Las calles y campos en Panamá son testigos, desde hace 15 días, de una serie de movilizaciones que aglutinan a múltiples sectores de la sociedad. Trabajadores, docentes y estudiantes universitarios, así como ambientalistas y comunidades campesinas e indígenas rechazan una serie de acciones del gobierno panameño que, argumentan, vulneran a los servicios de salud pública, al medioambiente e incluso ceden frente a las presiones de EEUU y su intervencionismo militar en el istmo centroamericano.
Las mayores protestas se han suscitado tanto en la ciudad capital, así como en las provincias de Chiriquí y Veraguas, donde se han realizado bloqueos carreteros, marchas masivas y concentraciones frente a instituciones gubernamentales.
Acorde a reportes de Radio Temblor, las manifestaciones han sido reprimidas con detenciones y judicialización de activistas. “El gobierno desconoce el movimiento social, tildándolo de comunista de izquierda, para deslegitimar la lucha que llevan adelante por la justicia y en contra de la corrupción. Además, amenazan a los docentes con descontarle salario y destituirlos”, señala.
En un análisis del medio independiente con participación de la socióloga Briseida Barrantes Serrano, ella argumenta que uno de los principales detonantes de las movilizaciones yace en lo que los movimientos consideran como una “decisión arbitraria”, por parte de la Asamblea Nacional, para modificar la Ley de la Caja del Seguro Social (CSS).
La Alianza Pueblo Unido por la Vida llama a una huelga general.
El pasado marzo, bajo el argumento de que la CSS está en quiebra, diputados aprobaron la Ley 462 que propone una reorganización de la CSS encaminada al mejoramiento de sus finanzas, pero que, acorde a Barrantes, fue el pretexto para aprobar una ley que “se centra en privatizar los servicios públicos bajo formas diversas, eliminando o queriendo eliminar conquistas de los sectores mayoritarios que han luchado toda la vida en este país por mejorar las condiciones de vida para todas las personas”.
Las comunidades indígenas, especialmente los pueblos Ngäbe-Buglé y Guna, también han participado en la actual huelga al encabezar marchas en sus territorios y bloqueos carreteros, adhiriéndose a las demandas, principalmente contra las pretensiones del gobierno panameño de una posible reactivación de la mina de cobre en Donoso, la cual fue cerrada desde 2023 después que la Corte Suprema de Panamá determinó que la concesión gubernamental era inconstitucional.
Mediante rueda de prensa, este sábado (10), educadores y representantes de comunidades indígenas de Panamá hicieron un llamado a la resistencia popular, expresando su firme rechazo a la Ley 462 y exigiendo su derogación inmediata. La reunión, celebrada en Santiago de Veraguas, sirvió como plataforma para manifestar otras demandas sociales y denunciar violaciones a los derechos humanos y laborales de quienes participan de las protestas.
“Nadie, nadie está solicitando mesa de diálogo. Lo que queremos es la derogación de la Ley 462, que quede eso bien claro”, afirmaron los participantes, dejando claro que las movilizaciones continuarán hasta lograr este objetivo.
Además, insistieron en que sólo después de la derogación de la ley se abrirán a discutir otros temas críticos para el país. Entre ellos, destaca el rechazo al memorando de entendimiento firmado entre el gobierno panameño y Estados Unidos, el cual, según los manifestantes fue firmado “sin consultar con el pueblo”, por lo cual exigieron su anulación inmediata.
¿Acuerdo o intervención?
El 9 de abril, en el marco de la visita a Panamá del secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, el ministro de Seguridad Pública panameño, Frank Alexis Abrego, con presencia del presidente José Raúl Mulino como testigo, firmó un memorando de entendimiento que contempla el uso por parte de tropas de EE.UU. de instalaciones de seguridad panameñas.
El secretario de Defensa de Estados Unidos justificó la firma del memorando debido a que “empresas con sede en China continúan controlando infraestructura crítica en la zona del canal” de Panamá, lo que, de acuerdo a las autoridades norteamericanas, representa la posibilidad de que el país asiático realice actividades de vigilancia en la zona clave para el comercio internacional, por donde transita alrededor del 40% del tráfico de contenedores de Estados Unidos y el 5% del comercio mundial.
“Esto hace que Panamá y Estados Unidos sean menos seguros, menos prósperos y menos soberanos. Y como ha señalado el presidente Donald Trump, esa situación es inaceptable”, declaró Hegseth durante su paso por el país centroamericano, respaldando con ello las amenazas del presidente Trump, quien desde que llegó a la Casa Blanca, en enero pasado, ha polemizado con sus declaraciones para “recuperar” el canal construido por EEUU durante el siglo XX y cuya administración fue devuelta a Panamá en el año 1999.
Por su parte, Luis Arturo Sánchez, secretario de la Asociación de Educadores Veragüenses, organización activa en las movilizaciones de las dos últimas semanas denuncia que el acuerdo firmado representa que “este gobierno ha hecho que Panamá retroceda casi más de 100 años”, argumentando que permitiría la instalación de bases militares extranjeras, amenazando la soberanía panameña.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, fue testigo de la firma de un memorando de entendimiento entre EEUU y Panamá.
A esta acusación se suman las declaraciones de los centros de investigación panameños miembros de la red del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, quienes aseveran que el memorando viola la Constitución Política panameña y el Tratado de Neutralidad del Canal. “Su firma constituye una traición a los mártires del 9 de enero y permite el retorno de bases militares en nuestro territorio. Solicitamos a las autoridades rectificar esa decisión y defender al país sin sumisión ni entreguismo. Así como el establecimiento de una estrategia de unidad latinoamericana que permita enfrentar los ataques imperialistas como se hizo en el pasado”.
La semana pasada, como respuesta a las protestas, el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, descartó que se vaya a entablar una renegociación de los términos firmados con Washington. Sus declaraciones sucedieron un día después de que la embajada estadounidense difundiera un comunicado donde ratifica que el memorando crea un marco para que se realicen actividades conjuntas, entre ellas, entrenamiento, almacenamiento de equipo, asistencia humanitaria y mejoras de infraestructura, en sitios que permanecen “completamente bajo control panameño”.
Reactivación minera
A las demandas que alimentan el rechazo popular se suma la amenaza minera, debido a la pretensión del presidente Mulino de reiniciar operaciones para la extracción de cobre en Donoso, provincia de Colón, después de que a finales de marzo declarara que comenzaría a examinar el futuro de la mina.
Organizaciones sociales acusan que grupos empresariales están presionando al presidente, al mismo tiempo que la dueña de la mina Cobre Panamá, First Quantum Minerals, anunció que ha suspendido los arbitrajes que había iniciado contra el Estado panameño por el cierre de la mina en 2023, debido a conversaciones con el gobierno para acordar una eventual reapertura.
Vista general de la mina Cobre Panamá, de la canadiense First Quantum Minerals, en el país centroamericano.
El 28 de noviembre de 2023, tras fuertes movilizaciones sociales, la Corte Suprema de Panamá dictaminó por unanimidad que la concesión minera, con vigencia de 20 años, era inconstitucional, obligando con ello al ex presidente Laurentino Cortizo para iniciar el proceso para cerrar la mina. Días antes del fallo de la corte, el Congreso aprobó una moratoria para nuevas concesiones de minería metálica en Panamá.
“El tema de la minería no se va a negociar y se tiene que respetar el fallo de la corte. Se tiene que respetar la ley que determina que en Panamá no se puede hacer proyecto minero”, sostuvo un educador durante rueda de prensa el pasado sábado (10), en Santiago de Veraguas.
Para esta semana, las diferentes organizaciones sociales convocaron a intensificar las acciones de protesta y manifestaciones pacíficas en diferentes puntos del país. Al cierre de esta edición se reporta nueva represión policial contra movilizaciones en la provincia de Colón.
La colectiva Madres en Resistencia solicitó la destitución de Jorge Luis Llaven Abarca como Fiscal General del Estado (FGE) de Chiapas, por la nula atención de los casos de feminicidios, desaparición forzada de personas y por la negligencia en sus declaraciones públicas.
“El fiscal solo demuestra su falta de preparación. Por ejemplo, la fiscalía es la primera que nos violenta, nos dicen ‘sus hijas se suicidaron’. No hacen investigación con la debida diligencia y perspectiva de género”, señaló Adriana Gómez, fundadora de la colectiva Madres en Resistencia.
Hace unos días, la colectiva se pronunció contra las declaraciones de Llaven Abarca que, ante medios de comunicación, calificó como “crimen pasional” el feminicidio de dos adolescentes en San Juan Chamula. La madrugada del pasado 20 de abril, Deysi Guadalupe, de 14 años, y su hermana Rosa Valeria Gómez Méndez, de 18, fueron halladas sin vida en una vía de terracería de la comunidad Cruz Obispo I, luego de dos días desaparecidas.
Las Madres en Resistencia mencionaron los estándares y los protocolos para investigar y procesar casos de feminicidio, como la Sentencia Mariana Lima Buendía que dicta lineamientos específicos en casos de asesinatos de mujeres, como que todas las muertes violentas de mujeres deben ser investigadas como feminicidio, con perspectiva de género y con base en los estándares internacionales más altos.
Otro de los puntos de la sentencia especifica que la inacción y la indiferencia del Estado ante los casos llevan a la revictimización y discriminación, y los responsables deben ser sancionados. “¿Para qué existen esos tratados si Llaven Abarca hace lo que le da la gana? Para nosotras es una ofensa lo que dijo y exigimos su destitución”, insistió Adriana Gómez, madre de Jade Guadalupe Yuing Gómez, adolescente asesinada al interior del Instituto del Deporte el 14 de enero de 2022; caso que Llaven Abarca resolvió como suicidio.
“Desafortunadamente tenemos fiscales que no saben qué es la perspectiva de género y la debida diligencia. Estando muertas hablan de ellas. Ya no están para defenderse, pero nosotras estamos aquí alzando la voz, porque estamos hartas de tener este tipo de autoridades”, precisó Adriana Gómez.
Para las familias de la colectiva, integrada en su mayoría por mujeres, Llaven Abarca habló desde su ideología machista y como parte del sistema patriarcal, y con su actitud solo busca dar carpetazo y cerrar el caso de un doble feminicidio de adolescentes.
“La Fiscalía es autónoma, pero cuando les conviene, porque cuando llegamos al edificio nos recibe un letrero que dice ‘Gobierno de Chiapas’. Y el gobernador nos dice que no tiene compromisos con nadie solo con la población, ¿entonces qué sucede?”, cuestionó la madre de Jade Yuing.
