“Felipe Quispe murió”, dice el texto de un mensaje que llega casi al caer la noche el martes 19 de enero, en un grupo de WhatsApp, y llueven comentarios de lamentación por la pérdida de quien en vida fue admirado y odiado con la misma intensidad que irradiaba su verba cada vez que se le ponía un micrófono. Red Eco Alternativo.

(Noelia Carrazana – Red Eco) Bolivia – Si el mundo está convulsionado desde enero de 2020 por la pandemia del COVID-19, el país vecino de Bolivia está atravesando sacudones permanentes desde el 10 de noviembre de 2019, momento en que ocurre el golpe de Estado perpetrado por la derecha boliviana. Una de las figuras de la política boliviana, que usó su ingenio y sagacidad para denunciar y dejar en evidencia a la dictadura burda y sangrienta de Jeanine Añez fue Felipe Quispe Huanca, el Mallku. Quispe fue un actor clave para la organización y coacción del movimiento campesino e indígena durante los bloqueos del mes de agosto que lograron fijar fecha inamovible para las elecciones presidenciales. En consecuencia se logró la vuelta a la democracia, el 18 de octubre del 2020.

La muerte del líder indígena de 78 años causó congoja y dolor en una sociedad que aún teme reconocer y superar el racismo enquistado desde la colonia, las redes sociales se convirtieron en el espacio donde inmediatamente de ocurrido el deceso se puso su figura nuevamente en escena, fueron hashtag #FelipeQuispe y #Mallku, y si al día de hoy buscamos en Facebook su nombre encontramos innumerables notas producidas por personas particulares, así como también intelectuales bolivianos.

Mallku es una palabra aymara que significa jefe de los cóndores, en algunas comunidades además del nombre que figura en el documento de cada persona, existen ceremonias donde los abuelos sabios pueden darte un nuevo nombre de acuerdo a su percepción de la fuerza que habita en la persona. El cóndor es para los pueblos aborígenes del sur uno de los animales de poder más importantes, así como el águila lo es para américa del norte o el bello quetzal para los pueblos de centro américa. Desde que irrumpió en el mundo de la política boliviana, Felipe mostró esa fuerza poderosa a través de sus palabras y acciones, porque denunció de manera clara y descarnada el racismo hacia los indígenas y campesinos. “¿Por qué la lucha armada?”, le preguntó a Quispe la periodista Amalia Pando cuando pudo salir de prisión en 1997: “Para que mi hija no sea empleada (doméstica) de usted”, le respondió el Mallku.

“(Los indígenas y campesinos en este tiempo) ya hemos pasado por las aulas universitarias, ya los campesinos sabemos mejor que los ministros, no es tiempo poner bajo al indio”, decía Felipe Quispe a cuatro días del golpe de estado respecto de las palabras de Luis Fernando Camacho, el golpista que ingresó al palacio quemado con una biblia y gritando “Dios vuelve al palacio, nunca más volverá la Pachamama al Palacio de Gobierno”.
Y a solo dieciocho días de la llegada de Jeanine Añez a la presidencia, Felipe Quispe denunciaba los más de 1000 presos políticos y las Masacres de Senkata y Sacaba: “Toda la vida nos han matado, desde la llegada de los españoles, con la biblia en mano (…). Nunca apoyaría la candidatura de Marco Pumari y Luis Fernando Camacho porque considero que son parte de un gobierno que tiene las manos manchadas de sangre, deben ser procesados”.

Felipe tenía un espíritu crítico, pero a su vez creador, tanto para eclosionar a los q’aras (blancos), como a propios, así se refleja su pensamiento en una anécdota que cuenta el escritor aymara Carlos Macusaya: “En una de las últimas ocasiones que pude hablar con Felipe Quispe fue el año 2019, cuando ambos fuimos invitados a una actividad en una normal rural de La Paz. Lo que más recuerdo de su participación es una frase que dijo tras que un grupo de estudiantes realizó una danza tradicional, él cuestionó que cuando se baila tarqueda, moseñada, sikureada, los pasos de baile son monótonos; ‘acaso no podemos inventar otros pasos, los jóvenes tienen que inventar'”.

“Me gustó mucho ese cuestionamiento porque, además, invitaba a recrear nuestra cultura, a reinventarnos. El propio Felipe Quispe se estaba reinventando. En los años 2000, 2001 y 2003 Quispe tenía una perspectiva muy centrada en lo rural, mientras que el 2020 hizo ‘trabajo de hormiga’ en las movilizaciones que se dieron en la ciudad de El Alto. El propio Mallku estaba yendo más allá de sí mismo”, indica Macusaya.

Su muerte también tuvo repercusión en los medios argentinos, en el programa Fe de Radio, de FM Riachuelo, la periodista Gloria Beretervide entrevisto al sociólogo boliviano Antonio Abal Oña, quien señaló que “hablar de Felipe Quispe es interesante porque es un hombre que puso en tensión a la sociedad boliviana. Después del 1952, después de esa cooptación que tuvo el movimiento nacionalista revolucionario, a todos los pueblos originarios, con un manejo arbitrario de su organización, el que hace un quiebre es Felipe Quispe, porque desde la fundación de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) las negociaciones siempre se hicieron en términos de reconocimiento de autoridad o de sumisión a los gobierno a de turno. Felipe Quispe rompe con ese esquema, le dice a Gonzalo Sánchez de Losada ‘si quiere discutir venga conmigo al campo, a Achacachi, usted presidente de los bolivianos y yo presidente de los Aymaras’, en ese momento no se entendía la fuerza que tenía Felipe”.

Abal Oña explica que “para entender a Felipe hay que ir a sus documentos principales que es el documento que presenta a un congreso de la CSUTCB a nombre de su organización que en ese momento se llamaba Ofensiva roja de Ayllus Tupak kataristas”.

