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PERÚ: Militares de Estados Unidos en el Perú como respaldo a más represión Por Javier Bedía Prado
CDMX: México amanece desmembrado, pero “el Narco-estado no exite”. Entrevista a familiares de victimas de violencia, acosados y agredidos por la CNDH. Por Krista.
OAXACA: Comuneros Zoques de Chimalapas exigen aplicacion de la justicia sobre la resolución judicial para regresarles su territorio invadido. Realizan plantón frente a Palacio Nacional y la Corte. Noticias de abajo
PUEBLA: Denuncia por el intento de desaparición forzada y la persecucion judicial contra defensor del agua y comunicador comunitario Alejandro Torres Chocolatl
MEDIOS LIBRES: Un recorrido por los programas y producciones de las radios libres de America y el mundo. No odies los medios,crealos libres.
Habitantes de la sierra nororiental de Puebla, mujeres, niños y los mayores que integran Radio Tosepan y la Unión de Cooperativas Tosepan, se oponen a la imposición del Instituto Nacional Electoral (INE) que, entre otras normas, exige a las radios comunitarias concesionadas, transmitir propaganda de partidos políticos y temas electorales.
Este 5 de julio, los integrantes de la radio pertenecientes al pueblo indígena Masewal, se presentaron ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la Ciudad de México, para presenciar la sentencia respecto a la exigencia de emitir propaganda de partidos políticos en su radio comunitaria.
Esta delegación fue acompañada por una representatividad de personalidades reconocidas del país, quienes presentaron un recurso llamado Amicus Curiae, un escrito u opinión que permite a terceros ajenos al caso brindar otros elementos al órgano judicial para tomar una mejor determinación en cuanto a la sentencia.
En primera instancia, a través de este recurso se apela a razones jurídicas que consideran que son suficientes para que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, revoque la determinación que le fue dada el pasado 27 de febrero a la Radio Tosepan Limakxtum, la cual dice “que esta radio indígena está obligada a incluir en su programación los spots de partidos políticos”.
Tomando en consideración que el Pueblo Masewal se ha regido bajo sus valores, sistema normativo y decisiones colectivas, la emisión de mensajes electorales o de partidos políticos son totalmente contrarias a este modo de vida, aseveran quienes firman el Amicus Curiae. Por ello, se precisa en el documento, es importante recordar que el Pueblo Masewal únicamente objeta “la transmisión [en Radio Tosepan Limakxtum] de mensajes de partidos políticos y/o mensajes electorales no contextualizados a las cosmovisiones, sistemas normativos y usos y costumbres de estos pueblos y comunidades”.
Al final, con dos votos a favor de la radio y cuatro en contra, el Tribunal Electoral resolvió denegar la solicitud de este pueblo, ya que no se vulneran los “usos y costumbres del sistema normativo interno”, defendió la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, quien además agregó que, “no se vulnera ningún derecho al transmitir la propaganda de partidos políticos, por el contrario es un derecho a la información para los pueblos”.
Erick Huerta, abogado de REDES A.C., quien acompaña a la comunidad Masewal, considera que la declaración de la ministra “esta plagada de racismo” y asegura que, “ni si quiera leyeron la demanda ni las pruebas que se presentaron, porque el pueblo Masewal no se gobierna por partidos políticos”.
Lo que sigue
Huerta asegura que el pueblo Masewal no va a dar marcha atrás en la negativa de transmitir la propaganda partidista y que por el contrario se preparan legalmente ante posibles multas. “Las comunidades no van a renunciar a la autonomía, porque no necesitaron al Estado para tener sus radios, ya que fueron un reconocimiento posterior a su existencia. Entonces prefieren renunciar a la concesión antes de aceptar renunciar a la autonomía”, sostiene Huerta en entrevista para Avispa Mídia.
El pueblo Masewal se ha apegado a los llamados Acuerdos de San Andrés, originados a raíz del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1994, mediante el cual la llamada Comisión de Concordia y Pacificación presentó, en el año 2000, una iniciativa de reforma constitucional al artículo 2 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 14 de agosto de 2001. Con esta reforma se incorporó, por primera vez, el reconocimiento constitucional del derecho de los pueblos indígenas a adquirir, operar y administrar medios de comunicación propios.
Por su parte, los integrantes de Radio Tosepan Limakxtum emitieron un comunicado con ocho puntos donde remarcan que “la autonomía no es algo que te puedan dar: es algo que se construye. Nosotros llegamos aquí porque nuestra comunidad es autónoma y nuestra radio también. Porque, a pesar de lo que diga el Tribunal, somos y seguiremos bajo nuestros sistemas normativos construyendo el yeknemilis (la vida buena)”.
Además, los indígenas señalan que con esta sentencia se “pone en riesgo la credibilidad de la concesión como mecanismo para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación de los pueblos indígenas y desalienta a muchas radios indígenas, que miran con desconfianza esta vía y que, por ello, continúan haciendo comunicación sin optar por este trámite, que lejos de proteger su ejercicio, como en este caso, lo está condicionando”.
Al final, han puntualizado que su lucha legal aún continúa por otras instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y que se apegan al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en materia de derechos y cultura indígena.
“Como decía una compañera: al Estado le gusta la autonomía cuando es de papel, cuando es folclórica y capitalizable; cuando se ve en nuestras danzas, pero no en nuestro sistema político; en nuestra variedad gastronómica, pero no en nuestra diversidad normativa. Lo primero es un orgullo, lo segundo es una afrenta contra su forma de entender la democracia”, arremeten los indígenas del pueblo Masewal.
En portada: María Dolores y su esposo en su hogar, a pocos pasos del trazo del tramo 6 del Tren Maya. Foto: Santiago Navarro F
Bacalar, en el estado de Quintana Roo, fundada por los mayas en el año 415 d.c., fue uno de los principales centros de resistencia del pueblo Maya contra la colonización española. Hoy, los vestigios monumentales de la antigua ciudad maya de Ichkabal, los más antiguos de esta civilización que se conocen hasta ahora, y su Laguna de Siete Colores atraen turistas de diversas partes del mundo, quienes ocupan los hoteles y restaurantes que forman una especie de muralla alrededor de la laguna, restringiendo su acceso a los que pueden consumir los diversos servicios.
A unos pocos kilómetros del alboroto turístico, el equipo de Avispa Mídia se internó por pequeñas brechas en el bosque tropical, que aún sobrevive en las orillas del municipio, para encontrarse con el trazado por donde pasará el Tren Maya, la megaobra estrella del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Este proyecto “fortalecerá la integración de cadenas productivas en la península de Yucatán”, según argumentan los documentos oficiales del gobierno, y atraerá aún más turistas para la región, a pesar de los cortes frecuentes de energía, la falta de agua y el drenaje colapsado.
Después de caminar alrededor de quince minutos, aparece una gran brecha de 60 metros de ancho con una largura que parece infinita. A las orillas yace parte de la vegetación moribunda, el resto fue retirado hacia un paradero desconocido. La brecha fue rellenada con una capa de arcilla arenosa conocida como sascab y compactada más de una vez. Todo está listo para la siguiente fase que es el tendido de las vías, los durmientes y el balasto que cargará los vagones del tren que cruzará por esta región.
