asesinato
Comunidad Indígena Autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, ante las complicidades, la impunidad estructural y los objetivos del asesinato de Marcos Aguilar Rojas
¡MARCOS VIVE, LA LUCHA SIGUE!
- La comunidad recupera el predio en conflicto El Caracol
- Marcos fue asesinado por órdenes de caciques regionales para arrebatarnos el territorio.
COMUNICADO URGENTE DE LA COMUNIDAD INDÍGENA AUTÓNOMA DE SAN LORENZO DE AZQUELTÁN, ANTE LAS COMPLICIDADES, LA IMPUNIDAD ESTRUCTURAL Y LOS OBJETIVOS DEL ASESINATO DE MARCOS AGUILAR ROJAS
A los pueblos y gobiernos del mundo
A los medios libres y honestos de comunicación
A las organizaciones solidarias con los pueblos originarios
Nuestra comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco, ha denunciado ya públicamente el asesinato de nuestro hermano y autoridad agraria, Marcos Aguilar Rojas, así como la grave lesión del compañero comunero Gabriel Aguilar Rojas, ocurridos el 26 de noviembre de 2025 en el predio comunal de El Caracol.
Nos dirigimos a los pueblos y gobiernos del mundo con un profundo dolor, ante la muerte de una de las personas más honestas y comprometidas con la defensa del territorio que ha dado nuestra comunidad, para señalar con nombre y con hechos la complicidad, los intereses y la estructura de poder que permitió —y sigue permitiendo— que este crimen ocurriera, por lo que decimos, con humildad, con dignidad y con respeto que:
1. Es un crimen político y territorial, no un hecho aislado
El asesinato de Marcos Aguilar Rojas fue la consecuencia lógica de décadas de agresiones armadas, invasiones agrarias, amenazas de muerte y hostigamiento a las autoridades tradicionales y comunales de Azqueltán.
El ataque del 26 de noviembre no fue improvisado:
fue planeado, acordado y ejecutado por caciques y sus grupos de pistoleros, amparados por la omisión, el silencio o la participación directa de autoridades municipales, estatales, operadores judiciales y agentes ministeriales.
Negarlo —como lo intentó hacer el fiscal del estado de Jalisco, reduciendo todo a “problemas entre vecinos”— es participar en el crimen, que recuerda el discurso del poder ante los ataques paramilitares que han sufrido los pueblos originarios de nuestro país, como en el territorio de los hermanos zapatistas y en otras geografías, para concretar el despojo, y mediante el terror, acabar con la organización indígena.
Según la investigación de la propia comunidad y las evidencias que dejan al descubierto a los poderosos de la región, denunciamos que el martes 25 de noviembre de 2025, en el domicilio de Juan Aguilar, se reunieron el grupo de pistoleros que hemos denunciado y el cacique Refugio Raygoza, para planear el despojo de los predios comunales El Sabino Quemado y El Caracol, en esa misma reunión acordaron la ejecución de nuestro compañero Marcos, para lo que fue fundamental la complicidad de Favio Flores Sánchez “La Polla” y funcionarios de gobierno y policiales que participaron en actos previos de hostigamiento a los comuneros. Estas reuniones siguen ocurriendo en la localidad de Izolta, donde se siguen planeando ataques hacia nuestros comuneros.
2. Hay una red de complicidad en la que participan fiscales, policías, caciques y operadores judiciales
Las carpetas de investigación acumuladas por años muestran un mismo patrón y un mismo grupo de agresores, que han actuado con armas de fuego y extrema violencia en al menos siete años de ataques documentados.
Durante la integración de la carpeta 468/2025 5-J originada por los hechos recientemente acontecidos, la Fiscalía y el Poder Judicial actuaron nuevamente para encubrir a los agresores Esteban y Manuel de apellidos Aguilar Herrera, quienes han atacado a nuestros comuneros: el más reciente acto de encubrimiento fue llevado a cabo por Jorge Alonso Arellano Gándara, Administrador Distrital del Juzgado de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Décimo Primer Distrito Judicial en el Estado de Jalisco, con sede en Colotlán, Jalisco, en virtud de que tras los hechos acontecidos el pasado 26 de noviembre del año en curso, el Ministerio Público pidió tomar muestras de residuos de disparo al detenido Manuel Aguilar Herrera, pero el defensor público lo impidió con el pretexto de que estaba “inconsciente”, y cuando la solicitud se presentó formalmente ante el Juzgado, fue dicho Administrador Distrital quien —de manera ilegal, sin facultades jurídicas y actuando como protector de los agresores— rechazó con argumentos falsos la solicitud, retardando la investigación y evitando que se tomara la muestra, violando el derecho a la justicia e imposibilitando que la decisión se apelara, además de comprometer la eficacia del peritaje y privando a las víctimas de una prueba fundamental que dependía de la legal y pronta actuación de las autoridades.