Plataforma de lucha:
Hagamos una resistencia armada en cada comunidad, en cada zona, en cada provincia y en cada departamento para defender nuestra coca sagrada de la tiranía del gobierno y del imperialismo.
Lucha a muerte contra la reforma tributaria, lucha por la defensa de nuestras comunidades, por las raíces ancestrales.
Prepararnos para combatir a sangre y fuego en toda la zona del Qollasuyo en una gigantesca comunidad de vida y trabajo, eso será la revolución y posteriormente será el socialismo.

“En estos dos puntos está el pensamiento que va a guiar todo su accionar, después de presentar este documento, en los años 1990 va a formar el ejército revolucionario Tupak Katari junto a los hermanos Álvaro y Raúl García Linera y con muchos otros jóvenes de formación marxista. Lamentablemente cae en prisión y queda detenido por cinco años, estando en la cárcel él se presenta para candidato a las elecciones en las alcaldías y nos tocó con un periodista aymara hacerle una entrevista en la cárcel, él señalaba que estaba preso por decisión política y de lo que se trataba era de que nuevamente los pueblos originarios fueran pongos políticos, entonces decía que no iban a pedir clemencia, que no iba a pedir perdón para salir en libertad.
Después de salir de la cárcel va a ser el máximo ejecutivo de la CSUTCB, y ahí es donde se va a enfrentar contra las políticas neoliberales contra el gobierno de Hugo Banzer Suaréz, pero más fuertemente en 2003 contra el gobierno de Gonzalo Sánchez de Losada y que va a terminar con la huida de este presidente y el gran artífice para que se vaya este presidente sin duda es Felipe”, explicó Abal Oña.

“Quispe tiene sus idas y venidas con Evo Morales, porque el foco de atención en ese momento era la guerra contra las drogas y claramente Felipe está hablando de la coca y de lo que representa, en varios momentos se separa de Evo Morales, pero nuevamente se pone como aliado, especialmente cuando se organiza lo que se llamó en 2003 ‘el estado mayor del pueblo’ donde estaban Felipe, Evo y Oscar Olivera que fue la persona que dirigió la guerra del agua, este estado mayor es el que va a organizar marchas y bloqueos hasta dar el fin del gobierno de Sánchez de Losada”, agregó el sociológo boliviano.

Compartimos parte de la entrevista realizada por Gloria Beretervide a Antonio Abal Oña:
Gloria Beretervide: ¿Cuándo se dio ese quiebre cuando Quispe comienza a conformar su propia teoría política y se separa del marxismo?
Antonio Abal Oña: Ese quiebre se da en los años 90, después de caer prisionero, porque él repite en varias entrevistas que el ala marxista de su organización no era consecuente, que no estaban compenetrados de lo que era el pueblo andino y se refiere a Álvaro García por ejemplo que “yo le insistía para que aprendiera aymara, pero él no me tomaba en serio”, y eso le habría permitido comunicarse mejor y ahí él veía una actitud colonialista de estos compañeros marxista, entonces él empieza a hablar de este colonialismo fuertemente y de la ruptura con los marxistas. A partir de eso comienza a adoptar para si la ideología indianista que tiene raíces en Fausto Reinaga, Felipe ya había fundado en los años 70 una organización que participó en la fundación de la organización política Movimiento Indio Tupak Katari (MITKA) inspirado en el pensamiento de Reinaga. Felipe retoma esta matriz de pensamiento alimentada por Constantino Lima, bajo el slogan “debemos gobernarnos nosotros mismos” en un debate con la izquierda.

GB: Para él siempre fue importante el aprendizaje de la lengua como forma de compenetrarse con una cultura, ¿por qué en 2005 ganó Evo Morales y por qué Felipe pierde y se pierde su figura hasta el último golpe de estado?
AAO: Primero vamos a ver lo que pasaba en la sociedad boliviana, con el fracaso de la UEDP la izquierda estaba alicaída en Bolivia, por lo tanto, surgen corrientes de otro tipo denominadas populistas: Carlos Palenque y Max Fernández y es ahí donde también surge el Movimiento al Socialismo y su gran secreto fue juntar a todas las organizaciones matrices del Movimiento Indígena Campesino y las corrientes de izquierda que estaban al interior de la CSUTCB, de las Bartolinas, de los que se denominaban colonizadores, de una organización fuerte que era el bloque oriente, ahí había mucha gente de la izquierda que siempre ha estado ligada a la clase media y si bien no había formado parte de la estructura del MAS al momento de su creación porque todos los cargos estuvieron ocupados por representantes de organizaciones sindicales, solo había dos que representaban a la clase media, eso es lo que le dio fuerza en la clase media a esta izquierda que entro sin dar declaraciones a formar parte del conglomerado que iba a votar al MAS.
En cambio Felipe cuando forma el MITKA se encierra en el mundo aymara, él no hace concesiones, tiene el discurso “anti-q´ara” y que todavía no está bien entendido y no puede irradiarse a nivel nacional, cosa que si lo pudo hacer rápidamente el MAS, también hay que tomar en cuenta que él no pudo ser elegido en la CSUTB, entonces lo que hizo fue organizar una sindical paralela a la de Román Loayza que era del MAS y ahí vio debilitada su presencia en varias regiones del país, le va a costar nuevamente cobrar liderazgo, en realidad Felipe vuelve a tomar relevancia con los bloqueos de agosto del 2020 por su capacidad organizativa y el mensaje claro que tenía.