Máquinas de ingenieros militares avanzan con la construcción del tramo 6 del tren maya. Foto: Aldo Santiago
De pronto, a lo largo de la brecha, aparece una humilde casa, como si hubiera bloqueado la línea recta del desmonte. Sobrevivió al ir y venir de la maquinaria pesada que devastó miles de árboles a su paso. La casa pertenece a una mujer maya llamada María Dolores Olvera Chi, de 38 años, donde vive con su familia, su esposo y dos hijos, desde hace12 años.
Casa de María y su familia. Foto: Santiago Navarro FDeforestación causada por el trazo del tramo 6 del proyecto tren maya. Foto: Santiago Navarro F
La resistencia de esta familia es lo que aún mantiene la casa en pie. “A nosotros nos quieren sacar de nuestro hogar bajo amenazas. Vienen personas y nos amenazan para que salgamos, nos dicen que van a reubicarnos, que agarremos lo más necesario de nuestras cosas y que nos van a llevar”, cuenta María para Avispa Mídia, sosteniendo que personas del propio Ejido de Bacalar y, otras veces, personas que no se identifican son quienes les amedrentan.
Un día después que el equipo de este reportaje estuvo con María y su esposo, personas vestidas de militares fueron a su casa amenazándoles nuevamente con que se retiraran. Pero ella afirma que va a defender hasta las últimas consecuencias estas tierras.
No obstante, este gran proyecto avanza a marchas forzadas. Esta región comprende el tramo 6, previsto para estar listo para operar a finales de 2023. Es uno de los tres tramos del Tren Maya que están bajo administración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El tramo 6 del Tren Maya posee una longitud de 250.84 km y 4.66 km de gaza de conexión con el Tramo 7, dando un total de 255.50 km, entre las ciudades de Tulum y Chetumal, en Quintana Roo. La línea ferroviaria es de doble vía, considerada para tráfico mixto, de pasajeros y de carga. Las locomotoras viajarán a velocidades máximas de 160 km/h para trenes de viajeros y mínima de 85 km/h para los trenes de mercancías. Pasará por las poblaciones de Nuevo Progreso, Pedro Antonio Santos, Limones, Miguel Hidalgo y Costilla, San Isidro de la Laguna, Buenavista, Caan Lumil, Bacalar, Aarón Merino y Cuauhtémoc, mismas que integran la región prioritaria de influencia del proyecto ferroviario.
El proyecto suma una superficie de 1,582.13 has., de acuerdo con estudio de Greenpeace, sin considerar otras obras vinculadas, como pasos vehiculares, obras de drenaje, campamentos, centros de acopio y subestaciones. El Tren Maya, en sus siete tramos, tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
“A nosotros nadie nos avisó, nadie nos notificó sobre las obras del tren. Un día, hace cuatro meses, nos despertamos y vimos que personas estaban derrumbando los árboles. Nos acercamos para preguntar porque estaban derrumbando y fue cuando la gente que estaba trabajando nos dijo que iba a pasar el tren”, se acuerda María con gran tristeza.
Foto: Renata Bessi
Un día, sin pedir permiso, llegaron a mover la cerca que delimita la propiedad de María. “Salimos a hacer compras, cuando regresamos habían movido la cerca, disminuyendo nuestras tierras. Mi esposo la puso nuevamente”, cuenta esta mujer Maya. Mientras, sus vecinas fueron abandonando sus predios una a una. “Quién sabe para dónde fueron. No sabemos”, agrega María.
Trabajan día y noche en la construcción de la vía. Deforestaron toda el área. Tumbaron todo lo que había, rasparon la tierra negra, característica del bosque tropical, y trajeron una tierra de color amarillo claro, rellenaron y aplanaron la vía. Cerca de la casa de María, alrededor de un kilómetro, está la construcción de lo que está previsto para ser la estación de pasajeros de Bacalar.
Cuando María se dio cuenta de lo que significaba el proyecto que se desarrolla frente a su vivienda, inmediatamente se dirigió a la casa ejidal de Bacalar. “Nosotros compramos las tierras del ejido. Tenemos papeles firmados y sellados por ellos (los ejidatarios). Como compramos de ellos tenían la responsabilidad de notificarnos. Teníamos todo el derecho de saber lo que se avecinaba”, comparte María con cierta rabia.
Foto: Renata BessiFoto: Aldo Santiago
Tampoco los intentos hechos por la familia directamente en la casa ejidal han resultado en la apertura de un canal de diálogo. “No hay ninguna comunicación. Ellos se cierran a nuestras preguntas. No se prestan para hablar con nosotros, se nos cierran las puertas. Nos dan vueltas. Dicen cosas, pero no hay una respuesta concreta. Nos tratan con la punta del pie”, agrega María.
María y su familia no piensan en salir de su casa. “Estamos firmes. No queremos dinero, tampoco queremos ir a otro lugar. Esta casa tiene un valor muy especial. Empezamos de cero. Primero con una casa de maderita y fuimos luchando poquito a poquito. Es muy triste ver todo esto que, de repente, vengan y te digan, no, pues tienen que salir de tu casa” y, además, “destruyen nuestros arbolitos, alejan a los animalitos que aquí vivían, como las guacamayas, los loritos, los venaditos, el jaguar”.
La mayor parte del bosque que se destruyó es conformada por “arbolitos como estos”, exclama María al señalar una Ceiba, que aún sobrevive en su patio. Es considerado por el pueblo Maya como el árbol divino, el de la vida. “Es el árbol que nos conecta con los dioses”, comparte con certeza.
De los 1,582.13 has. que suma la superficie del proyecto, 92.22% es considerado como terreno forestal para cambio de uso de suelo. Alrededor de 1,388 hectáreas son de Selva Mediana Subperennifolia, 48.0989 hectáreas son consideradas como terrenos forestales que sostienen vegetación del tipo Selva Baja Subperennifolia, así mismo se consideran 15.3584 hectáreas de Tular y 6.6751 hectáreas de Manglar.
¿Qué pasó con las tierras?
Las tierras para el proyecto fueron vendidas por el Ejido Bacalar al gobierno federal. Fueron consideradas de utilidad pública y expropiadas. El decreto fue publicado recientemente, el 26 de junio de 2023, en el Diario Oficial de la Federación, junto con otros cinco decretos de expropiación en favor de Fonatur Tren Maya SA de CV, que inciden en tierras de otros cinco ejidos del municipio de Bacalar y uno en el municipio de Othón P. Blanco.
De acuerdo con el decreto de expropiación, el 9 de julio de 2022, en asamblea general, los 167 ejidatarios del Ejido Bacalar aprobaron el convenio de ocupación previa con Fonatur, respecto de las tierras de uso común que comprenden la superficie de 56 hectáreas, 80 áreas y 44 centiáreas.
El 14 de septiembre de 2022, Fonatur solicitó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la expropiación, por causa de utilidad pública.
Foto: Renata BessiFoto: Renata BessiFoto: Aldo Santiago
A los integrantes del comisariado del Ejido Bacalar se les notificó el 11 de febrero de 2023, la solicitud de expropiación y la superficie a expropiar. De acuerdo al documento, se les informó que contaban con 10 días hábiles para que “manifestaran lo que a sus intereses conviniera”. En dicho plazo no realizaron manifestaciones.
El Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin) emitió, el 21 de diciembre del 2022, una evaluación en la cual determinó que el monto total de indemnización, con base en el valor comercial, asciende a $150 millones y 276 mil pesos.
Va porque va
El ejidatario Luis Chimal Balam, autoridad agraria que estuvo al frente de las negociaciones con el gobierno federal, dijo para el equipo de Avispa Mídia que el pago por las tierras ya fue realizado. “Nos pagaron lo que pedimos”, comenta.
Foto: Renata Bessi
El ejidatario se acuerda que, en el inicio de las negociaciones, en 2020, el gobierno federal envió al ejido a varios representantes de diversas instancias gubernamentales. “Incluso un teniente fue enviado para negociar. Nos dijo que iban a depositar el dinero de la expropiación en el banco. Nos dijo: ´cuando ustedes quieran lo pueden cobrar, y si no lo quieren, no lo cobren. El tren va a pasar, porque va a pasar´”, se acuerda.
Entonces, “les dijimos que estaban equivocados, que no era así, que nos iban a dar lo que nosotros pidiéramos; no porque somos gente humilde nos van a venir a humillar, no se equivoquen, les dijimos”.
Así que se abrió un proceso de negociación de cuatro reuniones, “hasta llegar a un arreglo”.
El ejidatario admite que el Tren Maya “no nos va a beneficiar; nos dijeron que iba a dar trabajo a la gente del pueblo, no hubo nada”.
Sin acuerdo
Uno de los puntos que los ejidatarios quisieron negociar con el gobierno federal, sin lograrlo, como moneda de cambio para el avance del Tren Maya, fue que se resolviera el litigio en que se encuentran 368 hectáreas en torno a la Laguna de los Siete Colores.
En 1971, se decretaron 368 hectáreas de las tierras del ejido, que están alrededor de la Laguna, a favor del gobierno del Estado. Y el gobierno las vendió, “para puros políticos y funcionarios de gobierno”, lo que permitió la privatización de gran parte de las orillas de la Laguna. Los ejidatarios han metido demandas para recuperar las tierras, “pero han salido sentencias negativas”.
Embarcaciones en las inmediaciones de la Laguna de Bacalar. Foto: Aldo Santiago
Los ejidatarios presentaron la demanda directamente al gobierno federal. “Con López Obrador he tratado personalmente, he llevado las carpetas, para que se haga justicia, que se devuelva las tierras. Y hasta a la fecha no hay ninguna solución a favor de nosotros”, reclama el ejidatario.
El ejido no representa el Pueblo Maya
El integrante de la Asamblea Múuch´Xíimbal del Pueblo Maya, Aldair T´uut´, considera que no se respetó el derecho a la autonomía y a la libre determinación del Pueblo Maya en las decisiones tomadas por los 167 ejidatarios.
Foto: Renata Bessi
“Ellos tienen su papel como ejidatarios, pero no representan al territorio maya. Dejaron en manos de un puñado de personas ese tipo de decisiones que al final corresponden a toda la comunidad Maya”, dijo para Avispa Mídia.
Sostuvo que “milenariamente hemos estado acá, antes de que existiera la Constitución, antes que existiera el presidente, antes que existiera el propio Estado de México; entonces, somos nosotros quienes debemos de decidir”.
Este tipo de situación ha pasado en toda la Península de Yucatán, advierte T´uut´. “El gobierno federal, a lo mucho, se acerca con los comisarios y ahí sabemos que el Estado ya tiene experiencia en ese tipo de cosas de corromper a las autoridades ejidales. Ya son muy buenos haciendo ese tipo de cosas. Entonces cuando llegan acá, pues ya tienen como que un plan bastante servido a donde confrontan y juegan con el propio ejido. Unos quieren vender las tierras, otros no lo quieren. También juegan con la necesidad y el empobrecimiento de las comunidades”.
Foto: Renata Bessi
Mientras tanto, María y su familia, gente que no figura en las negociaciones, terminaran por ser desplazados y posiblemente olvidados por las autoridades.
José Díaz, Base de Apoyo del EZLN, es víctima de fábrica de culpables por la FGE
Ocho meses Privado Arbitrariamente de su Libertad, sin garantía de una defensa adecuada y juicio justo por parte del Poder Judicial del Estado de Chiapas.
Cuatro BAEZLN en riesgo inminente de ser arbitrariamente detenidos.
El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), exige la libertad inmediata del Base de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (BAEZLN) José Díaz Gómez (José Díaz), quien lleva ocho meses Privado Arbitrariamente de su Libertad en el Centro Estatal de Reinserción Social de Sentenciados No. 17 “El Bambú”, en Catazajá, Chiapas.
José Díaz, indígena Cho´l, originario de la Ranchería “El Trapiche”, ubicado en el municipio oficial de Salto de agua, perteneciente al municipio autónomo Francisco Villa, Junta de Buen Gobierno “Que habla para todos”, Caracol V, Roberto Barrios, es un campesino detenido de manera arbitraria y con señales de uso excesivo de la fuerza, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, en su momento desaparecido forzadamente e incomunicado por parte de elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva quienes llevaron a cabo la orden aprehensión.
El Poder Judicial del Estado de Chiapas, le ha vulnerado la garantía al debido proceso, acusado del delito de robo ejecutado con violencia. Además, existen órdenes de aprehensión por el mismo delito en contra de otros cuatro BAEZLN, que los ponen en inminente riesgo a su dignidad y derecho humano a la libertad, lo anterior, como una forma de intimidación y acoso a la autonomía zapatista.
El Frayba documentó que el 25 de noviembre de 2022[1], José Díaz fue detenido aproximadamente a las 16:00 horas, en el municipio de Salto de Agua, Chiapas. En compañía de un familiar, fueron interceptados por una camioneta de color negra, con policías abordo, le enseñaron una supuesta orden de aprehensión, lo subieron a la góndola de la camioneta, esposado, vendado de los ojos, golpeado en varias partes de su cuerpo, fue despojado de 1,400.00 pesos, cartera y su credencial.
Fue trasladado a la Fiscalía en el municipio de Palenque, Chiapas donde le obligaron a poner su huella y firmar varios papeles en blanco, refiere que en todo momento no fue asistido por un traductor de su lengua originaria, ni mucho menos por un abogado. Allí permaneció detenido los días 25 y 26 de noviembre.El 27 de noviembre le realizaron una audiencia dando inicio su proceso judicial, ese día le cambiaron de ropa, y ahí mismo se enteró que lo acusan de un supuesto robo agravado por la cantidad de 22 mil pesos en septiembre de 2022.
El Frayba evidenció la situación jurídica, en donde existe contradicción de modo, tiempo y lugar frente a la detención ejecutada por los policías adscritos a la Fiscalía del Distrito Selva; en la Carpeta de Investigación refiere que la detención de José Díaz fue el 27 de noviembre a las 21:05 horas en el municipio de Palenque, evidenciándose las contradicciones sobre su verdadera detención, vulnerando sus derechos humanos, bajo una detención ilegal, arbitraría y con acciones de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, desaparición forzada e incomunicación.
