22/08/2022.
50 años, medio siglo, es la pena que le han impuesto nuevamente a nuestro compañero Miguel Ángel Peralta Betanzos, originario de Eloxochitlán de Flores Magón Oaxaca, tras la revocación de la sentencia de libertad que obtuvo el 14 de octubre de 2019, después de haber estado  en prisión política por cuatro años, cinco meses, catorce días.
El pasado 4 de marzo de 2021, la Tercera Sala Penal del Tribunal  Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, por una apelación a la  sentencia de libertad interpuesta por el Agente del Ministerio Público del Juzgado Mixto de Primera Instancia de Huautla de Jiménez, impuso una   sentencia condenatoria de segunda instancia, por los dos delitos que le han fabricado a Miguel desde diciembre de 2014; Homicidio calificado con las agravantes de premeditación y ventaja, y Tentativa de Homicidio con la agravante de ventaja por la Causa Penal 02/2015.

Con dicha resolución, ordena al Juzgado Mixto de Primera Instancia girar  una orden de reaprehensión para privarlo de su libertad en cualquier prisión de Oaxaca que tenga cupo, por la condena de 50 años.  Incongruente e indolente llamarle “Tribunal de Justicia”, cuando lo que prevalece en sus Salas es la impunidad y la intromisión de otros poderes. Hoy nos preguntamos una vez más: ¿bajo que elementos jurídicos,  teniendo más de 24 resoluciones judiciales, incluyendo resoluciones de  ese mismo tribunal, en favor de las 35 personas señaladas en el  expediente, por uno u otro delito, sea Miguel el único al que le revoquen  su libertad, le reafirmen los dos delitos que le han fabricado y le  condenen a prisión con una pena de medio siglo? No existe una sola  prueba judicial consistente dentro del expediente, pero sí la prueba  política de un castigo ejemplar ante la defensa comunitaria y la  autodeterminación.

Ya desde el día en que se ganó su libertad en 2019, gracias a una lucha  política y jurídica, los señalamientos hacia su persona por parte del  gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat y por la entonces diputada local  por MORENA y expresidenta de la Comisión Permanente de  Administración y Justicia de la LXIV Legistlatura de Oaxaca, Elisa  Zepeda Lagunas, se hicieron visibles. Evidenciando con ello que tanto el  poder ejecutivo como el legislativo del estado de Oaxaca, habían enviado  una carta a quien en ese año era la Presidenta del Tribunal para  la “revisión del caso” ante su inconformidad por la libertad, es decir,  mostraron una vez más la intromisión en el aparato judicial, desde su  posición de poder.

No suficiente con esa intromisión, el 29 de octubre de 2019, 42 diputados  y diputadas de MORENA y el Partido del Trabajo del  Congreso Federal, firmaron un “punto de acuerdo” en el que violentan  una vez más el debido proceso de Miguel, al validar la versión pública de  Elisa Zepeda, por su cargo como diputada, sin fundamentos jurídicos  conforme al expediente y cuestionan descaradamente una resolución  judicial sin conocimiento de la Causa Penal 02/2015, ya que lo señalan  de hechos que no constan en ninguno de los tomos. Con la nueva  sentencia en contra de nuestro compañero al condenarle a 50 años de  prisión y el uso del aparato legislativo y ejecutivo por parte del partido  que sostiene el poder en México, se está reafirmando la persecución  política que se ejerce hacia Miguel y las personas indígenas que  defienden sus propias formas de organización frente a un sistema de  partidos políticos que ostentan los grupos caciquiles en Oaxaca, en  complicidad con el sistema de justicia estatal y nacional. Quienes en  conjunto, ya le arrebataron cuatro años de su libertad y ahora intentan  quitársela por 50 años.

A su salida, Miguel continuó denunciando la fabricación de delitos y el  injusto encarcelamiento de sus siete compañeros presos de Eloxochitlán,  así como de quienes aún tienen órdenes de aprehensión. Esto le ha  llevado a seguir siendo criminalizado, por el hecho de no callar y  denunciar los abusos de poder de un grupo caciquil que ha reprimido a su  comunidad por más de 10 años, y que finalmente han logrado la  ruptura del tejido comunitario, la desintegración de familias, el  desplazamiento forzado, la persecución con órdenes de aprehensión y el  encarcelamiento por la fabricación de delitos. Miguel junto con sus  compañeros continúan presos y perseguidos por un conflicto social y  político que a través del castigo judicial con penas como la que le han  impuesto nuevamente, como lo son 50 años de prisión, que sin pruebas,  con testigos que se contradicen, que son inconsistentes o que incluso  niegan haber declarado, pretenden la inmovilidad y el silencio. Es por  ello, que les hacemos un llamado a su solidaridad que nos ha venido  acompañando durante todos estos años, para que se pronuncien en contra  de la sentencia de 50 años y la persecución en contra de Miguel  por parte del régimen partidista en el poder, y la posible reaprehensión,  así como por la libertad inmediata de los siete presos políticos de  Eloxochitlán y el cese de las órdenes de aprehensión de los desplazados  por el mismo conflicto.