GB: ¿Pensas que hay algún heredero actual, alguien que reúna dentro del mundo aymara toda esta intelectualidad y acción, y que pueda convocar tanto como Felipe estaba volviendo a convocar?
AAO: Honestamente creo que no, con la claridad y radicalidad que tenía el pensamiento de Felipe Quispe difícil encontrar a alguien, hoy hay muchos jóvenes aymaras nucleados en grupos de estudio, intelectuales que incluso tienen ya doctorados que están trabajando sobre el pensamiento de Quispe y Reinaga y tienen posicionamiento político, pero lo que no tienen es esa proximidad orgánica a los pueblos indígenas, ya que una vez que tu sales de tu comunidad y comienzas a estudiar te separas de esa vida orgánica que llevan las comunidades, Felipe nunca abandono eso, él era catedrático de la Universidad Pública del Alto (UPEA), pero él seguía yendo a su comunidad, seguía prestando los servicios que tenía que hacer en su central, subcentral, el problema de muchos compañeros que acceden a una carrera universitaria o a un trabajo más intelectual es la separación con sus bases orgánicas, por eso va a ser difícil encontrar a alguien que pueda reemplazar a Felipe, que por lo que sabemos estaba encaminado a conformar un nuevo instrumento político, estaba contando con Eva Copa y con los jóvenes pertenecientes a la UPEA.

Entrevista realizada el 01 de agosto, 2020 en el programa Todas las Voces, AM 530 Radio de las Madres, a Felipe Quispe, para escuchar parte de su pensamiento AQUI

Imágenes: @MuyWaso / Valeria Arias

obladoras y pobladores de la localidad de Laraquete, denuncian el nuevo proyecto Planta de Innovación Circular Arauco, de la empresa Verdecorp Spa, que tiene como objetivo su construcción y operación destinada al tratamiento de residuos provenientes de la industria agrícola, forestal e industrial, urbanos, y residuos orgánicos domiciliarios, la cual pretende instalarse en las cercanías del Humedal Estero el Molino de Laraquete, afectando toda la biodiversidad del espacio.

Por Javiera Coñuenao

El pasado 23 de enero, los mismos pobladores visitaron el humedal y pese a que la Planta, no cuenta con los permisos de estudios de Impacto Ambiental, se pudo apreciar una gran cantidad de materia orgánica que ya está siendo acumulada en dicho lugar, provenientes de los desechos de las cosechas forestales.

En la denuncia señalan “se podían distinguir en la superficie de estas montañas de desechos, humaredas por la combustión de estos mismos elementos. Así también, pudimos observar que este vertedero se emplaza  justamente frente al humedal estero El Molino y que con los vientos se levanta de los desechos una enorme masa de polvo que ya está comenzando a cubrir de gris nuestro último pulmón verde nativo de la zona de entre Laraquete y Horcones”.

La importancia del pulmón verde

El humedal el Molino, ubicado a 2 kilómetros al Sur de Laraquete, es un habitad natural que conserva un cordón no menor de árboles nativos como arrayanes, temus, boldos, pitra, maitenes, entre otras especies, un sitio relevante para la nidificación de aves de la zona. Sirve como zona de amortiguación de las crecidas del estero El Molino ante posibles inundaciones debido a las precipitaciones y forma parte de la red de humedales costeros de Chile.

Este ecosistema natural ha sido popularizado como “la selva” debido al característico crecimiento de sus árboles y especies trepadoras, pero hoy los habitantes aledaños a este espacio, ven con preocupación el daño que ha provocado el continuo avance de la Celulosa Arauco, sobre este sitio, uno de los pocos donde aún prevalecen especies nativas en la provincia de Arauco.

El daño sobre el Estero

Recordemos entonces, que en el año 2017 nos enteramos que Celulosa Arauco adquirió gran parte del terreno de este sector, que va desde la población El Pinar, hasta el fundo María Las Cruces, el terreno consta de 700 hectáreas. Lo que ahora se ha dividido entre el Fundo Elvira Las Cruces, Sara Las Cruces y María Las Cruces. En la siguiente tabla se detallan la superficie utilizada y las especies plantadas entre el año 2015, 2016 y 2018.

En aquel periodo el movimiento socio ambiental Arauko tiene mil penas, y distintas organizaciones de las localidades afectadas, emplazaron a la empresa Arauco, que pretendía destinar las 700 hectáreas para el monocultivo forestal. Fue así, como a través de instancias de reuniones abiertas entre la empresa y la comunidad, denominadas por Arauco “Casas Abiertas”, las organizaciones se opusieron a tal idea y se logró frenar en parte el plan.

“Finalmente la empresa solo disminuyó la cantidad de plantación a 29 hectáreas de monocultivo entre pinos y eucaliptus y además intercaló las plantaciones con algunos árboles nativos, lo que según ellos sería un proyecto de reforestación”, señalan en la declaración, de esta manera la empresa continuó con la plantación de monocultivo en uno de los pocos espacios que  sobrevivía al avance forestal.

Ante esto, la comunidad denuncia que hoy se ven las graves consecuencias de esa desastrosa acción sobre el estero El Molino, “el estero ya está seco, no hay casi nada de agua en él y más parece un canal de agua estancada que un estero”.

La amenaza ambiental de los residuos industriales

Actualmente el riesgo está sobre el bosque nativo, ya que el nuevo proyecto de la Planta de Innovación Circular, se ubica a escasos 35 metros del cordón verde situado en el humedal y a 180 metros del estero El Molino. A continuación compartimos una imagen del lugar.

Recordemos que la esta empresa trabaja en conjunto con Arauco, quien es propietaria de 700 hectáreas de terreno. Así, la forestal dispone del espacio para dar acción a la planta procesadora de residuos de la industria celulosa, compuestos principalmente por cenizas, arenas, residuos sólidos, carbonato de cal, lodos de plantas de tratamiento de efluentes, cortezas sucias y entre otros.