Encuentros y desencuentros
Jorge Luis Llaven Abarca aceptó reunirse con las Madres en Resistencia cuando protestaron con una huelga de hambre en Palacio de Gobierno, durante las primeras semanas de administración del gobernador Eduardo Ramírez (en diciembre de 2024). En ese encuentro se comprometió a atender cada uno de los casos y a reunirse de manera periódica con ellas, pero no sucedió así.
Hace un mes, la colectiva viajó a la Ciudad de México, tocó puertas en el Senado de la República y, desde ahí, dio una rueda de prensa, en la que proporcionaron detalles de sus casos. Poco después, el Fiscal General les pidió reunirse el 1 de abril. Las Madres en Resistencia acudieron y expusieron sus preocupaciones, pero percibieron que en todo momento el funcionario minimizó sus palabras, no lograron avanzar en los puntos solicitados y acordó verlas, de nuevo, el 4 de mayo, pero no llegó a la cita. “Llaven Abarca acude a las reuniones sólo cuando nos quejamos con la secretaria de Gobierno”, señaló Isabel Torres.
La junta fue dirigida por Armando Pérez Narváez, Fiscal de Coordinación y mano derecha del Fiscal; también estuvo José Zetina Sánchez, director General de Servicios Periciales; Cynthia Velázquez Sánchez, de la Fiscalía Contra el Feminicidio; Josefa de la Cruz Núñez de la Fiscalía Contra la Desaparición Forzada; Elizabeth Santiago, de la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), Protección Civil; y Lesdy Cecilia Calvo Chacón de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) quien en su participación negó el recurso económico para las acciones de búsqueda de la colectiva.
“La directora de la CEEAV se puso prepotente porque le dije que no trabajan, el apoyo psicológico de mi nieto (hijo de Cassandra Arias Torres) lo da la Fiscalía de Derechos Humanos, el médico lo proporciona la CEB y el acompañamiento jurídico la Facultad de Derecho de la UNACH. Si la CEEAV no sirve para nada entonces que la quiten”, dijo Isabel Torres.
Las autoridades acordaron reunirse con las Madres en Resistencia el día siete del próximo mes para planear acciones de búsqueda.
Indispensable la creación del Consejo Ciudadano
Las acciones de las Madres en Resistencia en el Senado de la República tuvieron resonancia el 30 de abril en el Congreso del Estado de Chiapas, con la presentación de la iniciativa en la que piden la conformación inmediata de un organismo especializado dentro del Congreso y el Consejo Estatal Ciudadano, con base en el Capítulo III de la Ley en Materia y Desaparición de Personas para el Estado de Chiapas. De acuerdo al Artículo 41 de la citada Ley, el Consejo debe estar conformado por tres familiares de víctimas de desaparición; dos especialistas reconocidos y con prestigio en su labor en la protección y defensa de los derechos humanos (ddhh), la búsqueda de personas o investigación; y dos defensores de ddhh con conocimientos en la materia
El Consejo Estatal Ciudadano en Chiapas, previsto en la Ley de Desaparición de Personas, tiene como objetivo vigilar y evaluar las políticas públicas para la búsqueda de desaparecidos, canalizar denuncias y promover la colaboración entre autoridades y sociedad civil, buscando justicia y transparencia en la atención a víctimas y familiares.
“Queremos hacer un llamado de conciencia respecto a un problema que es tan real como nuestro dolor. Desde hace años vivimos en la incesante búsqueda de nuestros desaparecidos forzadamente, prácticamente con nuestros propios recursos y la voluntad inquebrantable para saber dónde están nuestros hijos o al menos conocer qué fue de ellos y menguar la prolongada incertidumbre con la que vivimos desde que se los llevaron”, fueron las palabras de las Madres en Resistencia ante al parlamento legislativo.
Señalaron de injusto que, desde el gobierno federal se minimice o se desacredite a las víctimas de desaparición forzada que tienen rostros, nombres y apellidos. Insistieron en la necesidad de reconocer una crisis humanitaria por las desapariciones forzadas que siguen afectando profundamente las comunidades del territorio chiapaneco ante la omisión, inacción y negligencia de las autoridades.
“Son acciones urgentes y necesarias, no sólo para fortalecer los procesos de búsqueda, verdad, justicia y reparación, también significa dar un paso para atender las verdaderas problemáticas sociales, comprometerse con los derechos humanos y las demandas legítimas de la ciudadanía. Ahora más que nunca las víctimas de la violencia, necesitamos del acuerpamiento y la sensibilidad institucional para acceder a la verdad, y la justicia por nuestros desaparecidos y el dolor de las familias que buscan arriesgando la vida propia”, enfatizó la colectiva.
Isabel Torres, dio a conocer que luego de entregar la iniciativa le solicitaron una cita a Luis Ignacio Avendaño Bermúdez, diputado presidente de Mesa Directiva del Congreso, pero, como en muchas otras ocasiones, puso pretextos para no atenderlas.
“No sabemos por qué pone tantos pretextos si se la pasa detrás de Eduardo Ramírez o de Óscar Aparicio Avendaño (secretario de Seguridad del Pueblo), no entendemos cuál es su función en el Congreso que le facilita estar detrás del gobernador todo el tiempo, pero no para atender a la población”, cuestionó la madre buscadora.
El próximo 10 de mayo, bajo el lema “nuestra lucha de hoy en día es búsqueda, justicia y verdad”, la colectiva Madres en Resistencia convoca a una caminata que comenzará en el retén ubicado en la carretera Chiapa de Corzo rumbo a Tuxtla Gutiérrez, realizarán un mitin en la Fiscalía General del Estado y concluirán la protesta pacífica en la entrada del Palacio de Gobierno.
En portada: Varios palestinos se desplazan en un carro tirado por un burro, este lunes 5 de mayo en Jan Yunis. Foto: Abed Rahim Khatib
El gabinete de seguridad de Israel, liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu, anunció que desplegaría a miles de reservistas bajo la nueva ofensiva, bautizada como Operación Carros de Gedeón, para la ocupación total de Gaza. “Una cosa quedará clara: no habrá entrada y salida”, declaró Netanyahu en un mensaje publicado este lunes en su cuenta de X. “No vamos a entrar y salir del área solo para hacer incursiones. La intención es la opuesta”, anunció abiertamente.
El ministro advitió que desplazaría a la población civil de Gaza hacia el sur, asegurando que los militares entraran pero no volverán, pues mantendrán una presencia indefinida. La operación es calificada por un ministro israelí como un plan de conquista. “Convocaremos a los reservistas para que vengan, mantengan el territorio”, puntualizó.
El plan consiste en desplazar a la mayoría de los 2,4 millones de gazatíes hacia zonas designadas como “estériles” en el sur del enclave. Según el jefe del Ejército israelí, el teniente general Eyal Zamir, la maniobra tiene como objetivo “proteger a la población civil”, aunque las agencias humanitarias y la ONU han denunciado la medida como una forma de limpieza étnica encubierta.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya controlan al menos un tercio del territorio gazatí, además, han iniciado con labores de construcción de torres de vigilancia y puestos militares permanentes. Por tanto, la amenaza de Netanyahu, ha sido interpretada por observadores internacionales como una señal clara de intenciones anexionistas, una posibilidad respaldada por miembros del gabinete como el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.
Netanyahu anuncia Operación Carros de Gedeón
“Una vez que conquistemos y nos quedemos, podremos hablar de soberanía”, dijo Smotrich en una conferencia en Jerusalén. “No habrá retirada de los territorios que hemos capturado, ni siquiera a cambio de rehenes”, afirmó el Ministro del Finanzas.
Las muertes de civiles continúan
Desde que se rompió la tregua con la nueva fase militar, el 18 de marzo, más de 2 mil 400 palestinos han sido asesinados, según el Ministerio de Salud palestino. La cifra total de muertos va en aumento, desde octubre de 2023 superan las 52 mil personas asesinadas .
Las cocinas comunitarias en Khan Younis y Beit Lahiya se ven desbordadas por miles de personas que esperan porciones mínimas de alimentos. “Estamos muriendo lentamente”, dijo Amira, madre de tres hijos, desde una fila para recibir arroz cocido. “Nos empujan hacia el sur, pero no hay a dónde ir. No hay comida, no hay agua, no hay techo” dice la gazatí.
A nivel internacional, la ONU ha expresado su “profunda alarma” por la nueva embestida de Israel. La Unión Europea, por su parte, ha instado a Israel a mostrar “máxima moderación” y alertó que una expansión militar podría derivar en más víctimas civiles.
Mientras tanto, los gazatíes enfrentan el dilema de desplazarse sin saber si habrá refugio, o permanecer bajo el fuego. Hamás, por su parte, aún tiene 58 rehenes retenidos y ha declarado que no aceptará ningún acuerdo que no incluya un alto el fuego completo, la reconstrucción del enclave y la retirada total de Israel.
El conflicto contabiliza 577 días y, los famliares de los rehenes, han mostrado su descontento hacia el gobierno de Israel para buscar la liberación de los cautivos, afirmaron en un comunicado que el plan aprobado por el gabinete significaba que Israel estaba eligiendo los territorios en lugar de los rehenes.
Fotos por Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú
La Ley de Deslinde y Titulación de Comunidades Campesinas fue modificada en abril, mediante la norma 32293, para permitir que se legalicen las posesiones informales de tierras comunales ocupadas entre 2004 y 2015 con fines de vivienda, cuando no estén reconocidas como territorios indígenas u originarios, o en procesos legales de reivindicación.
El riesgo se encuentra en la historia de invisibilización y criminalización contra las poblaciones campesinas; en décadas de desprotección y usurpación de sus territorios. Así, la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura solo incluye a un número mínimo del total de 7,267 comunidades registradas por el Sistema de Información sobre Comunidades Campesinas del Perú (SICCAM).
Hasta el 2016, treinta años después de la aprobación de la ley, que declara de necesidad nacional e interés social la formalización de las comunidades campesinas, aún estaba pendiente regularizar la propiedad de 2,130 comunidades.
En muchos casos, para disponer de terrenos irregularmente, se han manipulado registros de comuneros e instalado en las directivas personas ajenas a la comunidad. También se han creado comunidades de fachada, con fines de lucro. La pérdida de áreas comunales es un grave problema para las sociedades agrícolas.
