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Luis Hernández Navarro

The massacre of Iguala and the Mexican Army

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La Jornada

El coronel Juan Antonio Aranda Torres, comandante del 27 batallón de Iguala, es un militar formado en fuerzas especiales, inteligencia y contrainteligencia. Sin embargo, la noche del 26 de septiembre no tuvo noticias de que, a escasos metros de sus cuarteles, policías dispararon contra estudiantes normalistas. Tampoco tuvo conocimiento de que soldados bajo su mando amenazaron a los jóvenes. “Lo que pasa es que nosotros nos enteramos al último”, dijo.

Esa noche, el militar estuvo presente en el informe de labores y la fiesta de la directora del DIF municipal, María de los Ángeles Pineda Villa, esposa del alcalde José Luis Abarca. Y, según declaró el general Salvador Cienfuegos Zepeda a la comisión legislativa que investiga la desaparición de 43 alumnos de Ayotzinapa, “él no vio nada en el evento; incluso se fue a su cuartel al terminar el festejo y aseguró que no pasó nada”.

El coronel Aranda Torres asumió el mando del 27 batallón de infantería el 5 de octubre de 2011. Llegó allí después de servir en Nuevo Laredo, Tamaulipas, una zona en la que el narcotráfico campea, y de estar al frente del octavo batallón de fuerzas especiales en Guadalajara. En Iguala entabló una magnífica relación con José Luis Abarca. Aparecieron juntos encabezando diversos actos cívicos. Sin embargo, a pesar de su experiencia, el militar pareció no darse cuenta de la enorme cantidad de fosas clandestinas que se cavaron en su zona de influencia, ni del intenso trasiego de goma de opio que tiene en esa ciudad un punto central de distribución.

No es exageración. Gustavo Castillo publicó en este diario que “en Guerrero se produce más de 60 por ciento de la amapola y goma de opio de México. Estadísticas de la Organización de Naciones Unidas refieren que en el país, desde 2008, se duplicó el número de hectáreas de este cultivo ilícito, al pasar de 6 mil 900 hectáreas a 15 mil, y aumentar la producción de 150 toneladas a más de 325”. Iguala y Chilpancingo se han convertido en los principales centros de acopio de goma del narcótico.

Los vínculos estrechos de José Luis Abarca con el Ejército son anteriores al arribo del coronel José Antonio Aranda al frente del batallón. El 22 de enero de 2008, el entonces senador Lázaro Mazón colocó la primera piedra de Plaza Tamarindos, una ambiciosa inversión de 300 millones de pesos, propiedad de su amigo, el antiguo vendedor de sombreros y joyero José Luis Abarca.

La Plaza se ubica frente a las instalaciones del 27 batallón de infantería, en un terreno regalado por las fuerzas armadas. Según la crónica de la ceremonia de inicio de las obras del centro comercial, publicada en Diario 21: “En su participación, el senador Mazón Alonso agradeció al ex diputado Rubén Figueroa su intervención para poder entrevistarse con el entonces secretario de la Defensa Nacional, quien donó ese terreno”. La información nunca fue desmentida.

El diputado, ex senador suplente y empresario transportista Rubén Figueroa Smutny es hijo y nieto de ex gobernadores y caciques del estado. Su padre, Rubén Figueroa Alcocer, fue responsable de la matanza de Aguas Blancas en 1995, y controla la distribución de fertilizante en amplias regiones de Guerrero y Michoacán. Figueroa Smutny es también sobrino del cantante Joan Sebastian y de Federico Figueroa, señalado como uno de los altos mandos de Guerreros Unidos.

Especializado en tareas de contrainsurgencia y combate a las drogas, el 27 batallón de infantería tiene tras de sí un negro historial de violación de derechos humanos. Como documentó el blog especializado en cuestiones de defensa Estado Mayor, el batallón participó activamente en la guerra sucia de la década de los años 70 y comienzos de los 80 del siglo pasado, dejando a su paso un largo historial de atrocidades, incluidas centenares de desapariciones forzadas.

Las tropelías perpetradas por el batallón no cesaron con el paso de los años. Apenas en marzo de 2010, desapareció a seis jóvenes en Iguala. El caso fue documentado por Human Rights Watch. En su informe Ni seguridad, ni derechos, publicado en noviembre de 2011, el organismo advierte: “Existen pruebas contundentes que señalan la participación del Ejército en este delito”.

La noche del 26 de septiembre, el 27 batallón de infantería no hizo nada para evitar la matanza y desaparición de los estudiantes. No resguardó la zona. Dos horas después, del primer ataque, se produjo uno nuevo, sin que los militares hicieran nada para evitarlo. Fue hasta entonces que aparecieron militares, agrediendo a los estudiantes cuando intentaban escapar o pedir auxilio, dándoles culatazos, cortando cartucho y acusándolos de allanamiento de morada.