Nuevos hechos

Recientemente hubo un hallazgo importante de piezas de cerámicas mapuche lafkenche que datarían del año 1400, en las cercanías del humedal, mientras se realizaban obras de excavación en un sitio perteneciente a un privado, Para los vecinos este hecho será un argumento fundamental para exigir un estudio de impacto ambiental participativo, Nicole una de las defensoras del humedal sostiene lo siguiente, “que se vea realmente el impacto hacia la salud de la gente, al medio ambiente, hacia la cultura mapuche lafkenche y se respete”.

Nicole, nos cuenta que ayer martes 02 de febrero, durante un puerta a puerta realizado por el Gerente de la empresa Verdecorp, junto a una persona encargada del Servicio de Evaluación Ambiental y un representante de la municipalidad, se enteran que la Planta de innovación circular Arauco, lleva 2 años de funcionamiento en el lugar, todo esto sin previa consulta ni aviso a la ciudadanía. Ante lo cual, la comunidad tuvo una reacción negativa al sentirse vulnerados por la  empresa, ya que en ningún momento hubo un acercamiento de parte de la compañía hacía la comunidad.

Frente al complejo escenario que se agrava aún más con el funcionamiento de la planta, durante el puerta a puerta  se exigió la realización de una consulta e instancia de participación ciudadana y a pesar de estos hechos negativos recién conocidos, desde las pobladoras y pobladores de Laraquete evalúan en generar un nuevo movimiento socio ambiental para la coordinación con las distintas organizaciones y continuar en la lucha por la protección del humedal y estero El Molino. Y finalizan su declaración con las siguientes palabras.

“Ante el nefasto panorama que amenaza con destruir un lugar de vital importancia, perder los grandes beneficios que nos entrega y  lo poco que nos queda de flora nativa dentro del territorio que habitamos,  hacemos un llamado a la toma de conciencia y acción que nos permitan evitar circunstancias que no nos hagan lamentarnos en un futuro próximo”.

En la comuna de Máfil, por medio de la realización de Nguillatun el pasado 28 y 29 de enero la comunidad Huemal Curin junto a pu lof provenientes de los cuatro puntos del Wallmapu /Meli witxan mapu, renueva su compromiso y fortaleza por la recuperación y defensa territorial Mapuche.

En esta rogativa de renovación del espíritu, se presentaron las nuevas generaciones de pu domo pu wentru weichafe para que como pueblo huilliche se extiendan y se levanten en sus espacios ceremoniales y recuperaciones territoriales para la defensa del territorio, en el desarrollo y la defensa del kimun mapu y del feyentun mapuche. También en estos dos días se honró a pu weichafes asesinados por el Estado chileno, para que su newen siga fortaleciendo cada proceso en cada lugar.

En palabras del werken Miguel Catrilaf se recalca el fortalecimiento desde la juventud williche, hace un llamado a la recuperación del kimün » poder entender qué significa ser mapuche, entender nuestra ñuke mapu, el sol, la luna, la noche…es una forma de lucha digna, sabia y que lleva miles de años».

La comunidad Huemal Curin extiende el llamado a los distintos territorios a unir fuerzas y seguir en el weichan.

Las imágenes utilizadas en esta nota han sido consensuadas y autorizadas por la comunidad.

Por Jasmin Hristov y Karen Spring

A continuación, se presenta un conjunto de cinco artículos que reflexionan sobre el paramilitarismo, la militarización y el papel que juegan ante los procesos de lucha y resistencia en Honduras, mientras los complejos de capital avanzan. Un análisis que será publicado en cinco partes.

Lea aquí la 1ra parte de este Especial ⇒ Entre palma, plomo y policías: paramilitarismo el brazo armado del desarrollo

Parte IV

Paramilitar en el Sector Energético

La violencia paramilitar también se ha dirigido a los movimientos sociales que se oponen a los proyectos neoliberales en el sector energético, particularmente en torno a la construcción de represas hidroeléctricas. Uno de los casos emblemáticos es la resistencia indígena a la represa hidroeléctrica Agua Zarca por parte del Consejo Popular Indígena y Popular de Honduras (COPINH) en la región de Río Blanco, en el departamento de Intibucá.

El COPINH fue co-fundada por la activista feminista indígena asesinada y ganadora del Premio Ambiental Goldman, Berta Isabel Cáceres Flores. En 2011, el COPINH comenzó a apoyar a las comunidades Lenca de Río Blanco que se oponían a la construcción de la represa hidroeléctrica Agua Zarca en el río Gualcarque. La empresa hondureña Desarrollos Energéticos SA (DESA) había recibido financiación de varias instituciones financieras internacionales, incluido el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para construir la presa en un terreno para el cual los residentes locales tienen un título de propiedad comunitaria desde 1911 (Bird, 2013a).

El principal propietario de DESA es la poderosa familia hondureña Atala Zablah, que tiene familiares y fuertes lazos comerciales con dos grandes bancos hondureños, Ficohsa y BAC Honduras. Las comunidades se oponen a la represa porque el río Gualcarque es sagrado para el pueblo Lenca y su construcción cortaría el suministro de agua, alimentos y medicinas para estas comunidades pobres y relativamente aisladas (BBC, 2018).

En diciembre de 2015, agentes de investigación de la Policía Nacional Civil detuvieron a García Mejía quien confesó que DESA lo había contratado para silenciar a miembros del COPINH y afirmó que Berta Cáceres era la primera en la lista de personas a eliminar. Mejía fue liberado cuatro días después de que ejecutivos de DESA usaran su influencia sobre la fiscalía y pagaran a un representante legal para defenderlo (Criterio, 2019). Después de su liberación, García Mejía comenzó a trabajar como guardia de seguridad en DESA.

Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su domicilio de La Esperanza a los 44 años de edad (GAIPE, 2017). Después de meses de protestas nacionales e internacionales, las personas vinculadas a DESA finalmente fueron arrestadas. En 2018, siete hombres fueron condenados por el asesinato de Cáceres, entre ellos dos oficiales de DESA, Sergio Rodríguez y Douglas Bustillo, y el mayor Mariano Díaz, oficial de inteligencia militar del 15° Batallón de las Fuerzas Armadas de Honduras. El tribunal determinó que los tres estaban involucrados en la planificación del asesinato y la contratación de los sicarios que también fueron declarados culpables de asesinato.

El sicario principal, Henrry Javier Hernández, era un ex-militar de las fuerzas especiales destinado en la región del Bajo Aguán y estudió con el mayor Mariano Díaz, también condenado por el asesinato de Cáceres. Antes de su arresto Hernández había trabajado para dos empresas de seguridad privada después de dejar el ejército, incluyendo una empresa que trabaja con empresas de Walmart en Honduras y otra con Corporación Dinant en el Valle del Aguán.

El 2 de mayo de 2018, Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de DESA y oficial de inteligencia militar entrenado en Estados Unidos, fue arrestado por estar involucrado en el asesinato de Cáceres (BBC, 2018). Según uno de los miembros del Grupo Asesor Internacional de Expertos (GAIPE) que investiga el caso, existía una “estructura criminal compuesta por ejecutivos y empleados de la empresa, agentes estatales y bandas criminales que utilizaron violencia, amenazas e intimidación” para atacar al COPINH y a Cáceres (citado por Malkin, 2017).

A nivel comunitario, DESA colaboró ​​con familias y personas que se beneficiaron económicamente de la presencia de la empresa en Río Blanco y personas temidas por la población local por sus actividades delictivas y reputación de asesinos (COPINH, 2019a; Bird 2013a). Esto se demostró en extracciones telefónicas presentadas como prueba de caso contra los asesinos de Cáceres. En un mensaje, el ejecutivo de DESA, Castillo, hace referencia al sicario local de Río Blanco, García Mejía, llamándolo “la mejor seguridad en el sitio de la represa” (DPLF et al, 2019).

Desde el asesinato de Cáceres, los miembros del COPINH en Río Blanco han seguido enfrentándose a la violencia. El 10 de diciembre de 2017 desapareció Elvin Saúl Madrid, miembro del COPINH de dieciocho años. Al día siguiente, el cuerpo de Madrid fue encontrado cerca de las casas de los familiares del sicario Olvin García Mejía. En marzo de 2019 fue asesinado Olban Adonay Gómez, hijo del líder comunitario Mauro Gómez (COPINH, 2019). Poco después del asesinato de Berta, Nelson García, miembro del COPINH, recibió un disparo de camino a su casa después de haber acompañado a una comunidad en Río Chiquito en el departamento de Santa Bárbara, que enfrentaba un desalojo violento.

En julio de 2016, el cuerpo de la defensora de derechos humanos y lideresa comunitaria Lesbia Yaneth Urquia Urquia fue encontrada cerca del basurero municipal de Marcala, Departamento de La Paz. Lesbia había desaparecido un día antes alrededor de las cinco de la tarde. Fue miembro del COPINH y estuvo involucrada en la oposición a la construcción de la represa hidroeléctrica Aurora I en el municipio de San José, Departamento de La Paz.

Del mismo modo, en la comunidad de San Isidro del Volcán, Departamento de La Paz, integrantes del movimiento indígena MILPA que se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica en el río Chinacla relatan cómo enfrentan los intentos constantes del Estado de imputar a los campesinos por delitos penales: “En el 2015, nos pusieron un operativo militar de 30 militares, 20 de la policía nacional y 20 del ejército del batallón de Marcal y 9 civiles de la comunidad, donde a nosotros nos pedían la droga, a un niño mío le hicieron tres disparos tipos de éstos en punto de las cuatro de la mañana”, Cuentan los miembros de MILPA.

Violencia Paramilitar en el Sector de Turismo

A lo largo de la costa caribeña del norte de Honduras hay aproximadamente 46 comunidades garífunas afro-indígenas. Muchos poseen títulos ancestrales colectivos sobre la tierra en la que viven y que cultivan. Desde el surgimiento del neoliberalismo, el Estado hondureño ha rechazado sistemáticamente los derechos territoriales indígenas y ha introducido nuevas legislaciones para despojar sistemáticamente a los garífunas de sus tierras.

El turismo residencial, como en el caso de `Indura Beach and Golf Development´ a lo largo de la costa norte, se ha presentado como una industria ecológica sostenible que puede beneficiar a las comunidades locales. En realidad, el desarrollo del turismo en la costa norte ha supuesto el desalojo forzoso de varias comunidades de sus tierras, entre ellas Barra Vieja, Armenia y Castilla. Las políticas y planes de desarrollo turístico han encontrado una fuerte resistencia por parte de la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH). La organización trabaja con las comunidades garífunas para reclamar tierras ancestrales, desafiando judicialmente el robo de tierras y apoyando proyectos de recuperación de tierras (Gibler, 2017).

Miriam Miranda, Coordinadora General de OFRANEH, ha sido víctima de innumerables “amenazas de muerte, criminalización, persecución, acoso e intimidación” durante sus años de activismo (Spring & Russell, 2017). En diciembre de 2011, el gobierno indígena garífuna de Cristales y Río Negro (es decir, la Bahía de Trujillo) presentó una demanda contra el desarrollador de turismo canadiense, Randy Jorgensen, propietario de Life Vision Development (Schertow, 2012) por la adquisición ilegal de sus tierras y fue “acusado de incautación y posesión ilegal de territorios garífunas” (Soto García, 2016).

