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Muerte y delitos contra migrantes, mientras el INM despresuriza la frontera sur de México
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
En portada: Familias migrantes en los alrededores de una estación de autobuses en Tuxtla Gutiérrez
Fueron 12 las personas en movilidad humana que perdieron la vida la semana pasada en diferentes momentos, pero no fortuitos. A decir de los defensores de los derechos humanos, la situación responde a una política violenta e inhumana que implementa el Estado mexicano.
El jueves 28 de septiembre, un camión tipo volteo se volcó a la altura del kilómetro 125 de la vía terrestre Malpaso-La Herradura, en Chiapas. En el vehículo viajaban hacinadas 52 personas, de las cuales dos fallecieron y 27 fueron llevadas a atención médica a Tuxtla Gutiérrez, entre ellas seis menores de edad.
Un total de 24 son originarias de Guatemala, una de Ecuador, una de Venezuela y de una persona no se logró determinar su nacionalidad.
La madrugada del 1 de octubre, una segunda volcadura terminó con la vida de 10 mujeres, de 27 personas de origen cubano que trasladaba la unidad tipo tortón. El accidente ocurrió en el kilómetro 134 del tramo carretero Pijijiapan-Tonalá, Chiapas, donde estos sucesos se han vuelto recurrentes.
Las 17 personas restantes, resultaron con heridas de gravedad: 16 fueron trasladadas al Hospital de Pijijiapan y una más fue canalizada al Hospital de Huixtla, pero la dependencia de salud permanece hermética sobre la condición de los hospitalizados.
“El Estado debe realizar una investigación pronta, exhaustiva e imparcial sobre las causas y responsabilidades de este accidente y brindar atención a las víctimas y sus familiares”, se pronunció el Colectivo de Monitoreo Frontera Sur.
Integrado por diversas organizaciones con presencia en Chiapas, el Colectivo reiteró que los hechos no son aislados, sino consecuencia directa de la política que restringe, contiene y detiene los flujos migratorios.
“Es preocupante que estas políticas generen un contexto de violencia, precariedad y riesgo para miles de personas que por diversas razones han tenido que salir de sus países”, señaló el Colectivo, pues les obligan a recurrir a vías inseguras, clandestinas y expuestas al abuso, la extorsión y la muerte.
Pidió respeto al derecho a la identidad y dignidad de las personas fallecidas, facilitar la identificación y entrega a familiares, así como el traslado y la sepultura, “que se repare el daño integral a las víctimas y sus familias”.
Los defensores que integran el Colectivo exigieron justicia, pues recordaron que hace dos años en el accidente del tramo Chiapa de Corzo-Tuxtla en el que fallecieron 55 personas y 114 resultaron heridas, las familias nunca encontraron reparación del daño.
Se expande la contención en Chiapas
El pasado 26 de septiembre, el Instituto Nacional de Migración (INM) dio a conocer que el comisionado Francisco Garduño Yáñez “despresurizó” a 8,152 personas que esperaban turno en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en Tapachula, Chiapas.
Es decir, trasladaron a las personas en movilidad humana usando 189 autobuses y 73 camionetas tipo Van a Tuxtla Gutiérrez, Huixtla, San Cristóbal y Palenque, Chiapas; además de Villa Hermosa, Tabasco y Acayucan, Veracruz.
Pero estos traslados no son nuevos, comenzaron poco después del incendio de la estancia migratoria del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua. “Los traslados se hacen desde el puente de ingreso en Suchiate hasta Tuxtla y recientemente a otros estados de la república”, explicó a Avispa Mídia Karen Martínez, del Servicio Jesuita a Refugiados.
“Oaxaca es otro de los estados que se ha estado saturando porque los autobuses también las llevan para allá, pero el INM no brinda información clara y no indica a cuántas personas ha traslado en total, tampoco hay un control”, dijo Martínez.
Las organizaciones del Colectivo de Monitoreo Frontera Sur han documentado la salida de al menos 10 autobuses a diario desde Suchiate y Tapachula, que viajan con alrededor de 40 personas a bordo.
En testimonios recabados de personas migrantes y solicitantes de asilo que llegaron a Tuxtla Gutiérrez por esta vía, el traslado se les otorga a cambio de firmar documentos en los que pierden sus derechos para regularizar su estatus o acceder a la protección internacional.
Pero si las personas intentan irse de Tuxtla Gutiérrez a la Ciudad de México son interceptadas en alguno de los cinco retenes del tramo Chiapas-Veracruz, en los que incluso participa la Fiscalía General de la República (FGR), y son retornadas a la capital chiapaneca.
Yannet Gil Ardon fundadora del albergue “Una ayuda para ti mujer migrante” dio cuenta que las personas en movilidad que son detenidas en el norte de México también son trasladadas a Tuxtla Gutiérrez, “el INM las viene prácticamente a tirar a las terminales de autobuses y les quitan o destruyen sus documentos oficiales”.
