer redes de comunicación en defensa de la vida y el territorio.

Red Nacional de Comunicación Popular, “Voces de la resistencia”
Red de radios Indígenas y Comunitaria del Sureste Mexicano, Las Voces de los Pueblos, Radio Altepetl, Radio Zacatepec, Radio Tlayoli, Cholollan Radio, Radio Unitierra, Comisión Comunicación FPDTA-MPT, Radio Zapote, Radio Coatl, Periodico Mural, Maiz, Comité Contra la hidroeléctrica Coyolapa- Atzalan, Cooperativa Caffen Tepeyolo, Movimiento No Vivimos del Aplauso

 

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Radio Zapote

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra condena la represión en Guerrero

A Andrés Manuel López Obrador
A los estudiantes de Ayotzinapa
A los padres y madres y los estudiantes de Ayotzinapa
Al pueblo de México

El Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT) condena enérgicamente la represión que la Guardia Nacional y la policía del Estado de Guerrero ejercieron en contra de nuestros compañeros estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa el día viernes 4 de febrero, de la que resultaron presos 5 compañeros (ya en libertad) y algunos más heridos. Esta represión se dio por segundo viernes consecutivo, después de que los estudiantes de Ayotzinapa se manifestaban pacíficamente en la caseta de la carretera de Palo Blanco, Guerrero, para exigir la presentación con vida de nuestros compañeros, sus compañeros de clases y lucha, desaparecidos desde hace ya más de 7 años. Los videos de la represión documentan claramente la criminalización de la protesta social de la que son nuevamente víctimas nuestros compañeros: durante la protesta en la caseta, decenas de elementos de la Guardia Nacional encapsularon a los estudiantes, amenazándolos con avanzar en su contra con toletes, escudos y gases por delante.

¿Cuándo veremos al Estado actuar de forma tan decidida para dar con el paradero de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos? ¿Cuándo veremos a la Guardia Nacional avanzar para capturar a los criminales que perpetraron su desaparición y el asesinato de algunos de ellos? ¿Cuándo veremos que Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam o Tomás Zerón pisen las cárceles y le rindan cuentas a los padres y madres de nuestros compañeros desaparecidos y asesinados? ¿Cuándo veremos justicia para Julio César Mondragón y para los demás compañeros asesinados y heridos? ¿Cuándo veremos el fin de la criminalización de la protesta social y de la exigencia de verdad y justicia? Las acciones de nuestros compañeros de Ayotzinapa, desde la protesta pacifica en las casetas de carretera hasta cualquier otra que sea necesaria para romper el cerco de la policía cuando la represión amenaza, no pueden juzgarse sin tener en cuenta estas preguntas, cuyas respuestas no parecen llegar nunca. Las acciones de nuestros compañeros corresponden a un escenario en el que todavía impera la impunidad de la que gozan los verdaderos criminales, y en el que se impone la falta de verdad y justicia en el caso. La continuidad de este escenario es lo que debe indignarnos, y nunca las acciones de nuestros compañeros que exigen su fin; la represión en su contra es lo que debe señalarse, y nunca lo que ellos hacen para responder a su amenaza.

Lamentamos que ese escenario continúe después de mas de 7 años, tiempo que incluye a su presidencia. Y nos llena de rabia que ahora se les reprima también. Por ello, le demandamos que haga lo necesario para que Evelyn Salgado, gobernadora del Estado de Guerrero, detenga inmediatamente la represión que ella ha iniciado contra los estudiantes de Ayotzinapa desde que asumió el cargo. Para que Alejandro Encinas, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, intervenga de inmediato para que se detenga la represión hacia nuestros compañeros. Todavía más: para que Alejandro Encinas, como responsable de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, cumpla ya con el compromiso que usted como presidente le hizo a los padres y las madres de los estudiantes de Ayotzinapa y al propio pueblo de México para alcanzar definitivamente la verdad y la justicia.

El tiempo pasa y la noche de Iguala no parece terminar. Por el contrario, la injusticia se extiende. No es tiempo de “dar detalles de los avances”; es tiempo de acabar ya con la impunidad y dar paso a la verdad y a la justicia. En la medida en la que ello no ocurra, nuestros compañeros estudiantes de Ayotzinapa, los padres y madres que luchan por sus hijos normalistas desaparecidos y asesinados, tienen todo el derecho de protestar. Y advertimos: corren el peligro de ser víctimas de nuevas injusticias. Y de todo ello seguirá siendo responsabilidad del Estado.