En la práctica, lo que formaliza el Parlamento es el despojo de territorios comunitarios. Las comunidades campesinas tienen una legislación especial, con el objetivo de garantizar la tenencia de sus tierras. La posesión, decidida por asamblea, es posible solo para los comuneros calificados.
Según la Ley General de Comunidades Campesinas, estas son reconocidas por el Estado como instituciones democráticas autónomas en su organización, uso de la tierra, economía y administración.
Maquinaria de despojo
Las irregularidades de la normativa son múltiples. En primer término, desconoce el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios. La modificatoria es contraria al artículo 89 de la Constitución peruana, garante de la imprescriptibilidad sobre territorios ancestrales.
Asimismo, de acuerdo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado no debe permitir que terceros los ocupen sin culminar la titulación. Y toda medida que afecte derechos de pueblos originarios debe ser sometida a consulta previa. Por la falta de este procedimiento, en 2022 el Ejecutivo del destituido presidente Pedro Castillo observó la propuesta.
Aunque carezcan de título por omisión de las autoridades, el derecho de pueblos ancestrales a la propiedad de territorios antes de la existencia del Estado es protegido por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) considera que la nueva ley “da carta abierta a la expropiación de los territorios de las comunidades campesinasy permite su fragmentación”. Advierte, además, que abre la posibilidad de la expropiación de los territorios ancestrales de las comunidades nativas en la Amazonía.
“Señalamos que esta no es una medida aislada, sino que es parte de la maquinaria de despojo y violencia generalizada que es promovida por el Congreso, el Ejecutivo y todo el sistema contra los pueblos indígenas andinos y amazónicos”, recalca la organización.
Concesiones, tráfico de tierras y elecciones
De acuerdo al censo agropecuario de 2012, más de 200 comunidades campesinas de la costa del Perú se encontraban en conflictos por tráfico de tierras y superposición de concesiones mineras y agroindustriales.
Inicialmente, cuando se promulgó la legislación de las comunidades en 1987, las tierras comunales ocupadas por centros poblados no se consideraron parte del área comunal, como medida excepcional. Desde entonces, se aprobaron varias ampliaciones a la disposición.
Los especialistas señalan que lo que fue concebido como una excepción se ha convertido en una práctica que debilita la protección de los territorios comunales.
El Congreso disfraza el intento de despojo de interés en formalizar la titulación de comunidades campesinas y dar uso a las áreas improductivas. Según la web de la institución, “se beneficiará a todas las familias que residen en las tierras de las comunidades campesinas de la costa que fueron poseídas por estar improductivas o abandonadas”.
Entre las observaciones a la legislación, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) recomendó al Parlamento que esta conlleve procedimientos claros y garantías para procesos regulares.
Sin embargo, no se estableció un reglamento, por lo que la aplicación sería inmediata. Las comunidades estiman que, durante el período de campaña política para las elecciones de autoridades regionales y nacionales en 2026, la entrega de títulos de propiedad de viviendas se usará para captar votos.
Las rondas campesinas -las organizaciones a cargo de la seguridad en zonas rurales- manifestaron su rechazo a la medida. Los pueblos temen que se originen más conflictos territoriales debido a esta nueva amenaza a la débil seguridad jurídica de territorios ancestrales.
A los Organismos y Colectivos defensores de Derechos Humanos
A las Redes de Resistencia y Rebeldía
A la Sexta Nacional e Internacional
A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes
A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde
Herman@s Tod@s
Hoy, 5 de mayo, en el marco de la Convocatoria que hiciera el Congreso Nacional Indígena-Consejo Indígena de Gobierno, CNI-CIG, respecto a “REALIZAR LAS JORNADAS GLOBALES POR LA LIBERTAD INMEDIATA DE BALDEMAR SÁNTIZ SÁ NTIZ Y ANDRÉS MANUEL SÁNTIZ GÓMEZ, BASES DE APOYO DEL EJÉRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIÓN NACIONAL MEDIANTE ACCIONES EN CADA UNA DE NUESTRAS GEOGRAFÍAS Y DE ACUERDO A NUESTROS MODOS.” Distintos colectivos, organizaciones, pueblos comunidades e individu@s, nos encontramos frente a la Secretaría de Gobernación en la Ciudad de México, para EXIGIR Verdad y Justicia para nuestros hermanos zapatistas, pues sabemos que ésta, siempre vendrá desde abajo y a la izquierda. De los malos gobiernos, solo esperamos muerte, mentira y destrucción.
DENUNCIAMOS: Que el Narco-Estado Capitalista de la Cuarta Transformación y su actual Capataz, que encabeza Claudia Sheinbaum, y el gobernador morenista de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar son los directamente responsables de la irrupción militar y paramilitar en Territorio Zapatista; son responsables de violar la Autonomía de los Pueblos Zapatistas; son responsables de la detención arbitraria de Baldemar y Andrés; son responsables de la desaparición forzada y secuestro a la que fueron sometidos durante 55 horas y son responsables de su encarcelamiento. Esta acción da cuenta clara de la mentira con que opera la Cuarta Transformación en todo el territorio nacional y, sobre todo, contra los pueblos y comunidades que se organizan y luchan en defensa de la vida, el territorio y su autonomía.
Falsas fueron las acusaciones en contra de nuestros compañeros Baldemar y Andrés, como falsos son los discursos con los que desde el gobierno Federal pretenden negar la desaparición forzada y sistemática que se vive en todo el país; falso es el llamado «bienestar» que esconde el despojo, la entrega del territorio al capital y la precarización de la vida para todos; falsos son también, los mal llamados Planes de Justicia y como falso es también, el anuncio que hoy hiciera la CapatAz de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum, respecto a que emitirá un Decreto para restituir 2 mil 471 Hectáreas de tierra al Pueblo Wixárikas; Falsas son las declaraciones gubernamentales de estabilidad ante el clima de violencia que se sufre, crece y agudiza en las comunidades de Santo Domingo Petapa, San Juan Mazatlán, Oaxaca en contra de compañeros de UCIZONI; Falsas son las supuestas intenciones que plantea el mal gobierno del Estado de Puebla para resolver el problema del Basurero en la región cholulteca, Puebla; así como falso es el discurso del mal gobierno ante el combate al narcotráfico pues la constante violencia que se vive en la comunidad de Santa María Ostula, por parte del Cartel Jalisco Nueva Generación dan cuenta de ello.
Las mentiras del mal gobierno con las que fueron criminalizados los compañeros Baldemar y Andrés fueron desenmascaradas por los compañeros zapatistas, como lo señalan en el comunicado que lleva por nombre, INOCENTES; “Mientras el supremo gobierno jugaba con la vida, libertad y bienes de los dos detenidos ilegalmente, las autoridades autónomas zapatistas llevaron adelante su propia investigación con la guía de Verdad y Justicia en común.»
Los compañeros zapatistas secuestrados y encarcelados fueron liberados no por acción y buena voluntad del mal gobierno sino por la acción colectiva de pueblos y organizaciones solidarias nacionales e internacionales, organizaciones de Derechos Humanos y por la Justicia Autónoma Zapatista que en común abrió paso a la verdad.
Es la verdad la que surge desde las entrañas de la tierra en la acción colectiva de los pueblos zapatistas, de las madres y familias buscadoras, de los pueblos originarios.
Es y será la verdad la que sostenga la memoria y el mañana.
Es la verdad con raíces profundas que se encarna en quienes defienden la vida, en quienes buscan incansablemente y construyen día con día su Autonomía.
En colectivo se arrebató la libertad de los compañeros, pero persiste una gran deuda con la justicia: la intrusión del ejército en territorio zapatista violentando su Autonomía, el robo de vehículos y dinero de bases de apoyo, los cateos ilegales, la desaparición forzada, la imposición de la Guerra, la Contrainsurgencia, la militarización y la criminalización de la lucha social dirigida a los compañeros, son afrentas graves que como Congreso Nacional Indígena repudiamos y responsabilizamos a la Cuarta Transformación y directamente a su CapatÁz.
Hoy desde estas oficinas que siempre han estado cerradas para los pueblos de México exigimos:
-Justicia cabal y devolución íntegra e inmediata de las pertenencias robadas a los compañeros y compañeras bases de apoyo zapatista.
-Alto a los ataques en contra de las comunidades zapatistas.
-Alto a la guerra contra los pueblos originarios de todo el país
-Alto a los ataques dirigidos a las madres y familias buscadoras
POR LA RECONSTITUCIÓN INTEGRAL DE NUESTROS PUEBLOS
NUNCA MÁS UN MÉXICO SIN NOSOTROS
CONGRESO NACIONAL INDÍGENA-CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO, CNI-CIG
Entre los Andes del sur de Ecuador se encuentra Nabón, un cantón de la provincia del Azuay. Aquí avanza el extractivismo amenazando con devorar los páramos, contaminar aguas y despojar a comunidades ancestrales. El Valle de Shincata y los páramos del Cerro El Mozo, son parte de la región que irriga con su vital líquido a comunidades enteras y hoy se han convertido en el epicentro de un conflicto socioambiental, donde una reciente alerta emitida por el Frente Nacional Antiminero (FNA) cataloga la situación como de “máxima amenaza”.
Los orígenes de este conflicto se desprenden de la presencia de empresas mineras transnacionales como la canadiense Lucky Minerals que, de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), de la provincia de Azuay, esta empresa “conforman un bloque de 12 concesiones contiguas” en la región.
Aunque en el boletín de prensa del FNA se menciona que Lucky Minerals fue expulsada en 2022 por la acción comunitaria, también advierte sobre su anunciado retorno. Esta empresa canadiense de exploración minera, con su “Proyecto Fortuna”, representa la punta de lanza del interés extractivo a gran escala en la zona, buscando principalmente oro y otros minerales, tal y como rezan sus propios informes de la transnacional.
El FNA sostiene que esta empresa concentra más de 55 mil hectáreas en las zonas de los páramos de Zamora Chinchipe, Morona Santiago y Azuay. Según esta organización de comunidades en resistencia, las tierras han sido apropiadas a través de testaferros y, además, a ello se suman “al menos tres hidroeléctricas”, denuncian en un comunicado difundido este miércoles (30).
En la provincia de Azuay existen al menos tres hidroeléctricas que suministran energía a diversos centros urbanos, ellas son: Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que forman parte del Complejo Hidroeléctrico del Río Paute. Junto a la central Minas San Francisco, suministran el 40% de energía que consume el país según informes el Ministerio de Energía y Minas de Ecuador.