“La nacionalidad más acentuada es de Venezuela y regularmente son familias”, dijo la defensora a Avispa Mídia. Además, mencionó que están incrementando los casos de personas desaparecidas, “llegan sujetos a las terminales a ofrecerles ayuda, se las llevan y no sabe más de ellas”.
Paran los números
Tras el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que 40 personas perdieron la vida, la dinámica del INM cambió de forma superficial. Se anunció el cierre de poco más de 30 estancias provisionales migratorias a razón de un diagnóstico de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre las condiciones de las mismas.
El estudio se realiza sin tomar en cuenta a las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos en esos espacios y que, por años, han sido documentadas por periodistas y defensores de los derechos humanos.
Desde julio las estadísticas de la Unidad de Política Migratoria dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob) no se han actualizado, pero hasta ese mes reportó la “entrada irregular” de 317,334 personas: 93,732 mujeres y 223,602 hombres.
Un total de 140,671 son procedentes de América del Sur y que supera por mucho a Centroamérica con 102,106 entradas. Con 87,063 registros, Venezuela es la nacionalidad con mayor reporte de migración irregular, seguido por Honduras con 50,655, Guatemala con 35,426 y Ecuador con 30,252, por mencionar algunos países.
Este reporte también menciona que 117,076 personas fueron detenidas en Chiapas en la primera mitad del año, con mayor número en Tapachula (58,447), Suchiate (11,541), Huixtla (11,223), Arriaga (8,859), Huehuetán (7,151) y Palenque (4,718).
Mientras que, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados publicó que hasta agosto registró 99,881 solicitantes, 33,127 más que en el mismo periodo pero de 2022. En la actualidad, Haití, Honduras, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Brasil y Chile, encabezan la lista.
Sin embargo, los números no muestran la realidad de la cantidad de personas esperando ser atendidas en los diferentes municipios de Chiapas. Algunos testimonios refieren que incluso no pueden hacer la cita por la plataforma digital, pues la geolocalización les pide estar en el norte del país, a donde, por más intentos que hagan, no pueden avanzar.
Casi mil granjas de cerdo en Yucatán producen carne para EEUU, Canadá y Asia
Fuente: Avispa Midia
Por Jeny Pascacio
En portada: Habitantes de la comunidad maya de Homún mantienen acciones de resistencia para cerrar la mega granja que alberga casi 50 mil cerdos y contamina el agua y suelo de la región.
La ubicación estratégica de la Península de Yucatán ha facilitado la expansión de la industria porcina. A la fecha, Mercy For Animals documentó la existencia de 872 granjas de cerdos en la Península de Yucatán, siendo que muchas de ellas albergan hasta 100 mil cerdos.
En el estado Yucatán, donde se encuentra el mayor número de granjas, tras la crisis de la industria henequenera, el gobierno comenzó a impulsar la porcicultura a finales de la década de los sesenta; y a partir de los noventa, en el contexto de la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México (TLCAN), la producción de cerdo tuvo un crecimiento acelerado.
De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la media de producción de carne en el Estado pasó de 17,662.2 toneladas entre 1984 y 1992, a 38,278.6 en 1993 y 1994, con lo que se cubrió el 95% de la demanda regional. En 2019 la producción tuvo un crecimiento 4.5 % anual, mayor a las cifras en Sonora (2.6%) y Jalisco (1.7%), que por años ocuparon los primeros lugares de producción nacional de carne de cerdo.
A partir de la exigencia de las comunidades y por los fundamentos científicos presentados en las denuncias, se realizó el Dictamen Diagnóstico Ambiental de la Actividad Porcícola de Yucatán publicado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en marzo de 2023.
En este estudio, la dependencia federal identificó 507 coordenadas de posibles granjas solo en el estado de Yucatán. Fueron localizadas en 83 de los 106 municipios, pero con mayor presencia en Mérida, Izamal, Tizimín y Acancéh, Tetiz, Ticul, Telchac, Tixkokob y Motul. Por lo tanto, las comunidades donde hay una mayor densidad de granjas son: Conkal (27), Telchac (22), Homún (15), Tizimín (15), Umán (15), Chicxulub (15), Tixkokob (14), Tetiz (14), Izamal (12), Ticul (11).
Las investigaciones de organizaciones y expertos coinciden en que una cantidad considerable de las granjas opera fuera de la ley y no cuenta con una evaluación de impacto ambiental (EIA). Por ejemplo, en el 2020 Greenpeace documentó la existencia de 257 granjas; el 47% se localizó dentro de las áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad.
La mayor parte de la producción porcícola de esta zona se exporta a Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Estados Unidos y Canadá.
Zonas kársticas
Este año, los investigadores de Mercy For Animals hicieron sobrevuelos en algunas instalaciones y confirmaron la deforestación que propician las mega granjas industriales construidas en selvas tropicales en las que antes no existía ninguna afectación.
