El pasado 7 de enero, el Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) dio a conocer el asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla, integrantes de la resistencia de Guapinol, comunidad en el norte de Honduras que ha destacado por su lucha contra la minería a cielo abierto en dicha región.
Según el Comité, las puertas a la extracción minera en el área de conservación fueron abiertas por el propio Congreso de Honduras, al reducir la zona núcleo del parque, lo cual permitió el arribo de la empresa Inversiones Los Pinares quien opera desde el año de 2014 para la extracción de óxido de hierro.
Para el año 2015 y tras las evidencias de contaminación en las fuentes de agua, habitantes de la región se coordinaron para la defensa de su territorio mediante la creación del CMDBCPT. Fue así que, en 2018, se movilizaron contra las concesiones mineras y mediante un campamento bloquearon la calle de acceso a la concesión minera.
El 27 de octubre de 2018, tras casi tres meses de movilización, el campamento fue desalojado violentamente. Desde entonces no ha cesado la persecución, criminalización, hostigamiento y amenazas contra los defensores del agua. Destaca el proceso judicial contra 32 personas, de las cuales ocho de ellas permanecieron encarceladas por casi dos años y medio.
Aly Domínguez fue una de las personas encarceladas, junto a doce defensores más, por acusaciones de Inversiones Los Pinares. Ahora, en el caso de su homicidio, la Policía Nacional de Honduras alega que el móvil fue un robo, descartando su labor en la defensa del territorio.
“Cuando se trata de personas que han sido criminalizadas y que han sido personas que son parte de una comunidad que defiende los ríos, debe haber una presunción de que cualquier acto en contra de ellos, en este caso su asesinato, tiene que ver con la defensa de los territorios y de la comunidad y de los ríos, por tanto, las investigaciones deberían ir por ahí”, compartió a medios locales el investigador del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicaciones (ERIC-SJ), Joaquín Mejía Rivera.
El homicidio de los dos defensores ocurrió al mismo tiempo que se encuentra vigente un Estado de excepción, decretado bajo el argumento de combatir a las pandillas. De esta manera, Tocoa, junto a los municipios vecinos de Trujillo, Sonaguera y Bonito Oriental, conforma una región con derechos suspendidos y cuya ampliación por 45 días más fue aprobada un día antes del asesinato de los defensores de Guapinol.
Ya desde diciembre del 2022, el Comité denunció que individuos armados, vinculados a la minera, vigilaron a sus miembros de Guapinol mediante seguimientos a bordo de vehículos sin matrículas. También denunciaron haber recibido amenazas de muerte.
Según el Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), a pesar de las múltiples denuncias públicas, las autoridades, incluida la Secretaría de Derechos Humanos de Honduras, no reforzaron ni ampliaron las medidas de protección para las personas defensoras de Guapinol y sus familias, ni tampoco llevaron a cabo una investigación en torno a las amenazasrecibidas.
El Observatorio recuerda que no es la primera vez que este tipo de campaña, seguida de amenazas de muerte contra los defensores del río Guapinol, desemboca en asesinatos: Arnold Joaquín Morazán Erazofue asesinado en octubre de 2020, y Roberto Antonio Argueda Tejada, en agosto de 2019. Ambos asesinatos se mantienen en la impunidad.
Amenazas, en aumento
Desde agosto del 2022, el CMDBCPT denunció una escalada en la campaña de desprestigio contra sus miembros, la cual incluía vigilancia, acoso y amenazas contra la vida de quienes se oponen a la minería en el área de conservación.
La violencia contra el CMDBCPT se intensificó después que sus miembros acompañaron una gira interinstitucional, junto a funcionarios gubernamentales, a cuatro proyectos extractivos del Grupo Emco Holding en el Parque Nacional Carlos Escaleras. Aún cuando la Secretaría de Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Serna) encabezó estas visitas, la institución aún no ha publicado la información recabada durante la visita.
Frente al incremento en las agresiones y amenazas de muerte, en diciembre pasado el Comité exhortó a la presidenta de Guatemala, Xiomara Castro, para garantizar la integridad física de sus miembros, así como a cumplir su promesa para cancelar las concesiones de minería a cielo abierto.
Ahora, ante la denuncia del doble asesinato, el CMDBCPT remarcó que “la comunidad de Guapinol en los últimos años ha sido brutalmente golpeada por la criminalización mediática, la judicialización y el encarcelamiento, hasta llegar al asesinato como lo evidencia el hecho criminal que ha segado la vida de Aly y Jairo”.
Mediante comunicado, el Comité responsabilizó de las agresiones a la empresa minera Inversiones Los Pinares/Ecoteckla cual, señala, opera ilegalmente en la zona. Además, enfatizó que “hay personas defensoras de este colectivo señaladas como posibles objetivos de exterminio. Las estructuras del crimen organizado siguen vigentes en el territorio, no pierden su naturaleza criminal y es posible que una investigación seria, responsable y objetiva arroje como resultado los vínculos entre estructuras del crimen organizado, empresas extractivas y funcionarios públicos participando en ese frente criminal contra las personas y movimientos que luchan por la vida”.
En su posicionamiento, el CMDBCPT asegura que grupos empresariales están acostumbrados a imponerse por la fuerza. “La agroindustria, la minería e hidroenergía han demostrado su perversidad criminal para apagar la lucha social por los derechos humanos utilizando diversos medios, tanto económicos, armados, mediáticos”.
Promesa incumplida
Entre las promesas del gobierno de Xiomara Castro destaca su postura de frenar la minería a cielo abierto en Honduras. En concordancia, durante febrero de 2022, la Secretaría de Recursos Naturales declaró al país centroamericano como territorio libre de minería. No obstante, la medida no tuvo ningún efecto legal pues se redujo a la difusión de un comunicado.
“Las autoridades actuales, al igual que las autoridades del régimen anterior, no quieren o no tienen la voluntad o la valentía de cancelar, suspender, esos derechos mineros a una empresa tan poderosa perteneciente a la dupla Pérez-Facussé”, sostuvo Joaquín Mejía Rivera al referirse al matrimonio entre Lenir Pérez y Ana Facussé, hija del terrateniente dueño de Corporación Dinant, reconocido por imponer el cultivo de palma aceitera mediante violencia y despojo contra comunidades campesinas del valle del Aguán.
Por su parte, Pérez es el presidente del Grupo Emco Holding, conglomerado de empresas con inversiones en la construcción, el sector aeroportuario y la siderurgia. Él es el dueño de las concesiones mineras ubicadas en el interior del Parque Nacional Carlos Escalera, las cuales reconoció haber negociado con diputados del Partido Nacional para la reducción de la zona núcleo del área de conservación.
Además, a través de su empresa Alutech S.A. posee grandes inversiones en otros países de Centroamérica como Guatemala y El Salvador, donde donó un millón de dólares para la campaña presidencial de Nayib Bukele en 2019.
Ahora, una investigación del medio ContraCorriente señala que Pérez, además de beneficiarse con sus relaciones con el expresidente Juan Orlando Hernández, mantiene un acceso privilegiado al gobierno de Xiomara Castro mediante el trabajo legal de Pamela Blanco Luque, socia y esposa de Tomás Vaquero, titular de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización.
Según el medio hondureño, Blanco ha trabajado continuamente para las empresas de Lenir Pérez y, por ejemplo, fue la notaría que se encargó de la constitución de al menos cinco empresas que forman parte del Grupo Emco Holding.
“La Secretaría de Gobernación, que dirige Vaquero, tiene la misión de rectorar lo concerniente al gobierno departamental y municipal, convirtiéndose en el enlace directo entre gobernadores, alcaldes y la presidenta. Además, debe procurar el acceso a la justicia, la vinculación del poder ejecutivo con organizaciones de sociedad civil, y entre sus funciones también tiene la promoción del acceso y la aplicación oportuna e imparcial de la justicia”, escribe el periodista Fernando Silva.
