^{por Darío Aranda}

Andalgalá es el caso testigo de la megaminería en Argentina. Allí se instaló, en pleno menemismo, Minera Alumbrera. Fueron más de 25 años de explotación sin cumplir las promesas de trabajo, desarrollo local, ni cuidado del ambiente. Andalgalá también es un epicentro de la resistencia: desde hace más de veinte años se movilizan en rechazo al extractivismo. Llevan 696 caminatas (cada sábado) en defensa del agua y la vida. Y están en alerta por la llegada de la multinacional Pan American Silver (PAS), que intenta explotar el cuestionado proyecto MARA (Minera Agua Rica-Alumbrera), a sólo 17 kilómetros de la ciudad y donde nacen los ríos que brindan agua a la región.

El cartel es enorme, blanco con letras negras y ubicado en un lugar estratégico, en la esquina de la plaza 9 de Julio, pleno centro de Andalgalá: “En defensa del agua y de la vida. Andalgalá libre de megaminería”. Y debajo de una bandera de Argentina, aporta otro concepto: “Más letal que el Covid-19 es la corrupción de los gobiernos y de las mineras”. Resume el clima que se palpa en esta ciudad, la segunda en cantidad de población (luego de la capital provincial). El mensaje refleja buena parte del sentir de la población, que -desde la llegada de la actividad- sufrió una decena de represiones, judicialización y la modificación radical de su forma tradicional de vida.

En ese contexto, se conoció que la multinacional canadiense Pan American Silver (la mayor empresa de plata del mundo) adquirió a la minera Yamana Gold, principal accionista del proyecto MARA. El comunicado corporativo informa: “Se completó la adquisición de Yamana Gold. Se espera un aumento significativo en la producción de plata y oro y mejores márgenes operativos”. El proyecto MARA (antes llamado solo Agua Rica) estaba en manos del consorcio de Yamana Gold, Glencore y Newmon. La incorporación de PAS intentaría darle impulso.

Sergio Martínez, de la Asamblea El Algarrobo -histórico espacio en lucha por la defensa del agua- recuerda que el proyecto minero MARA es “ilegal” porque está en zona protegida por la Ley Nacional de Glaciares (26.639) y precisa la vigencia de la ordenanza 029 que protege los ríos de Andalgalá. “Siempre les decimos a estas empresas, sea PAS o sea Yamana, que no permitiremos la explotación de estos proyectos, porque violan derechos humanos, porque está en juego nuestra el agua y la vida del pueblo”, afirma.

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La organización canadiense Mining Watch sigue de cerca el accionar de la empresa y emitió un comunicado en el marco de la reunión anual de accionistas de la empresa: “Pan American Silver adquiere más activos tóxicos con la fusión con Yamana. La empresa ha declarado un compromiso con los derechos humanos, pero este discurso es contrario a su patrón de adquisición de activos con historial de violaciones de derechos indígenas, violencia y fuerte oposición local”.

El malestar contra la megaminería en Andalgalá tuvo un punto alto en abril de 2021, cuando ardió la sede de Yamana Gold. Sobrevino más represión: una decena de vecinos y vecinas (la mayor parte integrantes de la Asamblea El Algarrobo) fueron apresados durante dos semanas, sin ninguna prueba de haber sido culpables del incendio. En mayo de 2022 también hubo dos represiones en la vecina localidad de Choya, donde cerraban el paso a la minera. El Poder Judicial volvió a criminalizar a los vecinos: hubo decenas de judicializados. No es casual que en Andalgalá se afirma, por el incumplimiento de derechos, de la vigencia de una “dictadura minera”.

Rosa Farías, abuela y parte de Asamblea El Algarrobo, remarca que seguirá la lucha contra la megaminería porque saben que el proyecto MARA pone en riesgo a toda la población de Andalgalá. “No es agradable enterarse de la llegada de PAS, sabemos que es una empresa poderosa y que tiene el aval del Gobierno, ambos hacen como que no existimos, no nos escuchan, pero haremos respetar nuestros derechos, de nuestros hijos y nietos”, advierte.