Por otra parte, la Fiscalía del Distrito Selva solicitó una orden de aprehensión con datos de prueba deficientes y sin apego a los principios de eficacia, profesionalismo y objetividad, en la que no se encontraron mayores indicios para asumir la responsabilidad penal directa.
Actualmente José Díaz, está en espera de llevar a cabo su audiencia de etapa intermedia, ya que la Fiscalía solicitó plazos de investigación complementaria desde diciembre de 2022, sin embargo, la situación de dilación procesal, criminalización y contubernio de autoridades trae como consecuencia el riesgo de seguir privado ilegalmente de su libertad por más de 1 año.
Exigimos a la Fiscalía el desistimiento de la acción penal perpetrada en contra de José Díaz indígena Cho´l, con fines de criminalizarlo de manera injusta y mantenerlo privado de su libertad.
Hacemos un llamado a las personas, colectivos, organizaciones nacionales e internacionales a solidarizarse y a exigir a la Fiscalía General y Poder Judicial del Estado la Libertad Inmediata del compañero José Díaz Gómez BAEZLN.
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[1](sobre la detención hay un documento enviado por el Juez rural autónomo de Francisco Villa) citado textualmente: “José Díaz es BAEZLN, edad 44 años viven en Trapiche municipio de salto de agua, Chiapas detenido el viernes 25 de noviembre a las 5 pm no sabemos porque motivo lo detuvieron que sea urgente la búsqueda”
El CDH Frayba y la OMCT expusimos, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, nuestra preocupación por la situación de desplazamiento forzado en México, y por la violencia particular que causa este fenómeno en los pueblos originarios de #Chiapas.
En voz de Dora Roblero, directora del CDH Frayba agradecimos el informe de la Relatora Especial en materia de Desplazamiento tras su visita al país, reconocimos la importancia de sus hallazgos, y urgimos al Estado mexicano cumplir con sus recomendaciones.
Diócesis de San Cristóbal de Las Casas Comunicado del Pueblo Creyente Peregrinación por la Paz
Al pueblo de México
A todas las confesiones religiosas
A las organizaciones defensoras de los derechos humanos A los medios de comunicación nacionales e internacionales A los tres niveles de gobierno
A los hombres y mujeres que construyen la paz.
“La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia tranquilidad
y confianza para siempre” (Isaías 32,17).
“La paz es un grito que merece ser escuchado”.
(Papa Francisco, 25.10.22)
El día de hoy como Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas unimos nuestro clamor con la de nuestros obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Queremos ser agentes constructores de paz, entendiendo, como afirma el Papa Francisco, que “una verdadera paz sólo puede lograrse cuando luchamos por la justicia a través del diálogo, persiguiendo la reconciliación y el desarrollo mutuo” (Fratelli Tutti 229).
Como humanidad muchas personas siguen construyendo un mundo individualista, egoísta donde se buscan los propios intereses sin importar el bien común, un mundo en donde reina la mentira, la avaricia, la envidia, las divisiones, los pleitos, las confrontaciones, las guerras a todos los niveles de la vida social y que poco a poco también van generando destrucción y muerte.
La misión profética del Pueblo Creyente nos pide estar de pie y de proclamar su palabra, por eso vemos esta realidad que vivimos:
LA VIOLENCIA Y ENFRENTAMIENTO GENERADOS ENTRE GRUPOS ARMADOS Y DEL NARCOTRÁFICO: Que provocan secuestros, desapariciones, miedo, dolor, sufrimiento, heridos y asesinatos. La disputa de territorio por grupos criminales ha ocasionado el desplazamiento forzado de personas y familias enteras. El narcomenudeo ha penetrado en las escuelas en zonas urbanas y comunidades.
También aumenta el paso de personas migrantes, de otros países por nuestro territorio chiapaneco, la migración forzada de personas y familias de nuestras comunidades, sea por la pobreza o por la violencia generalizada.
CONFLICTOS TERRITORIALES: Notamos también que hay comunidades y organizaciones que continúan en conflicto por la tierra, pero, que están buscando caminos de dialogo, reconciliación y toma de acuerdos para el bien común.
EL AUMENTO DE CANTINAS: Vemos cada vez más el aumento de cantinas clandestinas en las cabeceras municipales y en las comunidades, donde también han sido centros de prostitución a menores y venta de drogas. Donde el gobierno ya no tiene control, e incluso algunas autoridades están coludidas.
LA CRIMINALIZACIÓN DE DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS Y DE AGENTES DE PASTORAL DE DIFERENTES PARROQUIAS DE LA DIÓCESIS: Vemos la fabricación de culpables, por ello denunciamos la arbitraria privación de la libertad de nuestros hermanos de San Juan Cancuc: Manuel Santis Cruz, Agustín Pérez Domínguez, Juan Velasco Aguilar, Agustín Pérez Velasco y Martín Pérez Domínguez. Quienes, por defender su territorio, han sido condenados a 25 años de prisión mediante un proceso legal ineficaz, injusto, con violaciones a derechos humanos y, por lo tanto, carente de valor jurídico. Por ello, exigimos su libertad inmediata y absoluta, y de otros hermanos presos o sentenciados injustamente.
EL ATAQUE Y DESPLAZAMIENTO DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. Hemos notado que hay persecución y ataque a las comunidades autónomas de parte de organizaciones armadas, que quieren desalojarlos de las tierras que habitan para quedarse con ellas y explotar los recursos naturales para obtener ganancias. Todo esto genera miedo y desplazamiento forzado en estas comunidades.
EL NEGACIONISMO DE LA VIOLENCIA:
Se deja escuchar un discurso de negación de la realidad de la violencia e integridad e inseguridad que vivimos por parte de las autoridades de los distintos niveles de gobierno. Pareciera que viven en un mundo paralelo y distinto al que vive el pueblo. Pero como Estado tiene responsabilidad de esta violencia que sufrimos a nivel estatal y nacional.
Cada día también se nota más la falta de fe en Dios, o a veces sí se cree en Dios pero buscamos un dios a nuestra medida, un dios que justifique nuestros egoísmos y no nos dejamos conducir por el verdadero Dios que nos llama a buscar la verdad, el bien, la justicia, la búsqueda organizada del bien común y de la solidaridad hacia las persona más vulnerables, pobres y marginadas de nuestra sociedad.
Como Pueblo Creyente:
Estamos buscando los caminos de diálogo para la resolución de los conflictos que se presentan en nuestras comunidades.
Procuramos no caer en este juego de violencia y venganza. No vamos a caer en la violencia que promueve el Estado. No vamos a creer en su mensaje, que “no pasa nada”. Y vamos a estaratentos a su estrategia de contra-insurgencia y militarización. Ya sabemos que la militarización es para hacer más posible el despojo y el saqueo de nuestros bienes. Ya sabemos que promueven la acción de los paramilitares, grupos armados y se alían con ellos.
El Dios de la Vida nos llama siempre a ser personas dadoras de vida y para ello es necesario fortalecer nuestra espiritualidad. Por eso seguiremos fortaleciendo nuestra fe y nuestra voz profética para contribuir a la construcción de caminos alternativos de transformación y vida de nuestra sociedad tan golpeada por la violencia y la impunidad.