Como se reconoce incluso en documentos oficiales como el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de la parroquia Cochapata (2020), esta zona forma parte del Corredor de Conectividad Sangay-Podocarpus, un área de importancia estratégica para la conservación de la biodiversidad andino-amazónica.
Los páramos configuran una zona considerada única por su diversidad biológica, ya que alberga especies endémicas y también por su adaptación a las condiciones extremas de altitud, son cruciales para el ciclo hidrológico. Legalmente, esta región está catalogada como Bosque y Vegetación Protectora, que la propia legislación ecuatoriana considera que “son áreas vitales para la conservación de la biodiversidad, la regulación del clima y la protección de recursos hídricos”.
Las comunidades inconformes alertan que la presencia de concesiones mineras, la deforestación para monocultivos, ganadería intensiva y la proliferación de la minería ilegal muestran todo lo contrario y, más bien, las autoridades han iniciado una persecución judicial contra las comunidades que resisten. “Ahora al menos 20 comuneros de Azuay y Zamora Chinchipe se encuentran en una situación judicial de emergencia perseguidos por las élites nacionales, quienes amparados en un gobierno que defiende sus intereses y los intereses transnacionales de Lucky Minerals”, sostienen en su comunicado.
Esta estrategia de criminalización no es nueva, la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) documentó en 2011 al menos siete casos de comuneros que enfrentaron un juicio por sabotaje y terrorismo tras protestar contra la minera Explorsur S.A. (Grupo El Juri) en el páramo de Shincate.
Tras el acoso judicial que sufren diversos integrantes de estas comunidades en resistencia, también señalan que hay “varios hacendados del Azuay y otras provincias” que, mediante guardias privados, se están posesionando de tierras históricamente comunitarias, presentándose como dueños de los páramos.
Además, el FNA es explícito al denunciar un incidente ocurrido el 16 de diciembre de 2024 donde intervino la guardia privada de un hacendado, tras incumplir acuerdos sobre extracción de pinos y realizar deforestación masiva, “disparó armas de grueso calibre contra pobladores de Nabón” que exigían pacíficamente el retiro de maquinaria.
Los comuneros denuncian que en la región reina la impunidad y la facilidad con la que se obtienen títulos de propiedad bajo el protectorado del sistema judicial y una constante persecución de los defensores ambientales.
Frente a este escenario, las comunidades sostienen una férrea resistencia en defensa de sus territorios, sus fuentes de agua y sus formas de vida. La expulsión de Lucky Minerals en 2022, mencionada en el boletín, es un hito significativo de esta lucha colectiva, por tanto, están alertas a su posible retorno.
La exigencia puntual de las comunidades y del FNA es clara: el cese inmediato de las actividades destructivas (minería legal e ilegal, agroindustria expansiva), la salida de los actores privados que han invadido los páramos, el retiro de las acusaciones contra los defensores y la garantía de protección integral para el Bosque Protector del Valle de Shincata y del Cerro El Mozo.
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas 30 de abril de 2025
Acción Urgente No. 02
Exigimos la libertad inmediata de las Bases de Apoyo del EZLN José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez
Represión y ataque directo contra la autonomía zapatista
Alertamos de un caso más de fabricación de culpables que atenta contra la lucha por la Vida y el Común
Denunciamos enérgicamente la criminalización y represión sistemática del Estado mexicano contra el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) y sus Bases de Apoyo, José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, quienes fueron privados arbitrariamente de su libertad en un operativo que se efectuó en la comunidad de San Pedro Cotzilnam, municipio de Aldama, lo que representa un ataque directo al movimiento zapatista y al territorio donde se construye la Autonomía y la Libre Determinación, en la persistente lucha por la Vida y el Común.
En las primeras horas del domingo 27 de abril de 2025, las BAEZLN fueron ingresados al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados (CERSS) No. 5 de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, bajo acusaciones de secuestro agravado en un proceso plagado de irregularidades.
La detención de las BAEZLN se realizó sin orden de aprehensión y los cateos a sus hogares se llevaron a cabo sin autorización judicial, acompañados de abusos, tratos crueles, inhumanos y degradantes, robos y violaciones flagrantes a sus derechos humanos. Estas acciones, perpetradas por las fuerzas de seguridad y militares, incluyendo la Guardia Nacional y las Fuerzas de Reacción Inmediata Pakal, evidencian un patrón sistemático de represión y violencia estatal en Chiapas.
El caso es un ejemplo más de la estrategia de criminalización utilizada por la Fiscalía General del Estado de Chiapas, que fabrica pruebas y acusa injustamente a personas inocentes, mientras los verdaderos responsables permanecen impunes. Este ataque no solo viola los derechos individuales de José Baldemar y Andrés, sino que también constituye una agresión al territorio y la autonomía de los pueblos zapatistas.
Por lo consiguiente exigimos a los gobiernos federal y estatal:
La liberación inmediata e incondicional de José Baldemar Sántiz Sántiz y Andrés Manuel Sántiz Gómez, Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
El cese de la represión y los ataques contra la autonomía zapatista.
El fin de la fabricación de culpables y la impunidad en Chiapas.
¡Llamamos a la solidaridad nacional e internacional!
Instamos a todas las personas, organizaciones y movimientos a movilizarse en sus tiempos y modos, para exigir justicia. Es urgente alzar la voz para detener la represión del Estado y garantizar la libertad de los compañeros BAEZLN, quienes hoy son rehenes de un sistema represivo. Manténganse atentos a las actualizaciones de este caso y actúen en defensa de la dignidad, la justicia y los derechos humanos y por la defensa de la autonomía, del territorio y la vida.
Al firmar esta Acción se enviará automáticamente un correo con tu dirección como remitente a autoridades gubernamentales. Más información en la política de privacidad.
por Violeta Santiago y René Valencia / Quinto Elemento Lab
Diseño de portada: Omar Bobadilla
La gran promesa del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue luchar contra la corrupción. Combatirla no solo era un deber moral, sino una manera de salvar recursos y estirar el presupuesto.
La cruzada de AMLO contra la corrupción gubernamental no tardó en posar los ojos sobre las Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), como define el Servicio de Administración Tributaria (SAT) a las compañías sin la capacidad material o personal para realizar actividades. Factureras, empresas fachada o fantasma son otras formas de nombrarlas.
El entonces presidente propuso tipificar como delito grave la constitución de empresas fantasma o la elaboración de facturas falsas, cuyo uso masificado, llegó a señalar, era culpa de las administraciones pasadas. Las referencias encontraron un lugar en sus declaraciones matutinas: “El mal ejemplo acerca de las facturas falsas lo daba el mismo gobierno”, dijo sobre el fenómeno, al que comparó en gravedad con el crimen organizado, lo llamó “plaga” y refirió que “creció en los últimos años como hongos después de la lluvia”.
“Pero eso se termina”, aseguró en su sexenio.En sus conferencias matutinas el expresidente Andrés Manuel López Obrador se refirió en varias ocasiones a las empresas fantasma y las facturas falsas, pero como hechos que ocurrían en administraciones pasadas . Diseño: Omar Bobadilla
Sin embargo, no ocurrió así. Esta investigación revela que en el sexenio pasado se contrató a empresas inexistentes y se repitieron las irregularidades administrativas de los gobiernos del pasado. En muchos casos eran compañías que habían recibido contratos en administraciones anteriores.
Entre 2018 y 2022, la administración lopezobradorista asignó 87 contratos a 34 proveedores fantasma por 182.8 millones de pesos (mdp), a través de 23 dependencias federales, cinco universidades, cuatro oficinas estatales y un ayuntamiento en Tabasco. Lo que equivale a 100 mil pesos diarios otorgados a EFOS en los primeros cinco años de su mandato.
Quinto Elemento Lab y el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México cruzaron el listado de EFOS definitivas al 31 de enero de 2023 con los contratos de CompraNet realizados entre 2002 y 2022. El análisis de esta base de datos permitió identificar a las empresas fachada contratadas por la pasada administración.
Como el SAT actualiza este registro periódicamente, es posible que en archivos más recientes haya empresas que no se consideraron en la investigación, así como EFOS definitivas contabilizadas aquí, que podrían haber quedado excluidas de los nuevos listados.
La revisión de los 87 contratos con empresas fantasma –definitivas hasta el corte de enero de 2023– evidenció que en el sexenio de AMLO se mantuvieron prácticas del pasado en las adquisiciones con factureras, como compras de excepción, ocultamiento de contratos o facturas, pagos a proveedores que confirmaron tener escasos trabajadores, carencia de constancias fiscales y de seguridad social, pruebas de cumplimiento únicamente documentales y contratación de empresas multiusos.
Además de posibles sobrecostos o pérdida de recursos, las consecuencias fueron más allá: se abandonó la construcción de carreteras y algunos hospitales sufrieron desabasto de equipo médico especializado. Todo esto mientras el gobierno lopezobradorista emprendía una persecución penal contra las factureras, a la vez que detectaba menos EFOS que sus antecesores.
Diseño: Omar Bobadilla
Domicilios inexistentes y EFOS del pasado
En una tarde de mayo de 2024, sobre la calle Vicente Suárez, en la ciudad de Puebla, de una antigua casa de clase media con un despacho en la planta baja sale una mujer mayor. Se asombra al escuchar la pregunta de si conoce a Medical & Technical Books, una EFOS que se dedicaba a la venta de libros y publicaciones especializadas. Desde un balcón del segundo piso, adornado con macetas y figuras religiosas, un hombre —también de apariencia mayor— responde que la firma estuvo ahí hace unos cinco años.
Los casos de compañías que dan domicilios inexistentes o en viviendas se repiten en otras partes del país.
Para poder emitir facturas, toda empresa debe registrar un domicilio. Pero muchos de los reportados por las 34 factureras contratadas en el gobierno de AMLO corresponden a casas o locales con pocas señales de que ahí opere alguna compañía.
Este tipo de direcciones son una alerta, advierte Denise Tron, de la organización Justicia Justa, pues el “domicilio fiscal no puede ser la casa de uno de los socios o del representante legal, o un domicilio que dio un prestanombres, está regulado en el Código Fiscal de la Federación”.