“Fuera, fuera, fuera las mineras”, es el grito que resuena cada sábado al atardecer en Andalgalá. Desde hace más de 10 años es un rito el caminar alrededor de la Plaza 9 de Julio con decenas de pancartas y banderas que grafican el rechazo al extractivismo. Sergio Martínez resume el pasado y presente: “La megaminería ha demostrado el fracaso en toda la Argentina, no solo con Alumbrera en Andalgalá. No pueden demostrar que no destruyen, que no contaminan y que no nos saquean. Es un sistema de destrucción, contaminación y saqueo que no es viable como modelo de desarrollo para Andalgalá ni para ningún lugar del país”.

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El mismo Martínez aporta un dato más de “las mentiras” de empresas y gobiernos, en base al propio presupuesto oficial: las regalías por la megaminería representan solo el 1,68 del presupuesto provincial. Recuerda que el 1 de julio se cumplieron 700 caminatas en Andalgalá, donde volvieron a flamear dos banderas históricas: “El agua vale más que el oro” y “Andalgalá no se vende. El Aconquija no se toca”.

Pan American Silver es una compañía ya conocida en Argentina y América Latina. Desde hace 15 años intenta la explotación en Chubut el proyecto de plata y plomo llamado Navidad. Contó con el apoyo de todos los gobiernos (provinciales y nacionales), pero no pudo avanzar por el amplio rechazo de la población. Un hecho histórico se dio en diciembre de 2021, con una movilización popular conocida como “el chubutazo”, cuando tras siete días de movilización en las calles (e incluso incendio parcial de la Casa de Gobierno), el gobernador Mariano Arcioni tuvo que dar marcha atrás y restituir las restricciones a la megaminería.

^{Una versión de ese texto se publicó en Página 12}

^{Foto de portada: Embajada de los EEUU en Perú}

La dictadura de Dina Boluarte autorizó el ingreso al Perú de más de mil militares de Estados Unidos, cuando se reactivan las manifestaciones nacionales contra el régimen que ha asesinado a 50 personas en protestas reprimidas con violencia letal -otras 19 fallecieron en incidentes relacionados- por parte de las fuerzas de seguridad.

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La disposición se interpreta como un mensaje amenazante y disuasivo para el pueblo organizado que retomará las marchas masivas en las calles a partir del 19 de julio, en vísperas de los días de fiestas patrias. Desde la región Puno, epicentro de la oposición, se anunció la movilización hacia la capital de 13.000 manifestantes en lo que llaman la tercera toma de Lima.

De acuerdo al decreto aprobado por el Congreso en mayo, las tropas estadounidenses arribarán entre junio y diciembre, con el fin de ofrecer “apoyo y asistencia en operaciones especiales al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y la Policía del Perú”. Se desplegarán en al menos 14 departamentos, entre ellos Lima y zonas del sur andino violentadas por el terrorismo de Estado (Ayacucho, Apurímac, Cusco).

El gobierno de facto se sostiene por las armas. La alianza entre Congreso y Ejecutivo, bajo el mando de la oligarquía, se niega al adelanto de elecciones para este año, a pesar de ser una demanda del 70% de la población. El 80% desaprueba a Boluarte y el 90% rechaza al Parlamento, según las encuestas de este mes. Consultada sobre las próximas protestas, la presidenta de facto, en tono interrogatorio, verbalizó la amenaza de muerte permanente del modelo que defiende sobre la protesta legítima: “¿Cuántas muertes más quieren?”.

En respuesta, el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (Conulp) reafirma su posición no violenta, sin banderas de partidos ni sindicatos. “Los pueblos originarios de las 25 regiones ya tomaron su propia decisión: abolir de raíz este Estado. La conclusión es construir un nuevo Estado, plurinacional, de las regiones. Desde 1821 las 12 constituciones fueron para ellos, no para el pueblo. Los partidos de izquierda quieren nuevas elecciones, asamblea constituyente, nueva Constitución, pero todos hacen parte de esta clase política, de este Estado viejo. No los vamos a permitir en nuestra lucha, ni permitir la violencia. Responsabilizamos de la violencia a la cúpula policial y militar”.

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Las próximas protestas en Lima determinarán el futuro del régimen. Desde la misma cúpula del poder se escenifica un cuestionamiento a la continuidad de Boluarte, ya sea por pugnas internas inmediatas, captar apoyo o como advertencia de la posibilidad del Poder Legislativo de llamar a elecciones antes de 2026.

En las movilizaciones masivas en la capital también participarán, de acuerdo a la Central Nacional de Rondas Campesinas del Perú, 30 mil integrantes de la organización encargada de la seguridad comunitaria en áreas rurales.