En 2015, un juez de un tribunal de Trujillo determinó que no había suficientes pruebas contra Jorgenson, pero le dio al fiscal especial para los pueblos indígenas y los garífunas cinco años para presentar más pruebas. Dos semanas después de la comparecencia de Jorgenson ante el tribunal, miembro de OFRANEH y presidente del Comité de Defensa de la Tierra de Cristales y Río Negro, Vidal Leiva fue disparado frente a su casa en Trujillo (Cuffe, 2015).

Después del ataque, Leiva informó que los tres hombres armados fueron contratados para matarlo, por su participación en la defensa de la tierra garífuna (Cuffe, 2015). En octubre de 2016, en la Bahía de Trujillo, la policía hondureña acompañada de un grupo de sicarios quemó las casas de varias familias garífunas en la comunidad de Guadalupe (OFRANEH, 2016). El terreno en el que vivían estaba destinado al desarrollo del mega-turismo y a proyectos de comunidades cerradas para turistas extranjeros, por Jorgenson y Patrick Forseth de CARIVIDA (OFRANEH, 2016; Spring & Russell, 2017).

La violencia llevada a cabo por actores estatales y no estatales ha ido acompañada de la criminalización de líderes comunitarios garífunas que se oponen a los proyectos turísticos. Dado que la costa norte y el mar Caribe son rutas estratégicas de tránsito para el tráfico mundial de drogas, una de las narrativas dominantes difundidas en los medios de comunicación es sobre los esfuerzos de seguridad nacional para combatir la guerra mundial contra las drogas. Los miembros de la comunidad garífuna son acusados con frecuencia de estar involucrados en el tráfico de drogas.

Las playas conocidas popularmente como Los Lirios y El Ensueño ubicadas en la Península de Tumbes fueron detonadas con explosivos y destruidas por la empresa de extracción de áridos Santa Fe Ltda. La acción eliminó toda la flora y fauna del sector, así como la arena blanca de las playas, en donde al día de hoy sólo hay desechos rocosos. Documentos oficiales del SEA, fotografías tomadas en terreno por RESUMEN y el testimonio de vecinos y vecinas del sector afectado confirmarían la responsabilidad de la empresa en la destrucción de los ecosistemas.

Las organizaciones socioambientales de la comuna de Talcahuano Tumbes Sustentable, Coordinadora Chorera y Asamblea Ambiental de Talcahuano hicieron llegar a RESUMEN fotografías, documentos oficiales y los testimonios de vecinos y vecinas del sector los cuales aseguran que se ha perpetrado un crimen ambiental que ha pasado desapercibido por las autoridades locales y medios de comunicación.

Una pobladora nacida y criada en Caleta Tumbes, trabajadora, mariscadora y recolectora de Algas explicó que «El lugar era mágico. Eran dos playas maravillosas, yo recuerdo cuando era niña íbamos a las castañas, habían unos castaños gigantes. Después con el tiempo salía a caminar, a andar en bote, íbamos a mariscar con las chiquillas, con otras señoras de más edad, íbamos a las ciruelas, recuerdo».

La entrevistada explicó que incluso han sido amenazados con armas de fuego cuando han intentado acercarse al terreno donde antes existían las playas, por lo que prefirió mantener en reserva su identidad.

Además explicó que «siempre íbamos a ahí, había harta luga, harta alga, harto marisco, caracoles, lapas, chapes, locos, de todo lo que tú quieras buscar en el mar, lo encontrabas ahí en esas piedras, en esas playas que habían ahí. También había una vertiente que llegaba al mar. Y eso todo está intervenido ahora, no existe».

La historia comenzó en 2006 cuando fue aprobado el proyecto «Extracción de áridos Fundo Lo Alfaro» en la península de Tumbes. Algunos años después comenzaron las faenas del proyecto presentado por la empresa Maquinarias Solar y Cía Ltda., representada por el Sr. Cristian Solar Price. Lo que nadie se esperaba es que con el transcurso de los años harían estallar con explosivos las playas y cerros circundantes, eliminando una zona recreativa y de sustento económico para muchas familias.

Según la Declaración de Impacto Ambiental que presentó la empresa de áridos «El proyecto consiste en la explotación de una cantera de rocas intrusivas, del tipo granodioritas y microdioritas, con el objeto de producir material pétreo o áridos para ser utilizados en obras de infraestructura y construcción. Tal actividad incluye el montaje de una Planta Chancadora, con los servicios asociados».

El documento afirma que «La operación del proyecto se efectuará de acuerdo a las siguientes actividades: perforación, tronadura, selección, chancado y acopios». Agregando que «La perforación permite introducir en la masa rocosa los explosivos, los que se disponen de acuerdo a un plan previamente trazado por personal experto».

Un vecino de Tumbes muy conocedor del territorio ya que se desempeña como pescador artesanal, explicó que «Toda la vida fuimos para allá, antiguamente salía harta alga ahí, harto marisco y cuando se empezó a hacer eso… una contaminación de tierra que hubo mató todo eso y como tú te diste cuenta se perdió el terreno de playa igual»

Además agregó «Como se vio ahora, tú te das cuenta, cuántos árboles se echan abajo, cuánta contaminación, cuánto marisco muerto, cuántas algas muertas. Ahora ya no va gente, antes iba gente a trabajar para allá».

En 2017 el proyecto cambió de empresa titular por la Sociedad Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda, que tiene como representante legal a Francisco Javier Cordero Sepúlveda, como expresan documentos del SEIA.

Imagen de Parque Tumbes que busca conservar parte del ecosistema ubicado en la Península afectada por el proyecto de extracción de Áridos

Cabe destacar que en los documentos del SEIA se establece una vida útil del proyecto de 10 años, sin embargo, ya han pasado 14 desde su aprobación, lo que genera incertidumbres respecto a posibles irregularidades en este sentido.

