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Radio Zapatista

Encuentro internacional El Sur Resiste: Reflexiones imprescindibles para nuestros tiempos

Cartas náuticas para tiempos tormentosos. No hay duda de que las palabras compartidas en el Encuentro Internacional “Capitalismo corporativo mundial, patriarcado planetario, autonomías en rebeldía”, que se llevó a cabo en el Caracol Jacinto Canek, en San Cristóbal de Las Casas, el 6 y 7 de mayo, son justamente eso. Reflexiones imprescindibles que nos ayudan a navegar los tiempos aciagos que vivimos.

Durante diez días, la Caravana El Sur Resiste recorrió los territorios donde se construyen los megaproyectos del Corredor Transístmico y el Tren Maya, visitando las comunidades afectadas por los mismos, con la mirada y la escucha atentas para entender qué significan realmente esos proyectos para los pueblos y para el país. Con ese acúmulo de dolores y luchas, unas 1,200 personas se reunieron en el Caracol Jacinto Canek para sentipensar lo vivido y juntarlo a las reflexiones de otras y otros pensadores. Durante dos días, un total de 940 personas del Congreso Nacional Indígena pertenecientes a 38 pueblos originarios; activistas y pensadores de varias partes del país; y visitantes internacionales de El Salvador, Estados Unidos, Alemania, España, Argentina, Austria, Cataluña, Bélgica, Puerto Rico, Colombia, Brasil, Canadá, Chipre, Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Euskal Herria, Italia, Francia, Finlandia, Suiza, Grecia, Honduras, Kurdistán, Reino Unido, Suecia, Guatemala, Uruguay, Venezuela y Wallmapu, reunimos las muchas historias de despojo y resistencia en tantas geografías para ir formando una imagen del momento histórico que vivimos.

En esta primera de dos entregas sobre el Encuentro, intentamos sintetizar los análisis que se compartieron el primer día, en la voz del pensador uruguayo Raúl Zibechi; la militante colombiana Vilma Almendra, del pueblo nasa en la región del Cauca; las mujeres de Kurdistán; la pensadora Ana Esther Ceceña; y el abogado Carlos González, del Congreso Nacional Indígena.

Compartimos también los audios completos de las ponencias, así como la síntesis de lo que la Caravana descubrió en su recorrido y, finalmente, el pronunciamiento final de la Caravana y del Encuentro, que aunque fue leído el último día, lo incluimos aquí por su importancia.

Contexto mundial

Para entender lo que sucede en México, coincidieron todos los ponentes, es necesario entender el momento histórico que vivimos a nivel mundial. Atravesamos, como tantas veces se ha dicho, un momento de profunda crisis planetaria de la mano de un reacomodo geopolítico en el que Estados Unidos y China se disputan el poder mundial. En ese reacomodo, advirtieron Raúl Zibechi y Ana Esther Ceceña, es importante no encantarse con la posible caída del imperio estadounidense y aplaudir la emergencia de China como poder global —un país sin duda capitalista y profundamente patriarcal—. Se trata, en efecto, de dos formas distintas de capitalismo; capitalismo éste que, como explicó Carlos González, atraviesa una crisis nunca vista debido al crecimiento exponencial del capital financiero en detrimento del capital productivo.

Aunque esta disputa se da sobre todo en el Indo-Pacífico, el sureste mexicano no es ajeno a la misma, pues América Latina es una región estratégica para los intereses estadunidenses: militares, por un lado, pero sobre todo económicos, pues ante la crisis de suministros, recrudecida por la pandemia y más aún por la guerra en Ucrania, los países del sur aportan la reposición necesaria. El capitalismo actual, explicó Zibechi, depende de las guerras de despojo para sobrevivir. Según análisis rigurosos, el 40% de la tierra en América Latina aún se encuentra en manos de campesinos, comunidades indígenas y negras, pequeños productores, pescadores, recolectores, etc. Y esas tierras son codiciadas por el capital, lo que significa que la guerra de despojo que presenciamos recién comienza y es de larga duración.

De ahí dos fenómenos ineludibles: la militarización y el vínculo entre crimen organizado, Estado y capital.

La militarización llegó para quedarse, dijo Zibechi, pero ahora con nuevas características. Mientras antes la izquierda siempre se opuso a la militarización, ahora los gobiernos progresistas, como los de México, Argentina, Chile y Colombia, la promueven con mucho más éxito de lo que la derecha jamás lo había podido hacer. El caso de México es desde luego el más extremo, y aquí entendemos que el militarismo no sólo se utiliza como mecanismo de control para el reordenamiento territorial, sino también como fuente de acumulación de capital, al utilizarse el Ejército y la Marina para construir y administrar megaproyectos en los que participan grandes empresas transnacionales y que, como se observó a lo largo de la caravana, en nada benefician a los pueblos.

Esta militarización no es ajena a los intereses de Estados Unidos en su disputa por el poder global. El 3 de febrero del año pasado, México por primera vez permitió que las fuerzas armadas de Estados Unidos realicen ejercicios militares en territorio nacional. Esto como parte de la nueva estrategia del Comando Sur estadounidense para Latinoamérica.

Por otro lado, la alianza entre fuerzas armadas, Estado, capital y crimen organizado, tan evidente en los testimonios recabados en el recorrido de la Caravana y en los que escuchamos en las mesas de trabajo durante el Encuentro, es ya un elemento sistémico global. Como dijo Zibechi, el capital funciona al estilo del narco, y el narco es una empresa capitalista sumamente exitosa.

Vilma Almendra detalló cómo en Colombia (como en México), el narco se utiliza para romper movimientos, resistencias y autonomías. Así, el territorio del Cauca, que hasta 2018 estaba controlado por las comunidades indígenas de la mano de la guardia comunitaria, está ahora bajo el control de los grupos armados, cuyo gran motor es el narco. Como en México, en Colombia el narco está incrustado en todos los niveles del gobierno. “Nos gobiernan los mejores narcos —dijo Almendra— y ellos nos señalan como narcos y nos matan.” En México la evidencia más burda de esto es desde luego Genaro García Luna, pero como los muchos testimonios (y la experiencia de casi cualquier ciudadano) demuestran, el narco-Estado está más vivo que nunca en nuestro país.

Más allá de la dimensión militar, los megaproyectos de la 4T son de gran interés económico para los Estados Unidos. Carlos González recordó que los proyectos eólicos se han logrado frenar en el Istmo de Tehuantepec, pero aclaró que no como respuesta a los reclamos de los pueblos afectados, sino porque la política energética del gobierno actual prioriza el gas y petróleo producidos en el sur de Texas. Al gasoducto de Texas a Tuxpan, Veracruz, inaugurado en 2019, se le planea añadir otro trecho para conectarlo con el Corredor Transístmico y con la refinería de Dos Bocas en Tabasco.