Continuaremos realizando nuestros ayunos y oraciones, nuestras peregrinaciones que nos animan a la esperanza en la construcción de un mundo más justo, solidario y fraterno. Lo cual también incluye la denuncia de las injusticias y la impunidad que sufrimos como sociedad.
Se empiezan a notar también las campañas electorales anticipadas y disfrazadas de muchas maneras en diferentes puntos de nuestro estado de Chiapas, por eso nosotros buscaremos no caer en las divisiones que provocan estas campañas políticas.
Seguiremos acompañando los sufrimientos de hombres y mujeres que sufren, independientemente de su cultura, posición social o religión.
Seguiremos caminando en sinodalidad, comunión y participación, de manera respetuosa, pacífica y dialogante, por la paz en nuestro territorio y en todo México.
Llamamos:
A todos los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, a estar atentos y a solidarizarse activamente con estos casos de criminalización, los cuales se suman a la persecución de quienes buscan caminos de paz con justicia y dignidad para los pueblos.
A todos los hombres y mujeres de buena voluntad a ser constructores y constructoras de la paz.
Pedimos a María, Reina de la Paz, que interceda ante el Dios de la Vida, en favor de su pueblo y de sus hijos e hijas que luchan por la paz.
¡Alto a la persecución y amenaza de los defensores de derechos humanos!
¡Libertad a los cinco presos de San Juan Cancuc!
¡Justicia para nuestros hermanos y hermanas asesinados!
Pueblo Creyente, Diócesis de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 5 de julio de 2023
Recordamos y honramos a Simón Pedro como símbolo de quien lucha, sirve y da la vida por su pueblo.
Desde este Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, afirmamos nuestra vocación y apuesta por los caminos de la Paz y la Justicia, junto a los pueblos y comunidades desde donde constatamos que en estas tierras se han ido levantando procesos de respeto y defensa por la vida y el territorio. Nos sumamos al caminar del Pueblo Creyente para construir la Paz desde abajo, para desmontar la violencia que está lacerando las comunidades y pueblos en Chiapas.
Recordamos en su segundo aniversario luctuoso a nuestro compañero de lucha Simón Pedro Pérez López, quien dio su vida por el pueblo, su andar es un ejemplo de servicio, compromiso, lucha inquebrantable y apuesta a lo organizativo es por ello que hoy abrazamos a su familia, a su comunidad Nuevo Israelita, y a la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.
Nos sumamos a las voces y la accion necesaria por la Paz en todo el territorio de Chiapas y de México, en medio de una agudización de la violencia que genera una grave crisis de seguridad y violaciones a derechos humanos; los gobiernos Federal y Estatal pretenden ocultarlo y negarlo de manera deliberada ya que están implicados. Es claro que no se puede tapar la realidad con discursos vacíos en medio de una inseguridad y terror que emana de la delincuencia organizada en complicidad con funcionarios de las tres esferas gubernamentales, lo que también arrastra un profundo desgarramiento del tejido social de las comunidades y pueblos, teniendo como consecuencia un alto riesgo a la vida, seguridad e integridad física y psicológica, siendo los grupos más vulnerables las niñas, niños, jóvenes, mujeres y personas de la tercera edad.
El actuar del gobierno mexicano permite que impere la violencia. La impunidad y vínculos entre la delincuencia organizada con la clase política ha permitido su fortalecimiento y control territorial sobre la población mediante el terror, asesinatos, desaparición, tortura, robo, despojo y desplazamientos forzados, entre otros perjuicios.
En Chiapas hay un sistema de justicia que criminaliza a las personas defensoras de los derechos humanos, de la tierra y el territorio, fabrica delitos y culpables, como el caso de los cinco compañeros de San Juan Cancuc, de los dos compañeros de San Jerónimo Bachajón, y Manuel Gómez Vázquez Base de Apoyo del EZLN, así como a Bersaín Velasco García ambos del municipio de Ocosingo, Chiapas, todos indígenas tseltales. Hoy exigimos su libertad y alto a la criminalización.
Son múltiples los agravios y las expresiones de la violencia, se suman también las agresiones contra la población civil y violaciones a la tierra y territorio en comunidades y pueblos autónomos; una agudización del fenómeno del desplazamiento forzado que tan solo del año 2021 a la fecha ha dejado alrededor de 7500 víctimas; así como un aumento de la desaparición de personas en medio de la disputa de los territorios por parte de la delincuencia organizada, además de la remilitarización a través de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, cuya estrategia de seguridad ha sido evidenciada como fallida.
En medio de este contexto convocamos a quienes la Paz le resuena en su corazón como un camino para fortalecer e inspirar a cambiar estos días de obscuridad por caminos de luz, que nos provoque a reconstituir los pueblos y comunidades que están siendo asediadas por estos males. Evocamos a nuestro jTatik Samuel Ruiz García, del mismo camino que sigue el Pueblo Creyente en Chiapas para que todas y todos transitemos por la defensa de la vida y el territorio desde la dignidad de los pueblos que somos.
Hermanos y hermanas de México y del mundo, como Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), escuchamos con mucha atención y preocupación la palabra del EZLN así como su silencio, siempre tan potente y que hoy nos llama a estar alerta frente a una guerra anunciada que se va haciendo realidad: CHIAPAS AL BORDE DE LA GUERRA CIVIL; aunque lo niegue cínicamente Andrés Manuel López Obrador y Rutilio Escandón, aunque lo oculten los medios de comunicación nacionales. Sabemos lo que está haciendo hoy el gobierno de la 4T, que en sus calendarios están calculando el número de votos, no de vidas. Que prefieren aliarse con la delincuencia organizada y trabajar con los grupos paramilitares, asegurándose así el control territorial para entregárselo al capitalismo y al mismo tiempo, desmovilizar a quienes defienden la vida y se oponen a sus megaproyectos de muerte.
Sabemos que a Morena no le interesa reconocer que hay un escenario de guerra en Chiapas por las afectaciones que esto pueda tener para sus pretensiones de mantenerse en el poder. Que reconocerlo implicaría incluso visibilizar la colusión entre la clase política y el crimen organizado (sabemos que Adán Augusto, uno de los candidatos más sólidos de Morena para la presidencia del país, es hermano de la esposa del actual gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, quien ha hecho un silencio sospechoso frente a la violencia que recorre al estado que “gobierna”).
Que sería contradictorio reconocer el nivel de conflictividad que existe en el territorio de Chiapas, a la vez que se militariza el país sobre el argumento de mayor seguridad, lo que vemos en Chiapas y en el país entero es el despliegue del crimen organizado, tal como si avanzaran juntos y coordinados, en la lógica de la guerra de destruir-reconstruir.
