El 27 de abril del 2010 fueron asesinados Bety Cariño y Jyri Jaakkola, por brindar su solidaridad al Municipio Autónomo de San Juan Copala en la región triqui se Oaxaca, desde entonces la búsqueda de la justicia por el amor a Bety y Jyri no se detuvo, las miles de expresiones de indignación, de exigir castigo no se detienen, sin embargo la impunidad es el sello constante por las instituciones del estado mexicano después de 13 años; recordar a Bety y Jyri como un ejemplo vivo y comprometido con el amor al projim@ sigue siendo necesario. Abrazar la lucha por un mundo humano y fraterno es urgente, ellos son el ejemplo del compromiso y del llamado donde la vida está en peligro, son las semillas que florecen, por eso convocamos a seguir mantenido viva su memoria.

Te invitamos a participar en el rescate de la memoria histórica de Beti Cariño y Jyri Jaakkola, activistas y defensores de derechos humanos asesinados en la Caravana Humanitaria que buscaba llevar apoyo a la comunidad triqui de San Juan Copala en 2010.

Convocamos a artistas diversxs y solidarixs que aporten a la memoria gráfica bajo las siguientes bases:

1. Preferiblemente aporte a la memoria histórica de ambos activistas.
2. Técnicas: gráfica, pintura, acuarela, multimedia, cartel, poesía, otros.
3. Se reciben los trabajos a partir de la publicación de esta convocatoria y hasta el 30 de julio de 2023.
4. Se seleccionarán 20 trabajos los cuales recibirán un apoyo económico de 3000 pesos cada uno. El jurado seleccionador está integrado por familiares y artistas de reconocido prestigio.
5. Todos los trabajos serán expuestos en la Ciudad de Oaxaca. La obra seleccionada participará en otras sedes por definir (CDMX y Europa). Al término de la primera exposición serán devueltos los originales no seleccionados.
6. Así mismo las obras seleccionadas serán parte de la campaña internacional por la defensa del caso en la búsqueda de justicia de ambas familias

Mayores informes:
Semillasqueflorecen@proton.me

Convocan: familiares, amig@s y representación jurídica de Bety y Jyri en México y Finlandia

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

Fuente: Avispa Midia

Texto: ¡El sur resiste!
Audios extraídos de: Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio
Edición: Radio Zapatista
Fotos: Observatorio Memoria y Libertad, CNI y Medios libres

Ejido de Progreso, Pijijiapan, Chiapas

La Caravana partió del Ejido La Gloria, en donde el Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas realiza diversas actividades relacionadas al aprendizaje y compartición de saberes sobre agroecología y eco-técnicas; de ahí nos trasladamos al Ejido de El Progreso en donde se realizó una marcha y mitin político.

En el domo de la plaza central se escuchó la palabra del Consejo Autónomo, el cual compartió su experiencia de casi 30 años en lucha la cual se ha concentrado, pero no reducido, a denunciar y resistir las altas tarifas eléctricas de la Comisión Federal de Electricidad y quienes exigen que se aplique el reconocimiento constitucional de la energía eléctrica como un derecho humano y por lo cual debe ser garantizado por el Estado mexicano.

“Por qué tenemos que elegir entre comer, entre la ropa, y pagar un recibo de 1500 pesos o 3000 pesos, somos campesinos, obreros, pescadores; no tenemos para pagar estas cuotas. Exigimos que, así como hay empresas de energía en Chiapas, que tengamos derecho a tener luz.”

(Integrante del Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas)

Miembros del Consejo Autónomo también enfatizaron que su organización también se intersecta con otras problemáticas como lo es la imposición de proyectos que promueven un supuesto desarrollo pero que, en cambio, solo traen afectaciones ambientales y económicas para sus habitantes; la violencia en contra de la mujer y la falta de respeto a los derechos de las comunidades fueron también problemáticas mencionadas en el mitin.

Una mujer relató cómo el gobierno ha llegado prometiendo carreteras, hospitales y escuelas a cambio de permitir que se lleven a cabo proyectos mineros; pero las comunidades han resistido y se han organizado para evitar que las minas lleguen a esta región. Dentro de las funciones del Consejo Autónomo se encuentra la concientización en las comunidades para alertar sobre las promesas falsas del gobierno a cambio de aceptar proyectos de toda índole (inmobiliarios, mineros, energéticos y programas asistenciales).