Por otro lado, el Corredor funcionará como un muro contra la migración, sobre todo centroamericana. El muro fronterizo que Donald Trump anunció sería costeado por México se construye ahora no en la frontera norte, sino en el Istmo de Tehuantepec, para detener el imenso flujo de migración ocasionado tanto por la crisis económica como por la militarización y la crisis ambiental planetaria.

Megaproyectos de la 4T: un solo proyecto

Carlos González enfatizó que el Tren Maya, el Corredor Interoceánico, el Proyecto Integral Morelos (por el que perdió la vida Samir Flores Soberanes y que finalmente se logró detener), el aeropuerto de Santa Lucía, los gasoductos y líneas eléctricas y todo el resto de infraestructura planeada no son proyectos aislados, sino componentes de un mismo proyecto cuyo principal objetivo es el reordenamiento territorial para beneficio del capital.

El Tren Maya contempla la construcción de grandes hoteles, un aeropuerto en Tulum, la modernización de los aeropuertos de Chetumal y Palenque, “ciudades desarrolladas” y polos industriales con inversiones de alrededor de mil millones de dólares cada uno. El Corredor Interoceánico, que se conecta con el Tren Maya, además de la línea de tren de Coatzacoalcos a Salina Cruz, incluye otra de Coatzacoalcos a Palenque y una tercera de Ixtepec a Ciudad Hidalgo, en la frontera con Guatemala. Esto, como describió la delegación centroamericana al final del segundo día del encuentro, se articula con megaproyectos en toda América Central con el mismo propósito de reordenamiento territorial para usufructo del capital. Se reconstruyen también un oleoducto y un gaseoducto de Jaltipan a Salina Cruz, una red profunda de fibra óptica y más de 15 mil hectáreas de polos industriales. Todo esto con la participación de empresas multinacionales como Mota-Engil, Grupo Carso, Grupo Aspid, ICA, empresas inmobiliarias como Real Estate Market and Lifestyle, Grupo Industrial Hermes, Ferromás, Grupo México, FEMSA y más.

Todos estos proyectos, la mayoría de los cuales no cuenta con estudios de impacto ambiental y social serios, invaden los territorios de los pueblos y destruyen el tejido social. Se trata, como dijo Ana Esther Ceceña, de un saqueo no sólo físico, sino de sentidos, de símbolos y referentes. En el proceso de construcción de estos proyectos, se saquean piezas arqueológicas y se destruyen edificios prehispánicos para dar paso al tren. Además de las graves afectaciones ambientales, la tala de millones de árboles y la destrucción del hábitat de muchos animales, nuestra historia está siendo destruida y profanada en aras de un progreso que sirve a unos cuantos.

Ante las inevitables resistencias, estos proyectos están custodiados no sólo por las fuerzas armadas, sino por el crimen organizado. Como advirtió Carlos González (y como es evidente por los relatos de varias organizaciones presentes en el encuentro), son el narco y los grupos paramilitares quienes dan protección a las empresas mineras, a los agronegocios, a los gasoductos y a los megaproyectos, incluso participando con grandes lucros en dichos negocios.

“A mí, que llevo tantos años trabajando en la costa nahua de Michoacán, con tantos hermanos asesinados y desaparecidos, este 2023 me recuerda mucho al 2011 calderonista”, dijo González. Y quienes viven en Chiapas tienen el privilegio de conocer de primera mano la rapidísima transformación de un estado bellísimo en un campo de guerra.

Luz en la oscuridad

“Cuando la oscuridad es profunda —dijo Carlos González—, una luz, por pequeña que sea, es fuerte y poderosa.”

La situación de desplazamiento forzado, represión, criminalización, asesinatos y desaparecimientos forzados y todo el horror que se vive en los territorios que resisten el despojo tiene su contraparte en la construcción de vida de los pueblos.

En su caminar por las luchas de América Latina, Raúl Zibechi observa que hay una expansión en curso de las autonomías, al punto que para muchos pueblos el camino autonómico se ha convertido en sentido común, sobre todo entre los pueblos originarios y de la diáspora africana. Se trata de un camino en el que se construyen otras formas de vida y relaciones sociales distintas. Vilma Almendra, por ejemplo, habla del proceso en marcha por la liberación del Cauca no sólo en términos de la recuperación de las tierras de cultivo, sino de una relación no patriarcal, no colonial y no estatal con la tierra. “Tierra para sanar el corazón y liberarnos con ella.” La resistencia kurda, como bien dijeron las mujeres kurdas, es un paradigma de esperanza para el mundo. “El confederalismo democrático en Rojava crea vida y demuestra que el Estado-nación no es la única solución.”

Hay en marcha, también, una insurgencia de la mujer no sólo por relaciones no patriarcales y más justas, sino por repensar nuestra relación con la tierra, entre los seres humanos y con la vida. No por nada el lema de la revolución kurda es “Mujer, Vida, Libertad”. Junto con esto, como quedó claro en las mesas de trabajo, hay una preocupación activa por el papel de la infancia y las juventudes en la construcción de otras formas vivir.

Finalmente, lo que quedó muy claro en el encuentro es que hay un despertar de la importancia de la espiritualidad como fundamento para la lucha y como forma de enfrentar la brutalidad del despojo. Porque es por medio de la espiritualidad que se puede concebir la tierra no como mercancia, sino como algo sagrado que hay que cuidar y respetar. Es la espiritualidad lo que alimenta el arte, que nos permite vislumbrar otros mundos posibles. Es la espiritualidad lo que le da sentido a la construcción de otras formas de relacionarnos entre nosotrxs y con la naturaleza. Es la espiritualidad lo que nos alimenta para no claudicar, para seguir caminando con corazón, con “ternura radical”, como se expresó varias veces, con determinación de que la destrucción y la muerte sólo se pueden enfrentar construyendo vida.

La gran fuerza de lucha y de vida que presenciamos tanto en la caravana como en el encuentro son pequeños faros que alumbran nuestro navegar en las aguas inciertas de nuestros tiempos.

 

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Avispa Midia

Defensores tzeltales son condenados por protestar contra cuartel de la Guardia Nacional

Fuente: Avispa Midia

Por Ñaní Pinto

Agustín López Martínez, juez de Enjuiciamiento del distrito de Ocosingo, Chiapas, dictó sentencia condenatoria por el delito de motín contra César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, mayas tzeltales del municipio de Chilón, quienes fueron detenidos arbitrariamente durante su participación en una manifestación pacífica donde comunidades de la región exigían detener la construcción de una base de la Guardia Nacional (GN) en el ejido de San Sebastián Bachajón.