Les pedimos estén atentas y atentos a cualquier  intento de detención o daño a la integridad de Miguel, de su familia y de sus abogados. Porque  no es menor decir que los señalamientos que se han hecho en su contra,  provienen de una ex diputada del partido en el poder y quien actualmente  forma parte del equipo del gobernador electo en Oaxaca por  MORENA. Ante el contexto de impunidad y criminalización que se  vive en Oaxaca y en el país en general, responzabilizamos a Elisa Zepeda  Lagunas, a su padre Manuel Zepeda Cortés y a su grupo  caciquil-partidista, de la persecución política y actos de hostigamiento y  represión que se han desatado en contra de Miguel con esta nueva  sentencia. ¡Los años de condena reflejan la saña con la que se persigue a  quienes luchan, pero también nos llenan de rabia y coraje para no desistir!

Alto a la persecución política! Abajo los muros de las prisiones!
Presxs A la calle!! #Libres Ya!!
Grupo de apoyo en solidaridad con Miguel Peralta Betanzos

Al pueblo de México y del mundo
Al Congreso Nacional Indígena
A las instituciones y organización de derechos humanos
A los medios de comunicación

La comunidad indígena autónoma de San Lorenzo de Azqueltán, en el municipio de Villa Guerrero, Jalisco, denunciamos que el día 19 de agosto de 2022 a las 14:00 horas, el cacique José Flores Sánchez, conocido también como La Polla, llegó al predio comunal donde una comisión de comuneros se encontraba trabajando por mandato de la asamblea general, construyendo el espacio cultural tepehuano, proyecto en el que hemos estado empeñados durante los últimos meses.

Esta persona que no pertenece a nuestra comunidad indígena, entró sin permiso al predio y estaba acompañado por Cayetano Aguilar Quiñones, quien constantemente ha lucrado con las tierras comunales y hoy ocupa el cargo de comisario municipal de Azqueltán, en el gobierno del municipio de Villa Guerrero, Jalisco.

Al entrar, preguntó a los comuneros que se encontraban construyendo una barda, que quién los traía ahí trabajando y que el predio era de su propiedad; a lo que los comuneros le respondieron que acudiera al tribunal agrario si creía tener algún derecho sobre ese predio, que mide aproximadamente una hectárea y media, que pertenece a nuestra comunidad y que incluso está en la cabecera comunal.

Su respuesta fue que “esto no se arregla con tribunales, se arregla levantando y secuestrando”, lo que dijo estando presente el comisario municipal, quien acudió al predio presentándose con dicho cargo. Este mismo hostigamiento, Cayetano Aguilar Quiñones ya lo había hecho anteriormente en el mes de marzo, abusando del poder que le dio el ayuntamiento municipal mediante el puesto como comisario.

Cayetano Aguilar Quiñones es el mismo que ha ocupado antes el cargo de comisariado del ejido San Lorenzo de Atzqueltán, desde donde ha pretendido usurpar la representación agraria sobre los terrenos comunales. Con la complicidad omisa de instituciones de gobierno de todos los niveles para atentar en contra de los bienes colectivos.

Cayetano Aguilar ha vendido descarada y fraudulentamente la tierra que no le pertenece, rentando el territorio comunal a personas externas para el pastoreo de ganado, lucrando con la madera del bosque de pino y hasta dando permisos para hacer prospección minera.

Nosotros, que somos comunidad indígena, tenemos a la asamblea general de comuneros como máxima autoridad, y sus determinaciones son nuestro gobierno agrario; que en términos de nuestra autonomía y libre determinación, están respaldadas por la Constitución de México y por los convenios internacionales en materia de derechos humanos firmados por el Estado Mexicano.

Ante lo anterior, manifestamos lo siguiente:

1. Hacemos responsable a José Flores Sánchez y Cayetanos Aguilar Quiñones, así como a su grupo violento encabezado por Favio y José Guadalupe Flores Sánchez, de cualquier agresión en contra de nuestras autoridades y comuneros, así como de cualquier situación de violencia que atente contra nuestra comunidad.

2. La impunidad y protección que los gobiernos, ministerios públicos y jueces han dado a estos violentos caciques, representa un grave riesgo para la paz de nuestra comunidad y la vida de los comuneros.

3. Esta agresión se suma a una larga lista de agravios, amenazas, ataques armados, intentos de homicidio, secuestro y desaparición, que hemos denunciado en 32 carpetas de investigación que solo han garantizado impunidad a este grupo violento.

4. Hacemos un llamado urgente a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para que actúen y tomen cartas en este asunto en la medida se sus competencias legales, con pleno respeto nuestra autonomía y libre determinación.

5. Llamamos respetuosamente a la atención y solidaridad de los pueblos y comunidades indígenas, así como de la sociedad civil nacional e internacional, para que nuestra exigencia de paz y respeto sea escuchada y para que no regrese, nunca más, la violencia que busca robar las tierras comunales, mismas que tenemos amparadas por el título virreinal desde el año 1733.