Para el abogado Mejía, quien reconoce que el Ejecutivo tiene la facultad, a través del Ministerio de Ambiente, para suspender las licencias de Inversiones Los Pinares, resulta sorprendente que aún no se cancelen la extracción minera. “Hasta el momento no entendemos por qué no se ha cancelado, no se ha suspendido el derecho minero, a pesar de los daños al medio ambiente y a pesar del peligro para la vida y la integridad de las personas”, señaló el investigador de ERIC-SJ.
Exigen investigación independiente
Mientras tanto, el Comité, junto a organizaciones sociales, denuncia que la fiscal Karen Edith Martínez Guardado, quien participó en la criminalización de los ocho defensores de Guapinol, será la responsable de la investigación en el doble asesinato de Aly Domínguez y Jairo Bonilla.
Ante ello, la Coalición contra la Impunidad alertó la falta de independencia e imparcialidad del Ministerio Público y de la Policía Nacional de Tocoa para investigar el crimen, “pues son las mismas autoridades que han reprimido, hostigado, amenazado, atentado y criminalizado a la comunidad de Guapinol”, por lo cual se suma a la exigencia de constituir una unidad especial de investigación independiente y con la participación de la comunidad afectada.
Joaquín Mejía enfatizó que Jairo Bonilla y Aly Domínguez formaban parte de un espacio colectivo que fue criminalizado por el Ministerio Público de Tocoa. “Esa misma fiscal es la que ha sido nombrada como encargada de investigar el asesinato de dos personas con las que ella tiene o ha tenido una relación obviamente terrible, en el sentido que el Ministerio Público de Tocoa ha utilizado pruebas ilegales falsas para poder criminalizar al Comité de Guapinol. Obviamente esto nos indica que no puede ser imparcial ni puede ser independiente”, señaló el abogado y experto en derechos humanos.
Por Colectivo CrimethInc. / Traducción por A Planeta.
En portada: Partidarios del derrotado ex presidente brasileño Jair Bolsonaro asaltan edificios gubernamentales en Brasili.
El 8 de enero de 2023, partidarios de extrema derecha del derrotado ex presidente brasileño Jair Bolsonaro asaltaron edificios gubernamentales en Brasilia, aparentemente en una grotesca imitación del fiasco en el que los partidarios de Donald Trump hicieron lo mismo en Washington, DC el 6 de enero de 2021. En el siguiente informe, nuestros camaradas en Brasil detallan la trayectoria que condujo a estos acontecimientos y discuten los enigmas que los opositores al fascismo enfrentan en Brasil como consecuencia.
La incursión de la extrema derecha plantea cuestiones que los anarquistas y otros antifascistas deben afrontar en todo el mundo.
¿Quién está impulsando los esfuerzos de la extrema derecha para intensificar el conflicto civil y transformar las instituciones del Estado en un campo de batalla? Mientras que muchos en los Estados Unidos han sugerido la participación de Steve Bannon, Brasil y América Latina en general tienen una larga historia de golpes de Estado dirigidos por fuerzas militares y de derecha locales y apoyados por centristas, así como por conservadores dentro del gobierno de los Estados Unidos. A diferencia de Trump, el propio Bolsonaro estaba ausente de Brasil durante el asalto a los edificios, habiendo huido antes de que terminara su mandato presidencial. Probablemente sea un error reducir estos acontecimientos a las maquinaciones de unos pocos autócratas.
Quienquiera que estuviera detrás de la incursión, ¿por qué la debacle del 6 de enero de 2021 se consideró lo suficientemente exitosa como para merecer repetirse? ¿Era el objetivo de los participantes tomar el poder, ejercer presión sobre la administración entrante o provocarla para que reaccionara de forma exagerada, legitimar tácticas extralegales como un paso hacia la construcción de un movimiento fascista? ¿O no hay aquí ningún objetivo racional, sino sólo los efectos secundarios de las estrategias de campaña de los demagogos de extrema derecha, la creciente polarización de una sociedad fragmentada y la irresistible atracción de las tácticas meméticas?
¿Cómo pueden las poblaciones marginadas que son objetivo de los movimientos fascistas movilizarse para defenderse sin legitimar las mismas instituciones del Estado que tanto fascistas como centristas emplean contra ellas? ¿Cómo pueden los anarquistas y otras personas comprometidas con un cambio social profundo evitar que los “rebeldes” de extrema derecha monopolicen la forma en que el público en general ve las tácticas que nosotros también tendremos que utilizar, aunque sea en pos de la liberación?
Esperamos que la siguiente contribución ayude a nuestras y nuestros camaradas a reflexionar sobre estas cuestiones.
Las elecciones no detienen al fascismo
Desde la derrota de Jair Bolsonaro y la victoria de Luís Inácio Lula da Silva por un margen de menos del 2% en las elecciones presidenciales brasileñas del 30 de octubre de 2022, las movilizaciones de la extrema derecha han ido escalando tanto en tamaño como en violencia. Poco después del anuncio de la victoria de Lula, los manifestantes acamparon alrededor de cuarteles del ejército y bloquearon carreteras, impugnando los resultados electorales y pidiendo la intervención militar. Muchos de estos campamentos estaban equipados con baños químicos, tiendas de campaña y cocinas; estaban financiados por empresarios y políticos afines al bolsonarismo y a la extrema derecha. En noviembre, el Tribunal Superior Federal ordenó que se bloquearan las cuentas de algunos de los financiadores, firmando órdenes de registro y embargo.
Como documentamos, camioneros organizados por grupos patronales bloquearon cientos de carreteras en todo el país, beneficiándose de la indulgencia de la Policía Federal de Carreteras (PRF). Cuando estos bloqueos fueron derrotados, el impulso pasó a los movimientos bolsonaristas urbanos, especialmente los campamentos frente a los cuarteles militares. Los campamentos que habían comenzado con un carácter más diverso, incluyendo ancianos y niños, se convirtieron en predominantemente masculinos, con los participantes más dispuestos a utilizar la fuerza. Los linchamientos de personas que intentaban cruzar los bloqueos, secuestros e incluso torturas de quienes discrepaban de sus tácticas o puntos de vista se convirtieron en algo habitual.
Una ocupación pro-Bolsonaro. Los intereses de clase de los participantes son bastante claros.
En la noche del 12 de diciembre, durante el reconocimiento formal del presidente Lula y su vicepresidente Geraldo Alckmin como ganadores de las elecciones, la base callejera radicalizada del bolsonarismo avanzó un paso más en un ensayo general para los acontecimientos del 8 de enero. Grupos acampados en Brasilia atacaron una comisaría y la sede de la Policía Federal. Los partidarios de Bolsonaro incendiaron cinco autobuses y tres coches en respuesta a la detención de un indígena llamado Serere Xavante, pastor evangélico y bolsonarista. Xavante fue acusado de organizarse para dar un golpe de Estado, proferir amenazas y promover atentados contra el Estado democrático de derecho; el ministro del Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenó su detención.
El Supremo Tribunal Federal ordenó la detención de decenas de personas implicadas en las manifestaciones pro-Bolsonaro y en la financiación de los campamentos. La izquierda continuó apostando a que la represión institucional bastaría para frenar a los bolsonaristas. Contar con leyes e instituciones que no habían hecho nada para disminuir el ímpetu de la extrema derecha dejó las calles abiertas a la organización fascista. En general, a pesar de las detenciones mencionadas, la policía y otras autoridades siguieron tratando con permisividad al movimiento bolsonarista.
La imagen de un autobús en llamas -anteriormente un símbolo de la lucha contra la represión estatal y la explotación capitalista, visto en las protestas contra la subida del billete de autobús en 2013, la Copa Mundial de la FIFA en 2014, y la violencia policial en la periferia urbana- se asocia ahora con el “terrorismo de derechas”. La izquierda legalista e institucional, representada por el gobierno entrante, adopta el papel de “defensora de la ley y el orden.”