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Fue durante la protesta del 5 de octubre del 2020, cuando policías estatales reprimieron violentamente la manifestación de los tzeltales, quienes argumentan que la edificación del cuartel nunca fue consultada con la población. La represión dejó un saldo de 11 heridos, así como la detención de César y José, quienes fueron incomunicados por dos días y trasladados al Centro de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) de Ocosingo, donde fueron torturados.

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba) lamentó la sentencia pues argumenta que, durante las audiencias del juicio oral, “se logró demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020”.

Mediante comunicado, la organización de derechos humanos acusó de otras irregularidades, tales como que los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de policía estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del 15 de octubre de 2020. También sostuvo que los peritos y legislas expertos de la Fiscalía no pudieron comprobar los testimonios de los policías que acusaban a los defensores comunitarios. Además, enfatiza la gravedad de que la Fiscalía ignoró las denuncias de tortura realizadas por policías estatales contra los dos defensores.

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El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), así como la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), también criticó la sentencia pues señaló que “criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios”. Las organizaciones exigieron a las autoridades de Chiapas un alto en la criminalización de los defensores.

Irregularidades

Tras su detención y tortura, César y José Luis fueron trasladados al CERSS 14, conocido como El Amate, ubicado en el municipio de Cintalapa. Ahí permanecieron recluidos durante 17 días, hasta que un juez les concedió libertad condicional, con la cual fueron obligados, durante dos años, a trasladarse cada ciertos días hasta Ocosingo, a horas de distancia de su residencia, para firmar y mantener el proceso fuera de la cárcel.

Los defensores señalan que, derivado de ello, su tejido familiar ha sido roto; además del daño a su persona y familiares, también implicaba un fuerte gasto económico para desplazarse hasta esa ciudad en el oriente del estado. Ahora, con la sentencia condenatoria, los defensores, integrantes del Movimiento en Defensa de la Vida y el Territorio (Modevite), fueron obligados a pagar una multa para evitar su reingreso al reclusorio.

Megaproyectos

Actualmente, organizaciones como el Modevite, que cuenta con una estructura de gobierno comunitario en Chilón, se mantienen firmes contra otros proyectos impulsados por los tres niveles de gobierno que pretenden la instalación de infraestructura como la denominada Carretera de las Culturas, un trazo carretero que conectaría desde el municipio de Pijijiapan, en la costa pacífico, hasta el norte del estado, en la ciudad de Palenque, donde se enlazaría al proyecto del “Tren Maya”.

En este caso, habitantes del municipio de San Juan Cancuc, quienes se han movilizado durante años para detener la construcción de la carretera, también han sido objeto de criminalización, como lo demuestra la actual detención de cinco tzeltales, acusados sin pruebas, del homicidio de un policía municipal.

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Ante esta situación, organizaciones sociales han mostrado su preocupación por la proliferación de cuarteles de la GN, un cuerpo de seguridad militarizado, que ha proyectado más de una veintena de bases operativas en Chiapas.

“No se justificaba la presencia de una institución de corte militarizado en la zona porque los índices criminales son muy bajos. Y además, no se comunicó debidamente a la población y no se consultó de manera previa”, explica César Contreras del Centro Prodh, organización que promovió una demanda de amparo contra la construcción del cuartel en Chilón.

Para enero del 2021, el recurso obtuvo la suspensión definitiva con el argumento de que detener la construcción evitaría el riesgo de que se consolidara un daño irremediable a los derechos colectivos de las comunidades tzeltales. Según ejidatarios de Chilón, el amparo, aún pendiente de resolución definitiva, consiguió detener la inauguración del cuartel de la GN, el cual ya se encuentra finalizado pero sin operación.

Por su parte, el equipo legal del Frayba, quien acompaña la defensa de César y José Luis, explicó que recurrirán la sentencia y volverán a presentar denuncias por tortura contra los tzeltales.

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Avispa Midia

En El Salvador, campesinos acusan inseguridad alimentaria y devastación ambiental en construcción de nuevo aeropuerto

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

En portada: Familias de Condadillo y Flor de Mangle denuncian la devastación de sus parcelas debido a las obras para la construcción de la nueva terminal aérea.

Desde el pasado 8 de febrero, las comunidades de Condadillo y Flor de Mangle, en el pacífico salvadoreño, han sufrido la invasión de sus parcelas por parte de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) y la empresa guatemalteca Rodio Swissboring, quienes con el argumento de realizar estudios de suelo para la construcción del Aeropuerto del Pacífico han causado estragos en los medios de subsistencia de los campesinos y el medioambiente.

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Mediante conferencia de prensa realizada el pasado viernes (28), las y los campesinos acusaron que el órgano gubernamental y la empresa iniciaron las excavaciones en las parcelas agrícolas, sin contar con los permisos requeridos, con profundidades de hasta 13 metros, afectando con ello sus medios de subsistencia. Además, señalaron la tala de árboles, desviación del cause natural de las fuentes de agua, compactación del suelo y contaminación sonora, afectando con ello a la fauna del bosque adyacente al manglar El Tamarindo, un área natural protegida.

Destrucción del bosque de Condadillo. Foto: MILPA

“El Aeropuerto del Pacífico estará abarcando más de 530 manzanas de terreno, donde más del 50% por ciento será impermeabilizado; afectando la capacidad de captación hídrica de la cuenca hidrográfica Sirama ubicada en la Franja Costera Marina de Usulután, San Miguel y La Unión, territorio que también forma parte del Corredor Seco Centroamericano”, sostiene Ángel Flores, integrante del Movimiento Indígena para la Integración de Luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador (MILPA).

En entrevista, Flores denuncia la afectación por las mega excavaciones en el bosque de la comunidad de Condadillo y en las proximidades del principal río de la comunidad. Protegido por sus habitantes, dicha área posee manantiales, riachuelos y alberga árboles de gran tamaño como las Ceibas que sirven de santuario a una diversidad de fauna propia del territorio, así como aves migratorias que visitan el estero de El Tamarindo.

Entre las violaciones cometidas contra los derechos de las comunidades, Flores enumera el derecho al agua; la falta de consulta libre, previa e informada así como el irrespeto a tratados internacionales como el Convenio Ramsar, el cual enlista el ecosistema de manglares de la región dentro de las áreas prioritarias para su conservación a nivel global.

Inseguridad alimentaria

Además de la devastación ambiental, los campesinos acusan que las obras han aumentado la inseguridad alimentaria y el hambre en la región. Flores explica que, desde octubre del 2022, funcionarios de CEPA comenzaron hostigamientos contra la población, quienes en aquel momento habían definido su rechazo a vender sus tierras para el megaproyecto.