Atentamente
Agosto de 2022
Nunca más un México sin nosotros.

Comunidad Autónoma Tepehuana y Wixárika de San Lorenzo de Azqueltán, municipio de Villa Guerrero, Jalisco

Plan de justicia y necesidad de parar la violencia en la sierra wixárika.

18 de Agosto 2022

1. El presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador visitará próximamente Santa Catarina Cuexcomatitlán y Tuapurie, Municipio de Mezquitic, Jalisco, como parte de los acuerdos establecidos en la Ciudad de México en marzo de este año, para firmar y anunciar el Plan de Justicia comprometido al pueblo wixárika.

2. Desde abril , y como parte del avance, se han realizado varias reuniones de los pueblos wixárika, nayeri, od´ham y mexicas para establecer un Plan de Justicia que responda lo más amplio posible a sus problemas y necesidades.

3. El jueves 11 de agosto 3 comuneros wixaritari (dos adultos y un menor de edad) fueron secuestrados en los alrededores de Minillas, municipio de Mezquitic.

4. Cumplían con el trabajo ceremonial de cacería de venado, el cual es parte de sus costumbres tradicionales para agradecer por la vida y el ciclo de lluvias de este 2022. La cultura wixárika aún preserva la costumbre de dialogar directamente con la naturaleza. Es una de las más ricas manifestaciones vigentes de nuestra herencia cultural de origen milenario.

5. Los tres wixaritari aparecieron en la madrugada del lunes 15 de agosto del presente año golpeados y amenazados.

6. Este hecho nos obliga a emitir un fuerte reclamo para que resuene en todas las esferas: NECESITAMOS una respuesta contundente para que los agresores sepan que el pueblo wixárika es un tesoro cultural que viene de tiempos remotos con la proeza de mantener viva su brasa de conocimiento ancestral. Y QUE TIENEN EL AMPLIO APOYO DE LA SOCIEDAD CIVIL MEXICANA EN EL SEGUIMIENTO DE SUS TRADICIONES

7. Esto, por lo tanto, es un llamado al gobierno, la policía, el ejército, los campesinos mestizos y el crimen organizado a que NO SE INTERRUMPA NI SE OBSTACULICE el que el pueblo wixárika cumpla su cargo  de sostener un rezo para iluminar la vida de todos los seres vivos. Ese rezo implica la cacería del venado como moneda energética que multiplica toda vida. No es posible que esta tarea sea perseguida en pleno siglo XXI. ¡Exigimos respeto a estas tradiciones milenarias!

8. Esto no es un caso aislado; en la sierra wixárika ha llegado la violencia y la restricción de la libertad. EN LOS ÚLTIMOS AÑOS HA INCREMENTADO Y ESCALADO DE FORMA alarmante LA VIOLENCIA.

9. POR ELLO NOS ES NECESARIO CUESTIONAR cuáles serán los puntos prioritarios del Plan de Justicia.

10. Ningún bien material, ninguna aula, centro de salud, carretera, por más necesarias que sean, se compara con el derecho de transitar con seguridad y confianza por los hermosos paisajes de su territorio. Y ese sencillo derecho hoy está borrado de la vida cotidiana. Hay temor y muchos casos de agresión que se suman al expediente.

11. Solicitamos que el presidente Lic. Andrés Manuel López Obrador garantice el libre tránsito del pueblo wixárika cumpliendo con su costumbre de amar la vida.

ROMPIENDO FRONTERAS

CHILE: Presos de la Revuelta. Audio de Radio Kvrruf parte de una serie de podcast sobre los presos de la revuelta y de la lucha en $hile. Radio Kvrruf.

EL SALVADOR: En El Salvador, casi 60 muertes en cárceles y más de 230 personas desaparecidas durante el régimen de excepción. Voces nuestras.

SOFTWARE LIBRE: UN PINGÜINO CONTRA BILL GATES. Radialistas apasionados.

DESDE EL OMBLIGO DEL MONSTRUO

MILITARIZACION:  AMLO confesó a EEUU en 2006 su plan para militarizar la seguridad en -México, según una revelación de Wikileaks en Grieta; Militarización ante los visos de ingobernabilidad en Tlachinollan y AMLO confesó a EEUU en 2006 su plan para militarizar la seguridad en México, según una revelación de Wikileaks.

CDMX: Habitantes de Xochimilco y Azcapotzalco presentan quejas ante la CDHCM por la construcción de cuarteles de la Guardia Nacional

MEXICO:  Entrevista a Mario Quintero participante de la Caravana por el Sureste del México profundo.

CDMX: Entre la burla y el desprecio: Otomíes denuncia uso indignante de su imagen por parte de campañas preelectorales en redes de Sheinbaum.

MUSICA:

Las leyes – Evelyn Cornejo

Ayotzinapa – Sonora Criminal

Luna Negra Reague

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

^{Foto de portada: CDH Frayba}

A 13 años de distancia, integrantes de la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal rememoraron el 12 de agosto de 2009, fecha en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió liberar a los paramilitares presos por su participación en la masacre ocurrida el 22 de diciembre de 1997 en el poblado tzotzil de los Altos de Chiapas.