Los soldados –contó el normalista Omar García a TeleSur– “nos dijeron: ‘ustedes se lo buscaron. Ustedes querían ponerse con hombrecitos, amárrensen los pantalones. Eso les pasa por andar haciendo lo que hacen. Nombres. Y denos sus nombres reales. Sus nombres verdaderos, cabrones, porque, si dan un nombre falso, nunca los van a encontrar’”. Luego los fotografiaron.

La mañana del 31 de octubre una narcomanta apareció colgada en la reja de la entrada a una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero, cerca del cuartel de la 35 zona militar. Estaba dirigida al presidente Enrique Peña Nieto. La firmaba Gil, es decir el cabo Gil, señalado como uno de los operadores de la desaparición de los estudiantes y lugarteniente de Sidronio Casarrubias, uno de los líderes de Guerreros Unidos, hoy preso.

El mensaje señalaba que, entre los responsables de la desaparición de los 43 normalistas, había dos oficiales del 27 batallón de infantería: el teniente Barbosa y el capitán Crespo, involucrados con la organización.

A pesar de que las evidencias en su contra se van acumulando, hasta el momento las pesquisas oficiales han dejado de lado a las fuerzas armadas. Los normalistas que sobrevivieron al ataque tienen sus sospechas de que algo tienen que ver los militares en el asunto. “Acuérdense –dice Omar García– que en la guerra sucia, si alguien era experto en desaparecer personas, era precisamente el Ejército”.

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Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo

Urgent communiqué: The Indigenous Dignity of the people from the Istmo region prevails over violence and corruption unleashed by Mareña Renovables and Gabino Cué

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La violencia policial, las amenazas de sicarios y los intentos de corromper y dividir a las comunidades fracasan nuevamente frente a la firme resistencia y dignidad de los pueblos indígenas del Istmo que defienden su territorio de la invasión por el megaproyecto eólico de Mareña Renovables, impulsado por FEMSA-Coca Cola, Heineken-Cuahutémoc Moctezuma, Mitsubishi, Macquarie, el Banco Interamericano de Desarrollo y PGGM.

Istmo de Tehuantepec, 4 de febrero de 2013, 9am – La más reciente ofensiva de Mareña Renovables para invadir ilegalmente la Barra de Santa Teresa, iniciada el 31 de enero de 2013, ha fracasado rotundamente. Esta ofensiva fue motivada por el ultimátum dado al Gobierno de Oaxaca en esa fecha por Jonathan Davis, Presidente del Consejo de Administración de Mareña Renovables. Demostrando su corrupción y servilismo, Gabino Cué respondió al mandado de Mr. Davis ordenando a la Policía Estatal, Ministerial y Bancaria reprimir y violentar a las comunidades indígenas y pescadoras del Istmo con el fin de abrir paso a la invasión de sus tierras, violando así la orden judicial de suspensión de las obras en la Barra de Santa Teresa dictada por el Juzgado Federal Séptimo de Salina Cruz. Los y las Binnizá e Ikojts de varias comunidades han resistido los embates diarios de la policía desde esa fecha, sufriendo contusiones y arrestos al defender su territorio y cultura con sus propias vidas. Al igual que en anteriores ofensivas de Mareña, las comunidades del Istmo han demostrado su integridad y dignidad, dejando claro que Gabino Cué tendrá que derramar mucha sangre indígena para que Mareña acceda a la Barra de Santa Teresa.

La estrategia de violencia y corrupción empleada por Mareña y Cué, además de la fuerza pública, también hizo uso de sicarios para intimidar e intentar corromper a portavoces del movimiento de resistencia. Mr. Davis, en su ultimátum del 31 de enero, afirmó que el rechazo de los pueblos a su megaproyecto estaba motivado por “20 individuos perfectamente identificados” (pese a que son millares de personas quienes participan activamente en la resistencia), de quienes dijo que actúan al margen de la ley (pese a ser Mareña quien está intentando violar una orden judicial), y exigió al gobierno que tome medidas contra ellos. Desde entonces, los asesinos a sueldo intensificaron sus amenazas a estas personas, dándoles a elegir entre ser asesinados o recibir grandes sumas de dinero por traicionar la lucha. Mareña y Cué no consiguen comprender que la dignidad indígena no se vende. Tampoco entienden que la resistencia es liderada democráticamente por los pueblos a través de sus asambleas, y que asesinando a los rostros más visibles únicamente conseguirán que aumente la resistencia.