“Hubo un proceso de intimidación donde las personas se les amenazó con que iban a ser denunciados en la Fiscalía y les iban a quitar las tierras”, detalla Flores. Mediante la estrategia, consiguieron la firma de decenas de campesinos, quienes ante el temor de ser despojados aceptaron las condiciones del gobierno salvadoreño para recibir una indemnización.

A pesar de que el plazo para el pago por sus tierras se planeó a más tardar el mes de abril del 2023, las y los campesinos acusan que el Estado no cumplió con su promesa. Esta situación se suma a las amenazas que los pobladores han vivido desde 2021, cuando ante el anuncio de la construcción de la nueva terminal aérea, funcionarios de CEPA les prohibieron realizar trabajos agrícolas. Las y los campesinos acusaron pérdidas que ascienden a más de 540 mil dólares, debido a que desde hace dos años ya no producen cultivos como sandía, granos básicos, chile y tomate que destinan tanto para el autoconsumo como para proveer a los mercados de La Unión y San Miguel.

Familias de Condadillo e integrantes de MILPA durante conferencia de prensa realizada el 28 de marzo del 2023.

“Son más de 225 familias campesinas afectadas directamente; además de los trabajadores agrícolas que se empleaban en la producción y cosecha agrícola en ambas comunidades”, sostiene Flores, quien prevé que la situación se agravará debido a los estragos de las parcelas por parte de las obras, además de que los campesinos no cuentan con recursos monetarios para retomar su producción.

Édgar Hernández, uno de los agricultores de la zona, afirmó que las familias se están quedando sin los granos básicos que habían guardado desde el año pasado y, al no cultivar, no tendrán más alimentos. “No nos vemos en la seguridad de sembrar acá, las constructoras ya andan haciendo sus trabajos en la zona, pedimos que nos den un sitio para poder sembrar”, reclamó.

Inversiones

Los pobladores señalan que funcionarios del Estado no han compartido ninguna información sobre las obras, ni de las empresas responsables de las mismas. Fue derivado de las interacciones con algunos trabajadores, que los campesinos se enteraron del involucramiento de la empresa guatemalteca.

Según Flores, Rodio Swissboring es una empresa que ha mantenido una relación estrecha con el gobierno de El Salvador, sin importar si el partido en el poder era de derecha o de izquierda. “En el gobierno actual, de Nuevas Ideas del presidente Nayib Bukele, se le está adjudicando diferentes megaobras. En el departamento de San Miguel se está concluyendo un bypass (paso a desnivel), que abarca prácticamente toda la ciudad”.

El problema, señala el integrante de MILPA, es que, durante el proceso de esta megaobra, Rodio Swissboring intervino sin contar con los permisos necesarios y violentando a los habitantes. “Ya están concluyendo (las obras) y las familias que fueron afectadas ahí, que han sido desplazadas, ya llevan ya dos años y no han recibido ningún pago (…) eso deja un mal antecedente, por lo cual se cree que en Condadillo y Flor de Mangle pretende hacer lo mismo”, acusa Flores, quien enfatiza que es la misma empresa que estará a cargo de la construcción del Tren el Pacífico, megaobra que conectará con otras redes de trenes entre Guatemala y México.

Otro punto es la sospecha de que exista financiamiento de China en las obras de la nueva terminal aérea. Según testimonios de las y los campesinos, señalan la presencia de personas de origen asiático durante las excavaciones. “Se han hecho presentes acá… (China) también está financiando algunas obras públicas del gobierno, como el caso del polideportivo de la Universidad de San Salvador. Aquí ha habido financiamiento, pero no se tiene nada oficial, el gobierno ha sido muy hermético y todo se basa a partir de lo que la población ha ido percibiendo”, sostiene Flores.

Los habitantes de la región señalan que la organización contra las obras se ha dificultado por la aprobación por parte de la Asamblea salvadoreña, durante más de un año, de un estado de excepción que restringe derechos constitucionales. “Eso también ha servido para inmovilizar aquí a los habitantes (…) Eso ha generado cierto temor también a ser capturado, porque en nuestro país se ha capturado personas sin tener ningún tipo de vinculación con estructura terrorista o de pandillas”, acusa Flores.

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CDH Fray Bartolomé de las Casas

Se dicta sentencia condenatoria en el proceso penal en contra de José Luis y César por defender su territorio de la militarización

e dicta sentencia condenatoria en el proceso penal en contra de José Luis y César por defender su territorio de la militarización

  • El 03 de mayo de 2023 el Juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres del Distrito Judicial de Ocosingo, dictó sentencia que condena a 2 años de prisión a los defensores del territorio tseltal del municipio de Chilón.
  • El Poder Judicial del Estado de Chiapas se suma a la criminalización a defensores comunitarios de derechos humanos.

 

El 15 de octubre de 2020 durante las acciones de manifestación pacífica ante la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el territorio comunitario de San Sebastián Bachajón, César Hernández Feliciano (César) y José Luis Gutiérrez Hernández (José Luis) mayas tseltales del pueblo de Chilón y defensores de derechos humanos, fueron reprimidos por policías estatales, así como torturados e incomunicados; 11 personas más resultaron heridas.

El pasado 24 de abril de 2023 inició el juicio oral de José Luis y César, defensores del territorio, durante el desarrollo de las distintas audiencias se logró demostrar la falta de elementos sólidos para acreditar el delito de motín por el que la Fiscalía del Estado de Chiapas les ha acusado desde 2020; los testigos presentados no acreditaron pertenecer al cuerpo de Policía Estatal ni su participación durante los hechos de la protesta del día 15 de octubre de 2020 cuando los Ejidos de San Sebastián Bachajón y San Jerónimo Bachajón se opusieron a la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su territorio indígena sin que hayan sido consultados previamente. De igual manera, la Fiscalía no demostró la calidad de peritos y legistas expertos en su materia dentro de la investigación que sostenían el dicho de los elementos que acusaban a los defensores comunitarios.

Las organizaciones firmantes nos solidarizamos y lamentamos la decisión del juez Agustín López Martínez, Juez de Enjuiciamiento de le Región Tres, del Distrito Judicial de Ocosingo, de haber dictado una sentencia condenatoria de 2 años que criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y autodeterminación de los pueblos originarios. Hacemos un llamado al Gobierno del estado de Chiapas a detener la criminalización y judicialización  de las personas defensoras de derechos humanos y de la vida.

