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Juez condena a 58 años de prisión a indígena que se opuso a grupos criminales en Chiapas
La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, abogó en favor del activista. Dijo que debía ser liberado porque los cargos en su contra fueron fabricados en represalia por su activismo.
El juez Julio César Victoria Gómez condenó a 58 años y 4 meses de cárcel al indígena Versaín Velasco García, habitante de la comunidad Nueva Palestina, municipio de Ocosingo. Él y su familia fueron expulsados de la comunidad y luego acusados de diversos delitos, por personas vinculadas con el tráfico de personas y droga, que operan en la región.
15 de diciembre de 2021, Versaín fue víctima de un intento de linchamiento por parte de un grupo armado, junto con policías comunitarios y autoridades de Nueva Palestina. Su yerno Fredy Gómez Sántiz fue desaparecido durante la agresión; una de las mujeres de su familia sufrió abuso sexual.
Un día después, él y su familia, unas 34 personas, tuvieron que abandonar la comunidad para evitar ser asesinados. En la cabecera municipal de Ocosingo denunció ante la Fiscalía de Chiapas la agresión y desaparición de su yerno; en represalia, lo acusaron del homicidio de un policía.
A su hija Isaura Velasco, y a su esposa Antonia Aguilar Solorzano, las acusaron de robo con violencia agravado; ellas estuvieron encarceladas un año hasta que, por falta de pruebas, lograron su libertad.
Versaín se consideraba defensor de derechos humanos; la población acudía a él en busca de ayuda y asesoría cuando sufría un abuso de autoridad. Meses antes de su detención denunció la colusión que había entre autoridades locales y grupos dedicados al tráfico de personas y droga en la zona selva, donde se encuentra Nueva Palestina, la comunidad más grande de Ocosingo.
“Lo último que denunció mi padre fue que detuvieron a unos jóvenes y los tuvieron encerrados 12 días -en una cárcel que hay en Nueva Palestina-, sin agua y sin comida. Luego de eso se nos vinieron encima”, explicó Moctezuma Velasco, su hijo.
A dos años de su detención, el juez Julio César Victoria Gómez sostuvo una audiencia durante tres días, para dictar sentencia. Este viernes, Moctezuma Velasco explicó que en la misma se omitió considerar las pruebas de la agresión que sufrió Versaín y su familia, también se desestimó los testimonios a personas de la comunidad, y las irregularidades que hubo en la detención.
Este viernes por la tarde, el juez dijo que la sentencia contra Versaín Velasco era de 58 años y 4 meses de prisión. “No es justo todo esto, ¿para qué sirve entonces toda la supuesta justicia en la tierra. No es justo, no es justo que el estado esté a favor de estos asesinos y paramilitares”, dijo su hijo al saber la sentencia.
La familia Velasco actualmente se encuentra en situación de desplazamiento forzado. Sin embargo, ha denunciado formalmente las agresiones que ha sufrido. Hasta el momento han interpuesto tres denuncias: una en la Fiscalía de Justicia Indígena, por los intentos de homicidio, lesiones, amenazas, daños, y los que resulten; otra en la Unidad Especializada de Investigación del delito de Tortura, por la tortura sexual; y la tercera en la Fiscal Contra la Desaparición Forzada de Personas y la Cometida por Particulares, por la desaparición Forzada de Fredy Gómez Santíz. En ninguna se ha ejercido acción penal en contra de los probables responsables.
También han solicitado al Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno, sin que esta instancia haya sesionado para dar respuesta. Desde el ámbito internacional, el 01 de febrero de 2023 el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la Organización de las Naciones Unidas requirió al Estado mexicano la Acción Urgente 1569/2023 por la desaparición forzada del indígena maya tseltal Fredy Gómez Sántiz. Tampoco ha habido una respuesta favorable.
El pasado lunes, dos días antes de la audiencia, La Relatora Especial de las Naciones Unidas para la Situación de Defensores de Derechos Humanos, Mary Lawlor, abogó a favor de Versaín Velasco. En sus redes sociales publicó una imagen de él con el siguiente mensaje: “Seguiré de cerca el juicio del defensor Versain Velasco García en Chiapas, México este lunes. Los cargos en su contra parecen falsos, fabricados en represalia por su trabajo en favor de los derechos humanos. Debe ser liberado”.
A continuación, el comunicado de prensa firmado por: Las cinco familias de Nueva Palestina Ocosingo, familiares de Versain Velasco García, Comité Chalchihuitle, de Desplazados Forzados de Chalchihuitán Chiapas, Comité de Solidaridad por la libertad y justicia para Versain Velasco y su Familia.
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La matanza de Iguala y el Ejército
El coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27 batallón de Iguala, es un militar formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre no tuvo noticias de que, a escasos metros de sus cuarteles, policías dispararon contra estudiantes normalistas. Tampoco tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. “Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último”, dijo.
