![radio](https://radiozapatista.org/wp-content/themes/radio-zapatista/podcast/frayba.jpg)
resistencia
El poder judicial del estado de Chiapas condena a 25 años a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc por defender su territorio
San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México
17 de mayo de 2023
Boletín No. 10
El poder judicial del estado de Chiapas condena a 25 años a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc por defender su territorio
- La criminalización a los pueblos indígenas, causa recurrente en Chiapas.
Desde este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, denunciamos la criminalización hacia los defensores del territorio; el gobierno Chiapas una vez más actúa con toda impunidad. El día de hoy 17 de mayo del 2023 el Poder Judicial del Estado de Chiapas declaró culpables a Manuel Sántiz Cruz, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco, Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Domínguez, cinco indígenas defensores comunitarios, del pueblo maya tseltales de San Juan Cancuc, privados arbitraria de su libertad por defender su territorio, a quienes se les condenó a 25 años de prisión por un delito que no cometieron.
Para establecer la condena la Juez utilizó criterios legales de 1993 es decir, criterios de hace más treinta años, a pesar de todas las reformas legales que han ocurrido en México que deberían de garantizar los derechos humanos. La Juez le dio valor probatorio a las declaraciones de los policías municipales, cuando ellos debieron ser los primeros en ser investigados, ya que la muerte aconteció en la patrulla de la policía municipal de San Juan Cancuc; otro hecho notorio fue que dio valor a un acta de defunción alterada.
El 3 de mayo de 2023, los cinco indígenas tseltales rindieron su declaración frente a la Juez, en donde mencionaron que tres de ellos fueron detenidos de manera arbitraria el día 29 de mayo de 2022, en San Juan Cancuc, mediante un operativo conjunto de la Policía Municipal, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano, para después ser entregados a la Fiscalía de Justicia Indígena, quien primero les fabricó el delito de portación de droga y después los involucró en el homicidio que fueron sentenciados.
Los dos últimos, declararon que fueron detenidos de manera arbitraria por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y de la Policía Especializada el día 1 de junio de 2022, a las afueras del Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 5 (CERSS No. 5) de San Cristóbal de Las Casas, cuando visitaban a sus compañeros y como represalia por haber sido testigos del operativo y privación arbitraria de la libertad, hecho realizado por las Fuerzas de Seguridad el día 29 de mayo de ese mismo año, ninguno de estos elemento arbitrarios fueron tomados en cuenta, por lo que una vez más dan evidencia de la acción recurrente de criminalización hacia los pueblos originarios que defienden al territorio.
Este caso es parte de un modelo de complicidad que existe entre las autoridades municipales, estatales y federales, junto con jueces y fiscalías para generar la fábrica de culpables y mantener a personas inocentes en prisión, por lo que, la falta de acceso a la justicia es un lastre del sistema jurídico mexicano.
El Frayba exige libertad y justicia a los cinco indígenas tseltales de San Juan Cancuc, ya que tenemos plenamente documentado la existencia de graves violaciones a derechos humanos, entre ellas el debido proceso legal, haciendo notar la ineficacia de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, las cuales son carentes de valor jurídico, además de la parcialidad del Poder Judicial que actuó ignorando las evidencias claras de las privaciones arbitrarias de la libertad que fueron objeto los cinco defensores del territorio. Por último, referimos los argumentos del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas que menciona que, el encarcelamiento generalizado o sistemático u otra privación grave de la libertad en violación de las normas del derecho internacional pueden constituir crímenes de lesa humanidad.[1]
[1]Opinión número 43/2021 del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, aprobada el diez de septiembre de 2021, relativa a Adrián Gómez, Germán López, Abrahám López, Juan de la Cruz y Marcelino Ruiz (México). https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5647086&fecha=29/03/2022#gsc.tab=0
-*-
Estados Unidos pone el ojo sobre México en la guerra comercial de semiconductores
Fuente: Avispa Midia
Por Santiago Navarro F
En portada: Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EEUU (centro).
La aceleración de las nuevas cadenas productivas en el planeta marcha viento en popa y el tablero del teatro de operaciones de la guerra comercial también. Desde la telefonía celular hasta la industria automotriz son fundamentales los semiconductores, también conocidos como circuitos integrados, chips microelectrónicos o chips informáticos, una industria donde EEUU tiene una mínima presencia, pero que ha elevado a escala de su Seguridad Nacional, incluso, invirtiendo más en el sector y buscando relocalizar los complejos productivos a regiones como México.
Según el Servicio de Investigación del Congreso de los EEUU, de 2012 a 2022, las ventas mundiales de semiconductores se duplicaron hasta alcanzar la gigantesca cantidad de 602 mil millones de dólares, aceleradas por el aumento de las redes eléctricas inteligentes, la venta de automóviles eléctricos, la digitalización y la conectividad en casi todos los sectores productivos y de servicios.
Aunque las empresas establecidas en territorio estadounidense lideran solo el diseño de los chips. Como ejemplo, en la producción global de chips lógicos -los más comercializados- EEUU solo representa el 13% de la capacidad productiva global, mientras que Taiwán abarca una producción del 35%, China produce el 23% y el resto es manufacturado por Korea del Sur y Japón.