 

Contactos Frayba

Dora Roblero, Dirección Frayba: +52 967 134 0759;

Equipo Regional Zona Norte: +52 967 141 0420

       
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Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI y Campamento Tierra y Libertad

Carta abierta al presidente Andrés Manuel López Obrador: UCIZONI

Señor Presidente:

Por este medio le damos nuestra palabra para decirle que: en la ejecución del megaproyecto Corredor Interoceanico del Istmo de Tehuantepec, desde marzo de 2019 y hasta esta fecha se han venido violando de manera constante los derechos de los pueblos indígenas. Ejemplo de ello fue la gran cantidad de irregularidades que caracterizaron a las consultas indígenas, siendo por ello meras simulaciónes. Hemos venido denunciando que el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec se ha venido imponiendo a través del engaño y la violencia. Se ha criminalizado a los pueblos que se oponen al proyecto; la represion judicial es un claro ejemplo de lo que aquí señalamos, por lo que al menos 47 autoridades locales y defensores comunitarios de los ejidos Mixes de Paso Real, Estación Sarabia, Mogoñe Estación y más recientemente a hombres y mujeres mixes de Mogoñe Viejo, así como de otras comunidades istmeñas han sufrido y sufren persecución judicial.

Señor presidente Andrés Manuel López Obrador no se puede justificar la agresion policiaco militar, no se pueden defender los violentos desalojos ocurridos el 21 de marzo y 28 de abril en contra de ejidatarios y ejidatarias mixes de Mogoñe Viejo, Guichicovi Oaxaca. Señor Presidente, la lucha de los pueblos no debe ser descalificada ya que es falso que sea un reclamo económico de una familia, y que existan líderes nylon. La lucha del pueblo de Mogoñe Viejo ha sido y es encabezada por la autoridad comunitaria que atiende el mandato de la asamblea. Por ello desmentimos sus declaraciones, y más que justificar la represión le solicitamos que usted atienda la demanda y reclamos de los pueblos. No es reprimiendo y dividiendo a los pueblos como se construirán un presente y un futuro justo para nuestras comunidades, las cuales son las dueñas históricas de las tierras del Istmo de Tehuantepec. No lo olvide usted.

Atentamente.

Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo UCIZONI y Campamento Tierra y Libertad.

A 5 de mayo 2023.

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Radio Zapatista

Caravana “El Sur Resiste” día 9 – Xpujil, Campeche. Ejército reconfigura el territorio Maya de manera ilegal

Texto: ¡El Sur Resiste!
Fotos: ¡El Sur Resiste!
Audios extraídos de: Video de APIIDTT
Edición: Radio Zapatista

El día 9 de la caravana El Sur Resiste visitamos la comunidad Xpujil, Calakmul, Campeche; uno de los lugares en donde se construye el tramo 7 del proyecto Tren Maya y uno de polos de desarrollo que incluye la estación del tren, una base militar, nueve cuarteles militares, seis bancos de materiales, un hotel, un casino y un pozo profundo.

El día comienza con un ritual de agradecimiento a la madre tierra en el centro del Consejo Regional Indígena de Xpujil (CRIPX), en el cual se comparten palabras de agradecimiento por la vida de todos los presentes y se hace el llamado a seguir luchando por la vida.

Después del ritual, comenzamos la marcha por la carretera. El sol quema la piel, se puede sentir la falta de árboles y la sequía que esto genera. Tras más de 20 minutos, llegamos a la zona de construcción de un casino que se planea construir junto con la estación y las vías del tren.

La obra es controlada por el Ejército mexicano que además tiene una base en dicha área. La construcción es monstruosa, miles de árboles han sido talados en esta zona, convirtiéndola en un área desértica llena de polvo y piedras; las excavadoras y remolques con material trabajan sin parar mientras decenas de militares vigilan la construcción.

Más adelante, en el corazón de la selva maya y la reserva de la biosfera de Calakmul, se ha anunciado que el Ejército mexicano construirá un hotel con más de 100 habitaciones. Las actividades en esa área han comenzado sin algún tipo de permiso legal, manifestación de impacto ambiental o consulta con los pueblos originarios de la zona.

 

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Avispa Midia

EEUU trata con México, migración y la conexión de sus vías con Tren Maya y el Interoceánico

Fuente: Avispa Midia

Por Santiago Navarro F

Este 2 de mayo, en Ciudad de México, fue recibida la Asesora de Seguridad Nacional de Estados Unidos, la Dra. Elizabeth Sherwood-Randall, para continuar con la iniciativa migratoria acordada en enero pasado por los mandatarios de ambos países, Andrés López Obrador y Joe Biden. Tras esta reunión, Estados Unidos y México anunciaron un conjunto de medidas para atender los flujos migratorios y el crimen organizado en la región, así como nuevos proyectos estratégicos.

Desde la Casa Blanca se anuncia que lo que se pretende, en primer lugar, es incrementar las “acciones conjuntas para contrarrestar a los contrabandistas y traficantes de personas que explotan a los migrantes”.

Estas medidas se complementan con la campaña de 60 días que Estados Unidos lanzó recientemente entre Colombia y Panamá para contrarrestar el tráfico de personas en el Darién y el flujo de drogas. “Hemos realizado más de 10 mil arrestos de situaciones de contrabando desde abril del año pasado (2022) e incautado más de 47 millones de dólares en bienes y productos financieros ilícitos de los contrabandistas”, sostuvo el secretario de Seguridad Nacional de EEUU, Alejandro Mayorkas, en relación a esta campaña.

En segundo lugar, ambos países se comprometieron a intensificar sus esfuerzos en América Central para abordar las causas profundas de la migración y ampliar las rutas migratorias laborales.

Estos acuerdos se dan justo a unos días de que finalice el Título 42, por disposición de una orden judicial de la unión americana. Este título de salud pública de Estados Unidos –decreto sanitario para evitar la propagación de la pandemia de COVID 19– fue implementado durante el gobierno de Donald Trump. Bajo esta ley EEUU expulsó, hacia territorio mexicano, a un aproximado de 2.5 millones de personas.

La nueva ley con la que se atenderá el flujo migratorio hacia EEUU será el Título 8. “Prevé consecuencias severas para la migración irregular, que incluyen la prohibición de reingreso por al menos cinco años y el posible procesamiento penal ante intentos reiterados de cruzar en forma ilegal. El restablecimiento de la tramitación de migrantes conforme a las facultades del Título 8 operará de manera rápida e inmediata”, sostiene el secretario Mayorkas.

Esta ley, que ya se ha usado con gobiernos anteriores, mantendrá los procesos de permisos humanitarios para Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pero establece que quienes no cumplan con el debido procedimiento burocrático para el acceso legal, serán deportados inmediatamente. Así mismo, si el acceso a EEUU se califica como ilegal, se implementará una expulsión acelerada, además, “las personas expulsadas no podrán ingresar en Estados Unidos por cinco años y podrían ser procesadas penalmente por cada intento posterior que realicen para cruzar la frontera en forma ilegal”, arguye el secretario.