“Como sobrevivientes queremos comunicarles que seguimos firmes en la lucha por la justicia y verdad para nuestras y nuestros mártires. Somos testigos verdaderos de esos terribles hechos y seguiremos denunciando a los responsables de la masacre”, afirmaron mediante conferencia de prensa realizada en San Cristóbal de las Casas.

La organización tzotzil reclamó al Estado mexicano la liberación de los autores de la masacre, pues incluso algunos confesaron haber participado en el crimen, así como también fueron identificados por víctimas, lo cual representa una “impunidad avergonzante” por parte de la SCJN.

También reiteraron que estas personas continúan activas y atacan a la organización tzotzil, “ya no con armas de grueso calibre y machetes, sino con burlas, desprecio, amenazas, engaños y múltiples intentos para dividirnos, sobornarnos y acabar con nuestra Organización”.

Las Abejas de Acteal enfatizaron la denuncia sobre la presencia activa de grupos paramilitares y sus sucesores, cuyas armas siguen siendo una amenaza en sus comunidades que nunca fueron decomisadas. “Dichos grupos siguen operando en la impunidad bajo la protección de las autoridades y por lo mismo siguen viviendo una violencia tanto en el municipio de Chenalhó, como en Pantelhó y municipios vecinos”.

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Un ejemplo de la impunidad con que operan se ejemplifica con la falta de justicia en el caso de Simón Pedro Pérez López, ex presidente de la misma organización asesinado hace poco más de un año. “Su asesinato sólo le conviene a quienes les incomoda y quieren apagar nuestra lucha no-violenta por la verdad y la justicia. Este hecho tan lamentable es un motivo más para nuestra lucha”, afirmaron mediante comunicado.

Lucha por justicia

Las Abejas de Acteal declararon que, aunque el Estado, los paramilitares y delincuentes quieren introducir el miedo, continúan trabajando para conseguir justicia por la Masacre de Acteal, la cual se mantiene en impunidad en los tres niveles de gobierno.

La organización tzotzil recordó que en marzo de 2005 llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mismo que fue admitido en noviembre de 2010. Por ello continúan en la espera del Informe de Fondo de la CIDH “que ordenará al Estado mexicano a que asuma su responsabilidad internacional por la masacre de nuestras hermanas y hermanos, que es un crimen de lesa humanidad”.

Además, reclaman que el Estado mexicano asuma públicamente el desplazamiento forzado, la quema de casas, el robo de pertenencias y “el solapamiento a los autores materiales e intelectuales de la masacre tales como los titulares de aquel entonces de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas, jueces de distrito, magistrados y los ministerios públicos, hasta los propios ministros de la SCJN que han tenido responsabilidad en el aplazamiento de la justicia”.

Todo esto, rememoraron, aconteció durante la guerra de contrainsurgencia prevista por el Estado mexicano en el llamado Plan de campaña Chiapas 1994, operado por la Secretaría de la Defensa Nacional durante la gestión del presidente Ernesto Zedillo.

Acorde a Las Abejas de Acteal, en dicho plan existió la coordinación entre los tres niveles del gobierno “para crear, reclutar, entrenar, financiar con armas y proyectos gubernamentales a los grupos paramilitares que les hicieron el trabajo sucio en Chiapas, mientras simulaban el diálogo con el EZLN (Ejército Zapatista de Liberación Nacional) para una salida negociada al levantamiento armado, violando la Ley de Concordia y Pacificación para una Paz Justa y Digna en Chiapas”.

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La organización sostuvo que, en el municipio de Chenalhó, los principales colaboradores de este Plan fue un grupo de paramilitares priístas que se coordinó con cuerpos de Seguridad Pública Estatal y funcionarios públicos priistas y del Partido del Frente Cardenista de aquel entonces.

Por último, Las Abejas destacaron que han sobrevivido a distintos intentos de división de su organización, “que quisieron rematar con la idea de la solución amistosa para engañar a la opinión pública y a un grupo de los sobrevivientes de la Masacre, de que es posible la justicia en el caso Acteal sin tocarle un pelo al Ejército Mexicano ni a los responsables de la Seguridad Pública que llevaron a cabo los Planes de Campaña que dieron origen, hicieron posible y supervisaron la creación y actuación de los grupos paramilitares impunes en Chiapas, cuyas secuelas seguimos enfrentando”.

Fuente: Avispa Midia

Por Aldo Santiago

^{En portada: Garífunas provenientes de distintas comunidades realizaron una manifestación pacífica en las instalaciones del Ministerio Público para exigir justicia por la desaparición forzada de cuatro jóvenes y el respeto de sus derechos territoriales ancestrales.}

César Benedict suelta una pequeña sonrisa y dirige su vista en dirección al mar. “Los traje al lugar mas bonito de Triunfo de la Cruz”, menciona, orgulloso de su presencia en estas tierras, donde a su alrededor se asoman plantas de yuca y cocos sembrados por mujeres y hombres de la comunidad garífuna.