Se habla también de la intención del gobierno y de las empresas de adueñarse de todo, del agua, de los recursos, de la alimentación, de la selva y hasta de los hijos e hijas de la comunidad, ante esto, la comunidad menciona seguir en pie de lucha y resistir este robo, mentira e imposición en su territorio.

“Se trata del despojo de todo… se quieren apoderar de nuestras decisiones, de nuestros recursos, se están apoderando de la familia, del agua, del aire. Todo lo que necesitamos para vivir, quieren tener el control. En partes en donde no hay organización lo han logrado, en otros lados, como aquí, hemos logrado resistir.”

(Integrante del Consejo Autónomo Regional de la Costa de Chiapas).

Tonalá, Chiapas

Después de visitar la comunidad de El Progreso, la Caravana El Sur Resiste avanzó hacia la ciudad de Tonalá, Chiapas, en donde se llevó a cabo otro mitin político organizado por Comité de resistencia civil de «Frente Cívico Tonalteco» en el jardín principal frente al Ayuntamiento de la ciudad.

Ahí se habló sobre los megaproyectos llamados “Corredor Transístmico” y el proyecto denominado “Tren Maya”; la voz de los integrantes de varias comunidades del Istmo de Oaxaca, de Veracruz, de la comunidad Otomí residente de la Ciudad de México y del Pueblo de Santiago Mexquititlán fue de rechazo a estos dos proyectos por imponer una política de explotación y violaciones a los derechos de los Pueblos Originarios.

Durante el mitin se mencionó cómo estos dos proyectos son en sí un proyecto de exterminio del Sureste mexicano, ya que arrastran consigo muchos otros proyectos que beneficiarán a industrias extranjeras y no a las comunidades locales, como se ha argumentado incluyendo proyectos de la industria turística, inmobiliaria, energéticos, mineros, textiles, maquileros, agroindustriales, piscícolas, entre otros.

Para ejemplificar esta situación, se mencionó la intención del Gobierno Federal de construir una red de gasoductos que conectaran a Guatemala con la Región del Istmo y la costa de Chiapas (incluyendo la ciudad de Tonalá).

El gasoducto mencionado por los integrantes de la Caravana El Sur Resiste no es el único planificado para la región, en diversas reuniones de empresas energéticas y petroleras, desde el sexenio pasado, y hasta la fecha se ha comunicado por los Gobiernos Federales, y el sector privado, la intensión de conectar los gasoductos – a la par de conectarlos con el Proyecto Tren Maya y el Corredor Transístmico- de las siguientes regionales:

· DUCTO TEXAS-TUXPAN-, VERACRUZ, – DOS BOCAS, TABASCO, con una longitud de 700 km y una inversión de 5000 millones de dólares

· DUCTO: CACTUS, OAXACA-DOS BOCAS, TABASCO, con una Longitud de 60km y una inversión de mil millones de dólares

Las mismas declaraciones del sector privado al respecto de esta macro-red de gasoductos, habla del plan de otorgar dichos proyectos a la inversión privada, lo cual refuerza los argumentos de las comunidades dentro de la Caravana El Sur Resiste que hablan de estos proyectos como iniciativas al beneficio de megaempresas extranjeras y del capital privado.

Militarización y migración

Como se ha hablado en diversas investigaciones y tal como las comunidades han mencionado, los efectos negativos de los proyectos de muerte Tren Maya y Corredor Transístmico se extienden más allá de la destrucción ambiental, también incluyen las violaciones a los derechos humanos de los diversos Pueblos Originarios que habitan estos territorios y la destrucción de su cultura a costo del beneficio de millonarios extranjeros; además del incremento de presencia militar, de la Guardia Nacional, de otros cuerpos policiales, paramilitares y del narcotráfico; y por ende el incremento de la violencia en contra de las personas que habitan estas regiones.

En Chiapas, por ejemplo, se ha llegado a un total de 147 campos militares que se han construido hasta el momento, muchos de estos cuarteles han sido posicionados en proximidad a comunidades base zapatistas.

Uno de los objetivos del Tren Maya y del Corredor Transístmico es crear mega zonas industriales en toda la región del Sureste, que además de convertir a los Pobladores Originarios en mano barata para diversas industrias; sea una zona de contención para migrantes de todo el mundo que comienzan su tránsito hacia los Estados Unidos a través de Chiapas, Yucatán y otras rutas.