Sabemos también que el gobierno de la 4T no reconocerá que la violencia está siendo generada por sus programas gubernamentales que pretenden silenciarnos, al mismo tiempo que dividirnos entre comunidades y evidentemente perpetuar al grupo gobernante en el poder, para que este a su vez, entregue cuentas al mandón, al sistema capitalista; su programa Sembrando Vida, está acabando con los cultivos, con el tejido comunitario, así como generando ataques para quienes defendemos a la tierra, no como una mercancía sino como parte esencial de la vida comunitaria. Es así que grupos paramilitares como la ORCAO ven en estos programas gubernamentales una fuente de ingresos y para obtener más, despojan a nuestros hermanos zapatistas de sus tierras, tal como quieren hacer en la comunidad de Moisés y Gandhi, perteneciente al municipio de Lucio Cabañas, del Caracol 10, que está siendo atacada desde 2019 con armas de alto calibre y donde el 22 de mayo de 2023 hirieron al base de apoyo zapatista Jorge López Santiz, es decir, son ataques permanentes, claramente intencionados, denunciados y finalmente solapados por el mal gobierno.
Nos causa mucha preocupación que los cárteles Jalisco Nueva Generación, Sinaloa y otros, se muevan en el estado de Chiapas y en su frontera, que estén armando a comunidades enteras que a su vez están dispuestas a atacar a otras y López Obrador mire con desprecio los cuestionamientos respecto al tema.
Nosotros y nosotras, mujeres y hombres de la Montaña Baja, Alta Montaña y Costa Chica del estado de Guerrero, entendemos la situación, pues la guerra que se avizoraba en Chiapas, la vivimos también en nuestro territorio. La aparición de grupos narco-paramilitares, aunado al desprecio y olvido históricos de quienes han gobernado el país, ha dejado muerte y dolor: asesinatos, tortura, desapariciones, fabricación de delitos, encarcelamientos y todo tipo de violaciones a los derechos individuales y colectivos, todo eso con la complicidad del gobierno federal, estatal y municipal. No olvidamos que interceptamos a Andrés Manuel López Obrador el pasado 21 de octubre de 2022 y le exigimos que hiciera su trabajo de brindar seguridad y justicia; la respuesta no se hizo esperar, los Ardillos (grupo narco-paramilitar) asesinaron a 3 de nuestros compañeros el 5 de noviembre del mismo año: Adán Linares, Moises Cuapipistenco y Guillermo Linares. Tal como si fuera un historia interminable que nos enseña que los gobiernos, del partido que sea, trabajan con la delincuencia y no para el pueblo. No es casual el encuentro de la actual alcaldesa de Chilpancingo Norma Otilia Hernández, de Morena, con uno de los líderes del grupo narco-paramilitar los Ardillos, Celso Ortega, a quien le pregunta “¿cómo puedo ayudarte?”; la relación del Estado con la delincuencia es a todas luces una realidad.
Y es la misma situación que se viven en Chiapas, en Guerrero, en Michoacán, Colima, Jalisco, Oaxaca, Veracruz, Morelos, Guanajuato, Puebla, Tamaulipas y en todo el país: Por eso decimos que CHIAPAS ES EL ESPEJO DE MÉXICO.
Militarización, grupos paramilitares y grupos de la delincuencia organizada, son la actual triada con la que el Estado, sirviente de los capitalistas, está re-ordenando el territorio mexicano para el beneficio de los capitalistas, que avanzan en la apropiación del territorio. Pero sabemos que en la lógica de la guerra para re-ordenar, re-poblar y reorganizar un territorio, primero hay que destruir lo existente, de ahí la impunidad de la delincuencia organizada y los paramilitares. Es por eso que aunque AMLO ha militarizado al país, vemos que los cuarteles, bases militares, retenes, son filtros para quienes defendemos nuestra tierra, la vida, porque el crimen organizado y los paramilitares se mueve con total impunidad.
Llamamos pues a la sociedad en general a organizarse para defender el territorio y la vida pues la delincuencia organizada avanza con la complicidad de los malos gobiernos y si no estamos organizados, en poco tiempo no habrá nada que defender. Llamamos a la solidaridad en los hechos con los pueblos de México que nos organizamos en el Congreso Nacional Indígena (CNI), con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues es en los pueblos indígenas donde encontramos hoy en día una de las alternativas más sólidas al capitalismo. Nosotras y nosotros como CIPOG-EZ nos mantenemos en resistencia y organizándonos en nuestro territorio; respaldamos las iniciativas nacionales e internacionales de denuncia contra la guerra a nuestros hermanos y hermanas del EZLN y estamos dispuestos a acompañar y ser parte de cualquier acción solidaria en el territorio zapatista: reciban hermanos y hermanas del EZLN el abrazo de nuestras comunidades.
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA EL EZLN!
¡ALTO A LOS ATAQUES CONTRA LA COMUNIDAD DE MOISÉS Y GANDHI EN CHIAPAS!
¡ALTO A LA GUERRA CONTRA LOS PUEBLOS DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA!
¡ALTO A LA GUERRA EN EL TERRITORIO MEXICANO!
CONCEJO INDÍGENA Y POPULAR DE GUERRERO EMILIANO ZAPATA
URGENTE!!!
Acaban de detener hace unos minutos al compañero Alejandro Torres Chocolatl,de Zacatepec, Puebla. Integrante del FPDTA-MPT, guardianas y guardianes del Río Metlapanapa y de Pueblos Unidos.
Exigimos su Liberación ya!!!
ACTUALIZACIÓN:
DETIENEN A ALEJANDRO TORRES CHOCOLATL
CONCEJAL DEL CONGRESO NACIONAL INDÍGENA
El día de hoy aproximadamente a las 11:40 am, en la comunidad de Santa María Zacatepec, Juan C. Bonilla, Puebla, arrestaron a Alejandro Torres Chocolatl, comunicador de la Radio Zacatepec, concejal del CNI defensor del agua y la tierra en la región cholulteca.
Cuatro hombres vestidos de civil, sin identificar, a bordo de dos autos particulares interceptaron el vehículo en el que iba a bordo nuestro compañero y lo hicieron bajar para llevárselo detenido en dirección a la casa de INjusticia de Tlaxcalancingo, San Andrés Cholula.
Los delitos que se le acusan son los mismos por los cuales se acusó al compañero Miguel López Vega; obstrucción de obra pública, daños a las vías de comunicación y quema de un automóvil, delitos que nunca fueron comprobados porque nunca se cometieron. El motivo real es por la defensa del territorio, el agua y la vida en la región cholulteca.
Responsabilizamos directamente al presidente municipal de Juan C. Bonilla, José Cinto Bernal, El gobierno del estado de Puebla, al represor de los pueblos; Ardelio Vargas Fosado, al CEAS PUE y al Corredor Industrial Ciudad Textil Huejotzingo por ser cómplices del ecocidio en la región y la injusticia ante los defensores de la naturaleza.
Exigimos la liberación inmediata de Alejandro Torres Chocolatl, defensor del Agua y el territorio.
Alto a la criminalización de quien defiende la vida.
En portada: Poblaciones de la sierra mazateca, en el norte de Oaxaca, denuncian biopiratería realizada por expedicionarios extranjeros en sus tierras.
Durante la última Asamblea del Congreso Nacional Indígena (CNI), realizada en Tehuacán, Puebla, voces de distintas geografías de México alertaron sobre el incremento de la violencia dirigida contra territorios de pueblos originarios en todo el país.