El FPDT reitera su compromiso con la lucha por verdad y justicia para nuestros compañeros de Ayotzinapa, los padres y madres de los estudiantes desaparecidos y asesinados. Para nuestros compañeros y compañeras normalistas, todo nuestro respaldo y solidaridad. Y reiteramos que mantendremos el machete en alto hasta no ver que cese la represión en su contra y que los verdaderos criminales estén en la cárcel. ¡Hasta no ver a nuestros compañeros desaparecidos vivos y de regreso!

¡Alto a la represión a los estudiantes de Ayotzinapa!
¡Verdad y justicia para Ayotzinapa!
¡Vivos de los llevaron, vivos los queremos!
¡Zapata vive, la lucha sigue!

FRENTE DE PUEBLOS EN DEFENSA DE LA TIERRA

 

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CDH Fray Bartolome de las Casas

No al gobierno por decreto. No es desarrollo, es despojo

México, reconocemos y denunciamos las consecuencias negativas e irreversibles sobre nuestros pueblos, territorios y la naturaleza con la que convivimos y cuidamos, que se derivan del Acuerdo presidencial emitido el 22 de noviembre de 2021, (DOF: 22/11/2021) por lo que… EXIGIMOS SU DEROGACIÓN INMEDIATA

El decreto, mal llamado Acuerdo, tiene dos puntos centrales:
1. Declara de interés público y seguridad nacional la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medioambiente, turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades energético, puertos, aeropuertos y aquellos que, por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud, se consideren prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional; y deja abierto además a todos aquellos que el gobierno considere que “por su objeto, características, naturaleza, complejidad y magnitud se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional”.

2. Establece además que las diferentes instancias gubernamentales relacionadas, deben otorgar una autorización provisional en 5 días luego de presentada la solicitud y que si ésta no se expide, se entenderá resuelta en sentido positivo. Dichas instancias tendrán un año para tomar una resolución definitiva.

El decreto contraviene varios artículos de la Constitución y viola una serie de leyes existentes, como detalla Francisco López Bárcenas (Gobernar por decreto, La Jornada, 27/11/21).

Es la legitimización de cualquier proyecto del gobierno federal para ejecutarse sin cumplir los requisitos y los términos de ley que evalúan su impacto en el medio ambiente, su legalidad en el ámbito de la propiedad y la no violación de los derechos humanos como el derecho a la consulta previa, libre e informada establecida en las leyes nacionales y tratados internacionales, esto intenta excluirlos de la esfera legal y refrenda nuevos despojos de nuestros derechos, tierras, aguas, bosques y territorios.

Estas resoluciones llamadas provisorias por un año, intentan poner en situación de acto consumado los megaproyectos del gobierno, impidiendo el amparo y protección de la justicia a través del juicio de garantías, ya que si no se impide su realización, generarán impactos negativos irreversibles debido al tipo de obras de infraestructura, tala de bosques y selvas, contaminación de agua, inundaciones, arrasamiento de tierras y poblados. El acuerdo es en realidad una sentencia de muerte a las comunidades y territorios afectados.

Adicionalmente es una legalización de la represión y persecución a quienes legítimamente nos organizamos y defendemos nuestros territorios y vidas ante los impactos irreversibles de estos proyectos sobre los que ni siquiera habremos sido informados, consultados ni dado nuestro consentimiento. En el gravísimo contexto del avance de la militarización del país que promueve y favorece el gobierno, esto es una declaración de impunidad ante la represión contra los pueblos indígenas y campesinos, quienes hemos vivido y cuidado los territorios desde tiempos inmemoriales y mucho antes de la constitución del Estado Mexicano. Para muestra basta con leer lo que declaró el director general del proyecto Interoceánico del Istmo de Tehuantepec Rafael Marín sobre el decreto-acuerdo: “éste no sólo facilitará la reducción de los trámites y tiempos que impiden el avance de las obras, sino también garantizará la intervención veloz de la autoridad para contener probables bloqueos ;esto nos va a ayudar a hacer más ágil la tramitología y por el otro, pues el que se declaren instalaciones estratégicas los proyectos, también nos ayudan a que puedan intervenir inmediatamente las autoridades en caso de bloqueos y este tipo de cosas”.