Los impactos de esta política ya se perciben de manera tangible en la zona de Chiapas y en la zona que sigue la Caravana del Sur Resiste, tan sólo en nuestro trayecto de Tonalá, Chiapas a Puente Madera, Oaxaca, pasamos más de 9 retenes con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Policía Estatal, y del Instituto Nacional de Migración, quienes detuvieron a los distintos transportes de la Caravana en al menos 7 ocasiones, fotografiaron a los automóviles, y en cuatro ocasiones subieron a los camiones fotografiando también a los y las participantes.

En el retén que marca la división entre Chiapas y Oaxaca, además de ser fotografiados por los cuerpos oficiales de represión del Estado mexicano, fuimos fotografiados por personas vestidas de civil, que se transportaban en motos y que siguieron nuestro trayecto los primeros metros después de pasar el retén; desconocemos la naturaleza y propósito de estas personas, pero advertimos con la más alta caución su presencia cercana a los elementos militares.

Durante todo el trayecto, pudimos observar diversos grupos de personas que recorren las largas carreteras a pie, y quienes, al vislumbrar los retenes mencionados, se introducen a la maleza que flanquea los caminos pavimentados, muchas veces, en estos caminos les esperan otros riesgos como la explotación y trata a manos de grupos del crimen organizado en contubernio con autoridades locales, el ejército, y otros cuerpos policiales.

En la pequeña parte que pudimos visitar en el estado de Chiapas, los impactos de los megaproyectos Tren Maya y Corredor Transístmico ya se viven en la política de militarización y retención/persecución de personas en tránsito hacia el norte.

Los impactos negativos en materia ambiental y social caminan lento, pero se vislumbra en el futuro cercano, las comunidades hacen un llamado a resistir estos megaproyectos y los diversos proyectos que arrastran consigo; de no resistirlos, la catástrofe ambiental y social se percibe más cercana que nunca.

Para finalizar el día, la Caravana fue recibida en la comunidad de Puente Madera con los miembros de la comunidad portando antorchas y gritando consignas en su su férrea decisión de defender el territorio contra el Corredor Interoceanico.

Ve también el reportaje de Radio Pozol

Fuente: Avispa Midia

^{Por Darío Aranda}

^{En portada: Una jornada de protesta bajo la consigna “Con Nuestro Pan No”, realizada en rechazo al lanzamiento de la primera variedad de trigo transgénico del mundo, hecho en Argentina.}

La población de Argentina es la primera en comer pan con trigo transgénico. Así lo confirmó la empresa Bioceres-Indear al informar que 25 molinos ya mezclan el cereal con el trigo convencional. El transgénico, que va junto al peligroso agrotóxico glufosinato de amonio, fue denunciado por más de mil científicos, por productores (tanto agroecológicos como del agronegocio) y por organizaciones socioambientales. Los estudios que señalarían la supuesta “inocuidad” del transgénico son confidenciales y fueron realizados por la propia empresa que lo vende. “Es un hecho de gravedad inusitada desde el punto de vista de la salud pública”, denunció en una carta pública el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA) de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

La noticia se conoció mediante un anuncio de Bioceres-Indear a inicios de marzo. Y es de una trascendencia mundial: por primera vez un trigo modificado genéticamente (llamado “HB4”) llega a los alimentos de consumo masivo (pan, pizzas, empanadas, fideos y todos los usos de la harina). Y, más grave, la población no tiene posibilidad de identificar si está comiendo un producto con transgénicos o no: en Argentina no existe un etiquetado de Organismos Genéticamente Modificados (OGM).

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Desde el Instituto de Salud Socioambiental (InSSA-UNR) resaltaron que no hay pruebas científicas independientes y publicadas en revistas académicas que demuestren la inocuidad del trigo HB4 en la ingesta en humanos. Recuerda que, en Argentina, los transgénicos se aprueban en base a “estudios” de las propias empresas y que esos informes son secretos.

El InSSA, que ha confirmado con una publicación científica la incidencia de cáncer en pueblos fumigados, remarca otro factor del trigo transgénico: “Va acompañado con el herbicida glufosinato de amonio, cuya toxicidad sobre el ambiente y la salud ya ha sido demostrada en numerosos trabajos científicos, así como también se ha evidenciado que no se degrada y que incluso es posible detectarlo hasta en ultraprocesados”.