“Estos domicilios son un problema relacionado con la materialidad porque implican que no tienen las condiciones básicas de infraestructura física, de mobiliario o de elementos tecnológicos para operar y cumplir con la actividad que supuestamente realizan”, agrega Natalia Campos, especialista del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
Cookout Party
A las direcciones irregulares se suma el hecho de que, mientras 13 proveedores fantasma se estrenaron como contratistas con AMLO —destacan Cookout Party, Servicios de Limpieza Ecoclorx, Estructuras Arquitectónicas Tholoi, Cubso Construcciones y Productos Mobeqt por haberse constituido en 2018, la mayoría entre noviembre y diciembre—, 21 EFOS eran viejas conocidas de los sexenios de Enrique Peña Nieto o de Felipe Calderón, e incluso un par recibió contratos en tiempos de Fox.
Por ejemplo, Construcción Instrumentación y Servicios, compañía imposible de localizar en su domicilio de Agua Prieta, Sonora, y que recibió 92.7 millones de pesos en el periodo de López Obrador para ampliar una carretera en ese estado —que dejó abandonada—, en los sexenios de Calderón y Peña se encargó de pavimentaciones y obras hospitalarias por 11.2 millones de pesos.
López Obrador incluso llegó a exhibir a Peña Nieto, su antecesor, por el uso indebido de facturas falsas, “esas que ahora estamos prohibiendo”. Sin embargo, en su sexenio se mantuvieron tratos con empresas fantasma heredadas del peñanietismo, como Interacción Biomédica o Credimosa.
Fundada en 2012 en un domicilio ubicado junto a las oficinas administrativas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) en Toluca, Interacción Biomédica pasó a la historia como la empresa fantasma que más dinero público ha obtenido del área de salud.
De acuerdo con un informe elaborado por la organización Impunidad Cero, hasta 2019 la firma facturó a gobiernos de todos los niveles más de mil 600 millones de pesos, la mayor parte con el sistema de salud del Estado de México. Y en el sexenio pasado recibió contratos que sumaron 14.5 millones de pesos.
Mientras que Credimosa —una firma dedicada a la venta de llantas y refacciones que dejó el domicilio que tenía en el edificio donde opera la Fiscalía Regional de Naucalpan para mudarse a un penthouse localizado a 15 minutos a pie de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena)—, obtuvo con Diconsa y las Fuerzas Armadas en el lopezobradorismo 7 millones de pesos, que se agregaron a los 73.7 millones recibidos en la época priista.
Según contratos y registros de comercio, detrás de la llantera fantasma está Marcelo Óscar Reyes Jiménez, subdirector de Recursos Materiales del DIF de la Ciudad de México en el gobierno de Marcelo Ebrard. La empresa también proveyó de llantas a dependencias capitalinas desde la gestión de Miguel Ángel Mancera hasta la de Claudia Sheinbaum.
En respuesta a esta investigación la Semar dijo que el procedimiento de contratación de Credimosa se apegó a los lineamientos de CompraNet y que la entrega de los bienes se acreditó mediante actas de entrega-recepción. Reyes y Credimosa respondieron a la consulta de este equipo periodístico.
Fantasmas que no desaparecen
Desde el punto de vista de especialistas consultados, que la cantidad de EFOS contratadas en el sexenio pasado parezca baja se debe a que muchas factureras posiblemente aún no han sido detectadas por la autoridad fiscal.
“El SAT dejó de ejercer esta facultad de poder investigar si los contribuyentes realmente realizaban las operaciones o solo las simulaban”, explica la especialista fiscal Denise Tron. “No es que haya menos empresas fantasma, es que hay menos empresas dentro del listado. Y pues no, no tenemos un dato del número que existe en la realidad”.
Para Vania Pérez, presidenta del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), la falla en la detección de factureras también refleja la poca confianza en las autoridades, pues dice que hay un déficit de las denuncias ciudadanas que les permiten enterarse de que “había alguien que estaba haciendo tratos con una EFOS”.
Diseño: Omar Bobadilla
No es posible precisar si la caída en la detección de EFOS es porque ya no existen este tipo de compañías o porque no se les están identificando, pero los expertos coinciden en que se trata de la segunda razón. El mismo planteamiento y otros hallazgos de esta investigación se presentaron al SAT para conocer su posicionamiento, pero la autoridad fiscal no entregó una respuesta.
Y mientras la inhabilitación de empresas fantasma se desplomaba, las EFOS también encontraban la manera de sortear las resoluciones del SAT.
Esta investigación encontró que tres de las 34 empresas fantasma que contrataron en el periodo de AMLO incluidas en la base de datos al corte de enero de 2023, actualmente se encuentran fuera del listado vigente de definitivas y aparecen en un registro público del SAT denominado de “sentencia favorable”, el más reciente, con fecha de actualización del 5 de febrero de 2025.
Una de ellas es Limpieza y Mantenimiento Xielsa. En el gobierno lopezobradorista obtuvo contratos que sumaron 19.8 millones de pesos por servicios de limpieza, adicionales a los 25.8 millones que recibió en las administraciones de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón.
De los servicios contratados en el sexenio de AMLO por los Centros de Integración Juvenil y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez las pruebas de los servicios son una relación de fechas escritas a mano e información testada.
Imagen: Centros de Integración Juvenil, respuesta de Transparencia
En una condición similar está Proyectos y Construcciones Roxi, empresa oaxaqueña invitada en 2019 directamente por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) a la licitación de la rehabilitación de la Casa del Comedor de la Niñez Indígena “Josefa Ortiz de Domínguez” en Agua de Niño, localidad perteneciente a San Lucas Zoquiápam, uno de los 100 municipios con mayor rezago social en el país.
La obra consistía en una fosa séptica, una cisterna, cercados y el comedor —junto con la instalación eléctrica, y el levantamiento de muros y encimeras—. La justificación del instituto era que la empresa tenía tres contratos similares en CompraNet.
Según dijo la dependencia en respuesta a este reportaje, en el proceso de contratación “no se encontraron irregularidades por parte de la empresa” y cuando se le contrató entregó una Opinión de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en sentido positivo, es decir, no era EFOS definitiva. Quinto Elemento Lab obtuvo por Transparencia el expediente de contratación con la investigación de mercado, la convocatoria, una guía técnica con especificaciones, el contrato y los comprobantes de pago. Por esa misma vía el INPI no entregó pruebas de la realización de la obra porque negó que hubiera tratos con la constructora.
La dependencia inicialmente negó que existieran contratos con Proyectos y Construcciones Roxi. Tiempo después se retractó. Imagen: INPI, respuesta de Transparencia.
Sin embargo, los documentos confirmaron que en cinco ocasiones el instituto depositó o expidió cheques por un total de 4 millones 595 mil 478 pesos. El último pago fue de 421 mil pesos y se realizó en agosto de 2021, un año ocho meses después de la fecha en la que debía concluirse la obra y a nombre de otra empresa oaxaqueña. Para entonces el SAT ya había incluido a Proyectos y Construcciones Roxi en su lista de EFOS definitivas por ausencia de activos y personal, falta de infraestructura e incapacidad material.
Antes de publicar esta investigación, por correo electrónico el INPI reconoció que el contrato existía y que la obra se realizó, pero sobre todo destacó que la empresa había salido del listado de EFOS definitivas.
Render de cómo debería quedar el proyecto que el INPI encargó a Proyectos y Construcciones Roxi. Imagen: INPI, respuestas por TransparenciaFotografías de la obra realizada. Imagen: INPI, respuestas por correo electrónico.
Tanto Limpieza y Mantenimiento Xielsa como Proyectos y Construcciones Roxi se encontraban en calidad de EFOS definitivas cuando se realizó el análisis para esta serie de reportajes. Se buscó a ambas compañías sin recibir una contestación.
Estas firmas salieron del listado de definitivas luego de interponer un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Las razones por las que una empresa le “gana” al SAT, dicen especialistas consultados, pueden ser varias: desde acreditar que sí realizó las operaciones facturadas hasta errores en el procedimiento, en los plazos de notificaciones, de alguna firma o cómo se realizó la visita del SAT, por ejemplo.
Si bien la resolución por la que se les declaró definitivas se invalida, para el SAT no significa que la empresa se libere de la responsabilidad de haber emitido facturas “sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que ampararon tales comprobantes, por lo cual, se dejan a salvo las facultades de la autoridad fiscal”, advierte el órgano.
Irregularidades de origen
Cuando López Obrador inició su mandato, el Gobierno federal llevaba al menos cuatro años detectando e inmovilizando EFOS. En 2018 ya se conocían tramas de corrupción gubernamental que las involucraban y se habían revelado algunas de sus características, así como de las constantes irregularidades bajo las que eran contratadas.
La asignación de contratos por adjudicación directa y por invitación restringida (cuando los proveedores que participan son convocados por la dependencia) son considerados procesos de excepción por las leyes de Obras Públicas y de Adquisiciones, permitidos únicamente cuando se trata de compras muy especializadas o de seguridad nacional.
El procedimiento legal consiste en que, por lo general, las contrataciones ocurren mediante licitaciones, concursos públicos en los que cualquier compañía presenta una propuesta y el contratante elige a la mejor en calidad y precio.
No obstante, el 78.2 por ciento de los contratos a empresas fantasma en el sexenio pasado se entregaron mediante procedimientos de excepción, una proporción casi igual que con Peña Nieto y mayor que con Calderón. Solo 19 convenios se hicieron por licitación pública, pero que los ganaran EFOS hace sospechar de procedimientos con irregularidades, opinan las especialistas entrevistadas.
“El gobierno, cuando da esas licitaciones, esos concursos, realmente son como para decir: sí, cualquier empresa puede concursar. Pero no, realmente ya están otorgadas”, señala Tron, de Justicia Justa.
“Lo que le interesa a quienes permitieron que ocurriera esta contratación es que (…) siga siendo proveedor del Estado”, concuerda Pérez, del SNA. “Para que esto ocurra, una autoridad es responsable”.
Infraestructura en Construcción, una empresa veracruzana que obtuvo más de 124 millones de pesos en la época de Peña Nieto y que también había trabajado con el gobernador Javier Duarte, ganó en 2019 un contrato de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) tras simular una competencia con otra compañía con la que compartía socios y pese a carecer del personal especializado requerido por la convocatoria. Ya había sido inmovilizada por el SAT cuando firmó el convenio.
Casi una tercera parte de los tratos con EFOS en el sexenio de López Obrador se otorgaron cuando estas empresas ya habían sido catalogadas como definitivas o mientras estaban bajo investigación del SAT como presuntas factureras, y exhibidas también en un listado público. De entre la decena de dependencias que las contrataron destacan la SICT, el ISSSTE, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, el Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.