En el análisis de las mesas de trabajo se identificó que esta violencia busca, entre sus objetivos, frenar y debilitar procesos organizativos para conseguir la imposición de megaproyectos como el Corredor Interoceánico y el Tren Maya, entre otros.
“Lo que estamos viendo en nuestro territorio es justamente una violencia diferente, pero que también nos afecta. Escuchamos experiencias de otros pueblos donde se les violenta directamente con el ejército, entrando a matarlos. Nosotros no lo vivimos (…) de la misma manera, pero, sin embargo, sí hemos sido violentados de otras formas”, nos cuenta Jazmín Alvarado, integrante del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC).
Alvarado hace énfasis en las distintas formas que adopta la violencia en comunidades de la Sierra Mazateca, al norte de Oaxaca. En esa región identifica situaciones que hieren gravemente el tejido comunitario como son la promoción del turismo cultural que acompaña un proceso de gentrificación en la región, así como el aumento en las agresiones contra mujeres y el alza en los feminicidios.
También denuncia otros métodos del despojo, menos comunes y silenciosos, como aquellos que, mediante la ciencia extractivista, ejecutan acciones de biopiratería, como es el caso de las actividades realizadas por espeleólogos norteamericanos en las cuevas más profundas del continente americano: el Sistema Huautla.
Pese al cercamiento de las comunidades, Alvarado, quien también colabora en el proceso de la Escuelita Comunitaria de Agua de Lluvia, hace énfasis en el trabajo organizativo volcado a las juventudes, infancias y la apuesta por incorporar a las nuevas generaciones en procesos de resistencia comunitaria para fortalecer la defensa de los territorios. Esta publicación forma parte de una serie de diálogos con participantes de la Asamblea del CNI. Puedes consultar las entregas pasadas sobre los procesos en Sonora, el Istmo de Tehuantepec, Michoacán y Quintana Roo. A continuación, compartimos los extractos de la entrevista con Jazmín Alvarado.
Avispa Mídia (AM): ¿Cómo se expresa la relación entre la ciencia, extractivismo y despojo que han denunciado en la sierra mazateca?
Jazmín Alvarado (JA): En nuestra región, en el pueblo Mazateco, hay muchos proyectos extractivistas de parte de la comunidad científica. La ciencia viene a violentar nuestras formas de ver el mundo y también pretenden venir a enseñarnos sobre lo que creen ellos que es la realidad. Y no solo eso, sino que se llevan conocimientos ancestrales y sin ni siquiera dejar nada pues no comparten su conocimiento a las comunidades; por ejemplo, nosotros como parte del Movimiento de Articulación de los Pueblos Olvidados de la Cañada (MAPOC), una parte que nosotros hemos defendido, pues ha sido nuestro territorio, es San Agustín Zaragoza, un pueblo que está ubicado a 20 minutos del municipio de Huautla de Jiménez. Ahí hay unas cuevas que se supone que son de las más grandes de Latinoamérica y entonces, quieren meterse allí, un proyecto espeleológico que se denomina Sistema Huautla.
Este proyecto espeleológico lleva 50 años entrando a nuestro territorio. Nunca se les cuestionó durante este tiempo cuál era su trabajo, qué era lo que estaban haciendo (…) y nunca se les cuestionó qué venían hacer o qué era lo que ellos estaban buscando, pero llegó el momento cuando personas jóvenes, y pues que de alguna manera habíamos conocido también otras luchas que, pues eso nos inquietó, el no saber qué hacían personas extranjeras metiéndose a nuestro territorio. Y a qué venían, entonces nosotros nunca obtuvimos alguna respuesta de ellos.
AM: ¿Cuáles fueron los argumentos de los extranjeros para realizar sus expediciones?
JA: Daban diferentes versiones. Cuando ellos llegaron dijeron que eran de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de los EEUU) y que ellos querían ir y explorar la Luna; o sea, nuestros abuelos y las personas que viven ahí, ellos saben que dieron ese discurso.
Ahora lo cambiaron totalmente. Cuando se les empezó a cuestionar dijeron que eran personas aficionadas que iban a hacer deporte y decían que ellos nada más se metían a ver qué había y a practicar este deporte. Ellos hablan perfectamente el español, incluso platicaban y dialogaban con nuestros familiares cuando se los encontraban. Hablaban el español y ahora cuando se les cuestionó, pues resulta que ya se les olvidó. Es una forma también como ellos tienen tan interiorizado su colonialismo. Cómo nos ven, como personas que pueden ser ignorantes, que no son capaces de leer, por ejemplo, un artículo en inglés, un artículo que ellos publicaron, y entonces cómo desde esa visión en la que ellos nos tienen, pues también nos sentimos violentados. Que crean que no somos capaces de poder acceder a la ciencia, que no merecemos tener acceso a saber qué están haciendo en nuestro propio territorio y nos sentimos vulnerados también.
AM: Ustedes han investigado sobre las labores que realizan estos espeleólogos, ¿cuáles han sido sus hallazgos?
JA: Nos hemos dado cuenta de que ellos han estado realizando diversas actividades ahí. Dentro han estado probando robots, han estado probando materiales, como vestimentas para bucear para el ejército estadounidense. Han estado haciendo varias cosas y sin siquiera tener permisos. Si al gobierno realmente le preocupara la situación de nuestros pueblos, si estuviera interesado en nuestros pueblos, esto sería un problema incluso de seguridad nacional, porque entonces ¿qué están haciendo estas personas ahí?, ¿por qué ellos tienen derecho a meterse a probar instrumentos?, a probar lo que sea que estén metiendo ahí, en nuestras aguas, ¿porque ellos sí pueden meter esas cosas, si no tienen ningún permiso?
A nivel estatal tampoco los tienen. Hemos investigado acerca de eso y pues estas personas no tienen permisos para estar ahí y, mucho menos, de nuestras autoridades de nuestra comunidad. A ellas, pues mucho menos se les ha consultado; hasta que se les puso el freno y hasta que se levantó un acta en donde se dijo pues que ellos ya no tenían permiso para para acceder a las cuevas. Y sin embargo aún así lo hicieron.
Sí se siguen haciendo esos acercamientos, queriendo entrar, porque justo hay esta entrada al sistema de cuevas en nuestro territorio, donde ellos quieren entrar a la fuerza. Están buscando otras alternativas, en otros pueblos. Nos hemos enterado que han comprado terrenos para poder ingresar a esas grutas y conseguir otra entrada que les permita seguir con sus planes y que aún, con todo esto, pues siguen sin decirnos, sin darnos una explicación real, de qué es lo que están haciendo y nos vienen con mentiras de que encuentran, según esto, restos de animales que son únicos en la región, pero pues no los enseñan. Cuando nos enteramos también de que habían encontrado los restos de un perezoso, pues resulta que ya estaba en manos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y eso nunca pasó por nosotros, nunca nos informaron, nunca se le informó a la Asamblea de nuestra comunidad. Ellos se llevaron esos restos asumiendo que el INAH podía tomarlo y que era la instancia correspondiente y se saltaron pues a nuestra autoridad, a nuestra asamblea.
AM: Durante los trabajos de la Asamblea has mencionado otras vías de extractivismo de la ciencia, ¿nos puedes compartir más?