Guerras imperiales por extractivismo

A la vez de la advertencia interna, la presencia de militares de Estados Unidos en el Perú es un movimiento estratégico en la región latinoamericana, concretamente en el área andino-amazónica, donde Washington se disputa la explotación de litio y materias primas, como parte de las guerras imperiales con China y Rusia por territorios para el extractivismo en el sur global.

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Estados Unidos respaldó, desde el principio, la investidura de Boluarte tras el golpe legislativo contra Pedro Castillo en diciembre pasado. En declaraciones recientes, la embajadora de EE.UU. en el país andino, Lisa Kenna, sostiene que trabaja con el Perú “fieles a los principios de la democracia”. Es la única nación suramericana en la que ejecutarán ejercicios militares este año y la tercera de Latinoamérica, con México y Belice.

Recientemente, el Estado peruano concedió a la canadiense Macusani Yellowcake el primero de tres permisos para la exploración de litio en Puno, el departamento peruano donde en enero la Policía y el Ejército asesinaron a 19 personas desarmadas, a las que dispararon con armamento de guerra en acciones calificadas como ejecuciones extrajudiciales por organismos internacionales de derechos humanos.

En los últimos meses, la jefa del Comando Sur de EE.UU., Laura Richardson, fue explícita sobre la misión que se asigna el capital de Washington: “Esta región está llena de recursos y me preocupa la actividad maligna de nuestros adversarios aprovechándose de eso. Pareciera que están invirtiendo cuando en realidad están extrayendo (…) La agresividad de China y su juego en el terreno con el litio es muy avanzado y muy agresivo”.

El litio es, actualmente, el mineral más codiciado por los capitales imperiales. Suramérica posee las mayores reservas mundiales: el 80% de todo el ‘oro blanco’ del planeta se encuentra en Argentina, Bolivia y Chile. Por estos días, la defensa de los territorios y el agua ante la explotación de litio es una de las consignas de las masivas protestas en Jujuy.

Para los pueblos afectados por la megaminería, el verdadero ‘triángulo del litio’ no lo conforman estos países, sino “el vínculo entre las fuerzas de seguridad, el Estado y las empresas multinacionales”, como observaba desde tiempo atrás la Asamblea Pucará de Argentina.

“Insistimos que es Estados Unidos que comandó las masacres en el Perú. Son esas empresas extranjeras que vienen por todo, en Argentina, donde hay litio, la provincia de Jujuy se ha levantado y está luchando porque para explotar el litio se apropian de tierras, el agua. Es una sola lucha, hay un mismo enemigo”, indicó, desde Lima, la delegada de gremios internacionales que respaldan al Conulp.

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La violencia de Estado y del gran capital en Jujuy, así como en el Perú, se ejecuta en defensa de la extracción de materias primas. No es casualidad que Puno, con altas reservas de litio y otros minerales, sea la región más represaliada. Contra el poder militar y la minería ecocida de las potencias aliadas a las élites nacionales, el pueblo organizado contesta con la defensa de sus territorios y su representación, ante un modelo en agonía global al que le declaran su fin.

En portada: Aves migratorias en Oaxaca. Foto: Santiago Navarro F

En años no muy lejanos, el canto de las aves pintaba los paisajes sonoros de la biodiversidad. De pronto, los gorjeos, píos y las sonatas que entonaban, se esfumaron, como si el concreto los hubiera devorado. Esa ausencia del canto no es una señal de protestas, o quizás sí. Lo más probable, según estudios de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los EEUU, más conocida como NASA, es porque disminuyeron.

Si algo ha caracterizado a la era de los combustibles fósiles, no solo son sus máquinas de combustión interna que crearon miles de millones de mercancías en serie y en masa para las selvas de concreto, sino que, también, devastaron miles de millones de hectáreas de biodiversidad. Ya lo había anunciado, en 2019, el Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, que en sus registros de los últimos 48 años registró la extinción de al menos 3 mil millones de aves silvestres solo en la región norte del continente americano, lo que supone un 29% menos que en 1970.

En el estudio lanzado por este laboratorio se alertaba que las aves son excelentes indicadores de la salud ambiental y de la integridad de los ecosistemas, por tanto, es urgente atender la pérdida de diversidad de aves, “para evitar un futuro colapso de la avifauna y la pérdida asociada de integridad, función y servicios de los ecosistemas”, señalaba el documento.