Son los mismos empresarios y partidos que han cuestionado este decreto por sus intereses comerciales y politiqueros que en gobiernos anteriores impusieron este mismo tipo de proyectos a nuestros pueblos, y contra quienes hemos protestado, denunciado y resistido igualmente desde hace muchas décadas, de lo cual hay numerosos testimonios e historia escrita. Entre éstas, las luchas y denuncias del Congreso Nacional Indígena desde 1996 al presente en todo el país, los testimonios asentados en más de 40 pre-audiencias y audiencias del Tribunal Permanente de los Pueblos capítulo México entre 2011 y 2014, los testimonios de devastación territorial y ambiental en verdaderas zonas de sacrificio en más de 10 regiones del país, también constatadas por caravanas y misiones de pueblos y organizaciones nacionales e internacionales en 2020-21.

Mucho antes de 2018, nuestros pueblos ya estaban denunciando la devastación generada por infinidad de megaproyectos que ahora serán considerados estratégicos y de seguridad nacional: megaproyectos carreteros, hidráulicos, energéticos, de infraestructura que invaden y despojan nuestros territorios, como el Proyecto Integral Morelos, el Corredor Transístmico, y el mal llamado Tren Maya, contra el que muchas comunidades nos hemos amparado.

Igual se pronunciaron las comunidades, movimientos y organizaciones en el Pronunciamiento del Encuentro Nacional de Luchas contra Gasoductos y Proyectos de Muerte, del 17 de enero de 2022, donde afirman los pueblos: “el Decreto Presidencial del 22de noviembre de 2021 representa una nueva embestida contra quienes defienden la vida porque, a pesar de que los megaproyectos se han impuesto sin el consentimiento de nuestros pueblos y a través de la fuerza, hoy el despojo y la imposición se legalizan intentando anular la posibilidad de la acción organizativa y de la acción legal” (https://www.centrodemedioslibres.org/2022/01/20/pronunciamiento-del-enc…).

Sabemos que la SCJN suspendió la aplicación de este acuerdo en atención a lo planteado por el INAI, pero solamente en sus aspectos relacionados al acceso a la información, mientras que las consecuencias del decreto son mucho más amplias.

Comunidades y organizaciones del Congreso Nacional Indígena han interpuesto 17 amparos con reclamos de fondo. Uno de éstos fue aceptado y el juzgado en Puebla ha concedido un recurso de suspensión de la aplicación del acuerdo. (https://tinyurl.com/465yt4ek) En la mayoría de los demás amparos, los tribunales han contestado planteando a las comunidades indígenas dificultades innecesarias, demandando trámites complementarios absurdos y/o declarándose incompetentes, lo cual en los hechos es una negación al acceso a la justicia a los pueblos indígenas.

Denunciamos también que aunque muchos medios masivos quieran presentar una imagen como si los empresarios y algunos partidos políticos fueran críticos al decreto, en realidad su principal preocupación es que este decreto sólo favorece a algunas empresas nacionales y trasnacionales que trabajan en los proyectos considerados prioritarios por el gobierno, cuando lo que quisieran es que la suspensión de derechos y obligación de cumplir con las leyes ambientales y de consulta se aplicara a todas sus empresas y sus actividades.

Como manifiestan las organizaciones indígenas y campesinas de Oaxaca (https://tinyurl.com/f36nu9nt), lo que este gobierno y los anteriores llaman “desarrollo nacional” no es tal, sino un renovado plan para el despojo.
Denunciamos la utilidad pública al servicio de los intereses privados. Es utilidad privada y despojo público.

Exigimos la derogación inmediata del decreto…
Llamamos a todas las comunidades y pueblos a denunciar y…
Resistir por todas las vías pacíficas y de ley.
2 de febrero de 2022, día de la Candelaria.

Red en Defensa del Maíz: Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca, SC. Espacio Estatal en Defensa del Maíz Nativo de Oaxaca. Asamblea de defensores del Territorio Maya Múuch’Xíinbal. Centro Nacional de Ayuda a Misiones Indígenas (Cenami). Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz. Desarrollo Económico y Social para Los Mexicanos Indígenas (Desmi), AC. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam). Colectivo por la Autonomía. Grupo ETC. GRAIN. Ejidos en Defensa del Territorio Maya. Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Comité para la Promoción y Defensa de la Vida Samuel Ruíz García, Chicomuselo, Chiapas. Jóvenes Ante la Emergencia Nacional. Casa Temilco. Espacio de Todos para la Defensa Comunitaria (ETCO). Sección XXII CNTE-SNTE. Guardianes del Mar. Colectivo Xa´aybej. CODEDI. Frente de la Juventud Comunista. Partido Comunista de México. Frente Peninsular de la Resistencia Popular. Pueblo de Loma de Bacum de la Nación de la Tribu Yaqui. Lagos de Colores. ZODEVITE. Misión de Bachajón, Chiapas. Comuneros de San Pedro Atlapulco. Magdalena Gómez. Evangelina Robles González. Lorenzo Moreno Pajarito. Julián Vázquez Guzmán. Colectivo Matza de San Miguel