RESUMEN intentó comunicarse con la empresa Extractora y Comercializadora de Áridos Santa Fe Ltda pero no dieron declaraciones con respecto a la destrucción de estas playas.

Además debe recordarse que en las inmediaciones se encuentra el Parque Tumbes un lugar que pretende conservar parte del ecosistema de la península que ha sido fuertemente intervenido por instalaciones de la Armada y la plantación masiva de monocultivo forestal.

Las zonas costeras en todo el mundo sufren impactos directos e indirectos de la acción humana, los cuales incluyen la contaminación del agua con desechos industriales o urbanos, contaminación con plástico y basura de todo tipo, procesos de cambio de uso de suelo y erosión. Esto además de la mala gestión territorial, que incluye la privatización de terrenos junto a la costa. Y todo en un contexto general de aumento del nivel del mar derivado del cambio climático.

La destrucción de esta playa es un nuevo golpe para la comuna de Talcahuano, históricamente afectada por la gran cantidad de actividades industriales contaminantes provenientes de siderúrgicas, petroquímicas, pesqueras y metalmecánicas, entre otras.

Por Aldo Santiago

El pasado 15 de enero, el Tribunal Penal de Buenos Aires, al sur de Costa Rica, ordenó continuar con el proceso penal para esclarecer los responsables del asesinato del líder Bribri Sergio Rojas Ortíz. Rojas fue asesinado el 18 de marzo del año 2019 en territorio Bribri de Salitre. Su labor en la recuperación de tierras indígenas, cuya posesión se mantiene ilegalmente en manos de terratenientes, le acarreó amenazas y agresiones que escalaron hasta su asesinato.

En contexto ⇒ Asesinato de Sergio Rojas en Costa Rica, ataque a la recuperación de tierras indígenas

Sergio Rojas era beneficiario de las medidas cautelares 321-12 emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Desde abril de 2015, la CIDH ordenó al Estado de Costa Rica proteger la vida e integridad física del pueblo Bribri de Salitre y Bröran de Térraba.

¿Freno a la impunidad?

El reciente dictamen del Juzgado Penal obliga la continuación de la investigación en el homicidio de Rojas. También rechaza la “solicitud de desestimación” propuesta por el Ministerio Público realizada en septiembre del 2020, pues no se han agotado las herramientas investigativas disponibles.

Con la desestimación, el Estado costarricense pretende cerrar el caso de homicidio de Sergio Rojas ocurrido en Salitre. De la misma manera, esto sentaría un precedente para también mantener la impunidad en el asesinato de Jerhy Rivera Rivera, ocurrido el 24 de febrero del año 2020 en territorio Bröran de Térraba.

Por ello, la solicitud de desestimación provocó una enorme indignación de parte de organizaciones sociales debido a que, hasta el momento, a casi dos años del asesinato, no hay ningún sospechoso detenido.

Mediante comunicado publicado el pasado 3 de diciembre, El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (FRENAPI), organismo del cual Rojas fungió como uno de sus fundadores, repudió la intención de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos para archivar el caso por el homicidio de Rojas.

En el documento, lxs integrantes del FRENAPI denuncian la continuación en las amenazas de muerte y las agresiones contra quienes realizan un acceso efectivo a sus tierras, mientras el gobierno de Costa Rica no avanza en la recuperación de las mismas. “¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que no quiere recibir denuncias de los indígenas ante las agresiones y la usurpación de sus tierras? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial que tiene a un Juez Agrario en Buenos Aires que es yerno de un terrateniente no indígena que usurpa tierras en Boruca? ¿Cómo se puede confiar en un Poder Judicial donde la Fiscalía solicita la desestimación del homicidio de uno de los líderes más visibles de nuestra lucha, en menos de 2 años de iniciadas las investigaciones?”, cuestionaron lxs miembros del FRENAPI.

Leer también ⇒ Costa Rica: Escalada de violencia en tierras indígenas recuperadas

Por su parte, la reciente resolución del Tribunal argumenta que “la investigación penal de este homicidio debe continuar, siendo que la Fiscalía debe agotar las diligencias pendientes y realizarlas de manera exhaustiva, en cumplimiento de los estándares internacionales de debida diligencia, como lo ha definido la CIDH y de atacamiento obligatorio para el Estado de Costa Rica”.

Filtración y obstaculización de justicia

Entre los días 21 y 22 de enero fueron publicadas una serie de notas en la prensa con informaciones confidenciales del expediente penal 19-000178-0990-PE, causa judicial que investiga el homicidio del líder Bribri Sergio Rojas Ortiz.

De acuerdo a la filtración, se comprobaría que la causa del homicidio se debe a los conflictos por la recuperación de tierras en territorios indígenas. “Los elementos probatorios indican por donde va el asunto, que hay relación con las tierras y es hora de que la fiscalía actúe de acuerdo con los elementos probatorios”, explicó Gustavo Oreamuno, integrante de la Coordinadora Lucha Sur-Sur.

Por otro lado, Óscar Retana, abogado representante de la familia Rojas Lázaro, reprochó la divulgación de información confidencial, lo cual representa una violación por parte de las autoridades judiciales de la normativa procesal penal vigente.

“Se revelan datos aportados por testigos y evidencia recopilada, lo que afecta la investigación, pero aún más grave es la posibilidad de que los testigos sean perturbados, amenazados o agredidos en un territorio indígena que no ha encontrado respuesta a los múltiples reclamos sostenidos y fundamentados de la deficiente actuación del Poder Judicial, con antecedentes de denuncias por agresiones, amenazas y daños, sin que a la fecha existan personas condenadas por delitos abiertamente racistas”, condena Retana mediante un breve posicionamiento difundido el 26 de enero.