Encontraron, además, evidencia de un potencial colapso ambiental, pues observaron edificios con miles de animales y millones de litros de desechos de animales a la intemperie que contaminan el suelo, el aire “y, posiblemente, el agua de los cenotes”.
Aunque algunas instalaciones tienen biodigestores para tratar los desechos, éstos sobrepasan la capacidad de los tanques, contaminan los suelos y, posiblemente, se filtra a la red subterránea de cenotes.
“El impacto ambiental provocado por las actividades de estas granjas es desgarrador, pues contribuyen a la deforestación de la selva, la erosión y contaminación del suelo y a la emisión de gases de efecto invernadero”, señaló la organización en un informe de septiembre de 2023.
“Y no hay sistema que pueda soportarlo, es imposible que estas zonas kársticas puedan retener y transformar tantas cantidades y volúmenes”, pues el cerdo produce cuatro veces más residuos que un humano, destacó Yameli Aguilar Duarte, Doctora en Geografía Ambiental por la UNAM, durante las sesiones del Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones.
Se suma que el dictamen de la Semarnat identificó 205 títulos de aprovechamiento de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) relacionados a la actividad de granjas porcícolas que, a su vez, corresponden a 343 permisos de descargas, según el Organismo de Cuenca de la península de Yucatán.
De las 507 coordenadas de las posibles granjas en Yucatán, el 60% de estas granjas no se logró identificar algún título de concesión o permiso de descarga de aguas residuales, sólo el 30% cuentan con algún título.
Hallazgos
El estudio publicado este año por la Semarnat integró los análisis de calidad del agua que arrojaron concentraciones elevadas de E. Coli, indicativo de contaminación difusa de excretas de seres vivos de sangre caliente.
“Los ácidos nucleicos o metabolitos finales como la urea y el ácido úrico; como materia orgánica está sujeta al consumo por parte de microrganismos, los cuales lo procesan y transforman el nitrógeno presente en amoniaco, al cual denominamos nitrógeno amoniacal”.
El análisis se hizo en 22 pozos de agua potable y 20 cenotes identificados a fin de realizar el muestreo correspondiente a la calidad del agua. En la zona sur y este de Mérida se identificó hasta 3 veces la concentración de Nitrógeno amoniacal en el agua subterránea.
En la misma zona se identificó contaminación con fósforo, mientras el este y noroeste, convergiendo con los municipios con mayor densidad de cerdos por hectárea. Existe señal de un efecto inducido por las granjas porcinas, destaca el estudio.
Por otro lado, en la primera aproximación sobre las concentraciones ambientales de contaminantes atmosféricos en tres granjas en Yucatán, la Semarnat encontró niveles importantes de concentraciones de amoniaco y ácido sulfhídrico, aun en condiciones atmosféricas de un Norte, donde las altas velocidades del viento diluyeron las concentraciones.
La peste que impide vivir
Entre otras afectaciones se encuentran el despojo de tierras y de los derechos de quienes habitan la región y buscan defender la biodiversidad, pues se violenta, incluso, el derecho de los pueblos a una consulta previa e informada, genera problemas de salud en la producción local, en las formas de organización social y de vida de las comunidades.
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En el caso de la comunidad maya de Siltipech, municipio de Izamal, Yucatán, donde se concentran 12 granjas, los habitantes iniciaron la lucha por su derecho a la vida hace poco más de dos años cuando se activó una mega granja de 49 mil cerdos de la empresa Kekén, muy cercana a sus viviendas.
“La gente ya está presentando erupciones en la piel y malestares estomacales. No hay bienestar porque incluso la peste les impide vivir en armonía… Aunque sabemos que hay sistemas de tratamiento sabemos que no funcionan adecuadamente”, y se le suma las condiciones del clima, agregó Aguilar Duarte.
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En este tenor, Mercy For Animals llamó de manera urgente a la Conagua, Conanp, Profepa y Semarnat para que dejen de otorgar permisos que abonan a la proliferación de esta industria, además de supervisar y clausurar las que no cuentan con los permisos correspondientes.
La investigadora de la UNAM lamentó que los gobiernos municipal y estatal se enfoquen en apoyar cada vez más a toda la industria. “Información científica hay mucha desde hace 20 años, incluso sobre sistemas de tratamiento que funcionan para ciertos aspectos, pero no para el impacto de suelos y acuíferos”.
Otras contaminaciones
Salvador Castell, fundador de la organización Va por la Tierra, aseguró a Avispa Mídia que la urgencia por la contaminación del agua en Yucatán va más allá de la industria porcícola, pues incluye a toda la producción pecuaria.
Consideró, por ejemplo, que el uso de agroquímicos en la agricultura que, además de ser tóxicos y cancerígenos, son persistentes, algunos se acumulan y se usan sin ninguna regulación.
Sin embargo, el también académico dijo que es necesario no dejar de vigilar a la porcicultura, ni toda actividad que tenga descargas que puedan tener un impacto en el ecosistema, como la industria textil y cervecera que también es una problemática en la entidad.