Incapaz de soportar la derrota electoral, Bolsonaro dejó que sus partidarios lucharan solos por su sueño golpista. El 30 de diciembre, partió hacia Orlando, Florida, en el avión presidencial con su séquito y familiares; el dinero público lo pagó todo. Su vicepresidente, el general Hamilton Mourão, se convirtió en presidente interino, haciendo una declaración elogiando “la alternancia de poder en una democracia”.
La extrema derecha ve ahora tanto a Bolsonaro como a Mourão como traidores. Pero sin Bolsonaro, los Bolsonaristas sólo se volvieron más enfurecidos e impredecibles.
En la Nochebuena de 2022, el conductor de un camión de combustible encontró un artefacto explosivo en el vehículo y alertó a la policía. El autor del intento de atentado, George Washington de Sousa, fue detenido y confesó que pretendía hacer estallar el vehículo cerca del aeropuerto de Brasilia antes de la investidura de Lula, con la esperanza de obligar al todavía presidente Bolsonaro a establecer el estado de sitio. Las autoridades descubrieron un considerable stock de armas en el apartamento de Washington de Sousa; él afirmó haberlas adquirido a lo largo de los años, motivado por los discursos de Bolsonaro. Esto llamó la atención de las autoridades, incluido el gobierno entrante de Lula, sobre las formas en que las ocupaciones bolsonaristas estaban reclutando y radicalizando a la extrema derecha.
El 1 de enero de 2023, Lula juró el cargo bajo fuertes medidas de seguridad. Esto le convirtió en el único presidente elegido tres veces por votación democrática en Brasil, y a Bolsonaro en el primer presidente que no logra ser reelegido, así como en el primer presidente de la era democrática que se niega a pasar la banda presidencial en una ceremonia de investidura. Las imágenes de representantes de los pueblos indígenas, de los trabajadores, de los negros, de los discapacitados y de los excluidos pasando la bandera a Lula circularon por todo el mundo, significando optimismo, aunque las medidas paliativas para una sociedad capitalista en evidente declive probablemente no ofrecerán mucho más que una breve mejora superficial antes del colapso.
8 de enero de 2023, Brasilia.
En cualquier caso, la sensación de calma tras la “derrota del fascismo en las urnas” no duró ni una semana.
La revuelta de los escoltados por la policía
Aunque la participación disminuyó después de que Lula asumiera el poder, las protestas y acampadas de extrema derecha continuaron. En los primeros días de enero, los partidarios de Bolsonaro convocaron una manifestación para el domingo 8 de enero. Aproximadamente 4000 personas que habían estado protestando a las puertas de los cuarteles en varias ciudades de Brasil tomaron autobuses fletados hasta la capital, Brasilia, uniendo fuerzas para una manifestación masiva de repudio a la toma de posesión de Lula como presidente. La multitud incluía un gran número de funcionarios, empleados de representantes parlamentarios e incluso tenientes de alcalde de ciudades más pequeñas. Afirmaban que las elecciones estaban amañadas y que Lula era el jefe de una banda criminal que pretendía malversar el dinero de Brasil para financiar el “comunismo”.
Cuando llegaron los autobuses a la capital, los fascistas vestidos con las camisetas de la selección brasileña de fútbol marcharon a primera hora de la tarde, sin sufrir interferencias ni acoso policial en un lugar que suele estar fuertemente vigilado y ser de difícil acceso. Se acercaron a los edificios del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal Federal y el Palácio do Planalto (el palacio presidencial). Estas son las sedes de los tres poderes federales de Brasil: legislativo, judicial y ejecutivo. Los manifestantes asaltaron los edificios, destruyeron ventanas, equipos y mobiliario y dañaron y robaron objetos históricos y obras de arte raras de Candido Portinari, Emiliano Di Cavalcanti y Victor Brecheret valoradas en millones de dólares. Robaron documentos y armas de la Oficina de Seguridad Institucional, situada en la planta baja del Palacio del Planalto, lo que sugiere la posibilidad de que algunos de ellos tuvieran acceso previo a información sobre la ubicación de las mismas.
Al igual que en los sucesos ocurridos en el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021, los manifestantes filmaron ellos mismos todo lo que hicieron, mostrando sus rostros y publicando las imágenes en directo en las redes sociales sin preocuparse por el riesgo. Irónicamente, llevaron a cabo una acción desafiando a los mismos poderes que mucha gente había confiado en que bastarían para librar a la sociedad del fascismo tras la elección de un gobierno progresista de izquierdas.
Los invasores contaron con el apoyo tácito de la Policía Militar del Distrito Federal, comandada por el gobernador Ibaneis Rocha; no sufrieron oposición ni represión policial durante al menos tres horas. La policía les permitió entrar en los edificios. Sólo a las 18h la policía consiguió tomar la iniciativa y rodear los edificios. Varios vídeos muestran a agentes de policía tomándose selfies y riéndose mientras los manifestantes invadían el Congreso; otros muestran a agentes de policía confraternizando con los Bolsonaristas dentro de los edificios invadidos.
8 de enero de 2023, Brasilia.
Sólo después de las 8 de la tarde la policía, incluida la Fuerza Nacional -que suele estar tan ansiosa por atacar a profesores, estudiantes, e indígenas– consiguió “contener” pacíficamente la protesta, deteniendo a unas 200 personas. En los vídeos vemos a la policía desalojando pacíficamente a los Bolsonaristas, sin heridos ni muertos, a pesar de que la policía brasileña es posiblemente la más letal del mundo.
Esta reacción institucional sólo comenzó cuando Lula, que se encontraba en una ciudad del interior de São Paulo, emitió un decreto de Intervención Federal en la Seguridad Pública del Distrito Federal, nombrando al Secretario de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, Ricardo Cappelli, como interventor hasta el 31 de enero de 2023. En la práctica, esto significa retirar a la policía del gobierno del caso (la Policía Militar y la Policía Civil) y entregar el caso a la policía del gobierno federal (la Fuerza de Seguridad Nacional y la Policía Federal). En la noche del 8 de enero, el ministro de Justicia y Seguridad Pública hizo una declaración en la que afirmaba que se habían abierto investigaciones, se había identificado a los financiadores de los autobuses y se había detenido a unas 200 personas.
También habló el ministro de Justicia, Flávio Dino, ex juez y ex gobernador del estado de Maranhão, con un discurso mesurado en el que trató de salvaguardar la legitimidad de las instituciones de gobierno, describiendo a los participantes en las manifestaciones pro-Bolsonaro como radicales aislados que serían tratados como criminales, vaciando así el evento de contenido político al tiempo que lo describía como un intento de golpe de Estado. El ministro de la Corte Suprema, Alexandre de Moraes, activo durante todo el gobierno de Bolsonaro como “guardián del orden institucional democrático”, también ordenó la destitución del gobernador del Distrito Federal, conocido partidario del bolsonarismo.
Un día después de los hechos, la situación sigue siendo desconcertante para la prensa y las autoridades, a pesar de que la manifestación estaba anunciada desde hacía meses en las redes bolsonaristas.
Una manifestación local de una ola fascista global
Hay muchas similitudes entre los acontecimientos del 8 de enero de 2023 en Brasil y los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en Washington, DC. Pero también hay diferencias significativas, empezando por el liderazgo político de los fascistas.
Jair Bolsonaro siempre se ha posicionado como partidario de Donald Trump, alineándose con movimientos globales de extrema derecha, como los de Polonia y Hungría. Bolsonaro tiene conexiones con Steve Bannon, de quien fue mentor a los hijos de Jair Bolsonaro para la campaña presidencial de 2018 y en 2022 afirmó que la elección de Jair Bolsonaro era la segunda más importante para su movimiento. Tras la derrota, Bannon y Trump aconsejaron a Bolsonaro impugnar el resultado electoral. Aun así, no se puede afirmar que haya una injerencia directa de Bannon o de la extrema derecha internacional.