“Estamos realmente en una crisis global de biodiversidad, perdiendo no sólo especies enteras sino también viendo disminuir el número de plantas y animales que son importantes para los ecosistemas naturales”, declaró el científico Woody Turner, perteneciente a la NASA.

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Quienes participaron en el estudio del Laboratorio de Ornitología de la Universidad de Cornell, aseguran que sus estimaciones son “conservadoras”, no obstante, son datos que documentan y registran lo que se presenta como una crisis de biodiversidad en Norteamérica la cual “ha pasado desapercibida”.

Más destrucción de ecosistemas

Aunque los gobiernos, apegados a la llamada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, trazaron una estrategia para contener el aumento de la temperatura en el planeta, en distintas regiones se experimentan olas de calor inéditas. Esta Agenda tiene escasos siete años para concluir y las promesas parecen desmoronarse como castillos de naipes.  “El calentamiento actual está ocurriendo a un ritmo no visto en los últimos 10 mil años”, asevera la NASA.

Entre las propuestas ofrecidas en la Agenda 2030 está la llamada “transición energética”, con esta salida aseguraron que se contendría la temperatura por debajo de los 2 grados centígrados. Esto no se ha logrado, ya que el planeta se sigue calentando, pero, para lo que ha funcionado, es para reorientar las cadenas productivas del mercado global y la geopolítica.

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Una de las mercancías más comercializadas en los últimos tiempos son las baterías, una demanda que se acelera con la implementación de las nuevas tecnologías. Impulsada en gran medida por el imperativo de reducir el cambio climático “mediante la electrificación de la movilidad y la transición energética en general”, soslaya la empresa de baterías de litio McKinsey & Company, quien proyectó en 2022 que toda la cadena de baterías de iones de litio (Li-ion), desde la minería hasta el reciclaje, podría crecer más de un 30% anual de 2022 a 2030, alcanzando un valor de más de 400 mil millones de dólares y un tamaño de mercado de 4,7 TWh (Tera Vatios Hora).

La demanda de los minerales que requieren la baterías se convirtió en tema de seguridad nacional para países como los Estados Unidos, quien acaba de lanzar su Estrategia de Baterías de Litio 2023-2030, firmada por el Subsecretario de Adquisiciones y Mantenimiento, Dr. William LaPlante, del Departamento de Defensa (DoD).

Esta estrategia cumple la principal recomendación para mejorar la seguridad de las cadenas productivas de baterías, sobre todo, para el ejército estadounidense, ya que estos componentes son parte los sistemas no tripulados, las capacidades de energía dirigida, la electrificación de vehículos tácticos, las comunicaciones de combatientes y para sus operaciones de combate.

Según esta estrategia, se busca romper la dependencia tanto de minerales como del suministro de baterías, de lo que consideran sus “adversarios” y, con ello, pretende “asegurar las cadenas de suministro de baterías” para el país norteamericano.

“El Departamento de Defensa debe adaptarse rápidamente para aprovechar las inversiones nacionales y aliadas en minería, procesamiento y producción de baterías que hacen posible la fabricación nacional de células de iones de litio y paquetes de baterías para nuestros sistemas de forma segura y asequible”, puntualiza el documento de esta estrategia, lo que implica, una mayor devastación de ecosistemas para ampliar los procesos de explotación minera en el planeta para suministrar los minerales necesarios para la producción de estas baterías.

Los minerales que están acelerado la extinción de ecosistemas completos son los considerados críticos para la energía: aluminio, cobalto, cobre, disprosio, acero eléctrico, flúor, galio, iridio, litio, magnesio, grafito natural, neodimio, níquel, platino, praseodimio, silicio y carburo de silicio.

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No obstante, el gobierno de los Estados Unidos tiene una lista que incluye 50 minerales que implican su seguridad nacional, muchos de ellos, extraídos a través de procesos de explotación a cielo abierto o subterráneos; entre ellos están: Aluminio, antimonio, arsénico, barita, cobalto, grafito, litio, níquel, estaño, titanio, entre otros.

Como parte de la estrategia de los Estados Unidos figuran cambios políticos “para mejorar su poder de compra, incentivar los mercados aliados y nacionales”, de esta forma se pretende asegurar “el almacenamiento de energía fiable, seguro y eficiente necesaria para satisfacer las demandas tácticas y operativas de los combatientes”.