Los investigadores instan a los “decisores de políticas públicas” que atiendan a las evidencias científicas que dan cuenta de los peligros de ese cultivo. “Consideramos urgente que las autoridades prohíban la comercialización e incorporación del trigo Hb4 en las harinas para producción de productos comestibles y/o sucedáneos de la alimentación humana”, remarcan.

En 2020, en una carta abierta, más de mil científicos del Conicet y de 30 universidades públicas de Argentina rechazaron el avance del trigo transgénico: “Esta autorización remite a un modelo de agronegocio que se ha demostrado nocivo en términos ambientales y sociales, causante principal de las pérdidas de biodiversidad, que no resuelve los problemas de la alimentación y que amenaza además la salud de nuestro pueblo confrontando la seguridad y la soberanía alimentaria”. Aportaron decenas de estudios que dan cuenta de los peligros del nuevo transgénico. Nada de eso fue tenido en cuenta por las autoridades estatales.

Bioceres-Indear es la compañía impulsora del trigo transgénico. Se presenta como una “empresa nacional”, con accionistas como el denominado “rey de la soja” Gustavo Grobocopatel y el multimillonario Hugo Sigman, pero desde 2021 cotiza en la Bolsa de Nueva York. Para el transgénico también fue vital el aporte del Estado, mediante recursos y políticas activas del Conicet y la Universidad Nacional del Litoral. Su referenta es la científica Raquel Chan, socia de Bioceres y negadora de las consecuencias sociales, ambientales y sanitarias del agronegocio.

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Mauricio Macri estuvo a punto de aprobar el trigo durante su gestión, pero frenó la decisión por la advertencia de productores del agronegocio, del Centro de Exportadores de Cereales y la Federación de Acopiadores, ante la posibilidad de perder mercado de exportación (principalmente Brasil). Los consumidores no quieren transgénicos en sus platos. La aprobación final fue en mayo de 2022, cuando Julián Domínguez (entonces ministro de Agricultura) dio luz verde al pedido de Bioceres-Indear (la firma administrativa corrió por cuenta de Luis Gustavo Contigiani).

“La responsabilidad del Gobierno es total. Desde la autorización sin pruebas de inocuidad, sin contemplar los efectos negativos en el campo y también con sus políticas científicas, con Raquel Chan como emblema, al servicio del sector más concentrado del agronegocio”, denunció Agustín Suárez, de la Unión de Trabajadores/as de la Tierra (UTT). Y remarcó la gravedad de este trigo: “No solo se contaminará al trigo convencional sino que este transgénico, y sus agrotóxicos, irán directo a nuestros cuerpos, al de nuestros hijos. Las consecuencias serán muy graves y se verán en el mediano y largo plazo. Es criminal”.

Desde la Multisectorial Paren de Fumigarnos de Santa Fe, que desde hace dos décadas denuncia los impactos del agronegocio en la salud y el ambiente, precisaron que el herbicida glufosinato de amonio es “mucho más tóxico que el glifosato y está comprobado sus efectos teratogénicos, neurotóxicos y genotóxicos”.

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La Multisectorial, que forma parte de la campaña “Con nuestro pan no” (que reúne a decenas de organizaciones de todo el país) alertó el efecto en los productores: “No es posible la coexistencia de trigo transgénico y no transgénico debido al proceso de ‘contaminación genética’ que ocurre durante la polinización y cuyos residuos de agrotóxicos quedarán en la harina obtenida. En sociedades empobrecidas y culturalmente trigo-harina dependientes, es un claro peligro de salud pública”. Y advierte que el mecanismo por el cual se autorizó el transgénico viola la Ley General del Ambiente y el artículo 41 de la Constitución Nacional, entre otras normas de protección de la salud y el ambiente. Exigen el cese de la siembra del transgénico, el freno a la mezcla con el trigo tradicional y recuerdan: “La salud no se negocia”.

Fuente: Avispa Midia

Por Sare Frabes

La semana pasada, el 18 de abril, los gobernadores del sur-sureste mexicano se reunieron, por séptima vez, desde 2021, con el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, para “impulsar el desarrollo sostenible” de la región.