La motivación de las dos invasiones de edificios gubernamentales también es similar en el contenido de la supuesta conspiración: los partidarios de Bolsonaro alegan que las elecciones fueron amañadas a favor de una élite globalista simpatizante del comunismo y China, con el objetivo de desestabilizar a los gobiernos nacionalistas para difundir lo que llaman “ideología de género”, fomentar el consumo de drogas y promover los intereses de los cárteles criminales internacionales. Siguiendo el ejemplo de la alt-right (izquierda alternativa) en otras partes del mundo, se declaran liberales en su programa económico y conservadores en su programa cultural. Así, afirman defender la familia cristiana tradicional como medio para difundir la supremacía blanca, el odio a las personas LGBTQI+ y la ansiedad por una supuesta amenaza comunista.
Tanto el 6 de enero de 2021 como el 8 de enero de 2023, una turba fascista que dice ser la verdadera representante del pueblo y se niega a reconocer la legitimidad del proceso electoral que derrotó a su candidato invadió las sedes físicas de los poderes constituidos para generar el caos con la esperanza de suspender el resultado de las elecciones.
Después de décadas de gestión democrática, durante las cuales prácticamente todos los partidos aceptaron que era la única forma posible de hacer política en la era de la globalización capitalista, la extrema derecha ha vuelto a situar la política en el terreno de la disputa y el enfrentamiento. Cada vez está más claro que el consenso construido en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial en torno a la fórmula capitalismo + democracia liberal + derechos humanos, que ignoraba las contradicciones y desigualdades inherentes al sistema capitalista y estatal, se ha roto. Significativamente, es la derecha la que apuesta por esta ruptura, avalando explícitamente la guerra civil, mientras que la mayor parte de la izquierda sigue aferrada a las instituciones democráticas y a la gestión de una paz cada vez más precaria.
Los acontecimientos en Brasil difieren de los de Estados Unidos en que los bolsonaristas se cohesionaron en torno a algo más antiguo que el culto a Trump, algo específico de la historia política brasileña: la nostalgia de la dictadura instaurada por un golpe cívico-militar con la ayuda de Estados Unidos en 1964 y la lealtad a todos los aspectos de la dictadura que persisten en la sociedad brasileña.
En la formulación del psicoanalista Tales Ab’Sáber: “¿Qué queda de la dictadura en Brasil? Todo, excepto la dictadura”.
Partidarios de Bolsonaro aprovechando la indulgencia de la policía para presentarse como rebeldes.
A diferencia de lo ocurrido en Estados Unidos tras la elección de Biden, las Fuerzas Armadas brasileñas -compuestas por oficiales formados en escuelas militares impregnadas por el discurso anticomunista del contexto de la Guerra Fría y por el revisionismo histórico que denomina al golpe civil militar “Revolución del 64”- son parte fundamental de los movimientos golpistas. El bolsonarismo social y electoral involucra a numerosos oficiales de reserva del ejército, la marina y la fuerza aérea. Los oficiales en servicio activo apenas disimulan su apoyo a los manifestantes pro-Bolsonaro; desde 2014, han hecho declaraciones públicas expresando su oposición a los partidos y candidatos de izquierda. La prueba más evidente del apoyo de las Fuerzas Armadas a los movimientos golpistas es su tolerancia con las acampadas frente a sus cuarteles, que sin duda no habrían sido aceptadas si el contenido de las manifestaciones hubiera sido diferente.
Con la esperanza de lograr un acercamiento dentro de las instituciones, la coalición liderada por la izquierda institucional que ganó las elecciones de octubre nombró a José Múcio para el Ministerio de Defensa, un político de derechas amigo de los militares, cuyo partido (el Partido Trabalhista Brasileiro) utilizaba el lema “Dios, Familia, Patria y Libertad”. En su declaración sobre las manifestaciones, Lula admitió que el ministro de Defensa no había actuado para desalojar las ocupaciones en torno a los cuarteles.
Marcha del 9 de enero de 2023 en Belo Horizonte contra la amenaza del fascismo en Brasil. Los participantes corean “¡Atrás fascistas, el poder popular está en las calles!”
Lo que está ocurriendo hoy en Brasil muestra la fuerza que la extrema derecha ha adquirido en la última década, capitalizando un difuso fascismo social que siempre ha existido en la sociedad brasileña. Las instituciones democráticas que se introdujeron con la Constitución brasileña de 1988 no supieron defenderse de ello, o no quisieron hacerlo. Podemos ver esto desde el principio, en la participación de los militares en el proceso de reintroducción de las elecciones democráticas en la década de 1980 y el “papel constitucional” de los militares como garantes del poder del Estado.
La mayor vergüenza para la izquierda en su conjunto -y especialmente para aquellos que se consideran radicales- es que el gobierno de Jair Bolsonaro y sus milicias ha reorganizado toda la estructura del Estado, desmantelando la salud pública, la educación y las protecciones medioambientales, al tiempo que ha atacado a las personas negras e indígenas, a las mujeres y a las personas LGBTQI+, todo ello en medio de una pandemia global que mató a más personas en Brasil que la media per cápita mundial. Sin embargo, no fuimos capaces de responder a esos acontecimientos, ni con una huelga general, ni cerrando ciudades y carreteras, ni invadiendo el palacio presidencial.
Ahora todas esas acciones, que deberíamos haber emprendido para defendernos de la extrema derecha, se asocian a la extrema derecha. Esto contribuye a un discurso que nos paralizará, haciendo imposible ejercer la influencia que necesitamos contra los fascistas tanto fuera como dentro de las instituciones del Estado, por no hablar de los otros partidos que también utilizarán las instituciones del gobierno para seguir imponiéndonos los peores efectos del capitalismo.
Anarquistas y otros antifascistas marchan el 9 de enero de 2023 en Belo Horizonte contra la amenaza del fascismo en Brasil.
Necesitamos fomentar una revuelta popular que incluya a todos los sectores de la sociedad privados de derechos, a todos los que son objetivo de los fascistas, a todos los que sufren bajo el capitalismo incluso cuando lo gestiona un gobierno progresista. No debemos deslegitimar la insurrección cuando el aparato del Estado está en manos del centro-izquierda mientras las calles siguen en manos de los fascistas y las fuerzas de seguridad. Debemos encontrar formas de resistir, rechazando el chantaje de quienes afirman que lo más importante es mantener el orden, con su eterno moralismo en defensa de la propiedad privada y el poder del Estado.
— ITALIA: Entrevista sobre la situación de Alfredo Cospito preso anarquista de Italia en Huelga de hambre desde hace más de 80 días. Noticias de abajo
— HONDURAS: Asesinan a dos defensores del territorio de Guapinol. Guapinol Despierta
— REINO UNIDO: Carta por la libertad de los presos por luchar contra el cambio climático en Reino Unido. EarthFisrtJournal
.:DESDE EL MÁS ACÁ:.
— MÉXICO MEDIOS LIBRES: 72 asesinatos políticos en 2022, una investigación de Radio Zapote sobre la violencia política en México. Entrevista a Caracol de Radio Zapote.
— MÉXICO PRESOS POLITICXS: Quien es Yorch el Preso político anarquista de la Okupa Che. Por Magos Punk
— CDMX: TRAGEDIA EN EL METRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO. Continúan fallas operativas en el Transporte Colectivo Metro, falta de mantenimiento y corrupción, algunas de las causas. Detienen a jóvenes que protestaban en solidaridad con víctimas.