Militarización de la frontera con México

Tras el fin del Título 42, el gobierno de Biden ha ordenado que el Departamento de Defensa movilice a 1,500 militares hacia la frontera con México para atender el flujo migratorio y la contención del flujo de drogas. De acuerdo con el secretario de Prensa del Pentágono, el General de Brigada de las Fuerzas Aéreas Pat Ryder, ya hay 2,500 miembros de la Guardia Nacional ayudando en estos casos.

Según el general, los militares realizarán actividades de apoyo por un periodo de 90 días vía terrestre, hasta que sean reemplazados por otras fuerzas armadas que, posiblemente, sean militares de reserva.

“En preparación del regreso a la aplicación del Título 8 de inmigración, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional están implementando medidas radicales con nuestros socios regionales para reducir la migración irregular, garantizar un procesamiento seguro, ordenado y eficiente, y expulsar rápidamente a las personas sin una base legal para permanecer en los Estados Unidos”, declaró el Departamento de Seguridad Nacional el pasado martes (2), justo cuando se realizaba la reunión en Ciudad de México.

Migrantes

Ciudadanos de origen mexicano fueron los principales expulsados bajo el Título 42, contabilizando más de 1.5 millones de personas.

Por otra parte, en las diversas reuniones entre ambos gobiernos no se ha tratado el tema de casi 11 millones de mexicanos que residen en EEUU sin documentos que acrediten su estancia legal. Lo que sí ha reconocido el gobierno de López Obrador, es el flujo de remesas que generan estos trabajadores y trabajadoras en el país vecino y que son enviados a México, del cual se han beneficiado varios bancos y empresas intermediarias.

Según datos del Banco de México, tan solo en 2022, el país recibió casi 60 mil millones de dólares provenientes de familias mexicanas en EEUU, monto que creció un 13.4% respecto a lo registrado en 2021, cuando representó el 4% del PIB nacional.

Proyectos estratégicos

En la reunión del pasado 2 de mayo, el mandatario mexicano también hizo público que la empresa estadounidense Pacific Limited, de Houston, Texas, invertirá aproximadamente 14 mil millones de dólares en la construcción de un gasoducto y una planta de licuefacción que ya estaba prevista construirse en el Puerto Libertad, en Sonora.

A través de estos complejos, México importará gas (extraído con el método de fractura hidráulica) de productores estadounidenses y, posteriormente, se exportará a la región de Asia.

López Obrador también entabló un dialogó con directivos de las compañías ferroviarias Canadian Pacific-Kansas City Southern (CPKC), recientemente fusionadas, para establecer una asociación con el gobierno mexicano y ampliar las conexiones que ya están establecidas desde Canadá y EEUU con aproximadamente 35 mil kilómetros de vías en total.

Lo que se pretende es conectar el Corredor Interoceánico y el Tren Maya. Actualmente, ya existe una conexión ferroviaria hasta el centro de México y los países del norte. “Al presidente le gustaría que (la red ferroviaria del CPKC) conectara con el sur del país”, advirtió el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Esta conexión entre los tres países permitirá un servicio ininterrumpido del trasporte de materias primas y mercancías que cruzarán entre el Atlántico y el Pacífico para atender los diversos mercados globales.

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Avispa Midia

Abejas de Acteal denuncian continuación de contrainsurgencia en comunidades de Chiapas

Fuente: Avispa Midia

En portada: Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunció que el pasado jueves (27), habitantes de la comunidad Quextic Centro, perteneciente al municipio de Chenalhó, junto a integrantes del grupo “Consejo Pacifista Sembradores de Paz” (Consejo Pacifista), destruyeron un potrero de su organización, en el contexto de la construcción de una carretera que pasa por terrenos de la organización tzotzil.

“La gente de la citada comunidad, llegaron con machetes, barretas de fierro, martillos y una motosierra para destruir nuestro alambrado y posteriormente se robaron todo los postes y los alambres de púas en una camioneta nissan doble cabina, color blanca”, detalla un comunicado emitido después de la agresión.

Las Abejas de Acteal alertan que el más reciente hostigamiento forma parte de un conflicto social y político mayor. “Confirmamos que este gobierno que se pregona así mismo de ‘4ª Transformación’, está dando continuidad a las políticas de contrainsurgencia, de desgaste y de divisionismo en nuestras comunidades”, sostuvo la organización de los Altos de Chiapas.

En comunicado, reiteraron el llamado a las autoridades federales, a quienes se dirigieron en marzo de este año, para que interceda a través de las dependencias de derechos humanos, “ya que la carretera de la comunidad Quextic Centro es parte de los acuerdos de ‘solución amistosa’ que suscribió un pequeño grupo de sobrevivientes de la Masacre de Acteal el llamado ‘Consejo Pacifista’, en el año de 2020”. Señalan que también se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la “solución amistosa” del gobierno federal, “está causando problemas, violencias en las comunidades de Chenalhó y sobre todo en donde existe presencia de Las Abejas de Acteal”.

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La organización contextualiza que, en el año de 2019, las autoridades comunitarias de Quextic Centro solicitaron derecho de vía para construir una carretera que atravesaría parte de un predio de Las Abejas de Acteal, a lo cual brindaron su permiso. No obstante, señalan que para 2021, cuando comenzaron los trabajos, las autoridades comunitarias tomaron más espacio de lo acordado, “violando así las actas de acuerdo en las cuales hemos dado nuestro consentimiento”.

Ante esta situación, integrantes de Las Abejas han realizado tareas para reforzar el alambrado del predio y el potrero de su organización. Un día antes de la agresión, señalan haber notificado a las autoridades de Chenalhó sobre la realización de trabajos en dicho lugar “para evitar agresiones hacia nuestra integridad física y psicológica”. Pese a ello, aconteció la destrucción del espacio y el robo a la propiedad colectiva de la organización tzotzil, sin intervención de ninguna autoridad.

“Invitamos en dos ocasiones a las autoridades de Quextic Centro y su patronato de camino a una plática para resolver dicho problema, pero hicieron caso omiso a nuestra invitación”, detallan Las Abejas de Acteal. También señalan que, dentro del predio propiedad de la organización, existe un manantial de agua, por lo que las autoridades de Quextic Centro “construyeron una captación para llevar este vital líquido a su comunidad sin pedirnos permiso, consideramos esto como abuso de confianza ya que, en el acta de acuerdo de derecho de vía del camino, jamás se habla del manantial de agua”, denuncian.

Antecedentes

A la más reciente agresión se suma que, a principios de este año, el grupo “Consejo Pacifista” construyó su oficina junto a la entrada de la sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. “Su objetivo es el de confundir a la sociedad y reafirmar su usurpación hacia nuestra lucha y organización. Y tenemos conocimiento que sus líderes o como se hagan llamar, son los que aconsejan al agente rural y patronato de camino de la comunidad Quextic Centro, violar los acuerdos plasmados en las actas de acuerdo sobre el derecho de vía de la carretera”, sostiene la organización tzotzil.