Durante el encuentro, que ocurrió en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, la titular de la Secretaria de Medio Ambiente y História Natural (Semahn) de esta entidad, María del Rosario Bonifaz Alfonzo, dio a conocer los avances de la mega iniciativa de “conservación y desarrollo sostenible” llevada a cabo en los siete Estados, con el apoyo de la embajada de los Estados Unidos, The Nature Conservancy (TNC), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y USAID, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

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De acuerdo con la secretaria, la iniciativa buscará la conectividad en corredores ecológicos y bioculturales, restauración y regeneración de ecosistemas degradados ante el cambio climático y sistemas productivos sostenibles compatibles con la conservación.

Los gobernadores y las secretarías de Medio Ambiente, Cambio Climático, Biodiversidad y Desarrollo Sustentable de los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán han conformado la iniciativa.

Durante el evento, el grupo de titulares y equipos técnicos de las siete secretarías trabajaron, bajo la asesoría de TNC y PNUD, en el diseño de las bases de operación del mecanismo a través de la definición de temas y regiones prioritarias.

El embajador Salazar, reconoció la disposición de los gobernadores para trabajar coordinados en busca de mejorar las condiciones de vida de sus ciudadanos atrayendo proyectos e inversión que permite mayor empleo y bienestar social. “Hay muchas oportunidades en el Sur-Sureste” afirmó

Las regiones prioritarias establecidas para el año de 2023 son Selva Maya – Península de Yucatán (Campeche, Quintana Roo y Yucatán); Corredor Chimalapas – Selva Zoque (Chiapas, Oaxaca y Veracruz); y la Región Serrana Chiapas-Tabasco de Huitiupán-Tacotalpa (Tabasco – Chiapas).

Recientemente se lanzó la convocatoria “Mecanismo de Cooperación para la Conservación y Desarrollo Sustentable de los Paisajes del Sur-Sureste de México 2023”, con la cual entra en operación el primer ciclo de financiamiento de la iniciativa, con la aportación de 1 millón de dólares por parte de la USAID. Esta es la primera convocatoria pública para la selección de hasta cinco iniciativas de conservación que recibirán una aportación de capital semilla.

El mecanismo está enmarcado en el proyecto Comunidades Prósperas y Sostenibles, impulsado por la USAID y liderado por la TNC, para “el desarrollo sustentable de los paisajes del sur-sureste de México cuyo propósito es impulsar la inversión estratégica de recursos financieros para la incubación, la movilización de capital semilla y la atracción de inversión privada que aceleren iniciativas emblemáticas impulsadas por los gobiernos estatales del sureste para la conservación y el desarrollo sostenible de la región”, según la convocatoria.

El mecanismo de cooperación surge como uno de los acuerdos plasmados en la Carta de Intención firmada entre los gobiernos estatales de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz, Yucatán con USAID y TNC en el marco del Tercer Encuentro de Gobernadores, realizado en febrero de 2022 en Quintana Roo. Dicha Carta de Intención busca coordinar esfuerzos para promover la conservación y el desarrollo sostenible del Sureste de México.

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Área de Interés

Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y Oaxaca son los estados que poseen el segundo macizo forestal más grande del continente, al contar con una extensión de 332 mil 099.81 km2, equivalente al 17% del territorio nacional, con una población de 25 millones 248 mil 399 habitantes, lo que equivale al 20% de la población nacional, de acuerdo con el (INEGI, 2020), donde el 60% de las etnias presentes del país están representadas en esta región.

Es una zona rica en especies de vertebrados, plantas vasculares y artrópodos y tiene más de 535 especies de mamíferos, más de 1 mil especies de aves y animales marítimos. Allí están presentes los 10 tipos de vegetación de México, alberga 14 regiones hidrológicas que integran una importante red hidrográfica.

Otros proyectos

Las empresas de la American Chamber of Commerce de México (AmCham) han participado desde el primer encuentro en 2021. A través de distintos proyectos invertirán mas de 600 millones de pesos en la región. De acuerdo con comunicado emitido por la embajada de los Estados Unidos, más de 200 comunidades indígenas “se verán beneficiadas”. Además, más de 35 mil micro, pequeñas y medianas empresas y 26 universidades e institutos “también se beneficiarán”.