— MÉXICO: RADIOS LIBRES Campanadas por la libertad 2022. Ke huelga Radio
En solo un mes, las fuerzas estatales asesinaron a 39 personas en localidades de los Andes. La movilización masiva exige la renuncia del Gobierno de facto, nuevas elecciones este año y una Asamblea Constituyente.
El 14 de diciembre de 2022, siete días después de que Dina Boluarte asumió la presidencia, se ejecutó el último paso para instaurar una dictadura cívico-militar en el Perú: la orden al Ejército de sofocar las masivas manifestaciones contra el Gobierno de facto.
En el primer mes bajo estado de emergencia, 39 personas -incluidos seis menores de 18 años- fueron asesinadas por disparos de militares y policías en localidades andinas de mayorías quechuas y aimaras. Otras seis fallecieron por incidentes relacionados a bloqueos de vías y hasta el momento se reportan más de 500 heridos.
En la jornada más violenta del estallido, este lunes (9) la represión dejó 17 víctimas en Juliaca (región Puno), entre ellas una menor de edad y un médico voluntario. De otro lado, se investiga la muerte de un policía en un vehículo incendiado. Se trataría de un montaje, pues el cadáver fue levantado sin la presencia de fiscales.
Las demandas unánimes de las movilizaciones son la realización de elecciones generales este año, el cierre del actual Congreso, la renuncia de Boluarte y la convocatoria a una Asamblea Constituyente, como condiciones para legitimar a un nuevo Gobierno que le suceda al de Pedro Castillo, destituido por el Poder Legislativo tras su fallido intento de disolver esta institución. Un golpe de Estado allanado por el propio Congreso desde antes de la investidura del profesor rural y dirigente sindicalista en julio de 2021. El conflicto se agrava por la decisión parlamentaria de llamar a elecciones en 2024, en defensa, por las armas, de la concentración de poder que ahora amenaza con extenderse sobre los organismos electorales.
Como una “dictadura cívico-militar-empresarial” la califica la Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas (Onamiap). “El fascismo está cobrando su revancha histórica contra quienes se atreven a alzar la voz en defensa de las vidas y la dignidad. Es el clasirracismo colonial”, observa en un comunicado.
Protestas en Tacna, región sur del Perú
Boluarte, vicepresidenta en la gestión de Castillo, es la sexta persona que ocupa el despacho presidencial en los últimos seis años. Un número sobresaliente en la historia global de las democracias modernas. Así culmina, exacerbado desde la asunción de Castillo, un ciclo de coacciones políticas y judiciales por parte del Congreso -en manos de la oligarquía económica y la derecha radicalizada- para capturar el Poder Ejecutivo. El ensayo previo, la vacancia presidencial en noviembre de 2020, fue saldado con una semana de convulsión en que la Policía victimó a dos jóvenes en el Centro de Lima.
En aquel contexto, la orden del ultraconservador Gobierno de facto de desplegar al Ejército en la capital no fue atendida por los cuarteles. El impacto de las muertes en la centralista ciudad y la reacción a nivel nacional forzaron la inmediata renuncia de los usurpadores. Hoy soldados y vehículos militares ocupan las vías públicas de Lima para disuadir las manifestaciones.
Represión extrema
En las regiones del sur andino, las que depositaron en Castillo el grueso de sus votos, se aplicaron las represiones más brutales. En Ayacucho, donde se intentó tomar el aeropuerto, las 10 víctimas registran disparos de arma de fuego en el abdomen y la cabeza. Uno era un padre de familia al que en un video se ve salir al frontis de su casa para atender a un herido y, en el acto, caer desplomado por un disparo, cuando los civiles huían de un enfrentamiento controlado, en un escenario despejado. En Apurímac, cientos de campesinos lograron tomar el aeropuerto y prendieron fuego a instalaciones, situación aplacada con seis cadáveres que presentan impactos de proyectiles y arma de fuego. Los uniformados están disparando al cuerpo perdigones, bombas lacrimógenas y balas de goma.
En la masacre de Juliaca las fuerzas estatales utilizaron balas expansivas, de efecto más letal. “No hay orificios de salida, los pacientes vienen con los órganos internos destrozados, como que fueran balas dum dum, explosivas”, declaró un médico.
En este punto de la crisis, el régimen extrema los métodos para aterrorizar a la población: detenciones masivas en la capital, intervenciones de dirigentes en autos sin identificación, atentados y amenazas contra la prensa, fabricación de pruebas, procesos judiciales por terrorismo, torturas, allanamientos de casas y locales de organizaciones sociales.
Protestas en PunoProtestas en Cusco
El rechazo a este gobierno dictatorial y sus condiciones para traspasar el poder -se empieza a dudar de que esto se materialice- proviene de todos los sectores de la población. Agricultores, mineros, múltiples sindicatos, las comunidades campesinas e indígenas, comités barriales, frentes provinciales, estudiantes, colectivos, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general se declaran en insurgencia. Los pueblos originarios de la Amazonía se encuentran en movilización permanente en sus territorios.
La tregua concedida desde la última semana del año pasado se interrumpió el 4 de enero con el inicio de un paro indefinido en al menos un tercio de las 25 regiones del Perú. Los ocho departamentos agrupados en la Macrorregión Sur, entre ellos Puno, Cusco y Arequipa, encabezan las protestas más contundentes. En las regiones de los Andes, la consigna de reponer en el cargo de Pedro Castillo es sólida.
La respuesta militarizada del Ejecutivo y el Congreso se complementa con una política de estigmatización de la protesta, de creación del enemigo -el terrorismo-, traducida en la práctica en el poder de decidir qué vidas son válidas y cuáles no. Sostienen que las marchas son manipuladas por violentistas o directamente organizadas por terroristas. Lo que resuena a tiempos de violencia extrema que retornan a los mismos lugares barridos por el terrorismo de Estado y la subversión, como Ayacucho, epicentro de Sendero Luminoso y de la guerra insurgente-contrainsurgente (1980-1992).
La posición de la alianza civil-militar que tomó el Gobierno, representada por el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ascendido desde el Ministerio de Defensa, es inmutable. Como es habitual en Latinoamérica, la dictadura cuenta con el respaldo de Estados Unidos y, la vez, acusa injerencias extranjeras, para el libreto, la del expresidente de Bolivia Evo Morales, a quien impidieron ingresar al país. Con 39 asesinatos en las manos, considerados como ejecuciones extrajudiciales por las organizaciones locales de derechos humanos, los represores insisten en criminalizar a los manifestantes y negar su responsabilidad, lo que avala la prolongación de las masacres y advierte un genocidio contra los movimientos sociales en el Perú.
En el municipio de Morales, Izabal, y frente a la mirada de las autoridades estatales, todos los días saquean, de manera industrial e ilegal, el jade del interior de la Montaña Chiclera, una de las áreas protegidas de Guatemala.
El actual alcalde municipal, una diputada por este departamento y una familia vinculada al narcotráfico, fueron señalados de forma anónima de este nuevo escándalo medioambiental. Nueve meses después, el Ministerio Público, el ejército y la Policía Nacional Civil (PNC) hicieron un allanamiento en la montaña, sin lograr una sola detención de los responsables del saqueo.
Por Prensa Comunitaria
La extracción de jade y la destrucción de una de las áreas protegidas en Izabal suman un nuevo escándalo minero en Guatemala. El silencio desde el gobierno municipal se adhiere a la inacción de funcionarios al más alto nivel, en ministerios como el de Energía y Minas, Medio Ambiente y Gobernación, que permiten el saqueo del jade y otros minerales en el interior de la Montaña Chiclera. Según el medio Insight Crime, la onza de jade más fino alcanzó valores por arriba de los 3 mil dólares desde 2010; doce años después en el mercado es el mejor pagado por encima del oro y los diamantes.