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Las Abejas denuncian que estas acciones son posibles debido a la impunidad en el caso de la Masacre de Acteal sucedida en 1997. “La contrainsurgencia y agresiones hacia los pueblos organizados y apartidistas, la grave crisis de derechos humanos y un Estado que se ha convertido en un Narco-Estado, toda esta podredumbre es el tipo de gobiernos en México que va desde los tres niveles de responsabilidad y, es lo que ha venido a rematar las heridas del tejido social y comunitario de las comunidades de Chenalhó, y como es evidente, en nuestra organización Las Abejas de Acteal”, refieren en comunicado.

Por último, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, con más de 30 años de lucha, señala que “entienda el mal gobierno que no caeremos en sus provocaciones a través de nuestros propios hermanos que tristemente su corazón y pensamiento han sido cegados y envenenados por el dinero y poder”. Ante ello, exigieron respeto a su propiedad colectiva “de lo contrario, recurriremos a otras acciones, hasta que se respeten los acuerdos firmados entre nuestra Organización Las Abejas de Acteal y la comunidad Quextic Centro”.

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Avispa Midia

(English) They promised to get Argentina out of poverty with fracking; now they’re poorer

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Fuente: Avispa Midia

By Santiago Navarro

Translated by Elizabeth L. T. Moore

Patagonia, southern Argentina, ancestral territory claimed by the Mapuche village and fought-over by transnational companies that combust hydrocarbons. Even though the land is quite far from the military conflict between Russia and Ukraine, energy price volatility has put them on the geopolitical map for being the second world reserve of unconventional gas and fourth in crude oil of the same origin.

Here, almost 28 thousand m³ of oil and 44 thousand m³ of gas is extracted daily, even though almost nobody talks about the impacts it leaves on the communities that live in this area.

It was in 2019, in a civil court in Santiago de Chile, when the Mapuche village presented cases of environmental damage and violations of human rights in Argentina by the exploitation of oil and unconventional gas, extracted by the method known as hydraulic fracturing (fracking), a technique that, according to the Instituto Argentino del Petróleo y el Gas (IAPG), has been used in the country since 1959.

Fracking consists of injecting additive fluids at a very high pressure to generate cracks in the bedrock, thus allowing the hydrocarbon to flow to the well. The mixture is “basically formed by water (more than 90%) and some sand,” announces the IAPG platform.

Photo: Alejo di Risio

The country’s Ministerio de Economía has documented, this year in 2023, in its report Argentina Productiva 2030 Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico, that “in an unconventional well, 60 million liters of water and 10 thousand tons of sand are injected.”

Three years after the Mapuche village’s complaint, between March 29 and April 5 of this year, various environmentalists from the Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza conducted an inspection in the Neuquén and Río Negro region, where Cuenca Neuquina is found, that makes up the main hydrocarbon producer of the country, better known as Vaca Muerta. The delegation managed to verify and document several environmental impacts and human rights violations that fracking has caused.

One of the main problems the delegation has focused on has been water use. Environmentalists warn that the region is already experiencing a water crisis, when barely five of the 31 companies that have concessions in the the region are in the exploitation phase. Meanwhile, this year the demand for water could possibly double. Furthermore, this is added to the storage of the toxic waste left by the extraction of these energies.

Environmentalists have registered the presence of oil landfills, trash containers and mountains of waste accumulation, products of drilling the wells, which do not have any security measures. This has led observers to conclude that the authorities are complicit.

See also – Fracking Expands in Latin America, Threatening to Contaminate World’s Third-Largest Aquifer

“Without a shadow of a doubt, there are institutions in charge of controlling all these activities. But they’re on the edge, or they’re total accomplices of what’s happening. It would be enough to look at the open-air landfills of accumulated petroleum,” said Alberto Acosta, former presidential candidate of Ecuador, who has also been part of the environmental delegation in Neuquén.

Since 2020, the Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas has promoted before the law an order to enter the plants where they are depositing the petroleum waste from Vaca Muerta. It criminally accused the company Comarsa for accumulating and concentrating toxic waste in its installations. It denounced petroleum companies like YPF, Shell, Chevron, among others, for producing these residues in the drilling marks.

Among the irregularities the lawyers registered, they found what they classified as “petroleum trash.” Trash that, they declared in a statement, “contains radioactive remains and heavy metals. Also found was ground contaminated by petroleum, liquids with oil and liquids with petroleum, whose origins are not found registered.”

The spokesperson of the Argentinian lawyers, who has also joined the delegation that has reviewed the south of the country, affirmed/stated/claimed that only the company Comarsa, between 2016 and 2019, assembled/gathered around 720 thousand metric tons of toxic trash in open-air.

Acosta, the Ecuadorian, has warned that what’s currently happening on these lands is a huge social environmental disaster. “This region is literally drying up. A region where rural inhabitants, above all, the indigenous Mapuche villages, are being robbed of the rivers. The rivers are disappearing and that water goes to extractivist activities,” the Ecuadorian affirmed and added that “only a well can use up to 90 million m³.”

The observer team concluded that “what’s more, the Mapuches were not consulted, even though the country ratified Convenio 169 of the OIT which establishes the requirement of free and informed enquiry and the need for consent from indigenous villages. Not only that, they’ve been victims of other forms of violence. They even try to deny their ancestral presence in said territories,” it recorded.

Furthermore, it’s not just the use of millions of cubic meters of water, but also the quantity of toxic chemical products that are filtered from the well and affect the flow of underground water. “Añelo (department) is one of the clearest examples. It’s the petroleum capital of the region, and water can’t be consumed there,” says the first recommendation conducted by the members of the Argentinian government delegation.

The observers have also documented a large quantity of seismic movement in the area, highlighting furthermore that cancer indications are on the rise, just like diseases caused by heavy metals in the blood.

More petroleum to get out of poverty

When the exploitation of Vaca Muerta was beginning, they promised there would be energy autonomy, external debt and poverty in the country would be over. One decade later, in Argentina “40% of the population lives in poverty, at least 4 million people live in destitution, which represents 8% of the population,” detailed Natalia Greene, secretary of the Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza.

The same discourse gained strength again in 2023. The country’s Ministerio de Economía clearly affirms in its document called Plan para el Desarrollo Productivo, Industrial y Tecnológico 2030 that “the context of the war between Russia and Ukraine has opened a new opportunity for Argentina to earn participation in the global energy markets. The maturation of the Vaca Muerta oil field coincides with this setting,” through which it will be possible to generate quality jobs and lower poverty.