Al mismo tiempo, sobre aquellas firmas que todavía no eran sancionadas por la autoridad fiscal había sospechas que se asomaban en los procesos de contratación, pero pasaron desapercibidas para los funcionarios, por ejemplo, durante la revisión de las constancias de Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social del IMSS, y de Obligaciones Fiscales del SAT, útiles para advertir si las compañías tienen su situación laboral y fiscal en regla.
Quinto Elemento Lab requirió por Transparencia ambos documentos en los 87 contratos. Solo de la mitad se localizaron constancias positivas del SAT y, en apenas siete casos, las dependencias entregaron el documento de seguridad social, que las empresas estaban obligadas a proporcionar por ley.
Según estos documentos, Credimosa, con solo dos empleados, llegó a venderle al gobierno millones de pesos en refacciones y llantas. Mientras que la empresa Electro Riegos, con un trabajador registrado, fue contratada por 2.6 millones de pesos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para trabajos de rehabilitación de válvulas de emergencia y del tablero de control, así como para la compactación y repavimentación de una superficie de 4 mil 500 metros cuadrados en la presa José López Portillo en Sinaloa.
Electro Riegos quedó inhabilitada por el SAT el mismo día que inició su contrato en agosto de 2019, pero sus dos socios continuaron como contratistas de la Conagua mediante Estudios y Proyectos del Campo, compañía de giro similar, a la que en 2022 y 2023 la dependencia calificó de “empresa confiable” e incluyó en el padrón de un programa de devolución de pagos por suministro de agua en distritos de riego.
En el caso de Interacción Biomédica, la facturera mexiquense que firmó contratos con el IMSS y el ISSSTE para proveer material de curación, insumos y equipo médico, según la constancia de seguridad social resultó tener apenas nueve trabajadores.
Los entes públicos tienen forma de conocer el número de empleados de la empresa contratista. Una cantidad incongruente de trabajadores para las actividades a realizar puede advertir que se trata de una EFOS. Imagen: Respuestas de Transparencia
Entre las irregularidades también resaltan las compañías con múltiples actividades empresariales y las que se constituyeron bajo un objeto distinto al rubro para el que eran contratadas.
En 2019, la Administración del Sistema Portuario Nacional (Asipona) Progreso, la terminal marítima más importante de la costa yucateca, adjudicó dos contratos a Servicios Profesionales BSB para trabajos de configuración y reparación de sensores para el control del acceso vehicular, así como servicios de desmontaje de torres e instalación de cámaras y radios.
BSB ya estaba bajo sospecha del SAT, porque según su objeto social —descrito en su acta constitutiva— se dedicaba a asesorías corporativas, venta de bienes y maquinaria, y cobranza, entre muchas otras cosas, que no incluían servicios de electrónica o informática.
La Asipona Progreso no presentó convenios ni pruebas del trabajo de BSB, a pesar de las solicitudes de información, pero sí entregó comprobantes de pago y facturas. En estas figura el domicilio que reportó la empresa: el 221 de la calle 13 de la colonia Chuburná, en Mérida, una casa que entre 2018 y 2019 exhibía un letrero con el logotipo de BSB y de otra compañía con la que compartía el inmueble, pero que actualmente ya no está señalizada.
Y hay muchos otros casos.
La hidalguense Comercializadora Hisor fue contratada con recursos federales para construir un distribuidor vial en Pachuca, pero igual fue requerida por la delegación de Puebla del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas para que le proveyera insumos de papelería.
Alyfranz recibió tres contratos por adjudicación directa de la Delegación Regional Zona Sur de la Ciudad de México del ISSSTE, lo mismo para suministrar alcohol de curación, termos sublimados, tazas y vasos conmemorativos, que fólderes, opalinas, cintas de colores con pegamento y hasta líquidos para la prueba de Papanicolaou, fundamental para detectar el virus del papiloma humano relacionado con el cáncer cervicouterino.
El ISSSTE, bajo la administración de AMLO, contrató a Perylsa Suministros y Productos del Antequera para adquirir material didáctico para las estancias del Bienestar, además de alcohol, abrelatas, aspas de licuadora, utensilios de cocina y otros enseres para las unidades médicas. La empresa con domicilio en Oaxaca tuvo dos contratos con la delegación de su estado y también fue requerida por el ISSSTE de Puebla para comprarle alcohol.
En el Estado de México, la Universidad Politécnica de Tecámac utilizó recursos federales para comprar equipos de cómputo a HV MN Tecnología México, una empresa capitalina de marketing y publicidad en redes sociales.
Y la Fiscalía General de la República (FGR) adjudicó un contrato a la mexiquense Servicios Empresariales Neo-Net para que le preparara box lunch de emparedados frescos en la delegación del Estado de México, mientras que el Instituto Mexicano del Transporte le dio un contrato para el servicio de su comedor en Ciudad de México, y el Servicio Postal Mexicano la requirió para hacer trabajos de limpieza en Querétaro.
Ninguna de las dependencias o universidades mencionadas contestó los cuestionamientos de Quinto Elemento Lab respecto a estas contrataciones.
Mucha opacidad, poca fiscalización
Hay poca evidencia de que se haya sancionado a quienes cometieron estas irregularidades.
Quinto Elemento Lab envió solicitudes de información a todas las dependencias que contrataron EFOS en el sexenio pasado. De 87 convenios, en 55 no hubo inconformidades, en dos casos se rescindió el contrato, en uno se aplicó una multa, y para el resto no hubo respuesta.
Este reportaje no pudo precisar el esfuerzo gubernamental para sancionar los convenios públicos con empresas fantasma. La FGR no proporcionó información estadística sobre cuántas carpetas de investigación inició por delitos relacionados con la contratación de firmas inexistentes en el sexenio de López Obrador.
En cuanto a las faltas administrativas, la Secretaría de la Función Pública —actualmente, Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno— se limitó a sugerir la consulta del listado de servidores públicos sancionados. Pero la revisión no arrojó coincidencias. La dependencia tampoco atendió un cuestionario con el que se buscaba saber, entre otras cosas, si puede medir la incidencia y el tamaño del fenómeno de la contratación pública de EFOS y qué acciones realiza para su combate.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público respondió por Transparencia que, entre 2014 y 2023, inició 2 mil 343 querellas por defraudación fiscal —el delito por el que suele perseguirse a las empresas fantasma, mas no a los funcionarios—, pero únicamente 17 fueron a juicio, en 123 casos no se siguió el proceso, y el resto está en trámite. De los casos llevados ante un juez, solo una sentencia resultó condenatoria.
A la falta de quejas se suma el hecho de que las dependencias no cancelaron contratos o tardaron en hacerlo, pese a la evidente falta de cumplimiento de los proveedores.
En obras carreteras de Veracruz y Sonora, la SICT rescindió contratos con empresas fantasma, pero lo hizo después de la fecha máxima de entrega de la obra y a pesar de que en visitas previas se comprobó que no había avances. En Sonora, la SICT pagó por adelantado 36 millones de pesos, que no ha recuperado.
Y el ISSSTE no canceló contratos con Interacción Biomédica, a pesar de que en respuesta a solicitudes de información admitió que hubo problemas en la atención a pacientes porque la facturera no entregó aparatos y provisiones médicas pactadas en Coahuila.
De las 34 EFOS contratadas en el sexenio de AMLO, las únicas inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública fueron Interacción Biomédica y Limpieza y Mantenimiento Xielsa. Y solo tres compañías fantasma han sido observadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por alguno de los convenios revisados por Quinto Elemento Lab. Además, 14 fueron dadas de baja del Registro Nacional de Proveedores del INE —el padrón de empresas que contratan los partidos políticos—.
El único procedimiento administrativo que se encontró donde se menciona a una facturera fue una multa que el INE le impuso a Morena en Jalisco. El partido presentó facturas por servicios que sumaban 1.1 millones de pesos, supuestamente realizados por Cookout Party, que ya había sido boletinada por el SAT.
Cookout Party también fue contratista federal en el sexenio de AMLO con la Secretaría de Bienestar en Nayarit, donde operaba como delegado Manuel Isaac Peraza Segovia. Aunque la dependencia trató de negar la existencia de un contrato de alimentos para el personal, Quinto Elemento Lab lo consiguió vía Transparencia.
La Delegación del Bienestar en Nayarit contrató a una empresa fantasma, que además resultó tener vínculos criminales. Imagen: Secretaría de Bienestar, respuesta de Transparencia
Esta EFOS hacía de todo. Además del contrato con Bienestar, se localizaron convenios que no se celebraron con el Gobierno federal, pero que dan muestra de su versatilidad: en 2019 cobró 56 mil pesos por el brindis y el servicio de meseros para el primer informe de gobierno del municipio de Arandas, Jalisco; un año después, ganó un contrato de la Universidad de Guadalajara (UDG) de medio millón de pesos por armar, empaquetar y entregar kits de bienvenida, y de protección y sanitización personal.
En la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) también se indica que fue proveedora de alimentos del Partido Acción Nacional (PAN) en Veracruz, impartió un seminario de titulación para la Maestría en Docencia para la Educación Media Superior de la UDG, y le rentó baños móviles a la Secretaría de Administración del gobierno de Jalisco.
De acuerdo con investigaciones periodísticas, la empresa jalisciense tenía nexos con un trío de compañías señaladas por el Departamento del Tesoro estadounidense por lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ni los contratantes de Cookout Party ni la compañía proporcionaron una postura a Quinto Elemento Lab.
Empresas fantasma, obras fantasma
Los millones de pesos asignados a contratos con empresas fantasma debieron materializarse en obras, servicios o adquisiciones en 21 estados del país, principalmente en mejoras hidráulicas en Oaxaca, servicios en oficinas federales, equipo e insumos en unidades médicas de Michoacán y Coahuila, y carreteras en Sonora y Veracruz.
Mediante la PNT, Quinto Elemento Lab requirió facturas y documentos probatorios de los 87 convenios firmados con EFOS durante el sexenio de AMLO. Las dependencias confirmaron la existencia de facturas en 60 por ciento de los contratos fantasma, pero sólo del 39 por ciento se entregaron pruebas de cumplimiento, principalmente bitácoras o listas.
Por ejemplo, para demostrar la adquisición de libros y revistas especializados con Medical & Technical Books, una EFOS de Puebla, las universidades de Guanajuato y Autónoma de Yucatán enviaron fotos de los ejemplares, mientras que las universidades Veracruzana y Autónoma de Ciudad Juárez y El Colegio de la Frontera Norte proporcionaron únicamente listas con los títulos.