Para Elides Rivera del territorio Bröran de Térraba, la filtración forma parte de actos para deslegitimar la investigación “pero no por falta de pruebas, sino por una cuestión de racismo y de xenofobia a los pueblos indígenas, y hacer creer que los pueblos indígenas mentimos”.

Mientras los asesinatos de Rojas y Rivera se mantienen en la impunidad, las agresiones a las acciones de recuperación de territorios indígenas se mantienen al alza.

También te puede interesar ⇒ En Costa Rica, pueblos originarios exigen un alto a las agresiones contra las recuperaciones de tierras

Esto ocurre bajo cobijo del Estado costarricense, quien, en febrero del 2020, mediante la Junta Directiva del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), aplazó hasta el año de 2026 la ejecución del Plan de Recuperación de Territorios Indígenas (Plan RTI). Con ello, se prolonga una vez más la devolución de las tierras indígenas, como ha ocurrido desde finales de la década de 1970.

El Plan RTI tiene también el objetivo de identificar y realizar procesos judiciales contra aquellas personas quienes lucraron con tierras indígenas protegidas por ley. Sin embargo, el aplazamiento de su ejecución, sumado a la impunidad en los asesinatos de líderes indígenas “ha envalentonado a estas personas violentas, porque al ver que no pasa nada cuando ellos realizan los actos violentos creen que lo pueden seguir haciendo”, denunció Oreamuno.

Por Nelton Rivera y Palas Luín

Este martes, el juez contralor, Alberto Calmo Ramírez, atendió y aceptó la solicitud del Ministerio Público (MP) y de la defensa de Julio Gómez para dar un plazo para que pudieran llegar a un acuerdo con los demandantes. La petición fue aceptada por Heriberto Alfonso Ortíz, abogado de la empresa Generadora San Mateo y del abogado José Estuardo Luna Santos abogado de los demandantes.

La audiencia de etapa intermedia se realizó en el Centro de Administración de Justicia (CAJ), en el municipio de Santa Eulalia a dos horas de camino de San Mateo Ixtatán, de donde es originario Gómez. La cita estaba programada para las 9:00 de la mañana, fue breve, y aunque con 20 minutos de retrasó duró 10 tan solo minutos.

Gómez tiene abierto un proceso penal por los delitos de instigación a delinquir, reuniones o manifestaciones ilícitas y agrupaciones violentas. El 26 de enero de 2020 Julio Gómez Lucas fue detenido en la carretera de San Mateo Ixtatán rumbo a Huehuetenango, un juez resolvió iniciar un proceso acusado de participar en una manifestación pacífica en la microrregión de Ixquisis el 19 de junio de 2018.

“Me están acusando por una manifestación, cuando las autoridades comunitarias de Ixquisis entregaron un memorial en el destacamento militar pidiendo el retiro de los soldados. Ese lugar está a 43 kilómetros de distancia de dónde yo vivo, no estuve en ese lugar y estoy en la parte centro de San Mateo”, expresó Gómez.

Un año después, el juez acepta la propuesta de la defensa de Gómez y del fiscal del Ministerio Público (MP), de aplazar la audiencia para que las partes alcancen un acuerdo y reconciliación a través de una salida alterna y así evitar continuar con el proceso penal.

A la audiencia asistieron los demandantes Amílcar Emilio Felipe y Andrés Francisco Mateo, asistidos por Luna Santos, quien presidió la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (COPREDEH), durante el gobierno de Jimmy Morales en 2006.

Emilio Felipe y Francisco Mateo forman parte de la oenegé 13 Democracia, quienes han externado su afinidad por la construcción de hidroeléctricas en el área. Esta organización forma parte del “Consorcio por la Paz, el Desarrollo y la Cultura”, firmante de un acuerdo entre la empresa y el Gobierno del presidente Alejandro Giammattei y el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes al que llamaron “Diálogo”, un día antes de la detención de Gómez. Guatemala, ironía a granel: exguerrilleros operadores políticos de las hidroeléctricas.

A Gómez lo acompañaron los abogados Rudy Juárez, Luis Felipe López, Pedro Robel Toledo y Natalio Rivera, los tres del bufete de a bogados Maya Q’anjob’al, también llegaron familiares y autoridades comunitarias de otros municipios.

“Quiero saludar a quienes me escuchen en esta entrevista, confiamos en la justicia, en que esta sea transparente y logre encontrar la armonía, vemos que hay que defender la vida y los bienes naturales. Confío en el Ajau, a la vida, por la razón de haberse suspendido esta audiencia”, expresó Gómez Lucas.

En San Mateo Ixtatán, un municipio del norte de Huehuetenango, conviven distintos pueblos, mayoritariamente el pueblo chuj, q’anjob’al y mestizo. Julio Gómez Lucas, es un empresario Chuj que por su liderazgo asumió la representación de miles de personas que decidieron rechazar la actividad de empresas como Promoción de Desarrollo Hídricos SA (PDHSA) y la empresa Energía y Renovación S.A. Es el coordinador del Gobierno Plurinacional del pueblo chuj y uno de los principales dirigentes del partido político Winak en ese municipio.

Este no es el primero de los agravios por los que pasa Gómez, en 2019 fue retenido contra su voluntad, fue secuestrado junto a su esposa mientras entregaba materiales para la construcción en una comunidad de San Mateo Ixtatán, durante su secuestro un grupo de personas le recriminaron su oposición contra las hidroeléctricas, amenazándolo de muerte de continuar con esa oposición. Secuestraron y torturaron a Julio Gómez autoridad ancestral Chuj de San Mateo Ixtatán.

Lea más:

https://www.prensacomunitaria.org/2020/01/un-dia-despues-de-la-visita-de-giammattei-a -san-mateo-ixtatan-detienen-a-julio-gomez-autoridad-del-gobierno-plurinacional-de-la-nacion-chuj-en-san-mateo-ixtatan/