It even justifies the exploitation of the Cuenca del Neuquén, considering that this gas is considered clean and necessary for the so-called energy transition. “We’re sure it’s possible to double exportations: the energy transition brings us a favorable backdrop so we can develop the potential Vaca Muerta exporter, of low-emission hydrogen and minerals like lithium or copper,” points out the development plan.

The environmentalist Greene strongly affirms that these discussions that justify extractivism to deal with poverty, “that run across Latin America from top down, from north to south, from east to west, are always false.”

Court

This court made up of prominent figures in the care of the environment was born in Quito, Ecuador, in 2014 as a space of civil society that judges the cases of violation of rights of nature and environmentalists. In this way, it considers Nature as a legal subject with rights equal to humans.

Photo: Alejo di Risio

Those who join the court have traveled various countries documenting and denouncing the affectations to nature, mainly, the conflicts caused by the exploitation of hydrocarbons and megaprojects.

In this instance, they’ve traversed not only the area exploited by fracking in the Argentine Patagonia, but also they’ve joined government representatives, oil companies, social organizations and communities affected by the activity.

The environmental delegation will present a report that will be analyzed by a panel of more than 60 judges that make up part of the court, elected by their career path, like the Hindu doctor, physicist, philosopher and writer Vandana Shiva, to present the relevant recommendations.
Although it’s not binding, it is a precedent to be consider by the rulers in office. “We hope this sentence serves, in one sense, to provoke society’s conscience, to mobilize in something the conscience of the rulers, which is often difficult, if not impossible. Above all, we hope that it will serve as an element for the communities’ struggles”, said the Ecuadorian economist Acosta.

 

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Avispa Midia

Abejas de Acteal denuncian continuación de contrainsurgencia en comunidades de Chiapas

Fuente: Avispa Midia

En portada: Habitantes de la comunidad Quextic Centro, junto a integrantes del Consejo Pacifista, destruyeron un potrero de Las Abejas de Acteal

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal denunció que el pasado jueves (27), habitantes de la comunidad Quextic Centro, perteneciente al municipio de Chenalhó, junto a integrantes del grupo “Consejo Pacifista Sembradores de Paz” (Consejo Pacifista), destruyeron un potrero de su organización, en el contexto de la construcción de una carretera que pasa por terrenos de la organización tzotzil.

“La gente de la citada comunidad, llegaron con machetes, barretas de fierro, martillos y una motosierra para destruir nuestro alambrado y posteriormente se robaron todo los postes y los alambres de púas en una camioneta nissan doble cabina, color blanca”, detalla un comunicado emitido después de la agresión.

Las Abejas de Acteal alertan que el más reciente hostigamiento forma parte de un conflicto social y político mayor. “Confirmamos que este gobierno que se pregona así mismo de ‘4ª Transformación’, está dando continuidad a las políticas de contrainsurgencia, de desgaste y de divisionismo en nuestras comunidades”, sostuvo la organización de los Altos de Chiapas.

En comunicado, reiteraron el llamado a las autoridades federales, a quienes se dirigieron en marzo de este año, para que interceda a través de las dependencias de derechos humanos, “ya que la carretera de la comunidad Quextic Centro es parte de los acuerdos de ‘solución amistosa’ que suscribió un pequeño grupo de sobrevivientes de la Masacre de Acteal el llamado ‘Consejo Pacifista’, en el año de 2020”. Señalan que también se dirigieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que la “solución amistosa” del gobierno federal, “está causando problemas, violencias en las comunidades de Chenalhó y sobre todo en donde existe presencia de Las Abejas de Acteal”.

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La organización contextualiza que, en el año de 2019, las autoridades comunitarias de Quextic Centro solicitaron derecho de vía para construir una carretera que atravesaría parte de un predio de Las Abejas de Acteal, a lo cual brindaron su permiso. No obstante, señalan que para 2021, cuando comenzaron los trabajos, las autoridades comunitarias tomaron más espacio de lo acordado, “violando así las actas de acuerdo en las cuales hemos dado nuestro consentimiento”.

Ante esta situación, integrantes de Las Abejas han realizado tareas para reforzar el alambrado del predio y el potrero de su organización. Un día antes de la agresión, señalan haber notificado a las autoridades de Chenalhó sobre la realización de trabajos en dicho lugar “para evitar agresiones hacia nuestra integridad física y psicológica”. Pese a ello, aconteció la destrucción del espacio y el robo a la propiedad colectiva de la organización tzotzil, sin intervención de ninguna autoridad.

“Invitamos en dos ocasiones a las autoridades de Quextic Centro y su patronato de camino a una plática para resolver dicho problema, pero hicieron caso omiso a nuestra invitación”, detallan Las Abejas de Acteal. También señalan que, dentro del predio propiedad de la organización, existe un manantial de agua, por lo que las autoridades de Quextic Centro “construyeron una captación para llevar este vital líquido a su comunidad sin pedirnos permiso, consideramos esto como abuso de confianza ya que, en el acta de acuerdo de derecho de vía del camino, jamás se habla del manantial de agua”, denuncian.

Antecedentes

A la más reciente agresión se suma que, a principios de este año, el grupo “Consejo Pacifista” construyó su oficina junto a la entrada de la sede de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal. “Su objetivo es el de confundir a la sociedad y reafirmar su usurpación hacia nuestra lucha y organización. Y tenemos conocimiento que sus líderes o como se hagan llamar, son los que aconsejan al agente rural y patronato de camino de la comunidad Quextic Centro, violar los acuerdos plasmados en las actas de acuerdo sobre el derecho de vía de la carretera”, sostiene la organización tzotzil.

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Las Abejas denuncian que estas acciones son posibles debido a la impunidad en el caso de la Masacre de Acteal sucedida en 1997. “La contrainsurgencia y agresiones hacia los pueblos organizados y apartidistas, la grave crisis de derechos humanos y un Estado que se ha convertido en un Narco-Estado, toda esta podredumbre es el tipo de gobiernos en México que va desde los tres niveles de responsabilidad y, es lo que ha venido a rematar las heridas del tejido social y comunitario de las comunidades de Chenalhó, y como es evidente, en nuestra organización Las Abejas de Acteal”, refieren en comunicado.

Por último, la organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, con más de 30 años de lucha, señala que “entienda el mal gobierno que no caeremos en sus provocaciones a través de nuestros propios hermanos que tristemente su corazón y pensamiento han sido cegados y envenenados por el dinero y poder”. Ante ello, exigieron respeto a su propiedad colectiva “de lo contrario, recurriremos a otras acciones, hasta que se respeten los acuerdos firmados entre nuestra Organización Las Abejas de Acteal y la comunidad Quextic Centro”.