Acción hecha para favorecer directamente al pistolero Manuel Aguilar Herrera, y nuevamente garantizarle impunidad, luego de los múltiples antecedentes conocidos y documentados: como golpear ancianos para despojarlos de su tierra, allanar viviendas para amenazar, amedrentar a una niña con involucrar a la delincuencia organizada si no abandonaba su tierra y participar en el despojo armado del territorio, además de formar parte de la misma red de impunidad que también ha protegido a Favio Flores Sánchez “La Polla”, cuyo ataque armado contra autoridades autónomas fue degradado por el mismo Juzgado penal de Colotlán a simples “lesiones” con una reparación ridícula, torciendo la ley para garantizar la impunidad de quienes buscan exterminarnos y arrebatarnos el territorio.
El reciente encubrimiento —comprobado por la actuación ilegal del Administrador Distrital que bloqueó la toma de pruebas al homicida— demuestra que la Fiscalía del Estado de Jalisco y parte del Poder Judicial, han sido engranes activos de la maquinaria de impunidad.
Todo está documentado
Todo está en las carpetas de investigación
Todo está en los testimonios
3. El objetivo real es arrebatarnos el territorio, no un «problema entre vecinos”
Lo que quieren no es solo eliminar autoridades agrarias, sino nuestro territorio y y organización indígena, pues los caciques y supuestos pequeños propietarios, con una economía pudiente en la región, han invadido miles de hectáreas comunales, y ahora, con este crimen, han dejado claro que buscan exterminar a la comunidad para apropiarse de lo que nos pertenece desde hace siglos.
Lo señalamos el pasado 13 de noviembre de 2025, cuando denunciamos públicamente el hostigamiento en contra de nuestros comuneros por parte de supuestos policías de investigación de la Agencia del Ministerio Público de Villa Guerrero, Jalisco; quienes afirmaron:
que les “vale madre el juicio agrario”,
que si corremos “nos quiebran”,
que van a entrar con policías y con armas.
El asesinato de Marcos es solo un paso más en ese plan.
4. La responsabilidad histórica es del Estado mexicano
El Estado mexicano es el responsable por acción, por omisión y por negligencia histórica.
Es responsable porque:
No ha garantizado seguridad a la comunidad pese a denuncias formales y repetidas.
Permitió que operadores judiciales obstaculizaran la investigación.
Lleva décadas negando el reconocimiento jurídico pleno del territorio tepecano, abriendo la puerta a invasores, caciques y violencia armada.
La negligencia de los gobiernos —municipales, estatales y federales— ha costado vidas y si no actúan, seguirá costándolas.
5. Ante la gravedad de los hechos, ante el peligro que vivimos, exigimos al Gobierno Federal
La emisión inmediata de un DECRETO PRESIDENCIAL que reconozca, delimite y titule el territorio ancestral de la Comunidad Indígena de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco.
Sin este reconocimiento jurídico pleno, la comunidad seguirá expuesta a agresiones armadas, criminalización, invasiones, omisiones institucionales y a nuevas muertes.
El Gobierno Federal debe entender que su responsabilidad es directa.
No puede seguir ignorando que la vida de un pueblo originario depende de decisiones que solo puede tomar el Ejecutivo.
Si el gobierno quiere detener el derramamiento de sangre, que empiece por reconocer el territorio de quienes han habitado y defendido estas tierras desde tiempos inmemoriales.
6. Para que no quede duda
Nosotros, como comunidad indígena autónoma, aunque nos maten, no vamos a abandonar nuestro territorio, no vamos a renunciar a nuestra identidad tepehuana y wixárika y no vamos a ceder frente a los asesinos ni a los caciques.
Anunciamos a los pueblos y gobiernos de México y fuera de estas fronteras que el día de hoy, y tras el artero ataque armado, la comunidad recuperó, mediante movilización, el predio El Caracol, ambicionado por personas ajenas a la comunidad, y sitio donde fue asesinado el compañero Marcos Aguilar Rojas.
Estamos dispuestos a seguir defendiendo la vida y el territorio, así que, por primera vez escuchen bien quienes gobiernan:
Sobre la responsabilidad de ustedes caerá cada gota de sangre que se derrame por incapacidad, negligencia o complicidad.
El Estado mexicano tiene en sus manos la posibilidad de detener esta guerra o de profundizarla y será su decisión de qué lado de la historia quieren estar. Esa no la olvidamos ni olvidaremos, así pasen mil años.