Nos encontramos con César, miembro de esta comunidad en la Bahía de Tela, costa atlántica de Honduras, quien nos recibe en una de las zonas de mayor conflicto por el control de las tierras entre la comunidad afroindígena y sectores empresariales, principalmente de la industria turística.

La parsimonia de las olas del mar caribe que bañan este paraíso contrasta con el contexto de violencia y despojo que viven las comunidades garífunas. Entre los años del 2012 al 2022 han reportado 105 ataques contra sus miembros y sólo en lo últimos siete años han sido asesinadxs 25 defensorxs de los territorios garífunas.

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Según la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), esta situación se agravó después de que en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó la razón a esta comunidad garífuna y responsabilizó al Estado de Honduras por violar el derecho ancestral y colectivo al territorio de sus habitantes.

En Triunfo de la Cruz no existe la propiedad privada, pues cuenta con un título de dominio colectivo que prohíbe la venta a personas ajenas de la comunidad, pero en este paraíso de aguas cristalinas existen complejos turísticos de lujo que contrastan con las viviendas en la comunidad.

Invasión

“Acá hay una franja donde solo hay casas de millonarios, les molesta mucho cuando ellos nos miran aquí”, menciona César, indignado, pues argumenta que estas tierras le han pertenecido durante generaciones al pueblo Garífuna quien hace más de 225 años se estableció en las costas del caribe hondureño.

En el caso de Triunfo de la Cruz, la sentencia de 2015 ordenó al Estado de Honduras la demarcación de las tierras de propiedad colectiva de la comunidad garífuna, donde destaca una extensión de 408 hectáreas correspondientes al Bloque A1, tierras en disputa por la presencia de construcciones de personas ajenas a la comunidad, “de los poderosos del país, como es el caso de la familia Andonie”, ejemplifica César sobre uno de los grupos de mayor poder en Honduras que mantiene inversiones en sectores mercantiles, comerciales y políticos.

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Parte de las tierras en conflicto han pertenecido tradicionalmente al sector agrícola de la comunidad de Triunfo de la Cruz. “Aquí trabajaban nuestros ancestros, de acá nos hicieron crecer a varios de nosotros. Había mucho coco, siembra de yuca, de plátano”, relata César sobre la vida antes de la aparición de los megaproyectos turísticos y de las amenazas y violencias que vinieron en consecuencia.

Desde el año de 1950, el estado de Honduras otorgó títulos de propiedad a favor de la comunidad de Triunfo de la Cruz, por lo que la comunidad garífuna cuenta con 615 hectáreas en “dominio pleno” y 128 en “calidad de ocupación”. No obstante, pese a que desde el 2001 el Instituto Nacional Agrario de Honduras (INA) reconoció 408 hectáreas como territorio tradicional de la Comunidad Triunfo de la Cruz, hasta la fecha estas tierras no han sido ni demarcadas, ni delimitadas, ni tituladas.

Además, entre los años 80s y 90s, la municipalidad de Tela realizó un proceso de ampliación del casco urbano mediante la cual incluyó tierras de la comunidad garífuna sin su aprobación. Según registra la sentencia emitida en 2015 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre agosto de 1993 y julio de 1995, la municipalidad de Tela vendió 44 hectáreas de tierra dentro del territorio ancestral de Triunfo de la Cruz, las cuales pasaron a manos de la empresa Inversiones y Desarrollos El Triunfo S.A. de C.V (IDETRISA) y de terceros para la ejecución del proyecto turístico Club Marbella. Este hecho elevó la conflictividad con persecuciones, amenazas y criminalización contra lxs garífunas que denunciaron la comercialización de su territorio ancestral.

“El mismo Estado se prestó para hacer títulos para los (empresarios) que supuestamente habían comprado y también entraron amenazado a la gente que estaba trabajando en esta zona. Cuando nos dimos cuenta, el Patronato estaba negociando con la municipalidad (…) estaban firmando acuerdos en nombre de la comunidad sin asamblea”, por esa razón, enfatiza César, los habitantes crearon el Comité de Defensa de Tierras Triunfeñas (CODETT) para así tratar los asuntos de tierras de manera separada a los patronatos.

En la actualidad y pese a la ilegalidad con que fueron erigidos, diversos complejos turísticos se promocionan en estas tierras caribeñas. Ejemplos sobran, como el hotel Villa Escondida que presume sus instalaciones de lujo con playa privada. También se encuentra el exclusivo desarrollo inmobiliario de 30 condominios denominado Playa Escondida, el cual fue construido dentro del territorio tradicional reclamado por la comunidad garífuna.