El director general del Consejo Mexicano del Negocio (CMN), Rolando Vega Sáenz, sostuvo que este espacio permite generar alianzas entre los Gobiernos Estatales y la Embajada de EUA, con el objetivo de realizar proyectos que fomenten el desarrollo de las empresas y generar condiciones propicias para que México y sus regiones sean atractivos a la inversión.

Entre las empresas internacionales presentes estuvieron Organon, Visa, Meta, Amazon y Google. La próxima reunión ocurrirá en Cancún, la fecha no fue anunciada.

Hoy dio inicio en la ciudad de Pijijiapan, en la costa de Chiapas, la Caravana “El sur resiste 2023“, que en un período de 10 días  recorrerá el Sur/Sureste mexicano por los territorios afectados por el megaproyecto interconectado “Tren Maya / Corredor Interoceánico” articulando los pueblos, comunidades, colonias, barrios y organizaciones indígenas, campesinas, feministas, sindicales, populares y de la sociedad civil que están en lucha y resistencia ante distintas formas de despojo del Estado y el capital mundial y patriarcal. En el transcurso de esos 10 días, pueblos indígenas de los territorios afectados por los megaproyectos recorrerán los puntos de mayor conflicto a lo largo de seis estados del sureste mexicano, con el objetivo de hermanar sus luchas y presentar un frente en común. Al mismo tiempo, una llamada de acción global convoca a realizar acciones globales durante las fechas del recorrido.

La caravana concluirá con un Encuentro Internacional El Sur Resiste en las instalaciones del Caracol Jacinto Canek, en San Cristóbal de Las Casas, los días 6 y 7 de mayo.

Toda la información sobre la caravana y encuentro aquí: www.elsurresiste.org

El compañero Diego Osorno explica el sentido de la iniciativa en este artículo de opinión.

Compartimos abajo un reportaje sobre el inicio de la caravana, publicado por Pie de Página.

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Caravana, encuentro internacional y jornadas de acción global del 25 de abril al 7 de mayo 2023

¡Apoya la resistencia indígena contra los megaproyectos destructivos en México!

Bajo la participación de empresas europeas, actualmente se están construyendo en el sureste de México dos megaproyectos relacionados entre sí. Estos proyectos de infraestructuras a gran escala, que consisten en autopistas, ferrocarriles, zonas económicas especiales para la industria y proyectos de construcción para el turismo de masas, amenazan con destruir la segunda selva tropical más grande de América, contaminar enormes reservas de aguas subterráneas y desplazar y privar de derechos a las comunidades indígenas. Dado que el ejército mexicano está en parte a cargo de la construcción, e incluso se supone que gestiona una sección de la ruta y recibe los ingresos, los dos megaproyectos sirven también para militarizar el sur indígena y para ahuyentar a los migrantes de América Central. Alemania está representada por Deutsche Bahn, que afirma ser “el protector del clima más rápido de Alemania”. No sólo gana dinero con la tala de la selva tropical, sino que también viola el derecho reiteradamente garantizado de las comunidades indígenas a decidir por sí mismas lo que ocurre con sus tierras. El nombre del proyecto resume bien su cinismo: Para el llamado “Tren Maya”, se amenaza a los indígenas mayas con la expulsión y la privación de sus medios de vida. Sin embargo, hace tiempo que está claro que la protección de las comunidades indígenas es sinónimo de protección medioambiental: ¡el 80% de la biodiversidad que queda en el mundo se encuentra en territorio indígena!

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Fuente: Avispa Midia

Por Javier Bedia Prado

^{En portada: Santiago Contoricón Antúnez (centro), de la comunidad asháninka Puerto Ocopa, fue asesinado el pasado 8 de abril.}

El asesinato del líder asháninka Santiago Contoricón Antúnez a manos del narcotráfico, el sábado 8 de abril, se suma a una lista de decenas de defensores de territorios desprotegidos por los gobiernos en el Perú. En las últimas semanas, el dirigente reportó al Ministerio del Interior y a representantes del Ejecutivo las amenazas que recibía del crimen organizado en la provincia Satipo (región Junín).

En 2022, el país andino fue el séptimo más peligroso de América Latina para los guardianes de la tierra, la región del mundo de mayor letalidad para estos. Entre 2012 y 2021, según un informe de Global Witness, se registraron los asesinatos de 51 protectores del ambiente y líderes indígenas. Al menos seis crímenes se cometieron en Junín, en la zona de selva central peruana. Ocho defensores peruanos fueron victimados el año pasado, la mayoría en localidades amazónicas.

