Por Vanessa Garcìa Navarro

^{Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar”, asevera Nemonte Nenquimo.}

El lunes (18), en el contexto de la investigación de la Asamblea ecuatoriana sobre los posibles delitos financieros del presidente Guillermo Lasso Mendoza, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), el Consejo Coordinador de la Nacionalidad Waorani de Ecuador-Pastaza (CONCONAWEP) y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE), presentaron ante la Corte una demanda de inconstitucionalidad contra el ejecutivo por la aprobación reciente de políticas de hidrocarburos que afectan sus territorios.

El Decreto Ejecutivo en cuestión es el 95 (aprobado el 7 de julio), que plantea la meta de duplicar la producción de petróleo, es decir, elevar la producción de barriles de petróleo de 500 mil a un millón de unidades diarias en un lapso de cuatro años (2025). La aplicación de esta política requiere incrementar la extensión de territorios originarios de la Amazonia destinados a la actividad petrolífera.

Aunque la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas (DNUDPI), a través del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), obliga al gobierno ecuatoriano a consultar a los pueblos indígenas antes de realizar un procedimiento de dicha índole, la realidad es que ninguno de estos puntos fue respetado.

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Cientos de miembros de los pueblos originarios de la Amazonia de Ecuador: Waorani, Secoya, Kichwa, Shuar, Achuar, Shiwiar, Andoa, Sapara y Ai Cofan; de edades variadas, emperifollados con las vestimentas tradicionales de sus comunidades, emprendieron el lunes (18) por la mañana una marcha desde el norte de Quito, previo a la entrega de la demanda.

Defender la Amazonia

Leónidas Iza, presidente de la CONAIE, quien encabezó la entrega de la demanda, reclamó que el presidente tomara la decisión de “una política de muerte” anulando la voz de los pueblos que se han visto afectados negativamente por el extractivismo petrolero y minero. “Por cada territorio de cada pueblo y cada nacionalidad indígena que ahora está amenazado por la ampliación de la explotación petrolera y minera, necesitamos que se garantice nuestro derecho”.

La lideresa Waorani, presidenta de la CONCONAWEP y activista galardonada como “nobel del medio ambiente”, Nemonte Nenquimo, manifestó “el Gobierno ecuatoriano ve en nuestro territorio solamente los intereses de recursos. Exigimos al gobierno ecuatoriano respetar nuestra decisión de mantener nuestros territorios libres de petróleo y minería. Nuestro territorio es nuestra decisión, y nunca dejaremos que las compañías petroleras o mineras entren y destruyan nuestro hogar y maten nuestra cultura”.

Y es que, el hecho de que cuatro provincias waoranis estén siendo ocupadas por siete petroleras trastorna la vida de sus habitantes originarios, quienes denuncian aumentos de pobreza y ni el más mínimo beneficio de la explotación de sus territorios.

Marlon Vargas, presidente de la CONFENIAE, exige “la remediación absoluta e inmediata del territorio de las nacionalidades indígenas contaminadas hace 50 años”, en referencia a la devastación ambiental provocada por los derrames de petróleo ocasionados por la empresa Chevron-Texaco y las afectaciones a la Amazonia ecuatoriana y su población.

Próximamente la CONAIE, la CONFENIAE, la comunidad A’i Cofan de Sinangoe y el Pueblo Shuar Arutam (PSHA) someterán otra demanda, para afianzar su lucha contra las licencias ambientales para la actividad extractiva, ahora contra el Decreto Ejecutivo 151, que busca incrementar la actividad minera en puntos críticos del paisaje amazónico y “relajar los controles ambientales para acelerar la entrada de empresas mineras extranjeras en la Amazonía”.

Pese a que para algunos este evento podría parecer ajeno y distante a las vidas de personas de otras geografías, la realidad es que este tremendo acto de inconstitucionalidad por parte del gobierno ecuatoriano alienta la destrucción de las Amazonas, uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad en el mundo, y como en efecto dominó corrompe el equilibrio ecológico del planeta entero. Leónidas Iza recalca esto al mencionar que “no es un problema de los indígenas, es de la civilización, hay que proteger la Amazonía”.

Cómo procederá la demanda ante los tribunales sigue siendo una incógnita; sin embargo, se espera que sea a favor de los guerreros que siempre han protegido y vivido en la inmensidad de la Amazonia.

Brasil, Colombia y Perú, una triple frontera al sur del continente americano, la plena selva amazónica, este es el teatro de operaciones donde más de 30 empresas de la industria militar han puesto a prueba su más reciente producción de servicios y mercancías en el marco del ejercicio militar multinacional denominada AmazonLog2017, organizado por las Fuerzas Armadas de Brasil. Han participado por los meno 2000 militares del ejercito brasileño y de los países invitados, con armas de alto calibre y municiones, barcos, aviones y helicópteros, tecnologías de la información, equipos náuticos y energía inteligente, radares y sensores. El Comando Sur de los Estados Unidos, uno de los 9 Comandos de los EEUU, con influencia en el Caribe, Centro y Sudamérica, también fue participe de las actividades de AmazonLog2017.

Por Santiago Navarro y Ranata Bessi – Avispa Mídia

Las alarmas de diversos movimientos sociales de la región, así como de activistas e investigadores se han encendido sobre este ejercicio militar. Que consiste, según la investigadora y economista mexicana, especialista en geopolítica, Ana Esther Ceceña, en crear las condiciones para futuras operaciones de las tropas estadounidenses, específicamente sobre dos puntos estratégicos, “en la parte baja de Venezuela” y la otra, “en la costa atlántica donde el gobierno de Brasil permitirá a los Estados Unidos el uso de la base militar Alcántara”.

Alcántara esta ubicado en Maranhão, al nordeste de la nación brasileña, y que por su ubicación cercana al Ecuador se considera una de las mejores del mundo para el lanzamiento rápido de satélites. Esta base se suspendida en el año 2003 en el inicio del gobierno de Luiz Inácio Lula Da Silva, pero fue retomado por la gestión de Temer, quien asumió el la presidencia de Brasil en el año 2016, después de la destitución de Dilma Rousseff en un proceso que la mandataria tildó de un ‘golpe de Estado parlamentario’. Temer envió, en septiembre de este año 2017, a Donald Trump, una propuesta de acuerdo para permitir la utilización de la Base Militar de Alcantara, para el lanzamiento de satélites y maniobras militares, informó el diario brasileño Estadao.

Por tanto, AmazonLog2017 permite, “colocar pertrechos de guerra que faciliten incursiones territoriales discretas, operaciones de respuesta rápida, ambas contemplando la intervención de fuerzas especiales ya sea estadounidenses, de cuerpos locales o privadas, o también para permitir operativos masivos mucho más visibles o escandalosos, producto de supuestos peligros humanitarios muy probablemente en Venezuela”, dice Ceseña.

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