Las personas contra quienes se ha dirigido esta campaña terrorista han sido señalados en diversas ocasiones por los diputados Francisco García López, Samuel Gurrión y Elías Cortés, por la dirigente estatal de la CANACINTRA Adela Santos Ángeles, el titular de la Secretaría General de Gobierno Jesús Martínez Álvarez, el procurador de Justicia del Estado de Oaxaca Manuel de Jesús López López, el Secretario de Seguridad Pública del Estado Marco Tulio López Escamilla y por el mismo gobernador Gabino Cué, así como por representantes de Mareña Renovables como Edith Ávila y Jonathan Davis.

Todos los compañeros y compañeras que han sido señaladas han sufrido hostigamiento, amenazas y difamación desde hace meses. Algunos, como Bettina Cruz Velázquez y Rodrigo Flores Peñaloza, han tenido que alejarse de la región pues los asesinos a sueldo se han apersonado en su casa, pero siguen activamente en la resistencia. Mareña y el Gobierno Estatal trataron de forma directa de comprar la integridad de distintas personas del movimiento, como hicieron con el pescador Jesús Gutiérrez.

Por iniciativa de Carlos Gómez Orozco, operador del diputado priísta Samuel Gurrión, un policía estatal llegó a las 4 de la mañana a casa del compañero para llevárselo a Oaxaca, diciendo que le esperaba el Secretario de Gobierno. Sin embargo, lo llevaron en presencia de Edith Ávila, de Mareña Renovables, quien le ofreció cualquier cantidad de dinero a cambio de convencer a otros pescadores para dejarlos entrar en la Barra de Santa Teresa, y de propagar en la comunidad rumores falsos de que Rodrigo Flores y Bettina Cruz habían recibido 8 millones de pesos por abandonar el movimiento.

Posteriormente, desde la Secretaría General de Gobierno se citó a una plática, sin especificar con quién ni sobre qué, al abogado Daniel González Alonso, quien representa a San Dionisio del Mar en la demanda de amparo a través de la cual se obtuvo la orden de suspensión judicial. Al llegar le presentaron a Andrew Chapman, Director de Macquarie Capital Funds, y a otros representantes de Mareña Renovables, quienes intentaron influir su comportamiento, frente a lo cual el compañero Daniel les dejó claro que no iba a venderse a ningún precio.

En el marco de los enfrentamientos de los últimos días, la policía estatal rodeó la casa de los compañeros pescadores de Álvaro Obregón a quienes identifican como “líderes”, diciendo que llevaban ordenes de aprehensión contra ellos. Sin embargo no pudieron ejecutar la aprehensión pues inmediatamente el resto de los pobladores de la comunidad acudieron a protegerlos y la policía tuvo que retirarse. También detuvieron y golpearon a dos pescadores cuando regresaban de trabajar, y contusionaron a varias mujeres y hombres que participan en la defensa del territorio.

Condenamos estas acciones que representan un atropello a los derechos de los pueblos indígenas por parte del Gobierno Estatal de Oaxaca, el cual llegó al poder con el voto de estos pueblos y ahora se vuelve en su contra para beneficio de los despojadores. Gabino Cué se ha convertido en un operador más de las empresas que buscan comercializar los recursos naturales de los pueblos de nuestro país.

Responsabilizamos al Gobierno del Estado y a Mareña Renovables del atentado contra la integridad física de quienes participamos en esta lucha. Agradecemos a todas las organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil nacional e internacional la solidaridad que han mostrado y siguen mostrando a través de acciones urgentes dirigidas a organismos internacionales y a diversas instancias del gobierno estatal y federal, y les pedimos que continúen atentos a la situación de violencia que estamos viviendo por defender nuestro territorio y forma de vida.

La fortaleza e integridad demostrada por las comunidades del Istmo en estos días han demostrado que Mareña y Cué no tienen ninguna posibilidad de invadir la Barra de Santa Teresa. Las comunidades continuamos en alerta máxima, seguiremos defendiendo nuestra Barra de Santa Teresa de los invasores. Si continúan escalando la violencia, únicamente lograrán reforzar la resistencia y provocar un serio problema de orden público. Esperamos que las multinacionales involucradas en Mareña Renovables desistan de este comportamiento criminal para no ver su imagen pública asociada a un cruel e innecesario derramamiento de sangre indígena. Confiamos en que pronto llegará el anuncio de abandono definitivo por parte de Mareña Renovables. Ese día, celebraremos una nueva victoria de la dignidad indígena del Istmo de Tehuantepec.

NI UN PASO ATRÁS
POR LA DEFENSA DE NUESTRO TERRITORIO
ASAMBLEA DE PUEBLOS DEL ISTMO EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO

ASAMBLEA DE PUEBLOS INDIGENAS DE ISTMO DE TEHUANTEPEC EN DEFENSA DE LA TIERRA Y EL TERRITORIO

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