En marzo de 2022, una publicación anónima en las redes sociales señaló como responsables a Mynor David Portillo Vásquez -alcalde municipal de Morales, quien busca su reelección con el partido oficialista VAMOS-, a Jeffrey Obdulio Mendoza Tally y Pablo André Mendoza Paz, a quienes se les señala de integrar el cartel de los Mendoza, y a la diputada Thelma Elizabeth Ramírez Renata, quien junto a Portillo forman parte del partido político del presidente Alejandro Giammattei.
En un allanamiento del 15 de diciembre, que implicó un operativo conjunto entre el Ejército, la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), fue decomisada maquinaria pesada y ochenta costales con jade en su interior; ninguno de los trabajadores o integrantes del grupo armado, que dan seguridad a quienes dirigen la extracción, fueron detenidos.
Durante el operativo nadie se encontraba en el lugar. ¿Fuga de información? La fiscal general Consuelo Porras o el ministro de Gobernación Barrientos, no dieron detalles.
En portada: Migrantes esperan al borde del río Bravo para cruzar hacia EEUU en el contexto del fin de las restricciones impuestas por el Título 42.
Soldados pertenecientes a la Guardia Nacional de Texas fueron colocados por el gobierno de dicho estado norteamericano para contener el paso a migrantes que buscan cruzar a los Estados Unidos para solicitar asilo.
Los cientos de militares se desplegaron acompañados de una docena de vehículos blindados junto al Río Bravo en una zona utilizada por los migrantes para ingresar a los EEUU, en el contexto de declaración de estado de emergencia por parte de la ciudad de El Paso, Texas.
Soldados norteamericanos enla frontera con México. Foto: Gabriela Minjáres
Oscar Leeser, alcalde de la ciudad texana, justificó el estado de emergencia por el aumento de las llegadas de migrantes después de que un juez estadounidense ordenó el fin de las restricciones fronterizas de la era Covid-19, conocidas como Título 42, para el 21 de diciembre.
Los soldados pertenecen a la Fuerza de Respuesta de Seguridad del Batallón de Policía Militar 606, que está capacitada en operaciones de disturbios civiles y respuesta a la migración masiva. “Se utiliza para salvaguardar la frontera y repeler y hacer retroceder a los inmigrantes ilegales”, dijo la guardia en un comunicado de prensa.
En este contexto, los migrantes ya desbordan los albergues y, como única opción, duermen soportando bajas temperaturas en las calles de El Paso.
Con la declaración de emergencia, la ciudad anunció también que creará un centro de operaciones y un plan para asistir y proteger a los migrantes frente a las duras condiciones climáticas.
Mientras se instalan o amplían los refugios en toda la ciudad, el Departamento de Manejo de Emergencias de Texas (TDEM, por sus siglas en inglés) comenzó a transportar en autobús a los migrantes de El Paso a la ciudad de Nueva York y Chicago, consideradas “ciudades santuario” para las personas en movilidad.
Según el administrador adjunto de la ciudad, Mario D’Agostino, la respuesta a la crisis migratoria permanecerá vigente hasta conocer el resultado de la apelación del Título 42, que se abre paso en los tribunales.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, bloqueó temporalmente una orden de un juez federal que pedía que el Título 42 terminara el próximo miércoles (21). La suspensión permanecerá vigente mientras la Corte Suprema considera una apelación de Texas y otros estados que solicitan mantener la política vigente.
Hasta el cierre de esta edición las autoridades mexicanas no se han pronunciado sobre el despliegue de militares de Texas en la frontera por Ciudad Juárez.
—WALLMAPU CHILE: Reporte de Radio Kvrruf sobre los presas y presos políticos mapuche. Se cumplen 25 días de huelga de hambre de los Presos políticos de la CAM que continúan con la movilización exigiendo su Libertad y condiciones carcelarias mínimas. Llaman a solidaridad activa y combativa. Radio Kvrruf.
—PERÚ: Fuertes movilizaciones y represión en las calles de Perú tras crisis política. Gobierno de ultraderecha se impone. Más de 30 personas asesinadas en las manifestaciones. Pronunciamiento continental de Medios de Comunicación Alternativos del Abya Yala en torno a la situación en Perú. RedCoral
—IRÁN: Arrestan en Irán a Mohammad Ali Kamfirouzi, abogado de varios activistas y periodistas. Entre ellxs dos periodistas presas por cubrir el asesinato de Mahsa Amini.
DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO
—SURESTE MEXICANO: Convocan a Caravana y Encuentro Global «EL Sur Resiste» para la defensa del territorio. Entrevista a Mario Quintero miembro de la APIIDT y de la comisión organziadora de la caravana . Noticias de abajo
–CDMX : La posadita rebelde de la ciudad. Otomís exigen vivienda digna al mal gobierno, celebrando su posada frente a las oficinas del zócalo capitalino.
–CDMX MILPA ALTA: Manifiesto en Defensa de la Vida y de nuestras tierras y territorios comunales que hace la asamblea general de comuneros del pueblo de San Pedro Atocpan perteneciente a la comunidad indígena y agraria de Milpa Alta y sus nueve pueblos. Radio zapatista
Música: Evelyn Cornejo con Planta Medicinal, El derecho de vivir en paz de varios artistas de América Latina.
En portada: El presidente Bolsonaro y la ministra de la Agricultura, conocida como la musa del veneno por apoyar proyectos que liberan agrotóxicos
Organizaciones de la sociedad civil brasileña alertan que todavía en 2022 el Senado Federal brasileño puede transformar en ley el proyecto 1459/2022, conocido como el Proyecto de Ley del Veneno.
La iniciativa, impulsada por diputados vinculados al agronegocio y por el gobierno actual, abre camino para el uso de nuevos tipos de agrotóxicos, además de los 2 mil ya liberados durante la administración de Bolsonaro, la cual finaliza en este mes de diciembre.
En el caso de que el texto sea aprobado, irá aumentar la cantidad de veneno consumido por los brasileños en los alimentos y dispersado en el medio ambiente, incluso con nuevas substancias comprobadamente cancerígenas y otras que aún se desconoce la acción tóxica en la salud y en el medio ambiente.
El texto prevé la eliminación de partes de la legislación en vigencia que prohíben el registro de agrotóxicos con componentes que provoquen cáncer, mutaciones o disturbios hormonales.
Además, cumpliendo con las demandas del sector del agronegocio, se pretende reducir el tiempo de aprobación de nuevos agrotóxicos y retirar órganos técnicos del gobierno como instancias de aprobación de estas substancias.
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, Brasil es el tercer mayor consumidor de agrotóxicos en el mundo, después de China y los Estados Unidos.
Estados como Mato Grosso, donde el uso de estas substancias es intenso, debido a la presencia masiva del agronegocio, son líderes nacionales en casos de cáncer en jóvenes y niños. Las pulverizaciones son consideradas las principales fuentes de contaminación humana y del medio ambiente, según la Fundación Oswaldo Cruz.
De acuerdo con especialistas, si el proyecto es aprobado se va a generar un nivel de contaminación que prácticamente eliminará la posibilidad de existencia de otros modelos agrícolas basados en la producción de alimentos saludables, sin uso de agrotóxicos, como es la agroecología.
Por Camila Parodi para la agencia de noticias BiodiversidadLA / Foto de portada por Marcha Noticias
El campamento “Wagueira Lee”, de la comunidad garífuna, está ubicado en la zona de Roatán, en Honduras. Es una recuperación comunitaria de tierras ancestrales que hace parte del proceso de supervivencia de la cultura y defensa de los territorios garífunas, contra el avance de la destrucción de la naturaleza y la vida. Entrevista a Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
La comunidad garífuna, que habita los territorios que preexisten al Estado hondureño, avanza firme en la recuperación de sus tierras ancestrales. Siglos de violencias y diferentes intentos de sometimiento se replican desde la conquista europea hasta la actualidad. Hoy, sus territorios rodeados de palmeras, selva, arena y agua cristalina, son codiciados por las empresas de turismo, así como por la industria palmera. Desde la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) denuncian amenazas permanentes.