Destaca el proyecto estrella del plan turístico en la Bahía de Tela conocido actualmente como Indura Beach and Golf Development y que cuenta con cientos de habitaciones de cinco estrellas, club de playa, áreas verdes, un área comercial y un campo de golf profesional. Financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Hondureño de Inversión en Turismo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, este megaproyecto se construyó partir de agosto de 2005. A pesar de que fue realizado de forma inconsulta con la comunidad, el complejo hotelero se impuso, afectando a otras poblaciones garífunas, tales como la comunidad de Barra Vieja la cual ha sufrido ataques y amenazas de desalojo al encontrarse próxima a la entrada del hotel.

^{Aspectos de la comunidad garífuna Barra Vieja, la cual ha sufrido intentos de desalojo después de la inauguración del megarpoyecto turístico Indura Beach a finales de 2013. Fotos: Aldo Santiago y Renata Bessi}

“Ellos han entrado, atropellando los derechos de la comunidad, sin ninguna consulta y diciéndonos a nosotros que no somos hondureños”, comparte Benedict sobre la discriminación de los grupos de poder político y económico que han invadido los territorios garífunas.

Recuperaciones

Benedict, padre de familia y músico, también es parte de la resistencia de su pueblo al participar en el CODETT, organización creada hace décadas para encaminar los esfuerzos de sus habitantes en la protección de su territorio.

“Las amenazas usualmente vienen de los empresarios, los dueños de los terrenos que han acaparado. Cuando ellos sienten presión de parte de nosotros, pues mandan a sus guardias de seguridad a amenazar”, resalta el hombre garífuna al tiempo que advierte sobre la molestia de nuestra presencia en el lugar.

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Pese a la sentencia de la CIDH, el gobierno ha dilatado por años el proceso para devolver las tierras a la comunidad afroindígena, pues uno de los pasos para conseguirlo es mediante el “saneamiento” de los terrenos, es decir, de la obligación del Estado hondureño para pagar indemnizaciones por más de 100 millones de dólares a los supuestos propietarios, algo que el gobierno se ha negado a realizar.

Cansados de esta omisión, lxs garífunas de Triunfo de la Cruz decidieron actuar para recuperar su territorio. “Les dije a mis compañeros, vamos a tomarnos ese espacio, porque después vamos a tomar todo”, rememora César sobre el momento en el que decidieron retomar las tierras desde donde ahora conversamos.

Benedict afirma que, pese a que aquí las amenazas e intimidaciones contra las y los garífunas se suscitan a diario, en esta acción participan 56 familias de Triunfo de la Cruz, quienes cuentan con el apoyo de la OFRANEH. “La mayor lucha la están haciendo las mujeres, son pocos los hombres que estamos aquí”, recalca César sobre las recuperaciones.

“La mayoría han dicho que van hacer su casa, por eso es que no han cultivado mucho porque quieren poner su casa para pasar a vivir aquí”, detalla César sobre los planes de la comunidad garífuna para continuar con la lucha por el reconocimiento del territorio garífuna.

Este territorio forma parte del denominado Bloque A1, el cual según la CIDH si es devuelto a la comunidad garífuna posibilitaría una prolongación geográfica entre los distintos territorios reconocidos de Triunfo de la Cruz, pues “esa falta de continuidad entre los distintos territorios que le fueron otorgados, dificulta el correcto uso y goce de los mismos”.

Dos años sin respuesta

De acuerdo a la OFRANEH, sólo entre septiembre de 2019 y agosto del 2020 más de una docena de líderes garífunas fueron asesinados o desparecidos debido a su participación en procesos de defensa de sus territorios ancestrales. Uno de los episodios más trágicos sucedió en la comunidad de Triunfo de la Cruz.

El 18 de julio del 2020, mientras regía un estado de excepción bajo el pretexto de la pandemia por la Covid-19, un grupo de hombres uniformados como policías y militares y portando armas de alto calibre secuestró a cinco personas de la comunidad. De entre ellos, cuatro jóvenes: Albert Snaider Centeno, quien entonces se desempeñaba como presidente del Patronato de Triunfo De la Cruz, Milton Joel Martínez Álvarez, Suami Aparicio Mejía García y Gerardo Misael Trochez Calix.

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César rememora el momento preciso de la mañana en que sacaron por la fuerza a su amigo Sneider de su hogar, pues personas de la comunidad llegaron corriendo a su vivienda para alertarle sobre lo que ocurría y el peligro de que también él, involucrado en la defensa de su comunidad, fuera capturado por los sujetos armados.

“Fue un momento muy difícil en mi vida”, menciona César al tiempo que cambia su semblante. Luego retoma el relato con enojo cuando aborda la respuesta de las autoridades. “Cada vez que vamos a buscar investigación, no hay, nada. Dejaron de comunicarse con nosotros. Hicieron un grupo que según ellos eran los que iban a investigar y hasta ahora hay silencio. Después de cumplidos dos años, las familias y la comunidad garífuna aún no tienen respuestas sobre su paradero”, lamenta Benedict.

Para el hombre garífuna aún son palpables las consecuencias que afectan a la comunidad. Tras el secuestro hubo personas que tuvieron que abandonar la comunidad y los jóvenes no quieren involucrarse en la organización debido al riesgo de otra posible agresión, pues existe el miedo latente de morir o ser desaparecido. “Es preocupante porque nosotros como jóvenes somos los que tenemos que defender esto”, afirma César en referencia al territorio ancestral garífuna.