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El crimen contra Contoricón se vincula a su participación junto a integrantes de comunidades asháninkas en incautaciones de cocaína, en ejercicio de la autodefensa de sus territorios ancestrales. Las comunidades nativas de la cuenca del río Tambo se enfrentan al avance de los cultivos de hoja de coca para la producción de drogas y a la tala ilegal. La política de militarizar un área de emergencia, como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), dentro de la cual se ejecutó el atentado, no da resultados.

Por el contrario, entre 2018 y 2021 las plantaciones cocaleras en territorios de pueblos indígenas crecieron en 93%, de 8,000 a más de 15,000 hectáreas, de acuerdo a un informe de la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (Devida). Y un reporte de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (Onudd) indica que de 2020 a 2021 los cultivos ilícitos en el Perú aumentaron en 23%, de 61,000 a 80,000 hectáreas.

En la provincia de Satipo, a la que Contoricón representó como consejero regional, se localizan las mayores expansiones de sembríos de coca en los últimos años, con participación de remanentes de Sendero Luminoso como guardia armada de narcotraficantes.

A unos metros de la casa del líder indígena, en la comunidad nativa Puerto Ocopa, opera una base de la Marina de Guerra. El exalcade del distrito Río Tambo, donde aún no hay comisaría, fue victimado en su vivienda por un sicario de un disparo en la cabeza, en presencia de su familia. Contoricón fue un histórico dirigente que en sus 56 años de vida defendió a su etnia de la violencia de Sendero Luminoso y el Estado, más tarde la del extractivismo neoliberal y las mafias expandidas, en los años de una pacificación que no se afianzó en la selva peruana.

El Perú como narcoestado

La Central Asháninka del Río Tambo señala a la Policía y las Fuerzas Armadas de permitir la circulación de embarcaciones con cocaína e insumos para su elaboración, por lo que exigen al Ejecutivo que retire a los militares de la base de Puerto Ocopa. Los comités de autodefensa ordenaron la salida de todas las personas foráneas de la zona y mantienen bloqueado el tránsito fluvial. En otras provincias de la selva hay carreteras interceptadas en apoyo a la protesta asháninka.

“En su momento hemos dado confianza para contar con una base militar o policial para prevenir, pero más nos generan problemas, desautorizando a las comunidades nativas para desarrollar sus propias acciones de seguridad dentro de su territorio. Lo que queremos es que se entienda cuál es la realidad de los ríos Tambo y Ene, donde no hay presencia del Estado”, señaló, por su parte, Teddy Sinacay, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central (Ceconsec).

La condición del Perú como narcoestado se acentúa con la dictadura cívico-militar de Dina Boluarte, encabezada por los sectores políticos conservadores y de ultraderecha financiados por el narcotráfico. Se consolida con la presencia de una fiscal de la Nación que asumió la persecución judicial al expresidente Pedro Castillo e impide las investigaciones a su hermana jueza por cobros de sobornos a traficantes.

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Una muestra de la narcopolítica peruana es la reciente megaoperación de la Fiscalía de Lavado de Activos contra el ex secretario general del partido fujimorista y financista de la organización, Joaquín Ramírez, actual alcalde de la provincia Cajamarca, de alta producción de cocaína y opiáceos. Al excongresista, investigado por la DEA desde 2012, le incautaron más de 200 inmuebles, 90 vehículos y siete avionetas. Su principal negocio legal, una universidad privada de funcionamiento irregular, tiene los favores del régimen. La fiscal de la Nación acredita dos títulos de posgrado de esta casa de estudios, sin registros de las tesis que los avalen. Así funciona un Estado neoliberal capturado por mafias.

Para abordar el crimen organizado en la selva central, este año el Ejecutivo creó una mesa multisectorial en la que días antes del asesinato dirigentes indígenas recordaron su vulnerabilidad a altos representantes del Gobierno de facto, entre ellos el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. Hasta el momento, ningún funcionario se reunió con las autoridades indígenas y de la región. Es la ausencia de Estado que reclaman los pueblos originarios con una nueva medida de fuerza indefinida. Los defensores de la tierra están en pie de lucha en la selva. En frente, un régimen armado-empresarial dispuesto a extremar la explotación de la Amazonía y sus habitantes.