Descarga el Pronunciamiento Conjunto en PDF aquí

radio
CDH Fray Bartolome de las Casas

ACCIÓN URGENTE | Riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
05 de febrero de 2022
Acción urgente No. 03

Riesgo a la vida, seguridad e integridad personal de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades

  • Los testimonios señalan al grupo armado “Maria Tulukes” como uno de los autores de la violencia.

 

El día de hoy habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades integrantes del Frente Comunitario por la Defensa de la Libre Determinación de Oxchuc, ha informado que un grupo de personas armadas ingresaron a la cabecera municipal y que hasta el momento se encuentran disparando hacía varias direcciones, por lo que temen por su vida, seguridad e integridad personal ya que “los balazos ya pasan encima de las casas, se teme que una bala pérdida hiera a algún inocente”.

Según los testimonios “el grupo armado liderado por Hugo Gómez Sántiz ha ido por refuerzos, fueron por paramilitares, hasta el momento han saqueado y quemado 6 casas propiedad de integrantes del Órgano Electoral Comunitario de Oxchuc, retenido vehículos y ahora mismo está fuerte la balacera y cohetazos en la cabecera municipal, tenemos mucho miedo de lo que esta noche vaya a ocurrir, según datos hay un muerto”.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas manifiesta su preocupación por la escalada de violencia en la cabecera municipal de Oxchuc. Desde el 15 de diciembre de 2021, la problemática se ha profundizado con impactos graves a la población que ha derivado en violaciones a los derechos humanos. Apesar de las denuncias jurídicas y públicas, no se ha obtenido respuesta, la omisión lamentable del Estado mexicano se ha
convertido en patrón común en todo tipo de problemáticas, dejando en estado de indefensión a los ciudadanos, por lo que el Frente Comunitario ha solicitado “a la sociedad en general que tomen sus precauciones al querer viajar por esta carretera, lamentablemente el grupo de “Maria Tulukes” ha comenzado una vez más la violencia, nosotros solamente hemos exhortado a la paz social, sin embargo, esta gente quiere el poder a través de la violencia.”

Hacemos un llamado urgente al Estado mexicano que haga su trabajo, que intervenga inmediatamente para proteger la vida, seguridad e integridad de los habitantes tseltales de la cabecera municipal de Oxchuc y sus comunidades mediante la implementación de medidas precautorias y cautelares para evitar actos de difícil reparación.

Solicitamos a la solidaridad nacional e internacional que firmen esta acción urgente:

Ver la Acción Urgente en PDF

radio
Avispa Midia

Chiapas: Amenaza conflicto con desplazar a más 3 mil indígenas de Aldama

Por Jeny Pascacio

“Mi hijo estaba jugando allá adentro cuando una bala cayó en una botella, caen bastantes y hacen un ruido como un ratoncito rascando la tierra; mis chamacos se espantan y salen corriendo a esconderse, ya casi no salen a jugar”.

Juanita tiene cuatro hijos y es habitante de Aldama, municipio de los Altos colindante con Chenalhó. Desde hace cuarenta años inició un conflicto agrario entre ambos municipios de los Altos de Chiapas.

En los últimos tres años las diferencias se acentuaron por el control del territorio, la violencia incrementó y es constante. Organizaciones han documentado los disparos de una montaña a otra.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas  (Frayba) informó que durante el primer mes de 2022, las comunidades de Aldama reportaron 230 ataques provenientes de diferentes puntos de Chenalhó. “La violencia contra las comunidades de Aldama por parte de personas armadas que se encuentran en diferentes puntos de ataque de la comunidad Santa Martha, municipio de Chenalhó, es sistemática y tiene como propósito crear un ambiente de terror generalizado”, sostiene Frayba.