7. Hacemos un llamado a los pueblos y a las conciencias de esta humanidad.
Llamamos a los pueblos del mundo a mantenerse alertas, a las organizaciones de derechos humanos a vigilar y acompañar a la comunidad, haciendo eco de nuestras exigencias.
Llamamos a los medios honestos a romper el cerco de silencio que protege a los responsables.
Nosotras y nosotros, como pueblo, hemos resistido cientos de años y resistiremos cientos más si es necesario.
Pero que quede claro:
No nos rendiremos
No nos venderemos
No claudicaremos
Porque Marcos Vive y La Lucha Sigue
Desde el fondo del cañón de Bolaños
Comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco
Foto de portada: CELEBRACIÓN. Participantes de una ceremonia nocturna en San Lorenzo Azqueltán, durante el 5º aniversario del nombramiento de autoridades tradicionales en 2018. ©ScottBrennanphoto.
Asesinan al defensor indígena Marcos Aguilar Rojas y hieren a su compañero Gabriel Aguilar en ataque armado en San Lorenzo Azqueltán
La comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, en Villa Guerrero, Jalisco, denunció un nuevo ataque armado en el predio comunal El Caracol. Marcos Aguilar Rojas fue asesinado y Gabriel Aguilar resultó herido mientras realizaban labores comunitarias. Organizaciones exigen protección urgente y justicia para la comunidad tepehuana–wixárika.
Por Mario Marlo | Somos el Medio
Ciudad de México, 27 de noviembre de 2025.— La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” (Red TDT) informó que el 26 de noviembre se registró un ataque armado en el predio comunal El Caracol, en la comunidad indígena de San Lorenzo Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco. El hecho dejó como saldo el asesinato de Marcos Aguilar Rojas y heridas de gravedad en su familiar y compañero de comunidad, Gabriel Aguilar Rojas.
De acuerdo con testimonios, ambos comuneros se encontraban retirando ganado que había invadido territorio comunal cuando fueron atacados a balazos. Las personas responsables fueron identificadas como parte de un grupo que ha mantenido conflictos con la comunidad por la posesión del predio. Marcos murió en el lugar y Gabriel fue trasladado para recibir atención médica urgente.
El ataque se registró en El Caracol, un predio comunal que la comunidad ha defendido colectivamente durante décadas ante múltiples intentos de despojo. Azqueltán sostiene un proceso de autonomía y un sistema propio de justicia y seguridad que, pese a su reconocimiento oficial, ha sido reiteradamente vulnerado por agresiones armadas, amenazas y la invasión ganadera realizada por actores externos.
La Red TDT y la Asociación Jalisciense de Apoyo a los Grupos Indígenas (AJAGI) señalaron que estos hechos forman parte de un patrón prolongado de violencia contra la comunidad tepehuana–wixárika. Enfatizaron que el Estado mexicano debe garantizar la vida de las personas defensoras del territorio y asumir su responsabilidad en la protección del pueblo de Azqueltán, que enfrenta un riesgo permanente.
Las organizaciones demandaron que las autoridades del estado de Jalisco investiguen los hechos de manera inmediata y sancionen penalmente a los perpetradores. También insistieron en que se brinde atención médica especializada a Gabriel Aguilar y que el cuerpo de Marcos Aguilar sea entregado dignamente a su familia. Asimismo, exigieron medidas colectivas de protección y acciones concretas que avancen hacia el reconocimiento y titulación definitiva de los bienes comunales.
San Lorenzo Azqueltán es una comunidad indígena conformada por pueblos tepehuanos y wixáritari que habitan el territorio desde tiempos ancestrales. Con base en un título virreinal de 1733, la comunidad reclama la restitución de 45 mil hectáreas que les pertenecen. Durante más de dos siglos han enfrentado procesos de invasión de tierras, presencia de ganaderos mestizos, amenazas, violencia y desapariciones.
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El problema se agravó con la creación de ejidos que fragmentaron el territorio comunal y permitieron el avance de actores que buscaron apropiarse de las tierras. Sin embargo, la comunidad ha sostenido su proceso organizativo y en 2013 declaró su autonomía, reconocimiento que fue validado por el Estado de Jalisco en 2015. Desde entonces, tepehuanos y wixáritari han reforzado la defensa de su territorio y sus prácticas culturales.
El asesinato de Marcos Aguilar Rojas y la agresión contra Gabriel Aguilar representan un nuevo episodio de violencia en una larga historia de despojo. Las organizaciones alertan que la situación exige una intervención urgente y eficaz para evitar nuevas agresiones y garantizar la integridad de la comunidad.