Racismo institucional

El pasado martes (9), acompañadxs de tambores y cantos, las voces de 300 garífunas tomaron por sorpresa las instalaciones del Ministerio Público (MP) en Tegucigalpa. Al grito de “Vivos se lo llevaron, vivos los queremos”, lxs garífunas demandaron justicia en el caso de los cuatro jóvenes desaparecidos de la comunidad de Triunfo de la Cruz, así como la restitución de sus derechos territoriales ancestrales.

Para la OFRANEH, quien coordinó la acción y contó con apoyo de otras organizaciones y pueblos indígenas, es la falta de voluntad del Estado para el cumplimiento de las sentencias emitidas por la CIDH lo que le convierte en responsable de la ola de violencia desatada en contra de lideres y lideresas de las comunidades garífunas.

Según la organización, las violencias contra lxs garífunas son “mecanismos de presión y hostigamiento para el vaciamiento y despojo de nuestros territorios lo cual ha generado masiva migración de la población Garifuna para entregar nuestras tierras a los narco­empresarios quienes hoy controlan y tienen intervenidas todas nuestras comunidades”.

Indignada porque ningún funcionario del MP recibió a lxs garífunas y frente a la puerta cerrada de Óscar Chinchilla, fiscal general, Miriam Miranda, coordinadora de la OFRANEH, reclamó que desde julio de 2021 se apersonaron en el mismo lugar para solicitar una reunión con el funcionario debido a los nulos resultados en la investigación sobre el paradero de los cuatro jóvenes secuestrados. Hasta ese momento, enfatizó, nunca obtuvieron respuesta.

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En un video difundido por el medio Contracorriente, Miranda recalcó: “Hace dos años nos secuestraron a nuestros compañeros, y a siete años de la sentencia de la CIDH no ha existido voluntad del estado para cumplir la sentencia. Hoy tenemos seis meses de este gobierno y no vemos tampoco voluntad política”. Cabe recordar que, en agosto de 2020, la CIDH emitió una resolución dirigida al Estado de Honduras en la cual le ordena la protección de las comunidades garífunas, así como la búsqueda de los cuatro jóvenes desaparecidos de Triunfo de la Cruz.

Para OFRANEH la irresponsabilidad demostrada por el Poder Judicial es una manifestación más de racismo que desconoce los derechos ancestrales de autonomía y libre determinación del pueblo Garífuna. Por ello, ha exigido la creación de una Fiscalía Especial contra la Desaparición Forzada, así como la incorporación del Comité Garífuna de Investigación y de Búsqueda de los Desaparecidos del Triunfo de la Cruz (SUNLA en garífuna) como un ente de investigación independiente.

Territorios de lucha

“Triunfo de la Cruz es una de las pioneras en ese tema de la lucha, este territorio que han venido buscando quedarse con él, nuestros ancestros pues han luchado bastante por la permanencia de nosotros y no ha sido fácil”, rememora César Benedict sobre la historia de lucha que no ha cesado por parte de las comunidades garífunas desde hace décadas.

“Los nueve pueblos indígenas de Honduras, sino seguimos fortaleciendo la lucha pues nos van a desaparecer porque ya destruyeron lo que ellos tenían que son sus ríos y sus bosques. Como nosotros somos los únicos que conservamos nuestros ríos y nuestros bosques, y ahora se dieron cuenta que es dinero, ahora ya están inventando leyes, están metiéndole de todo para que puedan despojarnos de los pocos recursos que le quedan a Honduras. Los pueblos somos muy cuidadosos con la naturaleza y ahora vienen por esto”, asegura Benedict.

Pese a la tristeza por la violencia que ha sufrido Triunfo de la Cruz, César recobra el ánimo cuando habla sobre los planes que tienen para la recuperación de tierras, pues son ideas que compartía con su amigo Sneider. “Acá nosotros nos reunimos varias veces y nosotros decíamos que íbamos a fortalecer la lucha como jóvenes y él siempre venía acá, ponía su carro y decía: ‘esto lo vamos hacer una maravilla hermano, todo esto, vamos hacer que nuestra gente se venga para acá”, rememora.

Fuente: Avispa Midia

^{or Carolina Elizabeth Díaz Iñigo* y Francisco De Parres Gómez** / Foto de portada Santiago Navarro F.}

Avispa Midia comparte el siguiente texto que aborda la relación entre la pedagogía crítica zapatista y la resistencia epistémica y emocional que la hacen posible.

En el artículo, lxs autores desarrollan la relevancia de las emociones como parte concomitante de la colonialidad de la afectividad, en el marco de la colonialidad del poder. Además, analizan tres ejemplos de la resistencia epistémica y emocional de las comunidades zapatistas: 1) La educación autónoma zapatista; 2) la participación de las mujeres bases de apoyo; y finalmente, 3) los eventos públicos convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).