JA: En cuanto a la ciencia, es como la que ha estado más inmiscuida en eso, están tratando de hacer estudios también sobre los hongos alucinógenos. Lo que pretenden hacer es la extracción de la psilocibina, el empezar a legalizar el uso de la psilocibina para llevarlos en medicinas. Según esto, la psilocibina trata la depresión, pero para nosotros, no es importante en sí el hongo como tal, sino el rito, todo lo que implica la ceremonia, eso implica la sanación.
Sentimos que es una falta de respeto hacia lo que nosotros creemos, hacia nuestra forma de ver las cosas, de que se hagan esas investigaciones o que se tome algo también de nuestra tierra para poder mercantilizarse. Sabemos que eso a la larga pues va a traer también consecuencias, porque sabemos que las drogas sintéticas traen consigo adicciones. Nosotros lo vemos, incluso tomando los hongos, pues a veces puede ser perjudicial si uno no lleva la ceremonia como tal y pues lo vemos ahora, ¿qué va a suceder con esas personas que empiecen a consumir eso sin siquiera llevar un proceso de sanación?, porque no es nada más tomarte el hongo y con eso ya te curas, sino que es, dijéramos, durante la ceremonia y durante los días posteriores, es cuando obtienes esa sanación. Es todo lo que conlleva, es todo un proceso y ellos lo están reduciendo a un simple medicamento.
Eso es lo que nosotros vemos en cómo nos están violentando, mercantilizando algo que nuestros ancestros lo usaban para curarse, pero para curarse de una manera diferente, no desde esa visión occidental donde nada más es ver si tienes depresión. Y acá, cuando se hace todo esto, se trabajan las emociones, se trabaja todo lo que has vivido tú como persona y entonces, pues eso es algo que a nosotros nos preocupa, todas las consecuencias que pueda traer la mercantilización de estos medicamentos o de las intenciones que ellos tienen y, pues, que incluso ahorita se está viendo reflejado en que ya no están saliendo los hongos. Ya hay muy poquitos, ya no crecen en los lugares que crecían y es preocupante.
Porque las personas de nuestros pueblos, de nuestras comunidades, ellos sí se curan de esa manera y con el turismo que también llega y empieza a tomar los hongos sin siquiera ser conscientes de todo lo que implica; pues dijéramos que se genera la oferta y la demanda, entonces llegan y empiezan a consumir, pero no es un consumo responsable, no es un consumo que se haga, justo como lo que platicaba, de que se debe hacer conscientemente y haciendo todo un proceso de ceremonia.
También nos hemos visto afectados por el turismo, que justamente llega a esto y empezamos a ver la gentrificación de nuestro municipio, se empiezan a elevar los costos de la vivienda, de la comida, se empiezan a hacer hoteles para poder seguir atrayendo al turismo y es algo que a nosotros nos preocupa mucho porque las personas que viven ahí están empezando a ver sus vidas afectadas por los costos elevados.
AM: Otra de las denuncias que has hecho se refiere a las agresiones contra las mujeres, ¿cuál es el contexto de esta violencia en la región mazateca?
JA: Es también el aumento de los feminicidios y que han estado impunes, o sea, el gobierno de nuestro municipio, pues ha hecho caso omiso a todo eso. No hay, no se puede ver que haya realmente justicia para las víctimas. Al menos que se visibilice, al menos que se haga mucho ruido, que la propia gente empiece a exigir justicia, que empiece a movilizarse, hasta ese momento es cuando se empiezan ellos a mover, pero si no se les hace ver, que no están haciendo nada, entonces ellos no mueven ni un dedo, y así pueden estar matando una, dos, tres mujeres y no va a pasar nada. También vemos que es hasta clasista, llega a ese punto, porque si eres una mujer de una comunidad entonces no te hacen caso. Cuando eres del municipio o que viven en el centro, hay más oportunidades de que la gente pida justicia por ti o por tu asesinato, siendo mujer, y entonces cuando sucede esto en las comunidades, pues esas muertes son olvidadas.
Eso también es algo que nos afecta a nosotras directamente, porque a nosotras, como mujeres, no podemos estar con la seguridad o con la garantía de que vamos a obtener justicia si en algún momento nos llega a suceder algo. Lo único a lo que nos aferramos es a nuestros procesos colectivos. Son esos lugares o esos espacios, a los que pertenecemos, donde sentimos que ahí es donde no nos van a olvidar y no van a permitir que se cometan injusticias con nosotras. Pero pues es muy triste saber que, de parte del gobierno, no tenemos una garantía de que se nos haga justicia. Entonces, como que a veces nos ha tocado a nosotras, como mujeres, vernos en ese lugar, vernos en el lugar de ¿qué pasaría si yo un día desaparezco o si un día muero?, ¿quién va a pedir justicia por mí? Nos toca a nosotros vernos en eso, hacer esos ejercicios de reflexión para poder solidarizarnos también nosotros con las mujeres que son de nuestras comunidades, para seguir pidiendo justicia por ellas.
AM: ¿Cómo ha sido tu experiencia participando de esta asamblea del CNI?
JA: Yo siento que estos espacios justo nos permiten ver lo que está sucediendo en otros lugares, no para decir ‘a mí me está pasando menos que en otro lugar’, sino para reflexionar sobre cómo ellos ya tienen esa experiencia, cómo están pasando por esos momentos. ¿Cómo les están haciendo?, ¿Cómo se están organizando en sus comunidades para enfrentar todo lo que está sucediendo?
Para nosotros siento que es muy importante estar escuchando estas experiencias de los diferentes pueblos, porque también así nutrimos nuestro propio proceso. Nosotros vamos aprendiendo de todos esos procesos organizativos que hay y, sobre todo, pues ir viendo cómo nos vamos organizando, ¿qué podemos hacer para seguir articulándonos? Porque puede que a lo mejor tengamos puntos en común. Nosotros estamos escuchando qué se dice; el narco es un tema en común acá, entonces tenemos que ver ¿de qué manera nosotros podemos hacerle frente a esa situación?
¿Qué mecanismos nos quedan a nosotros?, y creo que eso es algo, más bien un ejercicio, que no es como que se pueda resolver de un día para otro, sino que hay que seguir reflexionando, ver qué es lo que podemos hacer frente a toda esa situación.
Nosotros, de nuestra parte insistimos en la importancia de crear ese espacio dentro del CNI, pues que pueda ser también para los jóvenes y para los niños. Para nosotros es muy importante que se pueda permitir ese espacio acá dentro de estas reuniones, para que ellos también conozcan, escuchen y también para que vayamos viendo cómo nos organizamos porque, al final, las personas que están defendiendo sus pueblos ya también están grandes, entonces tenemos que pensar, ahora sí, quiénes van a heredar toda esa lucha.
Yo siento que es algo que sí debemos de irnos planteando, el cómo acercar a los niños, cómo acercar a los jóvenes dentro del CNI, porque si seguimos enfocándonos nada más en nosotros, en las personas adultas, en las personas mayores, pues siento que nos vamos a ir quedando cada vez menos, y aquí lo que importa es cómo vamos a crecer.