La Universidad Veracruzana (UV) respondió que estas contrataciones corresponden a libros de ciencias médicas adquiridos en el periodo de la exrectora Sara Ladrón de Guevara. Los contratos eran firmados por funcionarios que dejaron el cargo en 2021: el abogado general de la UV, Alberto Islas Reyes –actual presidente municipal de Xalapa–, Eric Jesús Galindo Mejía, director de Recursos Materiales, y el Secretario de Administración y Finanzas, Salvador Tapia Spinoso.
De acuerdo con la UV, Medical & Technical Books cumplía los requisitos exigidos en las licitaciones. “Sin embargo, se desconoce si la contrataron por recomendación o indicación”, aclaró la institución.
Distintas universidades del país contrataron libros con una empresa fantasma. Imágenes: UADY, Universidad de Guanajuato, Colef, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, UV, respuestas de Transparencia
Un caso muy similar es el del ISSSTE en Coahuila, que mediante comprobantes documentales –como listas de materiales– sostiene que Interacción Biomédica, la facturera más grande del ramo de salud, le entregó equipo médico especializado para apoyo en cirugías, y administrar sangre, alimentos o quimioterapias.
Imagen: ISSSTE, respuesta de Transparencia
Los documentos probatorios de la compra de llantas y filtros de aire adquiridos a Credimosa que la Semar proporcionó por Transparencia son recibos en los que la única garantía de la entrega de las refacciones son las firmas de tenientes, capitanes y contralmirantes, junto con sellos de la Oficialía Mayor y del Almacén General.
Imagen: Secretaría de Marina, respuesta de Transparencia
En cuanto a las obras licitadas por la SICT en Chiapas y Oaxaca, las pruebas son reportes, uno fotográfico, en los que la diferencia entre el “antes” y el “después” es bastante difusa y los nombres de los trabajadores y las firmas fueron cubiertos con rectángulos negros. Sobre dos contratos más, la dependencia ni siquiera entregó escritos probatorios, a pesar de que la Ley de Obras indica que debe hacerse un seguimiento detallado mediante bitácoras.
Imágenes: SICT, respuesta de Transparencia
En algunos casos, hubo pruebas de que se pagaron los contratos, pero no de que se cumplieran. La Conagua admitió haber saldado cuatro facturas a Electro Riegos por trabajos en una presa de Sinaloa, pero no hay constancia de la obra. Diconsa, la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) incluso negaron haber tenido tratos con EFOS, aunque existen convocatorias, contratos y comprobantes de pedidos firmados.
Desde su experiencia como fiscalizador de contrataciones públicas, el exdirector del Área Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Gerardo Lozano Dubernard, pone en entredicho la validez de este tipo de pruebas “de papel” por su falta de trazabilidad. “Si tú me dices: ‘Oye, aquí hay unas hojitas de papel ahí con una firma’, esa no es suficiente evidencia”. La trazabilidad, explica en entrevista, es un registro más extenso, que da seguimiento a las diferentes partes de un proceso, desde la solicitud hasta la aplicación de los bienes o la ejecución de la obra.
Pero más allá de la falta de pruebas que amparen la existencia de obras o compras, lo que queda expuesto son las afectaciones a la ciudadanía.
Pobladores de Veracruz y Sonora no cuentan con los caminos que desde hace tiempo esperaban para conectar sus regiones porque la SICT seleccionó empresas fantasma que abandonaron las obras. Y en Coahuila, el resultado de que el ISSSTE contratara a una facturera fue que el Hospital General de Saltillo y media decena de clínicas se quedaron sin equipos especiales para infundir sangre, soluciones o quimioterapias para combatir el cáncer de pulmón, ovario o mama.
Cómo detener a las fantasmas
La ley no es clara respecto a cómo dejar a las factureras fuera de los concursos de contratos públicos.
“Esta figura de empresas fantasma no solo la usan los contribuyentes para pagar menos impuestos, sino que también la han usado y la siguen usando dependencias de gobierno, pero para otra finalidad, que es el desvío de recursos públicos, o sea, robarse el dinero”, expone Denise Tron, de Justicia Justa.
“Requieren tener alguna relación con una autoridad o parte del gobierno que esté colaborando para que puedan obtener contratos”, coincide Vania Pérez, del SNA.
De acuerdo con la especialista de Justicia Justa, el Gobierno federal ha permitido la proliferación de contratos públicos con EFOS desde que, a más de una década de que se creara este concepto como un problema fiscal para el SAT, “en todas las normas que regulan las contrataciones públicas no se ha incluido esta figura de empresas fantasma”.
Aunque Sarahí Salvatierra, de la organización Fundar, reconoce los avances normativos para limitar el uso de EFOS en el país, señala los vacíos legales en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Si bien se sanciona como falta grave la contratación indebida, solo aplica cuando las empresas ya están inhabilitadas o impedidas legalmente en el momento de la asignación del contrato.
Hasta la fecha, ninguna ley castiga la contratación de factureras con dinero público. No hay, dice Salvatierra, “una norma o algo que establezca de manera muy concreta que se prohíbe realizar contrataciones con las empresas que son parte del listado que establece el SAT”.
Los delitos de corrupción en los que pueden incurrir los servidores públicos, según el Código Penal Federal, tampoco mencionan de forma explícita a las EFOS. Si se comprueba el pago de contratos por servicios, obras o adquisiciones que no se realizaron –en los que comúnmente intervienen empresas fantasma–, las autoridades investigan los casos como peculado (desvío de recursos).
Una respuesta de la FGR disponible en la PNT indica que, entre 2022 y mayo de 2024, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción inició mil 957 carpetas por delitos de corrupción, de las cuales 472 fueron por peculado. De todas las investigaciones abiertas, apenas 138 llegaron a un juez. La FGR no quiso informar en cuántas hubo una sentencia condenatoria.
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Pérez también destaca que el sexenio lopezobradorista concluyó sin cumplir uno de los grandes pendientes de la administración pública federal: una Ley General de Contrataciones Públicas.
La iniciativa de Ley propuesta por la SNA y organizaciones como Transparencia Mexicana y el IMCO, entre otras, contemplaba la creación de un Sistema Nacional de Contrataciones Públicas para homologar regulaciones en el país, pues actualmente existen cerca de 111 marcos legales que dictan cómo se deben realizar los procedimientos de contratación.
También mencionaba la necesidad de aumentar las investigaciones de mercado, contar con un plan anual de compras centralizadas y limitar al 30 por ciento del presupuesto la entrega de contratos mediante procesos de excepción. Sin embargo, la iniciativa tampoco apuntaba de forma explícita al tema de la contratación de EFOS.
La propuesta se llevó al Congreso en 2021, pero no avanzó entre los legisladores, confirman dos representantes de las organizaciones promoventes.
“Para el sexenio de Claudia Sheinbaum deberíamos tener una Ley General de Contrataciones Públicas”, insiste Pérez. “Se había prometido en otros sexenios que íbamos a tener herramientas que iban a estar concentradas desde la Función Pública, hoy la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno”.
Hasta ahora, las referencias de Sheinbaum a las EFOS han sido mínimas. En su tercer día de gobierno mencionó que mantendría el “combate contra cualquier evasión fiscal” de la mano del SAT y de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero su comentario no se refirió a los contratos públicos.
Lo que sí ha ocurrido es que, en marzo de 2025, la presidenta envió a la cámara de diputados un par de iniciativas para expedir o reformar leyes sobre adquisiciones y obras públicas. Algunos de los cambios propuestos son la sustitución del sistema CompraNet por una Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, incorporar testigos sociales que vigilen las contrataciones y dejar fuera de esta regulación a las Fuerzas Armadas cuando se encarguen de construir obras.
“Es lo más próximo que hemos estado de una Ley General de Contratación Pública”, dice Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana.
El IMCO analizó las propuestas y encontró que el mayor desafío, aun con la implementación de una plataforma tecnológica, todavía es evitar la contratación de empresas riesgosas como las Efos. “Hasta ahora no se ha logrado terminar con este fenómeno”.
Para las especialistas en temas anticorrupción, fiscales y de rendición de cuentas, la solución es clara: vigilar las contrataciones públicas, identificar a los verdaderos beneficiarios finales de las firmas contratistas y mucha transparencia.
“Que la regla no sea estarle dando contratos a empresas recién creadas o que tienen un historial de corrupción en los gobiernos anteriores”.
En portada: En febrero del 2022, miles de habitantes de Benemérito de las Américas, Chiapas, participaron para exigir el cierre de dos fábricas de aceite de palma que causan estragos en la salud y el medioambiente en la selva de Chiapas. Una de ellas es propiedad de Oleopalma. Foto: Jeny Pascacio
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en Chiapas impuso una clausura temporal parcial a la planta extractora de aceite de palma de Mapastepec, estado de Chiapas, de la empresa Industrias Oleopalma, por descargar más aguas residuales de las permitidas, anunció el órgano ambiental en un comunicado el domingo (27).
Durante la visita de inspección realizada en los días 24 y 25 de abril de 2025, los funcionarios de Profepa constataron que Oleopalma descargó 31.8% más aguas residuales de las establecidas en su permiso ambiental, “lo que implica un riesgo para el medio ambiente, la salud pública y los habitantes de la zona”.
Además, pudieron constatar que Oleopalma no cuenta con un área de almacenamiento de lodos del sistema de tratamiento, como lo establece la ley ambiental.
Planta procesadora de aceite de palma y monocultivos en el municipio de Mapastepec, en las inmediaciones de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada. Foto: Santiago Navarro F.
El órgano ambiental impuso como medida de seguridad la clausura temporal parcial del área de generación de aguas residuales de la planta y del área de secado de lodos, además de ordenar la implementación de medidas correctivas urgentes para reducir el riesgo de daño ambiental.
“El exceso de descarga de aguas residuales industriales y la falta de disposición adecuada de lodos representan un riesgo para el suelo, los cuerpos de agua, la biodiversidad y la salud pública, al incrementar la contaminación por compuestos como nitrógeno, fósforo, materia orgánica y bacterias coliformes”, aclara Profepa en el comunicado.
En 2020, Oleopalma se convirtió en la primera empresa mexicana en obtener la certificación RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) para su planta procesadora de Palenque y sus plantaciones ubicadas al norte del estado de Chiapas.