Todo ello, como parte de la construcción de otros significados en torno a la educación, no solo al interior del movimiento zapatista, sino también al exterior de las comunidades.

“Se trata de que usted se dé cuenta de que lo que les interesa a l@s zapatistas no son las certezas, sino las dudas. Porque pensamos que las certezas inmovilizan, o sea que un@ queda tranquil@, content@, sentad@ y no se mueve, como que ya llegó o ya supo. En cambio, las dudas, las preguntas hacen que un@ se mueva, que busque, que no esté tranquil@, que esté como inconforme, como que no le pasa el día o la noche. Y las luchas de abajo y a la izquierda, compas, nacen de las inconformidades, de las dudas, de la intranquilidad. Si un@ se conforma es porque está esperando que le digan qué hacer o ya le dijeron qué hacer. Si un@ está inconforme, está buscando qué hacer”.

(Subcomandante Insurgente Moisés, director de la Escuelita. Subcomandante Insurgente Galeano, Conserje de la Escuelita, México, Julio del 2015)

El presente texto surge de la experiencia de dos antropólogos sociales que han acompañado de manera presencial, como activistas Adherentes a la Declaración Por La Vida (2021) las actividades de las comunidades zapatistas desde hace por lo menos 10 años. Nos posicionamos desde el pensamiento crítico en lo que Sol Hurtado (2016) define como una Antropología Enraizada o en una línea similar, lo que Alberto Arribas (2015) propone como Antropología Colaborativa, mismas que hacen explícita la propia experiencia transubjetiva de quienes investigan, reconociendo que nos identificamos ideológicamente con los fenómenos que trabajamos. Ello, más allá de ser un filtro de valencia negativa, es una explicitación que se potencia de forma positiva, ya que pone en relevancia la dialéctica al situar a los investigadores en continua interacción con una realidad compleja en constante dinamismo. En otras palabras, las interacciones al hacer trabajo académico-militante afectan a quien lo realiza y, al mismo tiempo, quien investiga tiene efectos sobre lo que se intenta observar. Lo que predomina desde estos posicionamientos, es el hecho de que quienes escriben, se identifican desde su subjetividad epistémica-ideológica-política, con las ideas de transformación social y proyectos de construcción autonómica planteados por el EZLN.

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En un contexto más amplio que apela al compromiso ético de las ciencias, no podemos obviar que toda producción de conocimiento se encuentra entrecruzada por el poder de manera geopolítica. Al mismo tiempo, desde la Antropología Enraizada y Colaborativa, nos posicionamos como parte del pensamiento crítico que se produce desde los movimientos sociales, al participar de organizaciones como la Red Universitaria Anticapitalista (RUA), el Colectivo Paso Doble, el Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC) y el Colectivo Llegó la Hora de los Pueblos, agrupaciones principalmente de corte político, dedicadas al acompañamiento y vinculación entre las resistencias globales en reivindicación de las demandas zapatistas. De acuerdo a lo anterior, nuestra metodología se basa en el acompañamiento de las resistencias, predominando la observación participante y la recopilación de información principalmente cualitativa con la asistencia a la mayoría de los eventos mencionados en este escrito, lo que logra la compresión a profundidad de los procesos de construcción de epistemologías Otras y conocimientos, siendo un punto crucial, nuestra asistencia a la Escuelita Zapatista, ejercicio de enseñanza-aprendizaje realizado por las comunidades autónomas en el año 2013.

En primer lugar: analizaremos la educación autónoma zapatista y su función en la resistencia hacia el racismo y negación de las poblaciones originarias en México, en este proceso el arte de las comunidades es crucial; en segundo lugar, abordaremos la participación de las mujeres bases de apoyo como uno de los pilares que dan cuenta de la emergencia de emociones que desafían la colonialidad de la afectividad, lo que favorece la construcción de una política hecha desde las mujeres que se opone y cuestiona no solo el orden patriarcal, sino también el racista; y finalmente, los eventos públicos convocados por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) donde la sociedad civil de México y el mundo, ha conocido la consolidación y el proceso de construcción de una pedagogía emancipatoria zapatista, la cual propicia el intercambio de saberes y el encuentro entre diversos. A partir de estos tres ejes, mostraremos el vínculo entre la pedagogía emancipatoria zapatista y la resistencia emocional y epistémica que la sustenta.

Para leer el texto completo puedes descargarlo aquí.

^{*Carolina Elizabeth Díaz Iñigo. Doctora en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Maestra y licenciada en Antropología Social por el CIESAS y la UAM respectivamente. Investigadora en el Laboratorio sobre Activismos y Alternativas de Base LACAB, en la UNAM. Cofundadora del Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC)}

^{**Francisco De Parres Gómez. Doctor y maestro en Antropología Social por la ENAH y la UV respectivamente. Licenciado en Comunicación Social por la UAM-X. Cofundador del Colectivo Transdisciplinario de Investigaciones Críticas (COTRIC).}

^{Publicado en Revista Runas – Journal Of Education and Culture}