Si bien en su plataforma electoral la actual presidenta de Honduras, Xiomara Castro, habló sobre el respeto a las poblaciones indígenas del país centroamericano, las comunidades denuncian que, en los hechos, los atentados contra su soberanía territorial, cultural y política continúan. En ese marco, las comunidades garífunas organizan procesos de recuperación de la tierra para asentar a las nuevas generaciones y garantizar la supervivencia de su cultura ancestral.
Desde el mes de septiembre, integrantes de la Aldea Garífuna del Municipio de José Santos Guardiola, en las Islas de la Bahía, comenzaron la recuperación de una parte de su territorio ancestral. La ocupación “Wagueira Lee” (que significa “Esta es tierra nuestra”) toma el nombre del primer asentamiento garífuna de la zona, tras ser expulsados de la isla de San Vicente en 1791.
El pasado 7 de noviembre, un comando integrado por militares y policías desalojó violentamente a quienes allí se encontraban y detuvieron a seis personas, acusadas del presunto delito de “usurpación”; todo esto, sin respetar el convenio 169 de la OIT sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas ni la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos. Si bien el 25 de noviembre, las y los defensores obtuvieron el sobreseimiento definitivo, esta causa contra la recuperación “Wagueira Lee” evidencia la perspectiva que construye el Estado Hondureño sobre sus pueblos indígenas y los territorios que habitan.
La recuperación ancestral de los territorios por parte de las comunidades indígenas no es solo un derecho, sino que también es una acción constante de defensa de la vida, frente al modelo de muerte que insiste en mercantilizar y destruir la naturaleza. Los pueblos indígenas de toda la región construyen alternativas y nos enseñan, en sus prácticas cotidianas y de defensa de los territorios, que otra vida sin desigualdades, y en armonía con la naturaleza, es posible. Para conocer sus propuestas, la agencia de noticias BiodiversidadLA dialogó con Miriam Miranda, Defensora de los Derechos Humanos y lideresa de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH).
Hemos visto que, durante el gobierno de Xiomara Castro, los desalojos y violencias contra el pueblo garífuna persisten. ¿Cuál es su lectura ante esta situación?
La situación es muy compleja. En el caso del desalojo, vemos cómo el aparato de la justicia de este país protege los intereses de los empresarios, de la gente que tiene el poder y el control económico a nivel nacional e internacional. Este juicio lo mostró con mucha claridad, se ven los vicios de nulidad: la fiscal que ordenó la captura de los compañeros y compañeras no estaba facultada para hacerlo y mucho menos la policía.
Nosotros y nosotras creemos que este es un contexto muy difícil para el pueblo garífuna, para los pueblos que luchamos por los territorios, porque el poder de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público se muestran permanentemente contra nosotros y a favor de los empresarios que nos quieren desplazar. Sin embargo, estamos decididos a seguir denunciando este tipo de hechos. A su vez, entendemos que la Presidenta, como la comandante en jefe tanto de la Policía como del Ejército, podría haber detenido ese desalojo. No se puede desmarcar la responsabilidad de este nuevo gobierno.
¿Por qué es importante escuchar y conocer la mirada del pueblo garífuna para comprender la historia de Honduras?
En nuestro país se dieron sucesivos golpes de Estado, aunque mucha gente no lo recuerde. Los pueblos garífunas, así como otros pueblos indígenas, vemos con claridad esa continuidad de amenazas contra nuestra soberanía territorial. No fue solamente el golpe del 2009, nosotros hemos vivido tres golpes de Estado sucesivos: en 2009 sacaron al Presidente de la República; en 2012, el Congreso Nacional dio un golpe contra la Corte Suprema de Justicia y sacaron a varios magistrados que se oponían al proyecto de muerte de las Ciudades Modelos, hoy conocidas como “Zedes”; y el golpe electoral que nos dieron en 2017, cuando Juan Orlando Hernández se impuso, a través de la bota militar, para seguir siendo Presidente de la República.
Con este escenario, es muy claro que estamos hablando de una destrucción de la institucionalidad; no se rompió solamente la construcción de esa democracia incipiente, sino que se generó un Estado fallido y es eso lo que se muestra en este momento. Nosotros sabemos que debe haber interdependencia entre los poderes del Estado pero, también, tiene que haber Justicia. Nosotros no queremos y no pretendemos que no haya interdependencia, que haya un solo gobierno que controle todos los poderes, porque así lo hizo Juan Orlando Hernández.
¿Cuál es la exigencia del pueblo garífuna en este contexto?
Nosotros estamos exigiendo que haya Justicia para los pueblos, porque eso fue lo que prometió la Presidenta. Hoy nos encontramos en una situación muy difícil para el pueblo garífuna, porque las empresas y el poder económico quieren avanzar sobre nuestros territorios.
La situación es bastante grave porque son quienes controlan el país. Entonces, estamos entrando a una etapa diferente, porque quieren hacer desaparecer a nuestra comunidad. Nosotros hemos venido luchando y construyendo procesos genuinos y colectivos. Porque también, y quiero decirlo claramente, estos procesos supuestamente “democráticos” que se vienen impulsando por el actual gobierno atentan contra la vida del pueblo, contra la Soberanía Alimentaria y contra nuestra organización.
¿Cuáles son las propuestas cotidianas con las que OFRANEH construye alternativas a las planteadas por el gobierno?
Desde OFRANEH no defendemos solamente los derechos de los pueblos indígenas, mediante lo que es la movilización y la posibilidad de poder acudir a instancias internacionales. También estamos construyendo autonomía y autogestión comunitaria frente al capitalismo voraz, que destruye la naturaleza. En ese contexto, nosotros hemos construido el primer proceso para la producción masiva de cocoteros, en un territorio donde tenemos a nuestro alrededor las palmas africanas. Tenemos ese proceso comunitario no solamente para recuperar la dieta alimenticia del pueblo garífuna, sino también para generar autonomía y fortalecer la Soberanía Alimentaria, y que las comunidades puedan producir sus propios alimentos. Eso es lo que estamos haciendo ahora en la zona de Vallecito, un proyecto que no sólo produce coco conífera, sino que también lo estamos combinando con la producción de tubérculos, como la yuca, que es la base alimenticia del pueblo garífuna.
Las comunidades indígenas ponen la vida en el centro. Por eso es imprescindible, sobre todo frente a una crisis climática sin precedentes, conocer sus expresiones y propuestas de organización y vida social. ¿Qué lectura hacen de la crisis climática desde el territorio garífuna y cuáles serían las propuestas reales que podrían ponerle un freno?
No podemos perder de vista que este modelo y este sistema capitalista acumulador pone el capital por sobre la vida humana. Está poniendo en riesgo a toda la humanidad, y eso lo sabemos muy bien. Atenta contra la alimentación, la salud y las necesidades básicas del pueblo, ya que se han convertido en mercancías. La persona que tiene dinero puede tener acceso a la salud. Se pone en riesgo la vida humana porque la salud se ve como una mercancía, se ha generado una industria farmacéutica acumuladora de capital que pone al negocio por sobre la salud, que es un derecho humano.
Por eso, nosotras y nosotros creemos que son un fracaso absoluto las Cumbres Climáticas que se han venido dando, porque no solamente no se toman decisiones para reducir la emisión de gases y la polución, sino que tampoco se toman decisiones radicales que permitan hacer respirar al planeta. Para nosotras y nosotros hay que trabajar sobre el consumo desmedido de todo lo que daña el planeta y la naturaleza, como el plástico, por ejemplo. Si no se toman decisiones radicales y se sigue poniendo al capital por sobre la salud humana, vamos a perecer y a desaparecer como humanidad, pero la tierra se va a regenerar.