Esa noche, el militar estuvo presente en el informe de labores y la fiesta de la directora del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca. Y, según declaró el general Salvador Cienfuegos Zepeda a la comisión legislativa que investiga la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa, “él no vio nada en el evento; incluso se fue a su cuartel al terminar el festejo y aseguró que no pasó nada”.
El coronel Aranda Torres asumió el mando del 27 batallón de infantería el 5 de octubre de 2011. Llegó allí después de servir en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona en la que el narcotráfico campea, y de estar al frente del octavo batallón de fuerzas especiales en Guadalajara. En Iguala entabló una magnífica relación con José Luis Abarca. Aparecieron juntos encabezando diversos actos cívicos. Sin embargo, a pesar de su experiencia, el militar pareció no darse cuenta de la enorme cantidad de fosas clandestinas que se cavaron en su zona de influencia, ni del intenso trasiego de goma de opio que tiene en esa ciudad un punto central de distribución.
No es exageración. Gustavo Castillo publicó en este diario que “en Guerrero se produce más de 60 por ciento de la amapola y goma de opio de México. Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas refieren que en el país, desde 2008, se duplicó el número de hectáreas de este cultivo ilícito, al pasar de 6 mil 900 hectáreas a 15 mil, y aumentar la producción de 150 toneladas a más de 325”. Iguala y Chilpancingo se han convertido en los principales centros de acopio de goma del narcótico.
Los vínculos estrechos de José Luis Abarca con el Ejército son anteriores al arribo del coronel José Antonio Aranda al frente del batallón. El 22 de enero de 2008, el entonces senador Lázaro Mazón colocó la primera piedra de Plaza Tamarindos, una ambiciosa inversión de 300 millones de pesos, propiedad de su amigo, el antiguo vendedor de sombreros y joyero José Luis Abarca.
La Plaza se ubica frente a las instalaciones del 27 batallón de infantería, en un terreno regalado por las fuerzas armadas. Según la crónica de la ceremonia de inicio de las obras del centro comercial, publicada en Diario 21: “En su participación, el senador Mazón Alonso agradeció al ex diputado Rubén Figueroa su intervención para poder entrevistarse con el entonces secretario de la Defensa Nacional, quien donó ese terreno”. La información nunca fue desmentida.
El diputado, ex senador suplente y empresario transportista Rubén Figueroa Smutny es hijo y nieto de ex gobernadores y caciques del estado. Su padre, Rubén Figueroa Alcocer, fue responsable de la matanza de Aguas Blancas en 1995, y controla la distribución de fertilizante en amplias regiones de Guerrero y Michoacán. Figueroa Smutny es también sobrino del cantante Joan Sebastian y de Federico Figueroa, señalado como uno de los altos mandos de Guerreros Unidos.
Especializado en tareas de contrainsurgencia y combate a las drogas, el 27 batallón de infantería tiene tras de sí un negro historial de violación de derechos humanos. Como documentó el blog especializado en cuestiones de defensa Estado Mayor, el batallón participó activamente en la guerra sucia de la década de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo pasado, dejando a su paso un largo historial de atrocidades, incluidas centenares de desapariciones forzadas.
Las tropelías perpetradas por el batallón no cesaron con el paso de los años. Apenas en marzo de 2010, desapareció a seis jóvenes en Iguala. El caso fue documentado por Human Rights Watch. En su informe Ni seguridad, ni derechos, publicado en noviembre de 2011, el organismo advierte: “Existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito”.
La noche del 26 de septiembre, el 27 batallón de infantería no hizo nada para evitar la matanza y desaparición de los estudiantes. No resguardó la zona. Dos horas después, del primer ataque, se produjo uno nuevo, sin que los militares hicieran nada para evitarlo. Fue hasta entonces que aparecieron militares, agrediendo a los estudiantes cuando intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles culatazos, cortando cartucho y acusándolos de allanamiento de morada.
Los soldados –contó el normalista Omar García a TeleSur– “nos dijeron: ‘ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con hombrecitos, amárrensen los pantalones. Eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y denos sus nombres reales. Sus nombres verdaderos, cabrones, porque, si dan un nombre falso, nunca los van a encontrar’”. Luego los fotografiaron.
La mañana del 31 de octubre una narcomanta apareció colgada en la reja de la entrada a una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, cerca del cuartel de la 35 zona militar. Estaba dirigida al presidente Enrique Peña Nieto. La firmaba Gil, es decir el cabo Gil, señalado como uno de los operadores de la desaparición de los estudiantes y lugarteniente de Sidronio Casarrubias, uno de los líderes de Guerreros Unidos, hoy preso.
El mensaje señalaba que, entre los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, había dos oficiales del 27 batallón de infantería: el teniente Barbosa y el capitán Crespo, involucrados con la organización.
A pesar de que las evidencias en su contra se van acumulando, hasta el momento las pesquisas oficiales han dejado de lado a las fuerzas armadas. Los normalistas que sobrevivieron al ataque tienen sus sospechas de que algo tienen que ver los militares en el asunto. “Acuérdense –dice Omar García– que en la guerra sucia, si alguien era experto en desaparecer personas, era precisamente el Ejército”.