Tras este escenario, en un informe presentado recientemente por el Servicio de Investigación del Congreso de los EEUU, se han propuesto disputar la capacidad productiva con una inyección de 50 mil millones de dólares. El 9 de agosto de 2022, a través de la Ley CHIPS (División A de P.L. 117-167), asignó 39 mil millones al Departamento de Comercio para llevar a cabo el programa CHIPS para América.
La ley también asignó 11 mil millones de dólares para programas de investigación y desarrollo destinados a mejorar la capacidad nacional de producción de semiconductores de última generación. Aunque empresas estadounidenses y extranjeras ya habían inyectado 200 mil millones de dólares en inversiones privadas, previo a esta ley, entre 2020 y 2022, para ampliar la capacidad de fabricación nacional de semiconductores, equipos y materiales en 16 estados.
La mayor parte de las inversiones fueron a parar a instalaciones de fabricación de chips lógicos y de memoria en Idaho, Ohio, Nueva York, Texas y Arizona, y buscando crear una expansión hacia México.
Sonora
La Universidad Estatal de Arizona (ASU, por sus siglas en inglés) y el gobierno de México han establecido un acuerdo para impulsar la producción de semiconductores en la franja fronteriza entre ambos países, siguiendo la Ley CHIPS para América. El acuerdo contempla formar mano de obra calificada a través de distintas universidades en conjunto con socios de la industria, esto según ASU, como parte de la “Seguridad Nacional”.
A raíz de este convenio, el pasado mes de abril, Rogelio Ramírez de la O, secretario de la Secretaría Hacienda y Crédito Público (SHCP), inauguró la Cátedra SHCP-UNAM 2023, con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Además, sostuvo que este acuerdo es parte del llamado Plan Sonora, “que incluye parques solares y polos industriales basados en energías limpias y que, por la extensa frontera del Estado con Arizona, será esencial para potenciar la relocalización de empresas, sobre todo en la rama de semiconductores”.
El presidente de la ASU, Michael Crow, quien firmó el memorando de entendimiento con Esteban Moctezuma Barragán, embajador de México en EEUU, al sellar el convenio, destacó que no es posible que su país pueda absorber toda la fabricación de semiconductores, por ello, con la nueva ley CHIPS, se destinan 500 millones de dólares para cooperación internacional, donde figura México.
“El acuerdo con la ASU allanará el camino para que una alianza de universidades de Estados Unidos y México, además de fabricantes de microelectrónica, se centren en la formación de trabajadores y la creación de capacidad de producción en los estados fronterizos del noroeste. Este cambio reducirá la dependencia estadounidense de la fabricación asiática”, se anuncia en el portal de la universidad estadounidense.
La importancia de que México entre a la producción de Chips es para dar certeza a la Seguridad Nacional de EEUU, ya que “si se rompe esta cadena de suministro” de tajo, alertan, “se producirá una crisis económica mundial, como la que vivimos durante la pandemia, cuando China cerró casi todas las actividades económicas”, resalta el portal de ASU.
Condiciones favorables
La delegación mexicana estuvo por dos días en la universidad de Arizona donde también conocieron las instalaciones de ASU MacroTechnology Works, el embajador mexicano señaló “que México es un socio clave porque ofrece estabilidad económica, social y política, incentivos fiscales, bajos impuestos, acceso a aeropuertos internacionales y cercanía a clientes y suministros, además de ingenieros calificados y mano de obra disponible”.
Además, Moctezuma recordó que actualmente casi el 40% de las plantas de semiconductores de Estados Unidos están en sitios fronterizos y que Intel y Texas Instruments ya mantienen instalaciones en México.
Por otro lado, la Secretaría de Economía de México ha posicionado la relocalización de la industria de los semiconductores en territorio mexicano como “estratégica” ya que también es una rama de la industria que esta contemplada para ser instalados en el Corredor Interoceánico. Así lo dio a conocer la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, al anunciar las bases para que el sector privado pueda concurrir a la licitación de seis de diez polos de desarrollo en esta región sur de México.
Buenrostro enfatizó que los llamados polos de desarrollo estarán reservados a once vocaciones productivas: Eléctrica y electrónica; Semiconductores; Automotriz (electromovilidad, autopartes y equipo de transporte); Dispositivos médicos; Farmacéutica; Agroindustria; Equipo de generación y distribución de energía eléctrica (energías limpias); Maquinaria y equipo; Tecnologías de la Información y la Comunicación; Metales y; Petroquímica.
Las facilidades que se ofrecen a los inversionistas giran en torno a los incentivos fiscales, como exención del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en transacciones al interior de los polos y entre estos durante los primeros cuatro años. Destaca la exención al 100% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los primeros tres años, con posibilidad de extenderse por tres años adicionales con una reducción de hasta el 90%, en función de variables como número de puestos de trabajo creados.
Los seis polos hacia donde se expandirá la relocalización de la industria de los semiconductores son, del lado de Veracruz, Coatzacoalcos I (257 hectáreas), Coatzacoalcos II (131 ha), Texistepec (462 ha) y San Juan Evangelista (360 ha). Los polos ubicados en Oaxaca que forman parte de esta primera licitación son Salina Cruz (82 ha) y San Blas Atempa (331 ha).