Foto Jeny Pascacio/ Avispa Midia

A este panorama se agrega la amenaza de un desplazamiento forzado intermitente de por lo menos 3,499 personas. “Algunas familias se han desplazado en tanto los ataques disminuyan”, pues en el día 3 del mes de febrero, se registraron 28 ataques más, hacia las comunidades de San Pedro Cotzilnam, Tabac, Coco, Xuxchen, Juxton, Yeton, Chivit, Stzelejpotobtik y Cabecera de Aldama.

Los habitantes de 12 comunidades más vulnerables a los disparos, en el lado de Aldama, dejaron de trabajar sus tierras y salen a buscar alimentos a escondidas con temor de ser alcanzados por una bala.

Aunque los disparos son lanzados al aire, han herido a los indígenas tzotziles. “Cuando empiezan las balas salimos corriendo a prestar casa. Mis hijos quieren que nos vayamos de aquí porque tenemos mucho miedo”, relata Juanita.

El único apoyo que reciben es maíz y frijol, además de algunos víveres que les otorgan las organizaciones acompañantes.

En el reciente comunicado de Frayba, la organización cuestionó por qué el Estado mexicano, “no ha logrado identificar a las personas responsables de los ataques, su conformación, estructura y financiamiento, el origen de las armas utilizadas de uso exclusivo del ejército, armada y fuerza aérea”.

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Asimismo, sobre la fuente de adiestramiento y supuestos vínculos con funcionarios estatales o con la delincuencia organizada.

Foto Jeny Pascacio /Avispa Midia

Llamó a adoptar medidas efectivas y proteger la vida de los habitantes y desplazados forzadamente, además de dar certidumbre al resolver el conflicto por límites territoriales mediante procesos de investigación, sanción y reparación integral.

radio
Avispa Midia

Autoridades ambientales ignoran deterioro de humedales en Chiapas

Por Jeny Pascacio

Los humedales de montaña ubicados en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, albergan especies en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección especial, endémicas, como el pez popoyote, y es el refugio de aves residentes y migratorias.

Ayudan a evitar inundaciones al filtrar el agua de lluvia a los mantos freáticos y a purificarla, además son proveedores del 70% del agua potable que se distribuye a la población.

Pero en el Valle de Jovel la situación de los humedales La Kisst y María Eugenia es cada vez más crítica por el deterioro acelerado. En el Día Mundial de Los Humedales (2 de febrero), colectivos y ciudadanos recordaron la urgencia de proteger el 10% de los humedales que sobreviven a la mancha urbana.

Alma Rosa Rojas, coordinadora del Colectivo para la Paz y los Derechos Humanos AC, dijo que existe inconformidad por la falta de respuesta de las dependencias gubernamentales correspondientes, “no hay resultados tangibles”.

Durante los años de lucha han notado que el tema no es prioridad ni para la Fiscalía, ni para la Procuraduría Ambiental, “pareciera que está archivado”.

La ciudad turística crece sin ninguna planeación municipal, mientras en diferentes lugares se anuncia la venta de terrenos, también sin control, algunos dentro de las áreas naturales protegidas. Aunado a ello, la Carta Urbana municipal no se actualiza desde 2015.

Sexenios lo permitieron

Las administraciones municipales, estatales y federales permitieron a lo largo de los años la compra, venta e invasiones de los humedales, a pesar de que en 2008 fueron declarados Áreas Verdes de Conservación, por el gobierno del estado.

En 2011 se convirtieron en sitios Ramsar (ecosistemas de agua dulce o salada de importancia internacional), pero no expropiaron las tierras y siguen en manos de particulares, entre ellos, 19 son políticos, mencionó Enrique Ávila Romero, académico e investigador de la Universidad Intercultural de Chiapas (UNICH).

La solicitud para conocer la historia traslativa de los terrenos ha sido negada. Incluso, los dueños de estos terrenos se ampararon ante el decreto de conservación, y los jueces los favorecieron.

Por la falta de respuesta en México, los ciudadanos recurrieron al Convenio Ramsar y la respuesta fue positiva, pero argumentaron que no pueden realizar la visita por algunos incumplimientos del gobierno de México.

La extensión de La Kisst es de 110 hectáreas y se ubica al sur poniente del Valle de Jovel, mientras Lagos de María Eugenia se ubica al sur y su polígono es de 115 hectáreas, pero no existe delimitación física.

A la fecha se interpusieron más de 60 denuncias, solicitudes y quejas ante la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural; Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Comisión Nacional del Agua y Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

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