Una investigación realizada por Avispa Mídia, publicada en marzo de 2022, reveló que, en 2021, se registraron deficiencias en la infraestructura sanitaria de Industrias Oleopalma. Trabajadores de la consultora IBD Certificaciones realizaron una visita a las fincas de la empresa, en el municipio de Mapastepec. En el lugar, encontraron que los trabajadores de la empresa no contaban con las debidas protecciones “para el momento de la aplicación de los agroquímicos”, como relatan en un informe. No obstante, se consideró esto como un incumplimiento menor y otorgó la certificación RSPO para cuatro plantaciones de la empresa ubicadas en la región de influencia de la Reserva de la Biosfera La Encrucijada.
Oleopalma forma parte de un conglomerado de 15 empresas que integran Grupo Oleomex. Este grupo es el principal vendedor de aceite de palma para las multinacionales Cargill, PepsiCo y Nestlé.
En el país existen 18 instalaciones de procesamiento de la palma; Chiapas concentra 12 de ellas. Siete de ellas están establecidas en la región de influencia de La Encrucijada donde también se encuentra la procesadora de Oleopalma.
Otras cuatro clausuras
El 22 de abril, Profepa anunció la clausura de otras tres plantas extractoras de aceite de palma en Chiapas.
El 14 de abril, funcionarios del órgano realizaron una visita de inspección a la empresa denominada Cooperativa Unión de Palmicultores de la Costa de Chiapas, ubicada en el municipio de Acapetahua, donde detectaron que no cuentan con permiso de descarga de aguas residuales, no tienen especificaciones técnicas del sistema de tratamiento, carecen de informes de monitoreo, no cuentan con medidores y puntos de muestreo y hay infiltración de aguas residuales no tratadas al suelo natural y terrenos aledaños.
Como resultado, se impuso una clausura temporal parcial a la planta extractora de aceite de palma; asimismo se dictaron diversas medidas de aplicación urgente con la finalidad de prevenir riesgos ambientales por el manejo inadecuado de aguas residuales industriales.
El 15 de abril, funcionarios de la procuraduría realizaron una visita a la empresa Pakal Consultores en Agronegocios del Sureste, ubicada en el municipio de Villa Comaltitlán y encontraron las siguientes irregularidades: no cuentan con permiso de descarga, no presentaron la documentación que acredite el adecuado tratamiento y monitoreo de calidad y volumen de descarga de las aguas residuales, son omisos en el pago de derechos y sus aguas residuales se infiltran al suelo natural.
Procesadora de aceite de palma en el municipio de Villa Comaltitlán, costa de Chiapas, donde los monocultivos avanzan reemplazando la vegetación nativa. Fotos: Santiago Navarro F.
Por eso, se impuso la medida de seguridad de clausura temporal parcial de las instalaciones en el área correspondiente a la fuente generadora de aguas residuales. Además, se le impusieron diversas medidas de aplicación urgente para la reducción del riesgo ambiental.
El 16 de abril, inspectores realizaron otra visita al establecimiento “Aceitera Chiapaneca La Palma Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada”, ubicado en camino rural al Pataste al Ejido 15 de Abril, en el municipio de Acapetahua, Chiapas.
Durante la visita también detectaron irregularidades en el manejo de aguas residuales. Además, no cuentan con título de concesión, permiso de descarga, no tienen especificaciones técnicas de sistema de tratamiento, ni informes de monitoreo de aguas tratadas, no presentan los pagos de derechos federales ni cuentan con registros del volumen y calidad de las descargas realizadas entre enero de 2024 y abril de 2025.
Además, se constató que las aguas residuales industriales generadas por el proceso de extracción no están recibiendo el tratamiento adecuado, lo que ha provocado su infiltración y vertido al suelo natural, bajo la laguna de oxidación y en terrenos aledaños.
Ante estos hechos se impuso como medida de seguridad la clausura temporal parcial de las instalaciones, específicamente de la planta extractora de aceite de palma, y se dictaminó medidas de urgente aplicación para reducir los riesgos ambientales derivados del manejo inadecuado de aguas residuales.
El 7 de abril, Profepa también anunció la clausura de forma temporal parcial de la planta extractora de aceite de palma de la empresa Seopalma S.A. de C.V., ubicada en el municipio de Mapastepec, Chiapas, debido a irregularidades en el manejo de sus aguas residuales industriales.
Durante una visita de inspección realizada el 4 de abril de 2025, los inspectores de la Profepa encontraron que la empresa no contaba con la documentación legal y técnica para demostrar que las aguas residuales generas son tratadas de conformidad con la norma NOM-001-SEMARNAT-2021, además, se constató que la empresa vierte directamente sus aguas residuales al suelo, “lo que representa un riesgo grave para los ecosistemas y para la salud pública”, sostuvo el órgano.
La Profepa informó que dará seguimiento técnico y jurídico al cumplimiento de las medidas impuestas y “realizará la integración del procedimiento administrativo para la determinación de responsabilidades y sanciones conforme a la legislación ambiental vigente”.
Durante los últimos cuatro sexenios el gobierno mexicano ha otorgado más de 11 mil 492 millones de pesos en contratos con dinero federal a Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS), también conocidas como empresas fantasma, fachada, inexistentes o factureras.
Se trata de compañías que no contaban con la capacidad operativa ni los recursos para cumplir con los servicios que prometían. Sin embargo, accedieron a grandes sumas de recursos públicos por el equivalente a 1.5 millones de pesos diarios a lo largo de 20 años.
Al mismo tiempo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de cobrar 7 mil 239 millones de pesos en impuestos a estas mismas empresas, debido a cancelaciones o condonaciones de adeudos fiscales.
Por primera vez, una investigación cuantifica de forma global cuántos recursos federales se entregaron a empresas fantasma a lo largo de los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Quinto Elemento Lab, en colaboración con el Observatorio de la Corrupción e Impunidad (OCI) del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), realizó este análisis a partir de una base de datos en la que se cruzaron los contratos federales disponibles en CompraNet (2002–2022) con el listado más actualizado del SAT de EFOS definitivas al 31 de enero de 2023. Dado que este registro se actualiza periódicamente, algunas empresas consideradas como definitivas al momento del análisis podrían haber sido excluidas en versiones posteriores.
Esta investigación revela un sistema de contratación que permitió —y toleró— la participación de empresas fachada durante dos décadas, sin consecuencias reales para los responsables, con pocas sanciones y menos denuncias: un fenómeno transexenal de consecuencias públicas.
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El patrón transexenal
En las últimas dos décadas el gobierno federal ha mantenido una relación constante con EFOS. Los primeros registros de contratos con empresas fantasma se ubican desde la presidencia de Vicente Fox. En el sexenio de Felipe Calderón fue cuando estas empresas obtuvieron más dinero federal. Con Enrique Peña Nieto se multiplicaron los convenios. Y, pese al discurso anticorrupción, durante el periodo de Andrés Manuel López Obrador siguieron contratando a firmas inexistentes y se desplomó la identificación que hace el SAT de estas compañías.
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Entre 2002 y 2022, la administración pública federal firmó 3 mil 529 contratos con 834 EFOS, que operaron en promedio 8.1 años hasta ser detectadas. Muchas fueron contratadas en su primer o segundo año de existencia y lograron mantenerse activas incluso tras escándalos de corrupción o cambios de sexenio.
La mayoría de los contratos se firmaron antes de que estas empresas fueran oficialmente señaladas por el SAT, pero todas terminaron incluidas en el listado 69-B, que identifica a las EFOS definitivas.
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Para comprobar si los servicios o productos contratados realmente se entregaron, Quinto Elemento Lab solicitó facturas y probatorios de una muestra de mil 311 contratos (el 37 por ciento del total, pero que concentraban el 66 por ciento del monto global). La revisión abarcó 87 EFOS, seleccionadas por haber acumulado más dinero, más contratos, o por haber sido contratadas cuando ya figuraban como empresas definitivas.
Los resultados son alarmantes: de los 7 mil 400 millones de pesos que representa esta muestra, solo se encontraron pruebas de cumplimiento en una cuarta parte (mil 241 millones). Para el 48.8 por ciento de los contratos (que representan más de 2 mil 698 millones), no hubo ninguna evidencia documental. Y para el resto, las respuestas fueron evasivas: expedientes perdidos por incendios o inundaciones, documentos ilegibles, información clasificada o incluso la negación de la existencia del contrato. Algunas dependencias entregaron facturas, pero admitieron no tener probatorios del servicio prestado.
Un sistema que permitió su existencia
El reparto del dinero tampoco fue equitativo: algunas empresas lograron hacerse de muchos contratos pequeños y otras acumularon grandes cantidades de dinero por medio de pocos convenios. Y apenas diez empresas fantasma concentraron casi la mitad de los recursos públicos que terminó en manos de EFOS.
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El dinero público fluyó hacia estas compañías a través de 486 instituciones de los tres niveles de gobierno. El 90 por ciento de las secretarías de Estado y buena parte de las entidades paraestatales contrataron EFOS en algún momento. Incluso el SAT, autoridad fiscal encargada de bloquearlas, también les adjudicó contratos.
Y tan solo cuatro instituciones —la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE)— concentraron una cuarta parte del dinero total otorgado a empresas fantasma.
Las EFOS facturaron todo tipo de servicios: cursos, asesorías, mantenimiento, publicidad, renta de equipo, artículos de oficina, limpieza, mobiliario, ropa, maquillaje. A menudo, los contratos les fueron adjudicados de manera directa.
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Casi la mitad del dinero destinado a estas empresas debía usarse para infraestructura esencial: construcción y mantenimiento de carreteras, mejoras en escuelas, equipo médico, medicamentos, redes de agua potable o pavimentaciones.
Sin embargo, en el peor de los casos no hay pruebas de que las obras o servicios se hayan realizado. En otros, existen documentos que sugieren su cumplimiento, aunque persisten dudas sobre sobrecostos o deficiencias en la calidad.
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Así que esta no es una historia más de corrupción. Son dos décadas de contratos con dinero federal asignados a compañías inexistentes, que no debieron recibir esos fondos: una de las más grandes entregas transexenales de recursos públicos en la historia reciente de México.
Esta es la primera parte de “Fantasmas del erario”, una serie de reportajes de investigación presentada por Quinto Elemento Lab que documenta cómo las empresas fantasma se incrustaron en los procedimientos de contratación pública en México para obtener millones de pesos del erario mientras provocaron afectaciones directas a la sociedad mediante la simulación de servicios y obras o la ejecución de proyectos a sobrecosto o con deficiencias.