En portada: Manifestantes en el 41 aniversario de la masacre de El Mozote en El Salvador
Sobrevivientes y familiares de víctimas de la masacre de El Mozote, acompañados de oganizaciones salvadoreñas de derechos humanos, realizaron manifestaciones para reclamar el fin de la impunidad para los responsables de la que es considerada una de las mayores masacres ocurridas en Latinoamérica.
Según un Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas del año 1993, entre los días 9 y 13 de diciembre de 1981, miles de elementos del Ejército salvadoreño ejecutaron la “Operación Rescate”. Encabezados por el batallón Atlacatl, entrenado por EEUU, el despliegue militar ocurrió en poblaciones del noreste del departamento de Morazán con el pretexto de buscar un campo de entrenamiento guerrillero.
Acorde a registros del país centroamericano aquella incursión militar saldó con por lo menos 1,730 víctimas. De ellas, 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las víctimas y 29 fueron desplazadas forzadamente por la violencia.
Para el año 2017, el gobierno de El Salvador reconoció que de entre las personas ejecutadas, 558 eran niños quienes fueron asesinadas en El Mozote y las comunidades adyacentes. Además, 712 personas que sobrevivieron al ataque huyeron a diferentes regiones del país y hacia Honduras para evitar ataques futuros.
“Trajeron a toda la gente a este parque con engaños de que vendría la Cruz Roja”, señala una guía en el memorial de El Mozote donde se registran los nombres de las víctimas. Foto: Juliana Bittencourt.
“Los asesinos quieren que olvidemos para garantizar su impunidad” y “Ayudemos a romper las cadenas de la impunidad”, fueron algunas de las consignas de los manifestantes en el 41 aniversario de la matanza ocurrida a menos de 200 kilómetros de la capital del país.
Las jornadas para conmemorar la masacre iniciaron el sábado (10) con una caminata desde la población de Arambala hasta El Mozote. Ahí las personas colocaron ofrendas florales en el monumento donde están escritos algunos de los nombres de las víctimas.
Amnistía inconstitucional
Hasta el día de hoy, ni una sola persona ha sido juzgada por los graves crímenes cometidos en El Mozote y otras regiones de El Salvador durante la guerra civil entre el Ejército y la guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).
Entre los años 1980 a 1992, se registraron más de 75,000 muertos, 7,000 desparecidos y miles desplazados por la violencia que llegó a un cese de fuego con la firma de la paz en 1992. Para 1993, la Comisión de la Verdad de la ONU informó que las fuerzas militares, así como escuadrones de la muerte respaldados por el gobierno, habían cometido el 85% de las violaciones a derechos humanos.
Días después de la difusión de esta información, la Asamblea Legislativa salvadoreña, en aquel momento dominada por el partido derechista ARENA, aprobó la Ley de Amnistía de 1993 la cual impedía la investigación, el procesamiento y el encarcelamiento de los responsables de crímenes de guerra.
Sitios donde fueron encontrados los restos de las personas asesinadas por el ejército salvadoreño. Fotos: Juliana Bittencourt
No fue hasta el 8 de marzo de 2011, luego de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acreditara la responsabilidad de los ataques al Estado de El Salvador por numerosas violaciones a los derechos humanos, cuando se promovió el enjuiciamiento de los responsables por las masacres.
Para octubre de 2012, la Corte Interamericana emitió una sentencia en la que condenó al Estado salvadoreño por la masacre de El Mozote y ordenó una serie de medidas para reparar los daños causados. Ya en julio de 2016, la Corte salvadoreña declaró inconstitucional la Ley de Amnistía, permitiendo con ello la reapertura del caso en los tribunales del país centroamericano.
Contrainsurgencia promovida por EEUU
La masacre de El Mozote aconteció apenas siete semanas antes de que la administración del presidente norteamericano, Ronald Reagan, tuviera que presentar al Congreso de los EEUU una certificación de cumplimiento de los derechos humanos por parte del ejército salvadoreño.
Para Reagan, El Salvador representaba un frente contra el avance del comunismo en Latinoamérica, por lo cual su gobierno se había comprometido a mantener la ayuda militar para el país centroamericano. De acuerdo a Terry Karl, profesora de estudios latinoamericanos de la universidad de Stanford, esto llevó a la administración de Regan a realizar un “sofisticado encubrimiento” de la masacre de El Mozote.
En un testimonio de abril de 2021, Karl reveló que el gobierno de Estados Unidos ocultó la presencia de el sargento mayor Allen Bruce Hazelwood, asesor militar estadounidense en Morazán, junto con el coronel Domingo Monterrosa cuando comenzó la masacre.
Rufina Amaya, campesina sobreviviente de la masacre de El Mozote denunció las atrocidades cometidas por el ejército salvadoreño. Foto: Juliana Bittencourt
Como parte del encubrimiento también se involucraron el entonces Secretario de Defensa Casper Weinberger y Colin Powell, ex asistente militar de alto rango. En 1983, Powell y Weinberger formaron parte de una misión de investigación en El Salvador que concluyó que Estados Unidos debía seguir entrenando y financiando al ejército salvadoreño aún después de que el ejército salvadoreño, con ayuda estadounidense, masacrara a civiles en El Sumpul y en El Mozote.
Entre los años de 1980 y 1982, la ayuda militar estadounidense a El Salvador aumentó de 6 a 82 millones de dólares, lo cual alentó una campaña de tierra arrasada que derivó en la matanza de civiles, perpetrada por batallones salvadoreños de élite creados y entrenados por Estados Unidos.
Estado incumplió
En los actos para recordar el 41 aniversario de la masacre de El Mozote estuvo presente la procuradora salvadoreña de Derechos Humanos, Raquel Caballero. Recién electa en octubre de 2022, y sobre quien pesan acusaciones por nepotismo, su actuación ha restado importancia a las denuncias por violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen de excepción que vive El Salvador desde marzo de este año.
Presente ante organizaciones y sobrevivientes de la masacre, la funcionaria reconoció queel Estado salvadoreño incumplió con la misión de investigar las masacres y sancionara las personas responsables.
Desde el 9 de junio de 2017, el caso de la Masacre de El Mozote se encuentra en la fase de investigación en un tribunal de San Francisco Gotera, al oeste del país, desde donde se ha convocado a más de 40 testigos.
“Meses después de la firma de la paz en 1992, nosotros nos venimos acá”, cuenta una de las guías del memorial de El Mozote quien aún no nacía cuando su madre abandonó el lugar cercado por militares. Foto: Juliana Bittencourt
En 2021, una reforma del presidente Bukele a la Ley de la Carrera Judicial, la cual cesa a los jueces sexagenarios o con 30 años de servicio, separó al juez Jorge Guzmán Urquilla, quien conducía la causa penal por la masacre de El Mozote, estancando con ello el proceso aún a pesar de las múltiples pruebas acusatorias.
La causa penal a cargo de Guzmán contra más de una docena de mandos militares, incluidos algunos miembros de la cúpula militar de la época, estaba a punto de pasar a juicio. Pese a que la causa fue retomada por la jueza Mirtala Portillo, el proceso no avanza.
De acuerdo con medios locales, en el caso se encuentran imputados 15 militares retirados. Pese a que, en un principio eran 17, tres de ellos fallecieron y posteriormente uno más fue imputado. Entre el grupo de militares implicados se encuentra el ministro de Defensa, José Guillermo García, condenado en Estados Unidos y deportado a El Salvador y Jesús Gabriel Contreras, ex jefe de operaciones del Estado Mayor del Ejército.
“En este tiempo, a 41 años, seguimos pidiendo justicia (…) creemos que este año ha sido bien complicado y que es el momento que, no solo El Mozote y la Asociación, sino que El Salvador entero pueda alzar la voz y pedir justicia sobre el caso”, detalló para medios internacionales Leonel Claros, presidente de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote y cuya hermana de 12 años fue asesinada.
